Home Page Image
 

Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

El contenido de la Memoria está a disposición como apoyo didáctico para los docentes de historia. Solicítelo en el siguiente enlace:

Solicitud de Descarga

Contacto:
MemoriaPoliticadeMexico@gmail.com

 

Comentarios:
MePolMex@gmail.com

 
 
 
 


1830 Juicio imparcial sobre los acontecimientos de México en 1828 y 1829

Lorenzo de Zavala

CAPITULO I

Don Agustín de Iturbide se embarca para Italia. Queda el Estado en la mayor confusión. Nombramiento de un poder ejecutivo. Don José Ignacio Garda Illueca, ministro único. El Congreso pierde la fuerza que había adquirido en los momentos críticos de la disolución del imperio. Nueva división de los partidos. Los iturbidistas se unen con el de los republicanos federalistas. Los borbonistas, con el nuevo creado de los centralistas. Agréganse a este último partido los españoles, la aristocracia y el clero. Pónense al frente de él los generales Bravo y Negrete. Apuros del erario. Medidas que se proponen para ocurrir a las urgencias del Estado. Bancarrota del tabaco. Préstamo de ocho millones. Contribución personal. Amortización de la deuda flotante. Utilidad de estas leyes administrativas. Los iturbidistas y federalistas logran limitar las facultades del Congreso a una nueva convocatoria. Periódico titulado El Aguila Mexicana. El Iris, otro periódico. Tendencia y mira de estos periódicos. El Sol, periódico de los centralistas. Cómo estaban escritos estos diarios. Personalidades. Triunfo de los federalistas. Los jefes del ejército, divididos en opiniones. Las provincias de Guadalajara y Yucatán se declaran independientes. Las demás provincias siguen este ejemplo. El Congreso publica la nueva ley de elecciones. Paralización de esta medida por efecto de la disidencia de las provincias. Llegada a Veracruz de Osces e lrisarri, comisionados del gobierno español. Nuevo partido que se forma en la provincia de Guadalajara. Hacen cabeza de él los generales Quintanar y Bustamante. Planes ocultos de este partido para restablecer el trono de Iturbide. Guadalajara, centro de los federalistas. Nombramiento de diputados con arreglo a la nueva ley de elecciones. Instalación del nuevo Congreso. Diputados que componían los diferentes partidos que se manifestaron en él. Ministerio. Arrillaga. Don Lucas Alamán. Don Pablo Llave. Herrera. Guatemala se declara independiente con el título de República del Centro. Chiapas declarada parte integrante de la nación mexicana. Comisionados ingleses. Principio de las relaciones de la Nueva España con la Inglaterra. Con los Estados Unidos.

Don Agustín de Iturbide se embarcó en Veracruz el día 11 de mayo para el puerto de Liorna, juntamente con su familia, y la nación mexicana quedó entregada al combate de las pasiones y de los partidos, que cada día se hacían más difíciles de conciliar. Desde luego se nombró un poder ejecutivo compuesto de los generales Bravo, Victoria y Negrete. Fueron elegidos suplentes don Vicente Guerrero, don Miguel Domínguez y don Mariano Michelena, que, como veremos después, ejercieron por algún tiempo aquella magistratura. Este poder ejecutivo nombró un solo secretario del despacho, llamado don José Ighacio García Illueca, que desempeñaba interinamente los cuatro ministerios. Illueca era uno de aquellos hombres que, sin tener una gran capacidad, tenía una comprensión fácil, mucha honradez y expedición en los negocios; pero su estado valetudinario, que dentro de pocos meses le llevó al sepulcro, y la falta de experiencia en el despacho de ministerios que nunca habían existido en México, hacían que los asuntos se entorpeciesen y sufriesen retardos perjudiciales a la causa pública; así es que en los pocos días que ejerció este ministerio universal todo estaba en la confusión y el desorden. Se había derribado al monarca y proscrito su dinastía, echado abajo la familia llamada por el Plan de Iguala y destruído la forma monárquica.

El Congreso parecía haber reasumido todos los poderes, y aquella asamblea que se creyó por un momento árbitro de los destinos de la nación, que había visto al ejército y a las provincias proclamar su reinstalación y expulsar al primer jefe, al representante de la independencia nacional, por haberla disuelto, y era el principal pretexto; esta asamblea, repito, que reunida de nuevo al parecer por el voto público decretó el ostracismo de Iturbide y anuló el Plan de Iguala en su célebre ley del 8 de abril, cumplió con estos pasos todos sus destinos y dejó de ser útil a los que de nuevo entraban a dirigir la opinión y los sucesos.

Los republicanos y los borbonislas estaban ya satisfechos en cuanto a haber desaparecido el obstáculo que se oponía a sus proyectos; mas los segundos encontraron el desengaño al momento. Los primeros habían conseguido un triunfo completo; ya no debían pensar más que en consolidarlo, y en verdad no fueron indiscretos en hacerlo.

Mas habiendo ya variado los intereses, era una consecuencia necesaria que se separasen. Unidos, como hemos visto, para hacer la guerra a Iturbide, conseguido el objeto no podían continuar en buena armonía personas que tenían tendencias tan diferentes, y una nueva división de partidos se presentó en la escena. Los iturbidistas desaparecieron por lo pronto con sus pretensiones y se unieron con los republicanos federalistas, que eran en mayor número en las provincias que en la capital. Los borbonistas, que con la abolición de los artículos que llamaban a los Borbones a reinar en México no podían otrecer como cuestionable su derecho, se unieron a otro partido que se formó, y fue el de los centralistas, es decir, el de los mexicanos que querían la república una e indivisible. A este partido se agregaron los españoles, la aristocracia del clero y los generales Bravo y Negrete, que fueron puestos por los directores de él a la cabeza de las tropas destinadas a sofocar el espíritu de federación en las provincias. Constantemente se observa que las clases privilegiadas, las personas que viven de los abusos de las administraciones pasadas, son las que oponen los obstáculos a las reformas, y pertenecen siempre al partido estacionario en las épocas de las grandes crisis de los Estados. Esto sucedió en México y sucederá en todas partes. Los españoles, que explotaban en beneficio suyo el país, pertenecieron constantemente a los partidos que hacían menos concesiones a la mayoría; y los veremos siempre tomando un vivo interés, primero por el sistema colonial, luego por la monarquía borbónica, después por el centralismo y posteriormente por el sistema militar, que bajo las fórmulas federativas domina el país.

La primera necesidad que sintieron los directores de la revolución que se acababa de hacer fue la de numerario. Las cajas estaban exhaustas. Las tropas habían vivido por tres meses de préstamos forzosos hechos por los generales del ejército en las provincias, y no podía permanecer por más tiempo este desorden sin provocar un general descontento. Se proyectó desde luego un préstamo extranjero de ocho millones de pesos; pero esta medida era lenta y exigía una dilación al menos de ocho meses. ¿Cómo se proveería a las urgencias del momento? Se ocurrió a una bancarrota del tabaco y se propuso y aprobó la venta de un millón de pesos labrados con un quebranto de veinte por ciento. Las utilidades eran seguras y realizables dentro de poco tiempo. Se vendía el mopolio de este artículo con la facultad de usar el privilegio en lugares determinados. Se aprobó también, en mayo de 1823, el primer préstamo de ocho millones de pesos, y la casa de Staples hizo un suplemento en cuenta de este préstamo de un millón de pesos, con un interés de seis por ciento y al valor de sesenta por ciento, teniendo además las hipotecas que pidió.

