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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1903 El problema actual. Manuel Calero.

Noviembre 20 de 1903

 

 

ADVERTENCIA.

DEFINITIVAMENTE concluido este "Ensayo” desde los últimos días de Julio, habíame propuesto imprimirlo tan pronto como fuera conocido por algunas personas en cuya rectitud de juicio confío, y siempre que éstas le hubiesen otorgado su aprobación. Llegado este caso, más que por el pobrísimo valor de mi trabajo, por la benevolencia de sus censores hago ahora público el resultado de mis precipitados estudios y de mis meditaciones sin cesar interrumpidas por las atenciones de una fatigosa labor profesional, alentándome a obrar de esta manera mi convicción, cada día más sólida, de que este “Ensayo,” aunque de ningún valor intrínseco, condensa con relativa exactitud las observaciones de no pocos espíritus desapasionados y traduce el deseo, mejor dicho, el anhelo profundo de los que juzgan que en nuestro inminente problema político, se vincula el problema definitivo para el país: el de la perpetuación de su propia soberanía.

La solución oportunista que propongo para el primero de dichos problemas, no puede ser sospechosa para nadie que acepte, como una verdad bien probada, que el pueblo mexicano está aún muy lejos de haber conquistado, en la gobernación del país, el papel que demanda una organización sinceramente democrática.

Bien sabemos, los que afirmamos esto, que incurrimos en la excomunión de los pontífices del jacobinismo nacional; pero desafiamos semejante castigo, con la convicción de que nuestras conclusiones se derivan de la observación de fenómenos reales que día a día vemos realizarse, y que se han realizado sin interrupción desde que, aniquilado el despotismo político con el triunfo de la revolución de Ayutla sobre la odiosa dictadura santa-annista, y aniquilado el despotismo clerical con la promulgación de las leyes de Reforma, se han elevado entre nosotros a la categoría de dogmas, los principios de la más pura democracia.

No repugno, porque lo considero indispensable, que en las manifestaciones externas de nuestro mecanismo político y en el funcionamiento de la administración pública, se respeten escrupulosamente todas las formas constitucionales, y el Sr. Presidente Díaz, al respetarlas como nadie, ha dado una nueva prueba de su gran sabiduría práctica y se ha conquistado con ello la admiración del mundo; pero ese respeto es profundamente nocivo cuando consideramos nuestros problemas desde un punto de vista teórico y especulativo, porque nos conduce a conclusiones engañosas y oculta a nuestra mirada la verdadera acción de los numerosos factores sociales y de otro orden, que trabajan sin descanso en la preparación de nuestro porvenir político.

Por el examen de nuestros antecedentes históricos, a partir de 1857, y por el estudio de la condición actual de nuestro pueblo, no pocos mexicanos hemos llegado a temer vivamente que la guerra civil sea el único medio práctico de encontrar un sucesor al actual Presidente, luego que éste haya desaparecido. Pero la revolución—además de ser un medio abominable y bárbaro para resolver lo que en las democracias organizadas se resuelve por el voto público—traería consigo para nosotros un atraso doloroso en nuestro progreso, y una calamidad incomparable, al proporcionar a nuestros vecinos del Norte un justificado pretexto para intervenir en nuestros asuntos políticos internos.

Preparar, pues, la transmisión del poder de las manos gloriosas del actual Presidente a las de otro hombre que el país conozca de antemano y hacer, de esta manera, frustránea e inútil toda convulsión revolucionaria, eso es obra de patriotismo y debemos sentirnos honrados al emprenderla.

Ya para nadie que nos juzgue conociéndonos, es un misterio la situación política de México. Al más ligero soplo se levanta el oropel de nuestra vestidura democrática y se descubre la desnuda realidad. Esto no debe avergonzarnos, porque no es motivo de vergüenza para un país joven, encontrarse en un grado incipiente de su evolución política; pero sí debe acabarnos de decidir a desechar nuestros mentidos pudores, y a precisar nuestras necesidades sin engañarnos a nosotros misinos.

Los últimos movimientos políticos de México han sido definitivamente reveladores, para los demás pueblos interesados en nuestra prosperidad, de la situación política de nuestro país. A nadie le podremos hacer creer que estamos en pleno régimen democrático y que el mecanismo creado a priori por nuestros constituyentes, funciona aquí con precisión solemne. El Gobierno de México es un ilustrado despotismo, cualquiera que sea el nombre que se le dé, afirma el eminente profesor de la Universidad de Pennsylvania, Mr. Rowe, en una de las publicaciones más extensamente leídas en los Estados Unidos. (1) Y luego, el mismo publicista agrega: “Para un extranjero es motivo de no poca sorpresa, el que en una República federal, cuyas instituciones están modeladas en las de los Estados Unidos, falte la acción de los partidos. La causa inmediata de esta situación anómala se encuentra en la posición dominante del Presidente Díaz. Todas las clases de la población, desde los peones más humildes hasta los más ricos propietarios, confían tan ilimitadamente en la habilidad del Presidente para dirigir la política del país, que no se siente la necesidad de apoyarlo por medio de un partido organizado, ni hay cabida para un partido de oposición. Puede solamente explicarse que esta situación haya permanecido prácticamente inalterada durante los sucesivos períodos de la administración del Presidente, por el hecho de que la educación política del pueblo no ha alcanzado aún el nivel que exige el sistema político democrático adoptado en 1857’’.

Naturalmente los jacobinos, declamadores por temperamento, calificarán de mentirosas las apreciaciones del profesor Rowe, como del mismo modo califican las de todos aquellos que no juzgan en materias políticas, con el tradicional y ciego fanatismo revolucionario.

Por fortuna el número de ciudadanos que se filian en la nueva escuela liberal, es cada día más imponente; y no es obstáculo para ello el que los jacobinos los señalen a la execración de las masas ignaras con el apodo tonto de “científicos.” El movimiento crece en intensidad, como sobradamente lo demostró la última “Convención Nacional Liberal,” cuyo carácter de profunda adhesión al gobierno del Presidente Díaz, como preparador admirable del futuro gobierno democrático, no podrá negarse jamás, a pesar de las maliciosas interpretaciones que se han dado a las frases y expresiones de algunos de los corifeos de ese movimiento político.

Los que en distintas esferas nos esforzamos por tomar participación en el movimiento político de la República, debemos también esforzarnos en rectificar las malévolas o simplemente erróneas afirmaciones de los políticos efervescentes, encaminadas a torcer el buen sentido de las clases trabajadoras de la sociedad, que forman la más sólida base de un régimen político estable. Cuando se dice por alguno de nosotros que un pueblo que está gobernado dictatorialmente, revela ser tan inepto para un régimen de libertad como los pueblos hundidos en la anarquía, los jacobinos exclaman: mentiras de los científicos. Y de esta suerte resulta también “científico” el gran Presidente de los Estados Unidos, que se expresó en términos iguales o parecidos en su notable discurso pronunciado en Syracusa el día 7 del último Septiembre, ante una entusiasta multitud de ciudadanos de la República más libre de la tierra!

Naturalmente, la ineptitud del pueblo mexicano para gobernarse por sí mismo, es solamente transitoria. Pasarán, sin embargo, algunas generaciones para que este pueblo, considerado en el conjunto de los elementos que lo constituyen, conozca y practique un sistema de gobierno democrático; y esto, por el bajo nivel intelectual, moral y económico de nuestras grandes masas analfabéticas, de donde sale la gran mayoría de los ciudadanos. Si el ejercicio de los derechos políticos, sólo se confiriera a los mexicanos que tienen la aptitud bastante para conocerlos y defenderlos, la condición política de nuestro país sería infinitamente superior a la presente; mas con el hermoso sistema jacobino de la igualdad de derechos políticos, sólo so logra, en la práctica, la igualdad en la privación de esos derechos.

El grupo llamado “partido científico” por los jacobinos o por los políticos frustrados, tiene el gran mérito de haber dado el ejemplo, que hemos seguido numerosos liberales progresistas, de estudiar las condiciones políticas del país, renunciando a los postulados, seductores pero engañosos, del liberalismo revolucionario. Por lo demás, los diez o doce ciudadanos de altísima cultura, a quienes se menciona como constituyendo el “partido” en cuestión, no forman un grupo desligado del Gobierno, ni tienen aspiraciones políticas o tendencias determinadas, como no sea la amplia y generosa aspiración de preparar el porvenir de la República, por el conocimiento cabal de sus necesidades, expuestas con sinceridad y honradez. Esos hombres son colaboradores leales del Presidente y fieles sostenedores de su política, no porque la justifiquen con patrañas democráticas, como lo hacen los jacobinos que sirven al gobierno y quieren cohonestar su propia inconsecuencia, sino porque saben que la obra administrativa del señor Genera] Díaz, tan grande como el patriotismo de su autor, formará el inamovible cimiento de la democracia mexicana.

Lo que importa prevenir es que ese cimiento inamovible desaparezca bajo el mar de nuestras revueltas. El primer esfuerzo encaminado a este fin debe ser la creación de la Vice-Presidencia de la República. La idea de esta reforma ha sido prohijada, en los últimos tiempos, por grupos de ciudadanos de muy distintos colores: los jacobinos no la repugnarán, si quieren ser fieles a la tradición de los constituyentes. El Gobierno mismo ha creído llegado el momento de tocar la Constitución, reformándola en el sentido indicado, y acaba de dirigir la correspondiente iniciativa a la Cámara de Diputados.

Considero, pues, que si el presente “Ensayo” puede tener algún interés, ha de ser en las actuales circunstancias.

México, D. F., 20 de Noviembre de 1903.

Manuel Calero.

 

 

 

 

 

I

 

LA más genuina manifestación del desarrollo político de un pueblo, es su sistema efectivo y práctico de gobierno,. El gobierno autocrático del Czar responde a la condición política media de las grandes masas rusas. Las instituciones libres de la Gran Bretaña son la expresión del adelanto del pueblo inglés en el arte de gobernarse. Tan imposible sería que los habitantes del Reino Unido abdicaran todas sus libertades para entregar sus destinos a la soberana voluntad de un autócrata, como que el pueblo ruso—en un momento dado, se entiende—trocara su culto al Padre, al Czar, y sus hábitos de incondicional y ciega obediencia, por el ejercicio consciente, regular y pacífico de las supremas libertades políticas. Y lo que digo de los rusos y de los ingleses, puede y debe decirse de todos los pueblos de la tierra Preguntad a los norte-americanos por qué no abandonan sus convenciones y sus reñidas luchas electorales, y adoptan un sistema político que tenga por base la sumisión servil de los gobernados al gobernante y la divinización del Jefe del Estado, y os juzgarán tan insensato como os juzgaría el chino, si le aconsejaseis la conveniencia de convertir a su divino emperador, al Hijo del Cielo a cuyo paso cuatrocientos millones de frentes se inclinan hasta el polvo, en un presidente con cuatro años de ejercicio, designado en una elección popular por el voto de la mayoría, no reelegible sino por una sola vez, y sujeto a una Constitución que sólo el pueblo puede alterar, y a leyes que sólo un Congreso de representantes del pueblo puede expedir.

