Enero 15 de 1919

Manifiesto expedido por don Venustiano Carranza, con motivo del desarrollo de los trabajos encaminados a preparar la lucha electoral, para la renovación de los Poderes de la Unión.

Faltan todavía cerca de dos años para que deba renovarse el Poder Ejecutivo Federal, sin embargo, comienza ya a sentirse cierta efervescencia política con ese motivo.

La agitación política consiguiente a la renovación de Poderes, es inevitable en todo país de régimen democrático, y en México tarde o temprano tendrá que producirse, con motivo de las próximas elecciones presidenciales. La efectividad de sufragio y la no reelección, son los dos principios democráticos más firmemente establecidos ya, como una conquista de la Revolución, y el Pueblo mexicano no debe abrigar para el futuro ninguna ansiedad ni duda de que esos principios se respeten y se cumplan.

Por mi parte, como jefe del Poder Ejecutivo, no puedo menos de mirar como legítimos y justos todos los trabajos encaminados a preparar la próxima lucha electoral, pues mientras más efectiva y más consciente sea la participación de los ciudadanos en ella, mayores garantías tendrá la Nación de verse gobernada por hombres idóneos, que representen realmente la voluntad del Pueblo.

Por lo que a mí hace, creo haber cumplido con mis deberes hacia la Patria, trabajando como lo he hecho desde el principio del movimiento democrático de 1910, encabezando más tarde la Revolución Constitucionalista, y continuando la lucha hasta el restablecimiento del régimen constitucional. Creo, pues, tener el derecho de retirarme a la vida privada cuando concluya el presente periodo presidencial para el cual fui electo por mis conciudadanos.

Pero entretanto, tengo el deber hacia el Partido Constitucionalista, de no abandonar anticipadamente las responsabilidades que con él he contraído, y hacia el país entero tengo la obligación de permanecer en mí puesto como verdadero jefe del Estado y continuar mis labores administrativas hasta el último instante del actual periodo presidencial.

La agitación política electoral, inevitable en todo régimen democrático, asume, sin embargo, caracteres especiales en un país como México, donde aun no tenemos ni suficiente educación ni bastante experiencia democrática, y en que apenas comenzamos a recuperarnos del sacudimiento revolucionario que ha sacudido a nuestra Patria.

Un prolongado periodo de efervescencia política, con motivo de elecciones presidenciales, o una prematura anticipación en los trabajos electorales, dada la situación en que se encuentra México, traerían serios peligros para la consolidación de la obra revolucionaria, para la cohesión del Partido Constitucionalista y para la regularidad del funcionamiento administrativo.

Es, pues, un deber del Pueblo mexicano y de sus gobernantes, procurar reducir al mínimo los efectos de la efervescencia política, facilitando el desarrollo de la campaña electoral, al mismo tiempo que acortando el periodo de agitación que debe preceder a la resolución final de los comicios y a la transmisión del mando, a fin de que, siendo esa agitación lo más corta y la campaña electoral lo más rápida posible, no se produzcan nuevas complicaciones políticas, ni se entorpezca el funcionamiento de la administración pública.

La división de un partido político triunfante en dos o más ramas, es un fenómeno natural e inevitable, y tendrá necesariamente que efectuarse más tarde, dividiéndose el Partido Constitucionalista en varios grupos, según cada uno de ellos entienda los problemas nacionales. Pero con motivo de una campaña electoral, pueden también surgir divisiones prematuras en el seno de un partido, y desgraciadamente la experiencia nos ha mostrado que en México muchas veces esas divisiones toman caracteres más profundos, y acaban por ser definitivas y por desintegrar un partido, antes de que este haya consolidado definitivamente los principios para que fue constituido.

Si las reformas proclamadas por la Revolución Constitucionalista estuvieran ya definitiva e irrevocablemente consolidadas, las divisiones del Partido Constitucionalista no solamente no serian perjudiciales, sino que serian necesarias para el mejor funcionamiento de las instituciones políticas y democráticas. Debemos, sin embargo, tener presente que aun existe un enemigo fuerte, rico y organizado, que todavía no se ha dado por vencido en la lucha, y que considera posible una reacción contra la obra de la Revolución.

No me refiero a las bandas, cuya acción es insignificante por lo que hace a los principios políticos, y cuya única labor consiste en mantenerse entregadas a actos hostiles, no tanto contra el Gobierno, a quien dicen combatir, como contra la vida y propiedades de los particulares, a quienes hacen sus víctimas. Me refiero a ciertos mexicanos descontentos, que, habiendo sido vencidos en el interior, han establecido en el extranjero sus centros de conspiración, utilizando para luchar contra el Partido y contra el Gobierno Constitucionalista elementos especialmente extrañados, y amparándose especialmente a la sombra de intereses extranjeros poderosos, que pretenden una reacción contra el régimen actual. La situación de México es extraordinariamente semejante a la que tuvo el Gobierno liberal de Juárez en 1860.

