Vicente Riva Palacio

La mañana del 19 de julio, de 1872, el estampido de un cañonazo anunció a los tranquilos habitantes de la cludad de Mexlco; que había dejado de vivir el C. Presidente Constitucional de la República mexicana, Benito Juárez.

La enfermedad de Juárez era sabida ya por toda la ciudad dos o tres días antes de su fallecimiento, pero se había procurado también circular el rumor de que esta enfermedad ni era peligrosa ni presentaba síntomas alarmantes. Se refería que aun cuando Juárez no había podido ir a palacio a ocuparse del despacho de los negocios públicos, los ministros habían ocurrido a la casa del presidente, en donde éste había dictado y firmado sus acuerdos con la mayor regularidad. La enfermedad de Juárez se consideraba pues, por el público, como una pasajera indisposición, y cuando en los círculos políticos alguien se atrevía a presagiar algo de funesto, tal noticia se recibía más como un rumor subversivo parto de una imaginación exaltada, que como una verdad.

La noticia del fallecimiento de Juárez cayó pues, como un rayo en medio de la sociedad, más asombrada mientras menos había podido prever aquella catástrofe.

Los pueblos como los niños, y quizá como los mismos hombres, de tal manera se habitúan al presente, cuando este presente tiene raíces profundas en el pasado, que apenas se toman el cuidado de pensar cómo dejará de existir, o cómo podrá cambiar la situación en medio de la cual han vivido tanto tiempo.

Por una preocupación del espíritu humano; por una especie de presentimiento, o quizá por un rápido y seguro raciocinio de ese profundo pensador que se llama vulgo, hay gobiernos que se consideran estables y constituidos por más que el huracán de las revoluciones los combata por todas partes, y por más que elementos heterogéneos libren en su seno una terrible lucha amenazándoles con la disolución; al paso que otros gobiernos se consideran, se sienten como interinos y provisionales, aunque hayan nacido en medio de la tranquilidad, formados por el espontáneo concurso de las voluntades, y al halago de las brisas de la paz y de la esperanza. El gobierno del señor Juárez era uno de esos gobiernos que se creerían robustos, y permanente la situación que él hubiera creado; al paso que en la administración del señor Lerdo todos han sentido, aun cuando parezca una paradoja, una especie de interinato constante. Por esa razón la noticia de la muerte de Juárez, como la de todas las grandes e inesperadas catástrofes, circuló con la rapidez de la electricidad por toda la República, llenando de estupor y haciendo vacilar a todos los hombres, ya que atacaban al gobierno a mano armada apellidando sufragio libre; ya que sostenían a Juárez llevando por bandera la legalidad; ya que acechaban las peripecias del combate para aprovecharse de los vaivenes de la suerte y sin llevar más programa que la candidatura para la presidencia de don Sebastián Lerdo de Tejada.

La República mexicana no presentaba ciertamente en los momentos en que ocurrió la muerte de Juárez, un aspecto halagador. El aliento de fuego de la guerra civil había inflamado los ánimos en toda la inmensa extensión del país. Grandes batallas o ligeras escaramuzas se daban día a día por todas partes; y si el rugir de los cañones atronaba los valles, el eco de la fusilería era repercutido por las cañadas y por las sierras.

El partido de Juárez y el partido del General Porfirio Díaz se batían más que con arrojo, casi con odio profundo. En tanto que el partido conservador y el partido que había proclamado la candidatura del señor Lerdo de Tejada para la presidencia de la República, contemplaba con aparente tranquilidad aquella lucha, no sin que muchas veces el pueblo o el gobierno acusasen sordamente a esos partidos, ya de prestar ayuda solapadamente a alguno de los contendientes, ya de procurar asusar a los beligerantes, recrudeciendo los odios y exaltando los ánimos por medio de la tribuna o en la prensa.

La suerte de la guerra parecía ser favorable a la causa de Juárez. Después de la célebre batalla de la Bufa, en que el General Rocha batió en las inmediaciones de Zacatecas al ejército del sufragio libre, la revolución parecía haber perdido el aspecto amenazador con que se presentaba a fines del año de 1871, y el gobierno comenzaba ya a tener seguras esperanzas de sofocarla.

Sin embargo, aquellas esperanzas no estaban verdaderamente fundadas; aun la revolución contaba elementos poderosísimos a la hora de la muerte de Juárez, porque una revolución, cuando entraña el deseo de un pueblo, cuando nace del abuso de un gobierno, lleva en sí el germen de su vitalidad, sin que la fortuna de las armas enemigas, o la esquivez de la victoria, sean bastante poderosas para sofocarla.

