Hermosillo, abril 4 de 1920.

Señor V. Carranza, México, D. F.

Anoche recibí contestación a mi conferencia del 31 del pasado. Desde luego permítome muy atentamente observar que en mi mensaje anterior indiqué que yo me he resistido a dar crédito a las versiones de la prensa a que me he referido, por considerar absolutamente descabellados los procedimientos que se anuncian en ellas. Si sobre este particular me he dirigido a usted, no es porque el Gobierno de mi cargo se haga solidario de la alarma reinante, sino porque creo de mi deber poner en el superior conocimiento de usted la situación y condiciones practicas existentes, velar por la tranquilidad del pueblo de Sonora y por marcha normal de los asuntos de este Estado, evitando que circunstancias reales o supuestas ocasionan trastornos de trascendencias.

Voy a permitirme en esta vez dar a usted algunos otros pormenores a fin de que con su experiencia y conocimiento de la cosa pública, pueda apreciar mejor la situación verdadera. Por más que se empeñe este Gobierno en desvanecer especies equivocadas, le es muy difícil lograrlo con simples declaraciones o protestas. Es necesario oponer a las noticias de la prensa e informes privados que han estado llegando a esa Capital, hechos que destruyan las afirmaciones alarmantes a que me refiero, las cuales se hacen en el sentido de que se pretende controlar militarmente y en lo absoluto este Estado, asegurándose que tal determinación obedece a fines electorales contrarios a nuestros principios democráticos a tan dura costa conquistados recientemente por el pueblo.

La dificultad se origina principalmente por la coincidencia de que tales informes o versiones han precedido o seguido a hechos que en otras condiciones carecerían de significación aun para la gente más preocupada, pero que en estos momentos dan margen a interpretaciones y comentarios que cuando menos aparentemente prestan apoyo a la imaginación de quienes traten de inquirir la situación real de nuestro país, ya porque así interese a sus negocios, ya por cualquiera otra cosa. Los hechos que han dejado muy viva impresión, son los siguientes: El Gobierno Federal ha dado órdenes a las Aduanas fronterizas para que los fondos sean trasladados a territorio americano, lo que se ha efectuado tan ostentosa e indiscretamente que ha dado pábulo a mil comentarios importantes, tanto dentro de nuestro país como en el pueblo de los Estados Unidos.

Hace pocos días corrió la noticia entre las fuerzas, y de ello se dio cuenta todo el mundo, de que los fondos que acababan de recibirse para el pago de las mismas, se devolvían violentamente a Nogales, suspendiéndose el pago de los soldados.

Ha quedado la mala impresión en el ánimo de todas las gentes que ignoran las causas de tales determinaciones. Es del dominio público que habiendo pedido el Timbre ciento setenta y cinco mil pesos de estampillas, sólo se le enviaron diez y siete mil por la Secretaría de Hacienda. Como no obstante las reiteradas instancias del Gobierno de mi cargo, en época anterior, cuando existía la rebelión de los yaquis en esta Entidad, nunca se pudo conseguir que la infantería de marina viniese a Guaymas, causa extrañeza al pueblo que conoce todos esos antecedentes, que hoy que el Estado está enteramente tranquilo aparezca en Guaymas dicha infantería, con instrucciones de duplicar su efectivo.

Por otra parte, con anterioridad este Gobierno había informado a grandes letras a todos los sonorenses de que el Gobierno Federal facilitaría los fondos para el sostenimiento de los cuerpos rurales en plena campaña del yaqui; la resolución de usted contraria al ofrecimiento que nos había hecho y que vino a obligarnos a dar de baja a los hombres reclutados por el Gobierno del Estado, circuló necesariamente por todos los pueblos al regresar los hombres a sus hogares, porque todos habían dado su contingente. Esto dio motivo a que se difundieran sospechas relativas a planes ulteriores.

