Washington, julio 6 de 1848.

Al Senado y a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:

Presento ante el Congreso copias de un tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos y la República Mexicana, cuyas ratificaciones quedaron debidamente cambiadas en la ciudad de Querétaro en México el día 30 de mayo de 1848. La guerra en que nuestro país se vio envuelto contra su voluntad para la necesaria vindicación del honor y de los derechos nacionales ha quedado así terminada, y felicito al Congreso y a nuestros electores por la restauración de una paz honrosa.

Los extensos y valiosos territorios cedidos por México a los Estados Unidos constituyen una indemnización por lo pasado, y las brillantes proezas y señaladas victorias de nuestras armas serán una garantía de seguridad para el futuro, al convencer a todas las naciones de que nuestros derechos deben ser respetados. Los resultados de la guerra con México han dado a los Estados Unidos una reputación nacional en el exterior, que nuestro país no había disfrutado nunca anteriormente. Nuestro poder y nuestros recursos se han dado a conocer y son respetados en todo el mundo, y probablemente nos evitaremos la necesidad de empeñarnos en otra guerra extranjera por muchos años. Es motivo de congratulación que haya transcurrido una guerra de más de dos años sin que se interrumpieran los negocios del país, sin que se agotaran nuestros recursos, y sin que se perjudicara nuestro crédito público.

Para información del Congreso comunico los documentos y correspondencia anexos, relativos a la negociación y ratificación del Tratado.

Antes de que el Tratado pueda cumplirse plenamente de parte de los Estados Unidos, se necesitará expedir algunas leyes.

Será conveniente aprobar las necesarias autorizaciones para el pago de los $ 12.000,000.00 estipulados por el artículo 12 que deben pagarse a México en cuatro abonos anuales iguales. Por Decreto de 3 de marzo de 1847 fueron ya autorizados $3.000,000.00, y esa suma fue pagada al Gobierno Mexicano después del cambio de ratificaciones del Tratado.

El artículo 5 del Tratado dice:

"Con objeto de consignar la línea divisoria con la precisión debida en mapas fehacientes, y para establecer sobre la tierra mojones que pongan a la vista los límites de ambas Repúblicas, según quedan descritos en el presente artículo, nombrará cada uno de los dos Gobiernos un comisario y un agrimensor, que se juntarán antes del término de un año contado desde la fecha del cambio de las ratificaciones de este Tratado, en el Puerto de San Diego, y procederán a señalar y demarcar la expresada línea divisoria en todo su curso hasta la desembocadura del Río Bravo del Norte".

Será necesario que se provea por ley al nombramiento de un comisionado y un agrimensor de parte de los Estados Unidos, para que obren de acuerdo con el comisionado y el agrimensor nombrados por México, a fin de cumplir con las estipulaciones de este artículo. Sería también conveniente proveer por ley al nombramiento de una junta de comisionados para fallar y resolver todas las reclamaciones de nuestros ciudadanos contra el Gobierno Mexicano, que conforme al Tratado han asumido los Estados Unidos.

Nuevo México y Alta California han sido cedidos por México a los Estados Unidos y constituyen ahora una parte de nuestro país. Sería difícil estimar el valor de estas posesiones para los Estados Unidos, que abarcan cerca de diez grados de latitud, que se encuentran adyacentes al territorio de Oregón y se extienden desde el Océano Pacífico hasta el Río Grande, en una distancia media de cerca de mil millas. Por sí solas estas posesiones constituyen un país suficientemente amplio para un gran imperio, y su adquisición apenas cede en importancia a la de la Luisiana en 1803. Ricas en mineral y en recursos agrícolas, con un clima de gran salubridad, abrazan los puertos más importantes de toda la costa del Pacífico en el Continente Norteamericano. La posesión de los puertos de San niego y Monterrey y de la Bahía de San Francisco, pondrán a los Estados Unidos en aptitud de dominar el comercio del Pacífico, valioso ya de por sí, y que aumenta rápidamente. El número de nuestros barcos balleneros que ahora se emplean en el mar excede de 700, que requieren más de 20,000 marinos para navegarlos, mientras que el capital invertido en esta rama particular del comercio se estima en no menos de $40.000,000.00. Los excelentes puertos de la Alta California depararán bajo nuestra bandera seguridad y descanso para nuestra marina comercial, y los mecánicos americanos pronto proporcionarán los medios de construir barcos y repararlos, lo cual ahora tanto se necesita en ese alejado mar.

Mediante la adquisición de estas posesiones nos hallamos ahora en contacto inmediato con la costa occidental de América, desde el Cabo de Hornos hasta las posesiones rusas al Norte de Oregón, con las Islas del Océano Pacífico, y por medio de viajes directos en barcos de vapor, estaremos en menos de treinta días en Cantón, y otros puertos de China.

