Enero 20 de 1909.

El Partido Democrático, definitivamente constituido, da a conocer a la Nación su programa político, compuesto de aspiraciones definidas y de principios concretos, y, desde este momento, luchará por su triunfo, dentro del orden y el amparo de la ley.

El Partido Democrático tendrá una esfera de acción distinta de la de otros grupos más o menos compactos, que proclaman solamente el triunfo de personalidades; y tiende a la conquista de la libertad política, para que puedan normalmente funcionar nuestras instituciones y ellas sean, por fin y para siempre, el origen y la expresión del gobierno del pueblo mexicano.

Confiemos desde ahora la paz y la libertad a las leyes, que deben estar sobre los hombres, y no a los hombres que deben estar bajo las leyes.

Nuestra agrupación ha surgido de una angustiosa necesidad nacional: la necesidad de orientar y definir la situación política del país en un plazo breve y fatal, aunque indeterminado, pero por indeterminado más premioso, pues se acorta aceleradamente día a día, haciendo, a cada momento que pasa, mayor la inquietud y más urgente la preparación para enfrentarnos con el problema de nuestro porvenir.

Abdicar el deber sacratísimo de pensar y de obrar por la Patria y para la Patria, dejando al acaso sus destinos y poniendo solamente en los hombres nuestras miradas, sería falsear el problema o resolverlo con el suicidio nacional.

Si no queremos, para un porvenir más o menos remoto, una dictadura que nos oprima y que nos deprima, y si desatamos la anarquía que nos desangre, nos envilezca y nos coloque bajo las ruedas del inexorable carro de un imperialismo naciente, pero poderoso, debemos comenzar por hacernos CIUDADANOS, por cumplir nuestras obligaciones virilmente y ejercer nuestros derechos con franqueza y con valor, es decir, debemos gobernarnos nosotros mismos.

En el curso trágico de nuestra historia, la insurrección y la dictadura se han sucedido, la una engendrando a la otra, hasta que el país, cansado y empobrecido, tuvo hambre de reposo.

La paz preparada en el orden económico, en lo político y en el social por la Constitución y las Leyes de Reforma, y que un gobierno largo y fuerte ha sabido consolidar, es conquista que el pueblo no quiere perder, pues todos sabemos, unos por instinto y otros por reflexión, que perdida la paz, nuestra nacionalidad está en peligro de tutela, que es un mal mayor que la muerte.

Creemos y esperamos que al terminar el gobierno actual, la paz ha de conservarse por la fuerza de inercia del largo período en que la hemos disfrutado, por los poderosos intereses nacidos y desarrollados a su sombra, por la conciencia experimentada y clara de sus beneficios, por la creciente cultura del pueblo; pero es indudable, al propio tiempo, que esa paz no podrá conservarse, que no podrá ser definitiva, como el país la quiere y la necesita, si somos impotentes para organizar un gobierno popular y libre, y caemos en una dictadura que traerá consigo, tarde o temprano, la guerra civil.

Aquellos que sueñan en que los que gobiernen después han de seguir la política que con éxito tan completo ha implantado y desarrollado el C. general Porfirio Díaz, o faltan con toda conciencia a la verdad, o, sin saberlo, son revolucionarios, porque esa política, en lo que tiene de típicamente personal, no podrá ser continuada por sucesor alguno, sin provocar la revolución.

La paz, la libertad, la independencia nacional, sólo estarán, en lo porvenir, en el ejercicio de la libertad política, en el libre funcionamiento de nuestras instituciones, en el gobierno efectivo de los ciudadanos.

A mejores ciudadanos corresponden siempre mejores gobiernos.

Dentro de un buen gobierno, respetuoso de las garantías constitucionales, que sabe impartir justicia, que es honrado en el manejo del haber nacional, que considera la educación de los niños como su más sagrado deber, los ciudadanos elevan su nivel intelectual y moral, el pueblo crece en fortaleza y en virtudes cívicas, está en aptitud, a su vez, de mejorar constantemente su gobierno, renovándolo con elementos nuevos y vivificadores de hombres más aptos y de instituciones más liberales.

Este es el camino de la salvación, porque es el camino del progreso. Nos lo está señalando la historia con su dedo infalible.

Y si logramos conquistar la libertad política; si reintegramos la Constitución de 1857 a la vida nacional que la reclama; si hacemos justicia -en obras no en palabras- a la labor profundamente civilizadora de los Reformadores; si no arrojamos al olvido el pasado porque aún pueden cargar nuestras espaldas tanta gloria, y si queremos seguir viviendo en nuestros hijos para mejores tiempos habremos dado el título de "Ciudadano Mexicano", la significación honrosa del ciudadano de un país próspero, fuerte y libre.

