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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 
 
2017
 


1917 Discursos sobre el artículo 115 del municipio libre. Heriberto Jara, Manuel Cepeda Medrano, Félix F. Palavicini y Esteban Baca Calderón.

Enero 24 de 1917

 

 

MUNICIPIO UBRE

Heriberto Jara
Manuel Cepeda Medrano
Félix F. Palavicini
Esteban Baca Calderón

 

En tomo a la institución del Municipio Libre, como ésta quedó finalmente estatuida en la fracción II del artículo 115, los diputados Heriberto Jara, Manuel Cepeda Medrano, Félix F. Palavicini y Esteban Baca Calderón en la 59ª sesión celebrada en la tarde del 24 de enero de 1917, pronunciaron los discursos que aquí se reproducen y en los cuales se enfatiza la necesidad de establecer un sistema que regule satisfactoriamente las finanzas de los Ayuntamientos.

 

DISCURSO DEL DIP. HERIBERTO JARA

 

Señores diputados: Si la Comisión no hubiera traído al debate la II fracción del articulo 115 en la forma en que está expuesta, seguramente que no hubiera sido consecuente con la idea expresada, que la referida Comisión tiene para dar a los municipios su libertad, de acuerdo con el programa revolucionario. No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. Hasta ahora los municipios han sido tributarios de los Estados; las contribuciones han sido impuestas por los Estados; la sanción de los presupuestos ha sido hecha por los Estados, por los Gobiernos de los respectivos Estados. En una palabra: al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, casi insignificante; una libertad que no puede tenerse como tal porque sólo se ha concretado al cuidado de la población, al cuidado de la policía, y podemos decir que no ha habido un libre funcionamiento de una Entidad en pequeño que esté constituida por sus tres poderes. ¿Qué razón habrá fundamental, digna de tomarse en consideración, para que, por ejemplo, la Federación dijera: “Yo voy a imponer las contribuciones en los Estados, y el Gobierno federal será quien después distribuya en los diversos Estados lo que a cada uno corresponda o crea que corresponda para sus atenciones?” ¿Cuál sería o cuáles serían las razones que se expondrían sobre el particular, razones, como antes dije, dignas de tomarse en consideración? Indudablemente que los Estados tienen a la vista sus distintos problemas, están mejor posesionados de ellos, ven de cerca sus dificultades y están en mejores condiciones para poder aplicar sus contribuciones y también para distribuir dichas contribuciones en el presupuesto de egresos. El que está lejos recibe las noticias de los diferentes lugares por conductos diversos, bien por informes secretos, bien por informes verbales, pero que no son lo suficientemente claros, que no son lo suficientemente precisos para dar una idea clara y terminante de lo que pasa en determinados lugares; así pues, las apreciaciones económicas que hiciese la Federación respecto a los distintos Estados, no serían exactas y estaría en condiciones de incurrir en frecuentes errores, con grave perjuicio de las entidades federativas; en relación, los municipios con los Estados están en iguales condiciones. Hasta ahora se ha acostumbrado que los municipios hagan los presupuestos de ingresos y egresos y vayan a los Estados para que allí sean revisados. Si el municipio, celoso de la instrucción pública, que defendió tanto nuestro compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, señala una fuerte partida para la instrucción pública, para su mejor sostenimiento y más amplio desarrollo, y el Estado cree que es una suma fuerte que no debe invertirse en la instrucción pública, y cree que se necesita para atenciones de otra especie, puede restarla de la cantidad señalada a la instrucción, sacrificando así un ramo tan importante, y el Estado se verá constreñido a sacrificarlo para poder hacer una obra eficaz, una obra buena en pro de la instrucción pública. Lo que se dice de este ramo puede decirse respecto de los demás: los municipios, las autoridades municipales, deben ser las que estén siempre pendientes de les distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, puesto que son las que están mejor capacitadas para resolver acerca de la forma más eficaz de tratar esos problemas, y están, por consiguiente, en mejores condiciones para distribuir sus dineros, las contribuciones que paguen los hijos del propio municipio y son los interesados en fomentar el desarrollo del municipio en las obras de más importancia, en las obras que den mejor resultado, en las que más necesite, en fin, aquel municipio. Seguramente que los habitantes de un municipio son los más interesados en el desarrollo de éste; si se trata de un comerciante, yo creo que es el mayormente interesado en que haya, por ejemplo, magníficas vías de comunicación, en que haya ferrocarriles en el lugar donde reside, en que haya facilidades para transportar sus mercancías y facilidades para la exportación de sus productos; si se trata de alguna población agrícola, los particulares, los que no ejercen el comercio, también ¿cómo no han de desear que su población tenga las mejores condiciones, buenas calles bien adoquinadas, con un servicio de atarjeas sano, con luz eléctrica, en fin, con todas las mejoras que los pueblos modernos tienen en la actualidad?, y por consiguiente, los habitantes de estas pequeñas entidades, que forman el gran conjunto nacional, serán los más interesados en el desarrollo de las poblaciones, serán los que procuren que se establezca una especie de competencia, porque nadie querrá quedarse atrás en la marcha hacia el progreso. Cuando sepa un municipio convecino de otro que en éste se está desarrollando una magnífica acción en pro de la educación pública, esto servirá de aguijón, de estímulo para que el otro municipio procure hacer lo mismo, para que procuren sus habitantes tener en su población suficiente número de escuelas y tener profesores bien pagados, para que la acción escolar sea efectiva y eficaz. Algunos temores se han iniciado acerca de que si a los municipios se les deja el manejo de la hacienda libremente, es probable que incurran en frecuentes errores de alguna trascendencia; nosotros, en previsión de eso, nos hemos permitido asentar que las legislaturas de los Estados fijarán lo que a éste corresponda para las atenciones meramente indispensables para el sostenimiento de los gobiernos de los Estados, para lo que sea absolutamente necesario para el funcionamiento de esos gobiernos. Pero queremos quitarles esa traba a los municipios, queremos que el Gobierno del Estado no sea ya el papá, que temeroso de que el niño compre una cantidad exorbitante de dulces que le hagan daño, le recoja el dinero que el padrino o abuelo le ha dado, y después le da centavo por centavo para que no le hagan daño las charamuscas. Los municipios no deben estar en esas condiciones. Si damos por un lado la libertad política, si alardeamos de que los ha amparado una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de tanta importancia y se ha devuelto al municipio lo que por tantos años se le había arrebatado, seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte y la restrinjamos por la otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra Carta Magna como un bello capítulo y no se llevará a la práctica, porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento del Gobierno del Estado. (Aplausos.) Así pues, señores diputados, pido respetuosamente a vuestra soberanía os dignéis dar vuestro voto por el artículo a discusión en la forma en que lo ha expuesto la Comisión. (Aplausos.)

