|
|
1924 Manifiesto a la nación. Apoyo al movimiento de la Huertista |
|
A LA NACION: La terminación del presente período constitucional, ha traído nuevamente a la vida nacional el grave problema de la sucesión presidencial, que renueva todas las aspiraciones revolucionarias insatisfechas, desde el respeto al sufragio popular, hasta las reformas más hondas que no han logrado aún instituirse definitivamente. La revolución que estalló en Diciembre del año anterior, no es sino una de las manifestaciones periódicas que reclaman el respeto a los postulados revolucionarios, y lejos de haber terminado, como quieren suponerlo los hombres del poder y sus partidarios, continúa poderosa en la conciencia nacional y activa en los campos de la lucha, porque los actos diarios de la administración actual, no hacen sino comprobar las razones que dieron nacimiento a la nueva etapa revolucionaria contra una imposición electoral y una política antinacionalista. Para el sostenimiento de los principios de la Revolución nada significa la desaparición de los hombres que han ofrendado su vida al mejoramiento de la patria -que la tierra abrevada con sangre es fértil en libertades públicas-, las apostasías de algunos, las claudicaciones de otros, porque nuestra causa está vinculada con las ideas, no con las personas, y porque las necesidades mismas de la Nación acabarán por purgar de todo personalismo esta larga lucha, para encauzarla definitivamente por el sendero de los principios. Un nuevo esfuerzo en este sentido hacemos aquí los revolucionarios, procurando la rectificación sincera de errores e invitando a todos los mexicanos a seguir este camino. Tan angustiosa ha llegado a ser la situación económica e internacional de México, que sólo una labor de armonía y equilibrio, de abnegación y sacrificio, posponiendo absolutamente el interés personal y de partido a los grandes intereses nacionales, podrán salvar al país de la anarquía, la miseria y la pérdida inherente de su soberanía. Los postulados revolucionarios hasta el presente no han podido instituirse sino muy parcialmente, porque grupos de políticos poco preparados o poco escrupulosos han torcido su interpretación y convertido esos mismos postulados en sólo pretextos para obtener y disfrutar el Poder Público. Los tres principios cardinales que la Revolución ha consignado en sus leyes y sostenido con raudales de sangre: el respeto absoluto al voto popular como manifestación esencial de la soberanía del pueblo; la transformación de la propiedad a fin de hacer de cada mexicano un propietario y destruir el cacicazgo; y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores para terminar con la esclavitud económica de clases. Sin el respeto a cualquiera de estos tres postulados, México no será nunca un país libre, progresista y civilizado, porque no podrá desarrollar su educación y su vida espiritual sin sólidos cimientos de organización social y económica. LA IGUALDAD CIVIL Y LA PROPIEDAD El principio de igualdad civil consagrado por todas las leyes desde la abolición de la esclavitud, es el alma que late en todos los postulados de la Revolución y este principio base de toda justicia social, ha dejado de existir práctica y legalmente en México bajo la dictadura actual, que a cambio de armas y parque solicitados y recibidos directamente del Gobierno Americano para sofocarlas corrientes de opinión pública y violar los principios revolucionarios con una nueva imposición electoral, otorgó a los extranjeros, exclusivamente, la inviolabilidad de sus propiedades, el pago inmediato y en efectivo del valor de las expropiaciones que sufran, la no retroactividad de las leyes y la prerrogativa de ser juzgado por tribunales especiales construídos con mayoría de personal extranjero; sólo los derechos de los mexicanos quedarán indefensos, no sólo a merced de leyes y procedimientos injustos, sino también de las torpes frecuentes persecuciones políticas; y todo mexicano que aspire a tener en su propio país los mismos derechos y garantías que los extranjeros, tendrá que abdicar de su nacionalidad. Por este camino la propiedad nacional desaparecerá pronto en México, y si queremos conjurar este peligro más grande que cualquier otro, debemos apresurarnos a sostener por todos los medios la igualdad civil, la cual no se conseguirá sino declarando toda propiedad particular inviolable y reconociendo a todos los mismos derechos cuando la expropiación por