La derrota del gobernador Terrazas en Chihuahua, había hecho al General Donato Guerra, que era uno de los principales caudillos de la revolución porfirista, dueño de aquel Estado que, por la distancia que le separa del centro, por su constitución geográfica y por el carácter franco de sus habitantes, era si no un rico, sí un poderoso baluarte para los revolucionarios.

El General Guerra, poco conocido antes de esa revolución, había adquirido por su valor, por su caballerosidad y por la subordinación de los tropas un gran prestigio en los Estados de la frontera del norte y del occidente. Ese prestigio aumentó en Chihuahua desde los primeros días de su permanencia en la capital y el General Díaz a su llegada a aquel lugar, se encontró ya con este poderoso elemento de fuerza moral para organizar sus tropas y abrir nuevamente la campaña sobre el interior. El General Díaz, que supo aprovechar ese elemento dando allí con su presencia nuevo prestigio y mayor aliento a sus partidarios, aparecía desde Chihuahua como un verdadero peligro para el combatido gobierno del señor Juárez.

Por el sur de la República se extiende; desde las playas del Pacífico hasta las orillas del río de Mezcala ese país fertil y rico en todas las producciones de la naturaleza; formado de inaccesibles montañas, cruzado por vertiginosos barrancos; desconocido e inexporado en su mayor parte: país legendario en la gloriosa guerra de Independencia y que lleva como la corona de sus hazañas el nombre de General Guerrero.

En ese Estado en que por diez años se conservó inextinguible la antorcha de la guerra que anunciaba la libertad de un pueblo, hacía la campaña proclamando también suflragio libre en los días, de la muerte de Juárez, el General Vicente Jiménez.

El General Jiménez, nacido y criado en el Estado de Guerrero, que por más de veintiocho años había servido en el ejércIto liberal durante todas las guerras que habían destrozado aquel Estado, perfecto conocedor del terreno y de los hombres, emparentado con la familia del General Guerrero, y gozando de un gran prestigio en todos aquellos pueblos, era también un enemigo muy poderoso de la administración de Juárez.

Jiménez había sufrido algunos reveses; el gobierno del centro había mandado contra él muchas y buenas tropas, y una parte del Estado, siguiendo las inspiraciones del General Diego Álvarez, había tomado partido por Juárez; pero en aquellas sierras inexpugnables, favorecidas por la temperatura y con soldados tan sobrios y tan sufridos como los del Estado de Guerrero, las ventajas obtenidas por el gobierno no podían considerarse sino como pasajeras y Juárez, que conocía también el país, no podía estar tranquilo por la suerte de su administración en el Estado de Guerrero y en el sur del Estado de Puebla.

En la sierra de Puebla, la revolución conservaba caudillos y tropas, de tal condición los primeros, y en tal número las segundas, que el gobierno no podía sino mirar con desconfianza sus efímeros triunfos en aquella parte de la República.

El General Francisco Lucas, hombre de grande influencia en los pueblos de la sierra del norte del Estado de Puebla, y los Generales Hermenegildo Carrillo y Juan Méndez, sostenían levantado por aquellos rumbos el espíritu de la revolución, teniendo en jaque por un lado al Estado de Puebla y por otro lado al de Veracruz.

Las tropas del gobierno de Juárez en aquella campaña se habían internado algo en la sierra, pero habían cometido actos verdaderamente reprobables, incendiando pueblos enteros, y dejando comprender que el plan de campaña trazado por el Ministerio de la Guerra, era obligar a todos aquellos pueblos pronunciados a rendirse, reduciéndolos a la miseria.

Hasta la muerte de Juárez, la campaña sobre la sierra de Puebla había sido poco satisfactoria para el gobierno, y en esos días éste se había conformado ya con tender su línea militar en las importantes poblaciones de Teziutlán, Zacapoaxtla, San Juan de los Llanos, etc., teniendo las caballerías en el valle para impedir las invasiones de los soldados de la sierra.

En el resto de la República, en todos los demás Estados, había jefes que, perteneciendo al partido porfirista, andaban en armas seguidos de cuerpos de tropa más o menos numerosos o disciplinados, pero que turbaban la tranquilidad pública, obligaban al gobierno a erogar fuertes gastos para mantener fuerzas en su persecución, y podían de un momento a otro, en esa inconstante suerte de la guerra, convertirse de perseguidos en perseguidores, y de jefes de una partida en Generales de una división; porque todo el peligro para un gobierno está, no en la calidad de un jefe pronunciado, ni en la clase y número de sus soldados, sino en la existencia de ese hombre, alzando una bandera contra el gobierno; porque muy comunmente acontece entre nosotros que, en poco espacio de tiempo, uno de estos jefes, oscuro guerrillero y ciudadano poco conocido, llegue por circunstancias inexplicables a ser uno de los caudillos principales de una terrible revolución.

