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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 
 
2017
 


1846 Informe del presidente de Estados Unidos James K. Polk. (Fragmento).

Diciembre 8 de 1846

En lugar de reparar los desagravios por nuestras propias manos y, tras recibir justas promesas de México, nos abocamos a una nueva negociación, pero los hechos demostraron que su verdadero propósito era postergar la reparación que exigimos y que en justicia se nos debía. Dicha negociación, después de más de un año de retraso, resultó en la Convención del 2 de abril de 1839, "para la solución de reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos de América contra el gobierno de la República mexicana”.

La comisión mixta creada por esta convención para que examinase y resolviese las reclamaciones no fue organizada sino hasta el mes de agosto de 1840, y conforme a los términos de la convención, debía dar por terminadas sus obligaciones a los 18 meses contados a partir de esa fecha. Cuatro de esos 18 meses fueron consumidos en pláticas preliminares sobre puntos frívolos y dilatorios planteados por los comisionados mexicanos, y no fue sino hasta el mes de diciembre de 1840 cuando se inició el estudio de las reclamaciones de nuestros ciudadanos contra México. Restaban sólo 14 meses para examinar y resolver estos numerosos y complicados casos. En el mes de febrero de 1842 venció el plazo de la comisión, y muchas reclamaciones quedaron sin solución por falta de tiempo. Las reclamaciones que fueron falladas por la comisión, y por el árbitro autorizado de conformidad con la convención para decidir en caso de desacuerdo entre los comisionados mexicanos y estadunidenses, ascendieron a 2026 139.68 dólares. Cuando venció el plazo de la comisión, estaban pendientes, para la consideración del árbitro, otras reclamaciones que habían sido examinadas y resueltas por los comisionados estadunidenses, pero que no lo habían sido por los comisionados mexicanos, por un monto de 928 627.88 dólares, respecto a las cuales el árbitro no pronunció fallo alguno, alegando que sus facultades habían terminado con la disolución de la comisión mixta. Además de estas reclamaciones, había otras presentadas por ciudadanos estadunidenses que ascendían a 3 336 837.65 dólares, que habían sido sometidas a la comisión y respecto a las cuales ésta no había tenido el tiempo de decidir antes de la clausura definitiva.

La suma de 2 026 139.68 dólares, que había sido fallada en favor de los demandantes, constituye una deuda cierta de México, respecto a la cual no podía haber desacuerdo alguno, y que ella se obligaba a pagar conforme a los términos y condiciones de la convención. Poco tiempo después de que se hubo fallado este monto, el gobierno mexicano solicitó el aplazamiento de la fecha de pago, alegando que no le convenía efectuar el pago en la fecha estipulada. Con una actitud de amable indulgencia hacia una república hermana, de la que México había abusado durante tanto tiempo, los Estados Unidos accedieron a su petición. El 30 de enero de 1843 se celebró una segunda convención entre los dos gobiernos en la que se declaraba, en su primera página, que "este nuevo acuerdo se celebra por convenir a México". De conformidad con los términos y condiciones de la convención, todos los intereses pendientes de pago sobre los montos de los fallos que habían sido pronunciados en favor de los demandantes, con arreglo a la Convención del 11 de abril de 1839, debían pagarse a ellos el 30 de abril de 1843; se estipuló asimismo que "la suerte principal de dichas deudas más los intereses acumulados debían saldarse en cinco años, en pagos parciales iguales cada tres meses". No obstante haberse celebrado esta convención a petición de México, y con el propósito de aligerarle el peso, los demandantes sólo han recibido los intereses que vencieron el 30 de abril de 1843, así como tres de los veinte pagos parciales. Sí bien el pago de la suma acordada a nuestros ciudadanos, por declaración del propio México, como indemnización por actos de desafueros y agravios reconocidos estaba garantizado en un tratado cuyas obligaciones deben considerar sagradas todas las naciones justas, México ha violado este compromiso solemne negándose a efectuar dicho pago. Los dos pagos parciales que vencieron en abril y julio de 1844, en las circunstancias peculiares relacionadas con ellos, han sido asumidos por los Estados Unidos y pagados a los demandantes, pero México aún los debe. Sin embargo, estas no son todas las causas justas de queja que tenemos. Para que se previera una reparación a los demandantes cuyos casos no fueron fallados por la comisión mixta, de conformidad con la Convención del 11 de abril de 1839, se estipuló, en forma expresa, con fundamento en el artículo 6º de la Convención del 30 de enero de 1843 lo siguiente:

Se celebrará una nueva convención para la resolución de todas las reclamaciones del gobierno y de ciudadanos de los Estados Unidos contra la República de México que al final no fueron falladas por la comisión anterior, reunida en la ciudad de Washington, así como para que se dé solución a todas las reclamaciones del gobierno y de ciudadanos de México contra los Estados Unidos.

De acuerdo con esta disposición, el 20 de noviembre de 1843 los plenipotenciarios de ambos gobiernos celebraron y firmaron una tercera convención en la ciudad de México. En enero de 1844, esta convención fue ratificada por el Senado de los Estados Unidos con dos reformas que, en dicho carácter, eran manifiestamente razonables. AI hacer una referencia a las reformas propuestas por el gobierno de México se interpusieron las mismas evasiones, dificultades y retrasos que han caracterizado, desde hace tanto tiempo, la política de ese gobierno hacia los Estados Unidos. México no ha decidido aun sí accederá o no a ellas, pese a que el tema ha sido repetidamente puesto a su consideración. En consecuencia, México ha violado, por segunda vez, la fe de los tratados al no poner en ejecución el artículo de la Convención de enero de 1843, o al negarse a ello.

Tal es la historia de los agravios que hemos sufrido y soportado pacientemente, a lo largo de muchos años, por causa de México. Lejos de que los perjuicios e insultos que hemos sufrido se resuelvan en forma razonablemente satisfactoria, se han agravado, ya que mientras los Estados Unidos, deseosos de preservar relaciones de buen entendimiento con México, se han consagrado, aunque en vano, a buscar reparación por agravios pasados, siguen ocurriendo constantemente nuevos desafueros, que hacen que sigan aumentando nuestros motivos de queja así como el número de demandas. Mientras que los ciudadanos de los Estados Unidos se dedicaban a un legítimo comercio con México, al amparo de un tratado de "amistad, comercio y navegación", muchos de ellos eran víctimas de perjuicios similares a los que ocurren en tiempos de guerra. En lugar de ofrecer protección a nuestros ciudadanos, dicho tratado ha sido el medio de invitarlos a los puertos de México para ser despojados de sus bienes y de su libertad personal, como en efecto lo han sido en numerosas ocasiones, al atreverse a insistir en sus derechos. Si los decomisos ilegales de bienes estadunidenses y la violación de la libertad personal de nuestros ciudadanos, por no decir nada acerca de los insultos a nuestra bandera que han tenido lugar en los puertos de México, hubieran ocurrido en alta mar, desde hace tiempo hubiesen constituido de suyo un manifiesto estado de guerra entre ambos países. Tras haber soportado que México violara sus más solemnes obligaciones conforme al tratado, despojara a nuestros ciudadanos de sus bienes y los encarcelara sin proporcionarles reparación alguna, no hemos cumplido con uno de los primeros y más altos deberes de cualquier gobierno para con sus ciudadanos, con la natural consecuencia de que muchos de ellos han sido reducidos de un estado de bonanza a otro de quiebra. La altiva ciudadanía estadunidense, que debiera proteger a todos los que la ostentan, no ha otorgado protección a nuestros ciudadanos en México.

Tuvimos amplios motivos para la guerra mucho antes del inicio de las hostilidades; pero aun entonces nos abstuvimos de reparar los agravios por nuestras propias manos, hasta que México se convirtió en agresor al invadir nuestro territorio en hostil formación y hacer correr la sangre de nuestros ciudadanos.

Tales son los graves motivos de queja de los Estados Unidos contra México, motivos éstos que han existido mucho antes de la anexión de Texas a la Unión; y, sin embargo, animados como estamos por el amor a la paz y por una magnánima moderación, no adoptamos las medidas de reparación que, en tales circunstancias, constituyen el recurso justificado de las naciones lesionadas.

La anexión de Texas a los Estados Unidos no constituyó motivo de ofensa justificada para México. El pretexto de serlo no es en absoluto congruente y reconciliable con los hechos fidedignos relacionados con la revolución, por medio de la cual Texas se volvió independiente de México. Pese a que lo anterior es por demás manifiesto, sería oportuno referirnos a las causas y a la historia de los principales acontecimientos de dicha revolución.