El Partido Democrático no pretende cambiar radicalmente y en un instante la vida política del país; no pretende crear con un programa una democracia ideal que se quedaría amortajada en el programa; no; sabemos que toda evolución es lenta aunque sea revolucionaria, sabemos que la historia humana no puede ser violentada y que las transformaciones sociales y políticas no se decretan.

Pero también sabemos que la voluntad, que la ley, que el ideal, son factores esenciales de la civilización y que el estudio de la historia y el conocimiento de las necesidades nacionales sirven para orientar hacia el progreso las fuerzas vivas que se agitan dentro de la Nación, fabricando incesantemente su porvenir.

No prometemos al país un milagro de taumaturgos, que lo convierta en la ciudad de Utopía, sino un trabajo de ciudadanos, lento, laborioso, de sacrificio, de patriotismo, que paso a paso, sin sacudimientos y sin violencias, lo lleva a la libertad y le asegure su autonomía.

Este es nuestro pensamiento capital, que dará vida al Partido Democrático, pues lo levanta a un nivel de alta y noble política de educación y regeneración.

Por esto nuestro programa, amplio y concreto a la vez, hace arrancar sus aspiraciones y sus principios de la idea fundamental de la educación del pueblo, a quien deseamos hacer partícipe en la obra de la política nacional, haciéndolo así corazón y cerebro de la Patria.

Para que el pueblo pueda comenzar a vivir en libertad, y las exigencias primordiales de una democracia naciente puedan ser satisfechas en la medida de los progresos materiales y morales, es preciso que se organice debidamente al Poder Municipal, origen de las libertades públicas, escuela práctica del civismo que, como una celdilla, resume en su vida la vida entera del organismo social.

Nuestros municipios tienen ahora un campo de acción limitadísimo, y su obra es casi estéril, pues están ahogados por la autoridad de los jefes políticos, a quienes se han dado funciones incompatibles con el libre vuelo de la libertad municipal.

Los jefes políticos representaron un papel importante en la obra de organización nacional, que tuvo que basarse en la fusión de todos los poderes en el Poder Ejecutivo, y fueron útiles en una época de anarquía social, en que el gobierno necesitó a las veces de la acción vigorosa de hombres de pocos escrúpulos, capaces de mantener el orden por la autoridad de la fuerza, e impedir así la disgregación de los elementos sociales.

De aquí que muchos de los que comenzaron a ser ejecutores sumisos de la voluntad del Centro se convirtieran en ejecutores de su propia arbitraria voluntad.

Cierto que esa situación ha cambiado en buena parte, y que las prefecturas y jefaturas son ahora generalmente ocupadas por hombres de más cultura y de mayor moralidad de los que las ocuparon antaño; pero precisamente porque el medio social se ha purificado, esa institución ya no responde a una necesidad.

Sus defectos de origen, más o menos atenuados, subsisten siempre, porque no son su esencia misma; por eso la autoridad que los jefes políticos representan debe distribuirse entre órganos más apropiados para ejercerla equitativamente, en consonancia con las necesidades de esta época de paz y de trabajo, y con las exigencias de una nueva era de libertad política.

El Partido Democrático, que considera el ejercicio de la ciudadanía como el único medio posible de conservar la independencia de la Patria, sabe que solamente la escuela que educa puede formar verdaderos ciudadanos, conscientes de sus deberes y capaces de defender sus derechos; y por eso estima que el problema político del país es, en el fondo, el problema de la educación nacional.

La escuela gratuita, obligatoria, laica y cívica: en ella está la Patria.

Todo lo que se haga para difundir la educación primaria, para darle al indio la lengua de la civilización e incorporarlo a la Patria, para salvar a los niños de las garras infanticidas del capitalismo industrial y agrícola y hacerlos inviolables en el sagrario de la escuela, parecerá siempre poco, será siempre poco.

"Después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo", dijo y sigue diciendo la palabra profética de Dantón.

Urge, pues, formar al maestro, al maestro mexicano, hacerlo legión, legión sagrada que lleve a través de nuestro territorio la verdad, el bien, la belleza, el civismo, como banderas blancas de concordia y de vida.

La Escuela Normal será el surtidor que fecunde las escuelas primarias, el Alma Mater de la Patria mexicana.

