Juan N. Almonte. Enero 2 de 1864.
Mexicanos:
Al aceptar la elevada misión que se nos ha confiado de consagrar nuestras fuerzas y nuestra inteligencia á preparar los nuevos destinos de nuestra cara patria, no debíamos perder de vista un solo momento las intenciones del soberano cuyos soldados venían á libertar á México de la tiranía para hacerle dueño de sí mismo.
Nuestra línea de conducta, estaba pues, trazada desde antes, por nuestra gratitud hacia la intervención, y por el interés de nuestra patria, que era necesario no separar de la política francesa. Esta política la conocemos todos: lleva siempre en los pliegues de la bandera que la representa, los beneficios de la independencia y la conciliación de los partidos, para espaciar sus bienes en medio de los pueblos oprimidos, asegurando á todos una justicia legal y la protección de sus derechos por la ejecución fiel de las leyes.
Todos los buenos mexicanos han conmovidose de alegría cuando han visto desplegar á esta noble bandera sus colores al lado de la nuestra: el motivo era porque aquella traía á nuestro hermoso país, constantemente trastornado por cincuenta años de revoluciones, la paz y el orden indispensables á Nuestra verdadera regeneración. Nosotros, lo mismo que la gran mayoría de la Nación, lo hemos comprendido así; y llamando á nuestro derredor en los diferentes puestos de la Magistratura y de la administración, á los hombres que en otras épocas se habían distinguido por su ilustración y patriotismo, estábamos persuadidos que comprenderían la nueva situación de México, y que nos secundarían lealmente en la obra del todo patriótica que nos habíamos impuesto: ella no es otra que la reconciliación de los partidos en el terreno de los intereses comunes.
¿Qué ha sucedido sin embargo? La justicia, esta primera y más imperiosa necesidad de los pueblos que se libertan de la tiranía, desde el principio de nuestra reorganización ha desertado de su noble objeto. El Tribunal Supremo, que debía ser la guía natural de todas las demás jurisdicciones que le son inferiores, nada ha olvidado, pero tampoco nada ha aprendido. Los magistrados del pasado que han sido investidos de nuestra confianza, han llevado al santuario de sus deliberaciones el espíritu de partido que se opone á la justicia, favorece las malas pasiones y mantiene el odio y la discordia.
Después de haber agotado todos los medios de persuasión y tolerancia con respecto á esos magistrados de una época cuy a vuelta es imposible, la Regencia persuadida de que la salud de nuestra patria está en la adopción de medidas que no son indicadas por el pueblo generoso que nos prodiga su sangre y su oro, sin otra ambición que la de elevarnos hasta la altura de los pueblos mas civilizados, ha debido resignarse al penoso deber de separar de sus funciones públicas á los magistrados del Tribunal Supremo que nos ha rehusado su cooperación.
¡Mexicanos! estad tranquilos y seguros. La Regencia, investida de la autoridad, vela por nuestros intereses de acuerdo con los gefes de la intervención: el curso de la justicia no será interrumpido; al hacer los nuevos nombramientos de los que se han de encargar de administrarla, no preguntaremos á estos magistrados á que partido han pertenecido; pero sí les exigiremos que lealmente mantengan la balanza igual para todos, sin distinción de opiniones: en caso necesario les recordaremos si lo olvidaren, que las divisiones de la Nación la conducían á una ruina cierta, cuando la mano poderosa del Emperador Napoleón la ha detenido en esa pendiente fatal.
México, Enero 2 de 1864.- Juan N. Almonte.- José Mariano de Salas.
Fuente:
Iglesias González Román (Intr. y recop.). Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno, 1812-1940. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C. Estudios Históricos, Núm. 74. México, 1998. p. 448-449.
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