En la guerra no era por cierto muy halagador el cuadro que presentaba la administración de Juárez en el mes de julio de 1872.

En el terreno político el aspecto tampoco era satisfactorio. Los tres partidos: el de Lerdo, el de Juárez y el de Porfirio Díaz, tenían en el Congreso un número con poca diferencia igual de diputados, lo que hacía muy variable el éxito de la lucha allí, porque aun cuando el partido juarista era el dominante, uniéndose algunas veces lerdistas y porfiristas podían contrabalancear el poder del gobierno.

La elección y reunión de ese congreso que fue el sexto constitucional, presentó tristes ejemplos de la intervención del poder en las elecciones. Los gobernadores de los Estados eran, unos, partidarios de Juárez, otros de Lerdo y algunos de Porfirio Díaz, y cada uno de ellos procuró enviar a la Cámara al mayor número de diputados adictos a su partido que le fue posible. Al reunirse el Congreso, en la revisión de credenciales, el partido juarista que apareció al principio como dominante, comenzó a poner dificultades, unas de ley y otras de intriga, para la aprobación de las credenciales de los diputados lerdistas; pero con la excepción de dos o tres, todas las credenciales de los diputados fueron aprobadas.

Sin embargo, con estos antecedentes se habían recrudecido los odios políticos en la Cámara, produciendo la inquietud en los ánimos, la alarma constante en la Nación y el aliento en los revolucionarios.

Hay en México, quizá por el carácter generoso de los mexicanos, que les hace ver con horror, no sólo la venganza, sino hasta el castigo después de un triunfo, un grupo bastante numeroso de hombres que, encumbrados por su habilidad o por la suerte, forman una bandería o un grupo que está siempre alIado del poder, y que siempre goza de las consideraciones del gobierno, sea éste imperial o republicano, sea conservador o progresista, y llámese el jefe Juárez, Lerdo o Maximiliano. Este grupo de hombres es perfectamente conocido en la Nación; los nombres de muchos de ellos llegan a la memoria sin gran dificultad cuando se habla de estos proteos políticos; y, sin embargo, por un movimiento inexplicable de los acontecimientos, cuando hay un cambio de situación, si en los primeros días se espera que caerá sobre ellos un castigo terrible, poco tiempo después se les ve rodeando a la administración, con gran influencia en ella, y lo que es más, persiguiendo a los que en la situación anterior habían hecho la guerra al gobierno, sosteniendo las ideas después triunfantes.

Muchos de estos hombres excitaban a Juárez a que tomase medidas violentas contra sus adversarios políticos, y con el mismo empeño procuraban la nulidad de la credencial de un diputado lerdista, que la destitución de un empleado que no les parecía suficientemente adicto a la persona de Juárez. La situación política no era tampoco, pues, de lo más tranquila.

Para explicarse la profunda división del partido republicano no basta fijarse en la lucha electoral, cuyo desenlace fue la última presidencia de Juárez; preciso es buscar más atrás la causa de esta división y, echando una mirada retrospectiva, tomar el origen de ese cisma que tan terribles males ha causado y causará todavia a la República mexicana.

A la caida del imperio y después de la toma de la capital de la República, el Partido Liberal Republicano estaba en la apariencia verdaderamente compacto y formidable, y si el gobierno que llegaba de Paso del Norte hubiera tenido una poca de abnegación y procurado obrar en justicia conforme a la ley y al espiritu dominante entonces, México se habría salvado entrando sin dificultad en el camino del progreso; pero no fue asi.

Ya en el ejército comenzaba a susurrarse, aunque muy por lo bajo, que el presidente y los ministros que le habian acompañado en el Paso del Norte, tenían formada una especie de liga con el objeto de que el poder no llegase nunca a salir de ese pequeño grupo, prometiéndose poner, para conseguir tal objeto, todos los medios que estuvieran a su alcance. Se citaban frases terribles en boca de aquellos personajes, y se apelaba para probar la verdad de la noticia, al testimonio del porvenir.

Quizá aquello no era más que la invención de algunos de los muchos malquerientes de los hombres de Paso del Norte, pero se invocaba el testimonio del porvenir. Han pasado ocho años, y hemos visto que Juárez elevó a Lerdo, y Lerdo a Iglesias, y que el General Mejia no ha abandonado ni a Juárez ni a Lerdo, sirviendo a ambos con la misma energia y decisión, conservado por ambos en el mismo puesto y con las mismas consideraciones; y todo esto nos hace creer que aquellos hombres, que decían que el plan político formado por el gobierno al venir de Paso del Norte era conservar todo el poder en manos de aquel grupo, si no contaban lo que sabían, predecían lo que iba a pasar.

