Venustiano Carranza . Veracruz, Ver., 11 de junio de 1915

Por fin, después de cinco años de lucha originada por el largo régimen de opresión que mantuvo y agravó el desequilibrio económico y social de la época colonial, la Revolución está próxima a terminar, venciendo al enemigo e implantando definitivamente las reformas económicas, sociales y políticas que constituyen su finalidad y que son las únicas que pueden asegurar la paz fecunda que dimana del bienestar del mayor número, de la igualdad ante la ley y de la justicia.

La Revolución ha tenido la simpatía instintiva y generosa de los pueblos libres precisamente porque su objetivo no ha sido el simple cambio de personal gubernamental, sino la substitución completa de un régimen de opresión por un régimen de libertad.

La lucha ha sido larga porque la impaciencia de los revolucionarios para conseguir el triunfo en 1911 dio lugar a la transacción con los elementos del antiguo régimen en Ciudad Juárez. Desde ese momento estos elementos tan fácil y clementemente acogidos, empezaron a minar dentro del mismo medio revolucionario el prestigio y la autoridad de los hombres que poco después fueron exaltados al poder por el voto público.

El Presidente Madero se encontró imposibilitado para realizar las reformas reclamadas por el pueblo, primero, porque dentro de su propio gobierno había quedado incrustado casi todo el personal administrativo de la dictadura, y segundo, porque tuvo que dedicarse exclusivamente a combatir al antiguo régimen que se levantaba en armas sucesivamente con Reyes, con Orozco y con Félix Díaz, y fomentaba, desnaturalizándola, la rebelión de Zapata. No habiendo podido la reacción, a pesar de esto, nulificar las tendencias reformadoras del nuevo régimen, decidió que el ejército federal traicionara al Gobierno legítimo de la Repúlica. La traición la consumó el General Huerta a pretexto de salvar a la ciudad de México de los horrores de la guerra y con la cooperación de un grupo de extranjeros privilegiados por el antiguo régimen que rodeaban a Henry Lane Wilson.

El asesinato del Presidente y del Vicepresidente y la complicidad o debilidad de los otros poderes, dejaba sin representante constitucional a la Nación. Yo entonces, como Gobernador del Estado de Coahuila y en acatamiento a los preceptos constitucionales 121 y 128 de nuestra Ley Fundamental, asumí la representación de la República en los términos en que este derecho me es reconocido por la misma Constitución, y apoyado por el pueblo que se levantó en armas para recobrar su libertad. En efecto los artículos citados, dicen textualmente:

"Todo funcionario, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará la protesta de guardar esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por algún trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieren cooperado a esta".

Vencidas la rebelión y usurpación de Huerta y desde antes de que llegara el Ejércido Constitucionalista a la Ciudad de México, la reacción, siguiendo sus antiguos procedimientos, comenzó a infiltrarse en nuestras filas y a cercar a quienes debieron prestar apoyo a este Gobierno y respaldo el desconocimiento que de él hizo el general Vela y la formación de facciones cuyos jefes se sentían alentados por la presencia de representantes extranjeros a su lado.

Al abandonar nuestras fuerzas la ciudad de México, en ejecución de un plan militar y político, se creyó que el Gobierno Constitucionalista había perdido el apoyo del pueblo, su prestigio y su fuerza y que seguía el camino de los anteriores detentadores del poder público; pero el aparente triunfo de la reacción encabezada por Francisco Villa, fue más efímero que el que alcanzó la usurpación del general Huerta, y hoy, después de las mayores y más definitivas victorias militares obtenidas por el Ejército del Pueblo en diversas regiones del país, puedo decir a mis conciudadanos que el Gobierno Constitucionalista tiene dominio sobre siete octavas partes del territorio nacional; que está organizando la administración pública en veinte de los veintisiete Estados en que se divide políticamente la República, y en más de la mitad de los siete restantes; que administra todos los puertos marítimos tanto del Atlántico como del Pacífico, con excepción de Guaymas, y los puertos fronterizos al Sur y al Norte, con excepción de Piedras Negras, Ciudad Juárez y Nogales; que más de trece millones de los quince que componen la población del país, es decir, nueve decimos de la población total de México se hallan sometidos al Gobierno que presido; que día tras día las facciones son vencidas y dispersadas, limitándose en la actualidad su acción ofensiva a actos de bandidaje, y que en breve la ocupación de la ciudad de México contribuirá a hacer más coherente y eficaz en todo el territorio de la República, la acción del Gobierno Constitucionalista. En consecuencia nuestro país se aproxima al término de sus revolución y a la consolidación de una paz definitiva, basada en condiciones de bienestar y de justicia.