Texas constituía una porción de la antigua provincia de la Luisiana, cedida por Francia a los Estados Unidos en 1803. En el año de 1819, los Estados Unidos, por el Tratado de la Florida, cedieron a España toda la parte de la Luisiana que está dentro de los límites actuales de Texas, y México, en virtud de la revolución que la separó de España y la convirtió en nación independiente, heredó los derechos de la madre patria sobre ese territorio. En el año de 1824, México promulgó una Constitución federal, con arreglo a la cual la República mexicana está conformada por un número de estados soberanos, agrupados en una unión federal similar a la nuestra. Cada uno de estos estados tenía sus propios poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y para todos los efectos, salvo para los federales, era independiente del gobierno general y de los demás estados, como lo son Pensilvania o Virginia conforme a nuestra Constitución. Texas y Coahuila se unieron y formaron uno de estos estados mexicanos. La Constitución estatal que adoptaron, y que fuera aprobada por la Confederación mexicana, señalaba que eran "libres e independientes respecto de los demás Estados Unidos Mexicanos y de cualquier otra potencia o dominio", y proclamaba el gran principio de libertad humana según el cual la "soberanía del Estado reside original y esencialmente en la masa de individuos que lo conforman". AI gobierno emanado de conformidad con dicha Constitución, el pueblo de Texas debe lealtad.

De conformidad con leyes de colonización promulgadas por ese estado y el gobierno federal, se invitó a emigrantes de países extranjeros, incluidos los de los Estados Unidos, para que se establecieran en Texas. Se les ofrecieron condiciones ventajosas para inducirlos a abandonar su propio país y convertirse en ciudadanos mexicanos. Dicha invitación fue aceptada por muchos de nuestros ciudadanos, plenamente confiados en que, en su nuevo hogar, se regirían por leyes promulgadas por representantes elegidos por ellos mismos y que sus vidas, libertad y bienes serían protegidos por garantas constitucionales similares a las que existían en la república que habían dejado. Y así continuaron, al amparo de un gobierno organizado de esa suerte, hasta el año de 1835, cuando se declaró una revolución militar en la ciudad de México que produjo un cambio total, de estados a meros departamentos del gobierno central de México a partir del momento en que dicho gobierno abolió la Constitución estatal y en su lugar colocó a un gobierno central arbitrario y despótico. Esas fueron las causas de la revolución texana. De inmediato, el pueblo de Texas decidió resistir y tomó las armas. Sin embargo, en medio de estos importantes y encendidos sucesos, no dejaron de fundar sus libertades sobre bases seguras y permanentes. Se eligieron miembros para integrar una convención que, en el mes de marzo de 1839, emitió una declaración formal en la cual se señalaba que

su relación política con la nación mexicana habrá por siempre concluido y que el pueblo constituye ahora una República libre, soberana e independiente, plenamente revestida de todos los derechos y atributos de que con propiedad gozan las naciones independientes.

Adoptaron asimismo para su gobierno una Constitución republicana liberal. Alrededor de la misma época, Santa Anna, a la sazón dictador de México, invadió Texas con un numeroso ejército con objeto de someter a su pueblo y obligarlo a rendir obediencia a su arbitrario y despótico gobierno. El 21 de abril de 1836 fue enfrentado por soldados texanos y, ese día, éstos resultaron victoriosos en la memorable batalla de San Jacinto, a raíz de la cual conquistaron su independencia. Considerando el número de soldados de ambos lados, la historia no registra un triunfo más brillante. El propio Santa Anna se contaba entre los prisioneros.

En mayo de 1836, Santa Anna reconoció, mediante tratado solemne que celebró con las autoridades texanas, "la plena, total y perfecta independencia de la República de Texas". Es cierto que en ese momento era un prisionero de guerra, pero es igualmente cierto que no pudo reconquistar Texas y que se enfrentó a una señalada derrota; que su autoridad no había sido revocada y que, en virtud de dicho tratado, obtuvo su liberación personal. De conformidad con aquel, se suspendieron las hostilidades y el ejército que había invadido a Texas bajo su mando pudo regresar a México sin ser molestado.

Desde el día en que se libró la batalla de San Jacinto hasta el de hoy, México jamás ha tenido fuerza para reconquistar Texas, según términos del secretario de Estado de los Estados Unidos, vertidos en una nota a nuestro ministro en México el 8 de julio de 1842:

Desde 1835 México siempre ha considerado a Texas, y puede que todavía lo haga, como una provincia rebelde, pero el mundo se ha visto obligado a tener una opinión completamente diferente sobre este asunto.

Desde la época de la batalla de San Jacinto, en abril de 1836, a la actualidad, Texas ha mostrado los mismos signos extremos de independencia nacional que el propio México y con mucha mayor estabilidad en su gobierno. Siendo prácticamente libre e independiente, habiendo sido reconocida como una entidad política soberana por las principales potencias del mundo, no habiendo sido pisado su territorio por ninguna bota hostil durante seis o siete años, y el propio México habiéndose refrenado, durante todo ese tiempo, de cualquier otro intento de restablecer su autoridad en dicho territorio, no es sorprendente ver al señor De Bocanegra [secretario de Asuntos Exteriores de México] quejarse de que durante ese lapso los ciudadanos de los Estados Unidos, o su gobierno, hayan estado favoreciendo a los rebeldes al abastecerlos de barcos, municiones y dinero, como sí México hubiera proseguido sin cesar con la guerra para reducir a la provincia de Texas, y su éxito evitado por estas influencias del extranjero.

En la misma nota, el secretario de Estado afirma que:

Desde 1837 los Estados Unidos han considerado a Texas como un estado soberano, en igual medida que México, y el comercio con ciudadanos de un gobierno en guerra con ese pufs no puede considerares por ello como un intercambio por medio del cual se esté proporcionando ayuda y socorro a rebeldes mexicanos. Toda serie de observaciones del señor De Bocanegra va en la misma dirección, como sí la independencia de Texas no hubiese sido reconocida. Sí ha sido reconocida; lo fue en 1837, pese a las reconvenciones y protestas de México, y la mayoría de los actos de alguna importancia de los que se queja el señor De Bocanegra emanan necesariamente de dicho reconocimiento. Él se refiere a Texas como sí todavía fuese parte integrante del territorio de la República mexicana, pero no puede entender que los Estados Unidos no la consideren así. Por tanto, la verdadera queja de México es, en esencia, ni más ni menos, que una queja contra el reconocimiento de la independencia texana. Pudiera pensarse que es un poco tarde para repetir esa queja, e injusto limitarla a los Estados Unidos, habiendo sido los primeros en reconocer la propia independencia de México, de poner el ejemplo al reconocer la de Texas.

Y agregó que

la Constitución, los tratados públicos y las leyes obligan al presidente a considerar a Texas como un estado independiente y, por otro lado, que su territorio no forma parte del territorio de México.

Texas ha sido un estado independiente, con un gobierno organizado, que ha desafiado, durante más de diez años, el poderío de México por derrotarlo o reconquistarlo, desde antes de que éste iniciara la actual guerra contra los Estados Unidos. Texas ha dado tantas pruebas de ser una nación independiente, que ha sido reconocida formalmente como tal, no sólo por los Estados Unidos, sino también por varias de las principales potencias de Europa. Estas potencias han celebrado tratados de amistad, comercio y navegación con ella. Han acogido y acreditado en sus respectivas cortes a los ministros y agentes diplomáticos texanos y, por su parte, dichas potencias han nombrado ministros y agentes diplomáticos ante el gobierno de Texas. Si independientemente de todo lo anterior y de su incapacidad para someter y reconquistar a Texas, México aun se niega obstinadamente a reconocerla como nación independiente, no por ello deja de serlo. El propio México había sido reconocido como nación independiente por los Estados Unidos, y por otras potencias, mucho antes de que España, de la que era colonia antes de su revolución, pudiera convenir en reconocerla como tal; y no obstante ello, México gozaba en esa época de la estima del mundo civilizado y, de hecho, no se consideraba menos que una potencia independiente aunque España aun la reclamara como colonia. Sí España hubiera persistido, hasta el día de hoy, en aseverar que México era una de sus colonias en rebelión contra ella, esto no lo hubiera convertido en tal o mudado el hecho de su existencia independiente. En el momento de su anexión a los Estados Unidos, Texas guardaba la misma relación con México que la que México guardaba con España muchos años antes de que esta reconociera su independencia, con una diferencia importante: que antes de que se consumara la anexión de Texas a los Estados Unidos, el propio México, mediante un acto formal de su gobierno, había reconocido la independencia de la primera como nación. Es verdad que, en ese acto de reconocimiento, prescribió una condición que no tenia poder ni autoridad para imponer, a saber, que Texas no debería anexarse a ninguna otra potencia, pero esto no podía restar mérito, en ninguna medida, al reconocimiento que en ese entonces México hizo respecto a su independencia real. En virtud de estos hechos, es absurdo que, como pretexto para iniciar hostilidades contra los Estados Unidos, México alegue que Texas aun forma parte de su territorio.

