Hermosillo, abril 12 de 1920.

"The New York World".
New York.

Su telegrama de ayer. Entre las aspiraciones fundamentales del movimiento político-social realizado últimamente en México, figuran en primer término, la efectividad del sufragio y el imperio absoluto de la moral y de la Ley.

El Gobierno de mi cargo, en todos sus actos ha rendido culto a los principios indicados, sin preocuparse de si esta conducta halaga o no a los mandatarios de la Federación. De manera especial, en la lucha política que se está desarrollando para la elección de Presidente de la República, el Gobierno de Sonora ha concretado sus actividades a hacer efectivas, por igual, a todos los candidatos, a todas las agrupaciones políticos y a todos los ciudadanos, las garantías que les conceden las Leyes.

Desgraciadamente esta actitud del Ejecutivo de mi cargo no ha merecido la aprobación del Presidente de la República, quien, de una manera ostensible, ha venido tomando ingerencia muy directa y notoriamente parcial en las elecciones de Poderes Locales de algunos Estados y en la lucha electoral para la designación de mandatarios Federales.

El hecho de que yo no concurriera a la junta de Gobernadores, que para tratar asuntos políticos se celebró hace poco, en la capital de la República, intensificó el disgusto del Presidente Carranza contra los gobernantes de Sonora.

En estas circunstancias, por distintas fuentes fidedignas, tuve conocimiento, hace como dos meses, de que el Ejecutivo Federal pretendía derrocar al Gobierno Constitucional de este Estado, para sustituirlo por un régimen militar absolutamente espurio; pero subordinado y complaciente con las indicaciones del Gobierno del Centro.

Las noticias expresadas han quedado confirmadas en todas sus partes por la actuación posterior del Ejecutivo Federal, pues, de manera sistemática, ha venido dictando una larga serie de acuerdos y resoluciones de índole hacendaria, política y militar, notoriamente hostiles al Estado de Sonora y preparatorias para la realización de los propósitos ya indicados.

Con estos antecedentes, y no obstante que el Estado goza de completa paz, el Presidente de la República dispuso, de una manera inusitada, la movilización de un número considerable de tropas hacia esta Entidad Federativa, contándose precisamente entre ellas, las que derrocaron el Gobierno Constitucional del Estado de Nayarit.

Tan luego como tuve conocimiento de esa movilización, pedí explicaciones de la manera más atenta y respetuosa al Presidente de la República y estas explicaciones me fueron negadas. Insistí repetidas veces ante el citado Funcionario, en tono amistoso y suplicante, para que suspendiera la movilización expresada, indicándole que el Estado se hallaba completamente tranquilo; que la paz con la tribu yaqui era un hecho y que en Sonora la actividad política estaba reducida a su mínima expresión, y el Presidente Carranza rechazó de plano todos mis razonamientos y todas mis suplicas, ratificando, con aspereza y terquedad, el acuerdo de movilización.

En esta virtud, agotados todos los recursos pacíficos y conciliatorios, el Congreso del Estado, por Ley No. 30, que fue promulgada el día 10 del actual, decretó:

"Que en virtud de que el Ejecutivo Federal ha dictado una serie de acuerdos y resoluciones de índole hacendaria, política y militar, notoriamente hostiles al Estado de Sonora y con el propósito deliberado de atentar contra su independencia y su Soberanía, esta Entidad Federativa asume todos los Poderes necesarios para la defensa de los atributos expresados, y tendrá el ejercicio de esos Poderes mientras el peligro subsista;

"Que el Estado de Sonora reconoce como base de sus instituciones y de sus leyes, las instituciones y leyes de los Estados Unidos Mexicanos;

"Y que para los efectos del Artículo Primero de esta Ley, se concede al Ejecutivo del Estado, facultades extraordinarias en los ramos de Hacienda y Guerra".

Hecha la declaración anterior, todo el pueblo de Sonora, como un solo hombre, se ha aprestado para la defensa de su Soberanía, y todas las tropas federales existentes en Sonora, reconociendo que la razón y la justicia están de parte del Gobierno del Estado, se pusieron luego a sus órdenes. Los empleados de la Federación, con muy raras excepciones, han tomado también la misma actitud.

De esta suerte, sin la menor alteración del orden y sin disparar un solo tiro, el Ejecutivo de mi cargo ha controlado en un momento todo el Estado, y continúa recibiendo adhesiones de toda la República.

El Gobierno y el pueblo de Sonora, se hallan dentro de la Ley. Al defender su Soberanía de un ataque arbitrario por parte del Ejecutivo Federal, no hace más que cumplir con una obligación solemne que les impone la Constitución Política del Estado. La actitud del Estado de Sonora, es, pues, de defensa legítima, y para hacer respetar su Soberanía asume todos los Poderes necesarios.

En este concepto, tanto la Administración pública como todos los negocios continúan su marcha regular y ordinaria; el orden permanece inalterable en todo el Estado y el Gobierno de mi cargo tiene el firme propósito de seguir impartiendo a mexicanos y extranjeros todas las garantías que les conceden las leyes.

Afectuosamente.

Adolfo de la Huerta

Fuente:
Fabela Josefina E. de (Coord.) Revolución y régimen constitucionalista. [Serie: Documentos históricos de la Revolución Mexicana, 18. [Comisión de investigaciones históricas de la Revolución Mexicana 1970] Editorial JUS. Tomo I, Vol. 6.