Luis Cabrera, Abril 17 de 1911

Después de haber procurado demostrar en tres artículos políticos que se publicaron en El Diario del Hogar de esta capital y en La Opinión de Veracruz, que los medios empleados por el Gobierno del general Díaz para restablecer la paz han sido ineficaces, me propongo ahora exponer los remedios que en mi concepto debería emplear el Gobierno para lograr ese fin.

Analizaré, pues, con la concisión que permite la complejidad del asunto: a) la materia del conflicto; b) las reformas legislativas que deben hacerse; y e) las bases de una transacción que podía celebrarse.

LAS CAUSAS DEL CONFLICTO

La prensa semioficial comenzó sosteniendo que la actual perturbación de la paz se debía a la ambición personal de Madero y de sus amigos; pero las proporciones alarmantes que ha tomado la Revolución han hecho comprender que el verdadero origen del movimiento revolucionario es un gran malestar social respecto del cual el levantamiento de Madero no fue más que el reactivo que lo puso en fermentación.

Las principales causas de descontento que la opinión pública ha podido precisar, clasificadas según su origen aparente, son las siguientes:

El caquismo: o sea la presión despótica ejercida por las autoridades locales que están en contacto con las clases proletarias, y la cual se hace sentir por medio del contingente, de las prisiones arbitrarias de la ley fuga, y de otras múltiples formas de hostilidad y de entorpecimiento a la libertad del trabajo.

El peonismo: o sea la esclavitud de hecho o servidumbre feudal en que se encuentra el peón jornalero, sobre todo el enganchado o deportado del sureste del país, y que subsiste debido a los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el hacendado.

El fabriquismo: o sea la servidumbre personal y económica a que se halla sometido de hecho el obrero fabril, a causa de la situación privilegiada de que goza en lo económico y en lo político el patrón, como consecuencia de la protección sistemática que se ha creído necesario impartir a la industria.

El hacendismo: o sea la presión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad en el impuesto, y de una multitud de privilegios de que goza aquélla en lo económico y en lo político y que producen la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande.

El cientificismo: o sea el acaparamiento comercial y financiero y la competencia ventajosa que ejercen los grandes negocios sobre los pequeños, como consecuencia de la protección oficial y de la influencia política que sus directores pueden poner al servicio de aquéllos.

El extranjerismo: o sea el predominio y la competencia ventajosa que ejercen en todo género de actividades los extranjeros sobre los nacionales, a causa de la situación privilegiada que les resulta de la desmedida protección que reciben de las autoridades y del apoyo y vigilancia de sus representantes diplomáticos.

Todas estas y otras causas de descontento que no han llegado a precisarse todavía, son de naturaleza tan varia, que cada individuo, según su ocupación, su raza, su posición social, las juzga de distinto modo: para el agricultor el problema es agrario; para el comerciante, es económico: para el obrero, es industrial; para el abogado, es jurídico; para el político, es democrático; para el proletario, lo es todo.

Es un error, sin embargo, creer que las causas del malestar sean exclusivamente económicas, o exclusivamente internacionales, o exclusivamente de raza; ni que esas causas sean comunes a todas las clases sociales o a todas las regiones del país, sino que son tan complejas, que ni siquiera puede decirse de qué naturaleza principal son para cierta región o para cierta clase social.

Pero así como las enfermedades, que cualquiera que sea su etiología o su naturaleza, casi todas se manifiestan por medio de la fiebre, que es el síntoma más común de un estado patológico, así también en las sociedades, cualesquiera que sean sus males, éstos se tI'aducen siempre por el síntoma de la fiebre política, lo cual hace suponer que el problema es solamente político.

Mas como el síntoma político es de fácil percepción y el único que admite remedios directos, en todas las crisis sociales los esfuerzos principales tienden a resolver la cuestión política. Esta conducta se explica porque, así como en las enfermedades puede llegar un momento en que la fiebre constituya por sí sola el peligro principal que hay que conjurar, así también en las sociedades hay situaciones en que la crisis política por sí sola es tan grave que debe atenderse con preferencia respecto de los otros problemas, aunque éstos sean en el fondo las causas principales del mal. Tal es nuestra situación en los momentos actuales.

Es, pues, necesario conocer las necesidades políticas y urgente atender a remediarlas.

El problema político de México puede resumirse como sigue:

Las leyes constitucionales y sus derivados garantizan para todos los habitantes de la República una suma igual de libertades personales, civiles y políticas; esas leyes, en teoría, son todo lo avanzadas que pudiera desearse y están a la altura de las que puedan existir en cualquier país civilizado. Pero esas leyes no se ejecutan con igualdad, sino que su aplicación se había venido dejando al prudente arbitrio del Presidente de la República, de los gobernadores de los Estados y aun de las pequeñas autoridades locales. Así venían las cosas desde mucho tiempo atrás, aunque sin hacerse sentir con caracteres de malestar, sino que por el contrario se explicaba esa suspensión discrecional de garantías como una necesidad del momento para obtener la consolidación de la paz.

Desde que el general Díaz reasumió la Presidencia en 1884, los principios de libertad y de igualdad conquistados en 1857 no habían sido puestos en vigor, porque se suponía que lo más conveniente era dejar al criterio del general Díaz el decidir hasta dónde podían cumplirse las leyes y en qué casos aconsejaba la prudencia una tiranía convencional.

El resultado de este sistema ha sido que los extranjeros y un reducido grupo de privilegiados gozaran aún mayores garantías y mayores libertades que las que teóricamente conceden las leyes; que otra clase social más numerosa, pero también limitada, gozara escasamente con más o menos esfuerzo de conquista, de esas libertades, mientras que la gran mayoría de la nación, y sobre todo las clases proletarias, casi no tuvieran garantías ningunas, ni disfrutaran de libertades, ni pudieran ejercer los derechos que las leyes les conceden en teoría.

Mientras esta desigualdad se consideró como una situación transitoria todos se sometieron a ella, reconociendo su necesidad. Pero he ahí que la larga práctica de no aplicar las leyes convirtió en costumbre lo que no se había pensado que fuera más que una excepción, y que los beneficiados con esa costumbre comenzaran a pensar en la conveniencia de que el sucesor del general Díaz continuara también "su sabia política", erigida en el sistema de Gobierno.