En medio de las más grandes dificultades y dentro de lo humanamente posible el Gobierno Constitucionalista ha cumplido con sus deberes: ha atenuado para el pueblo las lamentables consecuencias de la guerra ya prohibiendo la exportación de los artículos de primera necesidad, ya adoptando medios prácticos para facilitar la adquisición de esos artículos a las clases pobres; ha dado garantías e impartido protección a los habitantes del territorio bajo el dominio constitucionalista, quienes por regla general viven una vida de trabajo normal; ha prevenido o castigado las faltas o abusos orignados por el estado de perturbación social los cuales por lamentables que sean, ni por su número ni por su importancia pueden considerarse como la característica de un régimen de gobierno. Soy el primero en lamentar las privaciones que ha tenido que soportar el pueblo mexicano como resultado de la guerra y que constituyen uno de los muchos sacrificios que tienen que hacer todos los pueblos para conquistar sus libertades; pero estoy resuelto a emplear todos los medios que estén al alcance del Gobierno para cumplir la obra de humanidad que las circunstancias reclaman. Afortunadamente los últimos triunfos sobre las acciones ensanchan la esfera de acción del Gobierno Constitucionalista y le facilitan el cumplimiento de los deberes que tienen todos los gobiernos con sus propios países de impartir garantías a los habitantes y procurar al bienestar de las masas.

Por lo que hace a nuestras relaciones exteriores, no obstante que uno de mis primeros actos fue el dirigir una nota telegráfica al Departamento de Estado del Gobierno Americano dándole a conocer mi carácter frente a la rebeldía y a la usurpación, una de las mayores dificultades que ha entorpecido nuestras labores ha sido la falta de inteligencia entre el Gobierno que tengo el honor de representar y los Gobiernos de las demás naciones y especialmente el de los Estados Unidos, Los grandes intereses del antiguo régimen han creado un verdadero sistema de falsedades y calumnias contra el Gobierno Constituciónalista, preparándolas días a día por conducto de los poderosos organos de la prensa "científica" americana a la prensa mundial, con el objeto de deformar ante la opinión de los pueblos los procedimientos y las tendencias de la Revolución mexicana; esos mismos intereses han influido para que se rindieran falsos informes a los gobiernos de otros países y de una manera especial al de los Estados Unidos cuando han deseado formarse un juicio de la situación mexicana. El Gobierno Constitucionalista se ha visto imposibilitado para hacer rectificaciones esos informes por carecer de las oportunidades y de los medios que traen consigo las relaciones diplomáticas establecidas entre gobiernos.

En los momentos actuales creemos estar en condiciones de vencer esta última dificultad, porque el Gobierno Constitucionalista se encuentra ya de hecho en posesión definitiva de la soberanía; y el ejercicio legítimo de la soberanía es la condición esencial que debe tenerse en cuenta para decidir el reconocimiento de un gobierno.

Si como lo esperamos y deseamos en bien del pueblo mexicano y de los extranjeros residentes en el país, los Gobiernos de las demás Naciones reconocen al Gobierno Constitucionalista, le prestarán con este acto de justicia una eficaz ayuda moral no solo para estrechar las relaciones amistosas que siempre ha cultivado México con esas Naciones y poder discutir sus negocios comunes conciliando sus mutuos intereses sino también para consolidar más rápidamente la paz y establecer el Gobierno Constitucional constructivo, sustentando en las reformas y el programa de la Revolución, cuyo fin es el mayor bien para el mayor número.

Estimo por lo expuesto, que ha llegado la ocasión de llamar la atención de las facciones que todavía se empeñan en presentar al Gobierno Constitucionalista una resistencia armada, sobre la inutilidad de su actitud, tanto por las recientes y definitivas victorias alcanzadas por nuestro Ejército, cuanto por el convencimiento que deben tener de nuestra sinceridad y capacidad para realizar los ideales de la Revolución. En consecuencia, exhorto a estas facciones a someterse al Gobierno Constitucionalista para acelerar el restablecimiento de la paz y consumar la obra revolucionaria.

