20 de Enero de 1861

EXCELENTÍSIMO señor:

Llamados por el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República a formar su Gabinete, el excelentísimo señor licenciado don Ignacio Ramírez en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública, el excelentísimo señor don Guillermo Prieto en el de Hacienda y Crédito Público, el excelentísimo señor general don Jesús González Ortega en el de Guerra y Marina, y el que suscribe en el de Relaciones Exteriores, hemos tomado hoy posesión de las carteras respectivas, siéndonos en extremo penoso que la premura de las circunstancias y la necesidad de no paralizar la administración pública en el momento en que se ha consumado el triunfo del orden legal, no nos hayan permitido aguardar la llegada o al menos las respuestas de los excelentísimos señores don Pedro Ogazón, Gobernador del Estado de Jalisco, y don Miguel Auza, del de Zacatecas, llamados por el excelentísimo señor Presidente a las secretarías de Gobernación y de Fomento. La misma urgencia de las circunstancias ha hecho que S. E. encargue interinamente el despacho de Fomento al excelentísimo señor Ramírez, y el de Gobernación al que suscribe.

Contando, sin embargo, con la conformidad de ideas de los excelentísimos señores Ogazón y Auza, a quienes tanto debe la causa del orden legal y que conocen tan profundamente la situación y las necesidades de algunos de los principales Estados de la Unión, hemos creído que no debíamos retardar la formación del Ministerio y el despacho de los negocios, y hoy mismo hemos entrado al ejercicio de nuestras funciones.

Considerando que el ciudadano se debe a todo su país, que en las presentes circunstancias sería casi un crimen negar la más eficaz cooperación a la obra de reorganización social que del Presidente espera la República, y que para ello no habría excusa suficiente en razones de interés particular, ni aun en la desconfianza de nuestras propias fuerzas, hemos venido en torno del primer magistrado de la República, decididos a secundar sus patrióticas miras, a ayudarle hasta donde podamos en la consolidación de la la paz y de la reforma y en la restauración completa y leal del sistema constitucional. Hemos venido resueltos a todo género de sacrificios, al de nuestra tranquilidad, al de nuestras afecciones y aun al de nuestra reputación; pero hemos venido también con todas nuestras opiniones, contodas nuestras convicciones y con el deseo íntimo, sincero de servir a la causa del pueblo, según los principios que defendimos siempre en toda nuestra carrera política. Llenos de adhesión y de respeto al Presidente de la República, reconocidos como mexicanos a su heroica constancia y a su patriótica abnegación por salvar las libertades públicas, somos también ministros responsables ante la ley y ante la opinión de nuestros conciudadanos, y esta consideración nos ha hecho no ascender al poder, sino después de ponernos de acuerdo en un plan completo de gobierno, de proponerlo al jefe del Ejecutivo y de tener el gusto de verlo aceptado por S. E.

No es extraña, en verdad, esta conformidad entre hombres que han defendido la misma causa y que derivan todas sus creencias políticas del principio para ellos incontrovertible de la soberanía del pueblo. Bastó una conferencia de pocas horas para convenir en la marcha que debe seguir la administración, y nos fue grato encontrar en S. E. el Presidente las mismas ideas y las propias aspiraciones que unánimemente expresa la opinión pública.

S. E. ha acordado instruir a la nación de la política que se propone seguir, y con este fin se ha servido prevenirme dirija a V. E. la presente nota.

La primera cuestión que se presenta al Gobierno, es la de decidir si limita y estrecha sus facultades en todos los ramos de la administración a las prescripciones constitucionales, o si en virtud de las circunstancias debe obrar discrecionalmente en algunos casos y suplir con su acción la falta del Poder Legislativo.

Esta cuestión que parece afectar la esencia misma de nuestras instituciones, y la consecuencia de los hombres que proclaman principios liberales, está ya resuelta por la opinión, por la ley de la necesidad y por el espíritu de la revolución progresista. "Constitución y Reforma" ha sido el lema de las banderas del pueblo en la sangrienta lucha que heroica y magnánima ha sostenido contra sus opresores; "Constitución y Reforma" ha sido el grito de guerra que durante tres años ha resonado sin cesar en todo el territorio de la República; "Constitución y Reforma" ha sido la esperanza de los oprimidos en las cárceles y el voto postrero de los mártires que han sucumbido en el patíbulo; "Constitución y Reforma" debe ser, pues, el programa del Gobierno que quiera marchar con la opinión pública y satisfacer las exigencias de la época.