 

 

DISCURSO DEL DIP. MANUEL CEPEDA MEDRANO

 

Señores diputados: Celebro que en esta ocasión hayan tenido la amabilidad de concederme uno de mis derechos: hacer uso de la palabra. He visto con mucha tristeza que muchas veces me han coartado este derecho, y ahora no quiero que se vuelva a cometer esa ingratitud. Me ha traído a esta tribuna un asunto importante para el Municipio y el Estado, y es indispensable que pongamos en esto una poca de atención; es necesario que consideremos unas cuantas ideas vertidas y es necesario que hagamos comprender a la Comisión, compuesta por tres miembros muy patriotas y muy honorables, que vamos contra ella en estos momentos, no por inquina, no por sistema, sino porque es necesario combatir enérgicamente esta vez que se juega la suerte del Municipio y del Estado. Yo he sido una de las personas que, como el señor Álvarez, dedicado durante cuatro años a la cuestión de la hacienda pública, he comenzado desde el último puesto y he tenido el honor de escalar el más elevado; he sido visitador, agente fiscal, recaudador de rentas, inspector de oficinas públicas y últimamente, antes de venir al Congreso Constituyente, era tesorero general del Estado de Coahuila. Abandoné mi puesto, renuncié a él, porque quise tener libertad para poder venir a este Congreso. Fui de los primeros que se presentaron a laborar junto al señor Carranza, en Coahuila, cuando necesitaba de nuestros esfuerzos. (Siseos.) Celebro que algunos compañeros me siseen por esta razón, porque hemos venido con el señor Carranza desde 1913, y con nuestras energías y con nuestros esfuerzos en la hacienda pública, hemos contribuido al sostenimiento de las fuerzas de esta gloriosa revolución. Puedo decir, señores diputados, como ha dicho un gran estadista: “si no queremos que los principios más rudimentarios, las más preciosas conquistas de la razón humana, que toman el nombre de derechos, sean humo y nada, es preciso que la hacienda los apoye y los ponga al alcance de todos y cada uno de los individuos que componen la sociedad”. Hoy hemos tenido una reunión algunas personas de esta honorable Cámara, y hemos formado un memorial que calzan las firmas de los señores Esteban B. Calderón, López Guerra, Arnulfo Silva, Julián Adame y el que habla, y que dice: (Leyó.) Señores diputados: probablemente cuando se tratan estos asuntos que son cansados de por sí, no se pone la atención necesaria para poder resolverlos, y probablemente os cansarán estas cuestiones hacendarías, como os han cansado algunas otras cuestiones; pero que son necesarias para los intereses generales de la patria. Hasta ahora los oradores del pro y del contra no hemos oído razonamientos. Las razones que ha expuesto el señor Martínez Escobar son que los municipios sufrirán perjuicios grandes si nosotros permitimos que ellos recauden todos los impuestos y que de allí participen algo al Estado. El señor Álvarez dice que no es ésa la idea de la Comisión; y yo me permito advertirle al señor Álvarez que la 2ª Comisión ha establecido en el dictamen que todos los impuestos serían cobrados por el Municipio y que de allí se participaría algo al Estado. El señor Álvarez dice que no serían todos los impuestos, que el Estado tendría sus impuestos propios; habría dos recaudaciones como hasta ahora existen en todos los Estados; habría la Tesorería Municipal y la Recaudación de Rentas del Estado; es indudable, supuesto que el Estado cobrará sus rentas propias, sobre minerales, sobre la tierra, rentas sobre las propiedades, etcétera. Es natural que deben existir dos recaudaciones y no una sola. No se va a conocer nada, ni se va a entorpecer el sistema de que se ha hablado. En el Estado de Michoacán se ha establecido un sistema que nos ha expuesto el señor Álvarez: ese sistema es inconveniente para el progreso de cualquier Estado; es inconveniente, porque los municipios, los ayuntamientos, desgraciadamente, se encuentran integrados, en su mayor parte, de gente ignorante; esta verdad es necesario decirla sin escrúpulos. El señor Álvarez nos ha dicho que él ha sido visitador de hacienda durante seis meses; el señor Álvarez nos ha dicho que él ha visitado esas recaudaciones, que ha visto que esos hombres no son aptos para llevar la contabilidad; el señor Álvarez nos ha manifestado una gran verdad, y yo voy a decir algo más: en mis visitas, como he dicho, a todos los municipios, he encontrado que no sólo se han defraudado los intereses del Municipio, sino que ni siquiera han cumplido con sus deberes los empleados de la