Es una verdad incontrovertible ante la ciencia de las sociedades y en el campo de la historia humana, que cada pueblo tiene el gobierno que corresponde a su modo de ser, a sus íntimas necesidades y condiciones morales, económicas y políticas. El lenguaje usual ha traducido ya este principio —consecuencia indeclinable del principio superior de la justicia—en una frase vigorosa y breve: los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Y es que los gobiernos no se imponen, ni sojuzgan a los pueblos contra la voluntad de éstos. (Hablo, se entiende, de gobiernos autóctonos, no de aquellos de superposición o de conquista. El gobierno es directamente ejercido por una minoría numéricamente insignificante con relación a las grandes masas que forman el pueblo o la nación: ésta, si tiene conciencia de sí misma, es una fuerza permanente, que un déspota o una minoría son impotentes para domeñar. Cuando existe la voluntad popular, el gobierno indefectiblemente tiene que plegarse a sus mandatos, porque oponerse a ellos es ir contra la fuerza incontrastable, al aniquilamiento. ¿Nos imaginaríamos a Teodoro Roosevelt declarándose dictador, suspendiendo la Constitución é intitulándose «Alteza Serenísima.» De la Casa Blanca al manicomio habría menos distancia «que del Capitolio a la roca Tarpeya». En cambio, en la América latina—con muy contadas excepciones—el gobierno es objeto de un abominable juego de base-ball entre caudillos ambiciosos y brutales; y entre tanto los pueblos gimen o ríen, arrastrados en la trágica zarabanda o doblegados ante el rígido cetro de un déspota, siempre ineptos para organizar, por el esfuerzo mismo de la nación, un régimen de orden y estabilidad, y siempre, oh sí! oyendo en torno suyo, como el más acre de los sarcasmos, el armonioso canto jacobino, que prometo una libertad nunca lograda.

Cuando un pueblo tiene voluntad colectiva y es capaz de hacerla sentir, cuando existe, en suma, la voluntad popular —lo que supone una lentísima, secular evolución— ese pueblo acaba por organizarse políticamente bajo una forma de gobierno democrática, representativa o popular; mas si, como acontece en la mayor parte de los países de la América latina, las democracias o los gobiernos republicano-democráticos sólo existen en las páginas de las Constituciones escritas, y los pueblos no tienen otra ley que la voluntad del prócer triunfante en la última revuelta, entonces es que esos pueblos carecen aún de voluntad colectiva, que sólo constituyen agrupaciones gregarias, ineptas todavía para vivir bajo un régimen de libertad política.

En vano se ha pretendido por filósofos y publicistas a la violeta, explicar la repetición constante de las dictaduras, aseverando que los pueblos aceptan el gobierno personal como un transitorio medio de salvación. Falso: ningún pueblo puede aceptar deliberada y conscientemente, un régimen que produce la privación indefinida de la libertad. Las tiranías sólo gravitan sobre los pueblos que no saben gobernarse a sí mismos: ellas no pueden ser aceptadas, si no es por modo inconsciente y fatal, como el niño acepta la autoridad del padre, como el esclavo la de su señor. Si Venezuela estuviera madura para la democracia, si el pueblo venezolano supiera y pudiese gobernarse a sí mismo, ¿habría vivido esa vida de sangrientas algaradas y de tiranías sin ley, desde Bolívar hasta Castro? Por lo demás, los gobiernos personales, productos genuinos de la anarquía, engendran a su vez la anarquía por las reacciones violentas que provocan: su papel de redentores sólo es sincero, cuando concurren circunstancias verdaderamente poco comunes, como, sin temor de equivocarnos, podemos decir que han concurrido en México en los últimos cinco lustros.

Los antecedentes históricos y políticos de cada uno de los pueblos del Continente Americano, y sus orígenes como naciones libres, explican en buena parte, quizá en parte principal, su situación política presente. El caso de los Estados Unidos, quizá la única república en América que goza de libertad política efectiva, ofrece el contraste más estupendo con las repúblicas americanas de origen español. En los Estados Unidos se llegó a la República democrática representativa, cuando las colonias libres, formadas por hombres que amaban sus libertades, con firmeza y constancia obtenidas, resolvieron unirse y se unieron deliberada y conscientemente, primero en una confederación, después en una federación. La libertad política, que era ya una realidad práctica cuando los Estados formaban entidades separadas, se conservó naturalmente y se robusteció cuando esos mismos Estados quedaron unidos. Un acto solemne de los representantes del pueblo de las Colonias, ratificado después por el pueblo mismo, dio nacimiento a la Gran República. ¿Qué de extraño tenía que en un país constituido y creado por el pueblo, éste se reservara íntegro el ejercicio del poder y el goce de las más altas libertades?

¿Y en la América española? Oh! Aquí todo ha pasado de modo bien distinto. “Sepan los vasallos del Gran Monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”. Esta histórica frase de Su Excelencia el Marqués de Croix, Virrey de la Nueva España, no era sólo la expresión de una máxima de gobierno: era la traducción en palabras del verdadero estado político de las colonias españolas aquende el Atlántico. De tal estado de sumisión depresiva, que derivaba de una tiranía asfixiante, todo podía resultar, menos la libertad. Cuando definitivamente sacudimos, el yugo español, estalló la lucha entre los anhelos exaltados de los unos y el conservatismo rencoroso de los otros, ante el azoramiento embrutecido de los más. Nuestra historia es rica en explosiones violentas con su eco de reacciones brutales. Cuarenta años de choques entre el espíritu de progreso, el apego a la estancación y la sed de mando o de rapiña; cuarenta años de reinado de la iniquidad; y el pueblo, arrebatado por los combatientes, sirviendo de pretexto a todos los planes políticos, de carne de cañón a todos los revolucionarios, de cimiento a todas las tiranías!!

No es ahora mi propósito hacer un estudio de carácter histórico: me basta con provocar en el lector el recuerdo de nuestras luchas, y el de las dolorosamente realizadas conquistas del partido liberal exaltado en pro de los derechos del pueblo, con quistas de libertad y de justicia, es decir, de civilización. Entre ellas culminan, como definitivas glorías, la Reforma y la Constitución de 1857.

Estas dos realizaciones, maravillosas por las circunstancias en que se lograron, fueron obra de un grupo de patriotas, que en su religiosa exaltación democrática, creían dar al pueblo lo que éste anhelaba y traducir en preceptos legislativos la soberana voluntad del pueblo. Ante tan noble error debemos inclinarnos con respeto.

Cuando fue forjada la Constitución de 1857, casi todos los ciudadanos —el noventa por ciento— eran totalmente analfabetas. (2) Una cifra enorme, probablemente la mayoría de ese noventa por ciento, se formaba de indígenas fanatizados y dominados por el clero. ¿Podía caber en el cerebro de estos infelices alguna noción sobre derechos del hombre, sufragio universal, democracia? ¿Era siquiera concebible que esta gran masa de católicos fanáticos, idólatras adoradores de imágenes, supersticiosos hasta lo más recóndito de su espíritu, había de consentir, ya no digo con plena conciencia, pero ni siquiera con asentimiento semi-consciente, en la adopción de principios superiores, como el de la libertad de pensamiento?

Y bien; todo este grupo de ciudadanos no prestaba el más leve apoyo a la Constitución y a la Reforma, como tampoco podía prestarlo el resto de los ciudadanos analfabetas, por estar sometido al señorío moral del clero. En todo caso es una insensatez suponer que un analfabeta entiende algo de federalismo y de centralismo, y que posee alguna aptitud para comprender, sin prostituirlo ni torcerlo, el alcance de los dogmas de la Revolución francesa. Todo esto sin tomar en cuenta el estado de agitación interna en que nos encontrábamos, la falta de escuelas y otras numerosas circunstancias que favorecían la perpetuación de la ignorancia y la ociosidad, de la miseria y de los vicios, y estorbaban al avance del pueblo en el sentido de su mejoramiento político y moral.

Quedaban sólo, pues, algunos centenares de miles de mexicanos capaces de pensar sobre asuntos políticos y de entenderlos: el diez por ciento del total de los ciudadanos. Mas de esta cifra es necesario descontar a los indiferentes, a los tímidos, a los egoístas, a todos aquellos que ven con horror la política, o porque consideran que debe ser pospuesta a las demás atenciones de la vida, o porque la estiman ocupación peligrosa y sólo digna de espíritus atrevidos y de conciencias sin escrúpulos, o porque, en fin, la juzgan incompatible con las tendencias y aspiraciones de la gente de prosapia. No es posible encontrar datos para fijar la importancia numérica de todo este considerable grupo de personas o, para mayor precisión, de ciudadanos, que por sistema se abstienen de toda injerencia en la política; pero considerando la exaltación de las pasiones y la magnitud de los problemas a discusión en la época a que me refiero—mediados del siglo XIX—creo que puede estimarse, pecando, seguramente, por defecto, en un uno por ciento del total de los ciudadanos.

El número de ciudadanos aptos para confrontar nuestros magnos problemas quedaba así reducido al nueve por ciento del total. Esta cifra estaba formada de todos los elementos activos de los bandos liberal y conservador y de aquellos que constituían el partido llamado “moderado’’; por lo que suponiendo tan dominante como se quiera al grupo liberal exaltado, y en una proporción doble de los otros dos reunidos—lo que es, notoriamente, demasiado suponer—resultaría que el movimiento consciente, inspirador, creador y sostenedor de la Constitución y de la Reforma, de nuestras grandes conquistas en el orden moral, económico y político, se debe a un puñado de hombres audaces, al seis por ciento del total de los ciudadanos mexicanos!

Pero se dirá —se ha dicho ya por los jacobinos— que ese puñado de hombres, numéricamente despreciable, no habría podido aniquilar en Silao y en Calpulalpam la aparente omnipotencia del clero y de la reacción, si no hubiera sacado su fuerza de las entrañas del pueblo mismo. No: el indio, el hombre de campo, el citadino analfabeta, filiado en la tropa o agregado a la guerrilla, daba al admirablemente vigoroso aunque pequeño grupo liberal, la fuerza de la fuerza física; pero tal ayuda rara vez era la ayuda consciente del compañero o del correligionario. Aquellos soldados se batían con igual valor en las filas liberales como en las de la reacción; constituían la fuerza pasiva y bruta, que cede a la fuerza inteligente y la obedece. ¿Cómo no habían de encontrarse en aquel trágico período de nuestra historia, hombres para defender todos los credos y pelear por todas las causas, si en el país apenas había industrias y trabajo que solicitaran el esfuerzo pacífico y sedentario, si no había medios fáciles de unión y de comercio que favorecieran la creación de una solidaridad de sentimientos é ideales entre hombres derramados en una inmensa extensión territorial? Y luego, la sed de aventuras, tan frecuente, por razones de raza, en una buena parte de nuestra población, y los instintos de sangre y de rapiña, exacerbados a veces hasta el delirio, como acontece cuando los pueblos atraviesan por el doloroso período anárquico-militar; y el espíritu de obediencia pasiva de la clase aborigen, producto de muchos siglos de semi-esclavitud indígena, española y frailesca, que permite hacer del indio un instrumento de combate, sereno é inconsciente, como toda máquina de destrucción!...

No nos forjemos ilusiones. La participación del pueblo mexicano en las dos conquistas más grandes y nobles de esta tierra —la Constitución y la Reforma— no fue, por cierto, la que le atribuyen los jacobinos. La gran masa del pueblo, la mayoría de la nación, no sólo era incapaz de comprender—como lo es todavía—la magna importancia de esas dos grandes obras de civilización, pero ni siquiera sentía el noble anhelo hacia la libertad, que hace a los pueblos dignos de alcanzarla. Esas leyes no fueron hechas por el pueblo (tesis jacobina), sino para el pueblo y por un reducidísimo número de espíritus superiores. Esto debe tenerse presente, porque ello explica en buena parte nuestra actual situación política.