Si el Presidente constitucional ha conservado en medio de los mayores desastres todo el prestigio y toda la fuerza moral de su autoridad, ha sido porque simbolizaba el sistema de gobierno que la Carta de 1857 establece, el gobierno del pueblo por el pueblo, y porque se sabía que cuando lograra sobreponerse a la facción opresora había de devolvernos la libertad política y la libertad civil, los derechos del hombre y los del ciudadano. Si durante la lucha, el pueblo mexicano no se ha detenido ante los más costosos sacrificios, ha sido porque tenía la certidumbre de que al restaurarse la paz había de volver al régimen legal y al sistema representativo. Si el mismo Gobierno, para sostener la guerra y vencer a la facción liberticida ha recurrido a medidas discrecionales, lo ha hecho en fuerza de las circunstancias y sólo con el fin de salvar las instituciones. Pero una vez vencido el bando retrógado, no sólo por las armas, sino también por la reprobación nacional, cesa la triste necesidad de obrar discrecionalmente y el Gobierno está en el deber de no omitir esfuerzo para que el país vuelva al régimen constitucional. No es esto incompatible con la consumación de la Reforma.

Si bien serán respetadas las garantías individuales, cesando el estado de sitio y todo lo excepcional que como una de sus calamidades produjo la guerra civil, el Ejecutivo sin ejercer la dictadura, sin apartarse del sendero que la opinión pública le traza, no paralizará su acción, y en los casos en que lo reclame la necesidad no se cruzará de brazos ante las dificultades por respetar formalidades legales. Tal conducta no probaría adhesión a las instituciones, sino indiferencia hacia los males públicos y una timidez tan indigna como culpable.

El Ejecutivo se esforzará en abreviar el periodo de transición que vamos atravesando, y entretanto, sus esfuerzos se dirigirán a procurar con asiduo empeño allanar los obstáculos que encontrar pudieran los ciudadanos que el pueblo elija para la Suprema Magistratura y para que lo representen en el Congreso de la Unión.

Expedida ya la convocatoria y autorizados los gobiernos de los Estados para señalar los días en que han de verificarse los actos electorales, el Gobierno protesta respetar la libertad del sufragio, no emplear su influencia en esos actos en que se ejerce la soberanía popular, y está íntimamente convencido de que sólo una elección libre y la representación de todas las opiniones políticas puede producir una reconciliación sincera entre los mexicanos, y afirmar la paz que es la primera de nuestras necesidades.

Ya que la legalidad ha triunfado sin transacciones que la falsearan, sin intervención extranjera que humillara no a este o aquel partido, sino a la nación toda, la Constitución puede ser reformada libremente por los medios que ella misma establece. El Gobierno no pondrá mano en estas cuestiones, quequedarán intactas a la resolución que les den el buen sentido y la experiencia de los representantes del pueblo.

El Gobierno asegurará a los mexicanos el ejercicio de todos los derechos que la Constitución les concede. La libertad de enseñanza, la de industria, la de la prensa; el derecho de reunión, el de petición, el de tránsito, y las garantías que el acusado tiene ante los tribunales: todo esto será escrupulosamente respetado por el Ejecutivo.

La necesidad de reorganizar la administración pública y de sacar al país del caos en que lo ha hundido la anarquía, reclama medidas prontas, severas, enérgicas, pero que en nada afectan la cuestión política. El Gobierno las dictará en el orden económico y administrativo para evitar la disolución social, y con este fin ejercerá algunas de las facultades reservadas al Congreso o ejercerá sólo las que, según la Constitución, necesitan del concurso de aquella asamblea.

Las reformas sociales decretadas en Veracruz, y que se reasumen en la nacionalización de los bienes de manos muertas, la libertad de cultos, la consiguiente independencia entre la potestad civil y la espiritual, están sancionadas por la opinión, han sido el principal objeto de la contienda; y en vez de estar en pugna con la Constitución, son el desarrollo del germen que ella contenía. El Gobierno, ni puede ni debe retroceder en la vía de las innovaciones, tan conformes con el espíritu del siglo y que son el único medio de reanimar y fortalecer una sociedad casi aniquilada por inveterados abusos y oscuras preocupaciones, destrozada por medio siglo de discordias. La emancipación del poder civil, la libertad de conciencia, el respeto a todas las creencias, asegurarán la paz y traerán a la República nuevos elementos de riqueza y de prosperidad.