causa de utilidad pública sea necesaria. Por otro lado, imponer modalidades a la propiedad, que es lo que la Constitución autoriza, no es transformarla, destruir su esencia misma, como hacen los que pretenden comunizarla. Por esto, excluir toda interpretación política y sujetarnos estrictamente al criterio del constituyente, que fue el de realizar la reforma no sobre el despojo sino sobre la justa expropiación con indemnización previa y efectiva en todos los casos, será nuestra línea de conducta. REFORMA AGRARIA La acentuación de este postulado hará también que la reforma agraria, contenida por todos los programas revolucionarios como la más imperiosa necesidad nacional, deje de estar a merced de la política nacionalista y pueda solucionarse como lo que es: un problema de economía social y de producción. La larga lucha sostenida en el campo agrarista está muy lejos de ser infructuosa como podría juzgarse por la paralización de algunas regiones agrícolas y las manifestaciones agitadas consiguientes a toda reforma social. Es doloroso tener que reconocer que pocos principios revolucionarios han sido más cruelmente y numerosas veces convertidos en pretextos políticos o desnaturalizados por ilegítimos aprovechamientos; pero el viejo sistema cacical ha sido demolido, el peonaje ha salido de la esclavitud de clases y la reforma se consumará en beneficio nacional, cuando los mexicanos hagamos colectivamente un esfuerzo para orientarla, [...], hacia su verdadero objeto. [... ] que sólo debe aceptarse en casos excepcionales de necesidad ineludible. El aparcelamiento de los ejidos es reclamado tan imperiosamente como la división de los latifundios. Sólo la pequeña propiedad individual, creada sin menoscabo de la industria agrícola, resolverá definitivamente el problema agrario. El derecho de propiedad sobre la tierra es tan sagrado, que la institución sobre él del patrimonio de familia debe coronarlo. La tierra que el hombre labora le es amada como su propia familia; de ahí recibe su sustento y el de sus hijos, la seguridad de su vida y su tranquilidad. La resultante de este conjunto de patrimonios es de seguridad a la vida nacional y de tranquilidad pública. En consecuencia, el patrimonio familiar debe instituirse en México como una garantía de paz y una base de verdadero nacionalismo, siguiendo el ejemplo que nos dan los pueblos más justos y civilizados de la tierra. REFORMA SOCIAL A pesar de que la Revolución ha elevado a ley constitucional los principios más avanzados para la protección y el mejoramiento de las clases laborantes, las perturbaciones suscitadas por este problema social continúan siendo tan frecuentes y tan perjudiciales, que también en este particular es urgente una reforma, con el objeto de precisar con toda claridad el sistema que se adopte en favor de los trabajadores; de garantizar el capital contra la inestabilidad que ocasionan leyes contradictorias e inesperados procedimientos, a fin de que pueda prever el resultado de sus inversiones; y con el de conciliar los intereses económicos de los diversos Estados de la Federación; todo en bien del armónico desarrollo de los factores de la producción nacional. La anarquía legislativa en materia obrera, que determina la pugna económica de unos Estados con otros, procede de la facultad reconocida a las legislaturas locales de expedir, dentro de amplísimos límites, leyes sobre trabajo. El remedio será federalizar la legislación obrera, como se hizo en 1915, por idénticos motivos y más imperiosas razones que los que justifican la federalización de la legislación ferrocarrilera, la de las instituciones de crédito, la mercantil y otras de menor trascendencia política y social. La misma Constitución da margen a irresolubles y violentos conflictos entre el capital y el trabajo y aun entre los propios obreros, al consagrar simultáneamente el derecho a las uniones obreras y el derecho a la libertad del trabajo. La experiencia nos ha enseñado que en el actual momento de reorganización social, estos dos principios son antitéticos, que no pueden coexistir en armonía, que se destruyen recíprocamente como exponentes de opuestos sistemas, arrastrando en su enconada lucha la acción gubernamental, que deja de ser reguladora, imparcial, legítima, y destruyendo la majestad de la ley, precisamente por ser contradictoria. Siendo esto así y siendo, además, evidente que el trabajador libre, que el trabajo desorganizado no