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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1911 Informe presidencial

Francisco León de la Barra, 4 de Noviembre de 1911

En cumplimiento de la benévola autorización que se sirvió concederme vuestra soberanía, vengo a daros cuenta de los actos de mi gobierno, impulsado por dos motivos que me escudan: mi profundo respeto a la Representación Nacional y el deseo de asumir la responsabilidad de esos actos ante el irrecusable tribunal de la opinión pública.

Apartado de la política durante largos años, en los que otra fue la orientación de mis servicios a la patria, cúpome en honra ser llamado a la más alta investidura de la Nación, en uno de los más difíciles momentos de su historia: cuando frente a la desaparición de un Gobierno de remota fecha constituido, y al que se atribuía condiciones de invencible resistencia, no se alzaban aún los elementos de fortaleza y organización reclamados urgentemente por la tranquilidad y el orden sociales.

Pero aunque sin compromiso con ninguna de las agrupaciones políticas que han combatido y combaten, más o menos ostensiblemente, en la República, me es satisfactorio expresar mi íntima conformidad con los dos principios fundamentales sostenidos por el movimiento revolucionario: el sufragio efectivo y la no reelección; el primero, como condición de liberatd de un pueblo organizado en forma democrática, y la segunda, como resguardo contra un régimen de continuidad, con sus daños inevitables, en países donde los medios de ejercitar esa libertad son menos eficaces que las convicciones.

Para realizar la efectividad del sufragio, en las elecciones que debían verificarse en los términos y dentro del plazo señaladospor los convenios que dieron fin a la contienda civil, era indispensable, antes de todo, resolver un problema que ha encontrado graves a veces, y a veces, también, insuperables dificultades: el de la pacificación completa del país, mediante el desarme de las fuerzas revolucionarias, que en número que no se conocía exactamente, pero que se consideraba muy elevado, se diseminaban en la vasta extensión del territorio nacional.

El desarme era, además, una necesidad social: lo reclamaban con apremio los intereses de la comunidad, expuestos constantemente a ataques y vejaciones por parte de grupos mal disciplinados, sin medios de vida y entre los que, desgraciada e inevitablemente, habían estallado algunos gérmenes de bandolerismo.

El desarme ha ido llevándose a efecto, venciendo, como digo, inmensas dificultades: en algunas comarcas, las fuerzas alzadas se contentaban con sumas relativamente reducidas para su licenciamiento; en otras, eran mayores sus pretensiones; en tal localidad, pudo ejercerse una completa vigilancia; en tal otra, amenguaban extraordinariamente esas posibilidades; pero por fundadas que parezcan las críticas elevadas con ese motivo, precisa asegurar que mayor gravedad habría asumido la situación y mayores quebrantos se hubiesen causado a la sociedad, de no haber procurado, aún al precio de innegables sacrificios, la diseminación de esos grupos, que constituían un peligro cada vez más inminente, una amenaza cada día más real y positiva.

En la actualidad existen todavía algunos núcleos de hombres armados que se están licenciando paulatinamente, aprovechándose para el caso de la experiencia que proporcionan los anteriores. Como es sabido, el procedimiento empleado es el de formar con la gente más disciplinada y de mejores antecedentes, grupos de policía rural que dependan de la federación, y que en mucho contribuirán seguramente —y algunos de ellos han contribuido ya— al importante servicio de la seguridad pública...

Entre todos los acontecimientos de este orden que más han conmovido al país, se encuentran los del Estado de Morelos, de los que estimo deber mío hacer una explicación, tan clara y terminante como lo demanda y con justa causa, la opinión pública.

En Morelos, y a virtud de razones que expondré brevemente en el curso de este informe, el problema del desarme y dispersión de las fuerzas revolucionarias encontró, desde un principio, más serias y graves dificultades que en algunos de los otros Estados de la Federación, pues aunque en la apariencia aquellos hombres se manifestaban dispuestos á regresar pacíficamente á sus labores, primero de una manera oculta, y más tarde en forma descubierta, adoptaron una actitud insumisa, que bien pronto degeneró en un manifiesto movimiento de bandolerismo. Ante ese movimiento, y teniendo en cuenta las apremiantes solicitudes de un grupo muy considerable y caracterizado de vecinos de Morelos, el Ejecutivo resolvió el envío de un cuerpo de tropas, con instrucciones precisas y terminantes de perseguir tenazmente a los malhechores, siempre que éstos no se sometieran a las autoridades tan pronto como se presentasen las fuerzas federales.

