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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1929 Proyecto de Declaración de Principios del Partido Nacional Revolucionario

20 de Enero de 1929

El Partido Nacional Revolucionario, en nombre de la opinión revolucionaria de México, declara:

Primero. El Partido Nacional Revolucionario acepta en forma absoluta y sin reservas de ninguna naturaleza, el sistema democrático y la forma de Gobierno que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luchará decidida y enérgicamente por hacer cada vez más efectivos en México la libertad del sufragio y el triunfo de las mayorías en los comicios.

Procurará, por todos los medios a su alcance, la estabilidad de los gobiernos emanados de su acción política.

Ayudará y estimulará paulatinamente el acceso de la mujer mexicana en las actividades de la vida cívica.

Segundo. El Partido Nacional Revolucionario tendrá como una de sus finalidades esenciales la de realizar en nuestro país un mejor medio social. El Partido Nacional Revolucionario reconoce que el progreso material y cultural de México están subordinados a la condición económica y mental de nuestro pueblo, y por tanto, en su anhelo de alcanzar para él una civilización superior, señala la urgencia de dedicar todos los esfuerzos y todos los recursos posibles al mejoramiento integral de las masas populares. Ante las características de la vida moderna, cada vez más agitada, señala la necesidad nacional de acelerar ese mejoramiento, y en el orden de ideas que comprende la lucha de clases velará por la formación y cumplimiento de las leyes que constituyen una garantía de los derechos del proletariado, hasta ahora menoscabados por la superioridad de los explotadores sobre los explotados.

El Partido Nacional Revolucionario, asimismo, declara que son fundamentales, para el logro de la emancipación de los trabajadores de las ciudades y del campo, los preceptos contenidos en los artículos 27 y 123 de nuestra Carta Fundamental, así como la Ley del 6 de enero de 1915, hecha constitucional, y que los sostendrá indefectiblemente a través de su vida de partido, hasta que constituyan una conquista real y efectiva, cuidando que las leyes reglamentarias que de ellos se expidan no desvirtúen el espíritu altamente nacionalista y humano de las doctrinas que encierran.

El Partido Nacional Revolucionario reconoce en las clases obreras y campesinas el factor social más importante de la colectividad mexicana, factor que a pesar de la postración en que ha vivido ha sabido conservar á través de nuestra historia y conserva aún el más alto concepto del interés colectivo y del interés patrio, y es por esto que el Partido Nacional Revolucionario radicaliza su anhelo de hacer de México un país grande y próspero, en la elevación cultural y económica de esas grandes masas de trabajadores de las ciudades y del campo.

El Partido Nacional Revolucionario estatuye, como uno de los puntos capitales de su programa, el de demandar e imponer normas legales de protección y de civilización al conglomerado indígena del país, buscando los medios de obtener para él igualdad de condiciones para su defensa en la lucha por la existencia, e incorporándolo a las actividades de la vida nacional como uno de nuestros factores étnicos más valiosos.

Tercero. El Partido Nacional Revolucionario declara que el constante e indeclinable sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de la política internacional de México.

Que sobre esa base deberán ser sostenidos los demás principios a que se sujetará el desarrollo de dicha política, a saber:

Inalterable sostenimiento, dentro de la ley internacional, de los principios revolucionarios mexicanos y de las leyes nacionales.

Cultivo y fomento de las relaciones de sincera amistad con todas las naciones de la tierra, sin inmiscuirse México en los asuntos interiores de otros países y sin permitir, correlativamente, la intromisión de otros países en los asuntos interiores de México.

Fraternal acercamiento con las naciones latinoamericanas, y justa y legal eliminación de dificultades con cualquier gobierno.

Desconocimiento de cualquier doctrina extraña que se trate de aplicar a los derechos nacionales e internacionales de México.

Reprobación de las guerras internacionales, admitiendo únicamente las impuestas por motivos de defensa. Cordial y desinteresada cooperación para resolver pacíficamente las dificultades entre naciones.

Desarrollo del comercio y de la cooperación intelectual internacionales.

Garantizar, dentro de la norma exclusiva de nuestras leyes, los derechos y actividades honestas de los extranjeros radicados en la República.

Aceptación habitual de los principios de arbitraje en las dificultades internacionales, así como la conciliación y mediación en todos aquellos casos en que no se afecte la independencia, soberanía y principios constitucionales de la República.