Con el objeto de realizar los anteriores propósitos, he creído necesario dar a conocer a la nación la conducta política que observará el Gobierno Constitucionalista en la ejecución del programa de reforma social contenido en el Decreto de 12 de diciembre de 1914.

lo.-El Gobierno Constitucionalistas otorgará a los extranjeros residentes en México las garantías a que tienen derecho conforme a nuestras leyes y protegerá ampliamente sus vidas, su libertad y el goce de sus derechos legales de propiedad, acordándoles indemnizaciones por daños que les haya causado la Revolución, en cuanto esas indemnizaciones fueren justas; las cuales se liquidarán por un procedimiento que se establecerá oportunamente. El Gobierno asumirá igualmente la responsabilidad de las obligaciones financieras que sean legítimas.

2o.-El primer cuidado del Gobierno Constitucionalista será restablecer la paz dentro de un régimen de ley y de orden a fin de que todos los habitantes de México, nacionales y extranjeros, disfruten por igual de los beneficios de una verdadera justicia y estén interesados en cooperar al sostenimiento del gobierno que dimane de la Revolución. La comisión de crímenes del orden común no quedará impune. Oportunamente se expedirá una ley de amnistía que responda a las necesidades del país y de la situación, la cual en materia alguna eximirá a los amnistiados de la responsabilidad civil en que hubieren incurrido.

3o.-Las Leyes Constitucionales de México llamadas Leyes de Reforma, que establecen la separación de la Iglesia y el Estado y que garantizan al individuo el derecho de culto según los dictados de su propia conciencia y sin lastimar el orden público, serán estrictamente observadas; en consecuencia, nadie sufrirá en su vida, libertad y propiedad por razón de sus creencias religiosas. Los templos continuarán siendo propiedad de la nación conforme a las leyes vigentes, y el Gobierno Constitucionalista cederá nuevamente para el uso del culto, aquellos que fueren necesarios.

4o.-En el arreglo del problema agrario no habrá confiscaciones. Dicho problema se resolverá por la distribución equitativa de tierras que aún conserva el Gobierno; por la reivindicación de aquel los lotes de que hayan sido ilegalmente despojados individuos o comunidades; por la compra y expropiación de grandes lotes si fuere necesario; por los demás medios de adquisición que autoricen las leyes del país. La Constitución de México prohibe los privilegios y por lo tanto, toda clase de propiedades sean quienes ineren sus dueños, utilizadas o no, quedarán sujetas en el futuro al pago proporcional del impuesto conforme a una revaluación justa y equitativa.

5o.-Toda propiedad que se haya adquirido legítimamente de individuos o gobiernos legales y que no constituya privilegio o monopolio, será respetada.

6o.-La paz y seguridad de una nación dependen de la clara inteligencia de la ciudadanía; en consecuencia el Gobierno se empeñará en desarrollar la educación pública, haciéndola extensiva a todos los lugares del país y utilizará para este fin toda cooperación de buena fe, permitiendo el establecimiento de escuelas particulares con sujeción a nuestras leyes.

7o.-Para el establecimiento del Gobierno Constitucional el Gobierno que presido acatará y cumplirá las disposiciones de los artículos 4o., 5o. y 6o. del Decreto de 12 de Diciembre de 1914, que textualmente expresan:

Art. 4o.-Al triunfo de la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura en la Ciudad de México y después de efectuarse las elecciones de Ayuntamientos en la mayoría de los Estados de la República, el Primer Jefe de la Revolución, como Encargado del Poder Ejecutivo, convocará a elecciones para el Congreso de la Unión fijando en la convocatoria las fechas y los términos en que dicha elecciones habrán de celebrarse.

Art. 5o.-Instalado el Congresode la Unión, el Primer jefe de la Revolución dará cuenta ante él del uso que haya hecho de las facultades que por el presente se halla investido, y especialmente le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lucha, con el fin de que el Congreso las ratifique, enmiende o complete, y para que eleve a preceptos constitucionales aquellas que deban tener dicho carácter, antes de que se restablezca el orden constitucional.

Art. 6o.-El Congreso de la Unión expedirá las convocatorias correspondientes para la elección de Presidente de la República, y una vez efectuada ésta el Primer jefe de la Revolución entregará al electo el Poder Ejecutivo de la Nación. Constitución y Reformas.

H. Veracruz, junio 11 de 1915.-El Primer jefe del E. C., Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.

COMENTARIO AL DOCUMENTO.*
Isidro Fabela.

