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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1936 Palabras sobre el conflicto obrero-patronal ante una manifestación de 18,000 trabajadores

Lázaro Cárdenas del Río
Monterrey, N.L., domingo 9 de Febrero de 1936

Trabajadores del campo y la ciudad; trabajador de la enseñanza de Nuevo León:

Ya me he dirigido a toda la República dando a conocer cuál fue la línea de conducta que adoptó la clase obrera organizada de esta ciudad, y cuál, también, la asumida por la clase patronal, en derredor de la agitación registrada aquí mismo hace breves días.

No fue necesario que en mis declaraciones de ayer expresara a la nación que en esta ciudad el elemento obrero no había cometido ningún atropello a nuestra enseña nacional, porque en la conciencia del pueblo mexicano y principalmente en la de los habitantes de esta región, está que tato los obreros de Monterrey como los campesinos de todo Nuevo León, alientan un espíritu patriótico tan alto como el que puede animar a las demás colectividades en cualquier sector de la República Mexicana.

En estas condiciones, sólo quiero expresar a los obreros y campesinos organizados de Nuevo León que me escuchen, que mi gobierno espera que sepan asumir una actitud de completa serenidad, que permita al poder público y a las mismas organizaciones proletarias resolver los problemas que interesan a las masas trabajadoras. Y no digo esto solamente por lo que se refiere a la conducta que corresponda seguir en este estado, sino que hago extensivo mi llamamiento a todas las tuerzas organizadas en que se constituye el pueblo de la República, así se trate de las clases laborantes o de los elementos patronales, en la seguridad de que mi gobierno vigilará en todo tiempo porque se cumpla estrictamente con la ley; pero, que la aplicación de ésta se haga con un sentido netamente revolucionario.

La presencia del señor general Morales Sánchez en el gobierno de Nuevo León se debe a condiciones políticas especiales que dieron oportunidad para que, dentro de los términos de la ley, se seleccionara a un hombre capacitado para cumplir con los deberes que el Estado tiene hacia las clases obrera y campesina; repetiré una vez más que las mayorías obreras y campesinas y el pueblo en general están necesitando de servidores que cumplan estrictamente con la ley: que vayan por todo el territorio de su jurisdicción para darse cabal cuenta de los problemas que a diario surgen en la vida de los pueblos, a fin de que de oficio. Sin esperar las demandas de los mismos, apliquen las soluciones que exija el interés social. Sólo así se logrará la tranquilidad, la paz orgánica a la que aspiran no solamente las clases patronales, sino muy especialmente las obreras y las campesinas, que son las que más la necesitan.

Estoy cierto de que los obreros y los campesinos de la República no se están entregando a una labor de agitación política. Sus movimientos son de carácter social y se desarrollan dentro del marco de la ley, para obtener las ventajas económicas, dentro de las posibilidades de las empresas productoras y al amparo de un gobierno que ha venido pugnando porque se establezca el equilibrio social sobre la base de relaciones justas entre el capital y el trabajo, que es el fundamento único de un buen entendimiento.

Es verdad que en algunas regiones los asalariados han logrado obtener una remuneración conveniente por su trabajo, tanto porque lo permiten las condiciones económicas de la producción, como porque se manifiesta el celo de los servidores públicos; pero desgraciadamente, no hemos podido alcanzar que este mejoramiento se generalice a causa, en buena parte, de que hay elementos oficiales que no inspiran sus actos en una interpretación justa de la ley.

El Ejecutivo federal no tiene censura alguna que hacer al señor general Morales Sánchez, porque ha comprobado que este gobernante ha sabido ajustar sus actos al cumplimiento del programa del movimiento revolucionario.

