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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1847 Informe del presidente de Estados Unidos James K. Polk. (Fragmento).

Diciembre 7 de 1847

 

La Providencia nos ha agraciado como a pocos pueblos en el mundo, y es motivo de congratulación que nuestras relaciones con todas las potencias de la tierra, excepto México, continúen siendo de carácter amistoso.

Siempre hemos valorado en mucho la política de cultivar la paz y la buena voluntad con todas las naciones, y yo en lo personal he aplicado regularmente esta política.

Desde el aplazamiento del último Congreso, no ha habido ningún cambio en nuestras relaciones con México. Continúa la guerra con el gobierno de ese país en la que los Estados Unidos fueron forzados a participar.

Considero necesario reiterar, después de haberlas expuesto todas en mi mensaje del 11 de mayo de 1846 y en mi mensaje anual al principio de la sesión del Congreso en diciembre pasado, las graves causas de las reclamaciones que teníamos contra México antes de que éste iniciara las hostilidades.

En esta ocasión basta decir que la abierta violación por parte de México de los derechos individuales y de propiedad de nuestros ciudadanos, los repetidos actos de mala fe de ese país durante muchos años consecutivos y su desatención a los solemnes tratados en los que se estipula la indemnización a nuestros ciudadanos lesionados, no sólo constituyeron un grave motivo de guerra para nosotros, sino que también fueron de un carácter tan serio que justificaron ante el resto del mundo el que hayamos echado mano de este recurso extremo. Con un ansioso deseo de evitar una ruptura entre los dos países, durante años nos abstuvimos de afirmar por la fuerza nuestros claros derechos, y continuamos intentando que se repararan mediante negociaciones amistosas los perjuicios que habíamos sufrido, con la esperanza de que México cediera a los consejos pacíficos y las demandas de justicia. Pero esta esperanza fue vana. El ministro de paz que enviamos a México fue rechazado de manera insultante. El gobierno de México se rehusó incluso a escuchar las condiciones de arreglo que nuestro enviado estaba autorizado a proponer y, finalmente, con pretextos totalmente injustificables, arrastró a los dos países a la guerra invadiendo el territorio del estado de Texas, disparando el primer tiro, y derramando la sangre de nuestros ciudadanos en nuestro propio suelo.

Pese a que la nación que había sido dañada era la estadounidense, México inicio la guerra, y en defensa propia nos vimos obligados a repeler al invasor y reivindicar el honor y los intereses nacionales continuando la guerra hasta lograr una paz justa y honorable.

Cuando supe que México había iniciado las hostilidades, de inmediato lo comunique al Congreso, y le expuse sucintamente las demás causas de reclamaciones contra México; ese organismo, mediante la ley del 13 de mayo de 1846, declaró: "por el acto de la República mexicana, existe un estado de guerra entre ese gobierno y los Estados Unidos". Dicha ley, que declaraba "el estado de guerra por el acto de la República mexicana" y estipulaba su continuación para "terminarla con rapidez y eficacia", fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso -sólo se pronunciaron dos votos en contra en el Senado y catorce en la Cámara de Representantes-.

Una vez que el Congreso declaró el estado de guerra, era mi deber, conforme a la Constitución y a las leyes, dirigirla y proseguirla. He cumplido con mi deber y, aunque en cada fase de la guerra he manifestado la voluntad de terminarla mediante una paz justa, México se ha negado a acceder a cualquier término aceptable para los Estados Unidos desde el punto de vista del honor y los intereses de la nación.

Este organismo tiene pleno conocimiento de los rápidos y brillantes éxitos de nuestras fuerzas armadas y de la vasta extensión del territorio enemigo que fue invadido y conquistado antes del cierre de la última sesión del Congreso. Desde entonces se ha proseguido la guerra con mayor energía y, me es grato aclarar, con un éxito que merece admiración universal. Nunca antes ninguna otra nación había obtenido tantas victorias gloriosas en un periodo tan breve. Nuestro ejército, tanto el regular como el voluntario, se ha cubierto de honores eternos. Siempre que nuestras fuerzas se han enfrentado al enemigo lo han derrotado, pese a que éste las superaba con mucho en número y a menudo se atrincheraba en posiciones de su elección muy fortificadas. No hay alabanzas suficientes para nuestros oficiales y soldados, regulares y voluntarios, por su gallardía, disciplina, indomable valentía y perseverancia; todos ellos han buscado un puesto peligroso y rivalizado entre sí en cuanto a hechos de noble bravura.

Sí bien el corazón de cada patriota tiene motivos de regocijo y todos los pechos deben henchirse con un justo orgullo nacional al contemplar las altas demostraciones de valor, destreza militar consumada, disciplina constante y humanidad que nuestro gallardo ejército ha hecho ante el enemigo vencido, nuestra nación deplora la perdida de muchos valientes oficiales y soldados caídos en defensa del honor y los intereses nacionales. Los valientes caídos encontraron su lúgubre suerte en una tierra extranjera, cumpliendo noblemente su deber y con la bandera de su país ondeando triunfalmente frente al enemigo. Sus patrióticas hazañas son apreciadas en todo lo que valen y sus compatriotas, agradecidos, las recordaremos durante mucho tiempo. El gobierno al que amaron y sirvieron debe extender su cuidado paternal a sus familiares sobrevivientes.

Poco después del aplazamiento de la última sesión del Congreso se recibió la grata noticia de la insigne victoria de Buena Vista y la caída de la ciudad de Veracruz -y, junto con ella, el fuerte de San Juan de Ulúa, que era su defensa-. Con la creencia de que, después de ésta y otras victorias tan honorables para nuestras fuerzas armadas y tan desastrosas para México, era el momento propicio para dar a ese país otra oportunidad, si tenía a bien aprovecharla, de negociar la paz, se envió a un comisionado al cuartel general de nuestro ejército, con plenas facultades para iniciar las negociaciones y celebrar un tratado de paz justo y honorable. No se le dieron instrucciones de ofrecer ninguna otra propuesta para la paz, pero sí se le dio un despacho del secretario de Estado estadounidense dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de México, en respuesta a otro despacho que el segundo envió el 22 de febrero de 1847, en el que se informaba al gobierno de México del nombramiento de dicho comisionado, de la presencia de éste en el cuartel general de nuestro ejército y de que estaba investido con plenas facultades para celebrar un tratado de paz definitivo si el gobierno mexicano estaba dispuesto a ello. Pese a mi renuencia de exponer a los Estados Unidos a otro rechazo indignante, decidí que no debíamos prolongar los males de la guerra ni un día más, salvo que el gobierno mexicano nos obligara a hacerlo.