En aquellas circunstancias, el señor don Francisco I. Madero, impulsado ciertamente por un sentimiento que no habría derecho para reprobársele, ofreció de una manera espontánea su intervención personal en el conflicto, con el objeto de ver si su influencia como Jefe de la Revolución podía evitar el derramamiento de sangre; proposición que no hubiese rechazado ninguno que alentase ideas de humanitarismo. Por desgracia, tan laudable intento no alcanzó el propósito perseguido, y como los alzados no sólo no se avinieron a someterse sino que continuaron cometiendo todo género de fechorías, después de un plazo de cuarenta y ocho horas como ultimatum a su rendición incondicional, el Ejecutivo ordenó que se procediese a su persecución formal e inmediata.

La campaña se inició desde luego, y puedo aseguraros que las órdenes que con motivo de ella se expidieron al General en Jefe de las operaciones, han sido todas transmitidas por los conductos debidos y que ningún acuerdo importante ha sido tomado por el que os dirige la palabra sin haberse antes discutido en Consejo de Ministros.

En cuanto al resultado de esas operaciones, el informe rendido por el General en jefe da a conocer las dificultades que impedían el sometimiento de esos bandidos o su destrucción total: tratábase de pequeños grupos que raras veces presentaban un encuentro formal a las tropas regulares y se diseminaban fácilmente para volverse a reunir a corta distancia, enuna comarca que les es perfectamente conocida. La campaña contra esas gavillas se ha convertido en una verdadera función de pólicía rural, a la que pueden y deben consagrase los cuerpos creados al efecto.

Hecha esta exposición, cabe preguntar: ¿a qué se debe la prolongación de una lucha que parecía fácil de dominar en un breve espacio de tiempo?

El Gobierno envió un jefe de prestigio al mando de las fuerzas que éste creyó necesarias; las instrucciones que se le dieron fueron, como digo, precisas y terminantes, y los sucesos que se han desarrollado en el Estado, muestran que la enérgica represión de los bandidos se imponía para alcanzar una paz definitiva. El jefe del movimiento sedicioso se hizo popular entre las clases incultas del Estado por ofrecimiento de repartición de tierras, sin tener en cuenta los derechos de propiedad, y halagando por éste y otros medios semejantes las pasiones de los individuos de la clase más humilde, que no se dan cuenta de que la situación económica de ese Estado, como la de los demás, no se modifica por medio de actos violentos y contrarios a las leyes.

Las promesas hechas en nombre de la revolución respecto a la cuestión agraria, han despertado esperanzas entre aquellas gentes, que suponen que al inaugurarse el Gobierno que substituirá al interino, lograrán ver realizados sus deseos de entrar en posesión de las tierras prometidas, sin pensar que ese problema debe ser resuelto dentro de la ley y conforme a un plan cuidadosamente meditado. Es probable también que muchos de los individuos alzados en armas no hayan querido deponerlas con la esperanza, que es infundada, pues conozco los sentimientos de justicia del Presidente electo, de que, inaugurado el nuevo Gobierno, no tendrán que responder ante las autoridades judiciales correspondientes, por los delitos del orden común de que se sientan culpables.

Pero, como se ve, el Gobierno ha procedido con toda firmeza, siguiendo un programa racional y sin olvidar que es deber del poder público evitar hasta donde sea posible, sin perjuicio de la justicia y sin desdoro de la autoridad, que se derrame la sangre de hermanos aunque en el caso de Morelos se ha derramado más sangre por parte de los sediciosos en sus atentados, que por la de las fuerzas federales al repeler los ataques de que fueron víctimas...

Al lado del agrario, comienza ya a agitarse en el país el problema obrero, consecuencia ineludible del progreso industrial realizado en el curso de los últimos años.