En los países de veras democráticos, las aspiraciones de la nación y la opinión general del pueblo, se manifiestan inequívocamente en la expresión del voto, después de que los diversos programas políticos presentados ante el elector han sido ampliamente y con toda libertad discutidos. Mas nuestras leyes fundamentales, y aludo tanto a la Constitución como a las de Reforma, no fueron el producto de la opinión general que, después de medio siglo, aun no ha llegado a formarse en el país, sino que fueron leyes netamente revolucionarias, producto directo de las nobles aspiraciones de sus autores.

Ahí están los diputados constituyentes, que en su anhelo de conquistar para el pueblo los más altos principios de libertad y de justicia que el espíritu del hombre ha llegado a concebir, creyeron llevar en sus labios la voz soberana de la nación. La verdadera misión de esos ilustres patriotas, se redujo ¿anunciar a un pueblo oprimido é ignorante, y digno, por ende, de caridad y amor, los ideales en que todavía soñamos los hombres que nacimos dos generaciones después. Como el profeta que al vaticinar la buena nueva atribuye su inspiración a las órdenes directas de Dios y no al amor de Dios, que es lo que enciende en su alma el sagrado fuego, los constituyentes de 57, inflamados en el amor del pueblo, juzgaban con la sinceridad de su patriótica pasión, ser eco fiel de la voluntad del pueblo mismo.

La obra de estos hombres habría quizá permanecido en la esfera de uno de tantos esfuerzos frustráneos de nuestras facciones políticas, si un acontecimiento extraordinario no hubiera venido a consolidarla para siempre. Cuando el Emperador francés, con el apoyo del partido clerical, trató de sojuzgar a esta nación, verificóse una transformación definitiva en el carácter del grupo liberal, que de una mera bandería poderosa, se convirtió en el partido nacional. En torno de ese partido, de esa verdadera oligarquía militante, se agruparon todos los que amaban la independencia de la patria. El pueblo, incapaz de comprender el alcance de los programas y doctrinas de los liberales, vio en éstos a los salvadores de la nacionalidad; y sus filas se engrosaron con todos aquellos que fueron capaces de sentir el odio santo al invasor. Así el partido creció, formidable y potente: la Constitución que era su símbolo, se convirtió en el arca de la ley para los que tuvieron fe en la Patria, y Juárez, que era su cabeza, trocóse en el Moisés del pueblo. La ley que fue obra de un partido, es desde entonces la Constitución nacional, no por sus avanzados principios, que la gran masa del pueblo no sabe comprender, ni pollas excelsas libertades que enuncia y que sólo en sus augustas páginas existen, sino porque durante cinco luctuosos años fue la bandera de la patria en peligro.

Por eso amamos la Constitución; mas los liberales modernos la consideramos como un ideal que los patriotas de medio siglo atrás señalaron a nuestra mirada. Aun estamos lejos, muy lejos, de alcanzar ese ideal; al elevar hacia él nuestras manos, parece que asciende a las cimas de lo imposible. Sólo llegaremos hasta él, cuando francamente hayamos emprendido el largo camino de la democracia práctica.

 

II

 

¿Cuál es ese camino?—En un Ensayo que publiqué a fines del año de 1901, bajo el título de “La Nueva Democracia”, indiqué, como único medio de abrir en nuestra patria la era de la libertad política, el establecimiento del sufragio limitado. Esta tesis no es sólo mía, sino la de todos los liberales que desprendidos de los prejuicios de la vieja escuela, constituimos el todavía informe grupo que se transmutará más tarde en el partido liberal progresista.

Las conclusiones a que llegué en mi referido Ensayo, pueden, en breves palabras, resumirse como sigue:

I.- Dada nuestra ineptitud fundamental para el ejercicio de la democracia, el gobierno personal y centralizador ha sido el que verdaderamente nos ha convenido, puesto que bajo su acción protectora se ha iniciado el gran movimiento de industrialización del país.

II.- Como quiera que una autoridad es legítima—aun cuando no funcione de la manera prescrita por constituciones y leyes inaplicables—siempre que esa autoridad descanse en el asentimiento público y esté apoyada en la confianza general, el gobierno del señor Presidente Díaz es de una legitimidad incontestable y sus actos políticos, ejecutados fuera de la Constitución, son inatacables desde un punto de vista rigurosamente científico.

III.- Mas como la piedra angular de nuestra situación política contemporánea es la personalidad del actual Presidente, debemos prepararnos para cuando falte esta personalidad, a fin de evitar una convulsión revolucionaria que ponga en peligro nuestra independencia politice.

IV. Debemos, pues, organizar el régimen democrático, o sea, según la sagrada frase de Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Mas cuando un pueblo no está históricamente preparado para la democracia, necesita ser educado en el ejercicio gradual de las libertades públicas, y, para ello, debe por fuerza establecerse el sufragio limitado o restringido. Admitir para México el sufragio universal, dada la condición actual de su pueblo, equivale a sostener indefinidamente el régimen de la dictadura, que sólo es tolerable y aun justificable y necesario, durante un período transitorio y de reorganización.

V- Necesidad de constituir en el seno mismo del partido liberal, que no está organizado en los actuales tiempos, un partido político de gobierno, que complete la obra de los liberales de antaño, llevando, para ello, a la práctica, los principios de la democracia y teniendo, por fin supremo, la salvación de nuestra nacionalidad.

 

III

 

El gobierno del General D. Porfirio Díaz, ha sido, es todavía y seguramente será mientras subsista, altamente benéfico para la nación. Nadie podrá disputarle sus legítimas glorias. Pero, ¿qué hará el país el día en que su César desaparezca?

Los gobiernos personales ofrecen dos graves inconvenientes de orden meramente político, sin contar los de orden moral o social:

1º El gobernante puede ser un hombre de superiores condiciones de moralidad, administrador genial, amanto de la justicia y cuya suprema ambición de gloria se cifre en procurar el bien del pueblo (Pisistrato, Porfirio Díaz); o puede sor, y ello es lo más común, un hombre de condiciones enteramente contrarias (catálogo de todos los tiranos que han oprimido a la humanidad desde que se escribió la primera página de la Historia).

2º El problema de la sucesión, en los países que no están organizados bajo la forma de monarquía hereditaria. Al morir el gobernante o simplemente al manifestar algún signo explotable de debilidad, de la gran masa de pasiones comprimidas y de apetitos no colmados, regurgitan las ambiciones aviesas y desgarran el seno de la patria por adueñarse del codiciado imperio. ¡Lo que una convulsión de esta especie cuesta a la nación en sangre, en dinero y en progreso material y moral!

Y, sin embargo, hay pueblos civilizados que cubren todo un continente—la América española—en los que apenas se conoce otro medio práctico de resolver el frecuente problema de la sucesión del gobernante.

Considerando este último problema desde un punto de vista exclusivamente mexicano, surge una tercera objeción al régimen de gobierno personalista: me refiero al peligro norteamericano, a lo que nuestros vecinos han llamado y llaman aún, “the manifest destiny”, el destino manifiesto, contra el que debemos luchar, con paciencia y patriotismo, todos los que estimemos como un bien excelso la independencia política de la Nación.

 

IV

 

De los varios graves inconvenientes que presenta el régimen personalista y que enumero en el capítulo anterior, el primero no amerita desarrollo alguno: nada puede ser más peligroso para un país con aspiraciones a ser contado entre los pueblos cultos, que tener sus destinos ligados a la idiosincrasia de un autócrata.

Pero el segundo inconveniente —el relativo a la sucesión del gobernante— sí demanda algunas consideraciones, porque allí está el gran problema político que nuestro país tendrá que confrontar y resolver en los comienzos del siglo XX.

Si en un momento inesperado desapareciera del proscenio de la vida el General D. Porfirio Díaz, ¿qué haría el país para elegir a su nuevo presidente? ¿Procedería en la misma forma pacífica y calmada en que una verdadera república democrática, como los Estados Unidos, procede en caso semejante? Difícilmente, afirmamos todos los que para juzgar de nuestra democracia nos hemos quitado los anteojos del jacobinismo. México es uno de esos países—y los hay ya en gran número —que en muchas de las manifestaciones del espíritu nacional va apareado con los pueblos más civilizados de la tierra; pero en cambio no ha hecho ningún progreso en el arte de gobernarse a sí mismo; sin que podamos desconocer que los otros adelantos que definitivamente ha conquistado, sean preparativos forzosos para el advenimiento del gobierno popular. La creación de grandes intereses materiales, la moralización y mayor cultivo de los espíritus y el hábito de orden que debemos al gobierno tuxtepecano, todo esto, podría decirse, constituye un basamento para el edificio de la democracia mexicana; pero este edificio no ha empezado a levantarse aún.

Nuestros constituyentes y, en general, los liberales jacobinos, han condenado a este país a la anarquía o a la dictadura, en nombre del principio del sufragio universal. Los pocos constituyentes que sobreviven, bajarán a la tumba sin haber visto al pueblo mexicano, por un solo día, por un solo instante siquiera, en el ejercicio armónico y sereno de la libertad política.

Si el ser humano no puede pasar bruscamente y sin transición de la sumisión filial de la niñez a la independencia completa de la virilidad, sino que por fuerza necesita recibir las varias enseñanzas de la adolescencia, con sus triunfos y sus derrotas, sus desengaños y sus satisfacciones, es absurdo suponer y —lo que es más absurdo— contra lo que la historia humana enseña, que un pueblo realice de un bote su transformación política, desde la más completa inconsciencia y una falta absoluta de personalidad, hasta el pleno ejercicio de la democracia.

Para que un pueblo pueda llegar a gobernarse a sí mismo, necesita ir adquiriendo sucesivamente y con mayor o menor lentitud, ciertos hábitos de que en lo absoluto carecemos, desde el primero y fundamental de todos: el de la conciencia de nuestros derechos políticos. Hemos aprendido la primera lección de civilización, la de la obediencia, (3) bajo los últimos veintisiete años de gobierno severo y absorbente; mas ¿no es ya tiempo de dar un paso hacia adelante? Algunos millares de ciudadanos mexicanos, entre los cuales me cuento, a pesar de que jamás hemos votado, ni conocemos la inmensa satisfacción con que se enorgullecen los ciudadanos de los pueblos libres, de que se cuente con nuestro voto y nuestra opinión en los asuntos del gobierno (derechos políticos), podremos, sin embargo, dar ese voto y exponer esa opinión en el momento en que nos sea dable. Llegado ese caso, iremos a depositar nuestro voto con la misma inquieta curiosidad con que va el niño por primera vez a la escuela; pero iremos. Nuestra acción, empero, será personal é individual y, por lo mismo, desorganizada. No podremos improvisar el partido político, disciplinado y compacto, porque un partido no se improvisa. (4)

Y no se diga que existe en México un partido liberal, por más que lleguemos a algunos centenares de miles los mexicanos que tenemos a honra y orgullo apellidarnos liberales. El liberalismo se ha transformado entre nosotros en una religión sin culto y sin templo: sus prosélitos somos simples correligionarios y no copartidarios, porque sólo tenemos y profesamos un credo común, mas carecemos de una organización y una disciplina comunes. Pasada la lucha gigante con el clericalismo y aseguradas definitivamente la Reforma, primero, y la República después, el Partido liberal fuese disgregando: cada uno de sus fragmentos llevóse consigo sus ideales y principios; toda cohesión política desapareció.