Cuarto. El Partido Nacional Revolucionario declara que pasada la lucha armada de la Revolución y logrado en la conciencia nacional el arraigo de su ideología, los gobiernos emanados de la acción política del Partido deberán dedicar sus mayores energías a la reconstrucción nacional, prosiguiendo la labor que han desarrollado ya vigorosamente las administraciones revolucionarias. En este concepto atenderá a la organización económica del país y al saneamiento de sus finanzas sobre los principios nuevos que en esta materia inscribió en su programa la Revolución.

La política financiera tenderá, fundamentalmente, a dar a la Nación una solvencia moral y material, mediante el cumplimiento estricto de sus obligaciones interiores y exteriores, para lo cual ajustará el Gobierno sus organizaciones exactamente a la capacidad contributiva del país. La acción económica que se desarrolle se inspirará en el mejoramiento de las condiciones de la vida del pueblo y estimulará toda actividad productora dentro de la República.

Quinto. El Partido Nacional Revolucionario reconoce que el Poder Público será factor concurrente a la realización de estos postulados si su integración se hace con elementos de la debida filiación política, y por tanto, declara que luchará dentro de nuestras normas constitucionales y legales y por medio de sus órganos constitutivos de todo el país, porque la integración de los gobiernos se haga con hombres de ideología revolucionaria, cualquiera que sea su posición social, siempre que estén moral e intelectualmente capacitados para llevar a cabo la realización del programa eminentemente patriótico de la Revolución.

Estas declaraciones definen la doctrina del Partido y la ideología que sostendrá a través de sus actividades, en el país. El Partido pugnará por la realización de los anteriores postulados, mediante el siguiente programa de acción.

PROGRAMA DE ACCION

El Partido Nacional Revolucionario conceptúa que la educación pública en México debe tender a la realización de las finalidades siguientes:

I. Elevación del nivel cultural de nuestro pueblo.

II. Definición y vigorización del concepto de nuestra nacionalidad, desde el punto de vista de nuestros factores étnicos e históricos, expresando claramente los caracteres comunes de la colectividad mexicana. Procurará, en este orden de ideas, la conservación y la depuración de nuestras costumbres y el cultivo de nuestra estética en sus distintas manifestaciones.

III. Fundar y desarrollar en las conciencias el concepto de la preeminencia de los intereses de la colectividad sobre los intereses privados o individuales, menospreciando toda situación de privilegio y creando la necesidad espiritual de una mayor equidad en la distribución de la riqueza, fomentando, al mismo tiempo, el sentimiento de la cooperación y de la solidaridad.

IV. La realización de un tipo de individuo superior desde el punto de vista físico, por el cultivo de los deportes, que significan también el medio más apropiado para la educación del carácter.

V. El Partido Nacional Revolucionario prestará franco y decidido apoyo a toda actividad educacional en México que se desarrolle dentro de los preceptos del artículo 30 constitucional, con las finalidades enunciadas.

VI. Procurará una acción coordinada en los procedimientos y la uniformidad de los sistemas y de los programas, desde los órganos federales educativos de mayor potencialidad hasta los órganos educativos municipales, procurando con esto una mayor eficacia del esfuerzo que se desarrolle en ramo tan importante.

El Partido Nacional Revolucionario no pretende la federalización de la enseñanza o su centralización y control por el Gobierno Federal en la Ciudad de México, ni relevar a los Estados y a los Municipios de sus atribuciones y responsabilidades en el ramo educativo. El Partido Nacional Revolucionario cree que la acción del Gobierno Federal, la de los Estados y de los Municipios debe coordinarse entre sí, espiritual, administrativa y técnicamente, cuidando de conservar la personalidad y el derecho de cada Entidad Federativa, pero estableciendo, al mismo tiempo, una ordenación lógica de todos los aspectos del programa educativo a fin de conservarlo coherente, vigoroso y tan extensivo como sea posible.

VII. El Partido Nacional Revolucionario conceptúa que en materia de educación debe tenderse hacia la escuela activa y utilitarista; es decir, que el niño y el adulto aprendan haciendo lo que hasta ahora han aprendido de oídos o leyendo y, además que encuentren en los conocimientos adquiridos los medios de subvenir a sus necesidades y de mejorar sus condiciones económicas.

VIII. El Partido Nacional Revolucionario declara que debe aprovecharse el acervo de la cultura indígena como un afluente de nuestra cultura general, vigorizando así el sentimiento de nuestra nacionalidad.

IX. El Partido Nacional Revolucionario prestará su apoyo decidido a toda labor en pro de la desanalfabetización de las masas, especialmente de las rurales. Procurará que la educación sea principalmente extensiva para que la elevación del nivel medio cultural de México se obtenga a base de educación de las grandes masas proletarias del campo y de las ciudades, en contraposición con la política educacional desarrollada antes de la Revolución, consistente en un sistema que favorecía a un pequeño grupo, dejando abandonados a la postración más completa, por la ignorancia, a los factores más representativos de la vitalidad y fuerza del país.