Para que la enseñanza normal cumpla tan altos destinos, es preciso unificarla, recomendándola a la Federación: sólo dentro de la unidad de programa y de método puede ser armónica y eficaz, centro sólido y fecundo de difusión científica.

Para que los mexicanos, en número cada vez más creciente a medida que se propague y se intensifique la educación nacional, puedan ejercer la voluntad política, cumpliendo sus deberes de ciudadanos, es indispensable que el instrumento del voto público, la ley electoral, no sea una máquina inútil o descompuesta, sino que funcione eficazmente.

Nuestra actual legislación electoral no es un aparato hecho para marcar la voluntad de la Nación, porque sólo puede funcionar mediante la acción directa del Gobierno.

Las grandes manifestaciones de la voluntad popular revisten entre nosotros una carácter netamente plebiscitario, y no han podido encontrar su expresión por los medios que establece la ley.

Con el sistema electoral en vigor se quiere hacer creer al pueblo que tiene el sufragio universal y se le engaña.

El sufragio universal, con nuestro método de elección indirecta, es el más restringido de todos los sufragios, pues aún en el supuesto de que el voto pudiera ser efectivo dentro de tal sistema, solamente dos ciudadanos por cada mil habitantes tendrían derecho a elegir a los más altos funcionarios federales.

Nuestra ley electoral será un arma preciosa en manos de los tiranos del porvenir.

La elección indirecta, que hace del sufragio un engaño, debe definitivamente condenarse.

El pueblo, según nuestra ley, sólo tiene facultad para elegir electores, los que, a su vez, eligen a los funcionarios sin compromiso alguno con el pueblo de votar por éste o aquel candidato.

El elector tiene derecho de votar por éste o aquel candidato.

El elector tiene derecho de votar por el candidato de su personal preferencia, pues a su sabiduría y patriotismo confía la ley del éxito del sufragio.

De esta suerte y de hecho, los electores son los únicos sufragantes, los que reducen en nuestro país el número de votos para elección de Presidente y Vicepresidente de la República a sólo veintisiete mil, que es el número de los electores.

¿Es éste un medio eficaz para que se exprese la voluntad de la Nación? ¿Será posible, con tan absurdo sistema, hacer efectivo el voto? ¿Podremos tener de tal suerte un gobierno de sufragio? Jamás.

Si conservamos este sistema, podemos estar seguros de que en lo porvenir una dictadura, por abominable y abominada que sea, encontrará la manera de reelegirse contra la voluntad del pueblo, y entonces, ante la impotencia de vencer con la ley, que estará del lado de la tiranía, el pueblo tendrá que acudir al supremo recurso de la revolución, que estará del lado de la libertad.

Necesitamos poner fin a esta situación funesta, necesitamos libertad efectiva, necesitamos voto público.

El Partido Democrático quiere crear el voto, y para crearlo trabajará hasta conseguir la elección directa, a fin de que la mayoría de los ciudadanos sean llamados a votar.

Todos los mexicanos mayores de edad que hablen el idioma castellano y sepan leerlo y escribirlo, o, aun cuando no sepan leer o escribir, sean jefes o sostenedores de una familia, es decir, posean intereses morales, o bien tengan intereses materiales como propietarios de la tierra, estarán capacitados para votar directamente, lo que significa que podrán votar de derecho; beneficio del que hasta hoy hemos estado privados todos los mexicanos.

De esta suerte, tan sólo aquellos que, por imposibilidad de entender la lengua nacional, o por la miseria y analfabetismo, es decir, tan sólo los que nada tienen y lo ignoran todo, tan sólo los que aún vegetan, por desgracia, sin la más leve noción de los deberes que la Patria impone a sus hijos, estarán por razón natural, como lo están en todas partes, excluidos del voto.

El sufragio que proponemos, que nuestros enemigos llaman restringido, es, pues, mucho más amplio que el decantado sufragio universal, porque éste no tiene de sufragio sino el nombre, y es sólo una mentira sonora para engañar a los que se satisfacen con vanas palabras, aunque estén totalmente privados del derecho que con esas palabras se formula.

Por el contrario, el sufragio que nosotros proponemos tiene todas las condiciones para llegar a ser una verdadera práctica.

No vacilamos en decirlo; los que combatan la reforma que recomendamos y sostienen el sistema en vigor, son enemigos disfrazados de la libertad política.