En todo caso, al presentarse el gobierno en México, ya por estas voces que habían circulado, ya porque el gabinete tomaba el aire de vencedor con los mismos que habían abatido al imperio, la unión del partido liberal no tuvo desde los primeros días el carácter de franqueza y de expansión que era de esperarse.

Las primeras medidas administrativas de Juárez al volver a la capital, no fueron tampoco de lo más acertadas; comenzó a darse de baja a las tropas voluntarias, sobre todo a las caballerías, que habían hecho la guerra contra la intervención, sin hacer distinciones entre las que habían seguido en toda la campaña la bandera de la República, y las que se habían agregado a última hora. Esto trajo dos grandes inconvenientes, el disgusto natural producido por la injusticia de la medida; y después, la inseguridad en los caminos y las poblaciones, porque un gran número de guerrilleros arrojados así repentinamente, fuera del ejército, provistos de armas y de caballos y acostumbrados a la vida errante y azarosa de la guerra de montaña, se convirtieron en ladrones.

Juárez debió haber expedido, pocos días después de su entrada a México, la convocatoria para la elección de presidente de la República, de presidente y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y de diputados al Congreso general; tanto porque esto era indispensable para la reorganización de la República, cuanto porque el poder que Juárez traía y desempeñaba, se lo había prorrogado él mismo en el Paso del Norte, al concluir el periodo de su presidencia constitucional; y si bien la Nación había dado una prueba de patriotismo, conformándose con ese golpe de Estado por salvar su independencia, preciso era cuanto antes darle una satisfacción, volviendo al camino de la ley.

Juárez tenía entonces, como el alma de la administración y desempeñando la Secretaría de Relaciones Exteriores, a don Sebastián Lerdo de Tejada. El favor y la privanza de que gozaba este ministro no tenía ejemplar en las anteriores administraciones de Juárez. Lerdo disponía de tal manera de la confianza del presidente de la República, y se le consideraba tan poderoso en la administración, que a él, más que a Juárez, se le solicitaba en cualquier negocio, y a él, antes que a Juárez, se procuraba ver en toda empresa o en toda pretensión política o administrativa.

Los que han visto después el papel insignificante que los secretarios del despacho han representado, primero al lado de Juárez y después en la administración de Lerdo; los que ven hoy lo que valen en la administración y en la política el ministro de Relaciones Lafragua o el ministro de Fomento Balcárcel, recordando lo que podía Lerdo en todo el tiempo en que desempeñó el ministerio, comprenderán cuánta era la suma de poder que Juárez depositaba en manos del secretario de Relaciones.

Lerdo tenía una influencia decisiva en el ánimo del presidente, y como la política que adoptó éste a su vuelta de Paso del Norte era tan distinta de la que había tenido antes, todo el mundo culpó a Lerdo, y no sin razón, de ese cambio de política que ciertamente no daba garantías a los liberales de buena fe ni a los hombres verdaderamente constitucionalistas.

Juárez comenzó por nombrar una Corte de Justicia interina, para lo cual nunca podía tener facultades, por extraordinarias que fueran las de que se hallaba investido; porque la Corte de Justicia representa al poder judicial, que siendo independiente e igual en categoría al ejecutivo, no puede engendrarse por este poder; y tan errado anduvo el gobierno nombrando una Corte de Justicia, como si hubiera nombrado un Congreso; sin embargo, a excepción de muy pocas personas, los ministros de la Corte nombrados por el presidente, admitieron el nombramiento y se dio este primer ejemplo de falta de respeto o de inteligencia a la Constitución.

La prensa en aquellos días comenzó a dividirse, unos periódicos en favor del gobierno y otros haciéndole la oposición; pero instando todos más o menos enérgicamente para que se expidiera la convocatoria.

Resistióse el gobierno durante algunos meses, esto exacerbó los ánimos de los republicanos exaltados, y el partido liberal quedó enteramente fraccionado en el momento en que se publicó la fatal convocatoria.

Juárez se había considerado siempre como el modelo de los gobernantes, por el respeto que hasta entonces había profesado a la Constitución, y esto y el conocimiento que se tenía de sus principios liberales, hicieron comprender a la Nación que el decreto de convocatoria publicado en 1867, era la obra del ministro de Relaciones don Sebastián Lerdo de Tejada.