hacienda pública. En Coahuila, tan luego como nos dejaron el campo las fuerzas del traidor Huerta, fuimos a ver la hacienda pública en los municipios, y, asómbrense ustedes, todos los municipios sin excepción, tenían su papel fiduciario sin tener en sus cajas los fondos de reserva correspondientes a la cantidad de papel que habían emitido, y entonces el Gobierno del Estado, de una manera enérgica, les ordenó que se arbitraran aquellos fondos y que pagaran aquellos vales. Encontramos alguna resistencia para obligar a cada uno de los presidentes a que diera la orden al tesorero; cuando el presidente se resistía teníamos que investimos de la autoridad que teníamos para que el pueblo no saliera defraudado. Eso fue en todos los pueblos del Estado de Coahuila; allí la inmoralidad fue grande, la torpeza fue inaudita, la contabilidad no se conocía por parte de los empleados; nos dirán ustedes, como nos dijo el señor Álvarez, que en su pueblo, en Zamora, cuando fue presidente municipal, en ese tiempo la hacienda pública se encontraba en pésimas condiciones —yo creo que no fue en tiempo del constitucionalismo—, que no se podía pagar a los soldados, a los gendarmes; nos ha dicho que ha encontrado que los ciudadanos no votaban únicamente porque no se ha dejado en completa libertad a los municipios, porque aquellos ciudadanos son partidarios celosos de su derecho, y quieren que los tesoreros municipales y presidentes municipales administren los fondos para colocar su voto en la urna. Si este egoísmo es tan grande en ese Estado —que no creo que no voten o hayan votado antes—-, ha sido debido a otras causas, pues si así no fuere, se impondría la necesidad de recogerles todos los fondos a las ciudades, para que fueran a depositar su voto en la urna los ciudadanos. Nosotros hemos visto en todas las tesorerías municipales desbarajuste y desorden; especialmente hemos observado en su contabilidad, que no se puede llamar contabilidad, grandes errores, y hasta que no se exija a los inspectores, a los visitadores, el requisito de saber la contabilidad a fondo, la contabilidad fiscal que no conoce absolutamente nadie, y naturalmente aquellos hombres que en pueblos humildes han ido allí por elección popular o por indicación del presidente municipal a desempeñar un puesto público, es natural que no conozcan nada, porque se les ha arrancado de los trabajos del campo para que vengan a desempeñar un puesto honroso, y ¿cómo ha de ser posible que nosotros vayamos a depositar toda nuestra confianza, todos nuestros asuntos públicos y nuestros fondos en poder únicamente, absolutamente, de los ayuntamientos sin intervención del Estado? y entonces, ¿cómo podremos exigir nosotros que el Estado pueda mantenerse libremente, que pueda progresar, que pueda mantener sus fuerzas de seguridad pública, y que pueda, en fin, mantener la instrucción? (Voces: ¡A votar! ¡A votar!) Parece, señores, que os han cansado estas cuestiones hacendarías y económicas, pero los que hemos tenido práctica en estos asuntos, no con pretensión, sino con ánimo de orientar a esta honorable Asamblea, venimos a exponer nuestras ideas que muchos de ustedes no han conocido nunca. (Aplausos.) Tengo necesidad de hablar asi en estos momentos. Yo quisiera, señores diputados, que aquí, como dijo algún otro orador, se levantaran todos los que conocen algo de la hacienda pública de sus Estados, para con ellos contender, pero si dicen ustedes que por orgullo, por pretensión, venimos aquí a abordar la tribuna provocando el cansancio de la Asamblea, es necesario tener en cuenta, señores, que esta vez se juega la suerte del Estado y de la República, y no queremos que el Municipio, al venir a ser autónomo, venga a ser árbitro del Estado, y que se encuentre como el papá grande para los Estados, así como ha dicho Jara, que él no permite que el Estado sea el árbitro dentro de su Entidad, así nosotros no permitiremos que los municipios sean autoridades dentro del Estado. Es necesario que haya coacción, es necesario que haya unión política. Aquí se nos ha dicho en este dictamen de la 2ª Comisión que entre los conflictos del Municipio y el Estado, por cuestiones hacendarías, debe resolver la Suprema Corte de Justicia. Esto, sencillamente, señores, es contrariar todo sentido común, porque nosotros no podemos admitir que dentro del Estado un presidente municipal, porque se le antoje quejarse a la Suprema Corte, tan sólo porque no- se le apruebe un presupuesto, venga a imponerse al ciudadano gobernador o a la Legislatura del Estado.

