Debo expresaros, con profunda satisfacción, que el gobierno que me cabe la honra de presidir es un gobierno que ha recibido muestras de apoyo de la opinión pública. La administración a mi cargo, fiel en todo momento a los principios de la Revolución, ha puesto especial empeño en asegurar la paz de las conciencias, y sabe, por lo mismo, que cuenta con el respaldo de los revolucionarios, de los obreros,de los campesinos y de la clase media del país, así como con el apoyo de los elementos de actividad productora.

Es de justicia hacer notar que el gobierno ha recibido incensantemente la ayuda desinteresada y patriótica y de aquilatamiento; y, al hacer patente ante la representación nacional esa tendencia de entendimiento y de cooperación deseo reiterar mi propósito firme de que durante el tiempo que me corresponda estar al frente de los destinos de la República, la prensa, toda, sin distinción de criterios ni opiniones, goce de la más amplia libertad de expresión; principalmente tratándose de juzgar a los hombre públicos, que así tendrán presente en todo momento que se deben al país entero y que ante él deben responder de todos y cada uno de sus actos. Preferirá, ciertamente, que los servidores públicos suframos la molestia de censuras injustas y apasionadas, antes que pemitir que se tomen medidas que acallen la voz de la prensa o que menoscaben en lo más mínimo la libertad de pensamiento.

Al inagurar rni administración hice un llamamiento, que hoy deseo reiterar, a todos los mexicanos residentes en el país o fuera de él, para que cooperen al bienestar y al desenvolvimiento de nuestra patria. Un inmenso número ha respondido a ese llamamiento, que no envuelve el deseo de que hagan acto de sumisión servil al gobierno que presido, sino de reverencia y respeto a la Patria misma, con trabajo, con elevación de miras, con sacrificio de pasiones.

Ha sido motivo de constante preocupación considerar la situación que guardan en el extranjero, especialmente en los estados del Sur de la vecina República del Norte, nuestros nacionales, tanto los que emigraron por causas económicas, como los que hubieron de alejarse de nuestro territorio por motivos políticos. Ya estudia el Ejecutivo la forma de reintegrarlos a la vida productiva y a las actividades serenas de nuestro país, y a la fecha han sido repatriados más de 4,000 de ellos.

Se ha ido procurando la intervención de los elementos técnicamente preparados, en el estudio y resolución de nuestros problemas, y es justo consignar que esa intervención gradual no ha sido obstruccionadas en lo más mínimo por los elementos políticos; al mismo tiempo, es justo hacer notar que aquellos elementos han sabido corresponder a la confianza con que se les brinda la oportunidad de servir a la nación.

La actitud del gobierno, en este aspecto, no tan sólo responde al propósito de organizar a México como un Estado moderno; responde también al íntimo anhelo del inolvidable Presidente Obregón, quien, al plantear la reducción de diputados al Congreso de la Unión, al buscar laorganización del gobierno del Distrito Federal sobre una base estrictamente administrativa, al aumentar el número de Ministros de la Corte, cambiándose la forma de su designación, no pensó únicamente en el aspecto de economía que todo esto entraña y que por sí solo es altamente laudable, sino que esbozó su propósito firme de modificar la técnica de la política misma.

La Revolución, que, como hecho social trascendente ha quedado realizada y ha producido ya la suficiente transformación de los conceptos generales, creando una ideología definida e incofundihle, debido tal vez a haberse iniciado precisamente en el campo político, mantiene la paradoja de haber respetado nada menos que la anterior técnica política.

Sistemas sostenidos por la inercia, inadecuados para el momentos que atravesamos, presiden la integración del cuerpo político por excelencia, que es la Cámara de Diputados; de ahí se deriva que, sí no fuera por el patriotismo y alteza de miras de los representantes populares y por la solidez de los principios revolucionarios, se habría presentado ya el problema de falta de identificación con los anhelos nacionales.

En su memorable Mensaje de 1° de septiembre de 1928, el señor Presidente Calles consignaba las siguientes frases que yo debo repetir:

"Quiero decir, entre otras cosas, que este tiempo de la ley parecerá más augusto y ha de satisfacer mejor las necesidades nacionales, cuando estén en esos escaños repesentadas todas las tendencias y todos los intereses legítimos del país; cuando logremos, como está en gran parte de vuestras manos conseguirlo por el respeto al voto, que reales, indiscutibles representativos del trabajador del campo y de la ciudad, de las clases medias y subrnedias, e intelectuales de buena fé, y hombres de todos los credos y matices políticos de México, ocupen lugares en la representación nacional, en proporción a la fuerza que cada organización o cada grupo social haya logrado conquistar en la voluntad y en la conciencia pública; cuando el choque de las ideas substituya al clamor de la hazaña bélica; cuando, en fin, los gobiernos revolucionarios, si siguen siendo gobiernos porque representen y cristalicen con hechos el ansia de redención de la mayorías, tengan el respaldo moral y legal de resoluciones legislativas derivadas o interpretativas o reglamentarias de la Constitución en que hayan tenido parte representantes de grupos antagónicos."

La solemnidad del momento en que tales frases fueron pronunciadas, la autoridad moral, el desinterés y el prestigio revolucionario de quien las expuso, así como el altísimo valor ideológico que encierran, son la justificación mejor de la apreciación que formulo en el sentido de procurar una modificación en la técnica política y concretamente en la forma de integrar los órganos representativos. Estudia actualmente el Ejecutivo el más adecuado procedimiento, que habrá de someter a la consideración de vuestra Soberanía, pues si aparece como más deseable, por avanzado, el sistema de representación funcional, tal vez sea adecuado por el momento, y como sistema de transición, el de representación proporcional.