En esa convocatoria, el ejecutivo no se había conformado con llamar al pueblo a elecciones, sino que iniciaba reformas constitucionales, como la creación del Senado y el derecho del veto en el ejecutivo; reformas que pretendía que se hiciesen, no con arreglo a lo dispuesto en la misma Constitución, sino que la manera más irregular, convirtiendo a toda la Nación en Congreso Constituyente, y queriendo obligar a cada uno de los votantes, a poner en su boleta de elección: estoy o no estoy conforme con las reformas constitucionales.

Como era natural, la indignación de los republicanos que habían defendido por tanto tiempo la Constitución de 1857, fue grande, y desde ese momento, puede decirse con seguridad, que nació la división del partido liberal, división que ha causado tantos males a la República.

El ejecutivo, cuya alma era Lerdo, no se contentó con esto, sino que restringió la libertad de imprenta, pero ese paso en vez de moderar el disgusto no hizo más que exaltar los ánimos. La prensa no pudo conformarse con aquella ley que le arrebataba esa libertad de escribir, que es una de las más preciosas garantías del hombre, y los redactores de los periódicos se reunieron y formularon una protesta que decía así:

La prensa periódica de la capital, ha visto con el mayor asombro el art. 4° del decreto de 14 del corriente, en que se declara como ley de imprenta, conforme al art. 2° de la ley del Congreso, del 7 de junio de 1861, la de 28 de diciembre de 1855. Restablecida como está la paz pública, según terminantemente lo ha manifestado el mismo gobierno de la Nación en diversos documentos oficiales, han cesado, por derecho, las facultades extraordinarias que se le concedieron por el Congreso constitucional en 27 de mayo de 1863. Desprovisto, pues, de estas facultades el gobierno general, y asegurada como en la actualidad se encuentra la paz, y libres y expeditos los Estados para regirse constitucionalmente, con arreglo a lo terminantemente prevenido en el art. 128 del código fundamental, debe restablecerse su observancia, y sin ataque y flagrante violación a esta ley suprema, ni el gobierno general, ni autoridad ninguna de los Estados, pueden restringir legalmente las garantías individuales. Tomándose en consideración lo expuesto, teniéndose presente que el art. 4° del decreto de 14 del corriente, restringe y ataca las garantías individuales en lo que se refiere al libre derecho de la prensa; y atendiéndose, por último, a que los periodistas se harían cómplices de tal atentado, dándole ayuda, prestándole obediencia, han convenido y convienen en protestar contra tal decreto, resueltos y firmes en ayudar al gobierno supremo en su marcha política, siempre que sea conforme a la Constitución, código sagrado, que ellos y el gobierno mismo deben defender.

México, agosto 19 de 1867.

Por la redacción del Globo, Manuel María de Zamacona. J. Bustamante y Chico.

Por la redacción del Siglo XIX, Pantaléon Tovar. Joaquín María Alcalde. Antonio G. Pérez. Alfredo Chavero.

Por la redacción del Monitor Republicano, José María del Castillo Velasco. Gabino F. Bustamante.

Por la redacción del Boletín Republicano, Lorenzo Elizaga. Juan Abadiano. Basilio Pérez Gallardo.

Por la redacción del Constitucional, Gregorio Pérez Jardón. Juan N. Mirafuentes. Manuel Gordillo Reynoso. Cargos de Gagern.

Por la redacción del Defensor del Pueblo, Luis Picazo. Braulio Picazo.

Por la redacción de La Conciencia Pública, Manuel Morales Puentes.

Por la redacción de La sombra, Juan de Dios Arias.

Por la redacción del Diablo Amarillo, Luis G. Iza.

Por la redacción de La Orquesta, Vicente Riva Palacio. Constantino Escalante.

La convocatoria no produjo más resultado para el gobierno que la elección, porque apenas un número insignificante de electores hizo mención, en sus boletas, de la reforma constitucional; pero la inmensa mayoría de la Nación no se dignó ni de ocuparse siquiera del asunto, y esto a pesar de que algunos acontecimientos presagiaban una tormenta, como la separación del gobierno de Guanajuato del C. general León Guzmán, que con una energía digna del puesto que ocupaba y del que siempre había tenido en el partido liberal, se resistió a promulgar la ley de convocatoria en el Estado que gobernaba, por creer esa convocatoria contraria a los principios constitucionales, y prefiriendo abandonar el gobierno del Estado antes que complicarse en la política del ministerio.

Una derrota tan espantosa en política, debía haber producido necesariamente la caída del ministro Lerdo, que había expuesto al presidente de la República a sufrir aquel bochornoso desaire; desaire tanto más grave y significativo, cuanto que eran aquellos los días en que el gobierno republicano estaba en el apogeo de la gloria y del poder, y Juárez representaba todo el prestigio de los que habían luchado con tanta constancia contra la intervención y el Imperio.