 

 

DISCURSO DEL DIP. FÉLIX F. PALAVICINI

 

Señores diputados: Este tema es de alguna importancia, precisamente para dejar precisadas las condiciones que debe tener el Ayuntamiento libre. El tema que se está tratando no es para saber si se afecta o no a la democracia, sino si puede haber un verdadero funcionamiento democrático en un Municipio como el de la ciudad de México; este va a ser el tema a que voy a concretar mi discurso. La ciudad libre desde el punto de vista municipal, en su origen histórico, es la ciudad que tiene todos los recursos para subsistir, que vive de sí misma; este fue el origen de las ciudades, como ustedes lo saben, y el señor Truchuelo lo sabe mejor que yo. El origen de las ciudades fue reunir en el perímetro de las mismas todos los recursos para su vida material, para su alimentación, para su policía, para su defensa; tenía sus fueros propios, y ustedes recordarán la frase de los infantes de Aragón, que podían decir al rey que uno solo valía tanto como él y juntos valían más que él. Recuérdese que los fueros de las ciudades españolas fueron tan fuertes y resistentes a toda clase de invasiones, que nunca pudieron subyugarse sino por la dominación alemana, cuando Carlos V gobernaba en España. Aquellas ciudades libres, originales, tuvieron después que ligarse por relaciones comerciales, tuvieron después que entenderse para hacer un intercambio de los productos, para que lo que una poseía pudiese llevarse a la otra, y recíprocamente; pero este origen de la organización municipal, que en México nunca ha llegado a tener tradición y que va a surgir apenas con la revolución constitucionalista, que estableció la autonomía del municipio fracasará totalmente en México, como ha fracasado hasta la fecha el municipio; y voy a demostrar por qué. La ciudad de México no es una ciudad autónoma ni nada; vive de los recursos de la Federación, es decir, de los recursos de los Estados; la ciudad de México ha vivido siempre de las contribuciones afluentes de todas las entidades federativas para su embellecimiento; esto es legítimo, a esto tenía derecho la ciudad de México; pero a esto no tienen derecho los munícipes de la ciudad de México. Cuando el señor diputado Jara quiere que los munícipes de la ciudad de México, en un cónclave especial, en un congreso propio, dispongan de todas las obras materiales, de todas las obras públicas, tengan libertad para contratar y resolver todos los asuntos cuantiosos de la ciudad de México, se imaginan que es propio de la ciudad de México lo que va a invertir. Pues no, señores diputados, lo que ha invertido toda la vida la ciudad de México ha sido los fondos de la Federación; solamente en escuelas se gastan al año, en México, ocho o nueve millones de pesos oro nacional, que vienen de los Estados. La ciudad de México tiene un costoso pavimento, un servicio de atarjeas que significa erogaciones anuales enormes; el alumbrado; en fin, todos los servicios municipales en la ciudad de México son pagados por la Federación, porque las rentas del Municipio no bastarían para sostener el lujo de la ciudad de México. Ahora, ¿por qué ha sido necesario que sea lujosa la ciudad de México? Esto es elemental. Los poderes federales exigen para su propio decoro tener una ciudad sana, limpia y bien alumbrada; esto nunca se podrá impedir a los poderes federales. Hay otra razón de soberanía popular en suprimir el Municipio a la ciudad de México. El Municipio de México, resolviendo sus obras materiales, tiene que disponer de fondos que no son propios y lo hace resolviendo en el Concejo Municipal todos los contratos de luz, pavimentos, etcétera, etcétera; en cambio, si no fuesen los concejales de la ciudad de México los que tuvieran que resolver, sería el Congreso, los representantes de los Estados, que es de donde viene el dinero. El Ejecutivo no podría hacer nada absolutamente, ni podría disponer de un solo centavo de la Federación, sino por acuerdo del Congreso. Es precisamente la Cámara de Diputados la que autoriza y no se puede hacer ningún contrato de obras públicas si no lo aprueba el Congreso. Las obras públicas son el negocio principal de la ciudad de México, desde el punto de vista del Ayuntamiento. Si esos fondos vienen de los Estados, ¿a quién toca vigilar si no a los representantes de la Federación? De manera que esta observación, hecha por el señor Jara, sale completamente de la discusión, porque los señores munícipes de la ciudad de México no deben ni pueden disponer de los fondos de la nación. La diferencia de poderes y las dificultades que habría entre el Poder federal y el Municipio pueden ser motivo de discusión; esa es cuestión casi reglamentaria; yo no le he dado gran importancia a ese aspecto de la cuestión; pero en realidad, como dice el señor Jara, la Policía, que es la fuerza de acción Municipal, ¿habrá de quedar siempre en manos del