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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1867 Programa Político. Francisco Zarco

Diciembre 1º de 1867

Al volver, hoy después de dilatada y penosa ausencia, al puesto que por muchos años hemos ocupado en la prensa del país, creemos indispensable dar principio a nuestras tareas, declarando que los graves acontecimientos de que ha sido teatro la república, las mil peripecias de la guerra extranjera, y su desenlace glorioso para la causa de la justicia y el derecho no ha alterado en lo mas mínimo antiguas creencias y convicciones políticas; que por el contrario, se han afirmado y fortalecido más y más en nuestro espíritu.

Podríamos acaso fiar en lo notorio de nuestros antecedentes para abstenernos de formular un programa; pero después de una época de tantas vacilaciones, de tan raras inconsecuencias, y de tan vergonzosas defecciones, nos parece preciso para evitar toda duda acerca de la actitud en que apareceremos en la prensa, exponer que nuestros principios son en todo y por todo los mismos que constantemente hemos defendido y de cuyo triunfo jamás hemos dudado.

Seguros estábamos de que era una empresa tan insensata como irrealizable la de aniquilar la independencia de México, y tenemos la satisfacción de contemplar victoriosa y firme la autonomía de nuestra patria, que a costa de inmensos sacrificios, no sólo se ha salvado del yugo extranjero, sino que ha hecho de todo punto imposible la intervención de las caducas monarquías europeas en los destinos de los nuevos y libres pueblos de América.

Teníamos fe en nuestras tradiciones republicanas, y creíamos que las reformas democráticas habían echado raíces profundas en los hábitos de nuestro pueblo. El hecho ha justificado nuestras esperanzas. La monarquía implorada primero por ilusos, y después por bandoleros, importada entre los bagajes de un ejército invasor, apoyada por el poder inmenso de la Francia, reconocida por todas las testas coronadas, que se felicitaron de que hubiera en el mundo otro pueblo esclavizado y escarnecido; la monarquía bendecida por el papa, reforzada por los mercenarios de la Bélgica y del Austria y por los negros del Egipto y de la Nubia; la monarquía destinada a enseñarnos la estabilidad, el orden, la moralidad y la buena administración; la monarquía que debía ser el inexpugnable baluarte de la raza latina contra las invasiones de la raza anglo-sajona, y la muralla que protegiera al catolicismo ultramontano de los avances del protestantismo, y sobre todo, de la osadía de los libres pensadores; esta monarquía tan luego como quedó sin el amparo y sin la ominosa tutela de los ejércitos extranjeros, se desvaneció como el humo, desapareció de nuestro suelo como planta exótica, que sacada fuera del invernáculo, quedó tostada por los ardores del sol; no dejó más recuerdo que el de sus sangrientas iniquidades y el de sus grotescas ridiculeces. La monarquía caminó siempre sin plan, fue prefectura francesa y nada más; sin conocer el país, y queriendo buscar apoyo en un terreno siempre movedizo, se hizo ultra reaccionaria y terrorista para darse después aires de liberal y de amiga de la reforma, conservando lo que estaba llamada a destruir, es decir, la obra del partido liberal. Unos días entregándose a empleados franceses y llamándolos al ministerio; otros, creyendo nacionalizarse con la cooperación de miserables tránsfugas; otros echándose en brazos de la reacción más estúpida y más rencorosa, demostró que vivía al acaso, que carecía de plan, que era dominada por la preocupación constante de su propia inestabilidad, y en suma, que carecía de todo elemento nacional, y no podía jamás hacer olvidar que era el funesto presente de la usurpación extranjera.

El ensayo monárquico se llevó a cabo bajo los auspicios más halagüeños que pudo apetecer el partido conservador, y sin embargo, no pudo durar sin el apoyo de las armas extranjeras que evacuaron nuestro territorio cubiertas de oprobio y de baldón. La caída del imperio ha venido a demostrar al mundo, que en México tienen arraigo las instituciones democráticas, que aquí no es posible la existencia de gobierno alguno que no se derive de la voluntad del pueblo, y no sea esencialmente republicano. En la lucha extranjera el pueblo de México no sólo ha combatido por su independencia, sino también por sus instituciones republicanas consignadas en la carta de 1857. Esta constitución ha sido la bandera del pueblo armado contra el invasor, y así el triunfo nacional ha sido la victoria de la libertad y de la reforma.