Las clases proletarias que ya comenzaban a resentir las consecuencias de la persistencia del sistema personalista, protestan por primera vez, y ya para la segunda reelección del general Díaz en 1892, se dieron cuenta de que la mencionada política era innecesaria e inconveniente. En 1899 esa política, que se ha venido considerando como personal y exclusiva del general Díaz, no contaba con la tolerancia general, la prueba es que para que pudiera continuarse requirió el apoyo de algunos trabajos políticos en que tomaron parte los extranjeros y las demás clases beneficiadas con ella. Pero cuando se hicieron evidentes el malestar y el descontento de las clases proletarias, fue en 1907 en ocasión de la crisis económica por la cual atravesaba el país.

Hasta entonces el malestar socia no había tenido manifestaciones políticas, sino caracteres sumamente vagos, que no podían precisarse. Pero cuando en1909 el general Dfaz declaró en la famosa entrevista Creelman que deseaba retirarse a la vida privada, eI espíritu público se vio obligado a despertar y el proIblema se concretó: ¿Debía o no continuarse la política que había venido empleando el general Díaz?

Con este motivo se acentuaron dos tendencias y se delinearon dos partidos políticos: Uno, el de la minoría dominante y privilegiada, que deseaba la continuación del mismo estado de cosas, notoriamente favorable a sus intereses; otro, el de la mayoría dominada, que deseaba algún cambio que no acertaba a definir.

El primero se llamó o pudo llamarse partido reeleccionista, continuista, neoconservador, etc. El segundo se llamó o pudo llamarse reformador, renovador, igualitario, etc.

El partido continuista expuso claramente su programa diciendo que lo único deseable para México era la reelección constante de funcionarios y la "continuación de la sabia política del general Díaz" personalizada en la candidatura "Díaz-Corral".

El partido renovador, con menos elementos y menos facilidades para organizarse, manifestó sus deseos de que se efectuara "algún cambio" que rompiera la monotonía del continuismo y se opuso a la candidatura Díaz-Corral. Tres fueron los principales subgrupos de este partido: los demócratas que hicieron gran labor doctrinal y de propaganda, pero que no llegaron a la lucha electoral; los reyistas que mostraron grandes energías y que habrían llegado hasta el fin de la campaña, si no hubieran quedado sin jefe antes de las elecciones federales; y los antirreeleccionistas que considerados como utopistas y mirados con indiferencia y hasta con desprecio en un principio, hallaron sin embargo un hombre alrededor del cual pudieron adquirir cohesión y llegaron hasta la lucha electoral, en la cual fueron arrollados enteramente por el Gobierno del general Díaz, que naturalmente se había aliado a los continuistas.

El partido continuista se preparaba ya a saborear su triunfo cuando uno de los grupos del partido renovador se levantó en armas. La aventura fue calificada de absurda y descabellada. El mismo general Díaz declaró públicamente poder dominar muy pronto la situación suponiendo que contaba, como en otras épocas, con toda la opInión pública; pero después de cuatro meses de esfuerzos ha visto que es difícil dominar la Revolución porque tiene que habérselas no solamente con la rebeldía armada de los antirreeleccionistas, sino también con la rebeldía pacífica de los demás renovadores, y aun con la hostilidad pasiva de los continuistas, que en los momentos de crisis se han desentendido de sus deberes de partido, y han entrado en esa neutralidad desconfiada y egoísta, peculiar de los cómplices que eluden la responsabilidad de un fracaso.

El general Díaz, convencido de la verdadera dificultad de sofocar el movimiento, y en el temor de que se prolongue esta situación o de que surjan complicaciones internacionales, está procurando, bajo la dirección del señor Limantour, emplear otros medios que no sean los que siempre se habían empleado en estos casos.

Al efecto, y sin dejar de mostrar un desprecio oficial a los rebeldes, ha enarbolado la bandera de la Revolución misma declarando que ya no es continuista, sino renovador, y que se halla dispuesto a introducir en las leyes, en su sistema de Gobierno y en el personal de su administración, los cambios que exige el partido renovador.

Ahora bien, las promesas de reformas del Gobierno no resultaron todo lo explícitas ni todo lo radicales que algunos esperaban que serían en vista de la gravedad de la situación, dando por resultado que los revolucionarios dudaron de la buena fe y de la aptitud del Gobierno del general Díaz para llevarIas a cabo. Por otra parte, como los cambios efectuados en el Gabinete del general Díaz no parecieron indicio claro de que éste se propusiera cambiar de sistema político, no es de extrañar que los antirreeleccionistas levantados en armas no hayan dado paso a deponerlas y crean que la actitud del general Díaz es una simple estratagema para debilitarlos.

Por su parte, los demás renovadores se mantienen en actitud de reserva expectante, mientras que los continuistas comienzan a hacer oír un sordo rumor de desconfianza y desaprobación.

EL CAMINO DE LA SOLUCIÓN

La solución del conflicto político actual es una cuestión tan compleja y tan difícil, que seria presunción que un solo hombre pretendiera abarcar todos sus aspectos. Voy sin embargo a plantear el problema y a buscar la solución conforme a mi manera de ver las cosas.

El problema político no es de principios, porque los principios están ya conquistados y escritos en las leyes; el problema es de efectividad de esos principios; de efectividad de garantías, de efectividad de libertades, y sobre todo de igualdad en la aplicación de las leyes, tanto por lo que se refiere a la excesiva protección de que gozan algunas clases sociales, como por lo que hace a la deficiencia de garantías de que padecen las inferiores.

Tratándose pues, como se trata, de una cuestión de cumplimiento de las leyes, nada de raro tiene que el Gobierno se haya resignado a cambiar de conducta antes que dimitir, puesto que sólo dando un golpe de Estado, podía rehusarse oficialmente al cumplimiento de las leyes y al restablecimiento de los principios constitucionales escritos.

Tuvo pues que prometer, como medio de salvar su existencia, un cambio en su sistema de gobierno.

Pero el cambio de sistema, después de tantos años de gobierno dictatorial, no es una cosa que pueda lograrse por un solo acto de voluntad del jefe del Estado, sino que requiere un firme y persistente propósito de abdicación de facultades y una laboriosa y complicada serie de medidas encaminadas a la reforma radical del Gobierno.
 