Pero Juárez había adquirido en los últimos años de su gobierno, uno de los defectos más graves en el gobernante: el desdén por la opinión pública, y el ministro Lerdo no sólo no cayó en desgracia después de haberse expedido la famosa convocatoria, sino que el presidente le prestó su prestigio y apoyo para hacerle nombrar presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, vicepresidente de la República.

Reorganizóse la Nación y comenzó su marcha regular en el terreno constitucional; pero el germen de la división sembrado desde la convocatoria en el Partido Republicano, no podía ahogarse si el gobierno no hacía algo de su parte para ello, y nada hizo el gobierno para conseguir ese objeto.

Había además otro motivo de disgusto en la sociedad que iba tomando creces todos los días. El gobierno no había querido expedir una ley de amnistía franca para los servidores del Imperio y para todos los culpables del delito de infidencia, ni había querido tampoco aplicar con toda exactitud las leyes en que se imponía las penas respectivas a los culpables. La política ministerial, tortuosa, y artera, descargaba algunas veces todo el rigor del castigo sobre personas desvalidas, sobre hombres que habían tenido una parte insignificante en la marcha de la intervención y del Imperio, al paso que consideraba y aun empleaba a verdaderos culpables.

Esta falta de equidad, esta aplicación caprichosa de la ley, y ese derecho que quería tener en su mano el Ministerio para castigar o perdonar a su arbitrio, hicieron comprender que con esto se trataba, más de crear un partido personal para el ministro de Relaciones, que de hacer un ejemplar con los culpables o de cubrirlos con el manto de la amnistía.

Los pueblos tienen innato el sentimiento de la justicia y de la equidad, y cuando no pueden manifestar esos sentimientos porque un gobierno fuerte los obliga a ir por un determinado camino, guardan en su seno todas esas injurias al derecho, que algún día en la revolución o en la historia sirven de formidables testigos para condenar a los culpables.

Además de todo esto, otra causa de disgusto se agitaba constantemente entre los hombres que habían servido, con las armas en la mano, a la causa de la República durante el tiempo de la guerra, y a fe que aquella causa, no por reconocer el interés pecuniario como base, dejaba de ser justa, y consistía en esto que vamos a explicar.

Al terminarse la guerra contra la intervención y el Imperio, y establecido ya el gobierno de la República en la capital, el gobierno ordenó se hiciera una liquidación a todos los que habían andado en la campaña y se les pagaran sus alcances. La operación de liquidar a todos estos beneméritos servidores de la patria, si la liquidación se había de hacer estrictamente arreglada a justicia, presentaba grandes dificultades en la práctica. El gobierno lo comprendió, y se tomó por base para esta liquidación, el supuesto, no exacto, de que todos los que habían hecho la campaña, habían recibido íntegro el haber económico, asignado por la ley para el tiempo de guerra.

Esta disposición comenzó por herir la susceptibilidad de todos los que habían servido a la República con las armas en la mano; no porque en virtud de ella fuera menor la cantidad que el saldo de la liquidación debía arrojar en su favor, sino porque a la falsedad de suponer el pago de cantidades no recibidas, se agregaba una cuestión de amor propio; porque los soldados de la República fundaban su orgullo, y ciertamente con mucha razón, en haber hecho aquella larga, dura y peligrosa campaña, mal armados, mal vestidos y casi nunca pagados. La aureola de la gloria de los soldados de la independencia, tenía su brillo en el sufrimiento, en la abnegación y en la constancia. Luchando con la miseria, más que con el enemigo extranjero; muriendo de hambre con tanta facilidad como bajo el plomo de las balas francesas, y teniendo un martirologio por historia, se sentían humillados delante de sí mismos, de la patria y de los empleados encargados de la liquidación, cuando se hacía aparecer oficialmente, que no habían carecido nunca del haber económico, y que no habían sufrido por consecuencia el horrible azote de la miseria.

Había un pudor sublime en ese disgusto del soldado del pueblo, que se sentía equiparado con un mercenario; y si todos ocurrían a buscar aquellas liquidaciones, era porque seis años de pobreza y de abandono les ponían en la necesidad de buscar un pan para sus desgraciadas familias, mientras ellos encontraban el trabajo para ganar la vida como hombres honrados.