Pero, aceptando que todo esto sea cierto, hay los que suponen que la verdadera frontera occidental de Texas es el Nueces en lugar del Rio Grande y que, por consiguiente, al avanzar con nuestro ejército a la ribera oriental, pasamos la línea que divide a Texas e invadimos territorio mexicano. Con una simple declaración de hechos se refutará dicha suposición. Como declaró Francia a los Estados Unidos en 1803, Texas fue reclamada con base en que se extendía al oeste del Rio Grande o Rio Bravo. Este hecho ha sido establecido por la autoridad de nuestros estadistas más eminentes en un momento en que la cuestión se conocía mejor que en el presente. Durante la administración del señor Jefferson, los señores Monroe y Pinckney, que habían sido enviados en misión especial a Madrid encargados, entre otras cosas, de la delimitación de la frontera entre ambos países, afirmaron, en una nota dirigida al ministro de Asuntos Exteriores de España, fechada el 28 de enero de 1805, que las fronteras de la Luisiana tal como ésta fue cedida por Francia a los Estados Unidos, "son el Rio Perdido al este y el Rio Bravo al oeste" y agregaron que "los hechos y principios que justifican esta conclusión son tan satisfactorios para nuestro gobierno que lo convencen de que los Estados Unidos no tienen mayor derecho sobre la isla de Nueva Orleans, de conformidad con la cesión aludida, que el que tienen respecto a toda la franja de territorio descrita arriba". Hasta la celebración del Tratado de la Florida, en febrero de 1819, mediante el cual dicho territorio fue cedido a España, los Estados Unidos afirmaron y mantuvieron sus derechos territoriales en esta medida. En el mes de julio de 1818, durante la administración del señor Monroe, al haberse recibido información en el sentido de que un número de aventureros extranjeros había desembarcado en Galveston con el manifiesto propósito de establecerse en esa vecindad, el gobierno de los Estados Unidos nombró al secretario de Estado como enviado especial, para advertirles que desistieran, sí se encontraran allí "o en cualquier otro lugar al norte del Rio Bravo y dentro del territorio reclamado por los Estados Unidos". Se le dieron instrucciones para que, en caso de que esa gente se encontrara en la región que queda al norte de dicho río, les hiciera saber "la sorpresa con la que ha visto el presidente tomar un lugar, sin autorización de los Estados Unidos, dentro de sus límites territoriales y en donde no pueden establecerse sin ser sancionados por él". Se le dieron asimismo instrucciones de hacerles "confesar bajo la autoridad de qué nación declaran actuar" y advertirles debidamente "que dicho lugar está dentro de los Estados Unidos, que no tolerarán que se cree un establecimiento permanente bajo ninguna autoridad que no sea la de ellos". Aun el 8 de julio de 1842, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en nota dirigida a nuestro ministro en México, sostiene que, por el Tratado de la Florida de 1819, el territorio al oeste del Rio Grande fue confirmado a España. En dicha nota señala que, por el tratado del 22 de febrero de 1819, celebrado entre los Estados Unidos y España, se adoptó el Sabine como la línea divisoria entre las dos potencias. Hasta ese periodo no se había efectuado colonización importante en Texas; pero habiendo España confirmado el territorio entre el Sabine y el Rio Grande en el tratado, se hicieron peticiones a esa potencia para que otorgara concesiones de tierra. Dichas concesiones o permisos para establecerse fueron de hecho otorgados por las autoridades españolas en favor de ciudadanos de los Estados Unidos que se propusieron emigrar a Texas en numerosas fumillas antes de la declaración de independencia respecto a México.

La Texas que se cedió a España por el Tratado de la Florida abarcaba todo el territorio hoy reclamado por el estado de Texas entre el Nueces y el Río Grande. La República de Texas siempre ha considerado a este río como su frontera occidental y, en el tratado celebrado con Santa Anna, en mayo de 1836, éste así lo reconoció. Con base en la Constitución adoptada en Texas, en marzo de 1836, se organizaron distritos senatoriales y de representantes al oeste del Nueces. El 19 de diciembre de 1836, el Congreso de esa república promulgó "una ley para definir las fronteras de la República de Texas", en la que se declaraba que el Rio Grande, "desde su desembocadura hasta su fuente, era su frontera y, de conformidad con dicha ley, extendieron jurisdicción civil y política" sobre el país que llegaba hasta dicha frontera. Durante el periodo de más de nueve años que transcurrió entre la adopción de su constitución y su anexión como uno de los estados de la Unión, Texas afirmó y ejerció muchos actos de soberanía y de jurisdicción sobre el territorio y los habitantes al oeste del Nueces. Organizó y definió los límites de las regiones que se extendían hasta el Rio Grande; estableció tribunales de justicia y extendió su sistema judicial sobre el territorio; estableció una aduana y cobró aranceles, así como correos y caminos de correo; estableció una oficina de tierras y emitió numerosos otorgamientos de tierra dentro de sus límites; eligió a senadores y representantes al Congreso de la República que residían en cada una de estas vecindades y quienes sirvieron en esa calidad hasta que entró en vigor la ley de anexión, tanto en el Congreso como en la Convención de Texas, y quienes otorgaron su consentimiento a los términos y condiciones de la propia anexión. Esta era la Texas que, mediante ley -de nuestro Congreso del 29 de diciembre de 1845, fue admitida como uno de los estados de nuestra Unión. Que el Congreso de los Estados Unidos entendiera que el estado de Texas que admitieron en la Unión se extendía más allá del Nueces es evidente por el hecho de que, el 31 de diciembre de 1845, sólo dos días después de la ley de admisión, promulgó una ley "para establecer un distrito de recaudación en el estado de Texas", mediante la cual se creó un puerto de recaudación en Corpus Christi, situado al oeste del Nueces, y habida cuenta de que era el mismo punto en el que estaba ubicada la aduana, que había sido establecida de conformidad con las leyes de dicha república; asimismo, recomendó al presidente nombrar un vista en ese puerto con el encargo de recabar los ingresos, previa consulta y consentimiento del Senado. Efectivamente, se nombró un vista confirmado por el Senado, y desde entonces se ha venido desempeñando en su cargo. Todos estos actos de la república de Texas y de nuestro propio Congreso fueron anteriores a las órdenes dadas a nuestro ejército para que avanzar a la ribera oriental del Río Grande. Posteriormente, el Congreso promulgó una ley para "establecer determinados caminos de correos" que se extendían al oeste del Nueces.

EI país situado al oeste de ese río constituye ahora parte de uno de los distritos del Congreso de Texas y está representado en la Cámara de Representantes. Los senadores del estado fueron elegidos por un cuerpo legislativo en el que estaba representado el país situado al oeste de dicho río. En virtud de estos hechos, es difícil concebir con qué bases es posible sostener que, al ocupar con nuestro ejército el país situado al oeste del Nueces con el sólo objeto de garantizar su seguridad y defensa, invadimos territorio de México. Pero más difícil aun habría sido justificar al Ejecutivo, cuyo deber es velar por que se ejecuten fielmente las leyes, si a la luz de todos los mencionados actos, tanto del Congreso de Texas como del de los Estados Unidos, hubiera asumido la responsabilidad de ceder a México el territorio al oeste del Nueces o de rehusarse a proteger y defender ese territorio y a sus habitantes, incluidos Corpus Christi y el resto de Texas, contra la amenaza de invasión de México.

