Junio 23 de 1927

Plataforma de Acción Política del Partido Nacional Antirreeleccionista.

I

BASES POLÍTICAS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN NACIONAL

1.-Efectividad en el ejercicio de la soberanía popular, modificando básicamente los estatutos políticos y los procedimientos electorales vigentes, que constituyen un verdadero obstáculo para la emisión del sufragio, previniendo en cada caso la infracción de las leyes de la materia por parte de los funcionarios y empleados de nombramiento del Ejecutivo Federal. Acción enérgica e inmediata represión.

2.-Implantación del voto proporcional como reforma inmediata para lograr la representación de mayorías y minorías, o sea de todos los matices de la opinión pública en los organismos municipales y parlamentarios, asegurando así a los diversos partidos políticos y sociales un número de representantes, variable, según la importancia de cada partido.

3.-La reforma anterior subsistirá entretanto se organizan los grupos sociales conforme a sus diferentes funciones o actividades, como base y preparación indispensable de la verdadera soberanía popular, falseada dentro del absurdo método político distrital y cuantitativo. El Partido Nacional Antirreeleccionista estima que es una suprema aspiración colectiva tender a la organización de partidos sociales y económicos para poder lograr que los ayuntamientos y asambleas legislativas lleguen a integrarse de acuerdo con el sistema de la democracia funcional.

4.-Restablecer el principio revolucionario de la No-Reelección de conformidad con el espíritu del artículo 83 de la Constitución, en el sentido de que el ciudadano que haya sido una vez presidente constitucional, no puede ser designado en los casos de ese mismo artículo. Hacer que el principio de No-Reelección rija para todo funcionario de elección popular.

5.-Entretanto que el Congreso de la Unión estudia y expide las Reformas Constitucionales tendientes a mejorar nuestro sistema actual de Gobierno, en forma que resulte más democrática y más de acuerdo con las modernas orientaciones económicas, sociales y políticas, el Ejecutivo escuchará la voz del Parlamento, como la representación genuina de la opinión pública, no sólo en aquello que se relacione con la manera general de la política y la administración.

6.-Respecto absoluto a la Soberanía interior de las Entidades Federativas, mediante la abstención del Ejecutivo Federal en las luchas electorales y cuestiones políticas locales de los Estados.

7.-Mantenimiento del Orden Público sobre la base del estricto respeto a las garantías individuales y fundamentalmente del respeto a la vida humana. El empleo de la fuerza pública para mantenerlo es prerrogativa exclusiva del Estado, pero con sujeción a la Ley.

8.-El Partido Nacional Antirreeleccionista reconoce como principio fundamental la libertad de la conciencia humana y declara que el Estado debe respetar en forma absoluta esa libertad. Las religiones contienen principios básicos de moral saludables a los organismos sociales.

Al Estado corresponde la reglamentación en la práctica de los cultos, manteniendo el ejercicio de cualquier sacerdocio independiente del mismo Estado y garantizando las libertades cívicas del ciudadano; teniendo como límite el respeto que debe merecerle la condición religiosa de la mayoría de los mexicanos como elemento fundamental de nuestra nacionalidad; todo esto dentro de la ley.

II

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PAÍS

1.- Inmediata y enérgica acción moralizadora en la Administración Pública, mediante la aplicación inflexible de la Ley de Responsabilidades a los funcionarios y empleados que falten al cumplimiento de sus deberes.

2.-Efectividad de la institución del Municipio Libre como base de la organización política y administrativa de la República, reformando el artículo 115 de la Constitución y expidiendo la ley orgánica relativa para obtener por medio de ellas su emancipación política y económica. Prohibición absoluta a los Ayuntamientos de intervenir en toda clase de elecciones populares. Intervención directa de la justicia en los manejos municipales. Supresión del Gobierno Del Distrito.

3.- Prohibición constitucional absoluta de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, devolviendo al Parlamento su más alta y vital función: la votación del presupuesto.

4.- Supresión de la fracción XVI del artículo 89 constitucional, que actualmente dice: Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer provisionalmente los nombramientos de que hablan las fracciones III y IV, a reserva de someterlos a la aprobación de dicha Cámara cuando esté reunida".

