Abril 15 de 1917

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Desconocida la usurpación huertista por el Gobierno y la Legislatura de Coahuila, y organizada la campaña contra aquella, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Guadalupe, fue el principal cuidado de la Primera Jefatura, por lo referente a las Relaciones Exteriores, ponerse en contacto con el Gobierno de los Estados Unidos, único con quien podía hacerlo, desde el momento en que las principales naciones europeas se apresuraron a reconocer, como si fuera legítimo, al Gobierno de Huerta, sin dar importancia a la serie de crímenes sobre que se había establecido. No obstante que el Presidente de los Estados Unidos del Norte, en diversas ocasiones expresó el concepto de que el Gobierno de Huerta era completamente ilegítimo, y que por tanto, no podía ser reconocido, es lo cierto que no se prestó tampoco a reconocer al Gobierno de Coahuila y, todavía más, a quitarle toda traba para que fácilmente pudiera proveerse del material de guerra indispensable para la lucha.

Con este motivo, los primeros esfuerzos de mi parte se encaminaron a gestionar ante el Gobierno de los Estados Unidos, que levantase el embargo que tenia decretado sobre toda clase de pertrechos de guerra, haciéndole ver que con semejante prohibición no se conseguía otra cosa que ayudar a Huerta de una manera muy eficaz, supuesto que el Gobierno constitucionalista, no habiendo podido hacer una preparación suficiente, no estaba en posibilidad de fabricar las municiones y las armas que su ejército necesitaba imperiosamente y, además, carecía de puertos por donde introducirlas, mientras que Huerta podía proporcionárselas sin la menor dificultad de las fábricas de armas y municiones de Europa y podía también traerlas sin el menor obstáculo, teniendo como tenía en su poder todos los puertos de altura.

El Gobierno de los Estados Unidos, en vista de que la situación creada por su prohibición de exportar pertrechos de guerra favorecía la usurpación, tuvo al fin que derogarla, un año después de empezada la lucha contra Huerta; y de esta manera ya fue fácil atender a una de las necesidades más imperiosas de la campaña.

En atención a esta actitud del Gobierno de los Estados Unidos, actitud que no era ni fue en realidad más que la consecuencia lógica del concepto que, con toda exactitud y justicia, se había formado de la conducta criminal de Huerta, éste y sus secuaces la interpretaron como un apoyo que aquel prestaba a la Revolución, y desde ese momento empezó su campaña en suscitar dificultades entre los Estados Unidos y esta Primera Jefatura, empeño que secundaron después, y en el que han continuado hasta la fecha, los partidarios del antiguo régimen y enemigos del Gobierno constitucionalista.

La primera dificultad vino con motivo de la muerte del súbdito inglés William Benton, acaecida en Ciudad Juárez, el 16 de febrero de 1914. Como el Gobierno de Inglaterra había reconocido a Huerta y, por lo mismo, no tenía representante cerca de la Primera Jefatura, ocurrió al Gobierno de los Estados Unidos que si lo tenía, para exigir que se permitiese a una comisión compuesta de extranjeros, de la que formaba parte un cónsul inglés, pasar a territorio mexicano a examinar y reconocer el cadáver de Benton, así como que se diese curso a la reclamación que con este motivo hacía el Gobierno de la Gran Bretaña en la forma indicada.

La Primera Jefatura, con el deseo de poner en claro lo ocurrido para hacer debida justicia, ordenó en el acto practicar una averiguación escrupulosa y nombró para este objeto una comisión respetable compuesta de mexicanos honorables; pero para evitar el sistema que se trataba de establecer, de que las naciones que habían reconocido a Huerta reclamasen por la mediación de los Estados Unidos, sin que el Gobierno de aquella asumiera tal carácter, en los asuntos relacionados con las personas o bienes de sus nacionales, manifestó al Gobierno de esta nación que atendería, como ya lo había hecho en diversas ocasiones, con toda diligencia y eficacia, las quejas o reclamaciones hechas en favor de sus súbditos; pero por la dignidad de la República y respeto a la personalidad misma del Jefe Supremo del Ejército Constitucionalista, no admitiría su intervención respecto de súbditos de otras naciones, si ésta no se significaba conforme a los usos diplomáticos, y toda vez que ella no tenía el menor obstáculo en acreditar un representante para gestionar todo cuanto les correspondiese.