En este contrato veremos a su tiempo tomar una parte activa un ministro inglés, que fue separado por esta causa de su destino. Pocas negociaciones se han hecho tan ventajosas como ésta. Mas en México se ha hecho lo mismo que en todas partes cuando ha habido escaseces y las necesidades urgían. Las de las tropas, sobre todo, son tan fuertes y de tanta exigencia, que ningún sacrificio es grande cuando se adquiere para sostenerlas. Esta es la mayor plaga de aquellos países.

Además del préstamo para que se autorizó al poder ejecutivo, se tomaron otras medidas financieras, que no tuvieron mejores resultados que las de que se echó mano anteriormente. Se dió un decreto para que todos los habitantes, desde dieciocho hasta sesenta años, pagasen por tercios una contribución que equivaliese al trabajo de tres días del año; decreto que encontró muchas dificultades en su ejecución, como todos los de contribuciones en los países en que no hay ningunos datos estadísticos. Otro decreto se dió en aquellos días, que tenía por objeto amortizar los ochocientos mil pesos flotantes de papel moneda que había creado el gobierno de Iturbide, admitiendo una octava parte del pago de los derechos y contribuciones, providencia que hizo subir el valor del papel moneda hasta ochenta y noventa, cuyo precio era el de veinte hasta treinta por ciento antes de este decreto.

El Congreso se ocupaba seriamente de medidas administrativas y se advertía una actividad, un celo, una aplicación ardiente a útiles trabajos, a leyes de reforma que hubieran servido de mucho en las circunstancias en que había quedado el país, después de las dos revoluciones que había experimentado en menos de tres años. Mas nada podía restablecer su concepto en las provincias. Los iturbidistas, unidos con los partidarios de un gobierno federal, proclamaron una nueva convocatoria y fijaron al Congreso los límites de sus facultades a dar una ley de elecciones para una nueva asamblea constituyente.

El partido iturbidista, convertido en federal, creó un periódico titulado El Aguila Mexicana, primer impreso de pliego diario que salió a luz en la nación. En el Estado de Jalisco se escribía otro periódico, El lris, y en estos impresos se pintaba la revolución últimamente ocurrida como obra del partido borbonista, manejada hábilmente por los españoles para restablecer el sistema colonial, o al menos levantar un trono a la familia reinante en España.

Ya se supondrá fácilmente que se inventaron calumnias, en las que los principales acusados eran Echávarri, Negrete, Morán, Arana, Fagoaga y todos los que habían hecho profesión pública o secretamente de sus principios monárquicos con una dinastía extranjera. Los centralistas resucitaron su antiguo periódico El Sol, que, a imitación de El Aguila, salió diariamente.

Los dos diarios se combatían con furor, y debe suponerse que en un país poco civilizado el ataque a las personas ocupaba la mayor parte de las columnas.

Las discusiones políticas eran muy raras y sumamente superficiales. Cada partido creía ver en las páginas de Bentham, o quizá en los discursos de Mirabeau, una doctrina acomodada a las circunstancias, y los plagios de éstos u otros escritores, o sus textos detestablemente aplicados, era lo menos malo que había en estos escritos destinados a ilustrar al pueblo.

Pero había un partido ya irresistible que tomaba cada día más fuerza. Un partido que, abriendo una puerta amplia a empleos y cargos lucrativos y honoríficos, bajo el nombre de República federal, no podía encontrar más resistencia que la débil voz de la capital, en la que había el interés de centralizar el poder, las riquezas y los destinos de las provincias. El ejército, o mejor diré, los directores de la fuerza armada no formaron entonces su facción; tomaron diferentes direcciones; cada jefe tenía su opinión. Bravo, por ejemplo, Negrete y Morán se declararon por el gobierno central. Bustamante, Quintanar, Guerrero y Barragán abrazaron el de los federalistas. Santa Anna proclamó en San Luis Potosí estos principios, y por esta combinación de circunstancias los abogados y estudiantes de las provinCias pudieron obrar con libertad en favor de esta forma de gobierno y alegar en su apoyo la opinión pública y la voluntad general. Las diputaciones provinciales de Guadalajara y Yucatán comenzaron declarándose poderes legislativos y dando una existencia política independiente a sus provincias, que llamaron Estados soberanos. Las demás provincias siguieron este ejemplo.

El Congreso general fue despojado de todas las facultades legislativas por las diputaciones y ayuntamientos, que le intimaron la orden de reducirse a dar una ley de elecciones. Se le llamó Congreso convocante en vez de constituyente, y se nombró una comisión en el seno de aquella asamblea para que dictaminase acerca de si se reduciría. como querían las diputaciones provinciales, a la humillación de declararse convocante y dar una ley de elecciones para el constituyente, o si continuaría dando leyes generales y constituyendo la nación.

¿Quién creería que muchos diputados que se habían opuesto al nombramiento de Iturbide, alegando falta de facultades y de poderes, no tuviesen entonces escrúpulos de declararse por la permanencia del Congreso para constituir la nación en forma republicana? Olvidaban entonces que habían jurado, al tomar asiento en los bancos que ocupaban, que formarían la Constitución de la nación mexicana sobre las bases fundamentales del Plan de Iguala, esto es, bajo la monarquía extranjera. Hago esta observación no para apoyar en manera alguna ni la monarquía ni el Plan de Iguala, sino para argüir de inconsecuentes a esas personas, que sólo tenían escrúpulos cuando les convenía, y que si querían la continuación del mismo Congreso, deseaban permanecer en la falsa posición en que los había colocado el curso de los sucesos.

La cuestión de la convocatoria era entonces el asunto principal de los partidos. Anteriormente Iturbide la pedía, y el Congreso tenía en su favor a todos los que profesaban ideas liberales o republicanas, y a los españoles y borbonistas. En el día eran muy diferentes las circunstancias. Ya el Congreso de 1822 no tenía más apoyo que estos dos últimos; el interés de la clase media era obtener el poder y los medios de dominar; era imposible balancear su número y su influencia. En realidad era lo que más se acercaba a la República o a la utilidad de las másas, porque las clases pobres, siempre que tuviesen capacidad, eran llamadas a figurar en el teatro político. Los más notables miembros del Congreso, lo que puede llamarse su aristocracia, estaban contra la nueva convocatoria. Pero ¿qué podían hacer contra el clamor de todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales, y de los nuevos políticos de las provincias, que clamaban por federación y nueva asamblea?

Fue necesario ceder. Ei Congreso general formó una nueva ley de elecciones, ley conforme a la de las Cortes de España, que concede el derecho de sufragio activo y pasivo a todos los ciudadanos que no están suspensos de los derechos políticos por alguna causa. El Congreso permanecía en inacción porque las provincias no querían reconocer sus decretos; y como las tropas, como he dicho, no obraban entonces, se puede decir que la expresión de la mayoría libre, contraria a las determinaciones de la asamblea, era nacional.