Si el menor propósito de lanzar la más leve censura, ni de considerar como errores los hechos y convicciones de otros gobiernos y otros hombres, debo con toda honradez exponer mi criterio: dentro de mi convicción de formar, más que un gobierno estatal, un gobierno social que intenta borrar toda línea de separación entre las sociedades y el Estado; que pretende, asimismo, atender todas y cada una de las palpitaciones de la vida nacional, el ejecutivo de mi cargo no puede, en nombre de una teoría, —la separación de la iglesia y el Estado— desentenderse ni fingir que ignora el aspecto religioso de la vida social mexicana. Ninguna actividad colectiva debe pasar inadvertida a los ojos del gobierno, que no otra cosa que un administrador social. En esa virtud, cualesquiera que sean las convicciones de los hombres del gobierno, deben tener siempre en cuenta las diversas tendencias de los gobernados. Dicho está con esto, que es el propósito del Ejecutivo nacional respetar y hacer respetar la libertad de creencias religiosas que consagra nuestra Carta Fundamental, y en este aspecto, no existe prevención contra persona alguna por razón de su credo y culto. Pero al propio tiempo, está resuelto firmemente el gobierno que presido a vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y a no permitir que a pretexto de actividades religiosas, se extralimiten los individuos, invadiendo campos sociales ajenos al espiritual religiosos, tratando de influir en la vida política, en la vida económica o en las costumbres materiales del país.

No habiéndose podido realizar todavía la revisión cuidadosa y sistemática de la legislación vigente, de modo de acabar no solamente con las antinomias y discrepancias que existen entre las diversas leyes, sino con el espíritu anárquico en que han venido siendo inspiradas, pues en tanto que unas consagran principios francamente individualistas, otras se basan en necesidades colectivas, y aun algunas tiende franca y directamente a la implantación de doctrina determinadas, el Ejecutivo considera de imprescindible urgencia construir un órgano técnico permanente que lleve a cabo la unificación de la legislación sujetándose estrictamente a los postulados y a la ideas básicas de nuestro movimiento revolucionario.

Deseo hacer constar el agrado del Ejecutivo por la orientación actual de la juventud universitaria y por la marcha misma de la Universidad Nacional Autónoma. Un intento, y rnás que un intento, una realidad de generoso acercamiento al pueblo, un propósito tenaz y constante de prestar servicio social, una tendencia de poner al provecho de los desheredados el caudal recibido en las aulas, han sido la preocupación de la juventud estudiosa y principalmente la de nuestra capital. Ha abierto y atiende escuelas nocturnas para obreros, construye caminos, funda dispensarios o bufetes gratuitos, se prodiga en conferencias y pláticas, escribe en periódicos y revistas constructivas, organiza brigadas de popularización cultural, y vive, en una palabra, dentro del movimiento revolucionario, poniendo sus energías en bien del país, y exigiendo, con toda la razón de su inquietud, mayor firmeza en los hombres y más pureza en los principios. Esa juventud a la que con todo cariño saludo, ama ya intensamente a la Revolución, y será la que recoja la herencia de esa generación que tuvo que formarse en pleno combate, y que está por lo mismo, llena de imperfecciones; y ojalá que ella sepa realizar plenamente lo que ha sido el anhelo y la guía de nuestros esfuerzos.

Los funcionarios de la Universdad Nacional Autónoma aparte de una eficiente administración que le permite llenar sus primordiales necesidades, han podido encauzar el espíritu de la juventud hacia los postulados del servicio colectivo. El gobierno de la República acaba de adquirir el terreno necesario para la fundación de la Ciudad Universitaria, y es de esperar completo éxito cíe esta iniciativa, que ha acogido con beneplácito el Ejecutivo, por la benéfica trancendencia que tendrá respecto a la juventud del país.

En concepto del gobierno, la resolución de la cuestión de tierras es el problema fundamental de la Revolución iniciada en el campo político, para quebrantar al enemigo, y allegar elementos combatientes; transladada al campo moral, como espíritu de justicia y afán de mejoramiento, es, en estos momentos, el punto básico, el eje de la vida económica nacional. A partir de la Independencia, y por haber sido ésta imperfectamente realizada, la posesión y el cultivo de las tierras son hechos ligados estrechamente con la situación precaria de la mayoría de nuestros compatriotas; de manera tal que, para promover el inaplazable mejoramiento de las clases campesinas e indirectamente de todas las clases laborantes del país, es imprescindible llevar adelante, sin vacilaciones ni desmayos, la dotación de tierra. Por tales consideraciones, el Ejecutivo tiene especial empeñó en declarar su propósito de establecer sistemáticamente el agrarismo técnico, no político; y a ello tienden las reformas agrarias, la intensificación del trabajo en los ejidos, la organización de éstos, la creación del Banco de Crédito Agrícola, —que atenderá exclusivamente a las organizaciones ejidales y a los pequeños propietarios—, el control de los sistemas de irrigación, y, desde otro punto de vista, la educación especializada de los habitantes del campo.

La obra de reconstrucción nacional, desarrollada en diversos órdenes, ha sido posible en virtud de la situación favorable que guarda el erario. Merced a los desvelos de las administraciones precedentes y al esfuerzo continuado de la Secretaría de Hacienda, ha podido obtenerse un desahogo finanaciero en las operaciones del Estado, que permite esperar una marcha económica sin tropiezos.