Ciudad de México, 3 de marzo de 1938.

Un grupo de numerosos profesionistas, compartiendo la gran inquietud que existe por el futuro de México y aprovechando la oportunidad que ofrece la próxima contienda presidencial, ha decidido trabajar por la integración de un frente organizado y permanente, con carácter de partido político, que no restrinja su actividad a la intervención efímera en la lucha que se avecina, sino que actúe en forma constante y en todos los sectores de la vida nacional, cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones presidenciales.

Para justificar la integración de un organismo de esta naturaleza, que por su amplitud y trascendencia es de interés fundamental en la historia política de nuestro País, exponemos lo siguiente:

El profesionista, el intelectual mexicano, ante el momento que vivimos, debe reflexionar sobre la enorme responsabilidad que le incumbe en el desenvolvimiento social de su patria y especialmente en cuanto concierne a la integración y actuación de su Gobierno.

La elaboración de la Ley, su aplicación técnica por los Tribunales, la dirección y ejecución de la obra administrativa, implican esencialmente la actuación del hombre preparado.

Todo plan gubernamental de amplio sentido, todo movimiento social y político de altura, suponen la intervención de una fuerza intelectual como factor inicial de orientación.

Los males de México se explican en gran parte por la actitud abstencionista de los individuos que más obligación tienen de dar su aportación para solucionar los problemas sociales; individuos que por su apatía, su desorganización tradicional, están imposibilitados para ejercer la influencia decisiva y generosa que están llamados a tener.

El profesionista ejerce su actividad independientemente o la pone al servicio del Gobierno ingresando a la burocracia oficial.

El profesionista burócrata no puede obrar en acción trascendente personal; se ve absorbido por elementos políticos de dudoso origen y discutibles propósitos que no lo dejan llegar nunca hasta el que realmente tiene un poder de decisión; de tal suerte, no tiene sino dos caminos por seguir; el de poner su fuerza intelectual en forma inferior al servicio de programas confusos con los cuales no lo liga vínculo sincero de ningún género, o el de realizar pequeñas labores de orden técnico que le permiten cobrar honradamente un sueldo, sin poner nunca lo mejor de su iniciativa para hacer posible la realización de un verdadero ideal de servicio social.

Todavía menos eficaz es la acción del profesionista que actúa fuera del círculo burocrático; ante el paupérrimo panorama que ofrece la política del País, adopta la actitud de inconforme sistemático y se satisface con la censura estéril y superficial de los corrillos, sin llevar nunca su esfuerzo de crítica a un plano organizado y superior; o adopta un pesimismo cómodo afirmando que el futuro de México está definitivamente perdido. Y todo esto constituye el más lamentable error, la más criminal de las abstenciones.

Si desean efectivamente un cambio profundo en las condiciones políticas y económicas de nuestro pueblo, el profesionista y el intelectual deben ser al mismo tiempo más humildes y más decididos; resolverse a intervenir en la política nacional, por contaminada que ella esté, con la seguridad de que su acción coordinada y permanente conducirá a una paulatina y fecunda depuración.

DEBE TERMINAR LA DEMAGOGIA

Nunca habían sido tan fundadas como ahora las inquietudes que alientan en todos los sectores sociales del futuro inmediato de México. Es nuestra Historia política una sucesión de etapas de dictadura y anarquía.

Mas el panorama ha cambiado sensiblemente en los últimos tiempos. Pudo antes atribuirse fácilmente a la obra de un hombre y de su pequeño grupo el bienestar o la desgracia del pueblo.

Pero el peligro de nuestra época lo constituye principalmente el agitador sistemático, inconsciente e irresponsable que no es sino un parásito de la sociedad; surge del desorden y vive para el desorden y por el desorden.

El agitador mexicano es principalmente un mixtificador; incapaz de realizar una obra crítica de la actuación del Gobierno, porque no entra eso en su programa de éxito fácil, es sólo un exaltador de odios entre los diversos grupos de la población mexicana, explotando doctrinas importadas que no conoce ni siquiera elementalmente.