Sin embargo, el propio México nunca se ha basado, para emprender esta guerra, en el hecho de que nuestro ejército haya ocupado el territorio comprendido entre el Nueces y el Rio Grande. Perseveró obstinadamente en su refutada pretensión de que Texas no era en realidad un estado independiente, sino una provincia rebelde, y su propósito manifiesto de iniciar una guerra con los Estados Unidos era reconquistar Texas y restaurar la autoridad de México en todo el territorio, no sólo hasta el Nueces, sino hasta el Sabine. En virtud de las proclamadas amenazas de México con ese fin, consideré mi deber, como medida de precaución y defensa, ordenar a nuestro ejército ocupar posición en nuestra frontera como puesto militar, desde el que nuestras tropas pudieran resistir y repeler mejor cualquier intento de invasión que México pudiera intentar. Nuestro ejército ocupó posición en Corpus Christi, al oeste del Nueces, desde agosto de 1845, sin queja alguna de ningún lugar. Sí el Nueces hubiera sido considerado como la verdadera frontera de Texas, nuestro ejército habría pasado por dicha frontera muchos meses antes de que avanzara a la ribera oriental del Río Grande. En mi mensaje anual de diciembre último, informe al Congreso que, a invitación de éste y de la Convención de Texas, había considerado oportuno ordenar que se despachara una fuerte escuadra a las costas de México y concentrar una eficiente fuerza militar en la frontera occidental de Texas para proteger y defender a sus habitantes contra la amenaza de invasión de México. En dicho mensaje informe al Congreso que, desde el momento en que Texas aceptó los términos y condiciones de la anexión ofrecida por los Estados Unidos, Texas se convirtió a tal punto en parte de nuestro propio país que era deber nuestro proporcionar dicha protección y defensa y que, para tal fin, se ordenó a nuestra escuadra dirigirse al Golfo y a nuestro ejército tomar "posiciones entre el Nueces y el Rio del Norte" o Rio Grande y repeler cualquier invasión al territorio texano que llegasen a intentar las fuerzas mexicanas".

Se consideró oportuno expedir esta orden, en virtud de que el gobierno de México manifestó graves amenazas de invadir el territorio texano poco después de que, en abril de 1845, el presidente de Texas había emitido una proclama para convocar al Congreso de esa república, a efectos de someter a la consideración de dicho cuerpo legislativo los términos y condiciones de la anexión propuesta por los Estados Unidos. Estas amenazas se volvieron más alarmantes conforme se hacía más evidente, durante el proceso de consulta de la cuestión, que el pueblo de Texas se decidiría en favor de aceptar los términos y condiciones de la anexión; finalmente, dichas amenazas asumieron ese temible carácter, lo cual indujo tanto al Congreso como a la Convención de Texas a pedir que los Estados Unidos despacharan una fuerza militar a su territorio para protegerla y defenderla contra la amenaza de invasión. Hubiera sido una violación de la buena fe hacia el pueblo de Texas el haberse rehusado a proporcionarle el auxilio que deseaba, contra la amenaza de invasión a la que había estado expuesto a resultas de su libre determinación de anexarse a nuestra Unión, de acuerdo con la posibilidad que le ofreció la resolución conjunta de nuestro Congreso. En consecuencia, se ordenó a una parte del ejército que avanzara a Texas. La posición escogida por el general Taylor fue Corpus Christi. Acampó en dicha posición en agosto de 1845 y el ejército permaneció en ella hasta el 11 de marzo de 1846, cuando se desplazó en dirección al oeste, y el 28 del mismo mes alcanzó la ribera oriental del Rio Grande, frente a Matamoros. Este desplazamiento se efectuó de conformidad con órdenes del Departamento de Guerra, expedidas el 13 de enero de 1846. Antes de que se emitieran dichas órdenes, el Departamento de Estado recibió un oficio de nuestro ministro en México, fechado el 17 de diciembre de 1845, en el que este transmitía la decisión del consejo de gobierno de México de negarse a recibirlo, así como un oficio de nuestro cónsul en la ciudad de México, del 18 del mismo mes, de los cuales se adjuntaron coplas a mi mensaje al Congreso del 2 de mayo último. Estas comunicaciones nos indicaban que era muy probable, sí no absolutamente seguro, que nuestro ministro no fuera recibido por el gobierno del general Herrera.

Era bien sabido también que se tenían pocas esperanzas de un resultado diferente con el general Paredes, en caso de que tuvieran éxito el movimiento revolucionario que éste dirigía, como también era muy probable. Los partidarios de Paredes, quienes, como relataba nuestro ministro en el referido oficio, mostraban una feroz hostilidad hacia los Estados Unidos, declararon que las negociaciones propuestas constituían un acto de traición y llamaron abiertamente a las tropas y al pueblo a derrocar por la fuerza al gobierno de Herrera. Se amenazó abiertamente con la reconquista de Texas y la guerra con los Estados Unidos. Estas eran las circunstancias imperantes cuando se consideró oportuno ordenar al ejército bajo el mando del general Taylor que avanzara a la frontera occidental de Texas y ocupara una posición en el Rio Grande o cerca de este.

Los acontecimientos justifican plenamente las aprensiones de que México llevara a cabo su contemplada invasión. La decisión de México de apresurar las hostilidades contra los Estados Unidos se manifestó posteriormente en el tenor de la nota del ministro de Asuntos Extranjeros mexicano dirigida a nuestro ministro, de fecha 12 de marzo de 1846. Paredes había revolucionado el gobierno para ese entonces, y su ministro, tras referirse a la resolución de anexión de Texas que había adoptado nuestro Congreso en marzo de 1845, pasó a declarar que:

Un hecho como éste o, para decirlo con mayor exactitud, un acto de notoria usurpación, creó la imperiosa necesidad de que México, por su propio honor, lo repeliera con la apropiada firmeza y dignidad. El supremo gobierno había declarado con anterioridad que consideraría dicho acto como casus belli, que, como consecuencia de esta declaración, la negociación por su propia naturaleza llegaba a su fin, y que la guerra era el único recurso que le quedaba al gobierno mexicano.

Se desprende también que, el 4 de abril siguiente, el general Paredes, por conducto de su ministro de Guerra, expidió órdenes al general mexicano al mando de la frontera con Texas de "atacar" a nuestro ejército "con todos los medios permitidos por la guerra". El general Paredes se comprometió a esto con el ejército y pueblo de México durante la revolución militar que lo llevó al poder. El 18 de abril de 1846, el general Paredes dirigió una carta al comandante de dicha frontera en la que le señalaba:

En esta fecha, supongo que usted, a la cabeza de ese valiente ejército, ya estará combatiendo o preparándose para Las operaciones, y, con todas las fuerzas reunidas, es indispensable que comiencen las hostilidades, tomando usted la iniciativa en contra del enemigo.

El general en jefe efectuó el desplazamiento de nuestro ejército al Rio Grande bajo las órdenes de abstenerse de todo acto de agresión contra México o ciudadanos mexicanos, así como de considerar pacíficas las relaciones entre ambos países a menos que México declarase la guerra o cometiese actos de hostilidad que indicasen la existencia de un estado de guerra. Dichas órdenes han sido fielmente ejecutadas. Mientras ocupaba su posición en la ribera oriental del Río Grande dentro de los límites de Texas, que para ese entonces ya había sido admitido como uno de los estados de la Unión, el comandante general de las fuerzas mexicanas quien, de conformidad con las órdenes de su gobierno, había reunido un gran ejército en la ribera opuesta del Río Grande, cruzó dicho río, invadió nuestro territorio y, al atacar a nuestras fuerzas, inició hostilidades. Así, después de todos los agravios que habíamos recibido y soportado y después de que en forma insultante rechazara a un ministro enviado allí en misión de paz y a quien se comprometió solemnemente a recibir, México consumó su larga serie de ultrajes contra nuestro país, al iniciar una guerra ofensiva y al hacer que cayera la sangre de nuestros ciudadanos en nuestro propio suelo.