El Primer Jefe Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de México, al responder indirectamente al señor Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, rechaza lo aseverado por éste en sus declaraciones del 2 de junio de 1915 sobre la situación interna mexicana y la pretendida resolución de sus problemas mediante un acto intervencionista colectivo de estados indo-iberos y encabezados por Norteamérica. Empezaba corrigiéndolo respecto al tiempo que ya duraba la revolución aún no concluida: no eran dos, sino cinco años los que ya tenía la guerra civil mexicana "originada por el largo régimen de opresión que mantuvo y agravó el desequilibrio económico y social de la época colonial", ya que la revolución iniciada por don Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910 no había sido consumada "debido a la transacción con los elementos del antiguo régimen en Ciudad Juárez", que impidió el cumplimiento del Plan de San Luis y la implantación de las reformas económicas, sociales y políticas "que constituían la finalidad" del movimiento armado contra la dictadura porfirista, finalidad hacia la que se encaminaba victoriosamente en julio de 1914 la Revolución Constitucionalista.

Confirma el Primer Jefe lo expuesto por el presidente Wilson en cuanto a que la revolución social mexicana "ha tenido la simpatía instintiva y generosa de los pueblos libres", "propósito con el que el pueblo de los Estados Unidos simpatiza... generosamente" según el decir del propio mandatario estadounidense.

El Primer Jefe reconoce que con los errores del régimen maderista, fincados en la bondad civilizada de su Primer Magistrado, quedó frustrado el cumplimiento de las reformas sociales revolucionarias, porque las tres asonadas encabezadas respectivamente por los generales Bernardo Reyes, Pascual Orozco y Félix Díaz, por medio de las cuales los funcionarios de la dictadura porfirista trataron de volver al poder público, y la desnaturalización del alzamiento zapatista, impidieron la consolidación de la paz y el libre desarrollo del programa social maderista; y que, cuando las violentas acciones militaristas de Reyes, Orozco y Díaz y de otros cabecillas fueron nulificadas por el Gobierno maderista, los partidarios de la antigua dictadura, corrompiendo al Ejército Federal, lo condujeron a la traición para derrocar al Gobierno legítimamente constituido; que este lamentable hecho que costó la vida a los primeros mandatarios de la República Mexicana, se llevó a cabo "con la cooperación de un grupo de extranjeros privilegiados por el antiguo régimen" y con la complicidad del embajador norteamericano Henry Lane Wilson.

Advierte que él, Carranza, en vista de la debilidad y de la complicidad de los otros poderes federales (el Legislativo y el judicial), que como ya se sabe se encontraban impotentes para contener la exaltación del general Huerta hasta el poder dictatorial, tuvo que asumir la representación de la República en los términos en que este derecho le era reconocido por la Constitución de 1857 -ya que no hubo otro funcionario público que asumiera esta responsabilidad-, y apoyado por el pueblo que se levantó en armas para recobrar su libertad, le impuso a él la obligación de dirigir la Revolución que por fin libertaría al pueblo de la opresión económica y devolvería al país el libre ejercicio de su soberanía.

Como lo comprobaron los hechos el Primer Jefe declaraba que desde antes de que el Ejército Constitucionalista ocupara la ciudad de México la infiltración de los reaccionarios en las filas revolucionarias, en el caso concreto de la División del Norte, influyeron en el ánimo inculto del general Villa para empujarlo a que se insubordinara a la Primera jefatura Constitucionalista, para dividir la Revolución, a fin de frustrarla, y que la actitud rebelde del Jefe norteño fue alentada por los representantes que cerca de él tenía acreditados el gobierno de Washington, particularmente debido a la presión que ejercía en el general Villa el cónsul George Carothers, que había tenido simpatías notorias por el general Huerta y que aspiraba, como otros extranjeros lo deseaban, a que el Jefe de la División del Norte se convirtiera en el nuevo dictador de México.

Con toda razón afirmaba el señor Carranza que su retirada estratégica hacia el puerto de Veracruz en el invierno de 1914 dio lugar a confusión en el extranjero respecto a la preponderancia que el constitucionalismo tenía en el ánimo del pueblo; pero que los resultados de la campaña emprendida contra el villismo, desde la primavera hasta el otoño de 1914, evidenciaron ante propios y extraños que el poderío militar del general Villa no contaba con el auxilio del pueblo, pues fue éste -en todas sus clases- el que se sumó en masa al constitucionalismo para destruir el poder militar del general Villa.