El cambio de actitud de la Secretaría de Hacienda que acaba de permitir la exportación de toda clase de ganado no obstante el firme convencimiento que antes había manifestado de ser anti-económica e improcedente, ha venido a producir la creencia de que, con dicha disposición, lo que se pretende es provocar la salida de ese elemento indispensable a la subsistencia de los habitantes de estas regiones y a imposibilitar para cubrir sus necesidades en un futuro momento de trastorno que el mismo Gobierno Federal suscitara.

Debo añadir que corre como enteramente cierta la noticia de que el Gobierno Federal ha entrado en relaciones con Maytorena y los suyos, y esta actitud se interpreta como un medio de producir escisión en la opinión pública con objeto de crearle dificultades a esta Entidad y tener así mayores facilidades para su control. Tales noticias se han confirmado por correspondencia cruzada entre los mismos Maytorenistas, que he tenido a la vista. Se ha observado, igualmente, que El Demócrata, periódico que se conceptúa como órgano oficial, en sus editoriales recientes, abierta y francamente, sustenta la tesis de que está justificado el envío de tropas a esta región con el fin de deponer al actual Gobernador de Sonora, por suponerlo Obregonista, para substituirlo con otro cuya política satisfaga las tendencias del Gobierno de la Unión.

Estos antecedentes, unidos a diversos comentarios habidos con motivo de la retirada de la artillería, a la orden del envío de todo el armamento sobrante, al acuerdo terminante de remitir todas las ametralladoras que existían en el Estado y a la orden girada a la autoridad militar en el sentido de vigilar y controlar la campaña política, circunstancias que son bien conocidas por el pueblo, porque en los lugares chicos pocos son los asuntos que pueden permanecer reservados, hacen difícil que encuentre eco la voz oficial de este Gobierno pretendiendo destruir o anular las suposiciones consiguientes, pues sería preciso que pudiera explicar las razones de peso que en cada caso han originado tales disposiciones, y debo confesar que el Gobierno mismo de este Estado desconoce los antecedentes que hayan motivado los acuerdos respectivos.

Mis explicaciones, si no van respaldadas por razonamientos enteramente convincentes y por hechos indiscutibles, serían poco eficaces, con tanta más razón cuanto que se me juzga demasiado optimista y demasiado confiado en el Gobierno del Centro. Creo que ante todas estas circunstancias que he querido que Ud. conozca, ya no le causará extrañeza la situación que a grandes rasgos apunté en mi anterior telegrama y no conceptuará ligera la apreciación que hice de ella una vez que logren salvarse las apreciaciones que transitoriamente existen, claro está que no hay inconveniente en cualquiera movilización que se haga, pero mientras tanto juzgo peligroso para la marcha de los negocios, para el fomento de las actividades en este Estado, para la tranquilidad del mismo, cualquiera determinación que pueda aumentar la inquietud existente.

Respecto a mis temores de que los yaquis pudieran nuevamente rebelarse con la presencia del General Diéguez, como Jefe de Operaciones en esta región, debo manifestar que no se trata de meras apreciaciones personales mías, sino de los mismos indios quienes me han comunicado que la presencia del General Diéguez no les daría garantías, pues están bajo la impresión de que cuando iniciaron en 1915 los tratados de paz con dicho General, notaron en él una hostilidad muy marcada que fue lo que según ellos, determinó el rompimiento en aquella época. Con razón o sin ella, existe de parte de los yaquis este resentimiento y como he dicho que no se trata de una apreciación mía, sino de ellos, el General Diéguez conoce perfectamente bien su situación con respecto a la tribu, y vuelvo a suplicarle consulte con él este punto para mayor aclaración.

En vista de lo anterior, no creo que merezcan el calificativo de absurdos mis temores a este respecto y en todo caso habría agradecido se me hicieran aclaraciones sobre el particular. Si la desconfianza manifestada por los yaquis con respecto al General Diéguez los hiciera remontarse nuevamente a la sierra, carentes como están de elementos de vida, se verían obligados a robar. En esas condiciones las tropas habrían de perseguirlos y se reanudaría así la lucha desesperada que durante tantos años ha asolado esta región. Quedarían, pues, defraudadas todas las esperanzas del pueblo de Sonora. Yo juzgo sería una gran responsabilidad para nosotros que teniendo en nuestras manos la resolución del problema yaqui, por errores de apreciación echáramos por tierra todos los trabajos y resultados obtenidos.