Fracasados sus torpes intentos en este asunto, los reaccionarios y enemigos del Constitucionalismo doblaron sus esfuerzos en sus criminales propósitos de provocar conflictos. Uno de los incidentes más graves fue el que se originó en Tampico.

El 9 de abril de 1914 algunos marineros y un oficial uniformados, pertenecientes al buque americano Dolphin, en una lancha del mismo llegaron hasta un almacén cerca del puente Iturbide con el objeto de proveerse de gasolina, y el jefe de las fuerzas huertistas en ese punto ordenó que fueran detenidos y conducidos a su presencia entre filas.

El Gobierno americano exigió satisfacción por estos hechos, y si el asunto se hubiera conducido con recto espíritu de justicia, sin duda que se hubiera llegado sin gran dificultad a una solución conveniente; pero la administración huertista dio lugar a que las cosas tomaran mayores proporciones, y al fin fuerzas americanas ocuparon la Aduana y se posesionaron del puerto de Veracruz, no sin que hubiera habido derramamiento de sangre por ambas partes, por la resistencia que espontáneamente ofrecieron los alumnos de la Escuela Naval y los vecinos de dicho puerto, pues el jefe huertista lo desalojó violentamente con sus tropas. Hecho censurable que demuestra los tortuosos planes del huertismo.

El Gobierno usurpador hizo, en efecto, de este asunto, una maniobra política, en su afán de contrarrestar su creciente desprestigio, comprometiendo la suerte del país y atendiendo a sus fines ambiciosos. Con falsos alardes procuró explotar en su favor el patriotismo de los mexicanos e intento sembrar el desconcierto en el Ejército Constitucionalista, pretendiendo que éste se le uniera bajo el especioso pretexto de acudir en su caso a la defensa nacional; pero en realidad para anular los triunfos de la Revolución. El Ejército Constitucionalista, por conducto de sus dignos jefes, aunque pronto a cumplir con sus patrióticos deberes, negose a tan pérfidas insinuaciones.

Al tener conocimiento de estos hechos, con motivo de un despacho telegráfico en que el cónsul americano en Torreón trató de explicarlos, por instrucciones del secretario de Estado americano, el Gobierno constitucionalista dirigió al de los Estados Unidos del Norte la nota del 22 de abril de 1914, asumiendo sin vacilación una actitud bien definida. En ella se hizo presente que la nación mexicana, el verdadero pueblo de México, no había reconocido como a su mandatario al usurpador que pretendía ahogar en sangre sus libres instituciones; que los actos de ese usurpador y de sus cómplices no podían ser tomados como actos legítimos de la soberanía nacional, ni representaban tampoco los sentimientos de la nación mexicana, que son de confraternidad hacia el pueblo norteamericano; que esta falta de legitimidad del Gobierno de Huerta se corroboraba con el hecho de no haber sido reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, de la Argentina, Chile, Brasil y Cuba; que el usurpador era un delincuente que caía bajo la jurisdicción del Gobierno constitucionalista, único que representaba la soberanía nacional de acuerdo con el espíritu del artículo 128 de la Constitución Política Mexicana; que los actos de ese usurpador nunca podrían ser suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con Estados Unidos, porque no existía solidaridad entre ese Gobierno usurpador y la nación mexicana, por no ser el órgano legítimo de la soberanía nacional. Se manifestó con toda claridad y energía sobre esto, no obstante que la invasión de nuestro territorio, la permanencia de fuerzas americanas en el puerto de Veracruz o la violación de nuestros derechos que informan nuestra existencia como Estado Soberano Libre e Independiente, sí nos arrastrarían a una guerra desigual, pero digna, que yo quería evitar por todos los medios honorables, antes de que dos pueblos honrados llegaran a romper las relaciones pacíficas que los unían. Con estos fundamentos y en vista de las declaraciones del Senado americano, expresadas en el sentido de que los Estados Unidos del Norte no asumían ninguna actitud contra el pueblo mexicano, ni tenían el propósito de hacerle la guerra, y considerando igualmente que los actos de hostilidad excedían ya a lo que la equidad exigía para el fin perseguido, y no siendo, por otra. parte, el usurpador de México a quien competería otorgar una reparación, se concluía por invitar solemnemente al Gobierno americano a suspender esa hostilidad ya enunciada, ordenando a sus fuerzas la desocupación de los lugares que se hallaban en su poder en el puerto de Veracruz, y a formular ante el Gobierno constitucionalista, representado por mí, como Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila y Jefe del Ejército Constitucionalista, la demanda correspondiente por los sucesos acaecidos en el puerto de Tampico, en la seguridad de que esa demanda sería considerada con un espíritu elevado de justicia y de conciliación.

