Saltillo, Coahuila. Enero de 1921.

A la Nación:

Bien conocidos son de todos los mexicanos los acontecimientos ocurridos durante los meses de abril a mayo de 1920 que produjeron la muerte de don Venustiano Carranza y la caída del gobierno legitimo que este presidia.

El pronunciamiento de las autoridades del Estado de Sonora, la insurrección del general Álvaro Obregón y la defección de las fuerzas del general Pablo Gonzales y de otros jefes militares, constituyeron en conjunto un incuso [sic] cuartelazo. So pretexto de imposición oficial y antes de que llegara el momento en que el pueblo debiera depositar su voto, los candidatos militares Obregón y González, de común acuerdo, resolvieron adueñarse del poder con objeto de impedir que se celebraran las elecciones presidenciales y poder hacerlas luego a su satisfacción.

El derrocamiento del Gobierno legítimo se hizo pues, por medio de la defección, de la traición y de la complicidad con los enemigos del régimen constitucionalista. El pueblo mexicano se abstuvo por completo de ayudar a ese movimiento que fue exclusivamente pretoriano y personalista y que habría fracasado a la larga, si el asesinato del presidente no hubiera traido un desenlace repentino al conflicto entre el Gobierno Constitucionalista y el militarista ambicioso.

El asesinato del Presidente Carranza fue un acto premeditado por el obregonismo, con el fin de hacer desaparecer un obstáculo legal insuperable, pues sabían que Carranza jamás renunciaría y este crimen, lejos de ser castigado se aprovecho para engañar a la Nación y hacer creer al extranjero que no se había interrumpido el orden Constitucional, sino que la sucesión presidencial se efectuaba conforme a la Ley, por muerte del Presidente y mediante la designación del Congreso.

El nombramiento de Don Adolfo de la Huerta como Presidente Interino, hecho por el Congreso legalmente convocado y bajo la presión de los acontecimientos, no podía ser más que una forma indigna del respeto que merecen nuestras instituciones y lo que de ella resultó, nunca pudo ser legal ni por la forma en que se hizo tal designación, ni por la persona en quien esta recayó que había sido el jefe soberano de la asonada de Agua Prieta y el autor nacional de todos los cuartelazos y defecciones y un mero instrumento del General Obregón.

Las elecciones del Congreso de la Unión de agosto de 1920 convocadas ilegalmente y celebradas bajo el interinato ilegitimo fuera de la época señalada por la Ley y conforme a reglas fraguadas a propósito para consumar la usurpación, tampoco pueden considerarse validas.

Las llamadas elecciones presidenciales de septiembre, en las que, naturalmente tenía que resultar designado el General Obregón, puesto que ese era el objeto para el que no había tramado el cuartelazo de Mayo, fueron también ilegales, por haberse verificado bajo un régimen ilegal, conforme a ley es arbitrarias y bajo la presión de los usurpadores que, precisamente para eso se habían adueñado del Poder.

Para rematar esta serie de atropellos a la Constitución, la nueva demora de Diputados, instrumento complaciente, se desentendió por completo del precepto constitucional que incapacita para ser cierto que no hay a tenido parte directa o indirecta en cualquiera asonada o cuartelazo, y declaro Presidente al General Obregón: al mismo que había encabezado el movimiento militar contra Carranza, el que había invitado al Ejército a la defección, el que había instigado y aprovechado la serie de cuartelazos que se siguieron, y con cuyo acuerdo traicionaron al gobierno tropas Gonzalistas, y para cuyo provecho había sido designado el Presidente de la República.