Desgraciadamente existen aún muchos reductos en los que se pugna por detener la marcha ascendente que tiene por objetivo el mejoramiento de las clases proletarias; no es sólo en Monterrey donde se observan estos fenómenos; existen otras regiones del país en que se opone resistencia al cumplimiento de nuestro programa, así en el campo de las actividades agrícolas como en el de las industrias. Citaré dos casos: el de La Laguna y el de Yucatán. Allí también se registraron agitaciones por medio de las cuales se pretende hacer creer al pueblo de México que hay una tendencia comunista que se dispone a subvertir el orden social que garantizan nuestras instituciones, cuando solamente luchan las organizaciones de trabajadores por obtener el disfrute de las conquistas que se han incorporado ya al régimen de nuestro derecho. A la clase patronal y a los elementos conservadores se les ha explicado ya que la actitud del gobierno, como la de las clases proletarias, no es un fenómeno único y exclusivo de la actual administración. Esta actitud de las leyes que dieron nueva estructura social, política y económica a nuestro país y a la gestión misma que en ejercicios constitucionales pasados han llevado a término las administraciones que se suceden desde el advenimiento del régimen revolucionario.

Ya administraciones pasadas hicieron saber al país la necesidad que existe de mejorar las condiciones económicas y sociales del pueblo trabajador, para lo cual es preciso, entre otras medidas de gobierno, introducir reformas a la Ley del Trabajo. Esto consta categóricamente en el plan sexenal.

Por mi parte, debe recordarse que durante mi gira política a través de la República, como candidato, para satisfacer los anhelos del pueblo, hice saber que al llegar al poder llevaríamos a la práctica los postulados de la plataforma que nos llevó a la lucha y además haríamos una conveniente selección de los hombres a quienes se confiara la atención de los servicios públicos para que éstos satisfagan las necesidades de la colectividad.

La nación se percata, en consecuencia, de que lo que se está haciendo ahora no es novedad, ni una improvisación, ni menos aún una política que se aparte del cauce que marcan nuestras instituciones.

La doctrina que he venido reiterando con singular empeño es la de la unificación de todos los elementos que constituyen las clases trabajadoras de la República. Desgraciadamente no hemos podido aún eliminar las pugnas intergremiales que trastornan la vida del pueblo y entorpecen el camino que conduce hacia la elevación social, económica y cultural de las masas. Por eso refrendo ahora el llamamiento que siempre he hecho a las clases laborantes, haciendo a ustedes portadores de la indicación que hago en el sentido de que deben asociarse con los elementos de su clase, con sus propios hermanos, para lograr su mejoramiento, a la vez que para evitar que sus enemigos de clase los combatan en la forma que ahora pueden hacerlo.

No es verdad lo que ha venido propalándose para hacer creer que una vez organizada la masa trabajadora pueda ésta representar una amenaza para la República. Mientras mejor sea su organización mayor será la conciencia que tengan los trabajadores de sus responsabilidades; ahora mismo los obreros saben que, en el medio económico en que se desenvuelven y dentro de las posibilidades de nuestra industria, tienen un límite, y ese límite no se ha rebasado jamás; en consecuencia, los movimientos que llevan a cabo en la actualidad las organizaciones de trabajadores no tienen otro carácter que el de una lucha social que se ajusta a los términos de la ley y que no alarma al país ni al gobierno, porque todos sabemos que el objetivo de los trabajadores se reduce a lograr las conquistas que son compatibles con la capacidad productora y financiera de las empresas.

Es oportuno manifestar aquí la satisfacción que me causa ver a los trabajadores de la enseñanza confundidos con las clases obreras y campesinas del estado de Nuevo León. Ya he expresado en múltiples ocasiones que los maestros no deben circunscribir su función a la simple tarea de impartir enseñanzas a los niños, en un mundo alejado de las realidades que ofrece la vida. Los maestros están en el deber de convertirse en guías, en directores de las clases laborantes, ofreciendo a éstas el concurso de sus enseñanzas, el alcance de sus derechos y también de sus obligaciones.

Quiero reiterar al pueblo trabajador de Nuevo León que mi gobierno está seguro de contar con su franca cooperación, que estima importante en el más alto grado, para la realización de los propósitos que informan nuestro programa y para el mejor éxito de la gestión que tienen encomendada los elementos que colaboran en la administración pública.

Aplaudimos la actitud de las mujeres de Monterrey que, al igual que los maestros, se mezclan con los obreros y campesinos para ayudarles en ocasiones como ésta y en todo el curso de su lucha social, porque la mujer debe estar siempre atenta, y ya lo está, para respaldar a las clases laborantes en sus aspiraciones de mejoramiento social.