Engaña al Gobierno porque le vende un servicio que no le presta; si alguna tesis podrá sustentar siempre será la de la violación de la Ley, porque para justificar su intervención permanente tendrá que exaltar inconformidades contra una norma, que según él, no satisface las exigencias del sector al que simula servir; pero no afrontará nunca el problema de la reforma legal porque tal cosa no conviene a sus intereses.

Con el agitador está el pseudointelectual; el que vende al Gobierno lo que sólo el Gobierno le puede comprar; nunca una capacidad de la que carece, sino su servilismo incondicional.

El pseudointelectual no garantiza la realización de ningún programa, porque no lleva más ira que la de su propio enriquecimiento; cuando logre llegar hasta el gobernante no tendrá nunca el valor de orientarlos suponiendo que tuviera capacidad para ello; su negocio será la adulación, atribuirá al mandatario pensamientos que ni uno ni otro tienen, revestirá de forma ideológica lo que es tan sólo propósito confuso o intuición inferior.

Hace ya muchos años que esos pseudointelectuales cobran grandes sueldos a costa de hacer la pobre farsa del socialismo; pero no existe una sola obra escrita que constituya intento de solución de los problemas de México, desde el punto de vista socialista; tampoco han elaborado un proyecto de Constitución Socialista para México y si algo han logrado ha sido tan sólo provocar repulsión por la doctrina que aparentemente sustentan entre la gente honesta que pudo simpatizar sinceramente con ella.

El intelectual debe comprender que el agitador y que el pseudointelectual están usurpando su lugar, que es tiempo de que afronte la responsabilidad social que tiene y que únicamente su intervención sistemática y constante, organizada y coherente, podrá lograr la definitiva expulsión de los que mixtifican los altos propósitos de la Revolución Mexicana.

LA CONSTITUCION COMO BANDERA

Consideramos que un Frente de Profesionistas e Intelectuales Mexicanos debe responder en su organización y programa a principios eminentemente democráticos.

Anunciamos por tanto, nuestro propósito de convocar a una Convención Nacional en la que se apruebe programa detallado, se designe Mesa Directiva y se escoja candidato a la Presidencia de la República; pero insistimos en la necesidad de que el Frente prolongue indefinidamente su vida, porque estamos seguros de que el futuro de un país no depende nunca de la acción de un sólo hombre, sino de la colaboración permanente de todas las fuerzas organizadas de la Nación.

Queremos, sin embargo, esbozar un programa mínimo de principios, seguros de que no es diverso del que comparten todas las gentes honestas de México, programa que referiremos principalmente a los puntos en que mostramos inconformidad con una realidad mexicana que debe resolverse en favor de los anhelos populares.

No incurriremos desde luego, en el error de utilizar términos de sentido de dudoso "izquierdismo" y "derechismo" patentados por el agitador y el político mexicanos como instrumentos aptos para combatir cualquiera actitud que no convenga a sus fines personales y como medio fácil para eludir compromisos con cualquiera postura ideológica concreta. Nos declaramos abiertamente revolucionarios.

No es ya lógica ninguna otra actitud en la vida de México porque la Revolución ha triunfado definitivamente en las conciencias; pero repudiamos toda imprecisión ideológica y afirmamos categóricamente que nuestro revolucionarismo coincide con el contenido y los propósitos iniciales de la Constitución de 1917, sosteniendo que nuestra Carta Magna resuelve en principio los problemas económicos, sociales y políticos de México, en el plano de norma superior que le es inherente.

Procuraremos por una doctrina social que resuelva los problemas del País de acuerdo con el contenido general de nuestra Constitución, a base de garantías de la propiedad y la libertad, reconociendo que ni la una ni la otra pueden existir aisladamente y que no puede el hombre vivir una vida digna de su personalidad si no se le garantizan ambas cosas.

Con el triunfo efectivo de la Revolución Mexicana, lo demás vendrá por añadidura.

NI COMUNISMO NI FASCISMO; AUTENTICA DEMOCRACIA

Sostenemos que en México el verdadero peligro no es el comunismo, sino el fascismo. Los explotadores no deben ser substituídos por una burocracia oficial que haga que el pueblo continúe viviendo en el más bajo de los ambientes.

En todo caso, afirmamos que el sistema comunista no es susceptible de establecerse definitivamente en México por nuestra dependencia económica de naciones más fuertes.