El Partido Democrático consigna, por último, entre sus aspiraciones, la garantía efectiva de la libertad del pensamiento, el cumplimiento eficaz de las Leyes de Reforma, el respeto a la libertad y a la vida del hombre, la moralización de la justicia, dependiendo el Poder Judicial, inamovible y responsable, del Poder Legislativo; el empleo de los excedentes de las reservas del Tesoro en una forma más útil y aún más fecunda de la en que hasta hoy se ha invertido, y en previsión a futuras contingencias, un sistema consignado en la ley, que relacione la contratación de los empréstitos federales con los elementos pecuniarios de que el gobierno pueda disponer y con las grandes necesidades de la Nación.

Pedimos también la creación de un Ministerio de Agricultura, a fin de inaugurar una liberal política agraria y de crédito interior que, favoreciendo sin cesar el mejoramiento de las tierras y levantando la condición económica y moral del campesino, se resuelva en un doble beneficio para el país; y, finalmente, pedimos la expedición de leyes sobre accidentes del trabajo, prólogo de una legislación obrera, y disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de las empresas en los casos de accidentes.

Estos son los ideales, éstos son los principios que dan vida al Partido Democrático. Desde hoy luchará por ellos, y desde hoy entrará a la vida activa de la política.

El Programa al que alude el Manifiesto del Partido Democrático fue publicado en estos términos:

"La conservación de la independencia Nacional, ideal supremo del Pueblo Mexicano, sólo puede asegurarse por el ejercicio de la libertad política, basada en la aplicación de los principios establecidos por la Constitución de 1857 y complementada por las Leyes de Reforma.

El `Partido Democrático' se organizará con el propósito fundamental de hacer efectiva la libertad política, dando una significación honrosa al título de `Ciudadano Mexicano'.

Para realizar esta aspiración y fomentar el progreso nacional, el `Partido Democrático' adopta el siguiente programa político, cuyo triunfo ha de procurar por todos los medios lícitos que estén a su alcance.

I. Vigorización y ensanche del Poder Municipal.

El `Partido' reconoce que la base más firme de la Democracia es la organización y desarrollo del régimen municipal, y pide, en consecuencia, que las jefaturas y prefecturas políticas sean suprimidas en toda la República, por ser incompatibles con dicho régimen.

II. Amplia difusión de la Educación Primaria.

El `Partido Democrático' considera que es un deber de las autoridades nacionales, ilustrar y educar a los ciudadanos, y consigna, como un ideal, que a la Federación corresponda impartir la enseñanza primaria y la educación cívica.

`Pero considerando las graves dificultades de orden administrativo que hacen irrealizable, por ahora, este pensamiento en virtud de estar desigualmente repartida la población escolar en un territorio extenso y de escasas vías de comunicación, el `Partido' limitará sus esfuerzos a la Reforma de la Constitución en el sentido de que se imponga, tanto al Gobierno Federal como a los Gobiernos de los Estados, el deber de impartir la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria y laica, y la educación cívica, a toda agrupación que se componga de cincuenta familias, como mínimum, debiendo en todo caso corresponder a la Federación el estudio y expedición de los programas educativos.

Nuestro Partido procurará que se dicten disposiciones en cuya virtud los hacendados, los industriales, los mineros, y en general todos los que proporcionen trabajo a un número considerable de hombres, sean obligados a sostener escuelas primarias gratuitas, cuando las agrupaciones de trabajadores comprendan veinticinco familias como mínimum, y siempre que la autoridad pública no haya establecido, en los lugares respectivos, alguna escuela.

El Partido se esforzará porque se dicten leyes que impongan penas eficaces y severas a los empresarios que ocupen a los niños de edad escolar en cualquier trabajo que les impida asistir a la escuela.

Deberá hacerse especial esfuerzo porque el idioma castellano llegue a ser hablado por toda la población indígena del país.

El Partido considera que siendo el libro y el periódico los vehículos principales de la enseñanza y de la educación cívica, debe poner todo su empeño por conseguir la libre importación para impresos.

III. Legislación electoral.

El Partido cree indispensable reformar nuestra legislación electoral sobre las bases siguientes:

a) Las elecciones populares de las autoridades de la Federación, de los Estados y Municipios, deberán hacerse por el voto directo de los ciudadanos.

b) Restricción del voto. Solamente podrán votar los que reuniendo los actuales requisitos que señala la Constitución, hablen el castellano y sepan leerlo y escribirlo, o aun cuando no sepan leer y escribir, sostengan una familia o posean bienes raíces en propiedad individual.