X. El Partido Nacional Revolucionario procurará que la disciplina mental que se consigue con la instrucción primaria, elemental y superior, no se interrumpa en el niño, hasta que éste no haya alcanzado el desarrollo necesario para que se hayan despertado en él las facultades superiores del entendimiento y no sea la memoria la única facultad que se ejercite durante su período escolar. A este respecto luchará por la creación de escuelas complementarias, agrícolas, de pequeñas industrias, de artes y oficios, etc., de acuerdo con las finalidades establecidas en este Programa.

XI. El Partido Nacional Revolucionario declara que por los medios posibles a su alcance, fomentará la iniciativa privada para la enseñanza, en su período escolar. A este respecto luchará por la creación de escuelas subvencionando, si es posible, los establecimientos de esta índole que cumplan debidamente su misión educativa y que quedarán sujetos a la inspección oficial.

XII. El Partido Nacional Revolucionario procurará que hasta donde alcancen las posibilidades económicas de los gobiernos, se funden y construyan escuelas rurales para niños y adultos y escuelas para obreros, con objeto de aumentar la capacidad técnica de éstos y de crearles mayor conciencia de sus deberes y derechos.

XIII. Escuelas especiales de pequeñas industrias y artes domésticas para la mujer, con el objeto de ir introduciendo a ésta en las actividades productivas, proporcionándole, al mismo tiempo, los medios para capacitarla para la lucha por la vida, alejándola de la posibilidad de incurrir en el vicio o la depravación por falta de medios honestos para ganar su subsistencia.

XIV. Deberán fomentarse los congresos educacionales en los que se discutan los problemas concretos de esta materia y tendientes a lograr un mayor desarrollo y comprensión de las finalidades y puntos constitutivos de este programa.

Debe fundarse el mayor número posible de bibliotecas populares en las ciudades y en los campos, con reglamentación apropiada para el fácil acceso y con obras destinadas al fomento de la cultura nacional y conocimientos de utilidad práctica. Deberá favorecerse y subvencionarse la impresión de libros, revistas y periódicos de carácter puramente educativo, procurando su distribución uniforme en todo el país y particularmente en aquellos lugares donde sea más necesaria y urgente la acción educativa del Gobierno.

Deberá procurarse la organización de los maestros para que éstos discutan y desarrollen una acción colectiva en favor de su gremio y recomendarles procuren, en los distintos lugares donde cumplan su acción educativa, la organización de los padres de familia para lograr en colaboración con ellos, un sostén y una ayuda de la escuela rural y de la escuela municipal, consiguiendo, de este modo, interesar más aún, en la difusión de los conocimientos útiles y de cultura general, a todos los factores de la sociedad mexicana.

El Partido Nacional Revolucionario, a través de su organización en cada Entidad Federativa, promoverá la expedición de leyes que garanticen a los maestros sus derechos de escalafón, así como la debida reglamentación de las pensiones de retiro.

INDUSTRIA

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que la industria, como fuente de producción, es uno de los factores que más poderosamente concurren en beneficio de la economía general del país y, por tanto, apoyará y fomentará toda actividad industrial, hasta que este importante ramo alcance el desarrollo y perfeccionamiento que exigen las necesidades de una vida nacional económicamente autónoma.

El beneficio a que se refiere el párrafo anterior se manifestará por la disminución de las importaciones de artículos que la industria nacional vaya colocando ventajosamente en nuestros mercados, y por un mejoramiento de nuestra balanza económica.

El desarrollo industrial, propiamente conducido a través de estudios detenidos y concienzudos y mediante datos estadísticos fehacientes, trátese de la gran industria o de la industria en pequeño, contribuirá poderosamente al engrandecimiento económico de México. Para esto deberá procurarse que la instalación de grandes industrias no lleve aparejado el establecimiento de una fuerte corriente de valores hacia el exterior, pues en ese caso los beneficios serán de momento, dejando a la postre la explotación industrial, un saldo contrario a los intereses del país.

Esto se presentará particularmente cuando se trate de capital extranjero que se establezca en México para llevar a cabo la explotación del hombre y de los recursos naturales, sacando del país los rendimientos de la inversión, desequilibrando nuestra balanza económica y enriqueciendo a otros países a expensas del nuestro. Por lo tanto deberá favorecerse especialmente y de preferencia, la industria a base de capitales mexicanos o extranjeros radicados en su totalidad en México, de tal manera que la circulación de sus valores se efectué en ciclos cerrados al interior del país, por ser esta condición la que real y efectivamente realiza el enriquecimiento de la República.

