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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 
 
2017
 


1865 Decreto sobre la desamortización de los bienes eclesiásticos

Maximiliano, 26 de Febrero de 1865

Con fecha 26 de Febrero, fué publicado en la misma capital el siguiente:

Decreto sobre la desamortización de los bienes eclesiásticos.

Maximiliano, Emperador de Méjico, etc.

Artículo 1º. El Consejo de Estado revisará todas las operaciones de la desamortización de los bienes eclesiásticos llevadas á cabo, en virtud de las leyes del 26 de Junio de 1856, de las de 12 y 13 de Julio de 1859, y demás que á este asunto se refieran.

 

Art. 2 º. Al hacer la revisión, el Consejo dará cuenta de los escesos é injusticias cometidos por fraudes, por violación de las leyes, ó por abusos de los funcionarios encargados de su ejecución.

Art. 3º. El Consejo hará la revisión con pleno conocimiento de causa, y sin otras formalidades que las que juzguen necesarias en cada uno de los casos, para el mayor esclarecimiento de la verdad de los hechos.

Art. 4º. Las resoluciones del Consejo son irrevocables, y serán ejecutadas inmediatamente, sin que se admita recurso alguno en contra.

Art. 5º. Las operaciones lícitas llevadas á cabo, sin fraude, y conforme á las leyes anteriormente citadas, se considerarán como legítimas y confirmadas como tales; las que no se encuentren en este caso, serán declaradas nulas y sin efecto.

Art. 6º. Las operaciones irregulares ejecutadas contra el espíritu de las leyes y con la aprobación del gobierno federal, podrán ser ratificadas, sujetándolas á lo prescrito por las mismas leyes, siempre que de esto no se origine perjuicio á tercero.

Art. 7º. Las operaciones que se declaren nulas podrán revalidarse, siempre que se conformen con la ley de 13 de Julio de 1859, y no se siga de esto perjuicio á tercero por derechos anteriormente adquiridos, sufriendo en tal caso un aumento de 25 por 100 sobre el valor total de la propiedad ó del capital adjudicado.

Art. 8º. Las concesiones hechas por el gobierno federal, á fin de que la parte numeraria de las adjudicaciones fuese pagada con títulos de nuevo crédito, provenientes de servicios personales prestados por los empleados del Estado, no entorpecerán la operación, toda vez que la concesión no se estiende más que á las personas que hayan prestado estos servicios.

Art. 9º. Los derechos legítimamente adquiridos por la ley de 25 de Junio de 1856, no serán anulados sino por renuncia espresa del que los disfrute ó por prueba evidente de que la operación se ha llevado á cabo faltando á esa misma ley. Quedarán igualmente anuladas y sin efecto las renuncias hechas por mujeres que no tengan otra propiedad que la que hayan llevado en dote, como también las de los tutores y curadores á nombre de sus pupilos. 

Art. 10. Para calificar los derechos que se derivan de las anteriores leyes, y los efectos que deban producir, se considerará la fecha de su publicación en cada departamento, conforme á los principios de la legislación.

Art. 11. Las enagenaciones hechas por el clero de las propiedades al mismo, devueltas por la administración de los generales Zuloaga y Miramón, podrán ser válidas, no ocasionándose perjuicio á tercero, por derecho anteriormente adquirido. Podrán ser igualmente reconocidas con el mismo título las operaciones llevadas á cabo, en virtud de las leyes de 12 y 13 de Julio de 1859, y conforme á las que antes de su publicación rejian en sus respectivas localidades.

Art. 12. En las operaciones sobre que hayan recaído juicio ejecutivo, contratos ó transacciones, solo ingresará en el Tesoro, conforme á las prescripciones de la presente ley, lo que se hubiese perdido por fraude en la operación. Esta pérdida recaerá sobre el actual poseedor de la propiedad ó del capital.

Art. 13. Cuando una operación haya sido anulada, deberá exijirse al que resulte culpable las cantidades y valores que por su causa se hubiesen perdido. Se le reconocerá, sin embargo, un interés legal por las cantidades pagadas en metálico y por las mejoras introducidas en las propiedades. Estos reembolsos no tendrán lugar en los casos en que se reconozca que la operación se ha llevado á cabo de una manera fraudulenta.

Art. 14. Para la devolución de créditos cuyos títulos no consten en los departamentos públicos, el Consejo librará un certificado que producirá los mismos efectos legales que los verdaderos y legítimos créditos.

Art. 15. La devolución de las propiedades ó capitales que han sido objeto de las operaciones anuladas, será hecha con arreglo á los productos ó rentas que estas propiedades ó capitales han producido.