Se tuvo cuidado de no dar al comisionado instrucciones que pudieran interferir en alguna forma con nuestras operaciones militares o mermar nuestras energías para proseguir con la guerra. No se le concedió ninguna autoridad para controlar esas operaciones. Se le autorizo para mostrar sus instrucciones al general al mando del ejército y, en caso de que se pudiera lograr la celebración y ratificación de un tratado de paz con México, que se lo notificara al general. Éste, a su vez, recibió instrucciones de la Secretaría de Guerra de que, sí eso sucedía, suspendiera las operaciones militares hasta recibir nuevas órdenes. Tales instrucciones tenían la intención de interrumpir las hostilidades hasta que el tratado, una vez ratificado por México, pudiera transmitirse a Washington para que el gobierno de los Estados Unidos tomara las medidas necesarias. También se le indicó al comisionado que, al reunirse con el ejército, le entregara al general al mando el despacho enviado por el secretario de Estado al secretario de Relaciones Exteriores de México; y la Secretaría de Guerra le dio al general la instrucción de que hiciera llegar el despacho al comandante de las fuerzas mexicanas, junto con la petición de que se lo comunicara a su gobierno.

El comisionado llegó al cuartel general del ejército después de otra brillante victoria que corona a nuestras fuerzas en Cerro Gordo.

El despacho que llevaba del secretario de Guerra al general al mando del ejército fue recibido por este oficial después, en Jalapa, el 7 de mayo de 1847, junto con el despacho de la Secretarla de Estado al secretario de Relaciones Exteriores de México, a quien se le transmitió desde Veracruz. Pocos días después, el comisionado llegó al cuartel general del ejército. El 12 de junio de 1847, desde Puebla, se informó al gobierno mexicano de la presencia y del carácter diplomático del comisionado, mediante la transmisión del despacho de la Secretarla de Estado al secretario de Relaciones Exteriores de México.

Después de eso transcurrieron muchas semanas, y no hubo ninguna apertura ni el gobierno mexicano expreso ningún deseo de negociar la paz.

Nuestro ejército continuó su marcha hacia la capital, y cerca de ella se encontró con una resistencia formidable. Nuestras fuerzas se lanzaron al encuentro del enemigo y obtuvieron insignes victorias en las cruentas batallas de Contreras y Churubusco. No fue sino hasta que estas acciones dieron como resultado victorias decisivas y la capital del enemigo cayó en nuestras manos cuando el gobierno mexicano manifestó cierta disposición a negociar la paz; e incluso entonces, como lo han demostrado los hechos, hay muchas razones para creer que era insincero y que el único motivo que tenía para aceptar las negociaciones era ganar tiempo para fortalecer las defensas de su capital y prepararse para renovar la resistencia.

El general al mando del ejército consideró oportuno suspender temporalmente las hostilidades, celebrando un armisticio con objeto de iniciar las negociaciones. México nombró comisionados para que se reunieran con el comisionado de los Estados Unidos. Las conferencias que sostuvieron estos funcionarios de ambos países no culminaron en un tratado de paz.

El comisionado estadounidense llevaba consigo un proyecto de tratado en el que los Estados Unidos requerían que México los indemnizara cediéndoles territorio.

Como bien se sabe, la cesión de parte de su territorio es la única indemnización que México puede dar a nuestros ciudadanos por las reclamaciones, justas y largo tiempo pospuestas, que tienen contra ese país, y a los Estados Unidos por los gastos que le ha causado la guerra. México no tiene ni dinero ni ningún otro medio para cubrir la indemnización requerida. Sí rechazamos esto, no podremos obtener nada más. Rechazar la indemnización negándonos a aceptar una cesión de territorio equivaldría a abandonar nuestras justas demandas y a librar una guerra, solventando todos sus gastos, sin ningún propósito definido.

El estado de guerra abroga los tratados previos entre las partes beligerantes, y un tratado de paz cancela todas las reclamaciones de indemnización por actos injuriosos cometidos bajo la autoridad de un gobierno contra los ciudadanos o súbditos de otro gobierno, a menos que estipule lo contrario. Un tratado de paz que pusiera fin a la guerra sin estipular una indemnización liberaría de sus obligaciones a México, a todas luces el país deudor y agresor en esta guerra. Un tratado de esa naturaleza privaría a nuestros ciudadanos que tienen reclamaciones justas de cualquier recurso contra México o contra su propio gobierno. Nuestro deber con esos ciudadanos tiene que impedimos concertar una paz de tal naturaleza, y no podrá recibir mi aprobación ningún tratado que no proporcione medios amplios para satisfacer dichas reclamaciones.

Un tratado de paz debe conciliar todas las diferencias entre los dos países. Si se firma un tratado que estipule una cesión adecuada de territorio, los Estados Unidos deben liberar a México de todas sus obligaciones y asumir el pago a nuestros ciudadanos. Si, en cambio, los Estados Unidos consienten en firmar un tratado en el que México se comprometa a pagar la fuerte cantidad que implica una indemnización justa a nuestro gobierno y a nuestros ciudadanos, es obvio que ese país no posee los medios para cumplir con sus obligaciones. Los únicos resultados predecibles de un tratado de tal naturaleza serían las mismas decepciones irritantes que hasta ahora han acompañado las violaciones por parte de México de las estipulaciones de tratados similares. Un tratado de tal naturaleza implicaría el cese temporal de las hostilidades, pero no la restauración de la amistad y el entendimiento que deben caracterizar las relaciones futuras de estos países.