Como puntos concretos en su programa de acción, el Partido Nacional Revolucionario presenta los siguientes:

I. Debida protección y fomento de las grandes industrias, dentro de los principios generales de este programa, sin que esa protección sea, en ningún caso y por ningún motivo, en detrimento de la clase trabajadora.

II. Intensificación y desarrollo de la pequeña industria.

III. Organización de los pequeños industriales para ponerlos en condiciones de defensa frente a sus competidores de la gran industria y especialmente del extranjero.

IV. Creación de bancos refaccionarios de la pequeña industria.

V. Campaña efectiva y enérgica en favor de los productos de fabricación nacional.

VI. Establecimiento y desarrollo de laboratorios de investigación, información y estadística industrial.

El Partido Nacional Revolucionario, en materia de trabajo y previsión social, se esforzará porque se expida y se perfeccione constantemente una legislación avanzada que establezca el justo equilibrio entre los factores de la producción, Capital y Trabajo, de acuerdo con la ideología establecida en su Declaración de Principios, y acepta y ratifica en todas sus partes la doctrina avanzada que aparece claramente definida en el artículo 123 de nuestra Constitución.

El Partido Nacional Revolucionario hace suyo y luchará porque se eleve a la categoría de ley, el proyecto de Seguro Obrero, en la forma concebida y presentada a las cámaras de la Unión por el C. General Álvaro Obregón.

AGRICULTURA

En materias agrícola y agraria, el Partido Nacional Revolucionario perseguirá en su acción las siguientes finalidades:

I. La política agraria debe tender a la distribución de la tierra entre los campesinos que directamente la trabajen por sí y con la ayuda de sus familiares y a la destrucción del sistema rutinario latifundista, que con una técnica atrasada explota preferentemente el trabajo del hombre y no las riquezas naturales de la tierra.

La distribución se hará persiguiendo el siguiente programa:

a) Para la clase rural más desvalida de pueblos y rancherías --que ha sido hasta ahora la más explotada por el régimen latifundista--, debe continuarse la reivindicación de la tierra, restituyendo y dotando de ejidos, de modo que el patrimonio rural satisfaga las necesidades de esa clase campesina, en cuanto a que se le concedan tierras en extensión bastante para garantizar, mediante su explotación, la manutención de los agricultores a quienes se pretende beneficiar, así como la de sus familias.

b) Para lograr la liberación económica de la clase media campesina, medieros, aparceros, colonos, etc., hombres ya con mayores elementos y experiencia que la clase anterior, deberá continuarse la política de irrigación para poner bajo riego extensiones de nuestro territorio, que puedan ser ofrecidas, previa preparación y mejoramiento y en condiciones fáciles de pago, a estos agricultores, cuyas necesidades económicas no pueden ser satisfechas con las parcelas que se brindan en el ejido.

El acomodo de esta clase deberá completarse con una política de colonización interior para llevar a las tierras, mejoradas por los medios citados anteriormente, a los mexicanos que en el lugar de su residencia no tengan campo adecuado para desenvolver su iniciativa, ya porque se carezca de tierra de calidad adecuada, ya porque el exceso de población haya obligado a la pulverización de la propiedad.

c) A los empresarios agricultores de mayor iniciativa y mayores recursos, deberá concedérseles oportunidad y apoyo para que se dediquen al cultivo y pongan en producción mayores extensiones de tierra, cuando esto no vaya en detrimento del desarrollo de la política agraria que se especifica en los párrafos anteriores.

Debe darse completa protección y garantías a los propietarios para que hagan uso de las tierras no afectadas por las leyes agrarias, de acuerdo con el programa anterior.

II. La finalidad de la política agraria no debe ser sólo la distribución de la tierra, sino el proporcionar ésta a los agricultores en condiciones de ser inmediatamente aprovechable para su explotación, organizándolos convenientemente para que su trabajo sea productivo, con objeto de aumentar y nunca disminuir la producción agrícola del país.

A este fin deben robustecerse el Banco Nacional de Crédito Agrícola, los bancos ejidales, y crear otros nuevos, a fin de poner a disposición de los pequeños agricultores que se agrupen en forma cooperativa, los recursos que les son indispensables para desarrollar sus cultivos, para realizar sus productos, para comprar maquinaria y animales de labranza y para ejecutar mejoras materiales de carácter permanente, independizándolos del prestamista particular.

