Diciembre 21 de 1865

El acto inmoral e impolítico que ha consumado Don Benito Juárez al expedir, por conducto de usted, los decretos de 8 de noviembre próximo pasado, me ha puesto en el penoso caso, atendidas las circunstancias en que se haya la República Mexicana, de protestar, como lo hago, ante la misma Nación, contra el contenido de esos decretos.

1º Porque son contra lo expresamente prevenido por la Constitución política de la República y, en consecuencia, ilegales, arbitrarios, e injustos.

2º Porque crean una dictadura que ejercerá Don Benito Juárez, quien puede quitar y sustituir a su arbitrio a las autoridades de uno de los poderes federales, independiente y soberano y cuyas facultades y nombramiento ha recibido por el voto de la Nación, destruyendo, de este modo, un principio republicano y la base del orden legal, que es la forma de gobierno establecida en la Constitución.

3º Porque son contra las facultades delegadas al poder Ejecutivo por el Congreso, cuya Cámara, no obstante la guerra que México sostiene contra Francia, le dijo al concedérselas en su decreto de 11 de diciembre de 1861: “queda facultado omnipotentemente para dictar cuantas providencias juzgue convenientes en las actuales circunstancias, sin más restricciones que la de salvar la independencia e integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitución y los principios y Leyes de Reforma” y en la ley de 27 de octubre de 1862 le puso la terminante y expresa restricción: que no podía contrariar las prevenciones del título IV de la Constitución, esto es, que no podía declarar si había o no lugar a proceder contra los funcionarios públicos; restricción que tuvo por único objeto evitar que el Presidente abusara del poder y destruyera el orden constitucional.

4º Porque esos decretos comprometen seriamente la independencia nacional, quitándoles a sus defensores un gobierno legítimo, único que puede servirles de centro, de unidad y de bandera y sustituyéndolo con otro ilegal, que no tiene más título que un decreto anticonstitucional que acaba de expedir.

5º Porque ellos importan un insulto al pueblo mexicano y a los que han combatido por sus derechos y en torno de su bandera, al suponerse o inferirse claramente de su texto que la sangre derramada por ese mismo pueblo, sus millares de víctimas y sus esfuerzos heroicos de todas clases en sostén de un principio, no han tenido otro objeto que la defensa de la persona de Don Benito Juárez y que si esa persona no salva a México, México es impotente para hacerlo por sí mismo.

6º Y porque en los fundamentos en que se apoyan esos decretos no sólo se ha hecho uso del sofisma, sino que se ha recurrido hasta la calumnia por lo que toca a mi persona.

El juramento solemne que ha prestado como Presidente Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, teniendo por base la Constitución de la República, queda leal y patrióticamente cumplido por mi parte e incólumes la voluntad nacional y derechos del pueblo consignados en aquel código. La Nación, al recobrar sus derechos, exigirá a los infractores de la ley la responsabilidad respectiva.

Jesús González Ortega

Fuente: Rosen Jólomer Boris. Benito Juárez y Jesús González Ortega: una polémica histórica. México. INEHRM. 2009. p. 115