Por este tiempo llegaron a Veracruz y pasaron hasta Jalapa los señores Osees e Irisarri, comisionados del gobierno español sin ningún carácter público, al menos que hubiesen manifestado. Entablaron relaciones con don Guadalupe Victoria, que mandaba la provincia de Veracruz, y permanecieron sin adelantar nada y sin que el Congreso ni el pueblo hubiesen llegado a saber qué intentaban o qué pedían. Probablemente sólo eran espías del gabinete de Madrid, porque habiendo permanecido tres o cuatro meses en la República, salieron de ella sin haber establecido relaciones de ningún género con el gobierno general, pues aunque la nación no tenía entonces un gobierno establecido con el que pudiese tratarse, y por una coincidencia notable estaba en el mismo caso que la española, en la que había dos gobiernos, el de la regencia de Urgel y el que condujo a Fernando VII a Sevilla y luego a Cádiz, sin plan, sin sistema y sin valor para hacer lo que exigía su situación delicada y peligrosa, pudieron dirigirse al Congreso.

San Juan de Ulúa estaba todavía en poder de las tropas españolas, y desde aquel islote, distante una milla de la ciudad de Veracruz, amenazaban la destrucción de esta preciosa población, levantada a costa de muchos millones y trabajos. Mientras estuvo en Ulúa de comandante don José Dávila, existía entre las dos plazas la mayor armonía. Los comerciantes españoles de Veracruz, que eran muchos, depositaban sus caudales en el castillo y tenían relaciones íntimas con la guarnición.

Veremos dentro de poco el principio de las hostilidades, que causaron daños enormes a la ciudad y condujeron a la toma de la fortaleza, último baluarte de los peninsulares en la Nueva España.

Mientras en el Congreso general se debatían las cuestiones de convocatoria y las provincias se declaraban sucesivamente Estados, en la de Guadalajara se formaba un partido a cuya cabeza estaban los generales Quintanar y Bustamante, ambos apasionadamente adictos al ex emperador Iturbide.

Estos jefes se habían declarado por el sistema federál y encontraban el apoyo de todos los que habían abrazado con entusiasmo esta forma de gobierno. Tenían, sin embargo, proyectos ocultos; proyectos que se cubrían bajo las apariencias de federación. Sus planes eran restablecer el trono de Iturbide, y aunque obraban con la mayor cautela, era imposible que tramas de esta naturaleza permaneciesen por mucho tiempo ocultas. Guadalajara, una de las provincias más ricas y pobladas de México, cuya capital ha tenido universidad y otros establecimientos literarios, cuyos habitantes están dotados generalmente de una imaginación viva, de inteligencia clara y de cierta ligereza en sus juicios; Guadalajara, distante de México ciento sesenta leguas, opuesta al sistema de monopolios de la corte y rival de ella, levantó con energía la voz y se declaró el centro de asilo de todos los republicanos federalistas. La escisión era pública, la diputación provincial daba decretos, formaba la ley de elecciones para su legislatura, y a ejemplo de esta provincia y la de yucatán, situada al extremo opuesto de la República, todas las demás provincias hacían lo mismo. En estas circunstancias se procedió al nombramiento de nuevos diputados para el segundo Congreso constituyente. Estos mandatarios del pueblo debían venir con poderes amplios para constituir a la nación conforme a la voluntad general. La base de elección era la de un diputado por cada setenta mil almas o el residuo de más de cuarenta mil. Las provincias que no llegasen a este número de habitantes, debían, sin embargo, enviar un diputado.

En el mes de octubre de 1823 se instaló solemnemente el nuevo Congreso, precisamente un año después de la disolución violenta hecha por Iturbide de la asamblea anterior. Los diputados de los nuevos Estados vinieron llenos de entusiasmo por el sistema federal, y su manual era la Constitución de los Estados Unidos del Norte, de la que corría una mala traducción impresa en Puebla de los Angeles, que servía de texto y de modelo a los nuevos legisladores. Don Miguel Ramos Arizpe se puso a la cabeza del partido federal y fue nombrado presidente de la comisión de Constitución. Ya no había partido monárquico. El de los centralistas lo componían, como principales, los diputados Becerra, Jiménez, Mangino, Cabrera, Espinosa, doctor Mier, Ibarra y Paz. El de los federalistas, Ramos Arizpe, Rejón, Vélez, Gordoa, Gómez Farías, García, Godoy y otros.

El ministerio se había compuesto ya, después de la organización del poder ejecutivo, de los señores don Francisco de Arrillaga, en Hacienda; don Lucas Alamán, en Relaciones Interiores y Exteriores; don Pablo Llave, en Justicia, y don José Joaquín Herrera, en Guerra y Marina.

El primero es un español que se había adquirido la estimación de los que le conocían, por sus modales dulces y una urbanidad que no era por lo general la cualidad más común en los españoles que pasaban a América. Había tenido la desgracia de quebrar, porque en la guerra de independencia las tropas de ambos partidos destruyeron completamente su valiosa hacienda de Paso de Ovejas, en la que había invcrtido sus capitales adquiridos por el comercio. Arrillaga se había dedicado a la lectura de los economistas y adquirió alguna tintura de esta ciencia, lo que le hacía ser considerado en Veracruz, lugar de su residencia, como uno de los hombres más instruídos. Este concepto y sus relaciones con los que estaban en el poder influyeron en su nombramiento para aquel destino, a pesar de ser español; ninguno, sin embargo, dudaba de sus sentimientos liberales.

Don Lucas Alamán había estado en Europa por el espacio de algunos años y no había tomado ni parte ni interés en las revoluciones que agitaban su patria. Extraño a estos grandes sucesos, fue nombrado diputado para las Cortes de España de 1820 y 1821. Tomó parte, con sus compañeros, en las proposiciones que se hicieron para establecer gobiernos independientes en América, y en 1823 llegó a Veracruz después de siete años de ausencia. Sus maneras, aunque estudiadas, de decir y de presentarse en la sociedad, le han adquirido una reputación de hombre de importancia en un país en que la civilización no está aún adelantada. Alamán habla con alguna facilidad, pero nunca profundiza ninguna cuestión y menos la analiza. En otra ocasión diré cuanto baste a dar a conocer este personaje, presentando sus acciones.

Don Pablo Llave, canónigo de Valladolid, igualmente extraño a las revoluciones de México, diputado en las Cortes de España de 1820, fue hecho tesorero de la catedral de Valladolid de Michoacán por el partido liberal. Yo no sé que haya hecho ningún servicio a su país. Es hombre de muy pocos recursos mentales y sin ningún género de instrucción; porque aunque se ha hablado de él como de un botánico instruído, un folleto que publicó en México sobre las plantas indígenas manifiesta lo contrario. Aun cuando ha sido francmasón en España, en América se ha unido al partido eclesiástico, y constantemente ha obrado y votado en este sentido.

No es éste el único ejemplo de eclesiásticos americanos que fueron liberales en América.

Don José Joaquín Herrera era boticario de la villa de Córdoba, y su patriotismo le hizo tomar las armas contra los españoles en la guerra de independencia. Se distinguió en la acción de aquella villa dada contra el coronel Hevia, en la que murió este jefe español. Herrera es hombre de talentos medianos, de mucha honradez y de sentimientos republicanos.