Art. 16. Queda establecida una administración de bienes nacionales, que estará á cargo de la administración de propiedades que no han pasado legítimamente al dominio privado. El nuevo departamento recojerá los datos que crea oportunos para la revisión y practicará las operaciones administrativas y económicas correspondientes á cada acto de revisión, ó que fuesen ordenadas por el Consejo. En cuanto á los departamentos, hará lo que juzgue necesario. Deberá proponer igualmente los nombres de los agentes que cumpliesen con las funciones que le han sido designadas. Un consejero ó auditor nombrado por Nos será el inspector de esta administración.

Art. 17. Todos los capitales de bienes nacionales que no hubiesen sido enagenados ó vendidos, los nuevos que resultasen pertenecientes á bienes nacionales, y los que proviniesen de ventas de propiedades hechas posteriormente, serán considerados como nacionales, y se cuidará convenientemente de su administración, y de recibir sus rentas hasta tanto que se les dé una nueva aplicación.

Art. 18. Ningún derecho que proceda directamente de las operaciones de desamortización, podrá hacerse valer ni ejecutar judicial ó extra-judicialmente, hasta tanto que no se haya hecho constar que la operación de que procede, ha sido ya revisada.

Art. 19. Cuando la revisión de un título no se hubiese verificado de una manera legal y conforme, y se probase á la vez que no se habían cumplido por parte del interesado las prescripciones necesarias para obtenerla, podrán hacerse valer los derechos, á los cuales se refiere el artículo anterior.

Art. 20. No podrá ejercerse, judicial ni extra-judicialmente, derecho alguno relativo á los bienes nacionales no incluidos en las operaciones de desamortización, ó en los que hayan sido devueltos á las corporaciones eclesiásticas. Los poseedores de tales bienes deberán hacer esta declaración en el término de dos meses.

Art. 21. Los contraventores á los tres anteriores artículos, serán castigados con una multa de 1000 á 15. 000 duros, ó con una pena de seis meses á cinco años de trabajos forzosos, sin perjuicio de que queden anuladas las operaciones que se hubiesen ejecutado sin los requisitos de la ley.

Art. 22. Las reclamaciones de los capitales se presentarán en el término de seis meses.

Art. 23. Los asuntos pendientes hoy del fallo de los tribunales, en los que conste la validez ó la preferencia de los derechos adquiridos, en virtud de las leyes de desamortización, pasarán al Consejo para que éste resuelva lo conveniente.

Art. 24. Las propiedades pertenecientes á los bienes nacionales que no hayan sido enagenados, en virtud de las leyes anteriormente citadas, y las que pertenezcan al Estado, en virtud de la revisión, serán vendidas en los términos y formas prescritos por las leyes para la venta de los bienes del fisco, y conforme á las prescripciones que se darán á conocer por el reglamento de la presente ley.

Art. 25. El precio de las enagenaciones será de un 6 por 100 anual, con hipoteca sobre la misma propiedad.

Art. 26. Para ser enagenadas las propiedades rústicas, se dividirán en lotes, remitiendo para nuestra aprobación el proyecto de división, que con tal objeto se haga.

Art. 27. En el caso de venta de una propiedad urbana, se dará en igualdad de circunstancias la preferencia á aquel que no tenga otra clase de propiedad, sin que en ninguna ocasión puedan adjudicarse dos propiedades á una misma persona.

Art. 28. Las enagenaciones de bienes municipales, no podrán recaer sino en personas que no posean otra propiedad territorial.

Art. 29. Los escribanos y notarios públicos, remitirán al ministerio de Gracia y Justicia, en el término de dos meses contados desde la publicación de la presente ley, una nota circunstanciada de todas las operaciones que ante los mismos hayan tenido lugar, desde 1º de Junio de 1856, relativamente á los bienes nacionales. Los que faltasen al exacto cumplimiento de esta disposición, serán privados de sus empleos, y castigados con una multa de 200 á 3. 000 duros.

Art. 30. Pasado el término fijado en el anterior artículo, el ministerio de Gracia y Justicia nombrará cierto número de inspectores de protocolos, para asegurarse si se han ó nó cumplido fielmente las precitadas disposiciones.

El presente decreto será depositado en los archivos del Imperio, y publicado en el periódico oficial.

Dado en el Palacio de Méjico á 26 de Febrero de 1865. —Maximiliano. —Por órden de S. M. I., el ministro de Gracia y Justicia, Pedro Escudero y Echanove.

 

 

 

 

 

 

 

Pruneda, Pedro. Historia de la guerra de México desde 1861 á 1867 con todos los documentos diplomáticos justificativos precedida de una introducción que comprende la descripción topográfica del territorio, la reseña de los acontecimientos ocurridos desde que México se constituyó en República Federativa en 1823, hasta la guerra entre Miramón y Juárez y acompañad de 25 á 330 láminas litografiadas, representando retratos de los principales personajes y vistas de las ciudades más populosas. Madrid. Editores, Elizalde y Compañía. 1867. pp. 325-327

 

La Sociedad. Febrero 28 de 1865. Tomo IV. Núm 618. P. 1