Para estas fechas, junio de 1915, el convencionismo, el villismo y el zapatismo "limitaban sus acciones a actos de bandidaje". Era notorio que el Gobierno Constitucionalista había hecho todo cuanto le era posible por aliviar la situación general del pueblo mexicano en cuanto a la satisfacción de sus necesidades vitales y a la impartición de justicia. En casi todo el territorio nacional dominaba el constitucionalismo y los últimos triunfos sobre las facciones rebeldes ensanchaban la esfera de acción del gobierno del señor Carranza en bien de sus gobernados para crear el bienestar de las masas populares.

Atribuye a los informes falsos rendidos a los gobiernos extranjeros por los representantes de éstos -y de manera muy especial al de los Estados Unidos- la falta de inteligencia entre el Gobierno Constitucionalista y el del presidente Wilson; pero, como el Gobierno Constitucionalista ya se encontraba de hecho en definitiva posesión de la soberanía y el ejercicio legítimo de ésta en casi todo el país, estaba satisfecha la condición esencial que debe tenerse en cuenta para recibir el reconocimiento de parte de todos los gobiernos amigos, especialmente del de Norteamérica; y se esperaba que los Estados Unidos y los otros países extranjeros con los que México había sostenido relaciones desde que era políticamente independiente reconocieran al Gobierno Constitucionalista como gobierno de facto de México, en bien del país y de las otras naciones, para discutir los negocios que eran comunes a la Nación mexicana y a los estados amigos.

Al hacer un llamado a los grupos facciosos todavía en armas lo hace cordialmente para que depongan sus actitudes hostiles y de este modo se acelere el restablecimiento de la paz y se consume la obra revolucionaria.

Finalmente, para consolidar su obra como Jefe del Gobierno Constitucionalista concretaba en seis puntos la conducta política que observaría su régimen: En el primero confirmaba que los extranjeros residentes en el país disfrutarían de todas las garantías a que tuvieran derecho conforme a nuestras leyes para la protección de sus vidas, su libertad y el goce de sus derechos legales de propiedad, acordando que tendrían derecho a las indemnizaciones derivadas de daños causados por la Revolución, cuando las reclamaciones fueren justas; y que el Gobierno asumiría las responsabilidades de las obligaciones financieras que fueren legítimas. Esta advertencia estaba encaminada a desconocer los empréstitos y obligaciones contraídos por el régimen de la usurpación.

En el segundo decía que restablecería la paz dentro de un gobierno de ley y orden a fin de que todos los habitantes, nacionales o extranjeros, disfrutaran por igual de los beneficios de la justicia y se interesaran en cooperar al sostenimiento del Gobierno emanado de la Revolución. Ofrecía que los crímenes del orden común no quedarían impunes, prometiendo expedir una ley de amnistía que respondiera a las necesidades del país y de su situación política y militar.

En el tercero prometía el respeto a la libertad de conciencia dentro de la ley, salvaguardando la vigencia de las Leyes de Reforma.

En el cuarto resolvía que la política agraria de su régimen sería simplemente justiciera, para defender los derechos del pueblo y del Estado. Esta declaración terminante procedía de la promulgación de la Ley de 6 de enero de 1915, que condenaba la existencia del latifundismo feudal.

En el quinto ofrecía respeto absoluto al régimen de propiedad privada, siempre que los bienes no constituyeran privilegios o monopolios.

El sexto afirmaba que la paz y la seguridad de la Nación radicaban en la clara inteligencia de la ciudadanía; y que por lo tanto, el Gobierno se empeña en desarrollar un programa intensivo de educación pública, para impulsarla, sin desestimar el auxilio de las escuelas particulares, sujetas a la ley.

Confirmaba que para el establecimiento firme del Gobierno renovador y el retorno al orden legal constitucional regiría la regla postulada en las disposiciones de los artículos cuarto, quinto y sexto del decreto de 12 de diciembre de 1914.

El manifiesto del Primer Jefe probaba que no había cambiado en un solo punto la línea social y económica de su pensamiento político, desde las fechas en que anunció en la hacienda de Guadalupe primero, y en Hermosillo después, su programa revolucionario sostenido con decoro y cumplido con energía.