Al mismo tiempo que las provincias de México se declaraban Estados independientes, proclamando el sistema de federación, el vasto territorio de Guatemala se separaba enteramente de la nación mexicana. El general don Vicente Filisola, encargado del mando de aquellos países, empeñado en una lucha desigual contra la opinión altamente pronunciada por la independencia del gobierno mexicano y un número de tropas nacionales muy superior al que tenía Filisola, y que se aumentaba diariamente, se vió obligado a abandonar el territorio de Guatemala; y esta nueva República, tomando el nombre de República del Centro de América, y declarándose independiente, entró en la categoría de las otras naciones desprendidas del gobierno español. La provincia de Chiapas, que anteriormente a la independencia de las Américas españolas estaba comprendida en el círculo de la jurisdicción del Presidente de Guatemala, pero que tiene relaciones comerciales con Oaxaca y Tabasco, Estados ambos de la federación mexicana, no entró desde luego en la nueva coalición de las provincias del Centro de América. Su posición a una distancia de doscientas leguas de la capital y del centro de las operaciones por caminos intransitables no permitía que las tropas de los guatemaltecos pudiesen atacar a las de los mexicanos, que ocupaban a Ciudad Real y otros puntos de aquel Estado. La cuestión no debía ventilarse por las armas, y dichas naciones, que estaban en aquella época haciendo ostentación de respetar los derechos de los pueblos y su voluntad expresada por sus sufragios, no quisieron remitir el resultado a una guerra que hubiera sido quizá el origen de odios y rivalidades inextinguibles.

El agente de Guatemala en México, don Juan de Dios Mayorga, propuso el arbitrio de la votación; y el Congreso mexicano, después de declarar solemnemente que reconocía la independencia de la República del Centro, unida el año anterior al Imperio mexicano, arregló el modo en que los habitantes de la provincia de Chiapas habían de declarar si pertenecerían a la República Mexicana o a la de Guatemala. Nombráronse comisionados por ambas partes y el resultado de la votación fue en declararse Chiapas parte inteprante de la nación mexicana. Este nuevo Estado fue agregado después en el catálogo constitucional, no habiendo ocupado lugar en el acta constitutiva que salió en enero de 1824.

A fines del año de 1822, el gabinete inglés había enviado a México, con comisión reservada, al Dr. Mackie, con el objeto de que informase a su gobierno del estado político de Nueva España, así como Mr. Poinsett había recibido el mismo encargo en la referida época por el gabinete de Wáshington. Sea en consecuencia de los informes de Mr. Mackie, sea por las exigencias políticas de Europa, con motivo de la reunión de los representantes de la Santa Alianza en Verona en diciembre del mismo año, y de la invasión hecha por el ejército francés en la península española para restituir el poder absoluto a Fernando VII, el ministerio inglés, dirigido entonces por Mr. Canning, resolvió enviar a México una comisión compuesta de Mr. Lionel Harvey, y Mr. Ward, que debería recibir sucesivamente instrucciones y poderes conforme a las circunstancias, habiendo sido nombrado Mr. Carlos O'Gorman cónsul general, que salió con aquéllos de Portsmouth en octubre de 1823. El comisionado secreto, Dr. Mackie, llegó a Londres, de regreso de su comisión, en noviembre del mismo año, llevando a don Francisco de Borja Migoni los despachos de agente confidencial del gobierno de México cerca del gabinete británico. Este fue el principio de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Ya en noviembre de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Mr. Henry Clay, se había presentado al Congreso, manifestando la opinión del presidente Mr. Adams, para que se hiciese una solemne y franca declaración de reconocimiento de la independencia de aquellos Estados. Muy honorífica fue a los sentimientos nobles e ilustrados del gabinete de Wáshington aquella conducta, y las cámaras legislativas, penetradas de los mismos principios, no vacilaron en aprobar la proposición del presidente, a excepción únicamente de Mr. Randolf, diputado por uno de los Estados de Occidente, que combatió la medida, tratando a los mexicanos con la misma urbanidad con que posteriormente se presentó en la corte de San Petersburgo, dando una idea muy poco ventajosa de civilización.

CAPITULO II

Conspiración de Lobato. Este acusa como principales instigadores de ella a don Mariano Michelena y a don Antonio López de Santa Anna. Unese toda la guarnición a los conspiradores. El poder ejecutivo, abandonado, se refugia al edificio del Congreso. Don F élix Merino, comandante del 7° de infantería, es el único que se mantiene fiel al gobierno. El Congreso toma medidas para apagar la sedición. Nota pasada por el ministro inglés. Objeto presumido de esta nota. Algunos diputados sostienen las peticiones de los sublevados. Firmeza del Congreso. El general Guerrero es llamado. Opinión que manifiesta acerca de la sublevación. Manda desarmar al general Hernández y al teniente coronel González. Partidas armadas que recorrían el país. Vicente Gómez. Su fin. Restablécese la tranquilidad. Castigo de los conjurados. Causas que pudieron dar motivo a este movimiento contra los españoles. Hácese general el deseo de su expulsión. Por qué. Continúa el Congreso la discusión del acta constitutiva. Se declara la independencia nacional de los Estados. El partido centralista sin apoyo. Diputados que sostuvieron la discusión. Don Juan de Dios Cañedo. La nueva Constitución adoptada con entusiasmo. Observaciones. La paz pública restablecida. Guerrero, Michelena y Domínguez ocupan interinamente el Poder Ejecutivo. Michelena con don Lucas Alamán y Arizpe son los que gobiernan. Michelena se hace nombrar ministro plenipotenciario en Londres. Facultades de que se reviste para disponer de los fondos del préstamo. Don Agustín de Iturbide sale de Liorna para Inglaterra. Una tempestad le obliga a regresar. Su viaje por tierra. Voces esparcidas de un proyecto de entregarle a Fernando VII. Su llegada a Inglaterra. Sus noticias. Sus esperanzas. Préstamo contratado por Migoni. Causa de sus desventajas. Inutilidad de su inversión. Desaprobación del gobierno inglés de la conducta de Mr. Harvey, agente suyo en México. Nombramiento de Mr. Morier. Informes poco ventajosos. Conducta de Mr. Canning. Acto arbitrario de despotismo de don Lucas Alaman contra M. Prisette, redactor de El Archivista. Muerte de este en Jalapa. El partido iturbidista toma vuelo en Jalisco y Guadalajara. Quiénes eran los corifeos de este partido en aquel Estado. Actividad del partido contrario y de las logias escocesas. Proposición de nombrar un director supremo. Es aprobada. Resultados temibles de esta medida. Bravo y Negrete marchan con fuerzas contra Guadalajara. Nota pasada por Iturbide al Congreso. Proposición de don Francisco Lombarda.

Cuando el Congreso se ocupaba en las bases de una acta constitutiva que organizase cuanto antes los Estados nuevamente salidos de la revolución, y que sin ninguna regla para gobernarse ni entenderse entre sí y con el gobierno general presentaban la imagen del caos, las tropas existentes en la capital, abandonadas a sí mismas, en medio de la relajación de todos los resortes de la administración, estimuladas por algunos jefes, se dispusieron a formar una conspiración cuyo objeto era pedir al Congreso una ley para que se separase a todos los españoles de los empleos.

