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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1920 Manifiesto de Francisco Figueroa expedido en Chilpancingo, Gro.

20 de Abril de 1920

Francisco Figueroa, Gobernador Sustituto Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes sabed:

Que por la Secretaría del Honorable Congreso del Estado, se me ha comunicado lo siguiente:

El XXIV Congreso C onstitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando: que desde algún tiempo el Ejecutivo Federal ha puesto en práctica procedimientos apartados completamente de las leyes que nos rigen, con la ya indiscutible mira de violar el voto público; lo cual ha conseguido en algunos estados de la república imponiendo gobernadores, y en el Distrito Federal imponiendo ayuntamientos.

Que el Ejecutivo de la Unión, lejos de ceñirse a las facultades y obligaciones consignadas e impuestas en el Artículo 89 de nuestra Ley Suprema, ha obrado fuera de este precepto, ya negándose a promulgar proyectos de ley aprobados por el Congreso de la Unión, ya destituyendo a empleados públicos por el sólo hecho de que no seguían la tendencia política por él señalada, ya postergando por la misma causa a militares pundonorosos a quienes la patria debe servicios, y concedido ascensos y distinciones a otros que no tienen más méritos que ser viles instrumentos de la política imposicionista seguida por el mismo Ejecutivo.

Que con esa política apoyada por la fuerza pública y por el dinero del pueblo, se han impuesto gobernadores a los estados de Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que estas entidades han perdido su soberanía; y de ayuntamientos en el Distrito Federal. Y siguiendo ese camino de violaciones y atropellos, y usando el ejército y de las arcas nacionales que tienen otro destino del que se les está dando, el Ejecutivo de la Unión pretende violar la soberanía del Estado de Sonora, quien, con un gesto viril y acudiendo a las armas, ha respondido a las funestas pretensiones del Ejecutivo.

Que el C. Presidente de la República lejos de ser el guardián de la justicia y del cumplimiento de las leyes, se ha convertido en árbitro de la vida y de la libertad, segándolas a su antojo sobre los amparos concedidos por la justicia federal y salvándolas de otros que se encontraban en iguales condiciones jurídicas.

Se ha constituido en parte acusadora del C. Álvaro Obregón en el irrisorio proceso abierto contra Roberto Cejudo y nombrando al mismo Presidente juez que debe juzgar a su acusado.

Que lejos de ser también el guardián de las garantías individuales que otorga nuestra Constitución Federal, ha usado de la política civil y militar para aprehender y vejar a ciudadanos que haciendo uso de sus derechos expresaban libremente sus ideas como aconteció el 21 de marzo del año en curso en la ciudad de México, en que fueron reducidas a prisión ciento cincuenta personas que reprobaban el derroche de dinero hecho por el gobierno del centro para recibir al candidato oficial ingeniero Ignacio Bonillas, y en que fue llevado también a la Inspección de Policía el diputado Basilio Vadillo, sin respetarse el fuero de que goza; como aconteció igualmente en el puerto de Tampico en que la policía comandada por el coronel Carlos Orozco, asaltó el domicilio del C. Álvaro Obregón a quien se trataba de asesinar y redujo a prisión con lujo de fuerza y de salvajismo a los ciudadanos diputados Manlio Favio Altamirano, Rafael Martínez Escobar y A Aurelio Manrique, por el solo hecho de que propagaban dentro del terreno de la democracia la candidatura del C. Álvaro Obregón.

Que todos los hechos anteriores, así como el de que el actual Jefe del Gabinete, licenciado Manuel Aguirre Berlanga, y el Jefe de Estado Mayor Presidencial, general Juan Barragán, son los principales propagandistas de la candidatura Bonillas, demuestra claramente que el Ejecutivo de la Unión se ha constituido en jefe de un partido político a lo que no tiene derecho, con la tendencia manifiesta de violar el voto público e imponer candidatos suyos en las elecciones presidenciales y de diputados y senadores al Congreso de la Unión.