Nuestras leyes consignan la nulidad de las farsas electorales hechas bajo la presión del pretorianismo triunfante. Nuestra Constitución consigna expresamente en su artículo 82 la incapacidad de las ambiciones que asaltan el poder por medio de la asonada y del cuartelazo. Pero sobre todos los antecedentes de nuestra historia, con motivo de la muerte de Madero, cuando como un solo hombre se levanto el Pueblo mexicano para derrocar la usurpación huertista, consagran con más fuerza que si estuviese inscrito en nuestra Carta magna, el principio de que la Nación nunca podrá tolerar ningún Gobierno que resulte del asesinato de un Presidente de la República. Este último principio se halla profundamente grabado en la conciencia nacional y una triste experiencia nos enseña que es indispensable para el futuro de México, si queremos que concluya para siempre la vergonzosa serie de cuartelazos y crímenes de que está solpienda nuestra historia.

El llamado gobierno de Obregón es pues ilegítimo: por derivar de un Gobierno ilegítimo como lo fue el del interinato; por ser resultado de una elección a todas luces ilegal y viciada por un producto de una serie de defecciones y cuartelazos, y por estar manchado con la sangre de un Presidente asesinado.

Pero además de su ilegalidad, existe otra razón muy poderosa para que el jefe repugne ese régimen: La rebelión contra el Gobierno legítimo de Carranza, que como todas las rebeliones no tienen más objeto que conquistar el poder y satisfacer ambiciones personales se hizo con la ayuda de todos los enemigos de Carranza, entre los cuales estaban, en primer término, los adversarios de la Revolución Constitucionalista, con los cuales el obregonismo ha contraído compromisos que no podía cumplir, sino sacrificando, como ya comenzó a hacerlo, las conquistas revolucionarias. El pueblo mexicano, a quién tantos sacrificios de sangre y de intereses ha costado conquistar los principios de igualdad social y de libertad política sostenido por la Revolución, no puede ver impasible que, después de once años de lucha se establezca una tiranía que con tal de afirmarse en el poder, comience por echarse en brazos de la reacción y acabará traicionando los principios en el interior y comprometiendo la soberanía nacional en el extranjero.

Las defecciones y cuartelazos que dieron por resultado la caída del Gobierno de Carranza, son una nota vergonzosa para los jefes del Ejército que las cometieron y dan una idea de la inmoralidad y de la falta de honradez de quienes traicionaron a un Gobierno a quién tenían el deber de sostener.

Respecto a la tropa, de las clases y aun de la oficialidad, que constituyeron propiamente el Ejército, que son las que realmente luchan y mueren en cumplimiento de su deber, pero que por disciplina tienen que obedecer a sus superiores, sin discutir los móviles de sus actos, sería injusto arrojar sobre ellos la responsabilidad de las defecciones y de los cuartelazos que fueron exclusivamente producto de las intrigas políticas y de las ambiciones de sus jefes.

No han hecho, sin embargo, que algunos jefes militares con mando de fuerzas se vieron obligados a reunirse aceptando los hechos conocidos y a reconocer el nuevo estado de cosas, primera por las falsedades que, respecto a la situación del País se les transmitía, y luego desorientado por la suerte del Presidente, que los dejaba en condiciones imposibles; sin Jefe, sin elementos y a merced de los usurpadores.

La conducta de estos Jefes, dudosa en cuanto a los movimientos y motivos de su sumisión, podrá aclararse en vista de la actitud que ellos tomen ahora, durante este movimiento restaurador de la legalidad. Se impone por lo tanto, esperar que los acontecimientos hagan la separación entre los desleales y los descarriados, para castigar a los primeros y dar oportunidad de sincerarse a los segundos.

Por más que hay a pasado y a algún tiempo desde que ocurrieron los sucesos y por más que los usurpadores consideren y a como consumada su hazaña y como consolidado su régimen, tal cosa no puede ser: el mero transcurso del tiempo no quiere decir que el pueblo Mexicano hay a aceptado los hechos, pues nuestra Constitución dice bien claro que ella no perderá su fuerza y que, tan pronto como el Pueblo recobre su libertad, se restablecerá el imperio de la Ley y se castigará a los culpables.