El más grande de los liberales que vio la luz del siglo XX, no es, sin embargo, el Jefe del Partido liberal, sencillamente porque el partido no existe. El Presidente no gobierna con su partido: gobierna él sólo sobre los miembros del ex-partido y sobre los miembros de la nación. Si existiera el partido, el Presidente consultaría a sus más conspicuos miembros, quienes, a su vez, transmitirían al Presidente los deseos y propósitos de la agrupación, a cuya voluntad expresada tendría que obedecer, en términos generales cuando menos, el Supremo Jefe del Estado. Pero el Presidente no hace nada de esto, porque el partido es intangible: se disolvió primero y evaporó después, y sus dulces ideales de libertad quedaron flotando en la atmósfera como un perfume de esperanza.

Si los hombres que han pasado largos y anhelantes años de su vida consagrados al trabajo intelectual, y los que tienen a su cargo importantes intereses materiales o morales, difícilmente podrían congregarse al toque de rebato, organizarse y resolver, en paz y serenamente, algún problema de carácter político que implicara una crisis para la nación, no es difícil prever lo que en circunstancias semejantes harían las grandes masas populares, que aunque han oído hablar constantemente de libertad política y de gobierno por el pueblo, no tienen noción práctica de esto, como no sea la puramente negativa que nace de su experiencia cotidiana, derivada de un hecho que a ningún hombre puede ocultarse al ciudadano perdido en la masa del pueblo, jamás se le llama para ejecutar un acto político serio, ni mucho menos se le tolera que lo ejecute a su arbitrio o como él lo entienda; en cambio, su libertad y frecuentemente su fortuna y aun su vida, están a la merced de los agentes de la autoridad, sobre todo de los agentes inferiores, a menudo convertidos en tiranuelos abominables. Contra cuyas demasías el hombre del pueblo rara vez encuentra protección.

En este estado de cosas, es tarea grandemente difícil, aun para el más astuto de los estadistas, hacer entrar al pueblo o a una fracción del pueblo, dentro de la disciplina qué demanda la organización de un partido político; y como no es posible, ni siquiera concebible, un régimen de gobierno democrático sin partidos y sin lucha de partidos, la obra política por realizar en nuestro país es verdaderamente laboriosa y grave, y apenas si puede considerarse iniciada en sus primeros pasos.

 

V

 

¿Cuándo en nuestro país un presidente ha sido electo por el pueblo? Para no extenderme en una prolongada disertación sobre historia política nacional, me concretaré a recordar sumariamente las circunstancias que han concurrido en la exaltación de cada presidente, desde que la Constitución de 1857 es la Ley Suprema de la República.

Todos sabemos en qué condiciones se hallaba el país cuando se efectuaron las elecciones del primer Presidente constitucional La hoguera de la revuelta apenas podía considerarse extinta en los más poderosos Estados de la flamante federación; el clero en todas partes conspiraba contra la dictadura liberal de Comonfort y amenazaba con la excomunión a los que juraran o de cualquier modo sostuvieran la ley fundamental que acababa de expedir el Constituyente; los católicos y los timoratos, es decir, la mayoría de la Nación, se encogían azorados o se alzaban agresivamente ante la impiedad que amenazaba de ruina la religión de nuestros padres; y las poblaciones en donde el partido derrotado no ejercía ya, por medio del cura o del cacique laico, su tradicional preponderancia, obedecían de grado o por fuerza al jefe militar que gobernaba con mano dura en nombre de la revolución triunfante. El ciudadano pacífico se veía obligado a esconderse, o para no caer bajo la garra de la leva que los caudillos de ambos bandos ejercían por necesidad y sin misericordia, o para no ser víctima del guerrillero o del bandido, que todo lo atropellaban, personas, propiedades y honras, en nombre de la religión o de la libertad, o simplemente en nombre del crimen. Y sobre el sillón dorado del Palacio Nacional, sentábase el glorioso caudillo de la revolución de Ayutla, el omnipotente aunque benévolo dictador, cuya voluntad se encargaban de imponer los numerosos agentes del gobierno. ¿Qué elección libre podía haber en estas condiciones, las menos propicias para la expresión serena y consciente del voto público? Cierto que el General D. Ignacio Comonfort era el hombre más popular de la República; pero entre la popularidad que se manifiesta en la aclamación torrentosa de multitudes enloquecidas, a quienes se ha embriagado con odios y triunfos sangrientos, y la popularidad patentizada en el voto de la mayoría, expresado en una época de calma, bajo el imperio absoluto de la ley, sin la presión de la fuerza armada y sin temor a la excomunión, a la represalia o a la venganza impía del enemigo, hay una diferencia de tal manera enorme, que todos tienen que convenir en que la elección del General Comonfort estuvo muy lejos, lejísimos, de ser la que sonaron nuestros constituyentes cuando para esta tierra consagraron el principio del sufragio universal. El Sr. Juárez asumió el mando supremo como Vicepresidente de la República, al realizarse la desastrada traición del Presidente. El ascenso del Sr. Juárez al poder no fue, pues, debido a la expresión del voto público, sino que se realizo, según la frase técnica, por ministerio de la ley; y aunque su designación para la vicepresidencia dimanó de la elección, contra ésta deben formularse las mismas objeciones teóricas que contra la elección del Presidente.

El Sr. Juárez continuó hasta su muerte en el poder: todos sabemos las circunstancias de esta perpetuación de funciones. La elección verificada en 1861 ¿pudo ser una manifestación libre, tranquila y legal del sufragio, cuando los odios de partido habían llegado al rojo blanco de la exaltación, cuando la intranquilidad de los espíritus confinaba con la locura, cuando parecía que la mano de Satán había barrido para siempre de nuestra patria el imperio de la ley y de la justicia? Y obsérvese que no tomo en cuenta el analfabetismo y la negra ignorancia del noventa por ciento de los electores.

La nueva elección del Sr. Juárez el año de 1867 y la que le sucedió en 1871, apenas si merecen el nombre de tales. En primer lugar, el ciudadano electo ya estaba en el poder, y la Nación, acostumbrada a su dictadura gloriosa en la época de prueba suprema para la vida de la patria, no habría podido discutir fríamente el problema de la sucesión. Difícilmente hay elección libre cuando el candidato ejerce el mando supremo, y la acción militar y autoritaria del gobierno se extiende sobre todo el territorio; cuando los agentes encargados de vigilar y presidir las elecciones, saben que su deber es hacer que triunfe el candidato de consigna, y cuando, en fin, la mitad de la población, para usar de una proporción moderada, está convencida de que es inútil tratar de vencer con la fuerza de la voluntad, expresada en la forma intangible del voto, a la fuerza efectiva de los que ya son dueños del poder. La última elección del Sr. Juárez fue considerada ilegal y fraudulenta por numerosos conspicuos ciudadanos y entre ellos por el General D. Porfirio Díaz.

El Sr. Lerdo llegó al poder en la misma forma que el Sr. Juárez, es decir, por ministerio de la ley, en su calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, o lo que es igual, como Vicepresidente de la República. Después, ejerciendo el mando supremo, contando en muchas partes del país con autoridades adictas o sometidas, y con el apoyo de formidables jefes militares, el Sr. Lerdo fue naturalmente el designado en las elecciones extraordinarias de 1872. ¿Qué de extraño tuvo que en las nuevas elecciones —las de 1876— el Sr. Lerdo volviera a ser el elegido del sufragio? Contra la legitimidad de esta elección se alzó la voz venerable del Sr. Iglesias.

Mas el Presidente tenía un adversario cuyo triunfo se realizaría, no por medio del fraude y la chicana electorales, sino por la fuerza efectiva de las armas. El candidato era formidable: popular en el ejército por haber sido uno de sus más gloriosos caudillos, popular entre las clases progresistas por inscribir en su bandera gratas promesas de libertad y de adelanto, popular entre las grandes masas por haber sido el más brillante luchador contra el enemigo extranjero.

Si el General D. Porfirio Díaz hubiera sido un legista teórico y no un hombre de acción, habría tenido que inclinarse respetuoso ante el resultado de la pantomima electoral que consagró la nueva presidencia del Sr. Lerdo. Mas no; el camino del Sr. Díaz estaba claramente trazado: «el candidato y sus amigos comprendieron, sin vacilaciones, que era inocente niñería organizar, a la usanza americana, la campaña electoral, perorar a las multitudes, repartir con profusión dádivas, proclamas, periódicos, folletos é ilustraciones varias, para formar el concepto o ganar la opinión del pueblo elector. No, esto era inútil, y el General Díaz lo sabía bien. ¿Era que el pueblo sostuviera, con la fuerza de la opinión, al Sr. Lerdo? Entonces la revolución de Tuxtepec habría sido criminal, y no habría hallado su justificación ante la Historia. ¿El pueblo por ventura, apoyaba con la fuerza de la opinión al nuevo corifeo? Entonces, fue una insensatez brutal acudir a la lucha sangrienta, cuando la lucha pacífica en los comicios habría bastado a asegurar el triunfo. ¡No! Era que ni una cosa ni otra acontecía; que el pueblo, entonces como hoy, no podía ser conducido como masa activa y militante en calidad de fuerza pacífica; pero sí era posible convertirlo en ariete, incorporarlo a las filas de la tropa, mediante los rigores de la Ordenanza, bajo el azote que en sus espaldas aplica la espada impía del oficial. El General Díaz y sus colaboradores, para poder realizar su ideal patriótico y sacudir a la República de su marasmo, libertándola del atraso económico en que se hallaba, necesitaron acudir a la violencia y a la fuerza, y conquistar con los cañones de Tecoac, lo que en un país de veras democrático habríase conquistado con la acción tranquila del sufragio. Entonces el Sr. Lerdo, en lugar de emprender su dolorosa fuga al Extranjero, habría anticipado en la historia la frase inmortal de Bryan a Mc.Kinley: «Os felicito por vuestro triunfo, la voluntad del pueblo es la ley». (5)

Una nueva era se abrió en nuestra historia con el triunfo de la revolución, deteniéndose súbitamente el desenvolvimiento político del país. En medio de una paz placentera, fiel reflejo de la que los romanos llamaron paz octaviana, el gobierno bienhechor del señor General Díaz se ha prolongado por algo más de cinco lustros. El gobierno del General González, que recibió la investidura de su jefe, a quien más tarde la devolvió con lealtad, no puede contarse sino como un mero accidente. El absurdo del sufragio universal ha sido causa de que ningún ciudadano haya contribuido con su voto, dado con seriedad y de buena fe, a las numerosas reelecciones, no obstante que todos hemos deseado, con un ardiente y cordial deseo, que la vida y los servicios del Presidente se conserven para bien de la nación. Y este gobierno, así constituido, es el más legítimo y, por ende, el más respetable de todos nuestros gobiernos, por haber sido y ser todavía la más genuina expresión de la condición política y de las necesidades del país. Hagamos un breve resumen: bajo la Constitución de 1857, es decir, en casi medio siglo, sólo ha habido en esta libérrima república de sufragio universal, cinco presidentes constitucionales. El primero entró a la presidencia por la amplia puerta que le abrió la dictadura creada por la revolución de Ayutla; el segundo y el tercero asumieron el mando supremo por la desaparición del Presidente; el cuarto conquistó el poder con la fuerza de su brazo, lo entregó al quinto en calidad de préstamo, y lo recogió después, conservándolo hasta el presente con el aplauso de los buenos ciudadanos.