El peligro más serio radica en la amenaza inminente del fascismo, porque si una obra falsamente socialista del agitador continúa conservando al País en condiciones de anarquía, surgirá finalmente cualquier caudillo de dudoso abolengo, para implantar como única forma de salvación nacional una dictadura fascista que garantice el orden a costa del sacrificio completo de la libertad.

Y cuando esto suceda parecerá que no pudo suceder de otro modo, por la abstención de todas las fuerzas organizadas.

Nuestro programa es: libertad, justicia y trabajo.

Oportunidad para todo mexicano de vivir una vida digna del hombre.

Auténtica democracia consciente de la necesidad de intervención gubernamental para procurar una mayor justicia en las relaciones económicas de los particulares.

Realización integral de los artículos 27 y 123 constitucionales.

POR UNA MEJOR ORGANIZACION EJIDAL

La falta de titulación de la parcela ejidal es hasta hoy un error. El ejido debe ser realmente distribuido y puesto en manos de verdaderos trabajadores del campo. Mantener, como norma general la propiedad colectiva, es dar lugar a que en muchas regiones del país queden satisfechos los anhelos de los ejidatarios y urge pensar en que nunca debe prevalecer un interés político por sobre el bienestar de la mayoría de la población de México.

Demostrado que la Constitución no ha bastado para garantizar la realización íntegra del programa agrario de la Revolución Mexicana, debe crearse un procedimiento que garantice el derecho del ejidatario a la propiedad de su parcela y organizar una dependencia del Gobierno Federal que persiga, como única finalidad, la titulación inmediata de las tierras repartidas.

La intensificación de la construcción de obras de riego, la organización inteligente y honesta del crédito ejidal resolverán el problema de la mayor productividad de la tierra. La pequeña propiedad debe ser realmente garantizada.

Ante la ineficacia del juicio de amparo para resolver con rapidez los problemas que en este sector se plantean, debe organizarse un tribunal independiente del Ejecutivo que controle la legalidad de la acción agraria y proteja especialmente la pequeña propiedad inafectable.

Llegado a su término el reparto del latifundio, el Gobierno debe encauzar su acción al fomento intenso de la colonización de los terrenos nacionales, prefiriendo a los mexicanos y satisfaciendo las necesidades de ejidatarios en zonas en donde no ha bastado la propiedad repartida para garantizar a todos la parcela ejidal.

El colono cuenta tanto para el futuro económico de México como el ejidatario, pero garantiza un trabajo inmediato más efectivo. Sólo porque el colono es hombre que aspira justamente a la libertad como lo ha sido el ejidatario, es por lo que se le ha sacrificado con acción anti-rrevolucionaria y absurda. Las zonas de irrigación deben ser, de acuerdo con los fines de la Ley en la materia, fundamentalmente centros de colonización.

NO MAS ARBITRARIEDAD FISCAL

El sentido humano de la Revolución Mexicana no ha llegado a las Leyes fiscales, a pesar de que han desempeñado altos puestos hacendarios gentes que se ostentan como los socialistas más radicales de México. El Fisco continúa siendo un gran enemigo de la Economía Nacional, del grande y del pequeño industrial, de la familia rica y de la pobre.

Las Leyes Fiscales deben ser cuidadosamente revisadas. La arbitrariedad fiscal no debe continuar siendo una fuente ilimitada de ingresos para el Estado. El sistema federal de justicia fiscal debe ser extendido a los Estados, facilitando la defensa fiscal de los pequeños intereses mediante abolición de formulismos y simplificación de trámites.

Debe establecerse por fin un sistema que dé término a la anarquía fiscal abordando de plano una reforma a la Constitución que hasta el momento no ha sido posible realizar, delimitando estrictamente las materias reservadas respectivamente a la facultad impositiva de la Federación y de los Estados, en forma que garantice la autonomía económica de las Entidades locales y de los Ayuntamientos.

DEFENSA DEL OBRERO CONTRA EL LIDERISMO

La organización de los obreros en sindicatos es condición imprescindible para la defensa de sus intereses. Pero así como el obrero ha sido protegido contra el patrón, debe protegérsele contra el líder deshonesto; queremos, pues, una organización sindical respetable por una revaloración de los dirigentes.