Pocas guerras extranjeras se encuentran en la historia en que haya sido tan visible, tan palpable el antagonismo de los principios políticos. Aquí se trataba a un mismo tiempo de rechazar el yugo extranjero y de salvar la forma de gobierno que la nación se había dado libremente en uso de su soberanía. Importa mucho fijar bien el gran carácter político de esta heroica contienda, para que no se frustren los resultados de la victoria, y para que no se nos venga por los tránsfugas de ayer, que volverán a serio mañana, con la pretensión absurda de la fusión de los partidos, para poner nuevos obstáculos a los progresos del país, y disminuir la influencia del vencedor, que ha sido el partido progresista con sus esfuerzos, con sus sacrificios, con sus martirios y con su antigua bandera de libertad y reforma.

En nuestro concepto, la guerra extranjera y sus resultados, la caída del imperio y la restauración completa de la república, ponen los destinos del país por la explícita voluntad del pueblo en manos del partido progresista, y este partido para cumplir con sus grandes deberes de afirmar la independencia, y consolidar y perfeccionar las instituciones, tiene que mostrarse rigurosa y celosamente exclusivista, no por odio ni por reconocer a hombres que no merecen más que el desprecio, sino por amor a los buenos principios, y para evitar que vuelvan a falsearse, y llevando a la nación de precipicio en precipicio para hacerla retroceder, volvamos a contemplar el repugnante y nauseabundo espectáculo de la traición.

El país tiene hambre y sed de justicia, porque comprende que la indulgencia con los traidores, es el colmo de la inmoralidad, y puede volver a poner en peligro la independencia y las instituciones republicanas, a tanta costa salvadas en la última guerra.
 
Si hay esta necesidad de justicia por una parte, por la otra es indispensable al decoro nacional y al porvenir de la república, considerar siempre como nulos y de ningún valor los actos todos del llamado imperio, que nunca pudo obligar la fe de la república, ni imponerle responsabilidades en el interior, ni en el extranjero. Si Maximiliano fue usurpador del poder público, si nunca tuvo ni sombra de legitimidad, si fue ejecutado como caudillo de filibusteros, es evidente que ni su consejo, ni sus ministros, ni sus prefectos, ni sus comisarios, ni sus tribunales ejercieron legítima autoridad, y que por lo mismo, habría algo de degradante y de vergonzosamente inconsecuente en que el gobierno legítimo del país se ocupara en revisar y en examinar los actos del llamado imperio. Esta vergüenza y esta inconsecuencia serían mucho mayores si el más insignificante de esos actos quedara revalidado y sancionado, y en esto hay que pensar que cualquier ligereza puede ser un precedente que se convierta en semillero de dificultades internacionales para México.

Después de la caída del imperio, después de los agravios que nos infirieron todas las potencias que reconocieron al usurpador, la situación es favorable para que, libre como está la república de los compromisos de los antiguos tratados, pueda fijar las bases de su política extranjera, de modo que no quede amagada la independencia por amistades peligrosas, y de manera que cese la pretensión de imponernos obligaciones que no se imponen a ningún otro pueblo, y de considerarnos como inferiores en la familia de las naciones. Es tiempo ya de que México tienda la vista por todo el mundo de Colón y se persuada de que le está reservada la gloriosa misión de iniciar una política continental, que sin ser agresiva defienda a la América de las insolentes pretensiones europeas, y desarrolle en este lado de los mares la libertad y la civilización.

Para poder hacer la guerra extranjera, los legisladores invistieron al ejecutivo del poder ilimitado que necesitaba para levantar ejércitos, procurarse recursos y prolongar la resistencia; y a estas facultades omnímodas sólo pusieron prudentes restricciones para salvar en todo caso la integridad del territorio, la forma de gobierno y los principios de reforma. Difícil es que se juzgue ahora imparcialmente del ejercicio de esta dictadura, que ha atravesado las circunstancias más graves del país y ha luchado con terribles inconvenientes. Se dirá que la dictadura pudo ser más enérgica y más audaz, más inteligente y más activa; pero los que más la censuren tendrán que reconocer que la dictadura no ha comprometido ni una pulgada del territorio nacional, que fue intransigible con las pretensiones del extranjero, que no impuso a la república ningún género de gravámenes ni comprometió su dignidad; y por último, que ha dejado intactas la constitución y las leyes de reforma. Justo será decir que la dictadura ha cumplido con su deber, y que si ha incurrido en errores, si ha cometido desaciertos, no ha comprometido la independencia ni el decoro de la república, ni ha alterado la constitución.