III

POSTULADOS ECONÓMICOS

A.-Programa Hacendario y de Crédito Público.-Sistema Fiscal

El primer lineamiento de la política hacendaria antirreeleccionista será no favorecer al grupo dominante en la política con privilegios de crédito, de exenciones de impuestos, de concesiones en materia de transportes o de industrias privadas, etc.: consiguiendo esta línea de conducta por medio de una sujeción estricta a la ley constitucional y a las leyes orgánicas que indican la manera de hacer los presupuestos, de aplicar los aranceles, de manejar el crédito público y de administrar el Tesoro Nacional.

Respecto de la factura de los presupuestos, que ha sido la base en que se han apoyado todos los gobiernos, para favorecer determinados intereses, deben observarse estrictamente las facultades de la división de Poderes Constitucionales, de tal manera que el Poder Legislativo, al que está encomendada la formulación de los presupuestos, no vea menoscabadas sus atribuciones por la concesión de facultades extraordinarias, que en realidad sirven sino para favorecer determinados ramos de actividad con prejuicio de otros.

Es de la competencia del Ramo de Hacienda, la formulación de presupuestos previos que orienten la labor legislativa y que deben ser remitidos a la Cámara en la primera quincena de septiembre. Todo esfuerzo debe ser hecho para que el Poder Ejecutivo y Legislativo marchen en un perfecto acuerdo para la formación de los presupuestos, pero corresponde al Legislativo la última palabra en la materia y todo programa hacendario debe ofrecer, simplemente, el que contribuirá a ilustrar al Poder Legislativo, en todo lo necesario, para que los presupuestos sean constantemente nivelados, para que no se decreten inversiones perjudiciales a la producción y reparto de la riqueza pública, para que no dejen de considerarse en los presupuestos las deudas legítimas que la nación tenga contraídas, primero con sus servidores y después con los prestamistas extranjeros; y para que la puntual expedición de los mismos presupuestos, no permita que el Ejecutivo, en uso de facultades extraordinarias, absorba indebidamente actividades que no le corresponden.

En la materia de aranceles, un programa hacendario serio, tiene que optar, hasta cierto punto, por una definición de conducta entre el libre cambio y el proteccionismo. Para ésta no hay que creer en la eficacia absoluta de un sistema sobre el otro; por el contrario, ambos deben ser aplicados en el tiempo y momento en que estén indicadas sus influencias características. El proteccionismo tiene por objeto principal fomentar la industria y el desarrollo de actividades de elaboración y transformación del las materias primas. El libre cambio no presta ayuda limitada a la industria, no sostiene industrias exóticas, sino que procura, más bien, el desarrollo de las explotaciones de materias primas, bien sean agrícolas, ganaderas, mineras, etc.— La protección a las industrias del acero, encareciendo los instrumentos de labranza y las maquinarias agrícolas o mineras son medidas notoriamente perjudiciales al desarrollo de la agricultura, y la minería, y si éstas son las bases esenciales de un acrecentamiento de la riqueza nacional, toda medida que tienda a deprimir la producción de materiales primas debe considerarse como contraria a los más altos intereses nacionales.— Las pocas industrias que se han desarrollado en el país, mediante protecciones exageradas, no han logrado en muchos años poner sus productos a la altura de precio de los productos extranjeros. El público está pagando altos precios por artículos de consumo, ya necesarios o de lujo, que podrían adquirirse a precios extraordinariamente menores, por la modificación de los aranceles proteccionistas. Por otro lado, la agricultura y la minería, mediante un procedimiento libre-cambista, más o menos radical, podría tener un considerable auge, que no solamente aumentaría la riqueza nacional sino que permitiría nivelar nuestras balanzas internacionales y producir saldos muy favorables a favor de nuestra país.