III. Por lo que se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales, el Partido Nacional Revolucionario sostiene las bases de la actual legislación sobre la materia, que autoriza la intervención del Estado cuando se trate de explotaciones que interesen a la economía nacional o cuando el interés privado lesione al interés público o colectivo. Para lograr tal propósito se perseguirán las siguientes finalidades:

a) Aumento de la producción.

b) Conservación de las fuentes de riqueza.

c) Una más equitativa distribución de los productos entre los elementos que ocurran a la explotación.

El Partido Nacional Revolucionario luchará por satisfacer la urgente necesidad de regularizar la explotación de los recursos forestales del país, haciéndola racional y vigilándola oficialmente para evitar la tala inmoderada y la destrucción de esa riqueza.

El Partido Nacional Revolucionario trabajará por el establecimiento de un plan nacional de explotación forestal, creando las reservas indispensables al sostenimiento de nuestros regímenes climatéricos e hidráulicos y previendo la satisfacción de las necesidades futuras del país. Es igualmente urgente emprender la reforestación de las zonas despobladas de vegetación, problema que deberá resolverse por el Estado, dentro de sus posibilidades económicas y también dando facilidades y apoyo a la iniciativa privada.

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que para suplir la deficiencia de población agrícola, hay que implantar una política de colonización, haciendo venir a las tierras recién abiertas, a los mexicanos que han emigrado en busca de una prosperidad económica que no tenían, y que hoy ya les brinda una oportunidad de adquirir tierras de cultivo convenientemente preparadas para su inmediata explotación y en fáciles condiciones de pago.

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que igualmente debe suplirse la deficiencia de población agrícola, mediante una política de colonización que traiga colonos de otros países, siempre que llenen estos tres requisitos:

Primero. Que las tierras que se les destinen estén preparadas para su inmediata explotación.

Segundo. Que los colonos demuestren ser agricultores de experiencia.

Tercero. Que dichos colonos o las empresas colonizadoras comprueben poseer los fondos suficientes para garantizar el refaccionamiento de los trabajos y el sostenimiento de los colonos, cuando menos hasta alcanzar la primera cosecha.

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que es una necesidad nacional proseguir desarrollando la política de irrigación que se ha implantado, procurando que esto se haga dentro de un plan nacional que consiga el mejor aprovechamiento de las aguas de México, y estableciendo una graduación conveniente en el programa constructivo de tal manera que no se emprendan nuevas obras de irrigación mientras no estén terminadas y desarolladas en su parte agrícola y en su parte social las ya iniciadas.

El Partido Nacional Revolucionario luchará porque se establezcan almacenes de depósito y por popularizar los certificados de depósito y los bonos de prenda, con el fin de librar a los agricultores de la necesidad apremiante de realizar sus cosechas en la época menos adecuada y también como medios de nacionalizar la venta de la producción, eliminando al intermediario.

El Partido Nacional Revolucionario luchará porque los catastros federales y locales se perfeccionen y el impuesto predial se encauce de acuerdo con una clasificación racional de los terrenos, propendiendo a la mayor equidad de los impuestos y a que éstos tengan por base las superficies de la propiedad exenta de mejoras y según su clasificación y no el valor de las mejoras realizadas en ellas, por el trabajo, la iniciativa y la inversión del propietario.

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que debe protegerse y fomentarse decididamente la industrialización de los productos agrícolas, creando el crédito industrial necesario y las organizaciones cooperativas entre los agricultores, indispensables para este objeto.

El Partido Nacional Revolucionario luchará porque los intereses agrícolas sean escuchados, tanto para la discusión de los aranceles como para la revisión de fletes y tarifas, para que la circulación de la producción agrícola sea fácil y económica.

El Partido Nacional Revolucionario propugnará por intensificar nuestra agricultura, mediante la mejora de nuestra técnica en la materia, atendiendo debidamente la Escuela Nacional de Agricultura, y relacionándola con las Escuelas Centrales Agrícolas, que también deben mejorarse y aumentar su número, para establecer un ordenamiento ascendente de conocimientos, que permita al país contar desde con agricultores capaces de manejar su propia granja hasta con ingenieros agrónomos suficientemente preparados.

El Partido Nacional Revolucionario procurará llevar al campo los resultados de las investigaciones que se realicen en los laboratorios, en las escuelas agrícolas y en los campos de experimentación, propendiendo a la evolución de nuestra agricultura actual.

El Partido Nacional Revolucionario luchará por la incorporación a la vida económica de la mujer campesina, librándola de las faenas mezquinas que hoy ejecuta y poniéndola al frente de la granja o de las pequeñas industrias rurales, que deberán aumentar los recursos del hogar campesino; y en este sentido hará propaganda para que se forme conciencia de que la mujer principia a ser compañera para dejar de ser esclava.