Las Leyes de Reforma no son, como ha dicho el espíritu de partido, una hostilidad contra la religión que profesa la mayoría de los mexicanos; lejos de eso, otorgan a la Iglesia la más amplia libertad, la dejan independiente para que obre en los espíritus y en la conciencia, la apartan del bastardo influjo de la política y hacen cesar aquel fatal consorcio de las dos potestades, que producía el escándalo unas veces de que los gobiernos abusaran del nombre de la religión oprimiéndola, y otras de que el Clero se convirtiera en instrumento de dominación. El Gobierno está resuelto a llevar a cabo las reformas decretadas, a plantearlas en la República entera, y a hacer que se hagan sentir sus beneficios derramándose y descendiendo desde la cumbre de la sociedad hasta las clases más desvalidas.

Procurará combinar todos los intereses creados, aclarará todas las dudas para facilitar la adquisición de la propiedad y lograr no sólo la destrucción del poder que ha mantenido al país en perpetuas agitaciones, sino el desarrollo del crédito, la extinción o disminución de la deuda, la creación del erario, la capitalización de empleos civiles y militares, la reducción del presupuesto y las grandes mejoras materiales.

El Gobierno, pues, seguirá como programa el lema de la bandera que victoriosa ha recorrido la República entera: "Constitución y Reforma". No ejercerá la dictadura, se sujetará al orden legal; pero reorganizará la administración, y en los casos necesarios, dictará medidas legislativas aceptando la responsabilidad que le resulte de no vivir inerte, y de no contemplar impasible los males del país.

Las relaciones exteriores de la República llamarán preferentemente su atención. El Gobierno legítimo que no ha dejado de existir un solo día, que deriva su legitimidad de las instituciones del país, y de la voluntad del pueblo, no puede reconocer que fue Gobierno la facción de Tacubaya, tan sólo porque con ella plugo tratar a los representantes de algunas potencias extranjeras. De este error de la diplomacia, de la connivencia que ésta tuvo con la facción, no puede ser responsable la República. El Gobierno hará valer sus derechos con moderación y dignidad, no provocará conflictos, protesta ante el mundo su deseo sincero de mantener amistosas relaciones con todos los pueblos y de cumplir todos los compromisos internacionales que le imponen los tratados y el derecho de gentes. Cree que los gobiernos de algunas naciones amigas han sido mal informados acerca de la situación de México, procurará hacerles conocer toda la verdad, y guiado por un espíritu de conciliación y de justicia, intentará el arreglo satisfactorio de todas las cuestiones pendientes por todos los medios posibles y que están en práctica en el mundo civilizado, para mantener la armonía y la concordia entre pueblos amigos.

Serán oídas todas las quejas, atendidas todas las reclamaciones fundadas en derecho, y se acreditarán misiones en el extranjero, se recurrirá a los medios de arbitraje o mediación estando seguro el país de que por grande que sea este espíritu de conciliación, nunca llevará al Gobierno al sacrificio de nuestro decoro como potencia soberana e independiente. Mientras se procuren estos arreglos por la vía diplomática, el Gobierno asegura a los extranjeros no sólo las garantías que la Constitución otorga a los habitantes del país y los derechos que les aseguran los tratados, sino una fraternal hospitalidad, todo género de protección, seguridad en sus personas y propiedades, y el libre ejercicio de sus cultos. El Gobierno se propone no hacer uso del derecho que tiene de expulsar al extranjero pernicioso, sino en casos de notoria evidencia y de convenienciapública, pues en lo general no quiere que ante la ley haya diferencias entre nacionales y extranjeros.

Entre las necesidades públicas ocupa un lugar preferente la de restablecer el imperio de la ley, ejercer estricta justicia y no consentir la impunidad de grandes atentados.

Bien quisiera el excelentísimo señor Presidente poder considerar a los usurpadores vencidos hoy por la legalidad, simples adversarios políticos en quienes hubiera que respetar opiniones sinceras y convicciones profundas. Así podría concederles no sólo tolerancia y olvido, sino las mismas libertades y derechos que ellos quisieron arrebatar a la nación entera. Pero en esos hombres, que caminaron sin plan, que ensangrentaron al país, que ultrajaron las leyes, que en su demencia de tiranía se mancharon con hechos atroces y bárbaros, no puede verse un partido político vencido. Formaron una gavilla numerosa, llena de títulos; se llamaron funcionarios públicos, se arrogaron el poder, pero no pensaron más que en saciar viles rencores y ambiciones personales.