Los Estados Unidos nunca intentaron adquirir Texas por medio de una conquista. Por el contrario, poco después de que el pueblo de Texas logró su independencia, éste buscó la anexión a los Estados Unidos. En una elección general en septiembre de 1836, se decidieron casi unánimemente en favor de la "anexión" y, en noviembre siguiente, el Congreso de la República autorizó el nombramiento de un ministro para que fuese portador de su petición a este gobierno. Sin embargo, nuestro gobierno, habiendo permanecido neutral respecto a Texas y a México durante la guerra librada entre ellos, y considerando que el honor del país y nuestro bien ganado prestigio entre las naciones del mundo no nos permitía aprobar la anexión tan prontamente, no hasta que fuese evidente para todo el mundo que la reconquista de Texas por México era imposible, se rehusó a acceder a la proposición de Texas. El 12 de abril de 1844, tras haber transcurrido más de siete años desde que Texas lograra su independencia, se firmó un tratado para la anexión de esa república a los Estados Unidos, que el Senado rechazó. Finalmente, el 1º de marzo de 1845, el Congreso adoptó una resolución conjunta con miras a anexar Texas a los Estados Unidos, mediando determinadas condiciones preliminares para las cuales se requería el acuerdo de aquella. El mundo es testigo de la solemnidad que caracterizó las deliberaciones y conducta del gobierno y pueblo de Texas en las cuestiones de tan profundo interés que se presentaron en dicha resolución. En una convención elegida para esos fines, el Congreso, el Ejecutivo y el pueblo de Texas aceptaron, en forma casi unánime, los términos y condiciones propuestos para la anexión, y así consumaron, por su parte, el gran acto de restaurar a nuestra Unión Federal un vasto territorio que había sido cedido a España por el Tratado de la Florida hacía más de un cuarto de siglo.

Luego de que nuestro Congreso adoptó la resolución conjunta para la anexión de Texas a los Estados Unidos, el ministro mexicano en Washington dirigió una nota al secretario de Estado, con fecha del 6 de marzo de 1845, en la que protestaba por dicha anexión al considerarla como "uno de los actos de agresión más injustos que hayan registrado los anales de la historia moderna, a saber, el de despojar a una nación amiga como México de una considerable porción de su territorio", y en la que también protestaba por la resolución de anexión tildándola de acto "mediante el cual la provincia de Texas, parte integrante del territorio mexicano, es admitida en la Unión americana"; asimismo anunció que, como consecuencia de ello, había concluido su misión en los Estados Unidos y exigió sus pasaportes, que le fueron entregados. El ministro mexicano adoptó esta medida, que fue tomada con el absurdo pretexto de que la república de Texas seguía siendo, pese a todo lo ocurrido, una provincia de México (país que debió al éxito de una revolución su propia independencia).

He hecho todos los esfuerzos que el honor me permite para evitar la guerra que sobrevino después, pero todos probaron ser vanos. Todos nuestros intentos para preservar la paz se han enfrentado al insulto y a la resistencia de México. Mis esfuerzos en tal sentido principiaron con la nota del secretario de Estado, del 10 de marzo de 1845, para dar respuesta a la del ministro mexicano. AI tiempo que declinaba reanudar la deliberación ya agotada y volviendo a dar pruebas de lo que ya todo el mundo conocía, a saber, que Texas había logrado su independencia desde hacía ya mucho tiempo, el secretario de Estado expresó el pesar de este gobierno de que México se hubiera sentido ofendido por la resolución de anexión adoptada por el Congreso y manifestó las seguridades de que "dedicaremos nuestros más arduos esfuerzos a la resolución amistosa de todo motivo de queja entre los dos gobiernos y al cultivo de las relaciones más corteses y amistosas entre las hermanas repúblicas". La prueba de que actué conforme a estas seguridades la constituyen los acontecimientos que ocurrieron posteriormente. No obstante ello, México terminó abruptamente todo trato diplomático con los Estados Unidos y debería, por consiguiente, ser el primero en solicitar su reanudación; sin embargo, renunciando a toda ceremonia, aproveché la primera oportunidad favorable para indagar sí el gobierno mexicano estaba dispuesto a recibir a un enviado de los Estados Unidos, revestido de plenas facultades para resolver todas las cuestiones en disputa entre ambos gobiernos. En septiembre de 1845 consideré que había llegado el momento propicio para dicha apertura. Con la entusiasta y casi unánime voluntad de su pueblo, Texas se pronunció en favor de la anexión. EI propio México había convenido en reconocer la independencia de Texas, con una condición, es cierto, que no tenía el derecho de imponer ni la capacidad de hacer valer, México debió abandonar su última y prolongada esperanza, sí es que aun podía tener alguna, de que Texas se convirtiera nuevamente en una de sus provincias.

Habida cuenta de lo anterior, el 15 de septiembre de 1845 el secretario de Estado giró instrucciones al cónsul de los Estados Unidos en la Ciudad de México para que procediera a la referida indagación ante el gobierno mexicano. Ésta se realizó y, el 15 de octubre de 1845, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno mexicano, en nota dirigida a nuestro cónsul, dio una respuesta favorable, requiriendo al mismo tiempo que nuestra fuerza naval fuese retirada de Veracruz mientras se llevaran a cabo las negociaciones. AI recibir dicha nota, nuestra fuerza naval fue prontamente retirada de Veracruz. Se nombró de inmediato a un ministro que partió a México. Todo tenía un aspecto prometedor para una solución rápida y pacífica de todas nuestras dificultades. En la fecha de mi informe presidencial al Congreso, en diciembre último, no se tenían dudas de que el ministro sería recibido por el gobierno mexicano y se abrigaron esperanzas de que se cancelaría todo motivo de malentendido entre los dos países. Confiando en que ese iba a ser el resultado de su misión, informe al Congreso de que desistí de "recomendar medidas ulteriores para lograr la reparación de los agravios y perjuicios que hemos soportado durante tanto tiempo y que hubiese sido oportuno recomendar de no haberse procedido a dicha negociación". Para mi sorpresa y pesar, al arribo de nuestro ministro a México y pese a que se comprometió con toda solemnidad a recibirlo y acreditarlo, el gobierno mexicano se negó a ello. Cuando llegó a Veracruz, el 30 de noviembre de 1845, encontró que el aspecto de los asuntos había sufrido un infortunado cambio. El gobierno del general Herrera, que a la sazón era presidente de dicha república, estaba a punto de derrumbarse. El general Paredes, líder militar, quien había manifestado su decisión de derrocar al gobierno de Herrera por medio de una revolución militar, empleó como uno de los medios principales para llevar a cabo su propósito, y hacer que el gobierno de Herrera apareciera odioso a los ojos del ejército y del pueblo de México, el condenar abiertamente la decisión de éste de recibir a un ministro de los Estados Unidos en misión de paz, alegando que lo que intentaba, tras firmar un tratado con los Estados Unidos, era desmembrar el territorio de México, cediendo el departamento de Texas. Se cree que el gobierno de Herrera estaba dispuesto al arreglo pacífico de las dificultades existentes, pero probablemente temiendo por su propia seguridad y para alejar el peligro de la revolución dirigida por Paredes, infringió su solemne acuerdo y se rehusó a recibir o acreditar a nuestro ministro; y ello pese a que se le informó que estaba revestido de plenas facultades para resolver todas las cuestiones en disputa entre los dos gobiernos. Entre los frívolos pretextos para su negación, el principal era que nuestro ministro no había sido nombrado como ministro ad hoc para tratar el asunto texano, quedando sin reparación todos los ultrajes a nuestra bandera y a nuestros ciudadanos. Bien sabía el gobierno mexicano que tanto nuestro honor nacional como la protección a que estamos obligados para con nuestros ciudadanos exigía imperiosamente que se trataran juntas las cuestiones de la frontera y de la indemnización, mezcladas en forma natural e inseparable, y debieron haberse percatado de que este curso de acción se previó así para permitir a los Estados Unidos otorgarles la justicia más generosa. EI 30 de diciembre de 1845, el general Herrera renunció a la presidencia y entregó el gobierno al general Paredes, sin que mediara resistencia alguna. Así, se llevó a cabo una revolución en la que sólo participó el ejército comandado por Paredes, y el poder supremo de México pasó a manos de un usurpador militar conocido por su enconada hostilidad hacia los Estados Unidos.

Pese a que no eran prometedoras las perspectivas de un arreglo pacífico con el nuevo gobierno, dada la conocida hostilidad de su jefe hacia los Estados Unidos, y decididos a no escatimar esfuerzo alguno para restaurar las relaciones amistosas entre los dos países, se dieron instrucciones a nuestro ministro para que presentara sus credenciales al nuevo gobierno y solicitara su acreditación, con la calidad diplomática que se le había nombrado. El ministro ejecutó dichas instrucciones mediante su nota del 1º de marzo de 1846, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores mexicano, pero éste rechazó su petición en forma insultante en su respuesta del 12 del mismo mes. No quedó, pues, a nuestro ministro otra opción que exigir sus pasaportes y regresar a los Estados Unidos.