Lo anterior quedaba constatado con su trabajo legislativo, realizado en Veracruz de diciembre de 1914 a octubre de 1915, precisamente cuando sus generales en El Ébano, Celaya, León y Aguascalientes, derrotaban al villismo y dispersaban los núcleos convencionistas, zapatistas y felicistas, reduciéndolos a partidas de bandidos, fuera de la ley.

A la fecha -junio de 1915- del manifiesto que comento, el Primer Jefe se preparaba para darle a la Nación los beneficios inmarcesibles de una legislación adecuada promulgada entre el estruendo de los cañones; pero aún habría de transcurrir un año -todo 1916, lleno de sorpresas difíciles de vencer- para que el Primer Jefe cristalizara en Carta Constitucional los postulados político-sociales a los que consagró su existencia y en los que culminó su amor a México y a las libertades y derechos del hombre.

EL LADO CRUEL DE LA POLÍTICA DE MR. WlLSON
Manuel Calero.

El 14 de Marzo de 1912 el Congreso de los Estados Unidos sancionó una ley concebida en los términos siguientes:

«Que siempre que el Presidente encuentre que en algún país americano existen condiciones de violencia interior promovidas por el uso de armas y municiones de guerra obtenidas de los Estados Unidos, y mediante decreto al efecto, será ilegal exportar, sino con las limitaciones y excepciones que el Presidente establezca, cualesquiera armas y municiones de guerra de cualquier lugar de los Estados Unidos para el dicho país.»

Como se ve, la ley no es imperativa, puesto que deja al arbitrio del Presidente establecer una prohibición de exportación cuando juzgue que se fomenta un estado de violencia interior por medio del uso de material de guerra de origen americano. Pero, a pesar de todo, el espíritu de la ley es claro.

El Congreso quiso, en efecto, investir al Presidente — que es la persona mejor capacitada para conocer las circunstancias del caso — con facultades para prevenir rápidamente las revoluciones en los países vecinos, en tanto cuanto se sostengan con las armas y municiones que los revoltosos puedan adquirir en los Estados Unidos. Esta ley establece una forma justificada de intervención por abstención, está inspirada en principios humanitarios, y tiende a impedir que los fabricantes americanos de armas y municiones se enriquezcan a expensas de la ruina y derramamiento de sangre producidos por las frecuentes revoluciones, que son la maldición de los países latino-americanos.

Para un hombre tan humanitario como el Presidente Wilson esta ley debiera haber sido un precioso instrumento para realizar en Méjico la paz. El Presidente Taft decretó la prohibición de exportar material de guerra cuando Pascual Orozco se rebeló en el Estado de Chihuahua contra el Presidente Madero; pero el Presidente Wilson, como ya hemos visto, a principios de 1914 levantó la prohibición, que estaba impidiendo el desarrollo de la revolución «constitucionalista». En su afán por derrocar a Huerta, no consideró que el único favorecido por esa medida era Francisco Villa, la figura entonces más importante en la revolución.

Tampoco paró mientes el Presidente Wilson en que Villa y los demás «generales» carrancistas estaban pagando las armas y municiones con los productos del robo y de la confiscación, practicados en escala gigantesca contra mejicanos y extranjeros.

Ni el inmoral despojo de la propiedad ajena, ni el enriquecimiento, también inmoral, de especuladores en material de guerra, ni la cruel e inhumana forma que la lucha había tomado movieron al Presidente Wilson. «El fin justifica los medios», debe de haberse dicho; y el fin era derrocar a Huerta.

Como ya quedó explicado en otro capítulo, ese fin se realizó. El país estaba ya en manos de los «constitucionalistas», y era de esperarse que las actividades del Presidente — si aún persistía en mezclarse en los asuntos interiores de Méjico — se dirigirían a favorecer el restablecimiento del orden en el destrozado país.

A pesar de esto, habiendo sobrevenido la división en las filas revolucionarias, Mr. Wilson, no obstante los desfavorables informes que tenía de Carranza, y sus abiertas simpatías por Villa, entregó a aquél el puerto de Veracruz, con lo que volvió a encenderse la guerra civil, cosa que el Presidente habría evitado simplemente con haber conservado por muy poco tiempo más el puerto de Veracruz. Con increíble dureza de corazón, Mr. Wilson todo lo sacrificó a sus intereses políticos personales. (Véase el capítulo V.)