A medida que se van examinando los ramos de la administración para reorganizarlos se descubren en todas partes nuevas iniquidades, nuevos atentados y preciso es llamar las cosas por su nombre, nuevos robos de todas clases. Desde el asalto con fractura a la luz del día y atropellando el domicilio y los sellos de un representante extranjero, hasta el hurto furtivo, ratero y miserable. Cuando la sociedad anhela el restablecimiento de la moral; cuando cl mundo execra a los asesinos de Tacubaya; cuando las potencias extranjeras reclaman el castigo de actos de vandalismo cometidos en nombre de la religión, el Gobierno que por seguir impulsos de clemencia concediera impunidad a tan grandes criminales se mancharía con una especie de complicidad y frustraría todas las esperanzas de la nación. Justicia, justicia es el clamor de esta sociedad y justicia habrá que calme su ansiedad. Ni S. E. el Presidente, ni sus ministros abrigan odios ni rencores. No se mancharán con represalias ni venganzas; pero tienen el deber imprescindible de hacer observar las leyes y de que ellas imperen con toda su majestad, con toda su severidad.

El Gobierno, en esta obra de reparación, dejará libres v expeditos a los tribunales, sin coartar en nada su independencia. Los reos serán iuzgados, pero con todas las garantías que otorga la Constitución, y sin sufrir los ultrajes y vejaciones que ellos se complacieron en imponer a los que tenían el delito de pensar, de sentir, de deplorar los males de la patria. Los jueces competentes conocerán de todas las causas de responsabilidad, como conocen día a día de los crímenes del orden común, y las sentencias que pronuncien serán ejecutadas.

Sobre los perjuicios y daños originados unas veces por la policía, otras por la fuerza armada, otras por los llamados gobernantes, queda expedita la acción popular y los tribunales abiertos para conceder reparaciones. El Gobierno se ocupará preferentemente de reorganizar todo el Poder Judicial conforme a las leyes; debe hacer saber al país que ha desechado el proyecto de crear un jurado político y arbitrario para los delitos de la reacción, porque, en su respeto a la ley, a nadie ha querido privar de garantías, no ha querido instituir tribunales revolucionarios, ni dar retroactividad a sus disposiciones.

En lo general, el Gobierno, si no puede llevar a cabo, dejará iniciadas grandes reformas en la administración de justicia, que todas tenderán a simplificarla, a hacerla expedita y regular.

El juicio por jurados, que en un país libre es el complemento de los derechos políticos, se planteará como un ensayo en los lugares directamente administrados por el Gobierno general. Será efectiva la abolición de las costas judiciales, dotando a los encargados de administrar justicia hasta donde lo permita la situación del erario.

Será efectiva la libertad de enseñanza, dejándola a la familia, al municipio, al Estado, a la asociación religiosa. El Gobierno, por su parte, procurará generalizar la instrucción primaria, perfeccionar la facultativa en todas las profesiones, y merecerán todo su cuidado las escuelas de Medicina, de Agricultura, de Artes y Oficios, de Minería y de Comercio, y las academias de bellas artes; establecimientos que encuentra unos casi en ruina, otros totalmente destruidos por el gobierno de vivac, que sentía que su perdición estaba en el desarrollo de las inteligencias y en la difusión de las luces.

Secularizados los establecimientos de utilidad pública, se atenderá también a la educación de las mujeres, dándole la importancia que merece por la influencia que ejerce en la sociedad.

Es deber del Ejecutivo estrechar el vínculo federal, y ayudar a los Estados a plantear su régimen interior con la libertad e independencia que ellos convinieron en el pacto de su unión. Respetando su soberanía en su régimen interior, y creyendo que los que más han luchado lo han hecho por reconquistar las libertades públicas, hará que en la República entera se disfruten desde luego las ventajas todas del orden legal.