Debe tenerse en consideración, sin embargo, que todo cambio de política aduanera debe hacerse muy lenta y meditadamente. La brusca alteración de los sistemas en vigor, traería no sólo una disminución muy considerable de las rentas públicas, sino un gran trastorno en la economía y en la producción nacionales. Un programa hacendario, cuya base es el quebrantamiento de toda plutocracia, debe poner en planta las medidas arancelarias que sean precisas, para ayudar al fomento de la explotación de las riquezas nacionales, del suelo y del subsuelo, y para abaratar el valor comercial de los productos industriales de más necesario consumo, especialmente los usados por las clases menesterosas del país.

En materia de impuestos, debe perseguirse la implantación lenta, pero firme, de los impuestos directos; son éstos los únicos que gravan directamente el capital, la renta y la riqueza en general, sin ir a recaer sobre las clases consumidoras, tal como pasa con los impuestos indirectos, por el conocido fenómeno de la incidencia. El sistema impositivo del país, reclama además una reorganización, delimitando las facultades impositivas de Estados, de los Municipios y de la Federación, de tal manera que un mismo producto no reporte numerosos gravámenes provenientes de fuentes Diversas.— Cada entidad gubernativa debe tener clara y perfectamente delimitadas sus facultades impositivas y no invadir las ajenas por ningún motivo.— Por último, una revisión de impuestos onerosos para la administración, se hace necesaria-impuestos hay que, por su complicación, prolijidad y mezquindad, cuesta más el recabarlos que lo positivamente producen, sin que esto sea además un obstáculo para que dificulten el comercio extraordinariamente. Tales son los impuestos sobre consumos directos de primera mano y muchos otros cuya revisión es necesaria. — El lema esencial del Partido antirreeleccionista, respecto de los impuestos, será considerarlos, no solamente como fuente de ingresos de tesorería, sino antes que todo, como instrumentos de transformación social, debiendo ser usados para procurar la democratización de la riqueza.

El crédito público no requiere un programa concreto. El crédito público, como fenómeno, es una resultante de un estado de paz, de administración honrada y eficiente de riqueza pública. No hay recetas para crear el crédito público aisladamente. El crédito público es a un gobierno lo que el crédito privado es a un individuo, todo depende de su honradez y de su riqueza. — No obstante lo dicho, puede definirse un programa en lo relativo a deudas ya contraídas o por contraer. Respecto de las ya contraídas, debe observarse su estricto cumplimiento y el de los tratados que las significan, hasta donde los recursos de la hacienda nacional lo permitan, sin menoscabo de la estabilidad del Gobierno Nacional. Respecto de la adquisición de nuevas deudas, parece inútil esbozar ningún programa, pues no sería cuerdo contraerlas, a menos que sirvieran para reemplazar a las existentes con beneficio para la Nación, o para emplearlas en el fomento de los recursos generales.

El crédito bancario debe solamente recibir el fomento, la protección y la vigilancia del Gobierno; pero no debe ligarse con el crédito del propio Gobierno, porque lejos de ser así un recurso en casos de necesidad, se convierte sólo en sombra del crédito público, lo cual es altamente perjudicial a la economía nacional, cuando el crédito público pasa por crisis más o menos agudas o por períodos de más o menos clara bancarrota— La fundación de bancos, en que el Gobierno tenga un control económico o capitalista a la vez que el administrativo, no es de recomendarse para países en formación, donde los gobiernos están expuestos a cambios constantes; además, la experiencia prueba que todo banco del Gobierno se convierte, más o menos, en un instrumento de tesorería y lo que es peor aún, en un instrumento por medio del cual, pueden concederse privilegios, créditos y riquezas a los favoritos de la administración, con perjuicio de los intereses públicos y de los verdaderos objetivos del crédito bancario. Un partido democrático y antirreeleccionista, tiene la obligación de ofrecerunprograma de fomento del crédito bancario privado, no sólo procurando la creación de bancos populares numerosos, sino más aun, poniendo todos los medios para que el crédito se extienda a las responsabilidades personales e individuales y puedan gozar de él todos aquellos que por su honradez, por su trabajo o por su pequeño patrimonio, puedan merecerlo.— Mientras el crédito no se popularice en México, no se habrá cambiado, en lo absoluto, de los sistemas bancarios de la Dictadura. —Todas las anteriores consideraciones no atacan el privilegio de emisión de billetes que debe corresponder a un solo banco, como instrumento circulador de las emisiones que el Estado solamente toca hacer, como único poseedor de la soberanía nacional que tiene la facultad de crear la moneda. Pero ese banco debe concretarse en todo, por todo y sobre todo, a procurar la circulación y crédito de los billetes nacionales, dejando a otros bancos las especulaciones meramente bancarias y el usufructo del crédito propiamente bancario.