El jefe ostensible de esta conspiración era el brigadier don José María Lobato; pero este individuo acusó después como a motores principales a don Mariano Michelena y a don Antonio López de Santa Anna. Es muy difícil saber la verdad. Michelena ocupaba entonces una plaza en el Poder Ejecutivo como suplente, y don Pedro Celestino Negrete, aunque español, ocupaba otra como propietario. Don Francisco Arrillaga, igualmente español, era secretario de Hacienda. Acusó a Michelena la voz pública de haber querido separar a estos individuos para ocupar una de sus plazas. Lo que es cierto y me consta, es que había una sociedad secreta que dirigía Michelena y que de este conciliábulo salían varias resoluciones que influían en las cosas públicas.

El suceso de Lobato comenzó en 23 de enero de 1824 por la noche, en el cuartel de los Gallos y en el convento de Belén, en la ciudad de México. Los principales representantes de esta sedición fueron Lobato, el teniente coronel Stávoli, los oficiales Barberis y un capitán Melgarejo. A la voz de las tropas que ocupaban aquellos cuarteles, toda la guarnición de la capital acudió en masa, y las plazas guarnecidas por los soldados quedaron desiertas. Las cárceles, la Casa de Moneda, el palacio, todo fue abandonado; los miembros del poder ejecutivo, viéndose sin ningún individuo a quien comunicar sus órdenes, tuvieron que refugiarse al edificio del Congreso para estar con alguna seguridad. La capital estaba en la mayor confusión, porque sin haberse disparado un tiro ni empeñado un combate amenazaba una conflagración general; sólo un cuerpo mandado por don Félix Merino, el 7° de infantería, compuesto cuando más de doscientos hombres, rehusó tomar parte en la rebelión. Este fue el único que podía oponerse a más de dos mil hombres que formaron esta trama.

No pudiendo obrar el Ejecutivo, el Congreso, en sesión permanente, se ocupaba en apagar la sedición. Se hacían alternativamente promesas y amenazas a los rebeldes; el general Santa Anna, que corría desde un punto al otro, ofreció al Congreso su persona y su espada; el agente inglés Mr. Harvey pasó una nota al ministro de Relaciones Alamán, en la que, a pretexto de protección de las propiedades de los súbditos de S. M. B., reclamaba contra el movimiento tumultuario de las tropas, haciendo una especie de amenaza de retirarse del territorio si aquel desorden continuaba. no se hizo mención en el Congreso de esta nota, a petición de Alamán. Los que sabían hasta dónde deben extenderse las relaciones de un enviado atribuyeron esta nota confidencial a un artificio de Alamán para intimidar con aquel arbitrio a los sediciosos, a falta de todo otro recurso en el gobierno. Algunos diputados estaban en inteligencia con aquéllos y sostenían en el Congreso el proyecto de dar un decreto para separar a los españoles de sus destinos. El Congreso se mantuvo firme; se negó a dar ninguna resolución sobre la demanda hecha con la fuerza armada, fundado muy racionalmente en que un decreto semejante sería obra de la violencia y no la expresión libre de los representantes del pueblo. Esta firmeza desconcertó a Lobato y sus cómplices; no se atrevían a atacar al Congreso, porque esta asamblea era muy respetada por la nación entera; era la única tabla de naufragio. Las tropas sublevadas permanecían inactivas en sus cuarteles, mientras el gobierno circulaba órdenes a los Estados para reclamar auxilios. El general Guerrero, que se hallaba en el Sur, fue llamado a la capital. El nombre solo de este campeón bastaba a intimidar a los revoltosos. Guerrero manifestó desde luego que era contrario a los proyectos de las tropas rebeldes; que aunque conocía que la opinión pública no aprobaba la permanencia de los españoles en los destinos públicos, por la desconfianza que inspiraban, jamás entraría en ningún acto que tuviese por objeto sacar por la fuerza o el temor una ley o decreto cualquiera del Congreso.

Al general Hernández y al teniente coronel González, que por el rumbo del sur de México habían proclamado la misma medida que Lobato, los había mandado desarmar.

Mas no por eso dejaron de existir otras partidas armadas que pedían lo mismo, y bajo este pretexto cometían varias tropelías en la provincia de Puebla, bajo las órdenes de Vicente Gómez, temible guerrillero del tiempo de la revolución. Lo peor era que partidas numerosas de ladrones infestaban el camino de Veracruz a México, so pretexto de pedir la expulsión de españoles, lo que perjudicaba mucho al comercio y daba una idea muy triste a la Europa de la situación del país. Posteriormente este Vicente Gómez, de quien no volveré a ocuparme, fue desterrado a California, en donde un compañero le mató de un tiro.

La presencia y oposición de Guerrero, la enérgica conducta del Congreso, que declaró fuera de la ley a los disidentes, si en un término dado no dejaban las armas y se sometían, y más que todo, la debilidad de los directores de aquella asonada, hicieron desaparecer la tempestad al cabo de tres días. El teniente coronel Stávoli, los Barberis y otros pocos se mantuvieron firmes en su propósito, pero ya no podían oponer resistencia. Lobato había cedido, y con él la mayor parte de las tropas. El Poder Ejecutivo entró en sus funciones y los obstinados fueron hechos prisioneros. A Stávoli le sentenciaron en el momento a pena capital, pero el Congreso la conmutó por otra más suave y salieron desterrados fuera de la República éste y otros oficiales cómplices de Lobato. Así concluyó la conspiración que se llamó de Lobato, por haber sido el jefe que la presidió.

Si se profundizan las causas que pudieron dar origen a este primer movimiento contra los españoles, después de un silencio de tres años en el particular, es decir, después de que hecha la independencia no se había pronunciado contra ellos ningún partido, ninguna facción, ni aun la imprenta misma, no es difícil encontrar el origen en el odio que se había acumulado sobre ellos por la conducta constantemente hostil que siguieron contra Iturbide y contra todas las medidas que podían conducir al establecimiento de un gobierno nacional y libre. Existían, además, en el territorio mexicano gran número de peninsulares que habían degollado, mutilado, empobrecido a muchos individuos y a multitud de familias en el período de la revolución, y la presencia de estas personas -las más colocadas en empleos lucrativos y otras enriquecidas con el fruto de sus rapiñas- irritaba a los mexicanos, que no creían hecha enteramente la independencia mientras estuviesen sus antiguos opresores participando del mando y disfrutando de las rentas que produce. Este sentimiento, hasta cierto punto nacional, degeneraba luego en las clases bajas de la sociedad. Los bienes mismos de los españoles llegaban a ser un objeto de su codicia y de su envidia. Y de esta manera fue formándose esa opinión, que después se hizo un partido formidable, cuya divisa era: Fuera los españoles, que se desenvolvió con tanta fuerza como violencia posteriormente. No es fácil deslindar hasta qué punto puede llamarse nacional un sentimiento que con mucha facilidad se confunde con el deseo de obtener empleos que otros tienen. Es evidente que sin este estímulo la independencia no se hubiera conseguido tan fácilmente, porque generalmente los pueblos obran muy pocas veces por ideas abstractas, por teorías de gobiernos, por esperanzas que no se palpan. Que los jefes de la nación antiguamente constituída, asentada sobre hábitos inveterados, costumbres respetables, usos, religión, propiedades, leyes, comercio; en suma, fundada, por decirlo así, sobre una serie de siglos, al ser invadida su independencia por extranjeros que amenazan la subversión de todo lo que más aman y respetan, invocando el patriotismo subleven las masas y hagan nacer un entusiasmo general, se comprende muy bien y se explican los motivos; pero que en un país sin civilización, en el que se mantienen las leyes, las costumbres, los hábitos, la religión, las preocupaciones, un sacudimiento general arroje al gobierno establecido, organice otro y declare su independencia de la metrópoli, es difícil el explicarlo sin ocurrir a aquel deseo innato que tienen todos los hombres de mejorar su suerte, sustituyéndose en lugar de los que disfrutan de ciertas comodidades. Los que para contestar a este raciocinio aleguen el ejemplo de los Estados Unidos del Norte no merecen ninguna atención.