Es obvio que el Congreso consideró la indemnización mediante la cesión de territorio cuando aprobó que la guerra siguiera adelante. El Congreso no pudo aceptar que no se recibiera ninguna indemnización de México al terminar la guerra cuando, en mayo de 1846, asignó diez millones de dólares y autorizó al presidente a emplear las fuerzas de la milicia, la marina y el ejército de los Estados Unidos y a aceptar los servicios de 50 000 voluntarios para continuar con la guerra, y cuando, en su última sesión y después de que nuestro ejército invadió México, hizo asignaciones adicionales y autorizó la formación de tropas adicionales para el mismo fin; y, sin embargo, estaba seguro de que si no adquiríamos nada del territorio mexicano no podríamos obtener ninguna otra indemnización. Es obvio que el Congreso consideró la indemnización mediante cesión territorial porque, además, en su última sesión aprobó una ley, por recomendación del Ejecutivo, en virtud de la cual se asignaron tres millones de dólares expresamente para dicho fin. Tal asignación se hizo

para permitir al presidente celebrar un tratado de paz, límites y fronteras con la República mexicana, para que la use en caso de que dicho tratado, una vez que lo firmen los representantes autorizados de ambos gobiernos y lo ratifique México, exija que se gaste en su totalidad o en parte.

El objeto de pedir esta asignación se expresó claramente en los diversos mensajes que comuniqué al respecto al Congreso. En 1803 y 1806 se autorizaron asignaciones similares, a las cuales me referí, como contraprestación parcial por la cesión de la Luisiana y las Floridas. De manera similar, se preveía que al establecer las condiciones de un tratado de límites y fronteras" con México se podría obtener una cesión de territorio con un valor estimado mayor que el monto de nuestras reclamaciones contra ese país, y que el pronto pago de esta suma como contraprestación parcial por el territorio cedido, una vez que se celebrara el tratado y fuera ratificado por México, podría inducir a éste a hacer una cesión territorial satisfactoria para los Estados Unidos; y aunque, debido a que no se ha celebrado dicho tratado, no ha sido necesario usar ninguna parte de la asignación de tres millones de dólares estipulada en esa ley, y toda la suma permanece en la Tesorería, todavía podría aplicarse a ese objeto en caso de que se presentara la contingencia para la cual fue destinada.

La doctrina de no exigir ninguna cesión de territorio es la doctrina de no exigir ninguna indemnización y, sí se aprobara, sería un reconocimiento público de que nuestro país cometió un error y de que la guerra declarada casi por unanimidad por el Congreso fue injusta y debería haber sido abandonada, admisión sin fundamentos reales y degradante para el carácter nacional.

Las condiciones del tratado propuesto por los Estados Unidos no sólo son justas para México, sino también sumamente generosas, considerando el carácter y el monto de nuestras reclamaciones, la iniciación injustificable de las hostilidades por parte de ese país, los gastos en que hemos incurrido por la guerra y el éxito de nuestras fuerzas armadas.
 
Al comisionado estadounidense se le autorizó para convenir en que se señalara el Río Grande como frontera, desde su desembocadura en el Golfo hasta su intersección con la frontera norte de Nuevo México, a los 32° de latitud norte aproximadamente, y obtener una cesión de las provincias de Nuevo México y las Californias a favor de los Estados Unidos, así como el privilegio del derecho de paso por el Istmo de Tehuantepec. Las condiciones de establecer como frontera el Río Grande y ceder Nuevo México y la Alta California a los Estados Unidos constituían un ultimátum, y nuestro comisionado tenía instrucciones de no ceder al respecto en ninguna circunstancia.

Que era evidente, no sólo para México, sino también para todas las demás naciones, que los Estados Unidos no estaban dispuestos a aprovecharse de un país débil insistiendo en arrebatarle todas sus demás provincias, incluyendo muchas de sus poblaciones y ciudades principales, que había conquistado y ocupado con ejército y, al contrario, estaban dispuestos a celebrar con él un tratado con ánimo generoso, lo demuestra el hecho de que se autorizara a nuestro comisionado a devolver a México, en su totalidad, el resto del territorio conquistado por nosotros.

Puesto que el territorio adquirido mediante el establecimiento de la frontera propuesta podría ser considerado de mayor valor que un equivalente justo por nuestras reclamaciones justas, se autorizó al comisionado a que estipulara el pago de la contraprestación pecuniaria adicional que se considerara razonable.

Las condiciones propuestas por los comisionados mexicanos resultaron totalmente inadmisibles. Negociaron como si México fuera la parte victoriosa, y no la vencida. Tenían que haber sabido que su ultimátum nunca sería aceptado. Este exigía a los Estados Unidos desmembrar Texas, entregando a México el área territorial comprendida entre el Nueces y el Río Grande, incluida dentro de sus límites por sus leyes cuando era una república independiente y cuando fue anexada a los Estados Unidos y admitida por el Congreso como uno de los estados de nuestra Unión. No estipulaba en ninguna parte que México debía indemnizar a nuestros ciudadanos por sus reclamaciones justas. En cambio, sí requería que se indemnizara a los ciudadanos mexicanos por las lesiones que nuestras tropas les habían causado durante la guerra. Exigía el derecho de México a imponer y cobrar los aranceles mexicanos sobre los bienes importados a sus puertos bajo la ocupación militar estadounidense durante la guerra, considerando que los propietarios de esos bienes habían pagado a oficiales de los Estados Unidos las contribuciones militares que se les habían impuesto; y ofrecía ceder a los Estados Unidos, por una contraprestación pecuniaria, la parte de la Alta California situada al norte de los 37° de latitud. Estas fueron las irrazonables condiciones propuestas por los comisionados mexicanos.

Consideramos que la cesión de las provincias de Nuevo México y las Californias a los Estados Unidos, propuesta por el comisionado de los Estados Unidos, estaba más acorde con la conveniencia y los intereses de ambas naciones que cualquier otra cesión de territorio a la que pudiéramos inducir a México.

Es obvio para todos aquellos que han observado las condiciones reales del gobierno mexicano durante años pasados, y en el presente, que si México retiene dichas provincias no podrá conservarlas ni gobernarlas por mucho tiempo. Es un país demasiado débil para gobernar estas provincias, ya que están situadas a una distancia de más de 1600 kilómetros de su capital; y si intentara retenerlas, incluso nominalmente, constituirían sólo por un corto tiempo parte de sus dominios, en especial la Alta California.