Siempre en esta actitud los sucesos se desarrollaron, como sabéis, por ser de pública notoriedad. Cayó el usurpador Huerta; la Convención tornose en foco de rebeldía y vino la infidencia de Villa a complicar la situación, embarazando la marcha triunfante del Ejército Constitucionalista en los momentos en que se llegaba al éxito final, dominando en casi todo el país y habiendo ya ocupado la metrópoli el Gobierno de mi cargo, la cual tuvo que abandonar como medida estratégica.

En el curso de estos acontecimientos y aun en medio de las situaciones más difíciles, el Gobierno constitucionalista insistió constantemente en la desocupación del puerto de Veracruz por las fuerzas invasoras, hecho plausible que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1914, fecha en que ondeó de nuevo nuestro pabellón nacional en esa heroica ciudad, que desde entonces quedó en poder de las fuerzas constitucionalistas, siendo de notar que se llegó a ese resultado sin mengua del decoro y del honor de la República y sin aceptar intervención ninguna en nuestros asuntos interiores; pues por espontánea petición de la Cámara de Comercio y de los negociantes, propietarios y vecinos de dicho puerto, por una parte, y por la otra, en vista de que todos los que habían servido puestos públicos durante la ocupación de las fuerzas americanas se sometieron a la decisión del Gobierno constitucionalista, éste expidió dos decretos: uno ordenando que no se pagaran de nuevo los impuestos que se habían satisfecho por los primeramente mencionados, y el otro concediendo indulto a los segundos.

Así terminó este asunto que pudo haber envuelto en una guerra desastrosa a dos países que por sentimientos y por intereses desean ardientemente la paz.

A raíz de la ocupación del puerto de Veracruz, los honorables plenipotenciarios del Brasil, Argentina y Chile, autorizados por sus respectivos gobiernos, me ofrecieron como Jefe Supremo de las fuerzas constitucionalistas sus buenos oficios para mediar en el conflicto entre México y los Estados Unidos, invitación que con franco agradecimiento acepté en principio con ese carácter, comunicándolo así en nota relativa de 29 de abril de 1914, expedida desde la ciudad de Chihuahua.

Dichos señores plenipotenciarios me dirigieron un mensaje proponiéndome entrar en un armisticio general, mientras se llegaba a una solución pacifica y amistosa en el conflicto pendiente entre México y los Estados Unidos; pero yo me negué rotundamente a aceptarla manifestándoles que ese conflicto, provocado intencionalmente por Victoriano Huerta, era de resolverse independientemente de nuestra lucha interna por la libertad y el derecho, estimando además inconveniente para la causa constitucionalista el que se suspendieran hostilidades y movimientos militares, suspensión que sólo a Huerta aprovecharía; que la guerra civil en México entre el usurpador Huerta y el pueblo en armas, debía seguir con toda actividad hasta restablecer cuanto antes el régimen constitucional interrumpido y obtener la paz consiguiente.

Seguidamente me dirigí con fecha 3 de mayo a los mismos plenipotenciarios, suplicándoles se sirvieran precisar los puntos a que debían concretarse sus buenos oficios en el mencionado conflicto, y como se iniciaron las conferencias del ABC en Niágara Falls sin que se accediera a mi petición relativa a fijar los puntos que debieran tratarse, les hice presente, por medio de nuestro agente confidencial en Washington, con fecha 25 del mes de mayo, que no había nombrado yo representantes en espera de esa contestación, entendiendo que no debía pasarse adelante en esas conferencias sin que en ellas tuviera delegados la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, que representaba la mayoría de los habitantes y la mayor fuerza armada de la República.

