Monterrey, N. L., 23 de marzo de 1920

MENSAJES CAMBIADOS ENTRE EL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL C. ÁLVARO OBREGÓN

"Monterrey, N. L., 23 de marzo de 1920. — Presidente de la República. — Acabo saber han sido aprehendidos en esa capital y recluidos en Santiago, los generales Cipriano Jaimes, Manuel V. Romo y coronel José López Zuazua. Me permito reclamar con todo respeto un espíritu de mayor equidad para mis partidarios, pues mientras se da toda clase de facilidades a los militares que muestran su disposición de incorporarse a la camarilla que constituye el llamado Civilismo, entre los que figuran altos jefes del ejército, como el señor general Cándido Aguilar, hijo político de usted, se persigue y se hostiliza a los jefes del ejército que en cualquier forma demuestran simpatías hacia mi candidatura, casos que se repiten continuamente, revelando una marcada hostilidad hacia mi candidatura, y que pugnan con los principios democráticos proclamados por la Revolución que usted presidió, y que nosotros secundamos, porque creímos y seguimos creyendo que deben cumplirse.—-Atentamente, ÁLVARO OBREGÓN."

CONTESTACIÓN DEL PRIMER MAGISTRADO.

"México, D. F, marzo 26 de 1920. — General Álvaro Obregón. — Nuevo Laredo, Tamps., o donde se encuentre. — Recibí su mensaje fechado en Monterrey, el día 23, motivado por la detención de tres jefes militares. Aun cuando su tono apasionado no es el que corresponde a un candidato a la Presidencia, ni está concebido en los términos respetuosos que exige la ley para una petición elevada al Presidente de la República, lo contesto porque no deseo dejar pasar inadvertidas las imputaciones que contiene. Los militares a que usted se refiere fueron, en efecto, reducidos a prisión por la policía militar, a causa de los escándalos y desórdenes que los partidarios de usted provocaron el último domingo, al efectuarse una manifestación organizada por partidarios del ingeniero Ignacio Bonillas a su arribo a esta capital. El general Manuel Víctor Romo, fue puesto en libertad por haberse comprobado que efectivamente no participó en los escándalos, pero al general Jaimes y al coronel López Zuazua, les impuso la Jefatura de la Guarnición un arresto de quince días por dicha falta, advirtiendo a usted que ameritaban proceso por haber contravenido la disposición dictada por la misma Jefatura en la Orden del Día, para que todos los militares permanecieran acuartelados el domingo, precisamente para evitar su participación, ya fuera en pro o en contra de la aludida manifestación, autorizada por el Gobierno del Distrito Federal. Reclama usted un espíritu de mayor equidad hacia sus partidarios, sin fijarse en que la actitud de muchos de ellos de algún tiempo acá ha sido tal, que de aplicarse estrictamente la ley habrían debido ser castigados más severamente. Si el Gobierno no ha aplicado todo el rigor de la ley, es solamente porque esperaba, y espera todavía, que usted y ellos, reflexionando y apreciando en su verdadero valor la serenidad y prudencia con que he procedido, corresponderían con una conducta de mayor cordura a la benevolencia y bondad con que han sido tratados. No solamente no se ha hostilizado a los militares que han demostrado simpatía a la candidatura de usted, sino que por el contrario, el Gobierno se ha revestido de toda paciencia con el fin de que no se pueda en ningún caso atribuirse a parcialidad las medidas de energía que debieran tomarse contra ellos en los casos en que han violado la ley. Esta actitud del Gobierno no ha sido debidamente apreciada, sino que por el contrario, algunos han creído que el ser partidario de usted constituye una especie de fuero político y que podrían llegar, como han llegado, hasta desafiar al Gobierno y violar impunemente la ley, confiados en que no se les castigaría por temor de que apareciera el Gobierno persiguiéndolos por causa de parcialidad. Dice usted que contrastando con la hostilidad hacia sus partidarios, se da toda clase de facilidades a los militares que están dispuestos a incorporarse a la camarilla que constituye el Civilismo. A este respecto debo decirle que no sólo no es cierto el hecho imputado por usted al Gobierno, sino que muy persistentemente se ha cuidado de recomendar al ejército y a los empleados civiles, estricta neutralidad política, llegándose al caso de aparecer coartando un tanto la libertad de los partidarios de los otros candidatos, a causa de un excesivo celo para exigirles completa abstención en materias políticas. Respecto al general Aguilar, debe usted saber que desde hace tiempo goza de licencia con motivo de los cargos civiles que ha desempeñado, tanto en la Secretaría de Relaciones, en comisión diplomática en el extranjero, y como Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, y que últimamente renunció este puesto para poder tomar participación en la política del país, y a la fecha goza de licencia ilimitada como la de que usted disfruta, habiéndosele concedido a su regreso de Europa, para volver a encargarse del Gobierno de Veracruz, teniendo, por lo tanto, perfecto derecho para dedicarse a esta clase de asuntos. Considera usted, por último, que la repetición de estos casos revela hostilidad hacia su candidatura. A este respecto le he dicho ya, y le repito, que sus partidarios gozarán de todas las garantías y de toda la protección que la ley les otorga, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad sin llamarle la atención sobre que estas garantías también deben gozarlas los partidarios de otros candidatos. La obligación de las autoridades no se limita a abstenerse de ejecutar actos hostiles contra un partido, sino también a evitar que cualquiera de los partidos pretenda coartar a otro el ejercicio de sus derechos. Cuando los partidarios de usted lo han recibido a su entrada en una ciudad, o han organizado mítines o manifestaciones en su honor, las autoridades no han hecho sentir su presencia, reprimiendo desórdenes, porque no se ha dado el caso de que los de usted se vean estorbados en sus trabajos, por los contrincantes. Cuando en cambio otros partidos reciben o agasajan su candidato, los partidarios de usted han organizado trabajos especiales para impedir o estorbar lo que otros tienen derecho a hacer, alterando adrede el orden y llegando hasta cometer actos delictuosos, para impedir una manifestación política permitida por la autoridad. El Gobierno, sin embargo, entiende su deber de respetar los principios democráticos proclamados por la Revolución, no sólo en el sentido de respetarlos él mismo, sino también en el de hacerles respetar cuando las pasiones políticas hacen olvidar a algunos que otros tienen los mismos derechos que ellos. El derecho de trabajar por obtener legalmente la Presidencia de la República, no es privilegio reservado a un solo hombre. — Salúdolo afectuosamente, V. CARRANZA".