Desde hace mucho tiempo, la sagacidad de las naciones europeas poderosas ha dirigido su atención a la importancia comercial de esa provincia, y casi estamos seguros de que en el momento en que los Estados Unidos retiraran sus tropas de ahí y dejaran de reclamarla como indemnización, otra potencia se esforzaría por poseerla, ya sea mediante la conquista o la compra. Si ningún gobierno extranjero la adquiriere por uno de estos dos medios, probablemente los habitantes y los extranjeros que se quedaran o que se instalaran ahí establecerían un gobierno revolucionario en el momento en que se supiera que los Estados Unidos habían abandonado el lugar. Tal gobierno sería demasiado débil durante mucho tiempo para mantener su autonomía y, finalmente, sería anexado o se convertiría en una colonia dependiente de un estado más poderoso.
 
En caso de que cualquier gobierno extranjero intentara poseer ese territorio como colonia o incorporarlo de otra manera a su propio territorio, tendría que mantenerse el principio declarado por el presidente Monroe en 1824, y reafirmado por mí en mi primer informe presidencial, de que no se permitirá sin nuestro consentimiento que ninguna potencia extranjera establezca una nueva colonia o dominio en ninguna parte del continente norteamericano. Para defender este principio y oponer resistencia a la invasión de una potencia extranjera, podríamos vernos envueltos en otras guerras más costosas y más difíciles que la que estamos librando ahora.

Las provincias de Nuevo México y las Californias están contiguas a los territorios de los Estados Unidos, y sí pasarán a regirse por nuestras leyes pronto se explotarían sus recursos -minerales, agrícolas, industriales y comerciales-.

La Alta California limita al norte con nuestras posesiones de Oregón y, si se incorporara a los Estados Unidos, pronto sería colonizada por un sector fuerte, emprendedor e inteligente de nuestra población. La bahía de San Francisco y otros puertos de la costa de California proporcionarían refugio a nuestra armada, a nuestros numerosos barcos balleneros y otros navíos mercantes empleados en el Océano Pacífico, y en poco tiempo se convertirían en los emporios de un comercio extenso y productivo con China y otros países de Oriente.

La cesión de dicho territorio aseguraría de inmediato a los Estados Unidos esas ventajas, de las cuales también gozaría todo el mundo comercial; pero mientras sigan formando parte de los dominios mexicanos seguramente no podrán ser disfrutadas ni por México ni por ninguna otra nación.

Nuevo México es una provincia fronteriza y nunca ha tenido un valor considerable para México. Por su ubicación, está vinculado naturalmente con nuestras colonias occidentales. Por otra parte, los límites territoriales del estado de Texas, según estaban definidos en sus leyes antes de ser admitido en nuestra Unión, abarcan toda la parte de Nuevo México que se encuentra al este del Río Grande, sí bien México sigue reclamando este territorio como parte de sus dominios. Es importante arreglar este asunto de los límites.

Existe otra consideración que indujo a creer que el gobierno mexicano incluso podría desear poner dicha provincia bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Numerosas bandas de salvajes fieros y belicosos vagabundean por la provincia y sus territorios. México ha sido, y seguramente continuará siendo, demasiado débil para impedirles que cometan saqueos, robos y asesinatos, no sólo contra los habitantes de Nuevo México, sino también contra los de los demás estados del norte de México. Para estos estados sería una bendición que sus ciudadanos contaran con la protección del poder de los Estados Unidos. En estos momentos, esos salvajes tienen cautivos a muchos mexicanos, principalmente mujeres y niños. Sí los Estados Unidos poseyeran y gobernaran Nuevo México, podríamos impedir eficazmente que esas tribus cometieran tales ultrajes, las obligaríamos a liberar a los cautivos y los devolveríamos a sus familiares y amigos.

AI proponer la adquisición de Nuevo México y las Californias, se sabía que el territorio que ocupaban estas provincias se encontraba deshabitado en su mayor parte, salvo por una cantidad insignificante de población mexicana que sería transferida junto con él.

Estas fueron las principales consideraciones que me indujeron a autorizar las condiciones de paz que se le propusieron a México. Pero fueron rechazadas y, como se puso fin a las negociaciones, se reiniciaron las hostilidades. Nuestro valiente ejército atacó tanto los puntos muy fortificados cercanos a las entradas de la ciudad de México como esta misma ciudad, y después de varios días de enconado conflicto las fuerzas mexicanas, muy superiores en número a las nuestras, fueron sacadas de la ciudad, que nuestras tropas ocuparon.

Inmediatamente después de que se recibió la noticia de los desfavorables resultados de las negociaciones, convencido de que su presencia en el ejército no tenía ningún caso, decidí llamar a nuestro comisionado. Con este objeto, el 6 de octubre pasado se le transmitió un despacho. Se informará al gobierno mexicano este hecho y que en la situación actual considero inconveniente hacer nuevas tentativas de paz, pero que en todo momento estoy dispuesto a recibir y considerar cualquier propuesta de México.

Desde que se autorizó la propuesta generosa de los Estados Unidos, en abril pasado, por causa de la guerra hemos incurrido en cuantiosos gastos y se ha derramado la preciosa sangre de muchos de nuestros patriotas ciudadanos. Esta consideración y la insistencia de México en prolongar la guerra tienen que influir en las condiciones de paz que se estimen adecuadas en lo sucesivo.

Puesto que nuestras fuerzas armadas han resultado victoriosas en todas partes y sometido a nuestra ocupación militar gran parte del territorio del enemigo, incluso su capital, y que las negociaciones de paz han fracasado, surge la importante pregunta de cómo debe proseguir la guerra y cuál debe ser nuestra política en el futuro. No me cabe la menor duda de que deberíamos asegurar y aprovechar las conquistas que hemos logrado y de que, con estos fines, nuestras fuerzas navales y militares deberían apoderarse de todos los puertos, poblados, ciudades y provincias que ya están bajo nuestra ocupación o que podamos tomar en adelante.

