José Ma. Vigil

Durante 1871 y principios de 1872, en que tuvo lugar la revolución antirreeleccionista, en Tepic encontraban asilo y refugio los enemigos del gobierno del señor Juárez; en aquel distrito cabían los partidos políticos de todos los colores. Lozada, en concepto nuestro, no acordaba su hospitalidad a los enemigos del gobierno porque simpatizase con sus principios, sino más bien a causa de una completa indiferencia hacia ellos. Tanto el gobierno como sus contendientes eran, o deberían ser con el tiempo, sus enemigos; ninguna de las causas debatidas en los campos de batalla era la suya.

No era posible que Lozada se limitara a los actos que hemos referido: quería más, quería ser el árbitro de la nación, y esperaba un momento oportuno para extender su dominio en todo el territorio por la fuerza de las armas. Pretendía tener de aliada, con este objeto, a la clase indígena, y para obtener su alianza la halagaba, abogando, ya fuese por convicción o cálculo, en favor de los principios religiosos y prometiendo repartir los terrenos entre la misma clase, quitándolos a sus actuales propietarios.

Un despojo de esta naturaleza jamás hubiera podido tener eco, siempre que se hubiera presentado con su simple carácter de odio; pero estas promesas las hacía preceder Lozada de ciertos principios de justicia, que no obstante ser absurdos, tenían cabida en el ánimo de los indígenas, del todo ignoran-tes. Haciendo distinción entre la raza conquistadora y la conquistada, hacía aparecer a la primera como detentadora, o más bien como usurpadora, de la propiedad raíz cuyo goce mantenía por medio de la fuerza. La justicia exigía, por lo mismo, según Lozada, que la raza primitiva del país reivindicara sus derechos y con estos principios quedaba santificado el despojo.

Lozada creyó oportuno en el año de 1872 poner en práctica estos principios. Ya en los primeros meses del año comenzó a enviar comisionados a los pueblos limítrofes del cantón de Tepic para que se pronunciaran a su favor, bajo el concepto de que este acto los haría acreedores a la repartición de terrenos, y alistó sus fuerzas para emprender la campaña. Muchos pueblos, durante este año, comenzaron a levantar actas separándose de Jalisco y agregándose a Tepic. Lozada, hacia el mes de agosto, llevó a cabo la repartición de los terrenos del cantón, reclamada mucho tiempo hacía por los indios, pues si bien es cierto que el mayor número de estos terrenos se hallaban abandonados por sus dueños y en poder de los indígenas, tenían éstos una posesión de hecho, sin ningún carácter legal. Lozada se lo quiso dar; nombró una comisión que escuchase los reclamos indígenas y de plano fallara sobre ellos.

De esta manera las haciendas de los particulares fueron repartidas y sus bienes muebles confiscados a título de indemnización de perjuicios; mas como era difícil contentar todas las aspiraciones y premiar todos los servicios, tales actos de Lozada fueron un germen de discordia que pronto estalló en el seno de aquellos pueblos.