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1859 Protesta del gobierno conservador por el reconocimiento al gobierno de Juárez. |
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México, abril 14 de 1859. Habiendo triunfado la causa del orden y de las garantías sociales sobre la más desastrosa demagogia que, pisoteando todos los principios morales y políticos se impuso en el poder desde agosto de 1855 a enero de 1858, el presente Gobierno, emanado del Plan proclamado en Tacubaya el 17 de diciembre de 1857 y enmendado en México el 11 de enero de 1858, se instaló en la capital de México con la aprobación general de la Nación. Este gobierno fue reconocido de inmediato por todos los representantes de las naciones extranjeras, incluyendo al señor Forsyth, ministro de Estados Unidos, quien, uniéndose a sus colegas, felicitó al, Presidente en la toma de posesión. Poco tiempo después, el mencionado ministro de Estados Unidos inició, por orden expresa de su Gobierno, negociaciones con el Gobierno de la República con el objeto de concluir un tratado por el cual se le concedería al Gobierno de Estados Unidos, por una suma estipulada, una parte muy considerable del territorio nacional y el tránsito a perpetuidad a través del Istmo de Tehuantepec. Dado que estas proposiciones eran injuriosas al buen nombre y los intereses vitales de México, fueron rechazadas. Por esta causa, modificó su política el de Estados Unidos, lo que causó gran desconcierto a la Administración (mexicana). Esta nueva política provocó problemas muy desagradables pues hería la susceptibilidad nacional, presentando y sosteniendo quejas exageradas que casi siempre carecían de fundamento. Tales quejas se derivaban casi siempre de otras anteriores contra funcionarios o agentes del Gobierno depuesto. Se les acusaba de graves ofensas en que hacían uso de un lenguaje cáustico e injurioso. También afirmó que el Gobierno utilizó medidas coercitivas para hacerse obedecer de los ciudadanos estadounidenses y, de no lograrlo, poder protestar y suspender relaciones; protegía a los enemigos del Gobierno, quienes son, asimismo, enemigos de la sociedad a causa de los principios de barbarie que manifiestan y la conducta incivilizada que observan. El señor Forsyth llegó hasta el extremo de alojar en su propia casa a los dirigentes de la revolución para que pudieran conspirar con seguridad y, también, para que ocultasen la plata que, por orden del llamado Gobierno Constitucionalista, habían saqueado de los altares de la catedral de Morelia. A pesar de todo esto, el Gobierno de México respetó siempre al ministro de los Estados Unidos y le ofreció todas las consideraciones y prerrogativas propias de su cargo, limitándose solamente a poner en’ conocimiento de su Gobierno, la conducta poco común de su representante. Lejos de ofrecer a México la satisfacción que demandaba su honor, el Gobierno de Estados Unidos aprobó la conducta de su ministro y, sin disimulo alguno, terminó por reconocer oficialmente como legítimo Gobierno de la República Mexicana, al llamado Gobierno Constitucionalista, representado por don Benito Juárez que, por haber sido repudiado y expulsado de todos aquellos lugares de donde quiso establecerse, se ha refugiado en el puerto de Veracruz. En vista de esta contradictoria y desleal conducta, tan opuesta a las leyes internacionales y a los usos establecidos y admitidos por ellas, que no puede tener otro objetivo que la expansión de Estados Unidos a costa de la República Mexicana, ya sea adquiriendo parte de su territorio cualesquiera sean los métodos empleados para ello o celebrando tratados, contratos o convenios para asegurarse influencias y ventajas contrarias a los intereses de México, para lograr sus propósitos tratan de revestir con apariencia de legalidad al mismo Gobierno al que se habían negado a reconocer cuando aún tenían esperanzas de alcanzarlos mediante un entendimiento con el único Gobierno nacional, representante legítimo de la soberanía de México, reconocido por todas las potencias amigas, el suscrito, ministro de Estado y de Relaciones Exteriores, por orden de su excelencia, el Presidente general de dicha República Mexicana, declara: Que cualquiera de los tratados, acuerdos, convenios o contratos, que se hayan celebrado o se celebren de aquí en adelante, entre el Gobierno de Washington y el llamado Gobierno Constitucionalista, son nulos y sin ningún efecto y asegura solemnemente ante el mundo civilizado, a nombre de la Nación, que ahora y siempre México continúa en pleno goce de sus derechos, tanto en lo que se refiere a la integridad de su territorio, de acuerdo con los delineamientos marcados en el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 y el Tratado del 30 de diciembre de 1853, como a cualquier otro asunto en el que los intereses y la soberanía de México sean afectados. Manuel Diez de Bonilla
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