Tranquilizada la capital, el Congreso, que había trasladado al palacio virreinal el lugar de sus sesiones por aquellos días, volvió a San Pedro y San Pablo, y continuó su discusión sobre el Acta Constitutiva. Este documento era una declaración anticipada de los principios adoptados para el gobierno de la federación, en que se contenían las bases del sistema que deberían sentarse en la Constitución federal, y como una garantía de que el Congreso había entrado francamente y de buena fe en la forma de gobierno que habían pedido los Estados.

Se declaraba la soberanía nacional, la independencia de los Estados de México, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Texas, Occidente, Tamaulipas, Valladolid y Guanajuato. En la Constitución se añadió Chiapas. Se estableció la independencia del poder judicial, la organización de los poderes ejecutivo y legislativo, la intolerancia religiosa, los fueros del clero y de la milicia y otros artículos secundarios. La sanción de este decreto constitucional y su inmediata publicación era una medida que demandaban imperiosamente las circunstancias, y así apareció a los cuatro meses, como si hubiera sido preciso hacer un gran esfuerzo para copiar artículos de la Constitución española y de la de los Estados Unidos del Norte y darles una forma regular y ordenada. Las discusiones fueron largas y acaloradas; la mayor parte de los discursos, indigestos y poco convenientes. El partido centralista combatía en retirada, porque fue derrotado desde las primeras votaciones. Ramos Arizpe era el corifeo del partido federal, lugar que le cedieron sus colaboradores por su antigüedad y su estado; pero sostenían las discusiones los diputados don Juan de Dios Cañedo, don Prisciliano Sánchez, Rejón, Vélez y otros.

Cañedo había sido miembro de las Cortes españolas en 1821 y manifestado en la tribuna algún desembarazo y facilidad para hablar. Sus frases son claras; sus conceptos, aunque comunes, los presenta con gracia y novedad, y muchas veces mezcla el chiste y el sarcasmo con oportuna felicidad. Es uno de los mexicanos más instruídos, y, con menos versatilidad de carácter y opiniones, haría un hombre de Estado sumamente útil a su patria. En otra parte hablaré del señor Sánchez, de Jalisco, honor de su Estado por sus luces y patriotismo.

El Acta Constitutiva fue recibida con entusiasmo por los que en los nuevos Estados representaban la opinión pública. Los directores de los asuntos organizaron las elecciones para formación de legislaturas, y en donde aún no las había, comenzaron a tomar una marcha más regular todas las cosas que habían permanecido hasta entonces en mucha confusión.

Grande era, a la verdad, el embarazo en que se encontraban los encargados de los poderes y de la dirección de los negocios. El nombre mismo de federación era nuevo para muchos de ellos; no tenían ni podían tener ideas sobre una forma de gobierno de la que no se habían ocupado los libros políticos franceses y españoles que circulaban en México.

Esta forma de gobierno presta muy poco campo a las teorías constitucionales que han agitado por medio siglo la Europa continental. No habiendo sido la consecuencia de doctrinas abstractas ni de discusiones metafísicas, sino del estado de cosas en los Estados Unidos, de la material situación de las relaciones e intereses sociales antes de la emancipación de aquel vasto territorio, las autoridades han ido naturalmente y sin violencias poniéndose en su lugar, y las leyes y las disposiciones constitutivas que han venido después de la existencia de los gobiernos nada han alterado, en vez de que en muchas naciones de Europa y América las constituciones y las leyes orgánicas han creado y dado existencia a un estado de cosas que no había ni hubiera venido por el curso natural de los acontecimientos. Esta observación es muy importante, y debe servir para explicar los obstáculos que se encuentran a cada paso en esas sociedades en donde todo es ficticio y efecto de sistemas inventados o mal imitados. Y si en las naciones que han dado a luz estos sistemas se marcha con tanta dificultad y se experimenta un continuo roce entre las diferentes ruedas de la gran máquina social; si los mismos creadores de esas hipótesis convertidas en tesis constitucionales tienen necesidad muchas veces de volverse atrás, de detenerse, de apelar a antiguas tradiciones o usos establecidos, al auxilio mismo de la superstición, para poder hacer marchar el Estado constituído sobre sus nuevos teoremas políticos, ¿qué deberá acontecer con esos hombres lanzados repentinamente en la carrera política, colocados por la magia revolucionaria a la cabeza de los destinos de su patria, sin entender ni lo que son, ni lo que harán, ni lo que podrá suceder? Estas consideraciones, que sólo las indica el historiador, son una materia de reflexiones profundas e interesantes para el político y el filósofo.

El sistema federal fue jurado y reconocido en toda la República; el voto general se había cumplido, como se expresaban los corifeos de esta doctrina. La paz pública estaba restablecida en la extensión del territorio, y el poder ejecutivo desempeñaba sus funciones tranquilamente después de la asonada última. El ministro Llave había partido para su casa en Córdoba, huyendo de los peligros del ministerio amenazado en la pasada revolución. El poder ejecutivo estaba desempeñado por los señores Guerrero, Domínguez y Michelena, porque los propietarios estaban en comisiones fuera de México.

Es necesario que los lectores se enteren de lo que hizo entonces Michelena. Este último lo hacía todo con don Lucas Alamán y el diputado Arizpe, porque Domínguez, hombre octogenario, de un carácter débil y condescendiente a pesar de su extremada honradez y probidad, y Guerrero, constantemente atacado de los dolores y hemorragia, efectos tristes de la herida que recibió pocos meses antes, inhábil para dedicarse con constancia a los asuntos públicos, no podían oponer resistencia al sistema de intrigas que dirigía el gabinete. Michelena, aprovechándose del abandono que todos habían hecho del supremo poder en sus manos, se hizo nombrar general de brigada y conferir el encargo de ministro plenipotenciario en Londres, aun cuando no había tratados existentes ni de consiguiente México estaba reconocido como nación independiente por aquel gobierno. Pero esto no importaba a Michelena. Se dió a sí mismo las instrucciones que creyó útiles y convenientes, no al bien de la nación, sino a sus intereses, para compra de buques, de vestuarios, de armamento, etc.; y con estas facultades omnímodas para disponer de los productos del primer préstamo en que la nación iba a empeñarse, partió para Europa en marzo de 1824. De esta manera, en la República Mexicana se disponía ya de caudales que se tomaban a un interés subido, destinándolos a objetos frívolos, inútiles o ficticios.