Como responsable de la observancia de la Constitución, reasumirá las facultades que sólo a él le corresponden en un orden regular, y que él mismo delegó en virtud de las circunstancias. Procurará el restablecimiento de la paz en todas partes. Se complace en ver en algunos Estados restaurada la observancia de sus constituciones particulares. Igual ventaja debe procurarse en los pocos en que aún subsisten poderes discrecionales; y donde no llegó a terminarse la Constitución deben ser convocadas legislaturas constituyentes, o adoptarse las medidas que reclame la necesidad. Donde quiera que se perturbe el orden público se hará sentir la acción del Gobierno de la Unión; y en las cuestiones interiores de los Estados auxiliará a los poderes legítimos en el caso prevenido en el artículo 116 de la Constitución. El Gobierno cuenta con que los Estados tengan tanta prudencia en la paz, como energía desplegaron durante la guerra. Sin aquélla, ésta sería estéril.

Hay prevenciones constitucionales que casi no pueden tener cumplimiento por falta de las leyes orgánicas y secundarias que debieron reglamentarlas. Esta falta suele originar dudas, desconfianzas y alarmas, y abrir ancha puerta a la arbitrariedad, haciendo ilusorios los más preciosos derechos. Las circunstancias indicarán las materias en que el Ejecutivo tenga que llenar este vacío para asegurar más y más las garantías individuales.

El caso que demanda desde luego alguna resolución, es el de la libertad de imprenta. La Constitución la declara inviolable, no le impone más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública; pero le ofrece la garantía de un jurado de calificación, y otro de sentencia y no hay ninguna ley que organice estos jurados y defina el delito y establezca la pena. El Gobierno que no ha dictado ninguna medida represiva, que quiere marchar con la opinión, que ve en la prensa uno de los medios más a propósito para conocerla, que no teme la censura de sus actos, pues si es fundada, está dispuesto a aprovecharla, ni teme tampoco la calumnia cuando entran en su sistema la publicidad y la franca discusión, se ocupará de desarrollar el artículo constitucional en un reglamento provisorio que dé las más cumplidas garantías a sus antagonistas en el terreno de los debates políticos. Cree que los abusos de la prensa y sus consecuencias se exageran por los enemigos de la discusión y por los que pretenden ser infalibles. Cree que sus abusos tienen su correctivo en la misma imprenta, y está persuadido de que con la libertad, el periodismo puede llegar a ser un elemento de civilización y de progreso, y que en su libertad no sólo se interesan los derechos políticos, sino el comercio y la industria, el trabajo y el capital, la ciencia y la literatura.

En todo lo que afecta a la organización interior de la República y a lo meramente administrativo, el Gobierno procurará combinar el orden con la libertad, de lo que resulta el verdadero progreso. La suerte del Distrito Federal que tanta sufrió del dominio brutal de los usurpadores, no le será indiferente. Exento de preocupaciones, mira en esta heiinosa capital un foco de verdadera civilización, considera que sin ella, no sería completa la victoria de la legalidad, y mira en las muestras de simpatía que sus habitantes han prodigado al Ejército Libertador y al depositario del Ejecutivo, una prueba del apoyo que aquí tienen los principios democráticos y las ideas de reforma No es justo que en esta parte de la República, los ciudadanos estén privados de los derechos que ejercen en todas las demás; no es conveniente ni político que la presencia del Gobierno de la Unión sea incompatible con la prosperidad del punto en que resida.

Desde luego el Gobierno dejará a los ciudadanos en amplia libertad para elegir sus ayuntamientos que hace años no han sido más que comisiones gubernativas. Los elegidos del pueblo promoverán sin duda grandes mejoras, y el Gobierno les ofrece desde ahora toda su cooperación para llevarlas a cabo. Le es sensible no poder desde luego dar al Distrito una nueva organización política conforme a sus necesidades, pero en lo administrativo, no omitirá esfuerzos por mejorar su condición. Tiene acordado mantener, secularizar y perfeccionar todos los establecimientos de enseñanza, de beneficencia y de caridad que aquí existen, y si no puede terminar, preparará a lo menos para cuando se reúna el Congreso, todo lo relativo a una organización política que está de acuerdo con los principios constitucionales, y sobre todo, con el que establece que toda autoridad se deriva del pueblo.

En el ramo de fomento, sean cuales fueren las dificultades de la situación política, se impulsarán todas las mejoras materiales indispensables para el desarrollo de nuestros elementos de prosperidad y de riqueza.