El Partido Nacional Revolucionario luchará por desterrar la monotonía del campo, alternando las rudas faenas de la labranza con esparcimientos honestos que se organicen desde un centro director de cultura y procurará la organización deportiva y cultural del pueblo campesino, para darle nuevos y mejores medios de recreo, alejándolo del alcohol y del vicio.

COMUNICACIONES

El Partido Nacional Revolucionario, en relación con el ramo de Comunicaciones, considera que las finalidades a que debe tenderse son las siguientes:

Primera. Fácil y económica comunicación entre las fuentes de producción y los centros de consumo del país.

Segunda. Fácil y económica movilización de los habitantes, dentro del Territorio nacional.

Tercera. Medios apropiados, rápidos y económicos, para el intercambio comercial internacional.

Cuarta. Mejoramiento constante de los servicios de correos, telégrafos y teléfonos.

Atendiendo a estas finalidades, el Partido Nacional Revolucionario conceptúa que la Secretaría de Comunicaciónes debe ser un órgano activo de política bien definida, que concurra de una manera eficaz a la realización de este Programa. Deberá evitarse, por tanto, que ese Departamento del Gobierno sea simplemente un cuerpo burocrático. La Secretaría de Comunicaciones debe, ante todo, representar la iniciativa oficial y despertar la iniciativa privada en todo lo concerniente a su importante ramo.

La red de comunicaciones debe estar integrada mediante una coordinación perfecta entre todos los sistemas de comunicación interior del país procurando que estos distintos sistemas se protejan y se complementen los unos a los otros y su conjunto beneficie armónicamente a la economía general de la República.

Los ferrocarriles deben ser objeto de estudios técnicos, tanto desde el punto de vista de sistema nacional, como en particular cada una de las líneas, hasta llegar a obtener su completa nivelación y estabilidad económica, que interesan al pueblo de toda la Nación.

La construcción de carreteras debe estar sujeta a estudios técnicos, procurando que su trazado proteja y ensanche el radio de actividad de las vías férreas. Se buscará, en primer término, el establecimiento de la comunicación entre los centros apartados de producción y las estaciones de los ferrocarriles.

Todas las actividades descritas en lo precedente deben estar en armonía con las necesidades del país. Estas deben ser previstas y estudiadas y satisfechas de manera de realizar una obra coordinada y lógica. Construir de preferencia vías de comunicación en los lugares en que no están satisfechos esos servicios por los ferrocarriles, con la tendencia de complementar a éstos y evitar que las carreteras los estorben en su desarrollo. Todo esto mediante el estudio consciente de los recursos del país, de sus fuentes de producción y de sus centros de consumo.

El Partido Nacional Revolucionario, convencido de la necesidad que tiene México de cambiar los productos que para sus necesidades domésticas produce en exceso, por otros que no produce y que debe importar del extranjero, declara que deben atenderse y fomentarse las comunicaciones internacionales, tanto terrestres como marítimas. Deben, pues, llevarse vías terrestres y fluviales hacia los puertos de salida más adecuados, y en éstos proveer toda clase de facilidades para el manejo de las mercancías para su protección contra la interperie y para su expedito despacho al exterior. Esto requiere que se hagan obras tales en los puertos que las marinas mercantes de todo el mundo puedan tener fácil acceso a ellos. Los puertos, naturalmente, deberán reunir condiciones de higiene y de salubridad, que sean una garantía tanto para sus residentes como para la población flotante que de otros países concurra a ellos.

México, como todas las demás naciones, tiene necesidad de llevar sus productos a mercados extranjeros y debe prevenirse en contra de intereses comerciales que puedan estar en pugna con los suyos, si no dispone de medios propios para el transporte de los productos de su suelo a otros mercados. Esto implica la necesidad de fomentar el desarrollo de la marina mercante nacional, que sirve de preferencia a los intereses del país. La marina mercante nacional de altura puede incubarse en el desarrollo de una marina nacional de cabotaje.

Los transportes materiales de mercancías traen consigo transacciones que es necesario efectuar rápidamente y con toda eficacia. De allí la necesidad de un buen sistema de comunicación del pensamiento y de la palabra, por medio del correo, de los telégrafos, del teléfono y del radio. Estos servicios deben estar a la altura de los mejores que existan. De ahí la necesidad de emplear medios de transporte tan eficaces y veloces como los servicios aéreos, los teléfonos urbanos, suburbanos y de larga distancia, y los servicios especiales de telégrafos con tarifas reducidas.