Ejecutivo para su propia garantía?, ¿la Policía debe quedar bajo la dirección del Ejecutivo?, entonces ¿qué va a hacer el Ayuntamiento?, ¿vigilar el saneamiento de la población? Esta es una cuestión perfectamente técnica que ustedes saben se está estudiando para darle una organización federal, a fin de que la higiene pública esté vigilada por los poderes de la Federación. Este es un estudio urgente, porque si los poderes federales no toman la vigilancia de la higiene pública, ésta no progresará jamás en el país. Las escuelas, las escuelas manejadas por el Ayuntamiento de la ciudad de México, serían un perfecto desastre. No es igual la escuela de Milpa Alta a la escuela de Santa María de la Ribera. La escuela de Milpa Alta o la de San Pedro Tlaloc necesitan ser vigiladas por sus vecinos. Estando yo en la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, fui uno de los más decididos adversarios de esta Secretaría de Estado, precisamente porque vi que la Dirección Central de las escuelas es detestable, aun en el mismo Distrito Federal. La escuela de Míxquic recibe siempre al profesor o profesora, al director o directora de la escuela, que son siempre el desecho de la ciudad de México, porque los vecinos tienen que soportar la imposición del Ministerio, que les manda un empleado que no puede utilizar en México. A un maestro de escuela, con veinte años de trabajo, que no puede ser jubilado, pero que tampoco está a la altura de los programas pedagógicos actuales, se le manda a un pueblo como Míxquic, y los vecinos tienen que soportar a un anciano cansado, que hace muchos años que no lee ningún libro, que abre la escuela cuando quiere, que la cierra cuando le pega la gana y que no hace progresar a sus alumnos, porque no tiene la inteligencia necesaria; y cuando pasa el inspector o informa que el maestro es malo, se sigue teniendo allí al maestro, porque no se le puede jubilar ni se le puede echar a la calle; se necesita conservarlo, porque, si no se le conserva, se comete una crueldad, se le vienen encima al Ministerio protestas enormes, porque se ha separado a un maestro con veinte años de servicio; y de allí que los vecinos tienen que soportar al maestro. Cuando los vecinos busquen a su profesor, tendrán buen cuidado de no poner a un maestro cansado o ebrio o a una profesora de mala conducta. Así, pues, la vigilancia inmediata del Municipio sería eficaz en cada una de las poblaciones del Distrito Federal; pero no sucede lo mismo en la ciudad de México; en México sucede todo lo contrario, y voy a explicarlo: la marcha de la enseñanza en la ciudad de México está subalternada a una Dirección General de Educación, «pie en caso de que existiera el Municipio pasaría a depender del Ayuntamiento, y ya en un caso como éste es donde se demuestra la imposibilidad de un cuerpo colegiado para dirigir. Cuando el Ayuntamiento tiene que resolver sobre cuestiones de higiene, ha sido siempre un fracaso completo y la Historia de México lo ha demostrado: ha tenido que cederse al Gobierno del Distrito o al de la Federación la contratación de las obras públicas, y el concejo municipal no ha llegado a tener un acuerdo definitivo, es incapaz de estudiar; habría que establecer el sistema de poner al médico como regidor de higiene y al tendero, que se ocupe de abarrotes, como regidor de comestibles; esta distribución no se puede hacer en la ciudad de México, porque habría que elegir un especialista para cada ramo y aquéllos tendrían que estar resolviendo en cada caso la marcha pedagógica de las escuelas; esto está subalternado desde hace tiempo a los congresos pedagógicos, el mismo Poder Ejecutivo no puede ni debe intervenir en los cambios de programas. La revolución, que tuvo la oportunidad de asumir todos los poderes y de obrar con toda libertad, ha cometido graves errores por la festinación en lanzar nuevos programas, ha quitado a la autoridad ejecutiva el exclusivo derecho de legislar sobre educación y ha resultado que año por año estamos violando los planes de estudios, con perjuicio de los estudiantes. Con el establecimiento del Congreso Pedagógico tendrá la ciudad de México que adoptar el programa del Congreso para todo el tiempo que dure el programa escolar, y como cada año lo fijaría el Congreso, los cambios se harían anualmente. Pero vamos a algo de más inmediata urgencia. La ciudad de México, y aquí es donde es necesario que enterremos la mentira, la ciudad de México no puede subsistir municipal mente, porque no tiene recursos para ello; se han hecho números, la Primera Jefatura ha mandado reunir todos los datos, ha estado estudiando para resolver de una manera exacta, y ha resultado que los ingresos municipales serían insuficientes para atender a los servicios municipales. Está aquí el señor Lozano, que fue tesorero municipal, que ha sido subdirector de rentas, y él puede decirnos si es o no cierto.