B. — LA CUESTIÓN DE LA TIERRA:

Este problema abarca:

1°-La situación social y económica del campesino.

2º— La educación agrícola;

3º— Los sistemas de cultivo;

4º— La producción agrícola;

5º— Las vías de comunicación;

6º— La irrigación;

7º— El crédito agrícola;

8º— La colonización.

9°— La repartición de tierras; pero no en forma atentatoria y violenta, sino con estricta sujeción a la ley.

Para llegar a su solución, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

a. — Establecer las bases científicas para la división natural de los latifundios.

b. — No son únicamente los habitantes de los pueblos quienes necesitan mejorar su situación económica, sino todos los campesinos que en su inmensa mayoría viven en las haciendas y rancherías.

c. — Tenemos mucha tierra y pocas corrientes de agua; luego el problema principal consiste en aprovechar todas esas aguas, que hoy se pierden, se puede decir, casi totalmente.

ch. — Aprovechando esas aguas, se puede asegurar que, con las tierras que se irriguen no sólo bastarán para el sustento de todos los mexicanos, sino que nos convertiremos de importadores en exportadores de granos.

d. — Dividiendo todas las tierras irrigadas en pequeñas parcelas, bastarán para dotar a todos los mexicanos que quieran trabajar independientemente en la agricultura y para formar colonias de extranjeros laboriosos de cultivo enseñen a nuestros nacionales la explotación científica de la tierra.

e. — Las obras de irrigación, colonización y caminos vecinales deben ser emprendidas por los Estados, porque:

A. — Al mejoramiento tiene derecho todos los habitantes de la República y debe procurárseles, de preferencia, y cuando eso sea posible, en las mismas comarcas que les sirvieron de cuna.

B. — Las obras emprendidas por los Estados resultarán mucho más económicas, ya que los gobiernos locales en íntimo contacto con terratenientes y campesinos, conseguirán de todos ellos, directamente interesados, mejor cooperación.

C. — Estamos constituidos en Federación de Estados Libres y Soberanos, y no vemos la razón de por qué se impida a los Estados el ejercicio de la parte más útil de su soberanía, la que procure el desarrollo de su agricultura que constituye la principal de sus riquezas.

D. —La federación construiría las obras de mayor importancia en beneficio de algunos Estados y en perjuicio evidente de los otros que verían empleadas sus contribuciones y sus brazos en el desarrollo de la riqueza de los primeros.

E. —Está bien que la Federación emprenda obras de utilidad general para la Nación, como puertos, defensas, carreteras que crucen todo el territorio, de ornato, etc.; pero las de irrigación, colonización y caminos vecinales, deben ser emprendidas por los mismos Estados interesados. —Todos los actos de un Gobierno tienden teóricamente al beneficio de las mayorías y el ideal consiste en que se procure el bien de todos los gobernadores. Si se construyen obras materiales de ornato, se pretende que señalen el grado de adelanto artístico de una generación y que sirvan a la misma da educación y placer; si se construyen las obras de puertos, defensas y carreteras, es igualmente para procurar que a todos sirva; si se establecen escuelas y colegios, es para dar acceso a todos los hijos de la nación. Sin embargo, en la práctica vemos que no todos pudieron contemplar las obras de arte, no a todos aprovechan los puertos, no todos transitan por las carreteras, no a todos sirven las defensas, ni todos pueden ir a las escuelas y colegios, pero se pude asegurar que las obras de irrigación, colonización y caminos vecinales, son las únicas que positivamente, si son emprendidas por los Estados, beneficiarían a todos los mexicanos en primer lugar, y en segundo, con esas obras se hará labor de humanidad, ya que también serán altamente beneficiadas las multitudes de extranjeros que indudablemente vendrán a colaborar con nosotros en el engrandecimiento de México. La Revolución debe ya cumplir su promesa, poniendo la pequeña propiedad de la tierra al alcance de todos los hombres de buena voluntad. Por todo esto, el Gobierno emanado del triunfo del Partido Nacional Antirreeleccionista, legislará en materia agraria sobre las bases siguientes:

Primera. —Capacitar a los Estados financieramente para que, por medio de empréstitos con la garantía de la Federación, puedan emprender simultáneamente sus obras de irrigación, colonización y caminos vecinales.

Segunda. —Declarar de utilidad pública esas obras y que, por lo tanto, procede la expropiación consiguiente, por parte del Estado, de concesiones y derechos sobre aguas y terrenos afectados por esas obras, mediante indemnización.

Tercera. —Fundar con los terrenos irrigados y en general con los que se destinen a la colonización, la pequeña propiedad amparada por las Leyes del Patrimonio Familiar.

Cuarta.—Crear una Comisión Nacional con representantes de todos los Estados y presidida por el Ejecutivo Federal, representado por el Secretario de Agricultura, encargada de coordinar en tan magna empresa, la cooperación de los estados con la Federación.

Quinta. —Establecer un término improrrogable para que los gobernadores de los Estados revisen los expedientes de cuestiones agrarias, resueltos favorablemente al pueblo; en el concepto de que después de ese término, se tendrán por ejecutoriadas las resoluciones de las Juntas locales.

C. —CAPITAL Y TRABAJO

El partido Nacional Antirreeleccionista al hacerse Gobierno, cumplirá el postulado 111 de su programa político, fomentando con más amplia comprensión del problema, capital y trabajo, cuanto redunde en beneficio y mejoramiento del proletariado del país, tanto del campo como de la ciudad, y al efecto no sólo conservará intactas las conquistas revolucionarias que consagran los artículos 4°, 27 y 123 de la Constitución, sino que promoverá la expedición rápida y urgente de la ley reglamentaria del último de ]os artículos citados, y las demás que hagan seguras y efectivas las garantías del trabajador, en consonancia con los derechos que la carta fundamental del país consigna para los patronos.

El Partido considera peligroso el implantamiento de un sistema social determinado, que heriría intereses legítimos y por eso no preconiza en sus normas de gobierno ni un Estado capitalista que ahogaría las justas aspiraciones de redención de la masa trabajadora, ni un estado obrerista que destruiría nuestro inicial desarrollo industrial, haciendo huir al capital necesario para su desenvolvimiento. Será, pues, su acción gubernativa en este respecto, de perfecto equilibrio entre ambos factores.

El Partido cuidará de que en la reglamentación del artículo 123 queden consignadas de modo expreso y terminante, las garantías y protección para las mujeres y los niños que trabajan; la efectividad del seguro obrero; la consagración del patrimonio de familia para obreros y empleados, del mismo modo que h sido creado por la ley en favor de los campesinos, y la garantía, mediante sanciones efectivas, para que en los empleados federales de la Nación sean respetados los derechos que les otorga el artículo mencionado, muy especialmente en lo que se refiere al derecho de huelga y al de no ser separados sin causa justificada.

El Partido abogará por el mejoramiento intelectual de los campesinos y de los obreros, creando el mayor número de establecimientos educativos para los mismos, a fin de integrarlos a la colectividad como individuos conscientes de sus derechos y obligaciones, y de evitar que el obrero sea explotado por el liderismo, que es tanto o más peligroso que el capitalismo. Cuidará especialmente de que se establezcan escuelas industriales, a donde concurrirán los hijos de los obreros y aun estos mismos, para su mejor preparación en la lucha por la vida.

