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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1867 Congreso Nacional sobre si el Imperio debe continuar convocado por Maximiliano.

Enero 14 de 1867

 

 

El Congreso anunciado en la proclamación de Orizaba tuvo lugar el 14 de enero. A él se había convocado a los ministros, a los consejeros de Estado, a algunos generales y obispos, así como a algunos notables. En total eran 33 personas. El mariscal Bazaine fue invitado a asistir. He aquí cómo dio cuenta de la sesión el día 18 el periódico L'EreNouvelle:

Igual que en Orizaba, el señor Lares presidió la asamblea en nombre del emperador y planteó en estos términos la cuestión a resolver:

¿En las actuales circunstancias del país, y considerando las cifras proporcionadas por los ministros de la Guerra y de Finanzas, el gobierno imperial debe o puede emprender la pacificación?

El ministro del Interior leyó a continuación una lista de los departamentos que se mantenían fieles al Imperio y expuso las cifras proporcionadas por los Departamentos de la Guerra y de Finanzas.

De estas cifras resultaba que el tesoro contaba, por el momento, con una reserva de 11 millones de piastras. Una vez que se recuperaran los departamentos de San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco, la reserva se elevaría a 22 millones. Esta cifra llegaría a 36 millones cuando el brazo del gobierno imperial pudiera extenderse hasta los confines del país.

El ministro de la Guerra contaba con un efectivo inmediatamente disponible de 26000 hombres.

Una vez terminada la exposición, el señor Lares consultó sucesivamente el consejo de las personas presentes.
El general Leonardo Márquez pensaba que el gobierno debería emprender la guerra vigorosamente, en el entendido de que los recursos de que se disponía, tanto en hombres como en dinero eran más que suficientes para el fin que se perseguía. ¿Por qué descorazonarse?, se preguntaba él. Cierto es que los disidentes mantienen puntos de gran importancia, pero ¿es que no estamos habituados a ocupar hoy las localidades que ellos ocupaban ayer? ¿No es esa la historia cotidiana de una guerra civil?

El señor Tomás Murphy, subsecretario de Estado de Guerra, coincidía con la opinión anterior. Consideraba que las fuerzas disidentes no eran sino una agrupación de pandillas de ladrones.

El señor Marín compartió la opinión del general Márquez. Añadió que si el bien público lo exigiera, él votaría porque se propusiera un acuerdo a los republicanos, pero en vista de que por fortuna el país se mostraba resuelto a sostener al Imperio, él creía que el gobierno debería proseguir con la guerra hasta que se pudiera conseguir una completa pacificación.

El señor García Aguirre era de la opinión de proseguir la guerra a cualquier costo. Si faltaban soldados, había que recurrir al reclutamiento forzado; si faltaba dinero, se debería tomar de dondequiera que lo hubiera.

El mariscal Bazaine leyó un discurso que fue traducido por José María Lacunza. Su excelencia decía que, conforme a la opinión del ejército francés, que había recorrido todo el país, el concepto republicano había entrado en las costumbres y en el pensamiento de la mayoría de los habitantes. Tenía bajo sus órdenes a 40000 soldados franceses, 20000 mexicanos; había tenido a su disposición todos los recursos necesarios y estaba convencido de que el Imperio significaría la guerra, no la paz. En consecuencia, él creía que el emperador se debería retirar.

Los generales Portilla y Galindo se pronunciaron por la guerra a ultranza.

El arzobispo de México se declaró incompetente. Para empezar, su ministerio no lo encaminaba a resolver cuestiones de este género y se hallaba desubicado para comprender las cifras presentadas por los ministros de la Guerra y de Finanzas.

El obispo de San Luis Potosí declaró que al recibir la invitación para asistir al Congreso pensó que se trataría alguna cuestión de moral, e igual que su colega se rehusó a opinar, aunque añadió que el panorama que se hizo sobre las fuerzas liberales era inexacto por lo que él sabía por boca de jefes, que eran personas honorables rodeadas de estimación.

El señor Carlos Sánchez Navarro apoyó calurosamente la continuación de la guerra.

El señor José María Iribarren, comisionado imperial en los departamentos de Sonora y Sinaloa, compartió la opinión del Ministerio. Declaró que si abandonó Mazatlán y los departamentos que le habían sido confiados fue porque había creído que el emperador había abdicado. Consideraba cosa fácil recobrar toda esa región.

El señor Sarabia, comisario imperial en Durango, era de la opinión que el emperador debería abdicar, tomando en cuenta que el estado actual de las cosas era insostenible.

El señor Luis Robles Pezuela expresó su sorpresa al escuchar del ministro de Finanzas que se contaba con una reserva de 11 millones de piastras. En el ejercicio de sus funciones como comisionado imperial en Guanajuato, había observado que los ingresos, lejos de aumentar, por el contrario, habían disminuido de una manera sensible, y no creía que el Imperio se pudiese sostener.

El señor José María Cortés y Esparza hizo notar que la reunión estaba compuesta por elementos heterogéneos, y que las cifras precisas presentadas no avalaban la resolución del asunto propuesto. Los 26000 hombres con los que contaba el ministro de la Guerra, ¿eran soldados o simples hombres armados?, ¿estaban realmente listos para el combate? ¿Cuál de las personas presentes podía responder con certeza, un sí o un no a estas preguntas? Solamente el emperador y sus ministros estaban en posibilidad de tomar una resolución con perfecto conocimiento de causa.

El señor Cortés y Esparza añadió que desde hacía tiempo él consideraba que había la oportunidad para que el emperador se retirara. Él se había expresado en este sentido en la Conferencia de Orizaba e incluso después. Su opinión, lejos de cambiar, se confirmaba ahora. Se decía que el país estaba acostumbrado a la situación en que se hallaba, yeso era verdad, pero cuando se adhirió al Imperio fue precisamente porque creyó dar su adhesión a un orden de cosas en el que la estabilidad traería la paz y la prosperidad nacionales. Esta esperanza no se realizó y quedaban pocas probabilidades de verla realizarse en lo sucesivo.

El señor José Cordero planteó las mismas consideraciones. Creía que, de continuar la guerra, el emperador se arriesgaba a descender al rango de jefe de un partido. Aún más, creía que el Imperio contaba con pocos partidarios, y se pronunció por la abdicación.

El señor Villada leyó un discurso pleno de vehemencia contra los disidentes. Terminó recordando que el emperador había prometido no abandonar a los mexicanos y lo conminó a mantener su promesa.

El señor Víctor Pérez puntualizó diferentes inexactitudes en la lista de los departamentos fieles al Imperio, que había sido leída por el ministro del Interior. Citó ciertas circunscripciones en las que el gobierno no poseía más que un punto, mientras que todo el resto se encontraba en poder de los disidentes. Él deseaba que el emperador conociera toda la verdad e insistió en que se le informara. Se inclinaba por la abdicación.

El señor José Urbano Fonseca mantuvo la opinión que emitió en Orizaba. Estuvo por el sostenimiento del Imperio, pero consideró como poco conveniente que este asunto se pusiera a discusión cada mes.

El padre Agustín Fischer se manifestó por la continuación de la guerra.

De las 33 personas presentes, nueve se abstuvieron de votar, 17 se pronunciaron resueltamente a favor de mantener el Imperio y los otros siete votaron por la abdicación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Van der Smissen Alfred. Recuerdos de México 1864-1867.