Abelardo L. Rodríguez, 17 de Agosto de 1934

Aplicando mis experiencias en el Gobierno del Territorio Norte de la Baja California y en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, al asumir la Presidencia de la República, persistí en mi actitud tendiente a elevar el Standard de vida de las clases laborantes, pues he sustentado el criterio de que, no sólo pesa sobre el hombre la obligación de trabajar, sino que también tiene un derecho indiscutible a percibir un salario que le permita satisfacer sus necesidades, tanto la más apremiantes como aquéllas que lo capaciten para acrecentar su cultura y desenvolver su existencia progresivamente, hasta que no haya un solo trabajador que desconozca el disfrute de una vivienda confortable, de una comida nutritiva y de una indumentaria que lo proteja de las inclemencias del tiempo.

Hemos llegado a un punto en que la servidumbre económica del proletariado no puede conciliarse con el funcionamiento de un Gobierno revolucionario, pues la "libertad absoluta" que en otro tiempo sirvió al explotador para justificar sus desenfrenadas ambiciones personales, se ha transformado en "libertad organizada", en disciplina, igualdad económica y trabajo, que contribuyen a retribuir sobre bases equitativas el verdadero servicio social que rinda como productor. A estas nuevas orientaciones responde la fijación del salario mínimo en nuestro país. Precisamente con esa finalidad, el 3 de octubre de 1932, integré la "Comisión Honorífica para el Estudio del Salario", delineando el desarrollo de sus labores con objeto de adquirir un conocimiento exacto del patrón de vida del trabajador en aquella fecha, de los salarios que devengaba y del estado general de la organización económica de la producción, determinando, simultáneamente, los antecedentes históricos y las dificultades presentes relacionado con el problema de los bajos salarios y los medios de elevarlos, para beneficiar a las clases laborantes y robustecer, en lo general nuestra economía.

Al presente, el salario mínimo ya no significa una aspiración, sino que es un hecho para los más amplios sectores de las masas trabajadoras del país. Puede estimarse en cuatro millones el número de obreros, campesinos y asalariados en general de la República. Si restamos a esa cifra ochocientos mil obreros y setecientos mil ejidatarios, quedan dos millones y medio de trabajadores del campo a quienes ha venido a redimir el salario mínimo, elevando sus ingresos del promedio anterior de cincuenta centavos a un peso por día. Ahora bien: la fijación del salario mínimo trajo consigo una alza general de los salarios superiores de los obreros especializados, como son los de la minería, el petróleo, el ramo textil y otros más, cuyos jornales subieron en el año actual en una cifra no inferior a cincuenta centavos por día. Atento este beneficio y calculando que el salario mínimo sólo haya mejorado por ahora a la mitad del proletariado rural, es lógico inferir que con ese aumento, el poder adquisitivo nacional se ha incrementado, desde enero último, con una inyección diaria de un millón y medio de pesos o sean quinientos cuarenta y siete millones al año.

Y esto que se ha obtenido y que constituye un innegable triunfo de la Revolución en el poder, no es una labor individual, aun cuando deba yo repetir que he puesto a su servicio toda la fuerza de mi Gobierno y todo mi entusiasmo y energías personales, aceptando plenamente la responsabilidad que esta obra entraña. El éxito en la adopción generalizada del salario mínimo, debe atribuirse a que han cooperado todos los dirigentes revolucionarios y también los empresarios progresistas que comprendiendo con claridad sus verdaderos intereses, coadyuvan a que prosperen sus trabajadores; y es evidente que la magnitud nacional asumida por este movimiento se debe a que toda la población en masa sacude su inercia, con el anhelo de mejorar la vida colectiva.

Este es el período por excelencia en que se transforma la Revolución político-social en Revolución Económica. Existe en la conciencia nacional la elevación de los jornales como una meta de superación. Empresarios y trabajadores buscan empeñosamente un mejoramiento y ambos aceptan la necesidad inaplazable de organizar técnicamente la producción. Para que el trabajador eleve su nivel de vida sin merma de los intereses del empresario, es indispensable substituir en nuestra industria las maquinarias anticuadas por equipos modernos que operen con rapidez, que eviten el desperdicio, y no entrañen peligros para los obreros, permitiendo, por el crecido volumen de una producción barata, el alza de los salarios, que ya no debe posponerse más.

Queremos proseguir en la ruta trazada por los gobiernos revolucionarios, para mejoramiento de las masas, y es el momento de racionalizar nuestra economía, buscando que el país produzca las mercancías que consume, para que así termine de una vez por todas, el absurdo de mandar al extranjero las materias primas e importar después los artículos con ellas manufacturados. Pero no bastará con obtener una producción abundante; hay que transformar ante todo las condiciones del reparto del conjunto de los productos elaborados por la comunidad a través del pago de mejores salarios, pues estimo como un principio de equidad social, que el derecho a un jornal adecuado, si no supone la igualdad de todos los hombres en sus ingresos, sí implica el ineludible deber del Estado, de no permitir la acumulación de provechos excesivos en unas cuantas manos, mientras no exista una base de amplitud económica para las masas.

Esto es, en resumen, lo perseguido a través del movimiento económico de alza de los salarios que he fomentado por cuantos medios han estado a mi alcance; y aprovecho esta nueva oportunidad para excitar a las empresas progresistas a que paguen a sus trabajadores la justa retribución de su esfuerzo; para requerir a los asalariados a que aporten su contingente personal con verdadero empeño y entusiasmo, reclamando dentro de nuestra legislación revolucionaria la parte que en derecho les pertenece en los procesos productivos y recomendando, finalmente, a los funcionarios públicos, que no omitan ningún esfuerzo en la aplicación efectiva de la tarifa del salario mínimo.

Es oportuno que recuerde aquí, los conceptos medulares de los artículos que escribí encontrándome al frente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo en marzo de 1932:
"Cuatro pesos por ocho horas de trabajo debe ser el salario mínimo y cuando nuestro organismo económico haya normado su funcionamiento, descansando sobre aquella base, los salarios seguirán ascendiendo hasta llegar a un peso por cada hora de labor."

Quiero en conclusión, exhortar a todas las clases sociales de México, para que no cedan jamás en la pugna por el mejoramiento del proletariado, hasta que alcancemos en nuestra República la fórmula ideal que debe ser nuestra consigna de lucha en el terreno económico: ocho horas de trabajo; ocho de esparcimiento, ocho de descanso y ocho pesos de salario mínimo por día.