Terminada la guerra, era la aspiración del pueblo, era el deber del gobierno apresurar la restauración del orden constitucional. El buen sentido del país ha sabido hacer menos agitada, menos turbulenta y menos peligrosa de lo que parecía que debía ser, esta difícil transición de la dictadura al régimen constitucional, y México está dando al mundo el espectáculo de un pueblo que tranquilamente se afana por restaurar y consolidar sus instituciones, y por volver al imperio de la ley y sólo de la ley.

Anhelamos la restauración completa del orden constitucional, y creemos que al expresar este deseo nos constituimos en órgano de la voluntad pública. Pasó la necesidad de la dictadura; el pueblo que luchó contra la monarquía y contra el despotismo quiere naturalmente disfrutar de los beneficios de la república y de las garantías constitucionales. Con la restauración de la constitución cesa en el gobierno la inmensa responsabilidad de tener que obrar discrecionalmente. Y por lo mismo le es más fácil gobernar con sólo sujetarse a la ley, lo cual es mucho más sencillo que esperar en cada caso las problemáticas inspiraciones del genio; con la restauración de la constitución quedan satisfechas las aspiraciones del partido progresista que, como hemos dicho antes, es el que triunfó en la guerra extranjera, y con la restauración de la constitución quedan, por último, protegidos y amparados los mismos vencidos, que si acaso tienen que temer el rigor de la ley, no quedan expuestos a procedimientos arbitrarios. Es preciso que la restauración de la constitución sea real, efectiva, verdadera: que no haya en esto engaños, ni subterfugios, ni estratagemas de los que pasan por hábiles en políticas; es preciso que se restaure el respeto a la ley; que tengan regla los poderes públicos; que cese toda autoridad arbitraria y discrecional, y que el ejemplo de la observancia de la constitución venga de las regiones del poder del ejecutivo y de los mismos legisladores, para que en las regiones más bajas pueda ser castigado como reo de un gran crimen todo el que ataque la carta fundamental de la república.

De buena fe debe ensayarse por todos la práctica del sistema constitucional, y así será como se conozcan los puntos en que sea necesaria la reforma. Si el presidente, el congreso de la Unión, los poderes de los Estados, cada uno en su esfera, procuran sujetarse estrictamente a las prescripciones de la constitución, las dificultades que se pulsen, si llegan a pulsarse, no aparecerán como mandadas hacer, como preparadas adrede, para desacreditar el orden legal y realizar miras individuales o de bandería, sino que el país entero comprenderá que hay una necesidad imperiosa de proceder a la reforma.

Pero antes de reformar una constitución, es preciso ensayarla, es indispensable que la enmienda sea aconsejada por la experiencia, y decirse puede que la constitución de 1857 no se ha ensayado todavía. Pisoteada por Comonfort cuando dio el golpe de Estado, recogida entonces por Juárez, hubo necesidad de apelar a la dictadura, y fue también indispensable para vencer a la reacción, promulgar las leyes de reforma que no fueron constitucionales. Adoptadas, sin embargo, por el pueblo, estas leyes triunfaron con la misma constitución y en la restauración de 1861, se encontraron inconvenientes creados por una larga guerra civil que impidieron la plena restauración del régimen constitucional. Apenas iba haciéndose efectivo este régimen cuando sobrevinieron las complicaciones extranjeras, y fue una vez más preciso apelar a la dictadura, cuya duración expira en estos días. Así, pues, en nuestro sentir si hay quien pueda afirmar que la experiencia aconseja éstas o aquellas reformas, y las aspiraciones que a este respecto se formulen, no pasan de meramente especulativas, y no están apoyadas por estudios prácticos.

De lo expuesto, no se infiere que repugnemos toda reforma constitucional, sólo si creemos que antes de procederse a modificar nuestro código fundamental, debe ensayarse éste cual es, y que en materia de tanta gravedad, por ningún motivo debe prescindirse de los prudentes trámites que la misma constitución establece.