Ese fue el extraordinario espectáculo presentado al mundo civilizado por un gobierno, en violación de su propio y expreso acuerdo, al haber rechazado en dos ocasiones a un ministro en misión de paz, revestido de plenas facultades para llegar a un arreglo respecto a todas las diferencias que existían entre los dos países en forma justa y honorable para ambos. No tengo noticias de que la historia moderna presente un caso paralelo, un caso en el que, en tiempos de paz, una nación se haya negado inclusive a escuchar las proposiciones de la otra para poner fin a las dificultades existentes entre ellas. No podía abrigarse ninguna esperanza de solucionar nuestras dificultades, aun en fecha lejana, o de preservar la paz con México, mientras Paredes permaneciera a la cabeza del gobierno. Había adquirido el poder supremo por medio de una revolución militar y con la promesa solemne de librar una guerra en contra de los Estados Unidos y de reconquistar Texas, que él reclamaba como una provincia rebelada de México. Denunció como culpables de traición a todos aquellos mexicanos que consideraban a Texas como un territorio que había dejado de formar parte de México y que eran partidarios de la causa de la paz. La duración de la guerra que él libraba contra los Estados Unidos era indefinida, ya que el fin que se propuso la reconquista de Texas era un caso perdido. Por otra parte, había buenos motivos para creer, por toda su conducta, que su intención era convertir a la República de México en una monarquía y colocar en el trono a un príncipe europeo. Preparándose para este fin, durante su corto gobierno había cercenado la libertad de prensa, tolerando sólo aquella que pugnaba abiertamente por el establecimiento de la monarquía. Para asegurar mejor el éxito de sus últimas intenciones, convocó un Congreso por un decreto arbitrario, no por la libre elección del pueblo, sino escogido en forma tal que fuera servil a su voluntad, permitiéndole tener el control absoluto de sus deliberaciones.

En estas circunstancias, se pensó que una revolución en México, fincada en una oposición a los ambiciosos proyectos de Paredes, promovería la causa de la paz y evitaría cualquier intento de interferencia europea en los asuntos del continente norteamericano, fines de enorme interés para los Estados Unidos. En mi último informe presidencia comunique al Congreso mi opinión sobre este asunto. En cualquier caso, era seguro que ningún cambio en el gobierno de México que quitara a Paredes del poder sería para lo peor en lo que a los Estados Unidos se refiere. Por el contrario, era muy probable que cualquier cambio fuera para lo mejor. Este era el estado de cosas cuando el Congreso, el 13 de mayo último, reconoció la existencia de la guerra que había iniciado el gobierno de Paredes; y se convirtió en un objeto de gran importancia, con miras a un pronto arreglo de nuestras dificultades y a la restauración de una paz honorable, que Paredes no retuviera el poder en México.

Antes de esa época se habían percibido en México síntomas de revolución, favorecidos, a nuestro juicio, por el partido más liberal y especialmente por los que se oponían a la interferencia extranjera y a la forma monárquica de gobierno. En ese entonces, Santa Anna se encontraba en exilio en La Habana, tras haber sido derrocado y desterrado de su país por una revolución ocurrida en diciembre de 1844; pero era sabido que una facción considerable aun estaba a favor de él en México. Era igualmente bien sabido que, con toda probabilidad, ninguna vigilancia ejercida por nuestra escuadra evitaría que él realizara un desembarco en algún lugar de la extensa costa del Golfo mexicano, en caso de que su deseo fuese regresar a su país. Él había manifestado abiertamente un cambio completo en sus opiniones políticas; había expresado su pesar por haber alterado la Constitución de 1824 y había admitido que actualmente estaba en favor de su restauración. Enérgicamente había declarado su oposición al establecimiento de una monarquía y a la interferencia europea en los asuntos de su país. Esa era la información que habíamos recibido de fuentes consideradas confiables, en la fecha en que el Congreso reconoció la existencia de la guerra, y que pudimos confirmar más tarde por una misiva de nuestro cónsul acreditado en la ciudad de México, con los documentos que se acompañan al presente informe. Por otra parte, era razonable suponer que Santa Anna se había percatado de las ruinosas consecuencias de una guerra de México contra los Estados Unidos y de que el interés de ese país era favorecer la paz.

En estas circunstancias, y teniendo en cuenta estas reflexiones, se consideró oportuno no obstaculizar su regreso a México en caso de que intentara hacerlo. Nuestro objetivo era la restauración de la paz y, en virtud de ello, no se percibían motivos para que hubiésemos tomado partido en favor de Paredes y lo hubiésemos ayudado a evitar el regreso de su rival a México por medio de nuestro bloqueo. Por el contrario, se pensaba que las divisiones intestinas, que la sagacidad común no podía sino interpretar como frutos del regreso de Santa Anna a México y de su rivalidad con Paredes, pudieran tender a generar una fuerte disposición en ambos partidos para restaurar y preservar la paz con los Estados Unidos. Paredes era soldado de profesión y monarquista de principios. Hacía poco, había tenido éxito en una revolución militar que lo llevó al poder. Era enemigo declarado de los Estados Unidos, país con el que había implicado al suyo en la actual guerra. Santa Anna había sido derrocado por el ejército; su abierta hostilidad hacia Paredes se conocía, y él se declaró públicamente en contra de la intervención extranjera y la restauración de la monarquía en México. En vista de estos hechos y circunstancias fue cuando, el 13 de mayo -día en que el Congreso reconoció la existencia de la guerra-, se dieron órdenes al comandante de nuestras fuerzas navales en el Golfo, encargadas del bloqueo de las costas de México, de no obstruir el paso de Santa Anna, en caso de que intentara regresar a ese país.

A principios del mes de agosto siguiente tuvo lugar en México una revolución que echó a Paredes del poder y, desde entonces éste se encuentra en el exilio. Poco tiempo después, Santa Anna regresó a México. Queda por verse si su regreso pueda aun resultar favorable a un arreglo pacífico de las dificultades existentes, habiendo él manifestado su interés de no perseverar en la prosecución de una guerra comenzada por Paredes para lograr el absurdo objetivo de reconquistar a Texas hasta el Sabine. Si Paredes hubiera permanecido en el poder, podemos afirmar que es virtualmente seguro que no hubiera habido esperanzas de llegar a un arreglo pacífico.

AI iniciar México hostilidades contra los Estados Unidos, se levantó una vez más el indignado espíritu de la nación. El Congreso respondió con celeridad a las expectativas del país y, mediante decreto del 13 de mayo último, reconoció la existencia de una guerra de hecho, iniciada por México, entre los Estados Unidos y esa república; asimismo, otorgo los medios necesarios para su enérgico proseguimiento. Implicados como estamos en una guerra comenzada por México, y por cuya justicia, en lo que a nosotros concierne, podemos con confianza apelar al mundo entero, decidí llevarla adelante con la mayor energía. En consecuencia, han sido bloqueados los puertos de México en el Golfo y en el Pacífico y hemos invadido su territorio en varios puntos importantes. En los informes del Departamento de Guerra y de Marina encontrarán más datos acerca de las medidas adoptadas en el estado de emergencia en que se sumió a nuestro país y acerca de los resultados gratificadores que se han alcanzado.

Las diferentes columnas del ejército han cumplido con su deber con grandes desventajas y con la habilidad y valentía más señaladas. Las victorias de Palo Alto, Resaca de la Palma y Monterrey, ganadas contra un enemigo muy superior en número y que cuenta con ventajas más decisivas en otros aspectos, fueron brillantes en su ejecución e hicieron acreedores a nuestros valientes oficiales y soldados del sentido agradecimiento de su país. La nación deplora la perdida de los gallardos oficiales y hombres que cayeron valerosamente cuando reivindicaban y defendían los derechos y el honor de su país.

Es motivo de orgullo y satisfacción que nuestros soldados voluntarios, que tan prontamente respondieron al llamado de su país, con una experiencia de la disciplina de la vida militar de sólo unas pocas semanas, participaran en la cruenta batalla de Monterrey con una constancia y valentía equiparables a las de las tropas veteranas y dignas de la más alta admiración. Las privaciones que caracterizaron las largas marchas a través del país del enemigo y de agrestes montes fueron soportadas sin un murmullo. Mediante rápidos desplazamientos y sin derramamiento de sangre, se capturó la provincia de Nuevo México, con su capital Santa Fe. La marina cooperó con el ejército y presto importantes servicios; si no fue tan brillante, ello obedeció a que el enemigo no contaba con fuerzas para enfrentarla en su propio elemento, así como a las defensas que la naturaleza interpuso en las dificultades de la navegación en las costas mexicanas. Nuestra escuadra destacada en el Pacífico, con la cooperación de un gallardo oficial del ejército y de una pequeña fuerza congregada con la mayor premura en ese lejano país, tomo posesión de las Californias sin derramamiento de sangre, y la bandera estadunidense fue izada en cada punto importante de esa provincia.