En cuanto a mí, encerrado injustamente en una prisión desde la muerte del Presidente Carranza, me había sido finalmente imposible acudir al cumplimiento de mis deberes de ciudadano y de soldado; pero nunca reconocí ni pensé jamás reconocer al Gobierno Usurpador, y tan pronto como pude escapar de sus manos, fiel a mis antecedentes de lealtad y de honradez, no he vacilado ni un momento en enarbolar el estandarte de la legalidad igual que lo hice en 1913, cuando me lancé a combatir la usurpación huertista. Al asumir, pues, la Jefatura del Ejército Reivindicador, que habrá de luchar contra los usurpadores para restablecer el orden Constitucional, hago un llamamiento al Pueblo Mexicano y en particular a mis antiguos compañeros, para que se levanten en armas en defensa de nuestras instituciones y de los principios revolucionarios, conforme al siguiente

PLAN

PRIMERO.- Se desconoce por ilegítimo desde su origen, el Gobierno Usurpador del General Álvaro Obregón. Son, por lo tanto, nulos todos los actos ejecutados por éste y por el llamado Gobierno Interino de De la Huerta.

SEGUNDO.- Se desconoce igualmente a los diputados y senadores que pretenden integrar el Poder Legislativo y que fueron nombrados en Agosto de 1920.

TERCERO.- Quedan asimismo desconocidos los Gobernadores y las Legislaturas de los Estados, que hayan sido nombrados por las autoridades usurpadoras, o electos bajo ese régimen.

CUARTO.- Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los Senadores electos en 1910 y los Gobernadores Constitucionales electos antes de Mayo de 1920, conservarán su investidura aquellos que, no habiendo tomado parte en el Movimiento usurpador, se adhieran al presente plan, dentro de tres meses de su fecha.

QUINTO. - El General Francisco Murguía, Jefe del ejército Reivindicador, asume por ahora el Poder Ejecutivo de la Nación, para el efecto de combatir y derrocar al Gobierno Usurpador, y con ese objeto queda investida de todas las consiguientes facultades militares, políticas y administrativas.

SEXTO.- Conforme vaya siendo menester para la reorganización de los Gobiernos locales, fungirán como Gobernadores Provisionales de los estados que no tengan Gobernador Constitucional, los Jefes Militares revolucionarios que operen en las respectivas entidades, o uno que designe el Jefe de la Revolución, en el caso de haber varios.

SÉPTIMO.- Al triunfo de la Revolución, ya sea por ocuparse la Ciudad de México, y a por estar dominada la mayor parte del territorio nacional, el Jefe de la Revolución, con el concurso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, procederá a reorganizar los poderes federales y a restablecer el orden Constitucional. Para ese efecto, la Comisión Permanente estará integrada por los Senadores legítimos que reconocieren el presente Plan, o en su defecto, por un delegado de cada uno de los Estados que se hay en bajo el dominio de la Revolución.

OCTAVO.- Tan pronto como puedan funcionar los tribunales respectivos, se juzgará conforme a las leyes militares o civiles, según el caso, a los responsables del cuartelazo de Mayo y a los autores de los crímenes cometidos para usurpar el Poder.

AL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA:

A MIS ANTIGUOS COMPAÑEROS DE ARMAS:

No es una defección la que os propongo, puesto que no debéis obediencia a mandatarios espúreos o ilegítimos, os convoco y os invito a tomar las armas para el restablecimiento del orden constitucional en defensa de los ideales revolucionarios, amenazados hoy más que nunca y para volver por el honor del Ejército Constitucionalista, mancillado por Jefes indignos y ambiciosos que no supieron ser leales a las instituciones y al Gobierno que ellos mismos se habían dado.

AL PUEBLO MEXICANO:

Hago un llamamiento al Pueblo Mexicano, no para restaurar el Carrancismo como Régimen personalista, sino para que, como en 1910, se levante otra vez en armas contra la usurpación y en defensa de los ideales por los que ha venido luchando desde 1910, para dejar sentado el principio de que, nunca deberá gobernar nuestra Patria, nadie que tenga manchadas las manos con sangre o la conciencia con la traición y la deslealtad.