Si el gobierno de México hubiera aceptado las condiciones propuestas, equitativas y generosas, habría sido preferible ese modo de arreglo. Puesto que México las declinó y no propuso a cambio otras que pudieran ser aceptables para los Estados Unidos, el honor nacional, no menos que los intereses públicos, requiere que se prosiga la guerra con mayor energía y fuerza hasta que se logre una paz justa y satisfactoria. Mientras tanto, como México se niega a pagar cualquier indemnización, deberíamos adoptar medidas para indemnizarnos nosotros mismos apropiándonos permanentemente de una parte de su territorio. Poco antes de que se iniciara la guerra, nuestras fuerzas tomaron posesión de Nuevo México y las Californias. Se ordenó a nuestros comandantes militares y navales que las conquistaran y conservaran en sus manos, sujetándose a las disposiciones de un tratado de paz.

Estas provincias se encuentran indiscutiblemente en nuestro poder desde hace muchos meses y México ha dejado de oponer resistencia dentro de los límites de las mismas. Me agradaría que nunca se le devolvieran a México. Si el Congreso concuerda con mi opinión de que los Estados Unidos deben retenerlas a manera de indemnización, no veo ninguna buena razón para que no se las someta de inmediato a la jurisdicción civil y las leyes estadounidenses. Esperar que se firme un tratado de paz como el que estamos dispuestos a celebrar, que no cambiaría nuestra actitud respecto a ellas, no puede ser una buena política; nuestros propios intereses y los de los habitantes de esas provincias requieren que se instituya de inmediato en ellas un gobierno estable, responsable y libre. Por tanto, en caso de que el Congreso decida que retengamos permanentemente dichas provincias y que en lo sucesivo se consideren como parte integral de nuestro país, será importante que de inmediato se establezcan ahí gobiernos territoriales, con objeto de proteger mejor a las personas y los bienes. Recomiendo el establecimiento de tales gobiernos territoriales. Esto promoverá la paz y la tranquilidad entre sus habitantes, pues eliminará la duda de si todavía pueden volver a ser sometidos a la jurisdicción de México. Invito al Congreso a que considere, a la brevedad, este importante asunto y tome una decisión al respecto.

Aparte de Nuevo México y las Californias, hemos conquistado y ocupado otras provincias mexicanas. Ahora, estas son gobernadas por nuestros comandantes militares y navales de conformidad con la autoridad general que confiere al conquistador la legislación en materia de conflictos bélicos. Debemos conservarlas para coaccionar a México a que acceda a condiciones justas de paz. Es necesario que dicho gobierno sea dirigido por funcionarios civiles y militares, quienes deberán fijar la compensación legal adecuada que se obtendrá de las contribuciones impuestas al enemigo. Qué otras medidas serán necesarias y cómo deberán aplicarse finalmente, dependerá de cómo se desarrolle la guerra y del rumbo que México considere conveniente tomar en lo sucesivo.

Por la forma en que opino, no puedo favorecer la política que se ha sugerido de retirar totalmente nuestro ejército o replegarnos a determinada línea y simplemente defenderla. Retirar todo nuestro ejército de los territorios que han conquistado mediante hazañas de valentía sin paralelo y a costa de tanta sangre y recursos materiales, en una guerra justa por nuestra parte y que, por la actitud del enemigo no podríamos haber evitado honorablemente, equivaldría a degradar a la nación ante nuestros propios ojos y ante el mundo. Retiramos a una línea y simplemente defenderla no terminaría con la guerra. Por el contrario, alentaría a México a perseverar y continuarla indefinidamente.
 
No es lógico esperar que México, después de negarse a establecer esa línea como una frontera permanente cuando nuestro victorioso ejército tiene en sus manos la capital y el centro del país, nos permita conservar esa línea sin oponer resistencia alguna.
No hay duda de que México continuaría la guerra en las formas más hostigantes y molestas. Se libraría sin descanso una guerra fronteriza con las características más violentas, que abarcaría una extensa línea. Se necesitaría mantener constantemente en el campo un enorme ejército, destacado en puestos y cuarteles a lo largo de dicha línea, a fin de protegerla y defenderla. El enemigo, liberado de la presión de nuestras armas en sus costas y en las pobladas regiones del interior, dirigiría su atención a esta línea, y tras seleccionar un puesto aislado para atacarlo, concentraría sus fuerzas en él. Esta sería la situación que probablemente preferirían los mexicanos, siguiendo su sistema favorito de guerra de guerrillas. Si asumiéramos una actitud defensiva en dicha línea, todas las ventajas del estado de guerra serían para el enemigo. No podríamos exigirle contribuciones y en ninguna forma podríamos hacerle sentir la presión de la guerra; tendríamos que permanecer inactivos y esperar su acercamiento, con la constante incertidumbre de qué punto de la línea atacaría o en qué momento. El enemigo podría reunir y organizar una fuerza gigantesca en su lado de la línea y, ocultando sus intenciones, atacar por sorpresa alguno de nuestros puestos, que por estar tan alejados entre sí no podrían recibir a tiempo refuerzos o ayuda; así, nuestro valiente ejército quedaría expuesto al peligro de verse desprovisto de destacamentos. Y aunque por su valentía sin igual o por el valor mostrado durante esta guerra nuestro ejército rechazara al enemigo, la cantidad de hombres estacionados en cada puesto sería demasiado pequeña para salir en su persecución. Si el enemigo fuera rechazado en un ataque, su única opción sería retirarse a su propio lado de la línea y, sin el miedo de ser perseguido por un ejército, podría fortalecerse para emprender un ataque contra ese u otro puesto. Por otra parte, el enemigo también podría cruzar la línea entre nuestros puestos, hacer incursiones rápidas en nuestro país, asesinar a sus habitantes, causar estragos y después retirarse al interior antes de que pudiéramos concentrar fuerzas para ir en su persecución. Una guerra meramente defensiva de nuestra parte podría tener este carácter hostigante. Si al ser atacadas nuestras fuerzas o encontrándose bajo amenaza de serlo, pudieran rechazar al enemigo y conquistarlo, esto equivaldría a invadir al país enemigo después de haber perdido todas las ventajas de las conquistas alcanzadas, por haberlas abandonado. No sabemos sí para ocupar eficazmente y con seguridad esa línea necesitáramos un ejército tan numeroso como el que se requeriría para proteger nuestras conquistas ya logradas y proseguir la guerra en el centro del país enemigo. Y tampoco tenemos ninguna certeza de que con esa política disminuirían nuestros gastos de guerra. Estoy convencido de que el mejor medio para reivindicar el honor y los intereses nacionales, así como para terminar la guerra en forma honorable, es continuarla con mayor energía y fuerza en las regiones vitales del país enemigo.