puede luchar en defensa de sus justas aspiraciones en condiciones de igualdad con el capital que está organizado, impidiendo al mismo tiempo el completo desarrollo y el funcionamiento de las organizaciones obreras; es necesario optar por un sólo sistema, que no puede ser otro que el del trabajo colectivo que aquí proclamamos, con exclusión del derecho de contratar el trabajo individual. El trabajo colectivo o las uniones obreras, con definidos derechos y precisas obligaciones, serán la mejor garantía para el capital. La libertad de trabajo subsistirá únicamente en los casos excepcionales que determine la ley y cuando el obrero no contrate su trabajo sino que sea a la vez obrero y patrono de su propia obra. Mientras no sea así, mientras no se federalice la legislación obrera, ni se implante como único sistema el del trabajo colectivo, la organización seria y definitiva de trabajo será imposible, las dificultades con el capital interminables, y los sindicatos no pasarán de ser simples grupos políticos a merced de sus líderes. MONOPOLIOS POLITICOS Las incursiones políticas en el campo de la economía nacional no se han concretado a los graves daños señalados antes, sino que torciéndose la recta interpretación de los preceptos constitucionales, se han invadido el comercio de exportación, extorsionado a los productores, para dedicar las ganancias obtenidas al financiamiento de las propias campañas electorales. El caso típico es la península de Yucatán cuya producción henequenera ha sido prácticamente tomada por el Estado para proveer de fondos a la campaña electoral presidencial. Ese Estado en un tiempo floreciente y cuyas contribuciones federales eran las mayores, no coadyuva en nada en la actualidad a los gastos federales y su riqueza privada está totalmente en bancarrota e hipotecada por el propio Estado a banqueros extranjeros. Toda la organización política creada en Yucatán sobre tal base, es perniciosa, falsa y débil, como ha sido probado en la actual Revolución, y tan grave mal debe contenerse a fin de que no contamine, además, otras regiones, que como la garbancera y la petrolera, podrían ser también fácilmente convertidas en surtidores financieros políticos con el pretexto de defender intereses regionales. Este daño sólo podrá evitarse quitando al Estado la facultad de intervenir en la administración de empresas privadas cualesquiera que sea su naturaleza. EL PERSONALISMO Los principios y reformas apuntadas, que son la única base posible de cualquier gobierno que aspire a construir la seguridad y grandeza nacionales, no podrán realizarse mientras nuestra Constitución política ponga en manos de un hombre todos los destinos del pueblo, asentando sobre pedestal indestructible la peor de todas las políticas: la política personalista. El más grave mal de nuestra organización política, el cáncer que corroe nuestra vida nacional, es en efecto el personalismo. El sistema de gobierno que puede degenerar hasta hacer de un hombre la personificación de la vida de un país, tiene por resultado la dominación del pueblo por unos cuantos favoritos, generalmente regionales, que se posesionan de la riqueza pública, de las concesiones y de los altos puestos y que llegan hasta cometer, como en la actualidad mexicana, impunes asesinatos sin más fines que conservarse en el Poder personalmente o por medio de sucesores impuestos. El personalismo entre nosotros ha impedido la formación de partidos políticos de principios; a él se debe la constante burla a la ley, la paralización de la economía, la disgregación de la familia mexicana en grupos fratricidas y las dificultades, peligros y humillaciones internacionales. El Código de Querétaro, donde se ha procurado concretar toda aspiración revolucionaria, lejos de remediar el personalismo lo estimula otorgando al Ejecutivo tantas y tan amplias facultades, que sólo sirven para violar impunemente las leyes positivas y morales sosteniendo viviente el más grave mal político, precisamente el problema inicial de la Revolución, que es el de la sucesión presidencial y la renovación pacífica de los Poderes. La sucesión presidencial ha venido siendo desde 1910 más que cualquiera otra, la causa directa y determinante de las diversas convulsiones revolucionarias, y así seguirá siendo, mientras nuestra legislación política no sea sincera y procure un acuerdo, lo más perfecto posible, entre nuestras leyes positivas y las necesidades reales de