Por lo demás, nosotros mismos deseamos algunas reformas que formularemos cuando lo creamos oportuno, y no es un secreto para nadie, que habiendo votado en el congreso constituyente en contra de varias disposiciones de la carta de 1857, tengamos aspiración de que se reforme de acuerdo con nuestras ideas. Pero entonces como ahora, nos inclinamos ante el voto de la mayoría, y no queremos la realización de nuestras aspiraciones sino por el camino legal.

Nos proponemos ser en la prensa, defensores constantes de la constitución, y velar en constante atalaya por su puntual observancia.

Nuestra voz, pues, ahora, como hace años, se hará oír en defensa de la independencia y la dignidad nacional; sostendremos el orden constitucional y estaremos siempre del lado de la legalidad, porque estamos persuadidos de que toda infracción de la ley fundamental pone en peligro la paz pública y vuelve a hundirnos en los horrores de la anarquía. Defenderemos también todos los principios de la reforma y las grandes conquistas consumadas por el valor, por la inteligencia y por la abnegación del partido progresista.

Creemos en el progreso indefinido de la humanidad, y por lo mismo, no podemos contemplar como la suprema de las felicidades, la tranquilidad del statu quo. Nuestro partido debe ser siempre un partido de acción, y a la propaganda de las teorías debe seguir la consumación de hechos prácticos.

Anhelamos con toda el alma la paz, la paz que es sin duda la primera necesidad de la República, pero no queremos esa paz indolente de los pueblos que se resignan a la servidumbre sin pensar en sus derechos ni en su destino, sino la paz activa, inteligente que resulta de la vida, del desarrollo, del movimiento de todos los elementos de la sociedad. Queremos la paz con luchas electorales, con combates de la prensa y en la tribuna, con gobiernos de discusión a donde llegue como guía la expresión de la voluntad pública, con asociaciones populares, con libertad individual, con comercio, con industria, con tráfico libres de toda traba. Queremos, pues, la paz, pero no la paz de Varsovia, sino la paz de la democracia, la de los pueblos que se gobiernan por sí mismos y nunca prestaremos nuestro débil apoyo a la falsa teoría de que para consolidar la paz, sea menester sacrificar la libertad.

Antes de concluir, hay un punto sobre el que tenemos que explicarnos con la mayor franqueza. Se abrigan dudas por algunos de nuestros amigos sobre si vamos a ser escritores ministeriales o de oposición. Nos bastará decir que estaremos siempre del lado de la constitución y de los principios progresistas, sea quien fuere quien los defienda, sea quien fuere quien los ataque o los conculque.

Nuestra ausencia del país ha hecho que seamos enteramente extraños a recientes y apasionadas discusiones y que no hayamos tomado la menor parte en la lucha electoral; lucha en cuyas agitaciones, nos parece descubrir grandes síntomas de vitalidad y no preludios de nuevas convulsiones.

Estas circunstancias nos hacen enteramente imparciales en controversias en que con pesar hemos visto divididos a nuestros amigos políticos, a patriotas que han servido al país y que unidos pueden servirlo todavía. Nuestro deber es inclinarnos ante la expresión de la voluntad pública en la cuestión de las reformas constitucionales, más bien dicho, en el modo de hacer esas reformas. Es también nuestro deber, aceptar y reconocer el resultado de las elecciones como expresión de la voluntad del pueblo y como única fuente de legitimidad.

Volvemos a consagrarnos a las tareas periodísticas, con la misma fe que siempre tuvimos en nuestros principios, en la causa de la independencia de México y en el porvenir de la democracia; pero al propio tiempo con la misma desconfianza que siempre sentimos de nuestra fuerza y de nuestra inteligencia. Dispuestos estamos a volver sobre nuestros errores cuando haya quién nos los demuestre y no pretendemos ser guías sino órganos de la opinión pública, sin que por esto nos creamos obligados a seguirla en los extravíos de que es susceptible. Nuestro primer cuidado, ahora como siempre que hemos escrito para el público, ha sido asegurar nuestra completa y absoluta independencia. Nuestros lectores podrán encontrar en el Siglo errores, desaciertos, exageraciones, cualesquiera otra clase de defectos; pero en medio de todo esto, pueden estar seguros de que nuestras pobres producciones, contendrán siempre las opiniones de hombres de bien que no tienen más inspiraciones que las de su conciencia, su amor al bien público y su adhesión sincera a los principios republicanos.

 

Francisco Zarco.

El Siglo Diez y Nueve