El comercio, la industria, la agricultura y la minería encontrarán la mejor protección, la que consiste en dejarles libertad de crecer, de desarrollarse, de unirse, de apoyarse mutuamente sin que añejos errores económicos produzcan rivalidades absurdas entre elementos que pueden concurrir a un tiempo a la creación del erario y al bien de los particulares. El Gobierno se propone proteger todas las empresas útiles, estimular el espíritu de asociación, realizar las mejoras aunque sea lentamente; y considera como un obstáculo para la industria y para abrir vías de comunicaciones, la profusión de privilegios otorgados con imprevisión, y que sólo han sido valores imaginarios que de mano en mano han ido desmereciendo en cl mercado, si no han servido para grandes abusos y enormes despilfarros. Serán pues revisados esos privilegios y recogidos los que sean contrarios al espíritu liberal de la Constitución y los que hayancaducado y sirvan sólo de obstáculo a la realización de las mejoras.

La medición y deslinde de los terrenos baldíos es un trabajo necesario que puede ser productivo para el erario, aumentar el número de los propietarios y emancipar a la clase indígena de esa especie de servidumbre doméstica y feudal que sobre ella pesa desde que los conquistadores hicieron los repartimientos de indios, como si se tratara de cabezas de ganado.

Es ya tiempo de realizar los proyectos de colonización, que se han estrellado siempre ante el obstáculo de la intolerancia religiosa, de la arbitrariedad sistemática y de la falta de respeto a las garantías individuales. El Gobierno no quiere sólo el aumento numérico de la población sino el de la producción y el consumo, la mejora de la agricultura, el cultivo de muchas de nuestras plantas indígenas estimadas en todos los mercados y la aclimatación de las exóticas, que en nuestros variados climas encontrarán siempre terrenos a propósito. En todas las empresas útiles, el Gobierno no se dejará guiar por el mezquino espíritu de especulación mercantil, no descenderá hasta ponerse detrás del mostrador, y está persuadido de que la libertad y el sistema de "dejar hacer" son los mejores medios de facilitar las grandes mejoras materiales.

En el ramo de la hacienda casi todo está por hacer. El orden, la economía, la regularidad que se han establecido bajo los regímenes constitucionales han desaparecido siempre al erigirse las dictaduras. Los despilfarros originan el caos y la bancarrota.

Ninguna fue tan ruinosa como la que se derivó del Plan de Tacubaya. En todo dejó la confusión y el desorden más espantoso, y envolvió en la ruina del erario la de los bienes de manos muertas. Imposible es reparar los daños causados por tanta ignorancia, por tanta imprevisión, por tantas concusiones. Sólo se puede poner coto a las consecuencias de ese desorden, no aceptando para el país, los compromisos que para esclavizarlo quisieron echarle encima sus verdugos.

La nulidad de los contratos hechos con los facciosos fue declarada oportunamente por el Gobierno legal que la sostendrá y nunca podrá consentir en que el país reconozca como deuda el precio de su servidumbre y de su sangre.

Es menester armonizar las leyes de reforma y sus circulares aclaratorias en el punto de desamortización de los bienes de manos muertas, para conciliar el respeto a los intereses legítimos, procurar recursos al erario y evitar todo género de abusos. La obra de la Reforma además de su importancia social, para ser útil y benéfica necesita ser una obra de estricta justicia y de alta moralidad.

Sin un presupuesto fijo, invariable, es imposible la administración de la Hacienda. La bancarrota y el descrédito fueron siempre el fruto de la prodigalidad. Las rentas públicas en que se aglomeran lo superfluo de la opulencia y el óbolo de la miseria, no son el patrimonio de los gobiernos, ni están destinadas a ganarse amigos y prosélitos: son el bien de la comunidad y no pueden distraerse de lo que a ésta sea benéfico y necesario.

El presupuesto se reducirá a lo más indispensable, y el excelentísimo señor Presidente ha acordado ya que por cada ministerio se le propongan las mayores economías posibles en los presupuestos de los ramos todos de la administración.

Está en las teorías de la época, y lo que es más, en la experiencia de una práctica constante que nada es más ruinoso que el sistema prohibitivo y las restricciones impuestas al tráfico exterior. El Gobierno se propone por lo mismo seguir en esto, como en todo, un sistema de libertad; modificar el arancel de aduanas marítimas, y librar al comercio de las onerosas ritualidades fiscales que sólo sirven para estimular el contrabando.