En mi mensaje anual de diciembre al Congreso, declaré:

La guerra no se ha librado con fines de conquista, pero, como fue iniciada por México, se ha llevado a cabo en el país enemigo y será continuada con fuerza para obtener una paz honorable, asegurando así una amplia indemnización por sus gastos y para nuestros ciudadanos afectados, quienes han presentado numerosas demandas pecuniarias contra México.

Esta, a mi juicio, continúa siendo nuestra verdadera política, la única que probablemente asegurara una paz permanente.

Nunca he considerado que el objetivo de la guerra sea conquistar permanentemente la República mexicana ni aniquilar su existencia como nación independiente. Por el contrario, ha sido mi deseo que dicha república conserve su nacionalidad y que con un buen gobierno adaptado a su condición sea una república libre, independiente y próspera. Los Estados Unidos fueron una de las primeras naciones en reconocer la independencia de México y siempre han deseado tener con ella relaciones cordiales y de buena vecindad. Debido a la propia conducta de la República mexicana, nos hemos visto obligados a participar en esta guerra. Al continuarla no buscamos derrocar a México como nación; más bien, al reivindicar nuestro honor nacional buscamos resarcimiento por los daños que nos ha infligido e indemnización por nuestras justas demandas en su contra. Exigimos una paz honorable, y esa paz deberá traer consigo indemnización por el pasado y seguridad para el futuro. Hasta ahora, México ha rechazado todos los acuerdos que permitirían alcanzar dicha paz.

Aunque nuestros ejércitos han avanzado de victoria en victoria desde el inicio de la guerra, siempre lo han hecho con la rama de olivo de la paz en su mano, y México siempre ha tenido la posibilidad de detener las hostilidades con el simple hecho de aceptarla.

Sin duda, un gran obstáculo para la paz se deriva del hecho de que, por mucho tiempo, México ha estado dominado por facciones o usurpadores militares; y ha sido tal la condición de inseguridad causada por sus gobiernos sucesivos que cada uno ha sido disuadido de concertar la paz, porque ello implicaría ser expulsado del poder por una facción rival. Tal fue el destino del gobierno del presidente Herrera en 1845, tan sólo por estar dispuesto a escuchar las propuestas de los Estados Unidos para impedir la guerra, según se confirma por la correspondencia oficial efectuada en agosto pasado entre él y su gobierno, de la cual se transcribe aquí una copia. "Por esta única razón, la revolución que lo expulsó del poder" fue iniciada por el general Paredes. Puede ser que el gobierno actual se sienta inseguro por la misma razón.

No cabe duda de que los habitantes de México, pacíficos y bienintencionados, están convencidos de que el verdadero interés de su país es celebrar una paz honorable con los Estados Unidos, pero puede ser que la aprensión de convertirse en víctimas de una facción militar o de un usurpador les haya impedido manifestar sus opiniones con cualquier acción pública. La eliminación de dicha aprensión probablemente les permitiría expresar con absoluta libertad sus opiniones y tomar las medidas necesarias para la restauración de la paz. Es probable que los éxitos continuos de nuestras fuerzas armadas no logren asegurar una paz satisfactoria con un pueblo confundido y dividido por facciones contendientes, ni con un gobierno sujeto a cambios constantes provocados por revoluciones sucesivas. Ante esta situación, sería conveniente que nuestros generales en campaña alentaran a los amigos de la paz en México y les aseguraran protección mediante el establecimiento y mantenimiento de un gobierno republicano libre y de su elección, que pueda y quiera llegar a una paz justa para ellos y compensatoria para nosotros. Quizá esta sería la única forma de obtener dicha paz.

En tal caso, la guerra que México nos ha hecho librar se convertiría en una bendición duradera para ese país. Después de encontrarlo dividido y confundido por facciones, y gobernado por usurpadores militares, deberíamos dejar a México con un gobierno republicano que disfrutara de verdadera independencia, paz y prosperidad, para que cumpliera con su deber en la gran familia de naciones y para que promoviera su propia felicidad mediante la instrumentación y cumplimiento de leyes sensatas.

Sí después de alentarlo y protegerlo y de los esfuerzos perseverantes y sinceros que realizamos desde el momento en que México inició la guerra -e incluso antes- por arreglar nuestras diferencias con ese país, no tenemos éxito en nuestra empresa, habremos agotado todos los medios honorables de buscar la paz y tendremos que continuar ocupando México con nuestros soldados, buscando la indemnización con nuestras propalas manos, y cumpliendo las condiciones que demanda nuestro honor.

Actuar de otra forma en las condiciones actuales en México, y retirar nuestro ejército sin haber alcanzado la paz, no sólo dejaría sin resarcir nuestros males, sino que sería también una señal de nuevas y encarnizadas discordias civiles y de nuevas revoluciones, que irían en contra de las relaciones pacíficas con los Estados Unidos.

Además, si nuestros soldados se retiraran antes de alcanzar la paz, existiría el peligro de que el pueblo mexicano, cansado de las revoluciones sucesivas y privado de protección hacia sus personas y propiedades, tendiera a ceder ante influencias extranjeras y se arrojara a los brazos de algún monarca extranjero para así protegerse de la anarquía y del sufrimiento. Nos deberíamos oponer a esto, por nuestra propia seguridad y conforme a nuestra política establecida. Nunca podríamos consentir que México se convirtiera en una monarquía gobernada por un príncipe extranjero.

México es nuestro vecino, su frontera limita con la nuestra y abarca toda la extensión del continente norteamericano, de océano a océano. Por ello, y por nuestra propia seguridad, no puede sernos indiferente el destino de este país.