Sin embargo, aunque murmurando por lo bajo, el ejército vencedor aceptó la base de las liquidaciones, y los generales, y los jefes y los soldados, recibieron de la Tesorería un documento que acreditaba el monto total de sus alcances. El ejército que hizo la independencia de los Estados Unidos del Norte, no quiso disolverse hasta que el Congreso no recompensó pecuniariamente los servicios de todos. El ilustre Washington, modelo de patriotismo y de honradez, no desaprobó esa conducta. Los soldados de la segunda guerra de independencia en México, volvieron a sus hogares contentos con una promesa y un papel.

Pero llegó el caso de que aquellos bonos que representaban la pequeña cantidad que debía pagarse como saldo de alcances a los que habían militado, se cobrase en el Tesoro Nacional, y entonces se presentaron grandes dificultades, quizá porque el gobierno carecía de los recursos necesarios para hacer frente a aquellas crecidas reclamaciones.

Todavía el disgusto de esos acreedores del erario no era tan grande; pero en aquellos días aparecieron una multitud de esos hombres que, haciendo granjería de su prestigio con el gobierno, y lucrando con la desgracia pública, son los verdaderos puntos negros de una administración. Muchos comerciantes políticos aparecieron entonces, que con un nueve o diez por ciento de pago, adquirían los bonos de liquidación, ya de la viuda, ya del huérfano, ya del inválido, ya del desgraciado que tenía que regresar a su Estado, y que urgidos por la necesidad, se veía en la precisión de vender sus alcances; y ellos y el público sabían que estos documentos comprados a tan vil precio a sus legítimos dueños, unas veces se pagaban en su totalidad con dinero efectivo, y otras entraban con el total de su valor en alguna gran operación celebrada con el erario; y lo peor de todo era que el jefe o el soldado que había tenido que vender sus alcances, aparecieran, como era natural, al recogerse el bono, como si se les hubieran pagado íntegros sus alcances por el erario.

Todos estos motivos de descontento, y además el haberse comenzado a corromper el sufragio público, tomando el gobierno parte activa en las elecciones de diputados, gobernadores y aun magistrados de la Suprema Corte, hicieron nacer una tras otra, un gran número de revoluciones, que sofocadas en su cuna o llegando como la de San Luis a imponer al gobierno, no dejaron tranquila a la Nación durante los cuatro años del periodo de la presidencia del señor Juárez, que terminó en 1871.

De todo este disgusto, de toda esa falta de tranquilidad y de toda esa creciente división del Partido Republicano, la Nación culpaba a la política poco franca y poco constitucional del gabinete de Juárez, cuyo jefe era, como se ha dicho, don Sebastián Lerdo de Tejada.

Así caminaban las cosas cuando, a fines del año de 1870, empezó a agitarse, de una manera inusitada, la crisis electoral para la elección de presidente de la República que debía verificarse en 1871.

Tres candidatos aparecieron en la arena del combate; tres partidos se disputaban el triunfo en las elecciones; aquellos tres candidatos eran don Benito ]uárez, presidente de la República, don Sebastián Lerdo de Tejada, jefe del gabinete de Juárez y presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el general don Porfirio Díaz.

Jamás la República mexicana había presenciado tal efervescencia y un entusiasmo tal, en los círculos políticos que tomaban parte en una lucha electoral. En todas partes se hablaba de las candidaturas, en todas partes se discutía sobre el mérito de los contendientes; y los elementos de cada uno de ellos, y las probabilidades del triunfo o de la derrota, se examinaban y se pesaban con la escrupulosidad propia de un negocio de tan vital importancia.

Don Benito Juárez contaba en su favor con una gran parte del elemento oficial, y además con el prestigio que le daba en el partido liberal puro, el haber sostenido con tanta constancia y con tan grande energía, la reforma, la libertad y la independencia, combatidas, ya por el partido conservador, ya por los soldados de Francia, de Bélgica y de Austria; pero en contra tenía gran parte de la opinión pública que veía, en aquella tercera reelección de Juárez, un motivo de alarma consiguiente a la perpetuación en el poder, de un hombre, contra el espíritu de la Constitución, por más que este hombre estuviera adornado de grandes virtudes, hubiera sido la encarnación de la Reforma, y se llamara Benito Juárez.

El general Porfirio Díaz representaba en esa lucha el elemento popular; sus triunfos militares durante la guerra de intervención, su patriotismo y su honradez, hacían de él el centro de casi todos los hombres de acción que habían representado un papel, más o menos importante, en la guerra contra los franceses. Además, ese partido se había engrosado con todos los descontentos que la política del ministerio de Lerdo había creado a la administración de Juárez. Este partido, con la ventaja de ser numeroso, estaba dotado de una grande actividad.