La reforma del sistema, o sea el restablecimiento y efectividad de las leyes exige tres clases de medidas, que por orden de importancia son:

1. Un cambio de personas.

2. Un cambio de métodos.

3. La expedición de algunas leyes encaminadas a consolidar el cambio de sistema.

Por vía de método invertiré el orden al tratar estos tres puntos, comenzando por el menos importante.

REFORMAS LEGISLATIVAS

Es muy común creer que con leyes se resuelven las cuestiones políticas. Esto es un error en muchos casos, pero en el presente lo es más que nunca.

Lo que necesitamos no son leyes nuevas, sino hombres nuevos y sistemas nuevos que estén de acuerdo con las tendencias nuevas.

Las reformas legislativas son en mi concepto la parte menos urgente de la transformación que se propone sufrir el Gobierno, pero es la más laboriosa y la que requiere hacerse con más deliberación.

Las únicas reformas legislativas urgentes son aquellas que tiendan a consolidar el cambio de sistemas de Gobierno, evitando que los hombres nuevos continúen la rutina y los métodos de los antiguos. Por eso las leyes que se necesitan son aquellas que tienen por objeto restringir el probable abuso de las autoridades, dar a los gobernados un medio de controlar la aplicación de las leyes y defenderse contra las tendencias absorbentes de las autoridades, encerrándolas dentro de sus facultades legales.

Las cuestiones demás urgencia que tienen que resolverse por medio de reformas legislativas, son las siguientes:

No-reelección.

Efectividad del sufragio.

Rehabilitación del poder municipal.  

Supresión de las jefaturas políticas.

Supresión del contingente como medio de reclutamiento militar.

Defensa de la pequeña propiedad agraria.

Revisión de las leyes de enjuiciamiento civil y penal.

Al mencionar aquí adelante las leyes que en mi concepto deben expedirse, no me ocuparé de los medios de lograr su expedición, sino que, dando por supuesta la necesidad de cada ley, me limitaré a enumerarla, como parte de la labor del gobierno del general Díaz, entendiéndose que esas leyes serian expedidas por la Federación o por los estados según su respectiva competencia constitucional.

No-reelección. Es urgentísimo establecer en la Constitución Federal y en la de los estados el principio de la no-reelección absoluta. No deseo discutir si este principio es o no democrático, basta decir que es de vida o muerte para la nacionalidad mexicana, porque con él se cerrará la puerta a futuras revoluciones y que ineludiblemente facilitará la educación democrática del pueblo y sobre todo la formación de un personal político abundante que ahora no tenemos.

Sufragio efectivo. Es urgente hacer una seria y honrada revisión de nuestras leyes electorales, tanto locales como federales, teniendo cuidado de reglamentar en forma práctica la intervención de las autoridades en la convocación y ejecución de las elecciones.

Mucho se ha hablado y por cierto de memoria, sobre las cuestiones de voto directo o indirecto y de sufragio universal o limitado, pero todos los que han externado sus ideas sobre la materia, han olvidado que el problema pide soluciones distintas según la categoría de los funcionarios eligendos; porque es obvio que las condiciones de una elección municipal difieren de las de una elección de diputado local y más aun de las de una elección de gobernador, senador o presidente; pues mientras tratándose de las elecciones municipales no se ve inconveniente serio en que el sufragio sea universal y directo, apenas se trata de la elección de un diputado local o federal o de la de gobernador, comienza a palparse el absurdo de aplicar este mismo sistema a toda clase de elecciones.

En mi concepto la cuestión de sufragio universal o limitado, directo o indirecto, debe pensarse aparte y resolverse de distinto modo, según que se trate:

b) de funcionarios distritales, como diputados o jueces,

c) de funcionarios del Estado: senador, gobernador, magistrados,

d) de altos funcionarios federales, presidente, vicepresidente, ministros de la Suprema Corte.

Poder municipal. Sería necesario reformar las leyes de algunas entidades, devolviendo a los Ayuntamientos el poder que se les había quitado.
 
Jefaturas políticas. En el supuesto de que los Ayuntamientos vuelvan a ser verdaderos gobiernos municipales puede ya plantearse el problema de las jefaturas políticas, el cual tiene que resolverse, o haciendo al jefe político un funcionario temporal de elección popular, o como en Nuevo León se resolvió suprimiendo al jefe político y cambiando la división distrital en división municipal para abrir paso a relaciones directas entre el gobierno y los municipios.

En mi concepto el jefe político es un órgano de difícil amputación, sobre todo en los estados grandes, y convendría tal vez convertirlo por lo pronto en un funcionario temporal y residenciadle o en una especie de visitador transitorio, como teóricamente se hace en Tamaulipas, para transformarlo más tarde en una autoridad temporal designada por los mismos Ayuntamientos para un término no mayor de dos años e irreelegible.

Servicio militar. Es urgente la reforma de nuestras leyes de reclutamiento militar, de modo que por ningún motivo queden al arbitrio de las autoridades locales las consignaciones al servicio de las armas. EI problema es tan complejo que ha requerido un comisionado especial para su estudio, el cual debería desde luego formular sus opiniones o proyectos.

Es también urgente el restablecimiento de la segunda reserva cuya supresión ha atrasado la organización de una defensa nacional cuya falta ahora deploramos.

Reformas agrarias. La creación de la pequeña agricultura es un problema vital, pero de larga solución. Por ahora lo único urgente es que las autoridades locales y federales emprendan una serie de reformas y medidas administrativas, encaminadas a perfeccionar los catastros para poner sobre un pie de igualdad ante el impuesto a la grande y pequeña propiedad rural; y aun tal vez convendría dar ciertas ventajas a la pequeña propiedad sobre la grande.

Mas tarde se estudiaran los medios económicos de desmembración de la gran propiedad rural, así como los de evitar el desmoronamiento de ciertas propiedades comunales que es un error haber desintegrado.
 
Leyes civiles. Nuestras leyes civiles no requieren revisión urgente, pero su aplicación es desastrosa. Lo más apremiante seria lograr la independencia del Poder Judicial; pero como esto no se obtiene con leyes, la acción legislativa debe limitarse a una revisión de las leyes de procedimientos civiles tanto en los estados como en el centro, con la mira de facilitar el enjuiciamiento, formar una jurisprudencia en lo civil, y sobre todo hacer efectiva la protección a la posesión mueble o inmueble, que es ahora en lo que más se hace sentir la deficiencia de la legislación procesal.