Promoverá y apoyará, moral y materialmente, la emancipación del obrero y la conquista de su bienestar económico y al efecto serán puestas en práctica por el Ejecutivo las disposiciones necesarias, a fin de que se formen cooperativas de producción en las pequeñas industrias y agricultura, dando los medios económicos tanto a los obreros como a los campesinos para no caer en manos de prestamistas acaparadores, que les compren por anticipado y a vil precio de productos de su esfuerzo. También se fomentará la creación y desarrollo de las cooperativas de consumo, haciendo que las empresas presten todas las facilidades para su establecimiento. Como complemento para la realización de esta parte del programa, se creará el Banco Refaccionario que haga préstamos a los obreros y campesinos, que constituyan conforme a la ley respectiva las cooperativas de producción, de consumo y de construcción.

Para conseguir que la organización sindicalista, en que se basa la defensa de los diversos gremios del trabajo, se desenvuelva tan ampliamente como sea posible, dará el Partido Nacional Antirreeleccionista, en funciones de Gobierno, plenas garantías a todos los grupos organizados de acuerdo con la leyes; incorporará a la legislación actual, para que sean resueltos sus conflictos, a los gremios denominados de Transportes y Comunicaciones, Trabajadores de Mar y Tierra y Organizaciones de pescadores, procurando que representantes de estas agrupaciones formen parte de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje.

El partido promoverá la formación de Juntas gremiales que conozcan y fallen, con absoluta justicia, en los conflictos que se susciten entre el capital y el trabajo, para que los trabajadores resuelvan dichos conflictos de acuerdo con el gremio a que pertenezcan, y se evite que otros trabajadores que desconocen los orígenes de una dificultad, por ser extraños a la organización obrera que la tenga, fallen sin conocimiento de causa.

Promoverá la creación de una Junta Federal que conozca en última instancia y sin ulterior recurso, de los fallos que pronuncien las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

El Partido Nacional Antirreeleccionista promoverá, para el desarrollo integral de este programa, la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El Partido Nacional Antirreeleccionista respetará el derecho de huelga con el espíritu que animó a la Constitución de 1917.

CH. —EMPLEADOS PÚBLICOS Y PARTICULARES.

Entretanto el Poder Público organiza en debida forma el servicio civil, el Ejecutivo observará las siguientes bases de conducta: reducción del personal de las oficinas públicas al estrictamente indispensable para el desempeño de las labores; aumento de sueldos de manera proporcional y equitativa, de acuerdo con las condiciones económicas actuales; creación de riguroso escalafón para ascensos; reglamentación de un sistema al sueldo del empleado y al tiempo de servicios prestados: pensión a inválidos por enfermedades o accidentes del trabajo, en proporción a la incapacidad para el desempeño de labores; determinación exacta de los motivos de ceses, suspensión o multa por faltas en el trabajo; comprobación de la idoneidad necesaria para el desempeño de los puestos públicos; preferencia en igualdad de condiciones, de los nacionales sobre los extranjeros, en todos los puestos de la Administración; respecto a los derechos políticos del empleado, evitando que al ejercitados se haga uso de la influencia oficial, de los elementos propios de las oficinas o del local de las mismas.

El Partido Nacional Antirreeleccionista juzga que el empleado público debe dejar de ser el paria del contrato del trabajo, pues a pesar de que pertenece a la gran familia de los asalariados, para él no cuenta, lógicamente, el movimiento socialista, ni se ha escrito el justiciero y salvador artículo 123 constitucional. A él no lo protegen la jornada máxima, derechos de huelga, salario mínimo, seguro obrero, indemnización por enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, reconocimiento y personalidad de los sindicatos, Tribunales de Conciliación y Arbitraje, contrato colectivo, régimen especial a favor de las mujeres y menores, participación en las utilidades, etc., etc. En consecuencia, urge crear el Servicio Civil, procurando que la acción social en defensa del proletariado no sea totalmente ajena a los empleados públicos.

El Partido Nacional Antirreeleccionista legislará también, cuando llegue al poder, haciendo extensivo a los empleados particulares los postulados de seguridad y garantía establecidos en los párrafos anteriores para el empleado público, con los beneficios conquistados por la revolución, para todos los trabajadores.