De acuerdo con sus deseos, violentaré mi viaje para hablar ampliamente con usted, pero antes le suplico muy respetuosamente en nombre del pueblo y de la tranquilidad del Estado suspenda el envío de fuerzas a Sonora, en donde no se necesitan en estos momentos, toda vez que aquí no hay campaña y se dificultaría completamente la paz, siendo suficiente la fuerza que actualmente guarnece las ciudades y los campos para el efecto de conservar la tranquilidad existente. No dudo que tendrá Usted confianza en mis aseveraciones y se servirá contestarme si suspende, como lo espero, la orden de movilización para comunicarlo así al pueblo de este Estado.

Salúdolo muy afectuosamente.

El Gobernador del Estado
Adolfo de la Huerta

Palacio Nacional, México, D. F., abril 9 de 1920.

Señor Adolfo de la Huerta, Gobernador del Estado. Hermosillo, Sonora.

Contesto su telegrama de fecha 4 de abril. Reproduzco para usted lo que digo en mi telegrama de esta misma fecha a la Legislatura del Estado, por cuanto al punto de vista constitucional de este asunto. No puedo, en efecto, discutir con el Gobierno de un Estado la conveniencia o inconveniencia de las medidas militares dictadas dentro de mis facultades constitucionales; pero deseo llamar su atención sobre que la actitud de un Estado que en cualquier forma o por cualquier pretexto resistiera como violatorio de su soberanía los movimientos militares hechos por la Federación, equivale inmediatamente a una declaración de insurrección y al rompimiento de parte de ese Estado del Pacto Federal.

No sólo no puedo suspender las órdenes de movimientos de fuerzas federales, sino que, dadas las categóricas declaraciones de la Legislatura de ese Estado, este asunto se convierte ya en una cuestión de principio, que es indispensable que el Gobierno Federal sostenga vigorosamente, para conservar su autoridad y la unidad de la República. Si no hubiera habido otros muchos motivos que aconsejaran medidas militares de prudencia y precaución, bastaría por sí sólo el acuerdo tomado por la Legislatura del Estado y comunicado al Ejecutivo Federal, de que considera atentatorios de su soberanía cualesquiera movimientos de tropas, para que estos debieran hacerse en apoyo del principio de autoridad. La cuestión de responsabilidades por las consecuencias que pudiera traer el movimiento de tropas, tampoco es necesario discutirla, supuesto que acepto de antemano y por completo la responsabilidad de los actos ordenados por mí.

Otra cosa es la responsabilidad de los actos que las autoridades de Sonora pudieran ejecutar saliéndose de la ley, como protesta o resistencia contra una función enteramente legítima del Gobierno Federal. No quiero discutir, ni intentar convencer a usted y a los otros funcionarios del Estado, de que los fines de esas medidas militares no pueden ser los que gratuitamente se me atribuyen, a saber: una suplantación de las autoridades locales y una intromisión en asuntos electorales. El atropello a las autoridades locales, además de ser una suposición que no está justificada por mis antecedentes de respeto a las leyes y a las autoridades constitucionales, no podría consumarse sino contando con la condescendencia o con la falta de valor civil de sus autoridades, y por los antecedentes de las de Sonora y por el conocimiento personal que de usted tengo, creo que la suposición es tan injuriosa tanto para el Gobierno Federal como para el Gobierno Local.

Por cuanto a la supuesta presión electoral que se supone pudiera ejercer el Gobierno Federal, teniendo en Sonora un gran número de tropas, tampoco es ni siquiera lógica.