El 20 de noviembre de 1823, don Agustín de Iturbide, que se hallaba en Liorna, noticioso de las disensiones que ocurrían en México y de la voz levantada contra la existencia del Congreso constituyente, como hemos visto, se hizo a la vela en un buque inglés para Londres; pero obhgado por una fuerte tempestad a regresar al puerto el barco en que iba, se determinó a partir por tierra a principios de diciembre siguiente, y atravesando rápidamente el Piamonte, en lugar de tomar por Francia, se dirigió a Ginebra, y siguiendo por la orilla derecha del Rin, entró por los Países Bajos, y embarcándose en Ostende, llegó a Inglaterra el 31 del mismo mes.

Mr. Michel Joseph Quin, amigo del señor Iturbide, dice en el prefacio de las Memorias de éste que varios avisos secretos de que se trataba de entregarle a Fernando VII le obligaron a salir de Italia, evitar la entrada en Francia y ponerse a salvo en la nación única que entonces ofrecía en Europa garantías y hospitalidad a todos los emigrados por asuntos políticos. Yo no pronuncio mi juicio acerca de este hecho; mas la salida posterior de Iturbide de Londres para las costas de México hace formar la presunción de que ya tenía un proyecto de regresar a su país. En el post scriptum de sus Memorias dice:

El tiempo que ha transcurrido después de haber concluído este escrito me ha ofrecido la ocasión de observar que los acontecimientos ocurridos en México después de mi salida confirman plenamente todo lo que yo había dicho con respecto al Congreso. Se le ha visto prolongar la duración de sus sesiones, a fin de apoderarse de todos los poderes y de formar una Constitución conforme a sus deseos. Esta conducta es incompatible con la autoridad limitada que se le confirió, y manifiesta su menosprecio por la opinión pública y por las representaciones enérgicas que le han dirigido las provincias para que se limitase a formar una nueva convocatoria.

De aquí ha resultado que las provincias, para forzar al Congreso a condescender, han ocurrido a medidas violentas, tomando las armas y rehusando obedecer a las órdenes de esta asamblea y a las del gobierno que ha formado. Este hecho ofrece una prueba inequívoca de la mala opinión que el pueblo tiene de la mayoría de los diputados.

La convocatoria de un nuevo Congreso pide necesariamente tiempo y gastos, y de consiguiente se puede inferir que el pueblo no hubiera ocurrido a este expediente nunca si hubiera visto a la mayoría de los actuales diputados como legisladores sabios, virtuosos y moderados, o si la conducta de estos diputados después de su nuevo ingreso en el santuario de las leyes hubiese sido conforme al bien general, en lugar de estar subordinada a sus ambiciosos y siniestros designios.

Esto escribió el señor Iturbide poco antes de salir de su retiro de Liorna, en donde recibía noticias, y aun invitaciones, según afirma Quin, a quien es regular se las haya comunicado.

Iturbide estaba lleno de la idea de su poder y de su prestigio. Creía que las revoluciones que se hacían en su patria no tenían otro objeto ni mira que su restablecimiento, y medía los proyectos de todos los mexicanos por los de Bustamante, Quintanar y su compadre don Juan Gómez Navarrete, redactor de El Aguila Mexicana.

Lleno de estas ilusiones, arrastrado por el amor, tan natural, que tienen todos los hombres a su país natal, preocupado con el ejemplo de los rápidos triunfos de Napoleón cuando su desembarco en Cannes, y olvidando su terrible caída, y más que todo la funesta catástrofe del rey Murat, se arrojó de nuevo en el golfo de la política y de las revoluciones.

En Londres encontró nuevos incentivos. En Bath recibió, según el testimonio de Mr. Quin, cartas de México en las que se le instaba del modo más eficaz para que volviese cuanto antes a aquel territorio.

Sin ninguna mira de elevación personal -dice su amigo-, sólo consideró la independencia de México que había tenido la gloria de fundar, y resolvió, aun cuando sólo tuviese que servir como un simple soldado, tomar un fusil, y en caso necesario derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de una causa tan sagrada.

El 7 de febrero contrató don Francisco de Borja Migoni, con la casa de B. Goldsmith y Compañía, el préstamo para que había sido autorizado el gobierno por el Congreso mexicano, en la suma de 3.200,000 libras al 5 por 100 de interés anual, y al precio de 55 por 100.

Todavía no comenzaba a tenerse en Londres la opinión ventajosa que posteriormente se formaron los ingleses de las riquezas del país y de la facilidad de explotarlas.

La presencia de don Agustín de Iturbide, que amenazaba con una tentativa sobre México, era además otra causa para que los prestamistas no entrasen en más amplias concesiones; y así, aunque desventajoso por el precio bajo en que se contrató este préstamo hecho por Migoni -atendidas las circunstancias referidas y la de ser el primero que salía a la plaza de Londres, en donde las relaciones con México eran casi ningunas-, fue todo lo que quizá se podía hacer en aquella época. El mal no provenía de los términos de la contrata, sino de la resolución de hacer el préstamo, cuando las medidas de economía en el país hubieran sido suficientes para satisfacer las necesidades del momento, como lo manifestó el uso que se hizo de los productos de este empeño, consumidos en su mayor parte en artículos inútiles, como lo veremos después.

He indicado que la casa del R. P. Staples proporcionó al gobierno de México la suma de cerca de un millón de pesos para pagarse después con los productos del préstamo de Londres, tomando además todas las hipotecas que exigió. En esta negociación, Staples fue apoyado por la firma de Mr. Harvey, que recomendó la casa prestamista y aseguró su responsabilidad. El gabinete inglés no aprobó el que un agente diplomático suyo entrase en semejantes contratos ni se mezclase de manera alguna en negocios mercantiles o bursátiles, y en consecuencia relevó a Mr. Harvey inmediatamente, sustituyendo en su lugar a Mr. Morier, que salió de Londres en julio de este año, embarcándose en Portsmouth.

Mr. Morier había viajado en el Oriente y escrito algunas observaciones curiosas sobre la Persia y demás provincias del Asia Meridional. Es un inglés bastante instruído, de modales francos y urbanos y muy afable. Este juicio es tanto más imparcial cuanto que los informes que dió de México a su gabinete no fueron muy ventajosos al país, y quizá fue más severo con respecto a los mexicanos que lo que merecían. El corto tiempo de su mansión en la capital y la clase de personas con quien trató no daban suficiente materia para juzgar. Pero nada es más común que estos juicios que los extranjeros forman sobre los pueblos que visitan, hablando de las poblaciones como se pronuncia sobre la clase del terreno, las producciones naturales y otros objetos que no pueden admitir modificación, como las costumbres y disposiciones morales de los individuos. Mr. Canning no obró de acuerdo con los informes de Mr. Morier, pues a pesar de ellos continuó dando órdenes para formalizar los tratados que debían producir el reconocimiento de la independencia mexicana un poco más tarde.