—El C. Lozano: Es cierto.

—El C. Palavicini, continuando: Hay más: en la ciudad de México, hay una serie inconcebible de autoridades, constantemente en desacuerdo: el gobernador del Distrito no sabe todavía basta dónde llegan sus límites de acción, frente al presidente municipal, y el presidente municipal y el gobernador del Distrito se encuentran todos los días frente al comandante militar. El comandante militar, el gobernador del Distrito y el presidente municipal están siempre en México con una serie de dificultades de jurisdicción, aun para lo más sencillo. La vigilancia de Policía en México tiene una consigna, los oficiales de Policía tienen otra y tienen otra también las patrullas que guarnecen la ciudad. Se han visto serias dificultades en algunas veces, por encontrarse patrullas de la comandancia militar frente a patrullas de la Gendarmería Montada, cuando ésta existía en México. El ministro de Gobernación, no ha entendido las funciones para las cuales se previó que existiera esa Secretaría de Estado, es decir, que no se ha concretado a un funcionamiento meramente de relaciones interiores entre los gobernadores y el Ejecutivo para desarrollar un programa federal en las relaciones de los Estados, sino que toda la vida el ministro de Gobernación ha dado principal atención a la vida de la ciudad de México, porque no ha habido gobernadores especiales en la ciudad de México. El director de Obras Públicas y el gobernador del Distrito no han sido nombrados por la Federación. Y yo digo, señores diputados, que si la Federación sostiene a la ciudad de México, no debe nombrar sus funcionarios el Ejecutivo, o debe nombrarlos, previa consulta al Congreso de la Unión; así como va a nombrar sus magistrados, debo someter al Congreso el nombramiento de las autoridades que vayan a regirla; esto es tan elemental, que lo voy a demostrar: por ejemplo, si las autoridades de la ciudad de México fuesen únicamente nombradas por el Ejecutivo, resultaría que todos los poderes allí residentes estarían subalternados a una autoridad ejecutiva inmediata, que no tendría por los otros poderes más que el respeto que quisiera darles, considerando la jerarquía que las leyes les dan. Pero si los gobernadores de la ciudad de México tienen que ser nombrados por el Ejecutivo con ayuda del Congreso de la Unión, la Federación estarla vigilándolos. No hay ninguna relación entre el Gobierno de un Estado y el municipio de la capital del Estado, porque ésta no es residencia de un Gobierno de Estado; porque tampoco tendrían que ver las municipalidades que rodean a la ciudad de México, sino simplemente la propia ciudad de México, residencia de los poderes federales. La confusión ha venido al ciudadano Jara ya otros ciudadanos diputados de que creen que quitando el Ayuntamiento, y esto creo lo dijo el señor diputado Silva, que se les prohíbe con esto la votación directa a los ciudadanos de México. No se les priva de nada, pero aun suponiendo que se les privara de algún derecho, como por ejemplo, para elegir munícipes, para administrar fondos que no son de la municipalidad, el derecho dado preferentemente a los habitantes de la ciudad de México es enorme con relación a la representación de los Estados, y esta tesis la he tenido desde hace varios años. ¿Por qué razón el habitante de la ciudad de México va a tener esas ventajas, con las que no cuentan los Estados? Los habitantes del Distrito Federal en la Unión Americana, no pueden votar, conservan su vecindad del Jugar donde han salido para ir a volar allí en la elección general; pero ya se sabe que en la ciudad de Washington los habitantes no tienen voto y no deben tenerlo porque, en realidad, no pueden administrar una ciudad que está pagada por la Federación. El Gobierno de Washington está integrado por una comisión designada por el Ejecutivo y propuesta al Congreso de la Unión, de modo que el Gobierno de aquella ciudad priva a los habitantes de votar para munícipes. En la ciudad de México no se les quita el voto en lo general, pues tienen su voto para otra clase de funcionarios de elección popular. Esta es, en síntesis, la explicación que yo puedo dar sobre la materia; claro es que esta disertación algo defectuosa y violenta para no salirme del término prescrito por la Asamblea, no expresa perfectamente que la idea del Municipio Libre es la propia libertad económica, y no puede haber autonomía donde no hay elementos suficientes para que subsista, que la razón de ser de los ayuntamientos es que puedan vivir de sus recursos. Al dar la ley municipal, se expresó que los territorios se dividieran de tal manera, para que cada ayuntamiento tuviera los recursos bastantes para subsistir y que se hiciera una nueva división municipal; pero en la ciudad de México no puede existir el municipio, y yo digo aquí a los señores diputados, a los representantes de toda la República: a la Representación Nacional es a la que le toca vigilar el progreso, el lujo y el adelanto de la ciudad de México, que es una ciudad federal. Es a los representantes de la República a quienes les toca exclusivamente controlar los intereses de una ciudad donde residen los poderes federales, y es a los poderes federales a quienes les toca designar autoridades, para que respeten su poder y para que no dependan de una autoridad municipal que constantemente esté urgida de fondos, porque sabe que no vive de sus propios recursos, sino de los recursos de la Federación. (Aplausos.)

 

 

DISCURSO DEL DIP. ESTEBAN BACA CALDERÓN

 

Señores diputados: He notado que el señor Lizardi estaba inscripto en pro y ha hablado en realidad en contra del dictamen; el dictamen dice: “Artículo 115, fracción II. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos del Estado, en la porción y término que señale la Legislatura local. Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para el efecto de percibir la parte que corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada Municipio. Los conflictos hacendarlos entre el Municipio y los poderes de un Estado los resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos que establezca la ley". Deja a los municipios el derecho de administrar libremente su hacienda, recaudar todos los impuestos y contribuir a los gastos públicos del Estado. Lo que se ha impugnado ha sido esto: que los municipios cobren todos los impuestos; en esa parte del dictamen, que es la esencial, que es la que se debate, el señor licenciado Lizardi no ha estado de acuerdo. Desde luego, señores, al dirigir a ustedes la palabra, comienzo haciendo un llamamiento a la benevolencia de ustedes, ya que carezco de palabras elocuentes, por lo que algunas veces tropiezo con verdaderas dificultades para hacerme entender. Vengo aquí animado de un buen propósito y me siento impulsado a hablar en este sentido, que reconozco como un deber de expresar libre y francamente mis opiniones cuando creo tener conocimiento en la materia. Los señores que conocen el ramo de Hacienda probablemente tienen su criterio bien formado sobre este punto a debate. Yo no estoy de acuerdo con la Comisión, porque propone un desastre en el régimen hacendario, y me permito, ante ustedes, hacer esta pregunta al señor Bórquez, que conoce perfectamente el ramo de Hacienda, por haber sido jefe de Hacienda en Sonora. (Dirigiéndose al señor Bórquez): ¿Estoy en lo justo al suponer que usted está en contra del dictamen de la Comisión?

—El C. Bórquez: Sí, estoy en contra.