Don Sebastián Lerdo de Tejada era el tercero de los candidatos a la presidencia de la República. Don Sebastián Lerdo, aunque conocido como hombre de talento, antes de ocupar una Secretaría de Estado al lado de don Benito Juárez, debía mucha parte de su prestigio al nombre de su hermano don Miguel Lerdo de Tejada, el valeroso ministro de Hacienda de Juárez, que decretó, primero, la nacionalización, y después la desamortización de los bienes del clero.

Don Sebastián Lerdo de Tejada, durante el tiempo que ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores y gozó de la absoluta confianza del presidente Juárez, procuró y consiguió ganarse una parte bastante considerable del elemento oficial, protegiendo y apoyando con el poder del gobierno del centro de que disponía a su voluntad, la elección de algunos gobernadores enteramente adictos a su persona, y que a la hora de las elecciones de presidente fueron el poderoso auxilio de su partido.

El círculo de partidarios del señor Lerdo, propiamente hablando, no representó en aquella lucha un partido que tuviera un color político determinado, porque aunque entre los principales hombres de ese partido había algunos conocidamente liberales, otros que figuraban en primera escala eran netamente conservadores y otros eran acusados de no tener opiniones fijas en política. El partido, pues, del señor Lerdo, aunque contaba con buenos elementos oficiales, era el menos numeroso y el menos popular de todos.

El éxito de la lucha llegó a demostrar que estas apreciaciones eran ciertas, y el triunfo llegó vacilando hasta la representación nacional entre dos candidatos, Juárez y Porfirio Díaz, el Congreso declaró presidente al C. Benito Juárez.

Desde antes de la declaración del Congreso, tanto los partidarios del general Díaz como los del señor Lerdo, comprendieron que su causa estaba perdida. Lerdo siguió desempeñando tranquilamente la presidencia de la Suprema Corte, y los partidarios del general Díaz comenzaron a agitarse acusando al gobierno de haber violado el sufragio público, haciendo triunfar por medio del elemento oficial la reelección. Los rumores de un levantamiento a mano armada se hacían cada vez más alarmantes; y por fin un día la República supo que el general don Porfirio Díaz se había puesto a la cabeza de una revolución, proclamando el sufragio libre como base del Plan de la Noria, llamado así por haberse firmado en una finca de campo que, con este nombre, poseía el general Díaz en las inmediaciones de la ciudad de Oaxaca.

La popularidad y el renombre del general Díaz, el numeroso partido que había sostenido su candidatura y, sobre todo, el fondo de justicia que había en aquel movimiento, porque para nadie era un misterio que el gobierno no había respetado la libertad del sufragio, hicieron que la Nación mirase aquel pronunciamiento como verdaderamente temible para el gobierno; en cambio, la suerte, que no abandonaba la causa de Juárez, hizo también que el plan de aquel pronunciamiento fuera tan poco alucinador, que todos los liberales vieron en él un amago a la Constitución de 1857, una dictadura militar, y un programa completamente exclusivista; esto robusteció al gobierno, impidió a muchos tomar parte en la revolución, y aun desalentó a varios de los que ya estaban comprometidos y con las armas en la mano.

Pero todo lo que se pudo decir del Plan de la Noria no fue parte a impedir que la revolución cundiera rápidamente, y que la existencia del gobierno estuviera muchas veces pendiente del éxito de una batalla.

En esta situación y después de nueve meses de combate, aconteció esa catástrofe que se llamó la muerte de Juárez, y que dio un nuevo giro a los negocios públicos.

La Nación estaba cansada de guerra, los pueblos ansiosos de tranquilidad, y el desenlace se veía muy lejano.

Cuando las naciones llegan a un estado semejante de postración, bien sea por una lucha sangrienta, larga y continuada, bien sea por una paz estéril, vergonzosa y sepulcral, se aprovechan de la oportunidad que les depara la suerte, ya para afianzarse en una tranquilidad necesaria y reponer sus agotadas fuerzas, ya para proclamar una revolución deseada e indispensable y libertarse de la atonía, sacudir el marasmo, reconquistar su virilidad y, reivindicando sus derechos, tomar su puesto entre las naciones libres y amantes del progreso.

Los gobiernos, por su falta de obediencia a la ley o por su falta de respeto a la opinión pública, preparan los grandes cataclismos, de los cuales son ellos las primeras víctimas y, con injusticia, se culpa a los ciudadanos y a los pueblos, de agitadores a los unos y de revolucionarios a los otros, cuando no son sino los gobiernos los verdaderos responsables de estas turbulencias.

Désele a un pueblo un gobierno que acate sus instituciones, y entonces podrá reprobarse a ese pueblo el que levante la bandera de insurrección; de lo contrario, ese pueblo no hace sino ejercitar el último y más sagrado de sus derechos.