La pugna entre los carrancistas y los convencionistas (a quienes encabezaba Villa), asumió caracteres de terrible crueldad. Los combatientes no parecían pelear contra sus enemigos, sino contra la inmensa población pacífica. Todo el que ha seguido las peripecias de este drama conoce el infinito número de atentados que se cometieron contra la honra de las mujeres, la religión, la propiedad y la vida. Aquello no fué sino una contienda salvaje, en que los Yaquis, bárbaros y sanguinarios, que formaban parte de las huestes de Carranza, los criminales sacados de las cárceles, los indios mejicanos, ignorantes y ávidos de sangre y de rapiña que formaban el grueso de los combatientes, dieron satisfacción a sus instintos de bestial ferocidad a expensas de quince millones de seres humanos.

El hambre y la peste aumentaron las calamidades de la guerra. Los jefes militares hicieron fortunas escandalosas, y lo que no se apropiaban era remitido a los voraces especuladores de los Estados Unidos, a quienes se pagaban con el pan y con las lágrimas del pueblo mejicano las armas y municiones que sostenían el infernal conflicto.

Léanse los informes de la Cruz Roja, examínense los datos oficiales de que está henchido el Departamento de Estado en Washington, y se verá que mientras miles de mujeres y niños se morían por falta de alimento, cargamentos enteros de maíz, judías, ganado y cuanto es propio para satisfacer el hambre, salían por los puertos y ciudades fronterizas mejicanas para ser convertidos en rifles y cartuchos e instrumentos de destrucción y matanza.

¿Podía haber un caso más patente de «violencia interior» sostenida con armas y municiones americanas? ¡imposible! Tanto más cuanto que esas armas y municiones no podían proceder de otra fuente, porque la guerra europea había cerrado todos los demás mercados. Una palabra del Presidente Wilson habría bastado para poner fin a esta catástrofe, arrancando el instrumento de muerte de las manos criminales que lo manejaban; ya no era el caso de derrocar al «usurpador», sino el de servir verdaderamente a la humanidad y al pueblo mejicano, cosas que el Presidente había declarado, por conducto del Saturday Evening Post, ser el objeto favorito de su «pasión».

No sólo no hizo nada de lo que estaba en su mano para remediar, o siquiera para aliviar esta situación, sino que con una inconciencia —llamémosla así — que asombra, el Presidente dijo en Indianápolis el 8 de Enero de 1915:

«¿Suponéis que el pueblo americano vaya nunca a preferir la pequeñez del beneficio y «provecho materiales que resulten en favor de las gentes que hacen negocios en Méjico a las libertades y a la felicidad permanente del pueblo mejicano?» ¿Aludía, tal vez, el Presidente a los que hacían negocios en Méjico vendiendo armas y municiones a las facciones? No, por cierto. Mr. Wilson se refería a los mineros americanos, a los agricultores americanos, a los industriales americanos que habían visto arruinarse sus negocios legítimos por efecto de la guerra civil. Perezcan éstos; ¡pero que prosperen los vendedores de rifles y de ametralladoras y cartuchos!

Después de todo, esta odiosa contienda parecía algo indigno del respeto de quien «servía a la humanidad». «¿Habremos de negar a los mejicanos — agregaba el Presiden- te — el derecho de derramar cuanta sangre quieran?»

y, sin embargo, Mr. Wilson, siempre inconsecuente, cambió su posición algunos meses más tarde, y repentinamente negó a los mejicanos el derecho de seguir derramando su sangre. Tal vez el Presidente se había convencido de lo que no había querido ver, de que la contienda no era «por la libertad y por — 97 — la permanente felicidad del pueblo mejicano», sino por satisfacer las ambiciones de dos hombres, Carranza y Villa, ante la impotencia de un pueblo inerme y hambriento.

El 2 de Junio de 1915, el Presidente lanzó una severa admonición a las facciones, amenazándolas con la intervención.

«Durante más de dos años —dijo Mr. Wilson— Méjico ha vivido en la revolución. El fin de la revolución ha sido libertar a Méjico de hombres que habían puesto en olvido la Constitución de la República y que usaban del poder en menosprecio de los derechos del pueblo. Con estos propósitos, el pueblo de los Estados Unidos ha simpatizado instintivamente; pero a la hora precisa del triunfo de la revolución, sus jefes se han puesto en desacuerdo y han vuelto sus armas los unos contra los otros. Persiguiendo todos los mismos fines, muéstranse, sin embargo, incapaces o reacios para cooperar con objeto de alcanzarlos. Apenas se· asienta un poder central en la ciudad de Méjico, cuando su autoridad es socavada y desconocida por aquellos mismos de quienes era de esperar que la sostuviesen. Méjico, según parece, no· está hoy más cerca de una solución de sus trágicas perturbaciones que cuando al principio se encendió la revolución. Y ha sido desbastado por la guerra civil como por un incendio.