—El C. Calderón: Creo que en esta materia nosotros, los que hemos trabajado en el ramo de Hacienda, somos los que debemos exponerla con alguna claridad ante ustedes, y haré de paso una rectificación al señor diputado Medina, por quien yo siento verdadera simpatía, por quien todos hemos de sentir reconocimiento y hasta admiración, puesto que, como miembro de una Comisión dictaminadora, podemos decir que ha sido uno de los mártires de la Asamblea, en cumplimiento de un deber, y repito esta aclaración: sosteniendo el quizá con algo de pasión su dictamen esta tarde, puesto que era propio, por miedo de que se reprobara ese dictamen, nos tildó a los oradores que vinieran a impugnarlo, de retardatarios o rutinarios, más bien dicho, en el ramo de Hacienda.

—El C. Medina: Yo no he dicho eso.

—El C. Calderón: Usted me dispensará, pero dijo que los que hablaran en contra de ese dictamen, hablaban porque seguían la rutina, o sea porque hemos venido a trabajar siguiendo los viejos moldes establecidos en el sistema hacendarlo. Fue esto lo que el señor Medina dijo, y ya que de rectificaciones se traía, en otra ocasión, cuando también con pasión sostuvo su dictamen, cuando una parte de la izquierda jacobina salió de esta Asamblea y desintegró el quórum, porque no estaba de acuerdo con la intromisión del Poder Ejecutivo, con la injerencia de éste al designarse los miembros de la Suprema Corte de Justicia, creyó esta Asamblea ver una tendencia de centralismo en esta ocasión, y también, como ya dije, sostuvo con pasión, y no digo que de mala fe, porque esto es insospechable, pero sí es claro que los miembros de la Comisión en algunas ocasiones no se manifiestan dispuestos a dejarse convencer, porque creen que su prestigio está de por medio. En esa ocasión en que el ala de la izquierda desintegró el quórum, esos hombres, que se levantaron, esos hombres que creían que obraban convenientemente, esos hombres estaban impulsados por el patriotismo, y si no tuvieran otras glorias como tantas que se han conquistado en los campos de batalla o prestando su acción de ayuda a la revolución, este simple hecho los cubrirá de honor ante la Historia. Repito, señores, que siento por el señor Medina simpatía, que soy el primero en reconocer su obra monumental, puesto que tiene una labor abrumadora y es natura] que en algunas ocasiones no pueda colocarse exactamente en el terreno de lo justo, pero esto es propio de la naturaleza humana. Pero vamos a la cuestión, señores diputados: pesan sobre el pueblo mexicano impuestos de distintas clases; un cúmulo de impuestos exagerados que están exasperando a los contribuyentes. El contribuyente paga impuesto al Estado; si es comerciante, paga por la patente; esto es, por el derecho de abrir el establecimiento; luego paga sobre las ventas; al municipio también le paga impuesto; el Timbre también le cobra por los mismos conceptos al comerciante. Además de esto que tiene que pagar el contribuyente al Estado, la Federación le cobra una adición de 50 por ciento por cada peso que cobra la Tesorería Municipal. De manera que el sistema de impuestos es lo más atroz que pudiera imaginarse en el campo hacendarlo. Es un cúmulo de impuestos; se paga por la propiedad rústica, por la propiedad urbana; se paga al Estado, al municipio y dos veces se paga al Timbre. El día que el Primer Jefe llegue a abolir la odiosa Ley del Timbre... (Voces: ¡No! ¡No!) Sí, señores. ¿Por qué no? Nosotros no somos de la rutina; aspiramos a la supresión de la Ley del Timbre. Allí está el señor Bórquez, que antes de hablar con los señores que propusieron su iniciativa habló conmigo, porque tuvo la confianza en que yo comprendía la trascendencia de su iniciativa. ¿No es exacto, señor Bórquez? Cuando el Primer Jefe suprima esa odiosa ley de fiscalización, lo mismo que el impuesto de rentas, impidiendo a los inspectores andar revisando la contabilidad de los comerciantes, violando por este hecho el secreto profesional, se habrá adelantado mucho; y por eso al discutirse el capítulo de garantías individuales, recordarán ustedes con cuánto celo y patriotismo los señores que formaban la 1a. Comisión sostuvieron este punto, de que cuando los delegados del Gobierno tuvieran que fiscalizar la contabilidad de los comerciantes se sujetarían a ciertas restricciones que consignamos en la Constitución. Decía a ustedes que cuando se llegue a la supresión de gabelas, que creo que el Primer Jefe lo hará, pues realmente ha existido siempre un cúmulo de impuestos, todos los pueblos de la República le tributarán un aplauso, le levantarán una estatua: tanto es asi como ha exasperado esa ley que a cada paso les impone multas. Señores: he querido demostrar a ustedes, y probablemente no lo he conseguido, la conveniencia de sostener el régimen viejo de Hacienda; pero este sistema hacendario es imposible modificarlo en un solo momento, en un solo día, de un día para otro. La cuestión de hacienda es la cuestión capital; sin recursos, sin dinero, no puede tener vida el Estado; no puede sostenerse la administración pública, y saben ustedes muy bien que en el Estado no abundan los hombres conocedores en el ramo de Hacienda: son muy escasos. Nosotros mismos, los que hemos tenido la oportunidad de servir ese ramo y que abundamos en los mejores deseos por modificar ese sistema de impuestos; nosotros mismos no tendremos el convencimiento o pretensión de creer que podamos en un momento dado resolver tan tremenda cuestión. Es verdaderamente imposible, como ya dije, modificar ese sistema. ¿Vamos, por consiguiente, a confiar en que los señores munícipes de todos los pueblos son lumbreras en el ramo de Hacienda? Seguramente