Con esta vasta región, cuyos ricos recursos pronto quedarán desarrollados por la energía y actividad americanas, grande debe ser el crecimiento de nuestro comercio, y con él pronto habrá nuevas y provechosas demandas de trabajo mecánico en todas sus ramas, y nuevos y valiosos mercados para nuestras manufacturas y productos agrícolas.

Al mismo tiempo que la guerra ha sido llevada a cabo con gran humanidad e indulgencia y con éxito completo de parte nuestra, la paz se ha concluido en términos de lo más liberales y magnánimos para México. En manos de éste, los territorios ahora cedidos habían permanecido y seguramente habrían continuado casi desocupados, siendo de poco valor para él o para cualquiera otra nación, mientras que, formando parte de nuestra Unión, producirán vastos beneficios a los Estados Unidos, al comercio mundial y a los intereses generales de la humanidad.

El establecimiento inmediato de gobiernos territoriales y la extensión de nuestras leyes a estas valiosas posesiones se considera que será no solamente importante, sino indispensable para conservar el orden y la buena administración de justicia dentro de sus confines, para proporcionar protección a los habitantes y para facilitar el desarrollo de los vastos recursos y riquezas que su adquisición ha agregado a nuestro país.

Habiendo terminado la guerra con México ha cesado la facultad del ejecutivo para establecer o para continuar gobiernos civiles temporales en esos territorios, que existían conforme a las leyes de las naciones, cuando se consideraban como provincias conquistadas ocupadas militarmente por nosotros. Al cederlas a los Estados Unidos, México no tiene ya ningún dominio sobre ellas, y hasta que el Congreso tome alguna determinación, los habitantes carecerán de gobierno organizado. Si se dejan en esta condición, será muy probable que reinen la confusión y la anarquía.

Un comercio exterior en cantidad considerable se lleva a cabo ahora en los puertos de Alta California, que requerirá estar regido por nuestras leyes. Tan pronto como nuestro sistema se haya extendido sobre este comercio, se recaudará inmediatamente una considerable suma de impuestos que no hay duda aumentarán año por año. Por estas y otras razones obvias, considero de mi deber recomendar empeñosamente la acción del Congreso sobre este punto en el presente período de sesiones.

Al organizar gobiernos sobre estos territorios llenos de vastas perspectivas para todas las partes de nuestra Unión, invoco ese espíritu de tolerancia, conciliación y transigencia en vuestras deliberaciones con que fue formulada nuestra Constitución, y con que debería ser aplicada, que son tan indispensables para preservar y perpetuar la armonía y la unión de los Estados. Nunca deberíamos olvidar que esta Unión de Estados Confederados fue establecida y cimentada por la unidad de sangre y por los trabajos, sufrimientos, peligros, y triunfos comunes, y ha sido la fuente de nuestra siempre creciente grandeza nacional y de todos nuestros beneficios. Quizá no ha habido época, desde las advertencias tan imponentemente hechas a sus compatriotas por Washington, en que tanto debamos guardarnos contra las divisiones geográficas y las disensiones de partidos, ni que apele con mayor fuerza que ahora al patriotismo, seriedad y reflexión de todos los partidos y de todas las secciones de nuestro país. ¿Quién puede calcular el valor de nuestra gloriosa Unión? Es un modelo y ejemplo para todo el mundo, de un gobierno libre, y es la estrella de la esperanza y el puerto de abrigo para los oprimidos de todos los climas. Conservando nuestra Unión hemos avanzado rápidamente como nación hasta una altura en fuerza, en poder y en felicidad, que no tiene paralelo en la historia del mundo. Ahora que extendemos nuestro bienestar sobre nuevas regiones, ¿no sería imprudente poner en peligro su existencia con divisiones geográficas y disensiones?

Con la mira de alentar la pronta población de estas distantes posesiones, recomiendo que se otorguen concesiones liberales de tierras públicas a todos nuestros ciudadanos que se hayan establecido, o que en un período limitado deseen establecerse dentro de sus confines.

En cumplimiento de las disposiciones del Tratado se han expedido órdenes a nuestras fuerzas militares y navales para que evacuen sin demora las provincias mexicanas, ciudades, villas y lugares fortificados que estemos ocupando militarmente, y que no queden comprendidos en los territorios cedidos a los Estados Unidos. El Ejército está ya en camino de regreso a los Estados Unidos. Aquella porción de él, lo mismo regulares que voluntarios, que se comprometieron a servir durante la guerra con México, serán licenciados tan pronto como pueda transportárseles o enviárseles a lugares convenientes en la proximidad de sus hogares. Una parte del Ejército Regular se empleará en Nuevo México y en la Alta California para proporcionar protección a los habitantes y para cuidar de nuestros intereses en esos territorios.