nuestra vida nacional. A pesar de la revolución contra la dictadura, las dictaduras han continuado en los gobiernos nacidos de la revolución, haciendo que aquellas se alternen con las rebeliones, y mientras el actual régimen política subsista, no podrá evitarse que todas las fuentes de producción, todas las actividades, el desarrollo o paralización del comercio y de la industria, la reforma de la agricultura, todos los empleos, todos los negocios, todos los medios de subsistencia, todas las aspiraciones y las esperanzas y la vida toda de la Nación dejen de estar vinculadas y encarnadas con la persona del Presidente de la República, cualesquiera que sea su moralidad, sus tendencias, sus principios y actividades. El equilibrio que a las fuerzas políticas y burocráticas procuran en otros países las fuerzas productoras de la Nación, obrando como factores electorales independientes, no puede actuar entre nosotros sino en el mismo sentido que las fuerzas políticas y burocráticas, porque la industria, el comercio y aún las profesiones liberales dependen directa o indirectamente de la persona del Presidente de la República. La sucesión presidencial en la vida económica y social así organizada es un problema de vida o muerte para todos y cada uno de los ciudadanos, de donde se deriva ineludiblemente la lucha armada, con todo su fúnebre cortejo de miserias y pasiones. Cuando consideremos que no es un candidato agrarista o militar, revolucionario o reaccionario, quien traerá la panacea de todos los males y nos fijemos exclusivamente en la organización que hay que dar a los factores de la vida nacional para que las leyes no estén en pugna con las necesidades y para que las fuerzas sociales se vinculen en principios y organismos y no en un hombre; cuando consideremos que el mayor enemigo de México no es la reacción, ni los petroleros, ni los bolcheviques, sino el personalismo, México encontrará el camino a que deben conducirlo sus riquezas naturales y su privilegiada situación geográfica. EL PARLAMENTARISMO El único sistema que puede conseguir en México tan altos fines es el parlamentarismo. Mediante su implantación la función electoral ya no será la lucha por apoderarse de un gobierno absoluto, sino la simple y adecuada renovación de funcionarios públicos encargados de la coordinación de todas las actividades nacionales. En el sistema actual cada cambio de Presidente de la República tiene que ser una mortal lucha entre el grupo que está en el poder y el grupo que aspira a tenerlo, lucha en la que permanece indiferente la gran mayoría nacional, que sólo carga con las lamentables consecuencias de ella, generalmente terribles y sangrientas. En el sistema parlamentario, todas las actividades tienen cabida en la gestión gubernamental y la oposición o la derrota no pueden significar como han estado significando siempre la persecución, la ruina, el destierro y la muerte. La alegada falta de preparación de los ciudadanos mexicanos para instituir el parlamentarismo, no ha sido ni será más que una burda patraña de los hombres que tienen el poder para no abandonar su posesión de amos y convertirse, como debe ser, en funcionarios y servidores del pueblo. Precisa y justamente los ciudadanos que más se han distinguido en el despacho de las Secretarías de Estado, han sido también los hombres que más han sobresalido, por su elocuencia su carácter y su ilustración en la Tribuna del Congreso. Además el órgano es siempre desarrollado por la función. La implantación del nuevo régimen deberá pasar por un período de experimentación y adaptación; pero ésto no es un motivo para oponerse ala substitución de un sistema que en su naturaleza misma tiene vinculado el fraude a la ley, la injusticia social y el crimen. El sistema parlamentario abrirá la puerta al equilibrio político mediante la organización de los partidos. En buen hora se ha venido el partido conservador a la vida pública mexicana. Su ausencia ha hecho que la Revolución se disgregue en grupos personalistas que acabarán por matar a la misma Revolución y comprometer gravemente los intereses nacionales. El régimen parlamentario dará a cada quien lo que es suyo, a cada grupo su acción en relación con su fuerza, a cada partido su significación en la vida nacional, a cada hombre el campo ilimitado que le permitan sus méritos y virtudes cívicas y privadas. El parlamentarismo realizará la unión nacional, la existencia real de nuestra