que en esos pueblos van a ser los tinterillos los que van a decretar los impuestos que han de proponerse, como ustedes saben, a las legislaturas del Estado. Ese punto no está a debate; ya todos tienen en la conciencia que es la Legislatura del Estado la que debe aprobar el plan de propios arbitrios de cada Municipio. (Una voz: ¡No!) He oído un no, pero lo agradezco, porque me da ocasión de desarrollar una idea que es de peso. No hay en los Estados más Poder Legislativo que el Congreso del Estado; creo que hemos federalizado la República, creo que los municipios no deben ser un conglomerado en el campo económico de la Suprema Corte de Justicia, convirtiendo todo el vasto territorio nacional en una República central tiránica y despótica en el campo hacendarlo, porque todos estos ayuntamientos harían como el muchacho consentido que está llorando a cada momento para que le den lo que pide, y eso sucedería con los ayuntamientos y la Suprema Corte de Justicia. El campo económico pertenece a la soberanía del Estado, y si nosotros somos conscientes, si sabemos los ramos hacendarlos, debemos rechazar esa idea de que los municipios se dirijan en sus quejas al Poder Supremo. Señores diputados: suplico a ustedes me tengan una poca de paciencia, y que si notan que vierto un concepto que no sea claro, con toda franqueza me hagan una interpelación. El impuesto: en los impuestos, señores, como el mismo señor Lizardi lo ha dicho, no puede el municipio gravar todos los ramos de la riqueza, y se van a convencer de ello; tienen ustedes, por ejemplo, que el Estado cobra sobre las propiedades rústicas, sobre las propiedades urbanas, sobre el impuesto minero, traslación de dominio, sobre establecimientos mercantiles e industriales, por patentes, impuestos de ventas y por la producción, si son fábricas; por el impuesto de ventas, por herencias y sucesiones, tramitación de instrumentos públicos, legalizaciones de firmas; el impuesto sobre profesiones, el impuesto sobre mezcales. Como los ramos de riqueza son tan variados en todo el país, lo lógico y natural es precisar aquí que quedarán las legislaturas en libertad de darle al municipio los ramos que debe gravar y quedarse el Estado con los que él tiene que gravar, por ejemplo la propiedad rústica, la propiedad territorial; hay propiedades territoriales que lindan con dos o tres municipios; por consiguiente, esa propiedad es la que corresponde en realidad al Estado. Para llegar, señores, a simplificar los impuestos, precisa ante todo formar el catastro de la República; esa labor está encomendada al Gobierno de los Estados; y el Primer Jefe, al disponer que se forme el catastro, se ha dirigido a los gobiernos de los Estados, no se ha dirigido a los municipios. Cuando ese catastro esté terminado llegará la ocasión de abolir, si el Primer Jefe lo estima conveniente, la odiosa Ley del Timbre, y entonces el sistema de impuestos será el más simple; quitaremos todo ese cúmulo de impuestos que tanto exaspera al contribuyente y que hace casi imposible la recaudación de una manera legal y equitativa, porque para el ramo de Hacienda deben ustedes saber que no cualquier hombre puede servir inmediatamente en una oficina; conozco personas ilustradas que si las llevan a una oficina de rentas, aun con dos o tres meses de práctica, no es posible que se pongan al corriente para aplicar la Ley de Hacienda. Esta tarde el señor Cepeda Medrano no tuvo la fortuna de hacerse oír con atención por la Asamblea porque la atención de la Asamblea estaba cansada; pero el señor Cepeda Medrano tenía que someter a las consideraciones de la Cámara las observaciones de personas conocedoras del ramo de Hacienda, eminentemente liberales e insospechables, que las consignaron en dos o tres hojas de papel. Como creo que ya ustedes estarán fastidiados, y como digo, creo que las personas de criterio están orientadas para aprobar o rechazar el dictamen, no me tomaré la molestia de repetirlo. (Voces: ¡Que lea! ¡Que lea!) Estoy dispuesto a obsequiar los deseos de ustedes, pero no veo el consentimiento expreso de la Asamblea, sino solamente de dos o tres miembros; yo creo que el que quiera votar en conciencia no deberá omitir medios para empaparse debidamente de este asunto y que, además, nos lo exige el cumplimiento del deber. (Voces: ¡Que lea! ¡Que lea!) Pues con su permiso, señores. (Leyó.) En conclusión, señores, nuestro criterio, hablo de las personas que firman el memorándum, es éste: que la Legislatura del Estado es el único cuerpo competente para dar leyes que deban obedecer los ciudadanos de un Estado; que la Legislatura del Estado señale al municipio que sea abolida la odiosa institución de las injustas gabelas; que señale sus ramos de riqueza que debe gravar, y esto no lo debemos enumerar en la Constitución porque en cada región del país las fuentes de riqueza son diversas; que la Legislatura le señale al municipio sus recursos y que se quede el Estado con sus recursos propios para que cada quien mande en sus oficinas de rentas, y establecido este sistema se evitaría que en los conflictos se recurriera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no conozco Derecho porque no soy abogado, pero creo que tengo un buen sentido común en ese respecto. Las dificultades del Estado se resolverán dentro del Estado; de otra manera nuestra República no será federal; será un conglomerado de municipios en el campo económico, que ocurrirán a resolver sus asuntos a México ante la Suprema Corte de Justicia. (Aplausos.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Discursos doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana 1916-1917. INEHERM. 1967.