El viejo Ejército, tal como existía antes del principio de la guerra con México, se cree que será una fuerza suficiente para mantenerlo en servicio durante un período de paz, especialmente si se nos confiere autoridad para llenar las filas de los diversos cuerpos, hasta el número máximo autorizado durante la guerra. Unos cuantos jefes adicionales de línea y de Estado Mayor han sido autorizados y se cree que éstos serán necesarios durante la paz y deberán retenerse en el servicio.

El número de generales puede reducirse a lo que era antes de la guerra, conforme ocurran vacantes por las bajas en el servicio.

Mientras que el pueblo de otros países que viven bajo formas de gobierno menos libres que las nuestras, se han visto oprimidos durante generaciones por los impuestos para sostener grandes ejércitos permanentes en tiempo de paz, nuestra experiencia nos ha enseñado que esos ejércitos son innecesarios en una República. Nuestro ejército permanente debe hallarse en el seno de la sociedad, y estar compuesto de ciudadanos libres que se encuentren siempre listos para tomar las armas en servicio de su patria cuando una emergencia lo requiera. Nuestra experiencia en la guerra que acaba de pasar confirma plenamente la opinión de que semejante ejército puede levantarse con unas cuantas semanas de aviso y que nuestros soldados ciudadanos son iguales a cualesquiera tropas en el mundo. No existe razón por consiguiente para que aumentemos nuestras fuerzas y sometamos nuestra Tesorería a una carga anual siempre. creciente. Una sana política exige que evitemos la creación de un gran ejército permanente en tiempo de paz. Ninguna necesidad pública lo exige. Tales ejércitos no solamente son costosos o innecesarios, sino que pueden llegar a convertirse en un peligro para la libertad.

Además de tomar las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento del Tratado y para el establecimiento de los gobiernos territoriales en la comarca cedida, tenemos otros deberes importantes que cumplir al restaurarse la paz. Entre éstos considero que ninguno es más importante que la adopción de medidas adecuadas para la rápida extinción' de la deuda nacional. Es contrario a una sana política y a la índole de nuestras instituciones, que se permita la existencia de una deuda pública por un día más, si los recursos de la Tesorería ponen al gobierno en aptitud de pagarla.

Deberíamos adoptar la sabia política establecida por el Presidente Washington de "evitar igualmente la acumulación de la deuda no solamente apartando las ocasiones de gastar, sino haciendo vigorosos esfuerzos en tiempo de paz para descargamos de las deudas que las guerras inevitables hayan ocasionado sin echar injustamente sobre la posteridad el peso que nosotros deberíamos soportar".

Al principio de la presente administración la deuda pública ascendía a $I7,788,799.62. Como consecuencia de la guerra con México se ha visto necesariamente aumentada, y ahora sube a $65.788,450.4I incluyendo los bonos y las notas de Tesorería que deberán todavía expedirse conforme al Decreto de 28 de enero de I847 y el préstamo de $I6.000,000.00 recientemente negociado conforme al Decreto de marzo 3I de I848.

Además del monto de la deuda, el Tratado estipula que se pagarán $I2.000,000.00 a México en cuatro abonos anuales iguales de $3.000,000.00 cada uno, el primero de los cuales vencerá el 30 de mayo de I849. El Tratado estipula también que los Estados Unidos "asumirán la deuda a nuestros propios ciudadanos y les pagarán las reclamaciones ya liquidadas y falladas contra la República Mexicana", así como "todas las reclamaciones no decididas hasta ahora contra el Gobierno de México" "hasta una suma que no exceda de tres millones y un cuarto de dólares". Las reclamaciones "liquidadas" de los ciudadanos de los Estados Unidos contra México, tales como fueron resueltas por la Comisión Mixta organizada de acuerdo con la Convención entre los Estados Unidos y México de 11 de abril de 1839, ascendían a $2.026,139.68. Esta suma era pagadera en veinte abonos mensuales. Tres de esos abonos han sido pagados a los reclamantes por el Gobierno Mexicano, y dos por los Estados Unidos, quedando por pagarse, del principal de la deuda liquidada que asumieron los Estados Unidos, la suma de $1.5I9,604.76 juntamente con los intereses caídos. Se cree que estas diversas sumas de reclamaciones "liquidadas" y no liquidadas asumidas por los Estados Unidos puedan pagarse conforme se venzan, con los ingresos normales, sin necesidad de emitir bonos o de crear alguna otra deuda pública. No puedo menos de recomendar con suficiente energía al Congreso la importancia de manejar con economía nuestros recursos nacionales, de limitar los gastos públicos a las necesidades indispensables y de aplicar todo el sobrante que exista en cualquier tiempo en la Tesorería, a la redención de la deuda.

[…]

(El resto del mensaje no se refiere propiamente a México; sino a la situación financiera de los Estados Unidos, y a la manera de hacerle frente. N. T.)

James K. Polk

Fuente: Messages and papers of the Presidents.