nacionalidad. SERVICIOS CIVILES Consecuencia inmediata de la adopción del parlamentarismo, que trae como mecanismo especial la fácil renovación del gabinete del Ejecutivo cuyos miembros tienen iniciativa y responsabilidad personal, deberá ser la inamovilidad de los servidores de la administración pública que hasta hoy han estado siempre a m erced del favoritismo o del capricho ministerial y presidencial. La administración pública ha sido y seguirá siendo bajo el actual sistema de gobierno, un mecanismo político electoral, pura y simplemente. Nada significará como no ha significado ni la honorabilidad, ni la inteligencia y preparación ni la antigüedad, de los servicios. Cada elección presidencial traerá una revolución y cada revolución triunfadora barrerá con los servidores de la administración derrocada, para otorgar los puestos públicos a amigos o favoritos. Así los negocios del Estado nunca serán bien administrados, ni habrá estadísticas, ni eficiencia, ni expedición, ni honradez en el despacho de la administración pública. La Ley de inamovilidad incluye naturalmente un capítulo de responsabilidades que señalara el castigo y la substitución de los elementos perniciosos y las condiciones necesarias para el desempeño de los cargos administrativos, asegurando de este modo a la Nación una administración honorable, eficiente y estable y a los buenos servidores la seguridad de su subsistencia, la recompensa de sus servicios y el respeto de su dignidad. Es también consecuencia forzosa de la adopción del parlamentarismo la necesidad de hacer simultáneamente efectivo el servicio militar obligatorio que nuestra Constitución tiene ya consagrado y que sigue siendo una aspiración siempre pospuesta por consideraciones de política personalista. En el sistema de gobierno actual el Presidente necesita un ejército suyo, para salvaguardar su poder, como lo han necesitado los tiranos de todas las épocas. Ese ejército es el gran elector y el resorte de toda la maquinaria gubernativa. De aquí la increíble inmoralidad de nuestra organización militar y también el que los más altos grados y jerarquías estén concedidos en no pocas ocasiones a hombres sin honestidad ni preparación, sólo por el hecho de su adhesión personal al Presidente, adhesión llevada en muchos casos hasta el crimen. El ejército, tal como está constituido protege la podredumbre política y consume tal exceso en nuestro presupuesto de egresos, que México nunca nivelará sus finanzas, ni pagará sus compromisos, ni dejará de verse compelido por las fuerzas financieras internacionales a convertir en girones su soberanía. Sólo la educación militar, la adopción práctica y efectiva del servicio militar obligatorio y la organización de las Reservas Nacionales, podrán moralizar el ejército, permitir la nivelación de los presupuestos y proveer sin grandes estipendios al respeto de las instituciones, a la conservación de la paz interior y a la defensa de la integridad nacional. Una parte no escasa del ejército nacida al calor de la Revolución y no pocos de sus más esclarecidos jefes llevan, a pesar de todo, la honra de haberse constituído en guardianes de los ideales revolucionarios, levantando sus armas contra los tiranos que tratan de violarlos. Ellos, como los que han bajado a la tumba en defensa de esos ideales, tendrán páginas de gloria en nuestra historia y serán llamados a coadyuvar con sus esfuerzos para que, como la nueva organización social y política lo requiere, el ejército sólo sea el guardián de las instituciones, de la paz pública y de la soberanía nacional. EL ACTUAL PROBLEMA POLITICO Queda ante la consideración nacional el problema político del momento, creado por la imposición electoral que acaba de efectuarse, por el descontento y la oposición de la mayoría de compatriotas aun régimen dictatorial y por la rebelión armada de poderosos grupos resueltos a hacer respetar las leyes y los principios de igualdad civil y de nacionalismo. El triunfo que se atribuye al actual régimen y que él no ha obtenido será efímero, ya porque ha servido sólo para violar el mismo principio de sufragio efectivo que dio origen a su poder, cuanto porque sin la adopción de los postulados expuestos, México no será más que un país de miseria y de pasiones, que nadie podrá gobernar por la razón ni por la fuerza. Cualquier grupo político que en las condiciones y con los sistemas políticos actuales llegue al poder, no podrá consolidarse porque