A la Nación:

Los que suscribimos, sacerdotes católicos, apostólicos romanos, de nacionalidad mexicana, teniendo en consideración:

1. Que se ha hecho correr la especie de que los sacerdotes católicos mexicanos estamos conformes con la expulsión ignominiosa que acaban de sufrir los sacerdotes católicos extranjeros.

2. Que en ciertas dependencias del gobierno se ha asegurado que varios o muchos sacerdotes católicos mexicanos han pedido la referida expulsión.

3. Que es obligación estricta del poder público auscultar el sentir del pueblo, a fin de que las leyes produzcan en el pueblo, el verdadero bien común que se debe procurar y que, para conocer ese sentir popular, existe una institución en los pueblos civilizados, denominada referéndum, y en virtud de la cual se consulta al pueblo para que éste determine si aprueba o rechaza una ley trascendental para la patria.

4. Que es inconcluso también que la aplicación de los artículos de la Constitución de Querétaro, estableciendo un sistema de excepción contra la Iglesia católica, contra sus ministros y contra los católicos, están causando una hondísima perturbación en el país.

5. Que, aunque la Constitución nos niegue el derecho de la ciudadanía, jamás podrá arrancársenos nuestro carácter de mexicanos, ni mucho menos el entrañable amor a nuestra patria y que, al menos por esos dos conceptos, no podemos, no debemos guardar silencio ante la suerte que corra México, si el furor persecutorio sigue adelante.

Declaramos:

1. Que estamos con toda el alma con nuestros hermanos los sacerdotes católicos extranjeros, hacemos nuestras sus penas, las deploramos con el más profundo sentimiento y hacemos saber que su colaboración en el santo ministerio sacerdotal nos es absolutamente necesaria, por la manifiesta escasez del clero católico nacional y las innumerables necesidades espirituales del pueblo cristiano.

2. Que pedimos, exigimos que se den a conocer al público los nombres de los traidores (cuya existencia muchos dudamos), para que la opinión pública que rechaza la persecución los coloque en el lugar que les corresponde.

3. Que sujeten a un referéndum enteramente libre las leyes de excepción expedidas contra la conciencia, contra la Iglesia y sus ministros y contra los principios fundamentales del derecho natural.

4. Que por consideración al bien público, suprema meta de las instituciones sociales, se suspenda inmediatamente la actual aplicación de esas leyes, hasta que el pueblo, libremente, diga en una república democrática su última palabra, rechazando aquellas disposiciones que lastiman hondamente el espíritu nacional.

En esta delegación se están recogiendo firmas de sacerdotes católicos. A la fecha existen ya 283 de los que residen en el Distrito Federal. Los originales están en poder de la liga.