Sin habernos comunicado resolución alguna sobre tan esenciales particulares, las conferencias del ABC se continuaron integradas por los representantes de la Argentina, Brasil y Chile, por los delegados del Gobierno americano y por los enviados del general Victoriano Huerta, sin que yo hubiese nombrado mis representantes y sin haber tomado participación en ellas.

En este estado de cosas, los señores plenipotenciarios hacia el 15 de agosto de 1915 se dirigieron a mi proponiéndome en concreto, que en concurrencia con otros jefes políticos y militares que se hallaban en la lucha con el Constitucionalismo, se conviniese en una reunión, en un punto que al efecto se determinara para cambiar ideas y decidir la suerte del país y crear un Gobierno provisional que adoptara las medidas conducentes a su reconstrucción constitucional, y se procediera a la inmediata convocatoria de elecciones generales; en todo con la intervención, naturalmente, de los mismos plenipotenciarios que habían ofrecido sus buenos oficios.

A tan extraña pretensión contesté de una manera categórica por medio de la nota relativa expedida el 10 de septiembre del mismo año de 1915, que como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la República, no podía consentir en que los asuntos interiores de la misma se trataran por mediación, ni por iniciativa siquiera de ningún Gobierno extranjero, puesto que todos tenían el deber ineludible de respetar la soberanía de la nación; que al aceptar la invitación para asistir a una conferencia con los jefes de la facción rebelde a fin de devolver la paz a México, lesionaría profundamente la independencia de la República y sentaría el precedente de intromisión extranjera para resolver sus asuntos interiores, consideración que por sí sola bastaría para no permitirlo, en legítima defensa de la soberanía del pueblo mexicano y de las demás naciones americanas.

Además expuse brevemente todo el programa de la Revolución, refiriéndome a las reformas que constituyen la base de la nueva organización social que ya se había comenzado a implantar; que yo, con mi carácter indicado, tenía la inmensa responsabilidad de la realización de las aspiraciones nacionales y no podía, por medio de una transacción, poner en peligro la suerte de la patria ni permitir que los enemigos de la causa que represento tomaran participación directa en el Gobierno; que una dolorosa experiencia había demostrado las fatales consecuencias de semejantes transacciones; que habiendo respondido el pueblo con entusiasmo al movimiento que encabecé contra el usurpador, vencido éste, deshecho Francisco Villa y triunfante la Revolución contra los nuevos obstáculos que se amontonaron en su camino, contando con un ejército de ciento cincuenta mil hombres y habiéndose avanzado en la reconstrucción del país para volverlo a su vida normal, con el tráfico ferrocarrilero reanudado y mejoradas las vías de comunicación, el entrar en arreglos con la facción vencida era tanto como renunciar, por parte de la Primera Jefatura, a la victoria alcanzada a costa de inmensos sacrificios, e importaría por mi parte una renuncia también como Jefe del Ejército Constitucionalista y como Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, faltando a la fe y a la confianza en mí depositadas por el ejército y pueblo mexicanos.

Por todas estas consideraciones y haciendo notar que nadie tiene el derecho de impedirle a nuestro pueblo que goce en un porvenir no muy lejano del fruto espontáneo de sus dolorosas luchas, terminé manifestando que no podía aceptar la invitación que se me hiciera.

Esta fue la última palabra del Gobierno constitucionalista por lo que respecta a las conferencias de Niágara Falls y a la mediación ofrecida por el ABC.

Sin duda el Gobierno americano se convenció de la exactitud de los hechos y de la fuerza de los argumentos aducidos, pues reconoció como Gobierno de hecho en la República, al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.

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Fuente: Alducin Rafael. La Revolución Constitucionalista, los Estados Unidos y el ABC. México. Talleres Linotipográficos de Revista de Revistas. 1916.