se sustentaría en la imposición y el vasallaje, y no existe un grupo en sí mismo suficientemente poderoso para seguir sojuzgando los destinos nacionales. Ha llegado la hora de la solidaridad nacional, de la unión de todos los mexicanos no alrededor de un caudillo, sino bajo la égida de un programa de principios en que cada ciudadano, cada grupo o partido pueda participar, con la frente alta, sin la claudicación de su credo ni el abandono de sus intereses, a la organización de las fuerzas sociales y económicas del país, porque de todo ese conjunto se forma la vida nacional. Si quienes pretenden tener más fuerza material y política se abstienen de hacer obra de verdadero patriotismo adoptando un programa nacional, en que todo personalismo queda excluído, la revolución los arrollará cualesquiera que sean los recursos a que apelen, porque la continuación del personalismo sería la muerte de nuestra nacionalidad y aún quedan fuerzas muy vigorosas y ciudadanos esforzados, que llevarán a México hacia la grandeza interior y el respeto de los otros pueblos de la tierra. La revolución, en consecuencia seguirá la lucha por todos los medios que la actividad humana permite, para que se realicen los postulados que el siguiente programa contiene: PROGRAMA DE PRINCIPIOS 1.- Reivindicación del principio constitucional de igualdad civil e inviolabilidad de la propiedad privada, salvo el caso de expropiación por utilidad pública, previa, justa y efectiva indemnización. 2.- Agrarismo constructivo sobre las bases de la pequeña propiedad, del patrimonio familiar y de la protección a la agricultura intensiva. 3.- Federalización de la legislación del trabajo, con la consagración del principio de que el trabajo colectivo, debidamente reglamentado, excluya la contratación individual del trabajo. 4.- Efectiva libertad de comercio por medio de la no intervención del Estado en la administración de corporaciones comerciales, autorizadas por la ley por consideraciones de interés general. 5.- Sostenimiento inquebrantable del sufragio popular e implantación del régimen parlamentario. 6.- Inamovilidad de funcionarios y empleados civiles eficientes, con severas causas de responsabilidad. 7.- Educación militar obligatoria en las escuelas, efectividad del servicio militar obligatorio y reorganización de las Reservas Nacionales. PROGRAMA DE ACCION Para la prosecución de la lucha hasta la completa realización de los anteriores postulados queda adoptada la siguiente organización: 1.- La Dirección Política del Movimiento, sus finanzas y provisionamientos estarán a cargo de un Delegado General de la Revolución, de carácter civil. 2.- El Delegado General será asistido por un Estado Mayor General que coordinará las operaciones militares y cuyo jefe no tendrá mando directo de tropas. 3.- El Delegado General nombrará o removerá libremente a los secretarios, agentes y empleados que juzgue necesarios para las labores y organización del movimiento. 4.- Para la organización militar, la República se dividirá en el número de zonas militares necesarias para el desarrollo de las operaciones, teniendo el mando de cada una de ellas un jefe de Operaciones. 5.- El Delegado General y los jefes de Operaciones serán nombrados por los suscritos o sus representantes a mayoría absoluta de votos, el mismo día de la promulgación de este programa. Los jefes militares que se encuentren operando en las diferentes regiones del País, conservarán la jerarquía y la jurisdicción que les confieran sus respectivos nombramientos. 6.- La falta absoluta del Delegado General será cubierta por el ciudadano designado por la mayoría absoluta de los jefes de Operaciones y la falta de alguno de estos por designación del Delegado General. 7.- El Delegado General al ser controlado el territorio nacional convocará a la elección del primer congreso parlamentario, que tendrá facultades para reformar la Constitución de acuerdo con el programa de principios anterior y cuyas reformas le serán sometidos por el Delegado General al instalarse el Congreso. 8.- El Delegado General que convoque a elecciones de primer congreso parlamentario no podrá ser electo Presidente de la República en el mismo primer período. TRANSITORIO La adopción del programa de principios por cualquier grupo en el Poder hará que la Revolución deponga su actitud de lucha y conjuntamente labore por la consolidación del mismo programa. Soberanía Nacional y Constitución. Fuente:
|