D. —REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL.

Expedición de una ley federal inmediata que establezca qué profesiones necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que deban expedirlo, fijando con precisión los requisitos de estudio y aprobación de cursos de la carrera profesional y estableciendo una taxativa absoluta a los Estados en la expedición abusiva de títulos por dispensas, favoritismo u otra causa cualquiera.

Revisión y anulación de títulos expedidos sin sujeción a los cánones científico-didácticos de los cursos y leyes escolares y que no llenen los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

IV

ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA

1.—El Partido Nacional Antirreeleccionista proclama: la más absoluta independencia del Poder Judicial; la radical abstención del Poder Ejecutivo en la aplicación de penas, propiamente tales, y muy principalmente la de la odiosa "ley fuga", deportación y destierro, el estricto respeto de las garantías individuales y la enérgica represión de los atentados de los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, brindando así el más cumplido y sagrado respeto a la Ley Suprema de la República.

2.—Por cuanto al problema de la Justicia en el orden civil, el Partido Nacional Antirreeleccionista propugnará una revisión total de la Legislatura Civil y Penal, adaptándola a la urgente necesidad de que la justicia sea expedita, para desterrar del país las prácticas inmorales y viciosas que emplean los litigantes de mala fe para demorar indefinidamente los juicios. Inspirado en ese mismo sano propósito, restringiendo el uso en materia civil; dictará la anhelada ley de responsabilidad de Funcionarios Judiciales, estableciendo el procedimiento democrático del jurado y la ilimitada intervención del público en visitas de Tribunales y juzgados, para, por ese medio, obtener la deseada depuración de los funcionarios. Moralización del personal secundario de la administración de justicia exigiendo responsabilidades efectivas; establecimiento de la acción popular para la represión de abusos por parte de los empleados de los Tribunales.

3.-Abolición de la pena de muerte, para cualquier delito, fuera del caso de traición a la patria.

4.-Reforma del artículo 21 constitucional, en lo relativo a las funciones legales del Ministerio Público, rectificando la interpretación que ha dado a esta a esta institución funciones judiciales que invaden la atribución del juzgador

5.-Efectividad de la suspensión definitiva en los amparos penales, de modo que el reo quede en libertad desde el momento trismo de concederse aquélla, bajo protesta de estar sujeto a la jurisdicción del juez, y bajo caución o fianza durante el término de la provisional.

6.-Facultar al poder judicial federal para disponer de la fuerza pública de su jurisdicción, directamente, en casos de desobediencia a sus mandatos.

7.-Restitución del artículo 780 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

V

EDUCACIÓN

La educación popular es la base de la felicidad y de la grandeza de todo país. El Estado no sólo tiene el deber de instruir, sino también el de educar.

La educación ética, a base del mejor desarrollo del sentimiento y del carácter, constituye la esencia de todo programa de enseñanza, los cuales, por otra parte, deberán responder a las orientaciones del movimiento social contemporáneo.

La educación elemental estará en todo sujeta a las normas impuestas por el Estado, pero éste no podrá impedir la enseñanza de los particulares sobre materias que no estén en contradicción fundamental con tales normas.

CONSECUENTEMENTE, el Partido Nacional Antirreeleccionista adoptará un tipo más estricto de educación primaria, mediante escuelas normales modelos en los grandes centros indígenas y de obreros y campesinos, creando especialmente al maestro que constituirá el eje del desarrollo de las escuelas rurales.

Ampliará la enseñanza técnica agrícola e industrial, con programas arreglados a la producción regional y al desarrollo de la riqueza pública. Fomentará escuelas y vocacionales para uno y otro sexo.

La educación física se generalizará en todo el país, para lograr el desarrollo integral del individuo.

Para evitar el parasitismo burocrático y social, limitará el desarrollo del profesinismo sostenido por el Estado. Estimulará el establecimiento de universidades libres y dará autonomía a la Universidad Nacional, asegurando su subsistencia.

Dignificará al maestro haciéndolo respetable, mediante leyes proteccionistas de inamovilidad, seguros y pensiones. Eliminación de la política en el escalafón del magisterio.