Sus cosechas están destruídas, sus campos sin sembrar, sus animales de trabajo son confiscados para uso de las facciones armadas, sus pobladores huyen a las montañas para escapar de ser arrastrados a inútiles matanzas, y nadie entrevé siquiera el camino que conduzca al orden y a la paz. No hay protección adecuada ni para sus propios ciudadanos, ni para los de otras naciones que han ido ahí a trabajar. Méjico está muriéndose de hambre y no tiene Gobierno.»

Y después de reconocer las horribles condiciones de Méjico en términos tan patéticos como exactos, el Presidente continúa sin adoptar la primera y más óbvia medida que las circunstancias imponían: la prohibición de exportar armas y municiones. El Presidente anunció que si las facciones no hacían las paces, «este Gobierno se verá obligado a decidir a qué medios habrán de recurrir los Estados Unidos». Es decir, el Presidente amenaza con la intervención en Méjico, un acto ilegal que no cabe en sus facultades constitucionales, y por otra parte lleva su indulgencia al grado de no hacer lo que en verdad era legal y legítimo: privar a las facciones de los medios de continuar en su diabólica obra de destrucción.

Ni los más entusiastas defensores de los absurdos de la política mejicana del Presidente Wilson, como el Secretario Lane, han tenido una sola palabra de justificación para esta cruel e inhumana actitud del Presidente, para su indiferencia ante los sufrimientos del pueblo mejicano, para su no disimulado deleite al ver a los mejicanos seguir «derramando su sangre» con las armas que él mismo virtualmente les proporcionaba.

Hasta las situaciones más patéticas suelen tener su lado cómico. Acabamos de ver cómo el Presidente, en su discurso de lndianápolis y en su admonición de 2 de Junio reconocía la existencia en Méjico de terribles condiciones de «violencia interior». ¡Pero el Presidente nunca había tomado en consideración el hecho de que estas condiciones eran fomentadas por las armas y municiones obtenidas en los Estados Unidos! ¡Una revelación providencial, una voz bajada del cielo hizo que el Presidente conociese esta circunstancia ¡el mismo día en que reconoció a la facción de Carranza como Gobierno de facto! Precisamente en esa fecha, 19 de Octubre de 1915, ni antes, ni después, el Presidente lanzó un decreto estableciendo la prohibición de exportación de armas y municiones. Entonces, y sólo entonces, se cumplió la ley de! Congreso citada en el primer párrafo de este capítulo. Entonces fué cuando el Presidente Wilson descubrió que había habido: en Méjico condiciones de violencia fomentadas con armas y municiones americanas. Y al fin se decidió a refrenar el «derramamiento de sangre!» A este fin publicó un decreto, que dice:

«Yo, Woodrow Wilson, Presidente de los Estados Unidos de América, por el presente declaro y proclamo: que HE ENCONTRADO (sic!!) que existen en Méjico las condiciones de violencia interior, promovidas por el uso de armas y municiones obtenidas en los Estados Unidos, a que se refiere la expresada ley...» Y en consecuencia, el Presidente prohibe, bajo las penas de la ley, la exportación de armas y municiones a Méjico.

Por supuesto, semejante prohibición no era aplicable a Carranza. Al mismo tiempo que se expedía este decreto, el Presidente ordenaba al Secretario del Tesoro, de quien las aduanas dependen, que permitiese al «Gobierno de facto» exportar cuantas armas y municiones quisiera.

Esto fue lo que permitió a Carranza, primero en el Parral y luego en el Carrizal, matar a no pocos oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos con armas y municiones americanas.

Gobierno provisional de la República Mexicana. Codificación. Decretos del C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión. México, D. F. Imprenta de la Secretaría de Gobernación. 1915. 282 pp., págs. 215-222..

*Comisión de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana. (Ed.) Documentos históricos de la Revolución Mexicana, Carranza, Wilson y el A.B.C. Tomo III. Ed. JUS, S. A., México. 1974.