Esos elementos, que francamente pretenden la derogación de la Constitución de 1917 y de todos los principios incluidos en ella, son en realidad un enemigo frente al cual el Partido Constitucionalista no debe retirarse creyendo que ya no existe, sino que, por el contrario, debe continuar combatiéndolo, y especialmente en ocasión de la lucha presidencial, debe esperar verlo reaparecer, organizado y con elementos económicos para la lucha, ya sea presentando francamente un candidato en las próximas elecciones, ya agregándose a aquel de los grupos en que el Partido Constitucionalista tendrá que dividirse, y con el cual considere tener más afinidades.

Por otra parte, los principios de la Revolución constitucional están conquistados ya, y han sido inscritos en la Constitución de 1917; pero no se encuentran todavía suficientemente consolidados, sino que falta desarrollarlos en las leyes orgánicas respectivas y hallar las formulas prácticas y prudentes de aplicación, para que puedan subsistir. Es, por lo tanto, un deber de todos los miembros del Partido Constitucionalista que han luchado por esos principios, no disgregarse ni dividirse, ni perder de vista los ideales por los que se ha luchado, antes de estar seguros de que la obra de la Revolución no corre ya ningún peligro de verse deshecha nuevamente por el enemigo.

Es, pues, preciso mantener la mayor unión que sea posible entre los elementos que hasta ahora han ayudado con todo patriotismo y perseverancia. La demasiada anticipación para iniciar trabajos electorales, tendría que producir un relajamiento en los lazos que unen los miembros del Partido Constitucionalista que colaboran en el Gobierno, mermándole, por consiguiente, fuerza política y elementos de acción para continuar el trabajo de consolidación de los principios revolucionarios.

La difícil situación internacional en que se encuentra el mundo entero, no ha llegado aún a una solución definitiva, y así como todos los países que tomaron parte en la contienda mundial no han creído conveniente deponer las armas, ni aun siquiera abandonar algunas de las medidas de prudencia a que la guerra los obligó, así también el Gobierno Constitucionalista, que durante esta contienda, con la aprobación general del Pueblo mexicano, consideró conveniente asumir una actitud neutral, debe continuar todavía con la suficiente cohesión para perseverar en esa actitud de nacionalismo, hasta tanto que no hayan tenido una solución final los graves y trascendentales problemas que en los momentos actuales se discuten entre las naciones beligerantes.

En esta situación y mientras las cuestiones internacionales sigan todavía preocupando tan hondamente la opinión pública de todos los países del mundo, y la de México en particular, debemos poner todos nuestros esfuerzos y nuestra buena voluntad, para que en la próxima contienda electoral no hagan sentir su influencia factores de orden internacional o de carácter extraño a nuestro país, pues esto echaría una gran responsabilidad sobre los partidos contendientes, y dejaría una mancha en la reputación de quienes acudieran a influencias exteriores para la resolución de un problema tan indiscutiblemente nuestro, como es la elección de un nuevo mandatario que rija los destinos de nuestro país.

Desde el punto de vista gubernamental, una demasiada anticipación de la campaña electoral tiene que producir serias perturbaciones en la administración pública, supuesto que el Gobierno se vería privado por largo tiempo de los servicios de algunos de sus más valiosos colaboradores, que tal vez tuvieran que dedicarse por completo a sus labores electorales. Por lo que hace a la generalidad de los empleados y funcionarios públicos que ahora coadyuvan con el Gobierno, que necesariamente deben tener su libertad de criterio en la cuestión presidencial y cuyas opiniones y derechos políticos deben respetarse, si se vieran en el caso de declarar anticipadamente sus opiniones, simpatías o tendencias, daría lugar a que se entorpecieran las funciones del Gobierno, y, sobre todo, a que comenzaran injustamente suposiciones de parcialidad del Poder Ejecutivo, imputación que ha sido siempre costumbre hacer al jefe del Estado por uno u otro, si no es que por todos los grupos que contienden en una campaña electoral.

Los efectos de la efervescencia política electoral demasiado prolongada y demasiado anticipada, tendrían que hacerse sentir, no solamente entre los miembros, funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, debilitando la acción de este, sino que ya comienzan a hacerse sentir en el funcionamiento del Poder Legislativo, y pronto tendrían que extenderse al Poder Judicial y afectar las relaciones entre los tres Poderes.

La ingerencia que conforme a la nueva Constitución y a las nuevas leyes electorales, debe tener el Poder Legislativo en la calificación final de las elecciones, es causa de que desde los momentos actuales se sienta ya una seria perturbación en el funcionamiento del Poder Legislativo, el cual, involuntaria e inconscientemente, deja absorber casi toda su atención y embargar una gran parte de sus energías en un trabajo de constitución y reconstitución de los diversos grupos políticos que en el seno del Congreso tienen que formarse, y que, naturalmente, esperan para más tarde hacer sentir su influencia en el resultado de las elecciones presidenciales.

Igual cosa tendría que suceder más tarde en el seno del Poder Judicial, originándose de esto dificultades en las buenas relaciones que debe existir siempre entre los tres Poderes, con perjuicio de la marcha de la administración pública, y cuando se piensa que un fenómeno semejante de perturbación de las actividades gubernamentales, tendría que producirse en cada uno de los Poderes de cada uno de los Estados de la República, se comprenderá la verdadera importancia de la cuestión.