En realidad, el problema obrero es el problema del trabajo, y afecta, al par que a las clases menesterosas, a todos los interesados en el desarrollo de la riqueza pública: es decir, a todos los ciudadanos de la Nación.

De tanta trascendencia como el agrario, sugiere el problema obrero distintos órdenes de iniciativas, ora se le examine desde el punto de vista económico, ya desde el social. La mejor distribución de los braceros, en forma de que la demanda sea, en lo posible, equilibrada por la oferta; el exacto conocimiento de los más importantes centros de labor y de los tipos de jornales que se pagan en ellos; la supresión de los abusos ejercidos por parte de los agentes que intervienen en los contratos entre empresarios y trabajadores; la vigilancia oficial de las fábricas y talleres, con objeto de que se presten a los operarios todas las garantías que merece la vida humana; la reglamentación de las labores de la mujer y del niño; la eliminación de ciertas prácticas perjudiciales a la salud y progreso de las clases obreras; la creación de tribunales de arbitraje y la fijación de principios y reglas que puedan resolver preliminarmente los conflictos surgidos en este campo de lucha eterna, son otras tantas materias, no sólo de investigación y estudio, sino de preceptos legales que regulen en México, como en la mayoría de las naciones de la tierra, las relaciones entre el capital y el trabajo.

A este fin tiende la iniciativa que presentó el Ejecutivo a esta Honorable Asamblea y que está pendiente de vuestra resolución, proponiedo el establecimiento de una oficina encargada, al mismo tiempo que de recopilar y publicar datos estadísticos y de cualquiera otro orden relacionados con el trabajo nacional, de formar reglamentos sobre los contratos e inspección de las instalaciones industriales y aún de mediar amistosamente en los conflictos a que acabo de referirme.

El Ejecutivo cree, y así lo manifestó en la exposición de motivos que funda la mencionada iniciativa, que el ideal que en estos momentos persigue el pueblo mexicano, y al que no es porcierto ajeno el Gobierno interino, quedaría sin realizarse si al par que se asegurasen a las clases populares los derechos que señala la Constitución, no se proporcionará a esas clases los medios de obtener su mejoramiento económico.

Los hechos que acabo de enumerar os dan a conocer los esfuerzos realizados por mi gobierno en cumplimiento de la primera parte del programa que tenía enfrente: la pacificación del país, no sólo por medio de medidas directas y conducentes de una manera inmediata a la destrucción de los focos de desórdenes, sino por iniciativas encaminadas al estudio de los grandes problemas económicos cuya solución será en lo futuro la verdadera base de la paz nacional.

Cuanto a la segunda parte de ese programa, que era (no lo habéis olvidado) asegurar la efectividad del sufragio, puedo afirmaros sin temor de ser desmentido, que las elecciones últimas se han efectuado sin la más leve presión por parte del Gobierno Federal, y que si en ellas se hubieren registrado algunos fraudes y violaciones a las leyes, ajenos ciertamente a mi volutad y a mi deseo, las autoridades judiciales, en primer término, y vosotros, después, habéis sido los llamados a juzgar de la certidumbre o falsedad de tales imputaciones, en la forma que os lo haya dictado vuestra ilustración y de acuerdo con vuestro patriotismo y vuestra conciencia.

Por lo que a mí hace, quedaba un compromiso personal con uno de los principios revolucionarios aceptados por la opinión pública: la no reelección. Y ese compromiso lo he mantenido en pie, con igual firmeza al expirar mi periodo presidencial que al iniciarse; sin que hayan quebrantado mis resoluciones el hecho de que la ley que sancionaba ese principio no era aún un precepto constitucional, la postulación en favor mio sostenida por varias agrupaciones políticas que han llevado a cabo su programa a cara descubierta y a luz plena, ni las insinuaciones deslizadas en la sombra y que rara vez dejan de escuchar los hombres que habitan, siquiera sea un solo día, las grandes alturas tan favorables a esa enfermedad ambiente que se llama el vértigo.

A unos y otros he dado invariablemente la misma respuesta, inspirada por una convicción, al par que era impuesta por un deber, que de no haber contraído con la nación habría contraído conmigo mismo: eI de entregar la Primera Magistratura de la República al designado por la voluntad popular...