Que esta tendencia del Ejecutivo está confirmada por las consignas que en este sentido dio al C. Gobernador de este estado, profesor Francisco Figueroa, y al Jefe de las Operaciones del mismo, C. General Fortunato Maycotte, quienes no las han cumplido gracias a su honradez y patriotismo; y con la proposición hecha por la Legislatura de Coahuila, transcrita a ésta de Guerrero, el 16 del actual, y que tiende igualmente a sostener la política imposicionista del gobierno del centro.

Que todo esto nos demuestra que los poderes del centro intentan destruir la efectividad del sufragio, principio salvador por el que ha luchado desde 1910, y de oponerse a la marcha natural y necesaria de los pueblos hacia su progreso y hacia su libertad.

Que las actuales cámaras federales, cuya mayoría es de origen notoriamente espurio, se han convertido últimamente en instrumentos del Ejecutivo de la Unión para que lleve a cabo sus antipatrióticos fines; por lo que el país no está representado por funcionarios que llenen sus aspiraciones, ya que su mayoría desempeñan papeles indignos que no les están encomendados por nuestra Carta Magna, desempeñando igual papel la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para sostener el pacto federal es indispensable que las partes integrantes que lo forman mantengan el necesario equilibrio sobre la base de un respeto mutuo, que no ha tenido el gobierno del centro para los estados; y como la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, de donde dimana todo poder público que debe instituirse fundamentalmente para su beneficio, es llegado el caso de romper el obstáculo que ha interrumpido el equilibrio entre las as partes integrantes de la federación, y de que el pueblo de la república instituya un poder público que beneficie, ya que los actuales poderes del centro no han cumplido y no cumplen con los deberes y funciones que les están encomendados por el mismo pacto federal.

Que el gobierno y pueblo de Sonora se han puesto en pie de guerra para repeler la violación a su soberanía y la invasión de fuerzas federales que se pretende llevar a su territorio con el premeditado propósito de imponer un determinado criterio político por el Ejecutivo de la Unión, y sin derecho alguno, ya que ninguna potencia extranjera está por invadir ese estado, ni es objeto de ningún trastorno interior, ni sus mandatarios han pedido protección en los términos del Artículo 122 Constitucional, únicos casos en que el Ejecutivo de la Unión puede usar el derecho de disponer de las fuerzas de mar y tierra. El mismo gobierno y pueblo de Sonora se han puesto en pie de guerra para ayudar a los estados hermanos y a los municipios que han perdido su soberanía, para recobrarla. La justicia, pues, está en su totalidad de parte del Estado de Sonora.

Por las consideraciones anteriores ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto número treinta y ocho:

Art.1º El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, aprueba en toda sus partes la actitud asumida por el gobierno y pueblo del Estado Libre y Soberano de Sonora; asume su soberanía para su defensa, para servir de apoyo a los demás estados y municipios de la federación que la han perdido y quieran recobrarla, y para evitar que la pierdan los que estén en peligro de perderla.

Art. 2º.- Se invita a las legislaturas de los demás estados de la república a adoptar una conducta igual a la de ésta de Guerrero.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso, en Chilpancingo de los Bravos, a los 20 días del mes de abril de 1920. Diputado Presidente, por el Distrito de Guerrero, Alejandro Sánchez. Diputado Secretario, por el Distrito de Hidalgo. Leopoldo Carrasco Cardoso. Diputado Secretario, por el Distrito de Mina, Desiderio Borja. Diputado por el Distrito de Abasolo. Marcos I. Castillo. Diputado por el Distrito de Aldama. Rosendo H. Beltrán. Diputado por el Segundo Distrito Electoral de Álvarez. Gonzalo N. Ramírez. Diputado por el Distrito de Allende. Fidencio Barrera. Diputado por el Distrito de Bravos. Teófilo Olea y Leyva. Diputado por el Distrito de Galeana. Ramón Solis. Diputado por el Distrito de Morelos. Policarpo Sierra y Guevara. Diputado por el Distrito de Tabares. Henoc Tabares. Diputado por el Distrito de Zaragoza. Heladio Ayala. Diputado por el Distrito de Alarcón. Antonio Estrada.