Tal vez el gobierno mexicano y su pueblo han malinterpretado nuestra indulgencia y nuestros objetivos al desear llegar a un arreglo amistoso de las diferencias existentes entre ambos países. Quizá supusieron que accederíamos a términos degradantes para nuestra nación; puede ser que hayan sacado conclusiones equivocadas de la supuesta división de opiniones en los Estados Unidos respecto a la guerra y calculado que ganarían mucho prolongándola y que, en última instancia, renunciaríamos a ella y dejaríamos de insistir en cualquier indemnización o cesión de territorio. Sin importar cuál fue la impresión equivocada que determinó su comportamiento, pronto los desengañará la aprobación y el cumplimiento de la enérgica política que hemos propuesto.

En el futuro, debemos hacer sentir al enemigo la presión de la guerra con más fuerza que nunca. En sus inicios, se consideró adecuado llevada a cabo con un espíritu de indulgencia y generosidad. Así se dieron los primeros pasos, hasta donde lo permitió la guerra, para convencer a la mayoría de los mexicanos de que la guerra no se libraba en contra de los habitantes pacíficos de México, sino contra su desleal gobierno, que había comenzado las hostilidades; para sacar de su mente la falsa impresión creada por sus gobernantes interesados e intrigantes, de que, por nuestra parte, se trataba de una guerra contra su religión y para profanar y derrocar sus iglesias, una guerra en la que se violarían sus derechos individuales y sus propiedades. Para eliminar esta falsa impresión, se dio la orden a nuestros comandantes en campaña de que respetaran escrupulosamente la religión y las iglesias de los mexicanos, y de que no se violaran de ninguna forma las propiedades eclesiásticas; también se les dieron instrucciones de que respetaran los derechos individuales, así como las propiedades de quienes no se levantaran en armas contra nosotros.

Con este fin, el general de división Taylor dio garantías al pueblo mexicano en una proclamación emitida según las instrucciones dadas por el secretario de Guerra en junio de 1846; lo mismo hizo el general de división Scott, quien actuó de acuerdo con sus propias convicciones sobre la conveniencia de seguir dichas órdenes, en una proclama del 11 de mayo de 1847. Con este espíritu de generosidad y conciliación, y con el objetivo de impedir que el grueso de la población mexicana se levantara en armas contra nosotros, emprendimos la guerra. Las provisiones y otros pertrechos proporcionados a nuestro ejército por ciudadanos mexicanos fueron pagados a precios justos y generosos, y acordados por ambas partes. Después de unos cuantos meses, fue evidente que tales garantías y buen trato no habían logrado tener el efecto deseado en la población mexicana. Aunque nosotros participamos en la guerra de acuerdo con los principios más humanos y generosos observados por las naciones civilizadas, los mexicanos combatieron con un espíritu muy diferente. El pueblo mexicano no apreció nuestra indulgencia; en general, se volvió hostil hacia los Estados Unidos y aprovechó la menor oportunidad para cometer los excesos más salvajes contra nuestros soldados. Un gran número de mexicanos se levantó en armas y, mediante una guerra de guerrillas, robó y asesinó de la forma más cruel a soldados o tropas que por accidente u otras causas se habían separado del cuerpo principal de nuestro ejército; bandas de guerrilleros y asaltantes infestaron los caminos, atacaron nuestros trenes y nos privaron de provisiones siempre que estuvo en sus manos hacerlo.

Puesto que los mexicanos mostraron ser totalmente incapaces de apreciar nuestra indulgencia y generosidad, se consideró necesario cambiar la forma de conducir la guerra, haciéndoles sentir la presión de ésta de acuerdo con los procedimientos observados en circunstancias similares por todas las demás naciones civilizadas.

Así, el 22 de septiembre de 1846, el secretario de Guerra dio instrucciones al general de división Taylor de "obtener provisiones" para nuestro ejército "del enemigo, sin pagar por ello, y exigir contribuciones para su sustento, si de esta forma Taylor pensaba que podría conseguir suministros abundantes para sus fuerzas". La ejecución de estas instrucciones quedaba, necesariamente, a discreción del oficial al mando, pues estaba más al tanto de las circunstancias, las necesidades del ejército y la viabilidad de aplicar la medida. El 26 de octubre de 1846 el general Taylor contestó desde Monterrey que "entonces, como ahora, habría sido imposible sostener al ejército mediante contribuciones forzadas en dinero o en suministros". Por razones que el mismo señaló, Taylor no adoptó la política de sus instrucciones, pero declaró su disposición de hacerlo "sí el ejército, en operaciones futuras, llegara a una parte del país a la que pudiera obligar a abastecer a los soldados". Taylor continuó pagando por las provisiones recibidas en el país enemigo.

El 3 de abril de 1847 se dieron instrucciones similares al general de división Scott. Éste respondió desde Jalapa el 20 de mayo de 1847, que si se esperaba "que el ejército se sustente con contribuciones obligadas del país, podemos arruinar y exasperar a los habitantes y nosotros morir de hambre". En este sentido, se respetó su juicio, al igual que fue respetado el del general de división Taylor. El general Scott, por sus propias razones, también continuó pagando las provisiones proporcionadas por el enemigo.

Después de que el ejército había llegado al corazón de una de las regiones más ricas de México, se suponía que habían desaparecido los obstáculos que anteriormente impidieron que el ejército obtuviera contribuciones forzadas para su sustento; por tanto, el 1º de septiembre y el 6 de octubre de 1847 el secretario de Guerra repitió la orden en despachos enviados al general Scott. Nuevamente le recalcó la importancia de que el enemigo llevara la carga de la guerra proveyendo los medios de sustento de nuestro ejército, y se le indicó que siguiera esta política a menos que hacerlo implicara privar al ejército de las provisiones necesarias. Se enviaron copias de estos despachos al general Taylor para su gobierno.