El Estado debe asumirla responsabilidad que en este punto le incumbe y aportar un principio de solución del problema mediante la reglamentación legal de la responsabilidad del líder sindicar que debe ser un orientador, un encauzador de las justas aspiraciones de los obreros y un auténtico representativo honesto del grupo que lo eligió.

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

Es fenómeno evidente de la vida moderna la ampliación extraordinaria de las atribuciones del Estado. El tipo de Gobierno liberal, el Estado gendarme que concretaba sus funciones a la conservación del orden y a la administración de la justicia, pasó definitivamente a la historia.

El Gobierno debe abordar hoy múltiples actividades reservadas antes a la iniciativa privada, dando cabida a las garantías sociales al lado de las garantías individuales. El Estado no agota sus fines en la sola garantía de la libertad, debe afrontar toda actividad que redunda en beneficio social y que no puede ser satisfecha por la actividad aislada del particular.

Pero a mayor poder del Gobernante, debe corresponder un régimen más estricto de responsabilidad. La Ley de Responsabilidades debe ser una realidad. El juicio de residencia debe ser establecido para todos los altos funcionarios.

Es doloroso, para el revolucionario sincero, comprobar cómo los dos sectores de acción más patentemente revolucionaria, aquellos a quienes estaba encomendado justificar mejor la Revolución, han sido precisamente los que más contaminados resultaron por la corrupción administrativa. Tribunales Obreros y Departamento Agrario, deben ser, por tanto, objeto de especial vigilancia y rigor en materia de responsabilidad.

El día en que ser alto funcionario no constituye el mejor de los negocios en México sólo alcanzarán los altos cargos del Gobierno los que tengan capacidad real para desempeñar las funciones públicas superiores.

EL PROBLEMA EDUCATIVO

La reforma del artículo 3o. Constitucional obedeció a turbios propósitos políticos y se adoptó sin escuchar la voz autorizada de los maestros mexicanos. Por los altos fines a que está destinada la educación, y por su profunda significación humana, deberá plantearse en un plano de la más absoluta libertad.

El contenido y el espíritu del artículo 3o. Constitucional debe ser armonizado con el de los demás preceptos constitucionales, en el concepto de que debe darse amplia oportunidad al profesorado mexicano y a los más altos valores culturales del país para que pueda escucharse su palabra autorizada sobre esta importantísima cuestión.

La completa federalización de la enseñanza y la inteligente coordinación de los servicios escolares, han de ser preocupación fundamental del Gobierno.

El problema de la educación del pueblo mexicano debe ser también interpretada como problema de orientación defensiva de la nacionalidad, de preparación de buenos maestros, de proporcionar sueldos humanos a los profesores, de hacer efectivamente gratuita y obligatoria la enseñanza.

El Estado mexicano de la misma suerte que ha creado un fondo nacional de irrigación, debe crear un fondo nacional de educación que se alimente principalmente por asignaciones presupuestales de importancia, pero que cuente con otras múltiples posibilidades de aumento.

El pueblo de México debe constituir realmente una Nación y ello sólo se logrará intensificando al máximo la educación, por lo que los colegios particulares deberán tener todo el apoyo y las garantías del Gobierno.

LA UNIVERSIDAD

La Universidad Nacional Autónoma ha sido conservada en la miseria porque es albergue de la libertad de pensamiento y no ha querido colaborar en la obra de mixtificación. El líder, el pseudointelectual, el político corrompido, ven en ella su peor enemigo, porque de allí salen muchos de los hombres que pueden exhibir su ignorancia y su mala fe.

La Universidad ha logrado demostrar el valor inconmovible de la libertad de pensamiento porque aún a pesar de haber contado con dirigentes indignos de ella, no abdicó nunca de su libertad. Sus males son producto de su miseria. El Gobierno, que maneja los fondos del pueblo, debe cumplir un deber ineludible, prestándole una ayuda económica que sea digna de su elevada misión.

La Universidad no debe continuar actuando en el plano en que han querido colocarla de rival de la Secretaría de Educación, sino cooperar como organización autónoma ala obra del Gobierno en una atmósfera de pleno respeto para la cátedra y la investigación.