Si como se dice frecuentemente, el Estado de Sonora votará en las próximas elecciones unánimemente por el General Álvaro Obregón, y si las autoridades todas simpatizan con esa misma candidatura, la presencia de las fuerzas federales, por crecido que fuera su número, no podría cambiar en nada los resultados de una elección, supuesto que esta se encontraría enteramente controlada por las autoridades del Estado y de los Municipios. En el telegrama que contesto, me ha llamado fuertemente la atención la prolijidad con que se enumeran las medidas tomadas por el Ejecutivo Federal, y suspicacia y sutileza con que se analizan, para deducir de ellas la sospecha de intenciones ilegales de parte del Centro.

Por supuesto que los pretextos que se dan para considerar atentatorio el envío de fuerzas militares a Sonora, son tales, que no los considero dignos de discutirse entre el Primer Magistrado de la República y el Primer Magistrado del Estado. Creo, por lo tanto, más pertinente tratar este asunto con entera franqueza, expresándole con sinceridad mi opinión de que la actitud de las autoridades de Sonora, al oponerse al envío de fuerzas federales, es demasiado sospechosa.

Con entera lógica pudiera decirse que, tratándose como se trata, de un movimiento militar que el Ejecutivo tiene perfecto derecho para ordenar y ejecutar, dentro de las condiciones normales en vez de ser motivo de alarma debía ser motivo de regocijo; pero que el hecho de comenzar a buscarle finalidades torcidas, indica con claridad de parte del Gobierno de ese Estado, que la presencia de tropas federales contrariaba tal vez algún fin desconocido, a semejanza con lo que ocurre con la presencia del gendarme que infunde tranquilidad al que piensa obrar dentro de la ley, pero es motivo de alarma para el que tiene el propósito de transgredirla.

Hablando con entera sinceridad sobre la situación del Estado de Sonora, le diré que si el Ejecutivo no hubiera tenido ya motivos suficientes para creer necesaria la presencia de fuerzas federales en aquel Estado, en previsión de una futura insurrección sobre pretextos electorales, la actitud de ese Gobierno está dando enteramente la razón, pues por sí sola hace comprender que las autoridades de Sonora no desearían la presencia de tropas federales en su territorio, no tanto por lo que las fuerzas de que se habla pudieran hacer para secundar los torcidos propósitos que se atribuyen al Gobierno Federal, sino porque teniendo ya resuelta una insurrección, la presencia de esas fuerzas viene enteramente a trastornar sus planes, haciéndoles abortar, o cuando menos, precipitando acontecimientos que no se creía que tuvieran lugar sino más tarde.

Me apenaría que usted tomara la expresión de esta suposición como injuriosa para la lealtad de las autoridades del Estado; pero si usted las compara con los propósitos que me han atribuido el General Calles, la Legislatura del Estado y aun usted mismo, de querer deponer al Gobierno de Sonora y suprimir la expresión del voto publico en su territorio, esto último es más injurioso, con la diferencia que carece absolutamente de fundamento.

Por otra parte, para volver al terreno legal, esta especie de controversia, y para conservarnos cada uno dentro de nuestras funciones, me permito recordarle que el artículo 103 de la Constitución, concede a la Suprema Corte de Justicia la facultad de conocer de aquellos conflictos en que se considere violada la soberanía de los Estados y que, por tanto, cualquier otro acto de las autoridades de Sonora, que no sea el remedio aconsejado por el artículo 103, tendrá que ser considerado por mí como un acto de insurrección. Para concluir debo decirle que, por lo que hace a responsabilidades, desde ahora debemos deslindarlas claramente, en el sentido de que las que surjan de los movimientos militares mismos o de actos ejecutados por las tropas federales, estoy enteramente dispuesto a aceptarlas. Las que surjan de la transgresión de la ley o de la desobediencia o insurrección provocada por las autoridades del Estado de Sonora, creo que deberían aceptarlas con valor estas, sin pretender echarlas sobre el Gobierno Federal.

V. Carranza

Fuente:
Fabela Josefina E. de (Coord.) Revolución y régimen constitucionalista. [Serie: Documentos históricos de la Revolución Mexicana, 18. [Comisión de investigaciones históricas de la Revolución Mexicana 1970] Editorial JUS. Tomo I, Vol. 6.