Si el comercio exterior merece la protección que da la libertad, no es menos digno de ella el tráfico interior. La Constitución prometió la abolición de las alcabalas para una época fija, creyendo que la paz estaba ya consolidada. El tiempo que debía haber pasado en afirmar el edificio constitucional, pasó en el estruendo de la guerra civil; al restaurarse la paz, lo que era sencillo y hacedero en 1857, es casi imposible en 1861; y sin embargo, el Gobierno, al confesar que no puede extinguir en todas sus partes el sistema de alcabalas sin exponerse a la más absoluta penuria de recursos y a poner en peligro la tranquilidad pública, hace a la nación la promesa solemne de comenzar desde luego a disminuir y a abolir los impuestos interiores que pesan sobre los efectos de primera necesidad y sobre la clase más menesterosa, y avanzará en esta senda de libertad y de franquicia a medida que vaya reorganizando la hacienda pública a fuerza de economías, de orden en la administración, de suprimir oficinas y gastos inútiles, y de dar valor a los títulos de la deuda, haciendo la liquidación de la flotante y admitiéndola en los negocios de desamortización.

Ha querido sostenerse que el Gobierno constitucional es el enemigo sistemático de la institución del ejército permanente, dando este nombre a las hordas un tanto disciplinadas, que a las órdenes de forajidos famosos han destruido las libertades públicas y llevado a todas partes la desolación y el exterminio. El Gobierno reconoce la necesidad de que haya ejército permanente, pero proclama que la fuerza armada es para el país y no el país para la fuerza armada. De aquí deduce que el ejército en cuanto a número debe limitarse a las necesidades y a los recursos de la República, y por lo demás, para darle moralidad y disciplina y hacerlo el defensor de la independencia y el apoyo de las libertades públicas es menester no reclutarlo por medio de la leva, no admitir en él gentes perdidas, no recompensar con despachos el espionaje, la delación y otros servicios más infames todavía, no prodigar ascensos a los héroes de antesala, y sobre todo, dar educación, tanto en lo facultativo como en lo civil, a los que han de ser jefes y oficiales. Con este fin se restablecerá el colegio militar, y sólo los jóvenes que hayan hecho sus estudios con aprovechamiento, podrán seguir como oficiales la carrera de las armas. La disposición general que dio de baja a la parte del ejército que sirvió a la reacción, se funda en principios de justicia y era reclamada por la moral pública. Sin embargo, el Gobierno está dispuesto a hacer las excepciones que aconseje la equidad, y al efecto organizará una comisión que revise cada caso particular.

Tales son, señor Gobernador, los puntos principales del programa, conforme al que el nuevo Ministerio ha convenido en encargarse de los negocios públicos, y que ha merecido la aprobación del excelentísimo señor Presidente, a cuya honrosa confianza procurará corresponder el Gabinete sirviendo al país con valor, con lealtad y con desinterés.

S. E. el Presidente me previene comunique a V. E. que discutida y examinada detenidamente por el nuevo Ministerio, la medida de expulsión del señor arzobispo de México, y de algunos señores obispos que tuvieron parte en la subversión de las instituciones y en la prolongación de la guerra civil, la orden de destierro fue plenamente aprobada y se acordó subsistiera.

S. E. el Presidente se digna permitirme añadir que mi voto fue el único que esa medida tuvo en contra en el consejo de ministros, reclamando que los desterrados fuesen sometidos a juicio ante el tribunal competente, que examinara su culpabilidad y fallara conforme a las leyes.

La medida fue defendida con razones no sólo de conveniencia política, sino de legalidad, pues la ley vigente autoriza al Ejecutivo para someter a juicio o expulsar del territorio nacional a los individuos que se hallen en el caso de los señores obispos. Esta circunstancia fue la que movió al excelentísimo señor ministro de la Guerra a votar la medida que había reprobado cuando se discutió en el Ministerio anterior.

Yo persistí en mi opinión, y aún creí que esta diferencia de parecer debía excluirme del Gabinete. Pero como en este solo punto hubo diferencia, como la cuestión estaba resuelta de antemano, y no puede pesar sobre mi responsabilidad, el excelentísimo señor Presidente no consintió en mi separación, y en obsequio de mi reputación de hombre consecuente, tuvo la bondad de autorizarme a dar la presente explicación.

Al cumplir la orden de S. E. de comunicar al Gobierno de ese Estado el programa de la administración, tengo la honra de ofrecer a V. E. las seguridades de mi consideración muy distinguida.

Dios, Libertad y Reforma. México, enero 20 de 1861.

Zarco