Indefectiblemente el resultado de las elecciones ha sido favorable al candidato que por cualquier camino se ha adueñado previamente del gobierno: por eso el General Díaz tuvo que acudir a la revolución, buscando en ella un triunfo que jamás habría obtenido en las urnas electorales.

Convengamos, siquiera sea en la esfera de la especulación científica, que en materia de libertad política estamos a una altura demasiado poco envidiable. Y entonces, nos preguntamos ¿qué nos guarda el inmediato porvenir? La revolución y la vice-presidencia han sido las únicas puertas del poder desde que rige la Constitución de 1857, y son seguramente las únicas posibles en el actual momento histórico. ¿Por cuál de ellas entrará el sucesor del señor Presidente Díaz? Si entrara por la puerta del sufragio universal, sería el primer presidente electo por el pueblo desde que existe la República.

 

VI

 

Nos cuentan y leemos que en pasados tiempos había elecciones en México. La verdad es que sólo los más obcecados jacobinos pueden llamar elecciones ciertas grotescas escenas que antaño presenciábanse, como cuando a la imperativa voz del Jefe Político marchaban hacia la urna electoral las chusmas de indígenas ignorantes, y depositaban su cédula—un papel cuyo contenido no entendían—con la misma desgarbada estupidez con que aun los vemos deponer su cera encendida ante el retablo de la Guadalupe. Y bien; es preciso, por respeto a los ideales de la Revolución francesa, que esos hombres tengan derecho de votar, que disfruten de la más amplia libertad política, aunque jamás voten, aunque sean impotentes para entender lo que ese derecho significa, aunque el resultado de todo ello sea que ni la justicia ni la libertad tengan un solo templo entre nosotros. (6)

Precisamente la gran objeción que en los Estados Unidos se hace al sufragio universal, es la de que arma con la fuerza del voto a las grandes masas o corrompidas o miserables o ignorantes, o todo esto a la vez. Manejada esa fuerza por politicastros cuya inmoralidad llega a menudo hasta lo inverosímil, da origen a la espantosa corrupción de que se quejan los buenos ciudadanos del Norte, corrupción que alcanza su colmo en la administración de las ciudades. Pero en esa tierra existen, no sólo los derechos políticos, sino en los ciudadanos la conciencia de esos derechos (de ambas cosas, ¡ay!, carecemos nosotros); y de aquí las grandes campañas para restringir la libertad electoral en donde la población analfabética es numerosa (Estados del Sur), y la expedición de leyes encaminadas a este fin.

Todo esto puede hacerse en un país culto y que disfruta de libertad política efectiva. En una tierra como la nuestra... ah! nunca: aquí no es posible restringir el voto, porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. En efecto, todos estamos igualmente privados de libertad y todos tenemos el derecho de lamentarlo; y nos sonreímos con amargura al ver que los más insignes jacobinos, los que más creen en los supremos derechos del pueblo, son los que, como en los tiempos napoleónicos, visten con mayor orgullo la librea imperial.

Para que el sufragio universal no sea simplemente una patraña, es necesario que el pueblo lea y que la prensa transmita de un confín a otro de la República y con la rapidez prodigiosa con que lo hace en los Estados Unidos, las opiniones, las enseñanzas, los ideales, y, si se quiere, las mentiras y los absurdos de los que aspiran a dirigir al pueblo. Pero en nuestra tierra no hay periódicos, porque no hay lectores. El que está en Puebla o en Veracruz o en Morelia o en Chihuahua, tiene que esperar la llegada de «El Imparcial» de la ciudad de México, para saber lo que pasa en el resto de la República y en el mundo. ¿Es posible, en estas condiciones, formar una opinión pública, apta para traducirse en acción política y en votos? El que ha podido apreciar la maravillosa, la estupenda importancia de la prensa periódica en los países libres de Europa y en los Estados Unidos, no puede menos que ver con desdén algunas de nuestras mezquinas publicaciones periódicas, que se creen y se proclaman las formadoras de la opinión pública o la expresión genuina de ésta.

Mientras que en nuestro país la opinión entre las clases dominantes y poderosas sea la de que los mexicanos nacimos para obedecer y ser gobernados dictatorialmente, no podremos tener gobiernos democráticos. Importa, pues, modificar esa opinión, que reconoce por origen la experiencia de los últimos veinticinco años de nuestra historia, en que ahogado todo conato hacia la libertad política, hemos obtenido ventajas inapreciables en las otras esferas de la actividad nacional.

En los países libres, ha dicho el eminente político y publicista inglés James Bryce, (7) el pueblo siente su supremacía y conscientemente trata a sus gobernantes como a sus agentes, mientras que éstos obedecen a un poder que reconocen como el único capaz de hacer y deshacer gobernantes: ese poder es la voluntad popular. Aplicando este criterio al estudio de nuestra situación política, resulta claramente que, careciendo nuestro pueblo del sentimiento de su propia supremacía, no sabrá elegir a sus gobernantes cuando el caso fatal se presente, como no ha sabido elegirlos nunca.

A esto podría contestarse: que siendo indirecta la elección, según nuestras leyes, la designación de los gobernantes será sencilla en alto grado, porque el pueblo se limitará a designar a los electores, lo cual es perfectamente factible. Mas entonces se falsea la base filosófica del sufragio: si el pueblo va a designar mecánicamente a sus electores, sin saber previamente a qué plan van éstos a obedecer y por quién van a votar, estamos ya fuera del principio clásico del gobierno del pueblo por el pueblo. En los Estados Unidos la elección de Presidente se considera consumada el mismo día en que el pueblo elige a los electores, porque desde entonces se conoce cómo estos electores votarán. Por otra parte, en una República de gobierno representativo popular, como es México— así, a lo menos, lo expresa su Carta Fundamental—la elección de Presidente supone la elaboración previa de un programa político y la designación del candidato que en el gobierno ha de desarrollarlo. Yo no sé que el problema de la designación del gobernante obedezca a otro proceso, ni pueda resolverse de otro modo, como no sea acudiendo al primitivo y salvaje procedimiento con que salen de la dificultad nuestra hermanas del Sur: la revolución.

El ejemplo de los Estados Unidos es de forzosa y constante aplicación, porque en la práctica son la única república de organización igual a la nuestra, que designa a sus gobernantes por medios legales, es decir, que los elige. Y bien, en los Estados Unidos la democracia funciona por medio de un mecanismo verdaderamente complicado, pero de funcionamiento preciso y de resultados buenos o malos —que no me toca discutir aquí la tan debatida tesis de las ventajas é inconvenientes de la «máquina política»— pero en todo caso pacíficos. El vencido vuelve a su casa y a sus acostumbradas labores y espera pacientemente la próxima campaña electoral para procurar el triunfo de su programa y de su candidato, sin soñar nunca en acudir a las armas para proclamar planea que desconozcan la validez de la elección y la legitimidad de las autoridades nacidas de ella. Y es que en el espíritu de cada ciudadano americano existe el respeto a la ley y el apego a las prácticas de la democracia, según las cuales el que obtiene la mayoría del sufragio se entiende el elegido, no del partido triunfante, sino de la nación entera. Esto es hermoso y noble, y supone y exige un grado de cultura moral del que estamos muy lejos los hispano americanos.

En México, cuando ha habido lucha electoral, el candidato perdidoso ha acudido al expediente absurdo de la revolución; y el general Guerrero empaña su gloria de insurgente, desconociendo, con el apoyo armado de sus partidarios, la elección de Gómez Pedraza. Bajo estos auspicios nació, puede decirse, la democracia mexicana.

Seamos leales con nosotros mismos y confesemos que en los últimos treinta años no hemos adelantado un solo paso en la práctica de la democracia, a pesar de nuestro progreso material y del avance lento, pero seguro, de la educación de las masas. James Bryce dice con mucho de verdad que, para el ejercicio del poder político, mostramos tan escasas aptitudes como los moros o los samoenses; pero ello, en mi sentir, debe atribuirse principalmente a los errores fundamentales de nuestras instituciones escritas, y no a una ineptitud intrínseca de los mexicanos para gobernarse a sí mismos. Nuestros constituyentes incurrieron en el error jacobino —que, por otra parte, se respiraba entonces en la atmósfera— de suponer a nuestro pueblo listo y maduro para el ejercicio de las más grandes libertades; dejándonos a los liberales modernos la ardua tarea de convertir sus dorados ideales en una realidad efectiva.

Si estuviéramos ya en aptitud de aplicar en nuestra vida política los principios de una amplia y completa democracia, nuestras elecciones generales, que se verifican, por coincidencia singular, en la misma época que las de los Estados Unidos, correrían parejas con éstas; y no acontecería el singular fenómeno de que, mientras aquí pasan las elecciones sin ser sentidas, casi ni sospechadas, seguimos en cambio con avidez, o por lo menos con curiosidad, la activa lucha que se desarrolla en la vasta extensión del país vecino. Nos interesa todo lo que allí pasa: contemplamos a los dos grandes partidos reuniendo sus convenciones hasta la solemne promulgación de la ilícita forma, o sea el programa político que constituye el credo del partido. Vemos, en seguida, surgir al candidato, al hombre que el partido levanta ante el país entero, señalándolo como el objetivo del voto público y el sostenedor de las aspiraciones que la plataforma ha consagrado. Y luego presenciamos la campaña electoral, estruendosa y gigantesca, encabezada por los mismos candidatos o por oradores conspicuos de cada partido, que recorren el territorio inmenso de la Unión en breve número de semanas. Los periódicos, por millares, publican incesantes ediciones anunciando los pormenores de la campaña, y reproducen las diez o quince arengas que un orador, recorriendo ochocientas millas, ha pronunciado en un solo día. Cada partido publica con profusión lo que se llama literatura electoral, en forma de folletos y libros y estampas y caricaturas y carteles de todas dimensiones y colores, y en todos los idiomas comúnmente hablados en la nación. No hay un solo ciudadano que no se interese con avidez en esa lucha y que no mida con inquietud intensa las probabilidades que el candidato de su partido tiene en cada uno de los Estados. Y los políticos se esfuerzan por ganar el voto de los ciudadanos independientes, o por atraer el de los filiados en el opuesto partido, que no han aprobado alguna de las principales bases de la plataforma.

Llega el día supremo: todo trabajo se suspende, todos los pechos están anhelantes. Las multitudes se agolpan ante las oficinas de los grandes periódicos, que anuncian con admirable y vertiginosa rapidez los resultados que van obteniéndose en toda la nación. Los gritos de entusiasmo o de disgusto, el delirio del placer o el paroxismo de la ira pacífica, atruenan la atmósfera. Llega la noticia del triunfo definitivo y las aclamaciones de demente entusiasmo de los vencedores, hacen estremecer el suelo: todo ha terminado.

Después, la paz completa. ¡El vencido no es víctima de los ultrajes del vencedor, ni éste está expuesto a los desahogos del vencido. Cada ciudadano vuelve a la lucha ordinaria de la vida; y sólo vibra en el espacio el eco del fragor pasado, como un himno de gloria a la democracia triunfante!

Y nosotros, ¿qué hacemos entretanto? El contraste es duro, casi humillante: la más completa indiferencia, una frialdad de sepulcro caracterizan nuestros períodos electorales. Si acaso so nota algún movimiento y cierto entusiasmo más o menos facticio, no es precisamente porque tratemos de hacer elecciones o de procurar con nuestros votos el triunfo de determinado candidato, sino porque nos agrupamos con el objeto de suplicar al gobernante que continúe en el poder, que se decida a ello una vez más. (Recuérdese la llamada «Convención Nacional» del año de 1899.) Los movimientos de oposición que suelen producirse, no son más que infantiles pujos de entusiastas agrupaciones de estudiantes, tan ruidosas como inofensivas.