IV. Garantía efectiva de la libertad de escribir y publicar escritos, y en general de la libertad de pensamiento. El Partido reconoce como urgentemente necesaria, la expedición de una ley que defina los derechos y responsabilidades de los publicistas.

V. Cumplimiento eficaz de las Leyes de Reforma. El `Partido Democrático' considera que algunos preceptos de las Leyes de Reforma carecen de sanción y que es, en consecuencia, necesario restablecerla; cree igualmente que otros preceptos de estas leyes tienen una sanción insuficiente, y deben, por lo mismo, ser modificados.

VI. Respeto a la libertad y a la veda del hombre. Nuestro país, víctima de una abrumadora tradición que tiene sus orígenes en la historia colonial y que se vigorizó mediante nuestra educación revolucionaria, contempla a diario el espectáculo de infinitos atropellos a la libertad individual.

El mal que apuntamos se mantiene en toda su fuerza, a pesar de la paz de que goza la nación y de la falta de pretextos generalmente comunes en la época de persecución política.

El `Partido Democrático' pide la pronta aplicación de remedios para combatir esta verdadera desgracia nacional; y al efecto procurará la adición del artículo 20 constitucional en el sentido de que el acusado esté asistido por su defensor desde su declaración preparatoria; la expedición de leyes que restrinjan el arbitrio de los jueces para privar a los hombres de la libertad, que dulcifiquen los inquisitoriales rigores de nuestras prácticas de procedimiento penal, que limiten a excepcionales casos el sistema brutal de las incomunicaciones, y que establezcan penas severas para las autoridades administrativas y los agentes de la policía que, en violación del artículo 16 de la Constitución, ataquen la libertad del hombre.

VII. Moralizacíón de la justicia. La justicia es la mejor garantía de la libertad política y de la paz orgánica; y, por lo mismo, el `Partido Democrático' cree que debe asegurarse a los tribunales su respetabilidad e independencia.

Dentro de ese criterio el Partido aspira a la inamovilidad de los funcionarios del Poder Judicial, y, especialmente, de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los cuales deberán ser nombrados por el Congreso de la Unión.

Se pide igualmente que los demás funcionarios y empleados del Poder judicial deban su investidura a nombramiento hecho por sus superiores y nunca a designación del Poder Ejecutivo.

El Partido exigirá leyes severas que permitan hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios judiciales. Finalmente, trabajará por la conservación y extensión del juicio por jurados.

VIII. Hacienda y Crédito Público. Las reservas que acusar en lo sucesivo la Cuenta del Tesoro, deberán ser prudentemente limitadas por una ley que se expedirá al efecto.

Los excedentes deberán aplicarse a grandes obras de interés general, instrucción primaria, fomento o ejecución de trabajos de irrigación, y los que favorezcan el movimiento comercial interior, como la construcción de carreteras y la canalización y limpia de los ríos navegables.

Mientras existan reservas, el Partido sostendrá que no se acuda a empréstitos federales, sino cuando se trate de verdaderas necesidades nacionales, en los casos de excepción que una ley determinará, con el objeto de no aumentar la ya pesada carga de la deuda extranjera que gravita sobre la Nación.

IX. Crédito interior. El Partido no cree conveniente la ampliación del crédito interior por medio de adecuada reforma a nuestra legislación bancaria en un sentido liberal, que tienda a facilitar al mayor número la realización de los negocios lícitos, tan frecuentemente entorpecidos por la rigidez de los sistemas en vigor.

X . Responsabilidad civil. El Partido pedirá la expedición de leyes relativas a accidentes del trabajo para proteger de un modo especial a los obreros que tan frecuentemente son víctimas de la incuria y avaricia de los patrones.

El Partido pedirá igualmente la expedición de disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de las empresas en casos de accidentes, a fin de proteger al público en general.

XI. Leyes agrarias. Pedimos, por último, leyes que protejan la libertad del trabajador de los campos y que, de una manera general, mejoren sus condiciones económica y moral.

También pedimos que se dicten leyes que ensanchen y faciliten el crédito agrícola, y otras que tiendan a hacer efectiva la subdivisión de los terrenos poseídos por comunidades.

México, veinte de enero de 1909.

La Comisión de programa.

Diódoro Batalla.
R. Zubaran Capmany.
Jesús Urueta.
Manuel Calero.

Fuente:
Román Iglesias González (Introducción y recopilación). Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno, 1812-1940. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C. Estudios Históricos, Núm. 74. Edición y formación en computadora al cuidado de Isidro Saucedo. México, 1998. p. 521-528.