Creación del Consejo Técnico de Educación Nacional Primaria, que se integrará con maestros primarios y tendrá a su cargo legislador en todo lo relativo a la materia.

VI

ORGANIZACIÓN MILITAR

1.-Creación del Estado Mayor del Ejército, y de las Inspecciones Técnicas y Administrativas.

2.-Introducción del sistema de reclutamiento, que se adapte como es debido al medio ambiente y responda a las condiciones político-sociales del país, sin caer en el extremo del servicio militar obligatorio.

3.-Establecimiento de los servicios de Intendencia y Administración en todos los Cuerpos del Ejército, empezando desde luego por la implantación inmediata de estos servicios en los planteles que lo permita, tales como el Colegio Militar.

4.-Dictar las medidas necesarias, mientras se introducen los servicios indicados, tendientes a suprimir el actual sistema vicioso de la Administración de forrajes y gastos de la Administración de forrajes y gastos en las diferentes corporaciones o instituciones del Ejército.

5.-Reglamentación en la adquisición del material de guerra para impedir la compra arbitraria del mismo, haciendo que el que se adquiera, en la cantidad que el Ejecutivo determine en cada caso, sea precisamente el que la comisión correspondiente del Ramo de Guerra determine como más conveniente, previo estudio y vulgarización del mismo para dar lugar a la libre discusión entre los miembros del Ejército, cuya opinión debe ser atendida.

6.-Resolución inmediata del problema de la alimentación del soldado con la introducción del rancho para todas las armas, ya sea con la inauguración de los servicios de Intercedía y Administración en todas las dependencias del Ejército, o bien solucionando el asunto temporalmente por medio de un bien estudiado sistema de cooperativas de consumo establecidas aisladamente en cada corporación con el auxilio de las unidades inmediatas y superiores a su vez del Centro.

7.-Determinación por Ley de un tiempo máximo para que un miembro del Ejército pueda estar separado, sin interrupción, del servicio activa cualquiera que sea la causa (política, a cargo de elección popular, misión diplomática, comisión del Ejecutivo, etc.), pasado el cual, se debe reingresar al Ejército o causar baja en él, pero no pudiendo los interesados obtener ningún ascenso durante el tiempo en que dure la susodicha separación del Ejército

8. —Reglamentación que establezca que todo miembro del Ejército en servicio activo, hasta el grado de coronel, sin excepción y sin distinción alguna verifique servicio en filas por lo menos seis meses consecutivos cada dos años durante su carrera.

9. —Democratización del Ejército, suprimiendo de raíz todos los trámite despóticos e innecesarios que por rutina subsisten aun, procurando un mayor acercamiento directo entre la masa de jefes y oficiales subalternos con la superioridad.

10.—Concesión de amplias garantías a los subalternos para desarrollar su acción, restituyéndoles el real y electivo ejercicio de las atribuciones que a cada jerarquía militar corresponde conforme a las leyes y reglamentos en vigor, con amplia libertad para reclamarlas cuando sea necesario y aun alentarles a ello.

11. —Establecer que en lo sucesivo ningún individuo que no tenga antecedentes militares y hechos de armas y que figure como asimilado, ingrese al Ejército con grado efectivo por acuerdo especial. Imposibilitar en el futuro a los individuos que aun con los antecedentes de que se hace mención ingresen de golpe con grados superiores al de capitán primero.

12.-Retiro forzoso, sin distinción de categorías (desde el divisionario abajo), de todos aquellos miembros del Ejército que hayan sobrepasado las edades correspondientes que determina la Ley.

13.-Invitación cordial a todos aquellos generales y jefes cuya formación ha sido como la de la mayor parte de los de procedencia revolucionaria, fruto de la improvisación del momento y que se han dedicado notoriamente por un buen número de años a actividades extrañas a las del servicio activo militar, para que espontáneamente pidan su baja del Ejército, dejando el campo libre a aquellas que en iguales circunstancias, han continuado dedicando su vida al servicio militar.

[23 de junio de 1927]