Todos hemos oído decir a este propósito que si la oposición, en época de elecciones, es tan débil, y el movimiento reeleccionista se reduce a un orfeón de adulaciones en que cada uno de los coristas sabe que el Presidente se pasa tranquilamente lo mismo con el voto que se le brinda, como sin él, puesto que no lo necesita; todo esto debe atribuirse a que el pueblo mexicano no desea ver en el supremo mando a otro hombre que a su actual glorioso caudillo, por lo que la elección naturalmente se convierte en una superflua formalidad.

En efecto, las elecciones salen sobrando, allí donde casi no puede haberlas (ochenta por ciento de los ciudadanos carecen de las más elementales nociones, hundidos en el más negro analfabetismo). El gobierno del señor General Díaz funda su legitimidad, no en la comedia electoral, a la que no pocos hombres graves se prestan, sino en el asentimiento general y profundo de todas las clases sociales que representan intereses materiales, intelectuales o morales; en la adhesión, simpatía y apoyo de todos los mexicanos que aman el orden como base del progreso: de allí su fuerza y solidez inmensas.

A pesar de todo lo dicho, debemos convenir en que la tercera y sexta reelecciones del actual Presidente, han sido favorecidas y apoyadas por sendos movimientos políticos de importancia, reveladores de un fenómeno interesante y tranquilizador, que demuestra que en el país puede organizarse un núcleo fuerte de actividad política, capaz de influir muy seriamente en el porvenir de la República: aludo a la organización de la Unión Liberal y a las asambleas o «convenciones» que ésta ha provocado.

El fin altamente educativo y de preparación que estas organizaciones se han propuesto, ha sido visto con desdén y aun con inquina por el inmenso grupo formado por los cuistres, que blasonando de jacobinos o de liberales, no se toman el trabajo, por vicio arraigado de educación o por natural impotencia, de estudiar las condiciones del país y de formar agrupaciones políticas encaminadas a crear la opinión nacional; sino que se limiten a congregar grupos con miras exclusivamente personalistas, justificando su proceder con proclamas y discursos ten ampulosos como vanos, preñados de desahogos y de imputaciones calumniosas contra todo aquel que se atreve a decir que la democracia mexicana está muy lejos de los ideales políticos que consagra la Constitución de 1857.

Por su parte el grupo inspirador de la Unión Liberal ha procurado, al despersonalizar, hasta donde ha sido posible, sus procedimientos, hacer obra seria y duradera, fundada en la aplicación de los principios de la ciencia y del arte de la política, a las necesidades generales del país y a las exigencias de la situación actual.

El primer movimiento, organizado en 1892, se resintió un poco de la inexperiencia de todo primer movimiento.

Entonces se delineó un programa político, con la sana intención de desarrollarlo en disposiciones legislativas o por actos de administración, según el caso; siendo estos los puntos fundamentales de dicho programa: reorganización económica de los ramos administrativos, transformación del régimen tributario sacándolo de su tradicional empirismo, y establecimiento definitivo de la libertad de comercio mediante la supresión de las aduanas interiores, difusión de la educación popular; buena administración de justicia basada en la inamovilidad del poder judicial; forma racional y conveniente para la substitución del Presidente de la República en los casos de faltas temporales o absolutas; ley de imprenta que asegurara la libertad del pensamiento y el respeto a toda clase de opiniones políticas-

El anterior programa, hermoso y noble, inspirado en un sincero amor a la patria, a pesar de lo que en su contra ha vociferado la pasión, la conveniencia o el servilismo, casi no pudo realizarse: sólo fue cumplido y desarrollado en lo que toca a la transformación económica del régimen hacendarlo, gracias a la inteligencia y patriótica energía del eminente estadista Limantour.

Ante esta dura lección de la experiencia, la segunda convención congregada por la Unión Liberal en el mes de Junio de este año—1903—se abstuvo de proponer un programa político. El Sr. Bulnes explicó tal actitud con las siguientes palabras, admirables por su precisión: «Nuestro verdadero carácter electoral es el de un gran comité plebiscitario... En el plebiscito los sufragantes votan con conciencia, pero sin autoridad; en consecuencia, los programas son imposibles».

Empero, y aunque la Convención se pronunció unánimemente por la sexta reelección, su carácter fue serio é importante, bien distinto por cierto del de todas o de la mayor parte de las otras agrupaciones políticas organizadas en estos últimos tiempos. La organización de la Unión Liberal, a la que han ingresado todos o la mayor parte de los liberales progresistas, es el embrión de un vigoroso partido de gobierno, que surgirá en un inmediato porvenir.

 

VIII

 

Aunque la gran mayoría de las voces que se levantan en la República proclaman la conveniencia de una nueva reelección, no todas las necesidades de la política nacional quedan satisfechas con la continuación en el poder del gobernante moderador y justiciero: cada día es más premioso hacer llegar hasta los hombres del gobierno, en forma eficaz y decisiva, lo que en todas partes se llama «la opinión pública», o sea la expresión de los deseos, de los anhelos, de los desiderata del país. Hay en esta tierra mucho por hacer, que los gobernantes no perciben con la misma viveza que los hombres alejados del Gobierno, porque no hay un medio eficaz para la expresión de las necesidades públicas y porque se carece de una sanción efectiva contra la indiferencia o la ignorancia de las autoridades.

Los inconvenientes que esta situación produce son en buena parte minorados por la prodigiosa clarividencia del Jefe Supremo del Gobierno; pero esto no es bastante, que ya la prosperidad del país y la complicación consiguiente de sus fenómenos sociales, demandan una más amplia participación de los ciudadanos en el manejo de lo que se llama la cosa pública. El problema práctico a este propósito, radica en la manera de hacer sentir en el gobierno la acción de los elementos populares, sin menoscabar la eficacia del primero, ni prostituir la influencia de los últimos.

La necesidad a que acabo de aludirse presenta más premiosa y exigente en algunos Estados de la Federación que en el centro mismo Debido a la desorganización é impotencia de nuestra democracia, que no es capaz de elegir ni al ínfimo de los funcionarios elegibles, se han perpetuado en la gobernación de los Estados algunos hombres que, en la época de creación del orden, iniciada y llevada a glorioso término por el gobierno del señor General Díaz, fueron admirables eficaces instrumentos bajo las órdenes del Presidente. Mas hoy día muy pocos de esos soldados incultos o politicastros añejos, son capaces de elevarse a la altura de las exigencias de los pueblos a cuyo frente están, porque viven en un mundo artificial creado por la adulación empalagosa y el repugnante servilismo de los que les rodean.

A pesar de todo, nuestra situación por lo que toca a la administración pública, está lejos de ser desesperante; y ello se debe al acendrado patriotismo, a la inteligencia, a la gran dosis de ciencia práctica del actual Presidente, así como a las condiciones superiores de algunos de sus colaboradores en el centro y en los Estados. En manos de estos hombres se halla la suerte del país, ante el indiferentismo envilecido de la mayoría de los ciudadanos y la falta de organización y solidez de nuestra democracia.

¡Qué raro es que en México un proyecto importante y serio o una iniciativa de trascendencia partan de las filas de los simples ciudadanos! Y se comprende: para que el esfuerzo del simple ciudadano se abra paso y se imponga, necesita el padrinazgo de los hombres del gobierno. Es, pues, punto menos que inútil, fuera de la esfera oficial, empellarse por el mejoramiento político o simplemente administrativo del país; lo cual extingue las más nobles energías y hiela y mata los más generosos impulsos.

Bien distintas son las condiciones de los países en que de veras el poder «dimana del pueblo», según la fórmula (fórmula solamente) de nuestra Constitución. No creo que en México se haya dado alguna vez el caso de que los ciudadanos se congreguen para convenir en un programa de gobierno, cuya aceptación por el que aspira al mando, se exija a éste previamente como condición de su elección. Los ciudadanos que estamos entre los treinta y los cuarenta años, la época más fecunda de la vida, y que nunca hemos votado, como no sea en elecciones de sainete; y los ciudadanos más viejos, que sueñan con las elecciones de los buenos tiempos de Juárez y de Lerdo, falseando su recuerdo y engañándose a sí mismos; y los ciudadanos que apenas han entrado al período de la vida en que se ostenta este nombre y que creen, como todos alguna vez lo creímos, que se debe de contar con ellos y con sus votos en los asuntos del gobierno, ¿cuándo, pregunto yo, nos hemos reunido para decirle a nuestro Presidente: os reelegiremos siempre que o con la condición de que adoptéis tal o cual línea de política o realicéis tal o cual espiración nuestra; y si no aceptáis expresamente esta condición, elegiremos a otro ciudadano en lugar vuestro?

Al tomar en la mente la forma de imágenes vivas, la figura vigorosa del señor General Díaz y la escuálida de la democracia mexicana, nos parece un sarcasmo toda idea de que el pueblo fuera capaz de imponer condiciones al Presidente para que siguiera en el poder.

No se diga que no hay programas ni tesis políticas que establecer y definir como condiciones para la elección de nuestros gobernantes-: lo que acontece es que se nos ha acostumbrado a dejar todo a la ilustración, al patriotismo, a las posibilidades de nuestros hombres de gobierno, para que procedan como tutores o padres de familia, no como mandatarios, porque, en efecto, no lo son, de sus conciudadanos.

Pero hay algo más desconsolador todavía: la pobreza, por no decir la falta completa de espíritu público, que se nota en los mexicanos y que a veces hace temer la existencia de una profunda abyección política. La mayoría, seguramente la gran mayoría de los ciudadanos que piensan, vuelve los ojos preñados de la angustia del porvenir, no a la Constitución con sus sagradas libertades, no al pueblo con su fuerza incontrastable, no al Congreso llamado a desempeñar una altísima misión, sino al Presidente mismo, como la plebe romana pendiente de los labios del César. Se espera lo que hará el señor General Díaz: si seguirá en el poder o no; si dispondrá en un sentido o en otro; si designará a su sucesor en vida o si dejará nombrado al que ha de sucederle después de su muerte...

¡Mentira! Una democracia orgánicamente constituida, jamás abdica. México, como la mayor parte, sino todos los países de la América española, es una víctima del abuso del más sagrado de los dogmas de la Revolución: el de la omnipotencia del pueblo, Y cuando un pueblo cuenta en su seno una abrumadora mayoría de ciudadanos analfabetas, de los cuales más de la mitad besa la mano al sacerdote católico, enemigo irreconciliable de la Reforma, y a ese pueblo se le dice: «eres el gobierno, de ti dimana todo poder, los gobernantes son tus obedientes mandatarios», entonces, y como al conjuro de la declamación jacobina que enciende las hogueras trágicas de la anarquía, surge el caudillo victorioso, que asienta con brío y firmeza su bota de soldado sobre las páginas de las libertades públicas. Si ese hombre es un malvado, hará de su pueblo el pasto de todas las infamias; si ese hombre se llama Porfirio Díaz, tomará al pueblo en sus poderosos brazos y se lanzará con él por los senderos de la civilización!

Más ¡ay! los brazos del caudillo glorioso cederán algún día. y el pueblo volverá a verse sólo y abandonado en medio del mundo. Entonces, el pavoroso problema del gobierno renacerá en todo su vigor.

Con ansiedad nos preguntamos: ¿quién será el hombre? ¿Quién será el nuevo Moisés que conduzca al pueblo por los intrazados caminos del Desierto?

