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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1871 Programa del Partido Republicano Progresista que propone al pueblo la candidatura de Sebastián Lerdo de Tejada para la Presidencia.

Aprox. Enero 1871

 

La situación a que ha llegado la república debe fijar muy especialmente la atención de los buenos mexicanos que deseen ver a la patria disfrutando al fin los inmensos beneficios de una paz sólida y duradera, basada en las libres instituciones que nos rigen.

Terminada la obra gloriosa de la revolución democrática, hemos llegado a una época en que se hace sentir la necesidad de reconstruir el edificio social y político, consumando la tarea que con el sacrificio de su vida iniciaron los padres de la libertad mexicana.

Triunfante la independencia de sus más poderosos enemigos, destruidos todos los obstáculos que se oponían al establecimiento de las instituciones populares; sin peligros serios que temer dentro o fuera de la nación, hoy todos los esfuerzos deben dirigirse a consolidar esas preciosas conquistas, a radicar el imperio de la ley, a hacer que los ciudadanos gocen de las garantías que la Constitución otorga, a extinguir todo germen de trastorno, a levantar la condición del pueblo, a propagar la instrucción, y a desarrollar los infinitos elementos de riqueza que colocarán a México entre las primeras potencias del mundo.

Todo concurre a hacer presentir que no está lejos el día en que nuestra patria dé el bello espectáculo de un pueblo libre y feliz. El buen sentido público, al rechazar cualquier maniobra que tienda a turbar el curso normal de las instituciones, manifiesta bien claramente que pasaron los períodos de agitación y de lucha armada, y que ahora no hay más que un solo deseo, una sola aspiración: la paz, el progreso, el reinado del derecho y de la libertad.

Acercándose el tiempo en que, conforme a la ley, el pueblo tiene que elegir sus mandatarios, ejerciendo directamente el acto más augusto de su soberanía, la atención pública despierta y los diversos partidos se mueven, haciendo la propaganda de sus ideas, y proponiendo a los candidatos que les inspiren mayor confianza para plantear su programa.

Nada puede haber más majestuoso que esas agitaciones de la democracia, que revelan la vida y la energía, propias sólo de los países libres. Cada partidlo, cada ciudadano, pueden emitir con entera franqueza sus opiniones sobre los negocios públicos; pueden presentar ante la sociedad sus ideas políticas y administrativas, formularlas y entregarlas a una amplia discusión.

Nunca más que en estas circunstancias, es necesario ver con toda claridad la situación, darse cuenta de sus exigencias para indicar las soluciones que reclama el bien del pueblo y el espíritu de nuestras instituciones.

Si los grandes principios de la democracia son hechos adquiridos e incontrovertibles; si ellos están consignados en nuestra ley fundamental, la tarea del partido republicano progresista se reduce en la actualidad a desarrollar esos principios, a evitar que se desnaturalicen en su aplicación, a esforzarse para que produzcan los abundantes y sazonados frutos que recogen nuestros venturosos vecinos del norte.

De estas sencillas observaciones se deriva el pensamiento capital en que se concreta nuestro programa, y que puede reducirse a la siguiente fórmula:

Conservar la paz pública y afianzar las instituciones políticas bajo las cuales se halla constituida la nación.

He aquí, en nuestro sentir, cuáles son las exigencias principales de la situación actual, para obtener este gran resultado:

1ª. México no reanudará relaciones con las potencias extranjeras sino sobre bases prudentes y previsoras. Nuestros tratados y convenciones deben reducirse a lo más preciso, conteniendo en sí mismos el principio de su reforma o modificación.

2ª. La independencia y soberanía de los estados serán profundamente respetadas, absteniéndose el gobierno general de toda intervención en sus cuestiones interiores.

3ª. Iniciar las medidas necesarias para que la organización y reemplazos del ejército sean conformes con el espíritu de las instituciones democráticas y las necesidades públicas.

4ª. Respecto a las garantías individuales, otorgadas por la Constitución, castigando con todo el rigor de las leyes a las autoridades que las violen.

5ª. Desarrollo ilimitado de la enseñanza pública gratuita, especialmente la primaria, procurando extenderla hasta donde sea posible en la clase indígena, vista en lo general con una punible indiferencia.

6ª. Hacer efectiva la seguridad individual por medio de una policía bien organizada que persiga eficazmente a los malhechores.

7ª. Afianzar el derecho inviolable de la propiedad contra toda invasión del poder, considerando este derecho como el fundamento del orden social.

8ª. Organización de la hacienda pública para que se nivelen los egresos con los ingresos, introduciendo una prudente economía en los gastos, reduciendo el número de empleados a los estrictamente necesarios, y ejerciendo la más severa vigilancia sobre los encargados del manejo de caudales nacionales, haciéndose efectiva la responsabilidad por las faltas en que incurran.

9ª. Arreglar de preferencia, sobre bases justas, la amortización de la deuda pública, y proteger el desarrollo de toda clase de establecimientos de crédito para movilizar la riqueza del país y fundar el crédito nacional.

10ª. El gobierno no debe ser empresario; en consecuencia, las obras públicas se rematarán a compañías particulares, procurando que esto sea en los términos más favorables para el interés general, y con las mayores economías posibles para el erario.

11ª. Estimular muy especialmente la inmigración y las mejoras materiales, ofreciendo a las empresas que se formen con estos objetos, todas las franquicias compatibles con el bien público.

12ª. Procurar que la democracia y la soberanía del pueblo sean verdades prácticas, por los siguientes medios: observación estricta de la ley; respeto y apoyo a las autoridades legalmente establecidas; sumisión al voto libremente emitido de las mayorías; condenación de toda maniobra que tienda a trastornar el orden público, a subvertir las instituciones o a derribar a los funcionarios constituidos por la ley; reprobación absoluta de todo manejo que se proponga falsear el voto popular, sea que proceda de las autoridades o de los partidos, aplicando a los infractores el rigor de las leyes.

13ª. Introducir la más severa moralidad en todos los ramos de la administración pública, exigiendo en los empleados honradez y aptitud necesarias para el desempeño de su encargo.

14ª. Iniciar las medidas conducentes a la libertad de los municipios

15ª. Expeditar por medio de la reforma de nuestro sistema hacendario la libertad de comercio.

16ª. Atender con la debida preferencia a los estados fronterizos y a la península de Yucatán, promoviendo todo lo que apresure el término de las guerras de castas y de indios bárbaros, especialmente por medio de la colonización de sus desiertos.

17ª. No separarse un punto del fiel cumplimiento de la Constitución y leyes de reforma, buscando en los diversos casos que se presenten la aplicación más práctica, más racional y más conforme con su espíritu y el bienestar del pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:
Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.