Es también urgente restablecer el antiguo texto constitucional para dar entrada al amparo de garantías en cualquier estado de los juicios civiles, reformando a la vez el procedimiento para evitar el abuso del recurso que tan torpemente se quiso reprimir.

Leyes penales. Los Códigos Penales de toda la República requieren una completa revisión, aunque no de urgencia.

La protección teórica que la Constitución y los Códigos prestan a la libertad individual, seria suficiente con tal que fuera efectiva; pero como no es así, se necesita hacer por lo pronto en los Códigos de Procedimientos Penales locales y federales, algunas reformas, sobre todo en lo relativo a las facultades de los jueces para ordenar detenciones, decretar formales prisiones, y excarcelar, que ahora son ilimitadas y arbitrarias.

La detención puede quedar a juicio de los jueces en ciertos delitos, pero en otros debe estar perfectamente reglamentada.

La formal prisión no debe dejarse al arbitrio judicial como ahora está, y debe además tener una revisión rapidísima por los Tribunales de Segunda instancia.

Las excarcelaciones de todas clases deben estar perfectamente previstas por la ley y ser de estricto derecho, eliminándose de ella el arbitrio judicial tan nocivo en el actual sistema.

 Por cuanto a los delitos de imprenta, es indispensable una ley especial en la cual se remedien los abusos que más han servido para vestir las persecuciones políticas. Es preciso ante todo definir la responsabilidad exclusiva de una sola persona, abolir la practica de considerar a la empresa editorial como instrumento de delito, definiéndose los casos en que pueda suspenderse o clausurarse una publicación, y conceder a todos los delitos cometidos por medio de publicaciones periódicas una libertad caucionad que no quede a discreción del juez. De paso diré que me parece ingenuo querer restablecer el fuero especial para delitos de imprenta.

Los reglamentos de policía en toda la República, necesitan una revisión urgentísima en lo que se refiere a la intervención de la policía en las aprehensiones, buscándose medios prácticos de hacer efectivas las garantías constitucionales, sin entorpecer la averiguación de los delitos.

Tales son las reformas urgentes.

Otras muchas pueden ser necesarias como las relativas a responsabilidad de funcionarios, a la condición del jornalero en las fincas agrícolas, a la del obrero en las fabricas, etcéteras pero no las considero de tanta urgencia, pues por ahora bastaría que se iniciara una era de aplicación inteligente y honrada de las leyes relacionadas con esos puntos.

EL CAMBIO DE SISTEMAS
 
La tarea de enumerar las prácticas abusivas e ilegales que se necesita abolir, tanto entre autoridades federales como entre las locales, seria larguísima y equivaldría a la repetición de las numerosas causas de descontento que existen contra el sistema actual.

El cambio de sistemas de que tanto se habla no es otra cosa que el restablecimiento de la independencia de los poderes por medio de la elevación del nivel moral de éstos y de la abstención de los funcionarios ejecutivos; una vez restablecido el equilibrio los poderes se controlarían mutuamente y la reforma se efectuará por sí sola. EI cambio de sistemas puede pues resumirse, diciendo: independencia del Poder Legislativo, independencia del Poder Judicial, independencia del Municipio e independencia de los electores. La dificultad de la tarea depende de lo arraigado que se encuentra el vicio de la consigna, el cual ha llegado a ser tan común, que los cuerpos legislativos, los jueces, los Ayuntamientos y los colegios electorales no sólo se someten a las indicaciones del Ejecutivo sino que con gusto las obsequian, más aun, las piden, las presumen, las necesitan, casi pudiera decirse las exigen. Y cuando un vicio ha llegado a convertirse en una necesidad, ya se comprende que es difícil desarraigarlo.

Por lo demás, es un error creer que los remedios deben dirigirse exclusivamente sobre el Poder Ejecutivo, y no sobre los otros poderes complacientes, como seria un disparate querer curar un caso de embriaguez habitual, creyendo que los compañeros de vicio del paciente son la única causa de sus males.

En realidad, y si hemos de hablar con franqueza, un cambio de sistema en política, nunca se ha logrado más que por medio de un cambio general de personas; esto es lo que nos enseñan a diario los parlamentarios europeos, para los cuales no se concibe una nueva orientación política sin un cambio ministerial.

En efecto, es imposible que las autoridades por sí mismas con sólo buenos propósitos de enmienda, se transformen de arbitrarias en justas.

Los bajos empleados no pueden transformarse por qué no son más que instrumentos de sus superiores.

Los funcionarios con alguna libertad de acción, no serán los que voluntariamente se despojen de la noche a la mañana de un poder ilimitado de que han gozado hace tanto tiempo y que tantas ventajas les proporciona. Los altos funcionarios a su vez no cambiarán de sistemas por esa misma razón y además por la de que no tendrían la suficiente autoridad sobre sus inferiores para exigirles el cumplimiento estricto de la ley, después de haberles estado tolerando o tal vez aun exigiendo, cosa distinta durante mucho tiempo.

El problema de un cambio de sistemas se confunde pues con el de la renovación del personal político.

LOS CAMBIOS DE HOMBRES

En realidad lo único practico que puede hacerse para remediar la situación actual, es una remoción general de los hombres que se encuentran actualmente en el poder, sustituyéndolos por otros que, no estando viciados por las practicas tuxtepecanas, puedan abrir una nueva era de aplicación de las leyes.

Esta es, en realidad, la tendencia de toda la opinión publica y esta la bandera de la Revolución maderista.

Este cambio, sin embargo, no es cosa fácil.

Desde luego es evidente que salvo el caso de triunfo completo de la Revolución, ni legal ni prácticamente seria factible un cambio inmediato radical y general de todas las autoridades actuales por otras nuevas, no sólo por el sacudimiento que esto produciría, sino porque no seria fácil encontrar desde luego un personal político adiestrado, y porque el gobierno nuevo, para ponerse al corriente de los negocios necesitaría por algún tiempo conservar a su servicio las segundas manos.
 