Es necesario estimular, hasta donde sea posible, la iniciativa privada en ese ramo, y reservar para el Gobierno aquellas comunicaciones que se consideren de interés nacional y que la empresa privada no emprenda.

El programa de comunicaciones debe tender a consolidar la unidad nacional, favoreciendo la emigración interior del país, tomando en cuenta, principalmente, las características geográficas de nuestro Territorio.

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que es base fundamental para la estabilidad hacendaria nacional, establecer y mantener el orden en la coordinación de las actividades productoras de la circulación y del consumo.

Se considera, asimismo, como fundamental, que la administración de los fondos públicos y la dirección de la política financiera tengan como base indispensables la probidad y la eficiencia.

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que en la actual situación del país debe darse especial importancia a las funciones de carácter económico del Estado, para poder llevar a cabo la urgente obra de reconstrucción nacional.

La nación debe ser considerada como un solo organismo económico y por lo tanto los sistemas fiscales de la Federación, de los Estados y de los Municipios deben armonizarse y subordinarse al mismo fin.

Como base de toda política económica se reconoce la interdependencia de las diversas regiones que componen la Nación.

La producción y la circulación de la riqueza dentro del país deben regularse teniendo en cuenta la diversidad de regiones económicas que constituyen la República.

Sin menoscabo de los principios políticos que comprende el sistema federativo, debe procurarse el acuerdo entre el Gobierno Federal, el de los Estados y Municipios, de manera que se evite la superposición de los impuestos, la existencia de múltiples empleados fiscales y los trámites complicados en todo lo que se refiere a la labor de recaudación.

Se procurará orientar esta acción mediante convenciones fiscales, organizadas con representación de todas las autoridades interesadas para el perfeccionamiento de los sistemas y el estudio de las medidas que se adopten.

La política fiscal debe basarse en datos precisos respecto a la economía privada, de modo que las finanzas públicas y las privadas guarden una proporción determinada entre sí.

El sistema tributario, tanto por lo que hace a la materia imponible como a la tasa de los impuestos, debe establecerse por el conocimiento de la realidad económica del país. Un cuerpo técnico, tal como el Consejo Económico Nacional, con facultades consultivas, deberá servir de órgano del Estado para armonizar la riqueza pública con la riqueza privada.

Se tenderá a hacer del impuesto sobre la renta el eje del sistema tributario y se suprimirán paulatinamente el impuesto del Timbre y el impuesto Federal. Se procurará el aumento de los ingresos mediante el fomento de nuevas fuentes de producción y del auge de las ya establecidas.

El presupuesto debe ser considerado como la expresión económica del programa del Gobierno Federal.

El equilibrio presupuestal debe considerarse como uno de los fundamentos principales de la política financiera del Gobierno, y, por lo tanto, debe ser establecido y mantenido con toda firmeza, partiendo de las posibilidades reales de los ingresos para ajustar a ellos los gastos públicos.

Se suprimirán, de acuerdo con la Constitución, las alcabalas y demás medidas fiscales o administrativas que dificulten el intercambio de productos en el interior del país.

La exportación de materias primas o manufacturadas debe facilitarse una vez que el consumo nacional quede satisfecho.

La preparación del presupuesto, conforme al conocimiento preciso del costo de los servicios públicos y demás actividades oficiales para ajustar el importe total de los gastos a las posiblidades contributivas del país y en la proporción indicada por el programa administrativo que se trace el Gobierno, será la base de un equilibrio real que contribuirá al desarrollo normal de las funciones públicas y del cumplimiento exacto de las obligaciones contraídas.

La Administración Pública debe establecerse y funcionar sobre bases modestas, si se considera que México, a pesar de su riqueza potencial, debe mirarse en la actualidad como una nación pobre.

Los gastos de administración, en todos los servicios públicos, deberán reducirse al mínimo, mediante la introducción de sistemas de eficiencia que eliminen, en lo posible, personal, tiempo y gastos de tramitación. Mediante este sistema, podrán destinarse mayores sumas a las inversiones productivas y a la atención de las actividades económicas y culturales del Estado.

Las leyes relativas a responsabilidades de los manejadores de fondos, tanto ordenadores como ejecutores, deben ser revisadas con el propósito de establecer sanciones precisas y procedimientos expeditos que garanticen el honesto manejo de los caudales públicos.

Es de urgencia, para el desarrollo económico de la República, rehabilitar nuestro crédito en el extranjero. La rehabilitación debe apoyarse en un convenio definitivo con los tenedores de obligaciones mexicanas, ajustando a la capacidad económica del país y a la consiguiente capacidad de pago del Gobierno.