El problema es grave: la anarquía tocará a nuestras puertas; y quizá veamos realizarse la nefanda profecía de un insigne poeta, enemigo de la República: surgirá quien sepa gobernarnos «con despótica vara y ley tirana».

Mucho hicieron por este pueblo—debemos decirlo siempre —los liberales de la vieja escuela. Conquistaron para él el magno triunfo de la Reforma; lo guiaron en sus luchas épicas contra el invasor extranjero y contra los enemigos del santo, por justo, principio republicano; aseguraron para él en la vida civil, y de un modo permanente, la más completa libertad privada; le han abierto las fuentes del trabajo con la construcción de los ferrocarriles, que son los nervios de la vida económica de la nación; lo han educado, en fin, en la obediencia a la ley y en el respeto al principio de autoridad, en veintiséis años de paz enérgicamente conservada; pero no han podido darle la libertad política, la más sagrada de todas, pues que constituye su garantía. A su logro deben enderezarse todos los esfuerzos de los nuevos liberales; que si las conquistas de los viejos son permanentes y definitivas, este pueblo tiene derecho de vivir para las demás.

 

IX

 

No por vanidad, sino porque mi espíritu repugna la elaboración de una forma nueva para un pensamiento ya concebido y presentado, vuelvo otra vez a citar un pasaje de mi estudio «La Nueva Democracia», referente a un fenómeno de orden social, que en el lenguaje de todos los días designamos con el apodo de «conquista pacífica».

Al discurrir sobre las consecuencias que una sangrienta convulsión interna podría acarrear para nosotros, concluía yo con la afirmación de que una de ellas tendría que ser el menoscabo de la soberanía de nuestra patria ante el derecho internacional. Y la causa es clara: «La Gran República del Norte vela a nuestras puertas: sus ciudadanos y sus capitales han inmigrado a nuestro país en imponente número: empresas de primer orden—los grandes ferrocarriles, nada menos—están en manos de norteamericanos y son fundadas o sostenidas por capitales norteamericanos. Nuestros vecinos, pues, están en el deber y en el derecho—desde su propio punto de vista —de proteger sus intereses, y poseen medios sobrados para llenar esta misión. Por otra parte, los escrúpulos teóricos de tratadistas y jurisconsultos no son óbice para que la Gran República ponga la mano en donde el dinero, la tranquilidad o la vida de sus hijos lo reclame, y la historia de los tres últimos años del siglo XIX da la demostración palmaria de que, quienes como yo piensan, no son víctimas de pueriles temores. No es que me asuste, porque la creo imposible, la absorción completa de nuestra nacionalidad; pero sí veo con espanto la posibilidad de que, conservándosenos lo esencial de nuestra independencia política, seamos atados, sin embargo, al carro de imperator de la triunfante República, como lo ha sido, como acaso por siempre lo será nuestra hermana de las Antillas». (8)

Fatalmente, inevitablemente, México se ha convertido en un amplio campo de acción para nuestros vecinos. Poco a poco nos contagiamos de norte-americanismo; y para evitar choques, por propia conveniencia, tendemos a amoldarnos al modo de ser de los norte-americanos. Empezamos a imitar su infatigable actividad y aprendemos a vivir esa «vida estrenua», que es la causa principal de la prodigiosa prosperidad y grandeza de aquel pueblo.

Para que se tenga una idea más cabal de la importancia de estos hombres en nuestro país, me bastará con recordar unas cuantas cifras. El Cónsul General de los Estados Unidos en México, después de una laboriosísima y concienzuda investigación, afirma que el capital americano invertido en empresas mexicanas, excede de quinientos once millones de dollars, que al tipo de cambio que ha regido en los últimos tiempos, representa una cantidad superior a UN mil trescientos millones de pesos de nuestra moneda. (9) Difícilmente puede el espíritu abarcar estas cifras: su enormidad es un obstáculo para ello.

Uno de los magnates del comercio y de la industria en los Estados Unidos, el Honorable Henry Clay Pierce, hombre respetabilísimo y muy conocido en nuestro país por ser el Presidente de la Compañía petrolera Waters Pierce Oil Company y del Ferrocarril Central Mexicano, afirmaba no ha mucho, ante un concurso perfectamente serio, que durante el año pasado de 1902, el consumo de petróleo americano en México fue tan importante, que por este concepto él, Mr. Pierce, había pagado en derechos é impuestos durante el mismo año, la vigesimosexta parte del total ingreso del Gobierno Mexicano. (10) En otras palabras, durante el año de 1902, sobre cada veintiséis pesos que ingresaron al Tesoro mexicano, un peso fue pagado por una sola empresa americana, o lo que es lo mismo: el Sr. Pierce, o su compañía, cubrió el cuatro por ciento de los ingresos de nuestro gobierno!

¿Para qué acumular números? La observación personal de todo el mundo es uniforme y constante. Los americanos nos invaden por cuantos canales encuentran abiertos: la minería, la agricultura, el comercio, las profesiones; nos imponen su idioma, porque ellos do not care, les importa un bledo, el idioma del país. En inglés se publica el mejor periódico que existe en México actualmente, y hay regiones en la República en las que la lengua inglesa ha suplantado absolutamente a la española y en donde un mexicano que no posea el idioma de nuestros vecinos, encuentra las mismas dificultades que si estuviera en el Estado de Kentucky. (11)

Todo esto es punto menos que inevitable, y exige una política digna, valiente y amplia de miras, por parte de los funcionarios mexicanos, tanto del centro como de los Estados; mas estaría fuera de mis propósitos presentes, entrar a discutir el problema desde este último punto de vista. Me basta con formular una pregunta: ¿están el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos legítimamente interesados en la marcha política regular de nuestro país? Sí, evidentemente, porque cuando la máquina política no funciona regularmente, no hay seguridad, ni justicia, ni garantías para la vida: se vive en constante estado de agitación é incertidumbre y el hombre no puede desarrollar con toda amplitud sus actividades pacíficas, o ve amenazado de mil maneras el fruto de sus fatigas y desvelos.

Más de mil millones de pesos! ¿Vale la pena defender esto? El pueblo americano no permitirá nunca que tan enorme riqueza sea puesta en peligro por nuestras reyertas: y el día en que sólo por medio de la revolución nos sea posible resolver alguna de nuestras crisis políticas, nuestros vecinos encontrarán la manera de ponernos en paz. Así lo dice y proclama a cada momento la prensa periódica de los Estados Unidos; y un hombre tan eminente en ese país, como el Honorable Whitelaw Reid, quitándose francamente el embozo, nos da la voz de alarma cuando, aludiendo a México, asegura que la Gran República no podrá tolerar una molestia a sus puertas, por lo que nosotros y otros países, pero nosotros especialmente, tenemos el deber de mantener la paz y de conservar el orden (must keep the peace and preserve order). (12)

Y bien: ¿qué significaría para nosotros la intervención de los Estados Unidos, en la forma más suave que se quiera suponer? Sencillamente el sojuzgamiento de la nación mexicana, o el menoscabo, que es lo mismo que la pérdida, de su independencia política.

Ante tan negra amenaza y con el corazón oprimido por tristes augurios, los mexicanos a quienes preocupa el porvenir de nuestra patria, debemos buscar la solución de estos dos problemas: ¿Cómo dar estabilidad permanente u orgánica a nuestras instituciones políticas? ¿Cómo librar al país de uní convulsión revolucionaria el día de la suprema crisis, cuando sucumba nuestro benemérito Caudillo?

El primer problema es de lenta y difícil solución: no pocos creemos hallarla en la práctica efectiva de la democracia, llenando al sufragio universal a través del sufragio restringido.

El segundo problema demanda, por el contrario, una pronta y franca solución: ¿cuál es ella? La creación de la Vice-Presidencia de la República.

No es dudoso para nadie que el único candidato indiscutido é indiscutible para supremo gobernante de esta República, es el General D. Porfirio Díaz: este gran estadista permanecerá en el poder hasta queda tumba se abra en su camino, o hasta que él mismo, cediendo a una patriótica inspiración, crea llegado el tiempo de entregar a otras manos la suerte del país.

Mas si lo primero acontece, la crisis puede presentarse con violencia y la incógnita será aterradora. En países definitivamente constituidos y cuyas instituciones funcionan con regularidad, se ha previsto la manera de evitar esa crisis, con la creación de un funcionario permanente llamado a substituir al Jefe del Estado. Al sucumbir éste, hay quien reciba de sus yertas manos el timón de la nave, y Roosevelt pronuncia el sagrado juramento ante el cadáver todavía tibio de Mc.Kinley.

La necesidad de que el Presidente de la República tenga un substituto permanente es, en este país, mucho más apremiante que en los Estados Unidos. Yo creo, con muy poco temor de equivocarme, que en nuestra tierra ya sólo puede haber revoluciones cuando faltando un presidente sea necesario buscar otro. Y la razón es clara: si en México pudieran practicarse los principios democráticos ó, lo que es lo mismo, si aquí hubiera elecciones sinceras y reales, como lo supone la Constitución, la crisis producida por la falta de Presidente tendría su término natural y fácil cuando el voto público hiciera oír su voz. Mas el caso es bien distinto: los Presidentes no serán el producto genuino del voto, mientras con una aplastante mayoría de ciudadanos analfabetas, sigamos aconchados al principio del sufragio universal. Y como la crisis tiene que resolverse de algún modo y éste no puede ser el del ejercicio del sufragio, la guerra civil se impone como una necesidad fatal, y el caudillo vencedor ocupará el codiciado solio bajo la sanción de un hecho efectivo y práctico como es el triunfo de la fuerza física.

Fuera de este caso, no me imagino cómo en México pueda estallar una próxima revuelta. Como no sea, según lo he dicho, en calidad de solución práctica y de único medio posible de salir de una crisis grave, las revoluciones en nuestro país son absolutamente improbables. Demasiado poderosos los factores que contribuyen a tener en jaque el espíritu de revuelta, éste no estallará sino cuando los medios pacíficos resulten totalmente ineficaces para resolver una dificultad política.

Nuestros constituyentes de 57 tuvieron el buen sentido de investir a un funcionario con el carácter de Vicepresidente, y gracias a ello se salvó la Constitución cuando Comonfort dio su célebre «golpe de Estado». Entonces el Sr. Juárez recogió, legalmente, el gobierno. Sólo que los constituyentes atribuyeron la función netamente política de la Vicepresidencia, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo cual fue un gravísimo error, porque el Alto Tribunal fácilmente se convertía —como sucedió en alguna ocasión— en una agrupación política en torno de su Presidente, constituyendo que amenaza para todos los demás poderes públicos, a quienes podía hostilizar formidablemente con una arma creada por la misma Constitución: el amparo.

Para reparar el indicado error, se suprimió la Vicepresidencia, dejándose de esta suerte en el más serio peligro, la estabilidad política del país. Esto se hizo por medio de la reforma constitucional de 3 de Octubre de 1882, que cometió las funciones de substituto del Presidente de la República al Senador o Diputado que hubiere presidido el Senado o la Comisión Permanente, según el caso, en el mes anterior al en que ocurriera la falta del Jefe del Ejecutivo. Pocas veces puede idearse combinación más desastrada: para converse de ello, basta sólo con pensar en algunos de los hombres en quienes eventualmente pudo haber recaído la gravísima función de presidente substituto o accidental. El país pasó catorce años en esta situación, bajo la amenaza de una guerra civil inevitable en el caso de falta del Presidente.