Hay pues, que pensar en una renovación paulatina y ordenada que comience por la separación de aquellos funcionarios que más pudieran influir en la perpetración del sistema porfirista, y su sustitución por otros hombres que por sus ideas y por su carácter sean suficiente garantía de que continuarían procurando la renovación del personal y la implantación de los métodos constitucionales. Esos cambios, deben, además, comenzar por aquellos puestos de fácil renovación legal, para evitar nuevos sacudimientos sociales, que se producirían si se convocara de golpe a nuevas elecciones federales y locales en toda la Republica.

CAMBIOS LOCALES

Para nadie es un secreto la necesidad de la remoción del 99 por ciento de las autoridades políticas locales. Esta remoción teóricamente es fácil, supuesto que los jefes políticos son todos de nombramiento facultativo y revocable, pero de hecho no lo es tanto, y no se lograría sino con el cambio de algunos gobernadores. EI cambio de gobernadores es menos fácil, aunque Puebla, Chihuahua y Yucatán han mostrado no ser tampoco imposible, pues la forma de hacer esos cambios por medio de renuncias o licencias seguidas de designaciones de las legislaturas locales, poco numerosas, proporcionan el medio de remover con relativa tranquilidad a algunos gobernadores.

Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, pueden esperar a sus próximas elecciones.

Combinando prudentemente las renuncias con licencias temporales o indefinidas, podría lograrse la remoción de otros varios gobernadores, sin necesidad de elecciones extraordinarias, o escalonando éstas según la situación de cada estado.

Así podrían sustituirse por hombres nuevos los gobernadores de Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, San Luís, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Plázcala, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México, Morelos y Michoacán, que son los que menos probabilidades ofrecen de evolucionar y transformarse por sí solos.

Los cambios de esos gobernadores traerían como consecuencia cambios en la mayor parte de las autoridades locales de los respectivos estados. En los demás estados, por contagio, se efectuarían también cambios inferiores.

CAMBIOS FEDERALES

El Gobierno Federal ha iniciado algunos cambios en el Gabinete, que según he dicho en otra ocasión no pueden tomarse como un intento serio de modificar eL sistema de gobierno, porque el Gabinete en su parte esencial volvió a quedar constituido por hombres del antiguo régimen, y porque aunque fueran nuevos, no podrían contrarrestar la tendencia del general Díaz a continuar gobernando conforme a su único sistema conocido. De todo esto se deduce que los cambios en el gobierno tendrán que producir resultados distintos según que el general Díaz permanezca en el poder o se retire de él. En efecto, y suponiendo hombres nuevos con intenciones de innovar, éstos tendrían, o que entrar en pugna con el general Díaz, o que guardar sus buenos propósitos para cuando éste muera, difiriendo el principio de la reforma para la cual fueron llamados. Esto sin contar con que de aquí a entonces los nuevos hombres correrían el riesgo de aprender el sistema tuxtepecano y de encontrarlo preferible al legal.

La primera cuestión que hay que resolver es, pues, si el general Díaz debe continuar en el poder, o debe retirarse.

Fuera de algunas ventajas personales privadas que a el le significaría su retirada, cuando menos para salvar su reputación ante la Historia, pero que a mí no me toca analizar, voy a permitirme señalar las siguientes de carácter publico.
1. La retirada del general Díaz en estos momentos facilitaría el restablecimiento de la paz, porque simplificaría considerablemente el problema de una transacción entre el Gobierno y la Revolución.

2. La retirada del general Díaz daría lugar a iniciar desde luego un cambio de sistema.

3. La retirada del general Díaz traería consigo la retirada de muchos elementos hondamente marcados con su sello y que son obstáculos en la actualidad para un nuevo orden de cosas.

4. La retirada del general Díaz daría lugar a una mejor definición de los partidos políticos, disolviendo su grupo, que es meramente personalista.

5. La retirada del general Díaz haría ver claro en un gran número de problemas que no pueden precisarse ahora y descubriría la existencia de otros muchos que no han surgido aun, debido a la conservación de un régimen artificial.

6. Por último, la retirada del general Díaz aseguraría una defensa nacional más uniforme en caso de que surgiera algún conflicto internacional en los momentos actuales.

Todos estos resultados que yo considero importantísimos, me han conducido al convencimiento de que la medida más sabia, más práctica, más rápida, más patriótica y más radical que pudiera tomarse para alejar peligros internacionales, para restablecer la paz y para efectuar un cambio de sistema de gobierno en todo el país sería la retirada del general Díaz a la vida privada.

La permanencia del general Díaz al frente del gobierno se explicaba hace dos años por un temor vago de perturbaciones del orden y del crédito no bien definidas, y por la suposición de que su sola presencia bastaría a conjurar ese peligro; pero ahora que los acontecimientos enseñan que el peligro existe y que precisamente la dificultad para conjurarlo es la supervivencia de la personalidad física e histórica del general Díaz sobre su personalidad política, no queda otra explicación que dar para su continuación en el gobierno, que cierta creencia en una especie de sacrificio que la Patria de hoy debiera hacer por gratitud al hombre de ayer, idea que fue hábil y discretamente refutada hace poco por el embajador americano Mr. Henry Lane Wilson en la Asociación. Cristiana de Jóvenes al referirse a los libertadores americanos.

No quiero, sin embargo, suponer que la renuncia del general Díaz sea la única solución existente y voy a continuar el estudio de los cambios que se requieren en el gobierno, en el supuesto de que el general Díaz continuara como presidente Honoria causa y de que su retirada se aplazara para cuando el país recobre la calma.

En ese supuesto, tres son los cambios que se imponen: una renovación general de las Cámaras Legislativas, sobre todo de la de Diputados, la reorganización del Gabinete y el cambio de vicepresidente.

La renovación de la Camara de Diputados no parece factible, porque no seria cosa fácil escoger de entre los suplentes hombres mejores que los propietarios, ni seria prudente una disolución. Por lo demás, si bien en la Cámara hay un grupo compacto que pudiera ser un obstáculo a la nueva política del gobierno, ese mismo grupo y el resto de la Cámara tienen una gran ductilidad que permitiría manejarlos con más o menos esfuerzo, mientras llegan las nuevas elecciones de 1912.

