Diciembre 23 de 1876
Mexicanos:
Ha quedado hoy cumplida la más importante de las promesas de la revolución de Tuxtepec. La Convocatoria ha sido ya expedida, y pronto la República volverá al orden constitucional, del que la arrancó por los medios más pérfidos y atentatorios de la Administración anterior.
La Convocatoria de elecciones hoy, y dentro del plazo que fijó el plan reformado en Palo Blanco, es no sólo la satisfacción más completa á los temores de que el actual Gobierno provisional degenerara en una dictadura militar, temores que los enemigos de éste han querido explotar para enajenarle las simpatías públicas, sino el testimonio más pleno que el mismo Gobierno puede presentar, de su confianza en que la paz quedará pronto restablecida, apelando á la voluntad soberana del pueblo, para que éste elija á los funcionarios que deben regir constitucionalmente sus destinos.
Cree el Gobierno haber satisfecho las exigencias regeneradores de la insurrección nacional, en la convocatoria que acaba de expedir.
El fiel y exacto cumplimiento de la Constitución de 1857, el respeto á la moral pública escandalosamente hollada con la suplantación del voto popular, que la Administración Lerdo llegó a erigir en sistema electoral, y la más alta libertad del sufragio, son las ideas capitales en que el Gobierno se ha inspirado al expedir la Convocatoria, en todo de acuerdo con la letra y espíritu del plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco.
Por una lamentable desgracia, se había ya hecho tradicional en nuestros Congresos un abuso incalificable.
El primer acto de ellos era la violación flagrante y sin embozo del art. 56 de la Constitución, y como un atentado de esta clase es tanto más escandaloso y fecundo en funestas trascendencias, cuanto es más alta la autoridad que lo comete, la República estuvo en vano esperando que sus autoridades respetaran la ley, cuando la Representación Nacional misma comenzaba por desplazarla.
El cumplimiento de aquel artículo que exige terminantemente que los Diputados sean vecinos del estado que los elije, no pudo nunca eludirse con ningún pretesto, y hoy que la revolución trae inscrito en sus banderas el principio constitucional, no se podía tolerar más aquel abuso.
Los Estados, la República entera, verán en el precepto terminante de la Convoctoria sobre ese punto, una plena garantía de las instituciones.
Ya no serán diputados quienes ni conocen á los Estados que los nombran, quienes deben su elección, no á su celo por los intereses nacionales, sino al favor del Gobierno que los mandaba nombrar.
Ya no habrá diputados de orden suprema; todos serán hijos del verdadero voto público.
Y con esto desaparecerán la cábala, la intriga, las combinaciones inmorales que presidieran á la formación de nuestros Congresos y que corrompían en su fuente el sistema representantivo que nos rige.
La convocatoria declara indignos de la confianza y del voto popular á los que se atrevieron á cometer durante el pasado cuatrienio, el gravísimo delito de la falsificación electoral, crimen que rompió la tradición de legitimidad en el país.
Los que tuvieron la desgracia de coayuvar á los proyectos liberticidas del ex-Presidente Lerdo, buscando la legalidad del Gobierno, no en la voluntad del pueblo de quien todo poder dimana, sino en las farsas electorales, que ni el velo del pudor cubrió, han abofeteado á la República y puesto en escarnio á las instituciones.
El Gobierno, haciéndose eco de la opinión y de la justicia nacionales, aleja de los comicios á los autores y cómplices de aquellos graves delitos.
Entre los atentados que escandalizaron al país y que cometió la Administración anterior, se enumera, como uno de los principales, la suspensión del art. 20 de la Constitución.
Los que dóciles y complacientes entregaron a un gobierno tiránico y vengativo las víctimas que quiso sacrificar, y les negaron hasta el sagrado derecho de la defensa, no pueden ser los representantes de un pueblo más celoso de sus libertades que avaro de su sangre.
La moralidad que ha inspirado á la insurrección nacional, ha dictado las exclusiones que la Convocatoria enumera.
Pueda este duro castigo de la justicia del pueblo enseñar que en lo sucesivo nadie, ni afectando hipócrita celo por las instituciones, puede ultrajar impunemente la majestad de la ley.
La voluntad del sufragio, que ha sido también una de las aspiraciones de la revolución, será de hoy en adelante una verdad práctica.
El castigo que la opinión ha impuesto á los falsificadores de toda clase del voto público y que la ley ha consagrado, es la más eficaz sanción de aquella libertad.
El Gobierno no permitirá, no ya que las armas de la Nación se empañen yendo á hacer violencia al colegio electoral, ni que los fondos del Erario se malversen empleándose en cohechar electores, sino que, por todos los medios que las leyes le dan y en la órbita que éstas prescriben, cuidará con empeño que no se ejerza presión alguna sobre el voto público.
El pueblo puede hoy estar seguro de que al acercarse á las urnas electorales, puede exponer con entera, absoluta libertad, su voluntad soberana: puede ejercer sus augustos derechos, sin que ni la violencia, ni el soborno, ni la intriga falseen la elección.
La bandera que flameó en Tuxtepec en el día de la prueba y que hoy ondea victoriosa en el Palacio Nacional, garantiza por completo la libertad del sufragio.
Mexicanos, la tiranía ominosa é hipócrita que pesaba sobre la República, ha desaparecido en medio de la execración universal; pero la revolución de Tuxtepec no ha podido triunfar, sino á precio de costosísimos sacrificios para el país.
Que esos sacrificios no sean estériles, y que las tendencias moralizadoras de la revolución tengan todo su cumplimiento; que al restaurarse el orden constitucional, comiencen á realizarse las magníficas esperanzas de dicha y de prosperidad que, durante la insurrección, alentaron al soldado del pueblo en medio de las penalidades de la campaña.
Mexicanos:
Váis á ejercer el acto más augusto de vuestra soberanía: el Gobierno os ofrece la más completa libertad en los comicios: á vosotros toca tener el acierto necesario para elegir á funcionarios capaces de salvar á la República del miserable estado á que la dejó reducida la dictadura, y levantarla hasta donde su brillante porvenir la llama.
En todo caso, el Gobierno provisional aceptará con respeto el resultado de la elección y entregará con gusto el Poder de que es depositario, á los funcionarios á quienes el pueblo quiera confiar sus destinos.
Fuente:
Román Iglesias González (Introducción y recopilación). Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno, 1812-1940. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C. Estudios Históricos, Núm. 74. Edición y formación en computadora al cuidado de Isidro Saucedo. México, 1998. p. 490-492.
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