Los felicito por el éxito que ha acompañado a nuestras operaciones militares y navales. En menos de siete meses, luego de que México iniciara hostilidades en un momento que ese mismo país escogió, hemos tomado posesión de muchos de sus principales puertos; hemos hecho retroceder y perseguido a su ejército invasor y hemos adquirido posesión de las provincias mexicanas de Nuevo México, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y las Californias, un territorio más extenso que el que abarcaban los 13 estados de la Unión originales, habitado por una población considerable y, en su mayor parte, a más de 1 500 kilómetros de los puntos en los que tuvimos que reunir nuestras fuerzas e iniciar nuestros desplazamientos. Mediante el bloqueo, interceptamos el comercio de importación y exportación del enemigo. Bien puede estar orgulloso el pueblo estadunidense de la energía y bravura de nuestros oficiales y soldados regulares y voluntarios. Los acontecimientos de los últimos meses aportan una prueba gratificante de que nuestro país puede confiar, en cualquier emergencia, para el mantenimiento de su honor y la defensa de sus derechos, en una fuerza eficaz, voluntariamente lista en todo momento a abandonar las comodidades del hogar por los peligros y privaciones de la milicia. Y pese a que dicha fuerza puede resultar cara en este momento, en última instancia es económica, ya que la capacidad para disponer de ella elimina la necesidad de emplear un gran ejército permanente en tiempos de paz, y comprueba que nuestro pueblo ama a sus instituciones y está siempre listo a defenderlas y protegerlas.

Mientras la guerra proseguía su curso enérgico y exitoso, deseosos aun de detener sus efectos nocivos y considerando que después de las brillantes victorias de nuestras armas, el 8 y 9 de mayo últimos, el honor nacional no podía verse comprometido por ella, el 27 de julio se hizo, a instancias mías, otra proposición a México para que se pusiera fin a las hostilidades mediante una paz justa y honorable para ambos países. EI 31 de agosto siguiente, el gobierno mexicano declinó aceptar esta propuesta amistosa y la remitió a la consideración del Congreso mexicano, que debía reunirse a principios del presente mes. Les adjunto copias tanto de la nota del secretario de Estado, en la que propone reanudar negociaciones, como de la respuesta del gobierno mexicano y de la contestación a ésta por el propio secretario de Estado.

La guerra se seguirá librando con vigor como el mejor medio para garantizar la paz. Se espera que la decisión del Congreso mexicano, a quien se envió nuestra última propuesta, tenga como consecuencia una paz pronta y honorable. Sin embargo, con nuestra experiencia del curso de acción irrazonable que suelen adoptar las autoridades mexicanas, lo sensato es no relajar la energía de nuestras operaciones militares en tanto no se dé a conocer el resultado. En virtud de lo anterior, consideramos importante seguir en posesión de todas las provincias tomadas hasta que se celebre un tratado de paz definitivo y éste sea ratificado por los dos países.

No hemos librado la guerra con fines de conquista, pero, habiendo sido iniciada por México, ha sido llevada al país del enemigo y allí se continuará librando en forma enérgica, con miras a obtener una paz honorable y garantizar con ello una amplia indemnización por los gastos erogados en ella, así como en forma de nuestros muy perjudicados ciudadanos, que mantienen importantes demandas pecuniarias contra México.

Conforme al derecho de gentes, un país conquistado se sujeta a ser gobernado durante su ocupación militar por el conquistador hasta que se haya celebrado un tratado de paz o hasta que éste se retire voluntariamente del mismo. El antiguo gobierno civil ha sido necesariamente suplantado y es deber y derecho del conquistador asegurar su conquista y tomar medidas para el mantenimiento del orden y los derechos de sus habitantes. Nuestros comandantes militares y navales han ejercido este derecho y cumplido con este deber mediante el establecimiento de gobiernos provisionales en algunas de las provincias conquistadas, asimilándolas, en la medida de lo posible, a las libres instituciones de nuestro propio país. Se teme poca resistencia, si es que alguna, de parte de los habitantes de las provincias de Nuevo México y las Californias contra los gobiernos provisionales que se han establecido allí, en virtud de que las circunstancias lo ameritan y de conformidad con las leyes de la guerra. Es quizá conveniente garantizar la seguridad de estas importantes conquistas mediante una adecuada asignación con objeto de construir fortificaciones y costear los gastos inherentes al mantenimiento de nuestra posesión y autoridad sobre ella.

Casi al final de su última sesión, por motivos comunicados al Congreso, consideré importante, como medida para asegurar una pronta paz con México, que se asignara una suma de dinero a disposición del Ejecutivo, en forma similar a como se había hecho en dos ocasiones anteriores durante la administración del presidente Jefferson.

El 26 de febrero de 1803 se hizo una asignación por un monto de dos millones de dólares que se pusieron a disposición del presidente. Su objeto es bien conocido. En esa época se contemplaba comprar la Luisiana a Francia, y la intención era aplicarla como parte de la contra preparación que hubiera debido pagarse por ese territorio. El 13 de febrero de 1806 se asignó en forma similar un monto por la misma cantidad, con miras a comprar las Floridas a España. Esas asignaciones se hicieron para facilitar las negociaciones y como medio para permitir al presidente lograr los importantes objetivos propuestos. Pese a que no fue necesario que el presidente hiciera uso de tales asignaciones, pudo haber surgido un estado de cosas en que hubiese sido sumamente importante para él proceder a ello, y su sabiduría no puede ponerse en duda. Se cree que la medida recomendada en su última sesión recibió la aprobación de las mayorías en ambas Cámaras del Congreso. En realidad, en cada Cámara se adoptaron, de diferentes maneras, sendos proyectos de ley para realizar una asignación de dos millones de dólares, y es muy lamentable que no se hayan convertido en ley. Los motivos que me indujeron a recomendar la medida siguen vigentes y, una vez más, someto el asunto a su consideración, señalando la importancia de que se actúe al respecto a la mayor brevedad. En caso de que se haga la asignación y de que esta no llegara a necesitarse, permanecerá en las arcas del Tesoro; y en caso de que se considere adecuado aplicarla en forma parcial o total, se contabilizará como gastos públicos varios.

Inmediatamente después de que el Congreso reconoció la existencia de la guerra con México, mi atención se centró en el peligro de que se pertrecharan corsarios en los puertos de Cuba y Puerto Rico con objeto de saquear el comercio de los Estados Unidos, y requerí la atención especial del gobierno español al artículo 14 de nuestro tratado con esa potencia, celebrado el 27 de octubre de 1795.." conforme al cual los ciudadanos y súbditos de cualquiera de las dos naciones que tomen comisiones o patentes de corso para actuar en contra de la otra "se castigarán como piratas".

Me complace informarles que he recibido seguridades del gobierno español de que el referido artículo del tratado será fielmente observado. Ese gobierno de inmediato transmitió órdenes a las autoridades de Cuba y Puerto Rico para que ejercieran la mayor vigilancia con el fin de evitar cualquier intento de que se organizaran corsarios en dichas islas en contra de los Estados Unidos. La buena fe de España me permite confiar en que el referido tratado se ejecutará en su letra y en su espíritu, al tiempo que los Estados Unidos cumplirán fielmente con todas las obligaciones que respecto a ellos se estipulan en el mismo.

En fecha reciente el Departamento de Estado ha recibido información de que el gobierno mexicano ha enviado a determinados corsarios de La Habana comisiones en blanco y certificados de naturalización también en blanco, firmados por el general Salas, actual jefe de dicho gobierno. Hay motivos para temer que se han transmitido documentos similares a otras partes del mundo. Se acompañan copias de traducciones de los referidos documentos.

En virtud de que parecen no haberse observado las normas que exige la práctica entre las naciones civilizadas, para comisionar corsarios y regular su conducta, y como las mencionadas comisiones están en blanco, para ser llenadas con nombres de ciudadanos y súbditos de todas las naciones que estén dispuestos a adquirirlas, todo este procedimiento sólo puede interpretarse como una invitación a todos los filibusteros de la tierra dispuestos a pagar por el privilegio de hacerse a la mar en contra del comercio estadunidense. Compete a nuestros tribunales de justicia decidir si, en estas circunstancias, las referidas cartas de patente y represalia de México podrán proteger a aquellos que las aceptan, y que cometen robos en alta mar bajo su autoridad, de la acusación de piratería y de sus penas y sanciones.