LA REORGANIZACIÓN DEL GABINETE

La reorganización del Gabinete se impone, entiéndase bien, como medida de transición para facultar el ordenamiento del nuevo régimen; dirías una especie de armazón o cimbra, sobre la cual pudiera construirse el nuevo gobierno, pero destinada a desaparecer.

Para esto se necesita buscar hombres de gran energía, de independencia de carácter y de relieve político propio, de modo que puedan constituir agrupados un gobierno más fuerte que el del general Díaz y si es posible, que resten elementos a la Revolución, o que cuando menos algunos de ellos puedan ejercer cierto control sobre los grupos políticos militantes o latentes.

Los secretarios del nuevo Gabinete deberían, pues, ser hombres que conociendo la política porfirista, hayan dado sin embargo algunas pruebas o hecho promesas de practicarla en forma atenuada y con tendencias a hacerla evolucionar hacia un régimen constitucional.

Los subsecretarios, en cambio, como parte más esencial del Gabinete, deben ser todos de ideas renovadoras bien definidas.

Por vía de ejemplo, entiéndase bien que digo por vía de ejemplo, señalare algunas personas que en mi concepto podrían formar un Gabinete de transición entre el antiguo y el futuro régimen.

Relaciones. Como Secretario bastaría don Guillermo de Landa y Escandón, don Sebastián B. Mier, o cualquiera otro hombre suficientemente decorativo.

Como Subsecretario se requiere un diplomático joven, de gran energía e inteligencia, de ideas propias, de independencia de carácter, con tendencias francamente latinas y bien empapado en la política internacional suramericana. Bartolomé Carbajal y Rosas, por ejemplo.
 
Gobernación. Como Secretario, don Teodoro A. Dehesa podría servir si se sintiera capaz de independizarse de Félix Díaz y de algunas otras influencias que serian un obstáculo para la nueva política.

Los nacionalistas y demócratas han creído ver en él un hombre de tendencias nuevas, pero esto es un error, pues no es natural que después de veinte años de gobierno tuxtepecano, ahora resulte constitucionalista. Su presencia en la Secretaría de Gobernación, que es la de manejo más delicado, tendría no obstante la ventaja de su experiencia, de su influencia en las Cámaras y de sus múltiples conexiones políticas con el porfirismo, con el reyismo y con el maderismo, que le facilitaría la labor de preparar y llevar a cabo las reformas políticas y administrativas que requiere la situación.

De no ser Dehesa, habría que pensar en un hombre enteramente pasivo, como González Cosío.

El Subsecretario, en cambio, necesita ser de tendencias renovadoras bien definidas, inteligencia clara, espíritu práctico, dotes políticas y un verdadero carácter. Manuel Garza Aldape, por ejemplo.
 
Guerra. Como Secretario ninguno seria más a propósito que el general Reyes, cuya presencia en el Gabinete tendría una significación trascendental en lo administrativo por el impulso que daría al ramo, y en lo político por los elementos de consolidación que aportaría al gobierno.
EI general Reyes, cuyos procedimientos genuinamente tuxtepecanos le reprochan los maderistas, representa, sin embargo, tendencias nuevas, si no personalmente, cuando menos porque sus partidarios son la porción más importante y más vigorosa del partido renovador.
 EI general Reyes seria sin duda alguna un hombre muy a propósito para un régimen de transacción entre los antiguos y los nuevos sistemas.
 
Como Subsecretario, bastaría un militar joven y de gran capacidad de trabajo. Salas o Eguía Lis, por ejemplo.

Justicia. Como Secretario es indispensable un hombre que pueda hacer de la administración de Justicia un ramo casi meramente administrativo para independizarlo de la política para esto se requieren grandes cualidades de independencia, honradez, energía y conocimientos. Un abogado idóneo seria don Manuel Vázquez Tagle por ejemplo.

Como Subsecretario, Vera Estañol sería el indicado por su energía, su tesón, su conocimiento de las necesidades del ramo y sus relaciones en el foro; pero tal vez no se resignaría a descender. Carlos F. Uribe seria tan idóneo como Vera Estañol y tal vez más, por su disciplina intelectual y su ilustración.

Hacienda. La permanencia del señor Limantour en la Secretaría de Hacienda, sería una especie de garantía que el nuevo régimen pudiera dar al grupo científico, y constituiría como Reyes, un albacea del antiguo régimen.

Como Subsecretario Toribio Esquivel Obregón seria el indicado, por su preparación en la materia, sus ideas avanzadas y su gran relieve político entre el partido renovador.

Fomento. Como Secretario, aun Damián Flores seria más útil de lo que se supone, siempre que contara con un Subsecretario joven y de iniciativa; ya fuera un abogado como Calero o ya un ingeniero como Ezequiel Ordóñez o José G. Aguilera.

Comunicaciones. Como Secretario, Marroquín y Rivera. Como Subsecretario, Alberto Robles Gil.

Instrucción Pública. Como Secretario el Dr. Vázquez Gómez, cuyo ingreso al Gabinete, además de significar una prenda para el partido antirreeleccionista, aportaría el contingente de su infatigable laboriosidad, su espíritu práctico y sus ideas amplias y equilibradas en materias educativas.
 
Como Subsecretario, Valentín Gama, por ejemplo, o Agustín Aragón.

LA VICEPRESIDENCIA

De todos los problemas políticos actuales, ninguno es tan delicado y tan trascendental como el de la Vicepresidencia de la República, porque significa nada menos que buscar el hombre en quien debe recaer tarde o temprano el supremo poder de la nación.

La dificultad de su atinada resolución es tal, que el mismo general Díaz con todo su conocimiento del país y de los hombres, y a pesar de la habilidad política que era costumbre reconocerle, se equivocó por completo al resolverlo, y esa equivocación fue para él de tanta trascendencia, que la obstinación de querer imponer a un hombre que no era el adecuado, le trajo el alejamiento y la desconfianza del pueblo.
EI problema de la Vicepresidencia de la Republica, vuelve a ser el problema principal en estos momentos, no porque se crea que Corral pueda agravarse y morirse de un momento a otro, sino porque al contrario, pudiera sanar y volver a ser un factor político militante. Es, pues, urgente la resolución del problema vicepresidencial antes que Corral comience a recobrar con las esperanzas de salud, las de su resurgimiento político.
 