El 31 de marzo pasado hice que nuestros comandantes militares y navales recibieran la orden de exigir una contribución militar sobre todas las embarcaciones y mercancía que entraran en cualquiera de los puertos mexicanos ocupados por nuestro ejército, y utilizar dichas contribuciones para sufragar los gastos de la guerra. En virtud del derecho de conquista y las leyes de guerra, el conquistador, por su propia seguridad o conveniencia, puede prohibir el comercio exterior en todos los puertos bajo su ocupación o permitirlo en las condiciones que desee. Antes de que los principales puertos mexicanos fueran bloqueados por nuestra armada, los ingresos derivados de los derechos de importación, conforme a las leyes de México, se pagaban a la Tesorería mexicana. Después de que esos puertos pasaron a ser parte de nuestras posesiones militares, se levantó el bloqueo, y el comercio con ellos se permitió conforme a términos y condiciones prescritos. Los puertos fueron abiertos al comercio con todas las naciones mediante el pago de derechos más moderados que los que cobraba anteriormente México, y los ingresos que antes recibía la Tesorería mexicana fueron recaudados por nuestros oficiales militares y navales para que los utilizaran nuestras fuerzas armadas. Se tuvo cuidado de que nuestros oficiales, soldados y marinos no se ocuparan del manejo de pedidos, y dado que, según lo dispuesto en estos, la mercancía importada debía ser consumida por ciudadanos mexicanos, las contribuciones exigidas fueron en efecto la incautación de los ingresos públicos de México y la aplicación de los mismos para nuestros propios fines. El objeto de esta medida fue obligar al enemigo a contribuir lo más posible con los gastos de guerra.

Si desean conocer el monto de las contribuciones recaudadas de esta forma, remítanse a los informes anexos de la Secretaría de Guerra y de la de Marina, según los cuales se ha recaudado una cifra superior a medio millón de dólares. Esta cifra, sin duda alguna, habría sido mucho mayor de no ser por las dificultades para mantener abiertas las comunicaciones entre la costa y el interior, con objeto de que los propietarios de la mercancía importada la transportaran y vendieran a los habitantes del país. Se tiene confianza en que esta dificultad se solucionará pronto gracias a que hemos enviado más fuerzas al frente de batalla.

Recientemente se han tomado medidas para que los ingresos internos y externos de México en los lugares ocupados por nuestro ejército sean confiscados y recaudados en beneficio de nuestro ejército y nuestra marina.

En mi opinión, la política de imponer contribuciones al enemigo -política que va de acuerdo con el derecho de gentes y que convendría que adoptaran nuestros comandantes militares- debería aplicarse con rigor, ya que se han girado órdenes con este propósito. Mediante esta política, a la vez que nuestra Tesorería sería liberada de fuga de dinero, se obligaría al pueblo mexicano a sentir la carga de la guerra y, dependiendo de sus intereses, podría inducírsele a que exigiera una paz justa a sus gobernantes.
 
Después del aplazamiento de la última sesión del Congreso, en la guerra se presentaron contingencias que, en mi opinión, requerirían que enviáramos al frente una cantidad de soldados mayor que la prevista. Por consiguiente, se reforzó al ejército, "aceptando" los servicios de todas las fuerzas voluntarias autorizadas por el decreto del 13 de mayo de 1846, a pesar de que se cuestionó seriamente la precisión de ese decreto. Con las fuerzas voluntarias que se encuentran actualmente en campaña, más las que habían sido "aceptadas" para "estar en servicio durante doce meses" y liberadas después de ese periodo, se cubrió el total de 50 000 hombres autorizados por el decreto. Se considera importante que al principio de su periodo de sesiones el Congreso confiera la autoridad necesaria para reunir una fuerza regular adicional que preste sus servicios durante la guerra contra México y sea liberada una vez que se celebre y ratifique un acuerdo de paz. Invito al Congreso tomar en consideración las opiniones que el secretario de Guerra expresa en su informe sobre el particular.

También recomiendo que se otorgue autoridad legal para solicitar y aceptar los servicios de un número adicional de voluntarios, autoridad que sólo será ejercida en el momento y grado que requieran las necesidades del servicio.

En la guerra contra México, aunque se ha tenido el mayor cuidado de evitar el menor motivo de queja por parte de las naciones neutrales -y no lo ha habido--, durante nuestra ocupación militar se han garantizado privilegios generosos al comercio en los puertos del enemigo.

De continuar la guerra contra México hasta el 30 de junio de 1849, sería necesario un préstamo más por 20.5 millones de dólares para el año fiscal que concluye ese día, sí no se impone ningún arancel sobre el té y el café, si los predios públicos no se reducen y clasifican por precio, y sí no se recauda ninguna contribución en México. Si según lo propuesto se impone un arancel sobre el té y el café y los predios públicos se reducen y clasifican por precio, el préstamo podría reducirse a 17 millones de dólares, y aun más, gracias a las contribuciones militares que podrían recaudarse en México. Por el momento, sin embargo, no se propone solicitar al Congreso la autoridad para negociar este préstamo para el siguiente año fiscal, ya que se espera sea suficiente el solicitado para el resto del presente año fiscal y las contribuciones militares que pudieran recabarse en México. Si, contrariamente a mis expectativas, se necesitara el préstamo, este hecho sería comunicado al Congreso oportunamente para que tomara las medidas pertinentes durante la presente sesión. Bajo ninguna circunstancia se necesitará tomar más de seis millones de dólares de esa suma antes de la sesión del Congreso en diciembre de 1848.

Se calcula que mediante un arancel moderado sobre estos artículos podrían obtenerse tres millones de dólares al año.

Si el Congreso se procurara esta fuente adicional de ingresos, no sólo disminuiría proporcionalmente el monto del préstamo público utilizado para la guerra contra México, sino que también se fortalecería la confianza del pueblo en la habilidad y determinación del gobierno para cumplir oportunamente todos sus compromisos, y quizá se obtendría a tasas más bajas el préstamo que podría ser necesario negociar.

En el Golfo de México y en el Pacífico, los oficiales de nuestros escuadrones y sus hombres han mostrado gran valentía y prestado servicios inapreciables. En las primeras etapas de la guerra contra México bloqueamos sus puertos en ambas costas y, en últimas fechas, nuestra marina tomó muchos de ellos. Al actuar en cooperación con las fuerzas de tierra, los oficiales de la marina y sus hombres han prestado valientes y distinguidos servicios en tierra así como en el mar, y merecen los más altos elogios de la nación.