Llegó un momento en que se consideró temerario dejar por más tiempo en pie la reforma constitucional de 1882; y se inventó el sistema consagrado por la ley de 24 de abril de 1896, bajo la cual vivimos hasta hoy. El procedimiento que para substituir al Presidente establece esta última reforma constitucional, es de un hibridismo verdaderamente antipático. Atribuye al Congreso funciones de cuerpo elector, que sólo se explican en las repúblicas de régimen parlamentario, como Francia; impone al Presidente la obligación de proponer a su substituto, lo que huele marcadamente a cesarismo, y establece otras reglas que, aunque adoptadas en varios países, son de peligrosa aplicación entre nosotros.

En cambio la Vicepresidencia, tal como la establece la Constitución americana, es una función seria, respetable y sin los inconvenientes gravísimos que presentan los sistemas que entre nosotros han privado. Su adopción para México, con algunas adecuadas modificaciones, se impone en las actuales circunstancias, como una medida urgente de precaución para el porvenir.

La historia nacional de 1857 en adelante, prestigia la tesis que sustento. A pesar de sus vicios, ya señalados, la función atribuida al Presidente de la Suprema Corte de Justicia salvó al país en dos diversas ocasiones: al desaparecer, por causas bien distintas, los Presidentes Comonfort y Juárez.

Dada nuestra situación política presente, me parece decisiva la consideración de que el país sabrá de antemano quién es el hombre que ha de substituir al Sr. Presidente Díaz en el momento en que sea necesario El Vicepresidente, sin la función judicial que antes tenía, no será un estorbo para la buena marcha del gobierno; antes bien podrá ser un colaborador eficaz de la administración Las circunstancias no son ya propicias para que el Vicepresidente se convierta en un perpetuo conspirador, que amenace en su puesto al Presidente.

Un reducido grupo interesante y poderoso por el propio valer de los hombres que lo forman—al que se ha dado en llamar «partido científico»— y que constantemente recibe el homenaje de admiración de sus enemigos bajo la forma de groseras calumnias, inscribió en su hermoso programa político de 1892, cuando se organizó la primera Convención Nacional Liberal, la renovación de la Vicepresidencia de la República, si bien en los términos adoptados por la Constitución de los Estados Unidos. Por consideraciones de orden político, fue preciso desistir de este propósito; y sólo forzado por las circunstancias y bajo la presión de una superior y respetable voluntad, uno de los hombres de ese grupo formuló el sistema que más tarde fue incorporado en la reforma constitucional de 1896. Felizmente no ha llegado el caso de ver funcionar en la práctica este sistema: por lo cual, y aprovechando la proximidad de la época en que debe renovarse el poder Ejecutivo de la República, he creído oportuno unir mi voz, débil y sin prestigio, a la de los no pocos autorizados sostenedores del sistema de la Vicepresidencia.

Meditando sobre las condiciones peculiares a nuestro país, me he persuadido de que no es precisamente lo que nos conviene, trasplantar a nuestra Constitución los preceptos adoptados por la Constitución de los Estados Unidos. Aun en este último país se formulan serias objeciones al sistema tal como allí se halla establecido.

Todos saben que la única función pública que la Constitución atribuye al Vicepresidente de los Estados Unidos, es la de presidir a los debates de la Cámara de Senadores, sin voz y casi sin voto. Un hombre de trabajo, acostumbrado a las fatigas de la administración pública y a sus labores absorbentes, o a participar por modo activo, en las luchas de la política, encontrará desesperante y mortal la inacción a que la ley condena al Vicepresidente, con la función honrosa, pero insípida, de un mero presidente del Senado. En esta pasiva situación, las mejores actividades se marchitan.

Nadie más competente para opinar en materias políticas en su país, que el Hon. Teodoro Roosevelt; y este eminente escritor y hombre de Estado, se expresaba en los siguientes términos en un artículo que publicó la American Monthly Review of Reviews en Septiembre de 1896:

«El Vicepresidente debería representar, hasta donde ello fuera posible, los mismos propósitos y principios que hayan servido de base para el nombramiento y la elección del Presidente; y debería ser un hombre respetado en las deliberaciones del partido, en quien confíen sus colegas directores del mismo partido, y capaz, en caso de un accidente a su jefe, de continuar la obra de este último, precisamente en la situación en que aquella hubiere quedado... Un medio para asegurar este deseable resultado sería, indudablemente, aumentar el poder del Vicepresidente. Este debería ser siempre consultado por el Presidente en todo asunto importante para el partido. Sería muy conveniente que tuviera un asiento en el Gabinete y que, además de su voto en el Senado en caso de empate, tuviera voto en las circunstancias ordinarias y algunas veces voz en los debates».

Si una tan respetable autoridad en esta materia, asienta conceptos como los que he traducido y transcrito; el proyecto que voy inmediatamente a bosquejar no puede ser calificado de una insensata innovación.

Creo que ni en nuestro país, ni en ningún otro, conviene inhabilitar al Vicepresidente para toda función política activa. Está bien, y ello me parece inmejorable, que el Vicepresidente sea, ex-oficio, el Presidente del Senado, pues estar al frente de la Alta Cámara Federal, que representa a las distintas entidades políticas que constituyen la Federación, es por sí solo una función honrosa; pero a la honra para el funcionario debe aunarse la ventaja que naturalmente pueda obtener el país al aprovechar los servicios de aquél. Por estos motivos y en consonancia con la opinión del señor Roosevelt, debería conferirse al Vicepresidente, si no el derecho de voto ordinario en el Senado, sí la facultad de tomar parte activa en todas las deliberaciones de este Cuerpo.

Mas como en la mayoría de los casos el Vicepresidente será uno de los miembros más conspicuos del partido a que pertenezca el Presidente, éste a menudo encontrará en aquel un eficaz colaborador en las funciones y en la política general de la administración. No debe, pues, impedirse al Presidente llamar a su lado al Vicepresidente y confiarle la dirección de algunas de las importantes ramas del Poder Ejecutivo. El Vicepresidente, sin perder su carácter de substituto eventual del Jefe del Estado, podrá tener de esta suerte un asiento en el Gabinete, y se hallará así, por ende, mejor calificado para desempeñar, llegado el caso, la función para que la ley suprema lo designa.

Podría yo entrar a extensas consideraciones de pormenor, que sugiere la tesis que sustento; pero juzgo que las ideas generales que he apuntado permitirán a todo el que me honre con la lectura de este Ensayo, suplir lo que intencionalmente he omitido y calificar la conveniencia de reformar, en esta materia, la Constitución de la República.

 

XI

 

Los que en medio de las fatigas del trabajo para ganar el pan, consagramos una parte de nuestras fuerzas a la defensa de nuestros ideales políticos, somos a menudo flagelados con los apodos de insensatos o ilusos. No me ha detenido esto, sin embargo: en mi humilde insignificancia, busco para la patria común el bien supremo, que no ha logrado todavía, que está muy lejos de lograr. Siempre he creído aplicable a México contemporáneo la frase de uno de nuestros pensadores, cuyo nombre no mencionaré porque me lo veda el amor filial: «Todo lo tuvieron los atenienses bajo Pisistrato: paz, prosperidad, mejoras materiales; todo, menos lo que da a todo eso un precio para el alma: la libertad.

 

FIN.

 

Notas:

1 The American Monthly Reviewof Reviews correspondiente a Septiembre de 1903. El profesor Rowe estuvo últimamente en México, durante tres o cuatro meses, estudiando nuestras instituciones políticas, después de haber desempeñado una importante comisión de su Gobierno en la isla de Puerto Rico.
2 La cifra que acabo de mencionar podrá no ser rigurosamente exacta; pero ello no puede averiguarse por la falta de censo en, la época a que me refiero. Nótese, sin embargo, que cuatro décadas más tarde, o sea en 1895, el censo nos indica que el número de ciudadanos analfabetas llega al 80 por ciento del total de los ciudadanos mexicanos, y esto, lo repito, cuarenta años después, de los cuales la mitad se ha caracterizado por una paz completa y un progreso prodigioso en todo el país. Parece, pues, que la cifra que fijo en el texto, es enteramente aceptable.
3 Stuart Mill. Considerations on Representative Government.
4 A pesar de que esto es elemental para todo el que ha estudiado algo de historia y de sociología, un numeroso grupo de ciudadanos, entre los cuales hay personas honorabilísimas, pero que caen bajo la censura de aquel filósofo contemporáneo que lamentaba el que todos se creyeran aptos para la política, aunque convinieran en que para cualquiera otra cosa se necesite un estudio y una preparación especiales, se reunió en fecha reciente en esta capital y declaró el nacimiento exabrupto del «Partido Nacionalista», el cual tendrá por objeto la unión de todos los mexicanos dentro de los mismos ideales, sin exclusión alguna fundada en los distintos credos RELIGIOSOS Y POLÍTICOS. (Véase el periódico La Libertad, correspondiente al 12 de julio de 1903. Los dos artículos relativos de la primera plana). Pocas veces se ha falseado más lastimosamente el concepto que envuelve la expresión «partido político».
5 La «Nueva Democracia», página 25 y vuelta.
6 El señor diputado que se califica a sí mismo de honrado jacobino, se ha atrevido a decir en un documento que pretendió ser serio y que vio la luz pública en julio de 1903, que «en la venidera elección presidencial, el pueblo mexicano votará conforme al ritual prescrito por la ley de la materia». Y con esta pamplina y otras por el estilo, que revelan toda la impudencia del que las asentó, se tuvo la pretensión de refutar el profundo discurso que D. Francisco Bulnes pronunció en la última «Convención Nacional Liberal». Los jacobinos que tienen honradez política, son los que propugnan las mismas enseñanzas que el extinguido Club Ponciano Arriaga; los demás que se llaman jacobinos, o son unos farsantes, o no entienden lo que es el jacobinismo.
7 The American Commonwealth. Vol. II, Cap. LXXVII.
8 «La Nueva Democracia», página 19.
9 El dato está tomado del informe del Cónsul Barlow, fechado el 28 de Octubre de 1902 y publicado en el Mexican Herald el 18 de Enero de 1903.
10 Discurso pronunciado el 7 de febrero de 1903 por el Sr. H. C. Pierce, en el banquete ofrecido en Nueva York a distinguidos financieros americanos por los Sres. Creel y de la Garza, comisionados del Gobierno Mexicano cerca del de los Estados Unidos para asuntos de orden financiero. Véase el discurso en el Mexican Herald de 21 de febrero de 1903.
11 Un ejemplo de lo que acabo de decir se encuentra en el importantísimo mineral de la Cananea, en el Estado de Sonora. Iba yo rumbo a este lugar en agosto de 1902 y al penetrar a territorio mexicano por la población fronteriza de Naco, uno de los celadores de la Aduana mexicana me requirió en inglés para que abriera yo mi bolsa de viaje. Corrido quedó el buen hombre cuando le pregunté si en esa Aduana se había adoptado el inglés como idioma oficial.
12 Véase The Mexican Herald correspondiente al 3 de julio de 1903. —-Artículo editorial «Re-stating the Monroe Doctrine». —Un distinguido político mexicano publicó recientemente en el periódico «La Unión Liberal», un breve y enérgico artículo llamando la atención sobre las afirmaciones de Whitelaw Reid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calero Manuel. El problema actual. Ensayo político por Manuel Calero. Abogado. Diputado al Congreso de la Unión. México. Tipografía Económica. 1903.