Creo inútil tratar de mostrar que la renuncia de Corral es una condición sine qua non del restablecimiento de la paz: basta decir que esa renuncia es la primera medida política que debía tomarse entre todas las que tienden al cambio de sistema, porque seria la demostración más evidente de que el general Díaz ha abandonado la idea de seguir gobernando al país después de muerto, por medio de un continuador de su política personalista.

Pero la renuncia del señor Corral haciendo recaer la Vicepresidencia de la República en el Secretario de Relaciones sólo sería el primer paso de la resolución del problema. Se necesitaría convocar desde luego a nuevas elecciones dando lugar a una nueva lucha de partidos y exponiéndonos a otro sacudimiento político, que no podría evitarse sino procurando que el nuevo candidato satisficiera las aspiraciones de la mayoría del país y contara con el apoyo de los principales grupos políticos militantes.

Mucho se dice que la reciente actitud del gobierno ha hecho desaparecer toda división política; pero tal cosa no es cierta, porque el cambio sólo de bandera del gobierno no es suficiente para borrar la profunda división que existe entre conservadores y renovadores. Una cosa es que el general Díaz para salvar la situación se haya pasado a los renovadores y otra sería que los continuistas abandonaran sus intereses, sus pretensiones, su situación privilegiada y sus ambiciones personales.

La división política subsiste: el vicepresidente tiene que ser forzosamente continuista, o renovador. Pero para el efecto que se busca de restablecer la paz, no se concibe que el nuevo vicepresidente fuera continuista; tiene, pues, que ser renovador.

Ahora bien, los grupos sociales que pudieran tener interés en oponerse y combatir la designación de un renovador, o en estorbarle más tarde, son aquellos a los que convendría que se perpetuara un orden de cosas favorable a las clases privilegiadas, es decir, los continuistas, encabezados por el grupo científico que es el representante genuino de los grandes terratenientes, de los grandes industriales, y de los grandes negociantes.

Podemos, pues, decir que hay tres elementos interesados en que el nuevo vicepresidente no fuera un renovador: los extranjeros, los científicos y el general Díaz.

Desde luego podemos descartar a los extranjeros, porque aunque han sido de los más favorecidos por el régimen tuxtepecano, no tienen preferencias personales en la política. Lo único que les interesa es el pronto restablecimiento de la paz, para volver a su vida ordinaria de trabajo, en la cual tienen suficientes garantías y ventajas por su sola condición de extranjeros; desde este punto de vista sólo son partidarios del gobierno más fuerte. En cuanto a las condescendencias que han encontrado en el régimen tuxtepecano, no las consideran de tanta importancia que no crean hallar la compensación en el progreso natural del país bajo un régimen legal. Más aun: los extranjeros bajo un sistema de aplicación estricta de la ley, estarían en mejores condiciones que antes, porque se ferian libres del fuerte tributo de influencia que han estado pagando al grupo científico en todos sus negocios, no sólo por sus servicios como intermediario para obtener privilegios sino aun para obtener el cumplimiento de la ley en muchos casos.

El grupo científico podría ser el opositor más vigoroso que encontrará la candidatura de un vicepresidente renovador. Pero esta oposición está apartada hasta cierto punto, pues la plana mayor del partido prudentemente aconsejada por el señor Limantour, parece haber comprendido la necesidad de retirarse por ahora de los puestos de peligro, desapareciendo voluntariamente de la escena política mientras se conjura la crisis, y dejando a cargo del señor Limantour el cuidado y la vigilancia de los grandes intereses del grupo, con el fin de que no sean objeto de represalias. Por lo demás, el vicepresidente nunca podrá ser un científico, pues precisamente el conflicto que se trata de resolver ahora, tuvo como origen la obstinación del general Díaz en sostener a Corral.

EI general Díaz no podría personalmente oponerse a que el nuevo vicepresidente surgiera del seno del partido renovador, supuesto que ha declarado oficialmente su divorcio de los continuistas; pero celoso de su política personal y de su prestigio de estadista, tal vez no creeria deber admitir a su lado a un hombre salido del partido que ha puesto su poder en peligro, condenando la política que había seguido durante toda su vida.

Cuando se creía que el único modo de renovar los poderes consistía en transmitir el gobierno por herencia, se dijo mucho que el vicepresidente debía ser ante todo un hombre de la entera confianza del presidente, enterado de sus secretos de Estado y aleccionado por él.

Creo que ahora ya se pensará distinto. Es cierto que el vicepresidente no debe ser ni un enemigo personal ni un competidor político del presidente; pero para lograr esto bastará que el nuevo vicepresidente sea un hombre que le ofrezca garantías de lealtad en lo personal y en lo político. Y si como debe ser, el vicepresidente no tiene participación activa en el gobierno mientras subsiste el presidente, desaparecerá hasta el último escrúpulo del general Díaz para que el vicepresidente sea un hombre del partido renovador.

Quedaría por averiguarse la actitud de los elementos íntimamente allegados al general Díaz; pero la influencia de estos no seria tan grande, pues pronto tendremos ocasión de convencernos de que quedan pocos porfiristas puros, fuera de un reducido círculo intimo del general Díaz, y los que quedan, o ya tienen sus ambiciones propias, o no son de significación política alguna.

Quedan los renovadores entre los cuales hay que buscar al vicepresidente.

Los principales grupos renovadores son los reyistas y los maderistas que se consideran como los renovadores de acción.

Todo el mundo alcanza a comprender lo inconveniente que sería, como medio de acabar con el conflicto, elevar a la vicepresidencia a Madero o a Vázquez Gómez; ellos mismos lo comprenden así y repetidas veces han indicado su buena voluntad para renunciar a sus pretensiones políticas personales, a fin de facilitar la paz.