Si con los certificados de naturalización otorgados de la manera descrita se intenta proteger a súbditos españoles de la culpa y el castigo aplicables a los piratas conforme a nuestro tratado con España, indudablemente que resultaran inútiles. Tal subterfugio no es sino un endeble dispositivo incapaz de vencer las disposiciones de un tratado solemne.

Recomiendo al Congreso que de inmediato disponga por ley el juicio y castigo, en calidad de piratas, de súbditos españoles que, escapando a la vigilancia de su gobierno, se encuentren culpables de piratear contra los Estados Unidos. No abrigo temores de que estos corsarios vayan a representar un grave peligro. Nuestra marina estará en alerta constante con el objeto de proteger nuestro comercio. Por otra parte, en caso de que se apresen barcos estadunidenses, nuestra escuadra encargada del bloqueo ejercerá la vigilancia más estricta para evitar que los captores los lleven a puertos mexicanos; tampoco tengo aprensiones de que alguna nación viole su neutralidad al tolerar que dichos buques sean condenados y vendidos en su jurisdicción.

Recomiendo al Congreso que de inmediato disponga por ley el otorgamiento de patentes de corso y represalia contra barcos que ostenten bandera mexicana. Es verdad que hay algunos, sí acaso los hay, barcos comerciales de México en alta mar y, por tanto, es poco probable que se pertrechen muchos corsarios estadunidenses en caso de que se promulgue una ley que autorice esta forma de guerra. Sin embargo, lo que sí es seguro es que dichos corsarios prestarían un buen servicio a los intereses comerciales del país al recapturar nuestros barcos mercantes en caso de ser tomados por barcos armados con bandera mexicana, así como al capturar estos últimos. Deberá disponerse de cualquier medio en nuestro poder para la protección de nuestro comercio.

A efecto de llevar adelante la guerra contra México con vigor y energía, como el mejor medio para ponerle fin en forma rápida y honorable, será necesario un nuevo préstamo para sufragar los gastos del año fiscal presente y del venidero. Sí, es necesario continuar la guerra hasta el 30 de junio de 1848, correspondiendo esta fecha con el final del próximo año fiscal, se estima que se requerirá un préstamo adicional de 23 millones de dólares. Esta estimación se ha hecho bajo el supuesto de que será necesario retener permanentemente en el Tesoro cuatro millones de dólares para hacer frente a contingencias que pudieran presentarse. En caso de que no se requiera mantener dicho superávit, entonces será suficiente un préstamo de 19 millones de dólares. Sin embargo, sí el Congreso dispone en la presente sesión un derecho sobre los ingresos correspondientes a los principales artículos que figuran actualmente en la lista de exención, se estima que se derivará de esa fuente un ingreso anual adicional de aproximadamente dos millones y medio que, al 30 de junio de 1848, ascenderá, según se estima, a los cuatro millones de dólares, y el préstamo requerido se verá reducido por dicho monto. Se estima, asimismo, que si el Congreso gradúa y reduce el precio de los predios públicos que han estado durante mucho tiempo en el mercado, el ingreso adicional proveniente de esa fuente sería anualmente, y durante varios más, entre medio millón y un millón de dólares, y el préstamo requerido podría también verse reducido por ese monto. En caso de que se llegarán a adoptar estas medidas, el préstamo probablemente no deberá ser superior a los 18 millones o 19 millones de dólares, quedando en el Tesoro un superávit constante de cuatro millones de dólares. Se considera que el préstamo propuesto será suficiente para cubrir los gastos necesarios, tanto por concepto de la guerra como para todos los demás fines, hasta el 20 de junio de 1848, y es posible que se requiera una parte no mayor al medio millón de ese préstamo durante el año fiscal actual, y la mayor parte del monto restante durante el primer semestre del próximo año fiscal.

Con el fin de que se dé el aviso oportuno y se adopten las medidas correspondientes para pactar el préstamo, o la parte del mismo que se requiera, es importante que la aprobación del Congreso en tal sentido se otorgue en las primeras fechas de su presente sesión. Se sugiere que el préstamo se contrate por un plazo de veinte años, con la posibilidad de adquirir las acciones consolidadas y pagarlo en un plazo menor, a precio de mercado, a partir de cualquier superávit que pudiera existir en el Tesoro aplicable para tal efecto. Después de que se establezca la paz con México, se supone que existirá un superávit considerable, y que la deuda podrá liquidarse en un plazo mucho más corto que el pactado. Se sugiere el plazo de veinte años para contratar el préstamo propuesto, con preferencia a un plazo más corto, en virtud de que la experiencia, tanto en casa como en el extranjero, muestra que los préstamos se realizan en condiciones mucho mejores a largo plazo que cuando son pagaderos en fechas cercanas.

Habida cuenta de lo necesaria que es esta medida para salvaguardar el honor y los intereses de un país enfrascado en una guerra extranjera, no me caben dudas de que el Congreso dará su autorización a la mayor brevedad.

El saldo del Tesoro el 1º de julio era superior a los nueve millones de dólares, a pesar de las erogaciones considerables que se efectuaron para sufragar la guerra durante los meses de mayo y junio últimos. Si no hubiera sido por la guerra, toda la deuda pública habría podido liquidarse en poco tiempo; parte de mi política declarada era actuar en tal sentido, y liberar al pueblo de su carga, colocando al gobierno en la situación económica más congruente con el bienestar general y con el más recto y pleno progreso de nuestras instituciones.

Entre nuestros justos motivos de queja contra México, derivados de su renuencia a negociar la paz, tanto antes como desde el momento en que ese país tan injustamente inició la guerra, son los extraordinarios gastos que la misma nos ha representado. La justicia hacia nuestro propio pueblo hará que México sea declarado responsable por estas erogaciones.

La economía en el gasto público es, en todo momento, un alto deber que los funcionarios públicos del gobierno han contraído con el pueblo. Este deber se vuelve más imperioso en tiempos de guerra, cuando resultan inevitables los grandes gastos extraordinarios. Durante la guerra contra México, todos nuestros recursos deben administrarse con economía y no deben hacerse asignaciones con excepción de las absolutamente necesarias para la enérgica consecución de la misma y para la debida administración del gobierno. Los objetos de asignación que en tiempos de paz pueden considerarse útiles o adecuados, pero que no son indispensables para el servicio público, bien pueden postergarse para el futuro, teniendo en cuenta que el país está enfrascado en una guerra extranjera. Mediante la observancia de esta política en su presente sesión se podrán ahorrar al Tesoro grandes cantidades que serían aplicadas a fines necesarios con carácter urgente y apremiante, y evitarse de esta manera la contratación de un monto de deuda pública equivalente.

La intención no es recomendar que deberán denegarse las asignaciones ordinarias y requeridas para sostener el gobierno; pero es bien sabido que en cada sesión del Congreso se proponen asignaciones para numerosos fines que pueden realizarse o no sin afectar sustancialmente el interés público, y la recomendación es no otorgar estas últimas.

El informe de la Secretaría de Guerra contiene información detallada sobre las diversas dependencias de servicio público relacionadas con ese Departamento. Las operaciones del ejército han resultado en extremo gratificantes. Recomiendo a ustedes consideren pronta y favorablemente las medidas propuestas por la Secretaría de Guerra para reunir con rapidez la mayor cantidad posible de tropas del ejército regular, aumentar su eficiencia en el campo y alistar fuerzas adicionales para la guerra contra México.

Les sugiero remitirse al informe del secretario de Marina sí desean tener un panorama satisfactorio de las operaciones que realizó el año pasado el departamento a su cargo. Es grato darse cuenta de que si bien la guerra contra México nos ha obligado a emplear en sus costas una cantidad inusual de embarcaciones armadas, no se ha descuidado la protección de nuestro comercio en otros lugares del mundo. No escatimaremos ningún recurso para dar eficiencia al servicio naval a fin de que prosiga con la guerra; y me da gusto saber que los oficiales y sus hombres, desean ansiosamente servir a su país en cualquier empresa, sin importar cuán difícil sea llevarla a cabo.

Les recomiendo consideren con buenos ojos la propuesta de agregar a cada uno de nuestros escuadrones en el extranjero un buque de vapor y -asunto que requiere atención especial- proveer a Panxacola de los medios necesarios para reparar y rehabilitar las embarcaciones de la marina empleadas en el Golfo de México.