En beneficio de nuestros acreedores y de la rehabilitación perseguida deberá buscarse el alza substancial de los valores mexicanos en el mercado internacional, basada en la seguridad en el servicio de amortización y pago de intereses.

Tal seguridad sólo puede tener origen en el perfecto ajuste entre el servicio íntegro de nuestras obligaciones financieras y la capacidad económica de la República, ya que el crédito público tiene como base esencial el impuesto.

En la rehabilitación de nuestro crédito exterior deberá tenerse en cuenta el problema general de la rehabilitación financiera de México, desde los siguientes puntos de vista:

a) Nivelación definitiva del presupuesto.

b) Arreglo de la Deuda Interior, incluyendo las reclamaciones de extranjeros.

c) Reorganización de la compañía de los Ferrocarriles Nacionales.

d) Inversiones productivas anuales para el desarrollo del país, tales como obras de irrigación, caminos. etc.

Debe procederse al inmediato arreglo del total de la Deuda Interior, basada en el principio de la capacidad económica de la República.

Para normalizar los servicios de amortización e intereses de la Deuda Interior y sujetarlos a las posiblidades del Erario, se procurará la consolidación de todas las obligaciones a cargo del Gobierno Federal en una sola deuda de características comunes.

Como política de saneamiento financiero se tenderá a evitar la creación de nuevos adeudos interiores, mediante la ejecución estricta del presupuesto y la sujeción de todos los gastos públicos a las autorizaciones del mismo.

Para afirmar la política agraria de la Revolución, la deuda agraria se regirá estrictamente por la ley respectiva. Cuando las condiciones económicas de la República lo permitan, y con objeto de estabilizar las obligaciones del Estado se fijará en los presupuestos una cantidad anual destinada al pago inmediato de las tierras, calculada sobre el monto medio de las indemnizaciones efectuadas por este concepto en los años de mayor actividad de la Comisión Nacional Agraria.

El crédito privado debe organizarse bajo la forma de instituciones del progreso social.

El sistema bancario debe establecerse alrededor de las instituciones centrales que constituyen el cimiento del crédito social.

La vida de los bancos e instituciones bancarias comunes debe coordinarse con la ley y en la práctica con la tendencia social, representada por el Banco de México y por el Banco Nacional de Crédito Agrícola.

El régimen bancario debe organizarse con la tendencia social de ampliar las fecundas funciones del crédito en provecho del productor. En consecuencia habrá de crearse el mercado nacional de valores y de darse mayor movilidad a la riqueza, representada por la creación de bancos refaccionarios, de cajas de ahorros y de cooperativas de crédito.

Los almacenes generales de Depósito y los graneros con ramificaciones en toda la República, teniendo como accionistas al Gobierno, los ferrocarriles y los bancos, responden al propósito de fomentar y movilizar la producción agrícola e industrial.

Dentro de la política social del crédito, el Banco de Seguros del Estado constituirá la única base práctica para la organización del Seguro Social Obrero. También se consideran vinculadas en la misma política las pensiones de retiro para empleados públicos y su extención a los empleados particulares.

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que la prosperidad de México debe ser una resultante de la prosperidad de todas y cada una de las unidades de su organización política, es decir, de sus municipios.

Que la prosperidad y el florecimiento del Municipio Libre no se logrará mientras no se cree la eficiencia económica municipal, es decir, que el resultado de la tributación en los municipios sea bastante a cubrir sus gastos públicos y para establecer los servicios municipales que la vida moderna exige.

A través del tiempo y por razones históricas se ha venido produciendo una centralización en el orden económico que se ha traducido en un verdadero empobrecimiento de la hacienda municipal y en una concentración de los fondos públicos.

En las condiciones actuales que en esta materia prevalecen será muy escaso el número de municipios que puedan, por sus propios recursos, realizar las obras de saneamiento que les son urgentes: de aprovisionamiento de aguas, de pavimentación, de carreteras, etc., etc., así como el establecimiento y sostén de planteles de educación, y seguramente que estarían en condiciones de hacerlo si el régimen rentístico no les absorbiera la mayor parte de sus elementos, al grado de dejarles únicamente los que les son absolutamente indispensables para mantener sus servicios más elementales.

En esta virtud, el Partido Nacional Revolucionario luchará porque en forma segura, aunque lenta, se vaya reformando la organización hacendaria actual, propendiendo a fortalecer la hacienda municipal, hasta lograr establecer las verdaderas bases de la vida económica del Municipio Libre, y, por ende, de su progreso material y cultural.

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Documental del Partido de la Revolución. Tomo I. Partido Revolucionario Institucional / ICAP. México, 1981, páginas 56 a 70.