Por otra parte, para nadie es un secreto la rivalidad latente entre el maderismo y el reyismo puros, que aunque subgrupos del partido renovador, tienen en el fondo grandes puntos de desacuerdo. La postulación del general Reyes, que hace un año y medio habría contado con el apoyo de los antirreeleccionistas, y aun de Madero mismo, sería en los momentos actuales un motivo para retardar la sumisión de los rebeldes. Por lo demás, al general Reyes tampoco le convendría de seguro colocarse en una falsa y difícil situación entre científicos y maderistas, teniendo a ambos de enemigos en este momento político tan delicado.
EI hombre que deba ser postulado para la vicepresidencia en los momentos actuales y como medio de restablecer la paz, debe pertenecer pues, al partido renovador; ser de francas tendencias democráticas sin desconocer los sistemas porfiristas, siquiera sea para evitarlos en su parte ilegal; no debe ser científico ni amigo incondicional del general Díaz; debe tener un prestigio político propio, poder restar elementos importantes a la Revolución y ser el lazo de unión entre los maderistas y revistas del modo que fuere necesario.

En lo moral, ese hombre debe ser respetuoso de la ley, esclavo de sus compromisos políticos, de honradez y rectitud cívicas y de grandes cualidades de energía y de independencia de carácter.

¿Pero ese hombre existe?

Sí existe; es muy conocido en la frontera, donde su nombre goza de prestigio más uniforme que los de Reyes o Madero; pero teniendo el gran defecto de ser modesto, no es bien conocido en el resto del país.

Se llama don Venustiano Carranza.

Creo honrada y firmemente que Carranza es el hombre más a propósito para la vicepresidencia en los momentos actuales, pero me abstengo de hacer el elogio de sus cualidades, porque como escritor tengo contraído conmigo mismo el compromiso de no adular jamás a nadie. Debo, sin embargo, decir unas cuantas palabras acerca de él como hombre publico.

Es amigo personal del general Díaz pero no incondicional. Sólo ha prestado sus servicios a la administración actual como senador que es, desempeñando el cargo con lealtad y rectitud y sobre todo conservando incólumes su independencia y su dignidad. EI general Díaz sin embargo lo conoce bien y se da cuenta de su valer, supuesto que lo admitió en 1908 como candidato al gobierno de Coahuila y que desde hace cuatro meses el único temor serio que tiene acerca de la frontera es el que Carranza pudiera ayudar a los rebeldes.

No es científico; pero Limantour es amigo suyo, lo estima y sabe a qué atenerse respecto de él.

Madero y Vázquez Gómez lo respetan y lo aprecian, y considerándolo como uno de los hombres demás valor político en la actualidad, han hecho grandes esfuerzos por atraérselo.
 
EI general Reyes es también su amigo personal, sin haberlo considerado nunca como partidario suyo, sino como un valioso aliado político de prestigio propio.

Carranza reúne pues, las condiciones que en los actuales momentos necesita tener el vicepresidente; por sus tendencias renovadoras, por su honradez e independencia, por su valer político propio y por su situación especial que le permite controlar los elementos más importantes del partido renovador, y ser por lo tanto una garantía de cambio de sistemas y de restablecimiento de la paz.

BASES DE TRANSACCIÓN

He querido exponer con toda amplitud todos los antecedentes que se necesitan para entender el porqué de los términos en que formulo las bases de transacción que van en seguida.
Una transacción significa siempre el abandono de las mutuas pretensiones, o de una parte de ellas, y por lo tanto, no debe extrañar que en las bases que propongo no se contengan soluciones radicales, sino que me haya preocupado por buscar condiciones que, salvando el decoro del gobierno, den satisfacción a las justas exigencias del partido renovador y aseguren el pronto restablecimiento de la paz, y sin dar tiempo a que la actual revolución comience a producir jacobinismos peligrosos.

Las bases de transacción que en mi concepto pueden aceptarse decorosamente por el general Díaz y por los revolucionarios, son las siguientes:

1. Reorganización del Gabinete del general Díaz, en condiciones tales, que ofrezca garantías de querer y poder llevar a cabo un cambio en los sistemas de gobierno y en el personal administrativo que tiendan a la efectividad e igualdad en la aplicación de las leyes.

2. Renuncias o licencias ilimitadas de los gobernadores actuales de Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, San Luís, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Plázcala, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México, Morelos y Michoacán.

3. Substitución de esos gobernadores por hombres nuevos que presten garantías de reformar el sistema de gobierno y el personal administrativo de sus antecesores, procurando la efectividad e igualdad en la aplicación de las leyes.

4. Renuncia definitiva y formal del señor Corral a la Vicepresidencia de la Republica.

5. Celebración de nuevas elecciones de Vicepresidente de la Republica.

6. Amnistía general para todos los delitos políticos y los militares que tengan relación con ellos.

7. Sumisión de Madero y demás jefes revolucionarios y reconocimiento por ellos del Gobierno constituido conforme a la transacción.

8. Reforma de la Constitución Federal y de las locales, estableciendo el principio de no-reelección absoluta respecto de los Poderes Ejecutivos.

9. Reformas a las leyes electorales, federales y locales, con el fin de asegurar la efectividad del sufragio.

10. Diversas reformas políticas, fiscales, civiles y penales, que sean necesarias para asegurar de un modo permanente el cambio de sistema de gobierno, exigido por la opinión pública.

Tales son las bases que creo decorosas para el Gobierno y aceptables para los rebeldes. Su desarrollo y forma definitivas no me toca a mí hacerlos.

Pero para llegar a convenir en esas bases, o en otras mejores, lo primero que se necesita es que el general Díaz se decida a tratar franca, abierta y hasta oficialmente con los rebeldes. La vacilación del Gobierno para hacerlo así está produciendo los peores resultados sin proporcionar ventajas apreciables. En los momentos en que esto escribo comienza a palparse ya la falta de escrúpulos y el deliberado propósito de los americanos de provocar un conflicto internacional, que explique su intervención.

Con buena voluntad, la paz puede hacerse en 24 horas; pero cada minuto perdido es un nuevo peligro para la patria.

En estas condiciones, yo, que he sido uno de los más francos impugnadores de la política tuxtepecana, pero que no me he levantado en armas; por causa de la paz y en nombre de la patria, vuelvo a exhortar al general Díaz para que haciendo a un lado sus resentimientos de hombre, su orgullo de gobernante, y su amor propio de pacificador, procure inmediatamente una transacción con los revolucionarios, y si necesario fuere, comience él mismo, dando el ejemplo de amor a la paz, invitándoles a transigir, y si ellos se rehúsan, porque le desconfíen, debe darles el ejemplo de la abnegación, haciendo el sacrificio de su propia personalidad, y retirándose a la vida privada.