Fuera ya de las esferas administrativas, la demasiada anticipación de la lucha electoral es causa de que los ciudadanos, y especialmente los hombres de cierto prestigio político en sus respectivas regiones, contraigan compromisos prematuros, antes de haber tenido tiempo de reflexionar suficientemente, viéndose en el caso de que, sin haber formado todavía su criterio respecto de los posibles candidatos, estén obligados a declarar sus preferencias por alguno de los ya conocidos, viéndose de esa manera cohibidos para afiliarse a nuevos candidatos, o para rectificar su opinión cuando se conozcan los programas políticos de los diversos partidos contendientes.

La división que naturalmente debe efectuarse en el seno del Partido Constitucionalista con motivo de la próxima campaña electoral, debería sólo ser una división transitoria, si es que está basada únicamente en las simpatías o en la confianza que merezca cada uno de los candidatos que vayan surgiendo; pero debería ser una división natural si esta se efectuara según los principios que deban adoptarse para el futuro gobierno de la República.

Es de desearse que la próxima lucha electoral se efectúe exclusivamente entre candidatos de principios constitucionalistas revolucionarios bien definidos, y no es de esperarse que surjan candidatos francamente reaccionarios, aun cuando existen ya indicios de que no sería difícil que los elementos reaccionarios, enemigos de la Revolución Constitucionalista, pretendieran tomar una parte importante en la lucha electoral, adhiriéndose a aquel de los candidatos constitucionalistas con quien creyeran encontrar más fácil acogida.

Es por lo tanto, esencial e importante, que en la lucha democrática que va a entablarse con motivo de las próximas elecciones presidenciales, estén bien deslindados los campos políticos, y, por consiguiente, es indispensable una verdadera preparación, para que la discusión de los problemas, y aun el desarrollo de los acontecimientos, puedan precisar los campos en que tenga que dividirse el Partido Constitucionalista, según el criterio que cada uno de ellos adopte para la resolución de los problemas nacionales.

Las naturales consecuencias de la agitación electoral serán menos graves, y la campaña más fácil, si la división que debe efectuarse en el seno del Partido Constitucionalista no se hace únicamente partiendo de la simpatía o prestigio de que gocen los candidatos, sino basándose en el programa político que cada uno de ellos pueda presentar y en el cual programa deberán necesariamente manifestar, con entera franqueza, cual es su opinión acerca de los principales problemas que afectan el porvenir de nuestra Patria; nuestros problemas internacionales, cuya solución es de tanta trascendencia para la suerte de nuestro país; nuestros problemas religiosos, educativos, agrarios, financieros, militares, y especialmente todos los relativos al trabajo y al desarrollo económico de nuestras riquezas y conservación de los recursos naturales del país.

Por todos las anteriores consideraciones y en mi carácter de Encargado del Poder Ejecutivo y como Jefe temporal del Partido Constitucionalista, creo necesario llamar la atención de mil conciudadanos sobre la conveniencia de que se aplacen o pospongan los trabajos electorales para la próxima campaña presidencial por un poco de tiempo, siquiera sea hasta fines del corriente año.

Hago, pues, un llamamiento en particular a los candidatos presidenciales que puedan surgir, para que pospongan su aceptación y el principio de sus trabajos electorales, hasta estar seguros de que su designación significa realmente un principio de voluntad popular y no deriva de meras simpatías de sus amigos personales, y, sobre todo, hasta que hayan tenido ocasión de reflexionar y hacer conocer públicamente a sus conciudadanos, los principios de gobierno que en su concepto deban adoptarse para lo sucesivo.

Hago un llamamiento a los funcionarios y empleados públicos, tanto del Poder Ejecutivo como de los Poderes Legislativo y Judicial Federales, a los de los Gobiernos de los Estados, a los militares en servicio, y, en general, a todos los que han sido colaboradores en la obra de la Revolución, para que se abstengan por ahora de comenzar actividades políticas con propósitos de tomar participación en la próxima contienda electoral, a fin de que sus actividades sean completamente aprovechadas en las importantes funciones que les están encomendadas, y no se vean entorpecidas esas actividades por sus opiniones políticas.

Y, en general, hago un llamamiento a todo el Pueblo mexicano, para que espere todavía que el transcurso del tiempo, el desarrollo de los acontecimientos, la discusión política y la exposición de los programas de los candidatos, precisen mejor la situación política del país, dando así lugar a que surjan todos los candidatos que realmente pueden contar con la voluntad de una considerable porción del Pueblo mexicano, y, sobre todo, hasta que los mencionados candidatos definan con toda franqueza los principios de política y de Gobierno que crean necesario seguir para la mejor administración de la República y el mayor bienestar de la Patria.

México, 15 de enero de 1919.

V. Carranza

Fuente: Documentos Históricos de la Revolución Mexicana. Revolución y Régimen Constitucionalista. Volumen 6° del Tomo I. México. Editorial Jus. 1970. pp. 225-231