El Instituto Politécnico no debe ser tampoco una organización antitética de la Universidad Nacional y ambos deben recibir del Estado el más amplio apoyo.

LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

En todos los países civilizados del mundo la reglamentación de las profesiones es un hecho desde hace muchos años. La desorganización tradicional de los profesionistas mexicanos ha impedido que obtengan los justos beneficios que esta urgente reglamentación traería para sus legítimos derechos.

Anunciamos nuestro más firme propósito de luchar hasta donde sea necesario por hacer realidad la justa reglamentación del propio artículo.

EL PROBLEMA RELIGIOSO

No hay motivos para continuar considerando a ninguna Iglesia como enemiga de la libertad individual. Es preciso admitir que el católico de ahora piensa en forma bien distinta de como pensaba el conservador del siglo pasado.

Múltiples conquistas de la Revolución Mexicana han sido admitidas esencialmente por él. La tolerancia religiosa más amplia debe ser, por tanto, una realidad palpable e inviolable.

EL PROBLEMA POLITICO

Desde el punto de vista puramente político juzgamos que ninguna democracia podrá tener plena realización y auténtico desarrollo si se limita el libre ejercicio de las funciones cívicas y si el poder público mantiene dependencias que contradigan la función de un verdadero partido político, que consiste en vigilar la conducta a los titulares transitorios de la autoridad.

A este fin, y una vez debidamente organizado este Frente, se planteará la auténticay correcta organización democrática de un partido político donde tengan cabida todas las clases sociales que piensen en la posibilidad de una activa y sólida reconstrucción nacional.

Debe fijarse igualmente la necesidad de que en ningún momento la organización de los obreros y de los campesinos se ponga en riesgo por las diferencias de criterio en cuanto a quiénes deben ser los titulares del poder público.

RESPETO A LA LEY

La Revolución Mexicana como movimiento violento de transformación, debe tener fin en su aspecto destructivo, en cuanto sólo significa agresión. La teoría de la revolución permanente es negocio de agitadores. No la justifica la Historia de pueblo alguno de la tierra.

Repudiamos, finalmente, todo gobierno que actúe a base de violación sistemática de la Ley. El derecho no es inmutable; cambia para adaptarse a las condiciones variables de la Historia; pero fuera de las épocas revolucionarias las transformaciones jurídicas siguen el ritmo de la evolución social.

En todo caso, si una Ley no responde a las exigencias colectivas, debe abordarse legalmente el problema de su reforma, mediante la aplicación de procedimientos jurídicos preestablecidos.

La llamada "interpretación revolucionaria" de la Ley es mixtificación inventada por magistrados serviles que traiciona los principios más elementales de su profesión.

A LOS PROFESIONISTAS E INTELECTUALES DEL PAIS

Hacemos, pues, un llamado a todos los profesionistas, a todos los intelectuales de la República, a fin de que aprovechen este momento propicio para intervenir en la política del País, asumiendo su grave responsabilidad en los destinos de México.

Si el profesionista y el intelectual no rehuyen la invitación que se les formula para integrar el Frente Nacional de Profesionistas e intelectuales, pueden estar seguros de que su sola intervención será garantía de que el grupo al que pertenecerán no habrá de derivar por tortuosos derroteros, de que no podrán imperar en él los audaces, los mixtificadores, los insinceros.

De que independientemente de la actitud que el Partido adopte frente a cada Gobierno mexicano en especial, los gobernantes de México, habrán de inclinarse finalmente ante la fuerza organizada de los hombres preparados y bien intencionados del país.

No nos preocupa luchar contra ningún Gobierno en concreto; nos interesan más las ideas que los hombres. Elevamos nuestra vista sobre el futuro de nuestra Nación que es digna de mejor suerte.

Fuentes:
__________ Planes en la Nación Mexicana. Libro ocho: 1920-1940. México. Senado de la República-COLMEX. 1987. pp. 356-360

Román Iglesias González (Introducción y recopilación). Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno, 1812-1940. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C. Estudios Históricos, Núm. 74. Edición y formación en computadora al cuidado de Isidro Saucedo. México, 1998. p. 976-984.