Por este tiempo cometió don Lucas Alamán un acto de arbitrariedad y tiranía en nombre del gobierno, de que era secretario de Relaciones. Había llegado a México un año antes un francés llamado M. Prisette, emigrado de su país en tiempo de la Restauración; sujeto bastante instruido en varios ramos de literatura y amante de la libertad, Prisette creyó que en una nación en la que se había establecido la libertad de imprenta como una de las principales bases constitucionales no habría ningún peligro de escribir, siempre que se respetasen las leyes, y que en el caso de faltar a alguna se juzgaría al culpable por las que reglaban el uso de esta facultad respetable. Estableció un periódico titulado El Archivista, en el que insertaba todas las disposiciones legislativas y decretos que podía adquirir, acompañando siempre algunas reflexiones -las más juiciosas y eruditas-, ya sobre los mismos decretos, ya sobre politiCa en general. El periódico era interesante y, de consiguiente, de suma utilidad en un país en que son raras esta clase de producciones. Es verdad que no siempre caminaba de acuerdo con el gobierno, y aun algunas veces se ocupó en censurar las providencias que no parecían legales a los editores; pero ¿qué otra cosa es la libertad de imprenta ni qué uso más útil tiene que el de combatir la marcha de los gobernantes cuando no es conforme a los intereses públicos?

El señor Alamán encontró un medio fácil de libertarse de este censor importuno. Expidió una orden para que dentro de veinticuatro horas fuese conducido M. Prisette fuera de la capital, rumbo de Veracruz, con una escolta de soldados, y que llegado al puerto se le embarcase para un país extranjero. Paralítico, sin recursos, hombre de más de cincuenta años, sumamente sensible, Prisette salió de México en la forma que he dicho y murió al poco tiempo en Jalapa, en donde había sido detenido por la compasión que inspiró su situación a don Guadalupe Victoria y don Sebastián Camacho.

La providencia se cubrió con el velo de que los extranjeros no deben mezclarse en las cuestiones políticas de los otros países, y este negocio quedó así.

El aspecto que iban tomando las cosas en el Estado de Jalisco y ciudad de Guadalajara comenzaba ya a inspirar recelos al gobierno de México. El partido iturbidista, que parecía haber desaparecido con su jefe, tomaba una consistencia alarmante. Los generales Bustamante y Quintanar, de los cuales éste era gobernador del Estado y el otro tenía el mando. de las armas; un coronel polaco llamado de Rosemberg, amigo y confidente de Iturbide; don Eduardo García, pariente del ex emperador; don Antonio J. Valdés, habanero sumamente afecto a los mismos intereses, sujeto de mucha actividad, dotado de algunas cualidades brillantes, editor de un periódico que sostenía el partido; don José Manuel de Herrera, ex ministro de Relaciones del imperio, y oculto en casa de don Toribio González, canónigo, provisor y muy afecto a Iturbide; todos estaban a la cabeza de una facción que, bajo las apariencias de federación, trabajaba por el restablecimiento del héroe de Iguala. Mantenían con él correspondencia y alimentaban sus esperanzas trabajando activamente para prepararle el camino. Los que habían contribuído tanto a la caída de este caudillo, veían el riesgo que amenazaba y obraban con la mayor actividad para neutralizar los esfuerzos de los que procuraban una restauración.

En esta ocasión obró también eficazmente el partido escocés. Se acordó en las logias que se hiciese en el Congreso una proposición para que se nombrase un supremo director que se encargase del Poder Ejecutivo, apoyándose en que el estado de disolución que amenazaba a la República exigía la concentración del mando en una sola mano. En proporción de que el riesgo se hacía mayor por el aumento del poder e influencia de los iturbidistas en Jalisco, los republicanos y borbonistas se aproximaban más por el interés común de repeler un enemigo de ambos. Esto hizo que el proyecto de supremo director tuviese boga y que comenzase a discutirse en el Congreso. El proyecto fue aprobado en la mayoría de sus artículos, y el general Bravo, encargado de pasar a Guadalajara con tropa armada para contener los progresos de una facción que se hacía temible, era el que se creía destinado para ocupar la primera magistratura proyectada.

Grande era la agitación de los espíritus y muy vacilantes las opiniones de los que habían profesado de buena fe el nuevo orden de cosas.

¿Quiénes eran más temibles entre los iturbidistas y los centralistas? Esta era la cuestión difícil de resolver. Los federalistas temían que una institución tierna todavía, por decirlo así, no desapareciese al aspecto de un dictador que, armado de un poder enérgico, desplegase fuerzas militares concentradas sobre esos grupos de legislaturas, cuya existencia de dos días sólo era debida a la distracción, digámoslo así, en que se hallaban los soldados, que habían sido hasta entonces los que dispusieron de los destinos del país.

Si por un decreto se creaba Un poder militar y entraban bajo su imperio esas tropas que participaban del espíritu de las localidades que ocupaban, y que desde este momento serían sólo Un instrumento pasivo del dictador, se aventuraba la existencia del sistema recién establecido; haciendo más verosímil esta conjetura las opiniones que profesaba el general Bravo, que seguramente no eran las que podían inspirar mayor confianza a los federalistas.

En este intermedio, el general Bravo marchaba, en compañía del general Negrete, a la cabeza de tres mil hombres a deshacer la facción de Guadalajara. En esta ciudad se preparaban a una obstinada defensa, y se había conseguido alucinar a los habitantes del Estado con la idea de que la división de México que marchaba contra la capital tenía el proyecto de destruir el sistema federal, cuyo principal apoyo se decían ser los individuos que he referido. Muchos tenían esta opinión, aun en el seno mismo del Congreso general, y las cosas se presentaban tan envueltas en misterios, que nadie podía saber la verdad.

Mientras Bravo marchaba sobre Guadalajara a combatir el partido iturbidista, llegó a México la noticia de que el señor Iturbide estaba en Londres, y al Congreso una nota que éste le dirigió, manifestándole que los motivos que le habían obligado a abandonar su pacífica mansión en Liorna era la noticia cierta que tenía de que se preparaba una expedición contra la independencia de México, y que la Santa Alianza no era extraña a esta empresa. Que no pudiendo ver con indiferencia los riesgos que de nuevo amenazaban a su patria, no creía cumplir para con ella si no ofrecía al Congreso su espada como un soldado.

El Congreso recibió con sorpresa esta comunicación inesperada, a la que se acordó no contestar; y, por el contrario, el diputado Lombardo hizo una proposición para que en el caso de que Iturbide intentase regresar al territorio mexicano se le considerase fuera de la ley: frase cuya rigurosa significación aun no se sabe cuál es.

Es de notar que mientras el señor Iturbide escribía en Europa que las disensiones de su país le obligaban a volver a él para tranquilizarlo, dirigía a México notas exponiendo que la invasión que amenazaba la independencia le obligaba a salir de su retiro para auxiliar a sus conciudadanos.

CAPITULO III

El Congreso declara a Iturbide fuera de la ley. Capitulación de Bravo con los disidentes. Bustamente y Quintanar son desterrados. Don Eduardo García y Rosemberg son pasados por las armas. Restablécese la tranquilidad, y con este motivo se desecha la idea de la creación de un director supremo. Bravo falta a la capitulación que había firmado. Don Agustín de Iturbide espera en Londres contestaciones de México. Papel moneda que hace estampar. Se embarca para las costas de México. Carta dirigida a Mr. Quin después de embarcado. Se induce de ella que su objeto era apoderarse del mando absoluto. Cuáles eran sus intenciones, según Mr. Quin. Instancias que según éste se le hacían a Iturbide. Vaticinio de Mr. de Pradt sobre el regreso del ex emperador. Llegada de éste a Soto la Marina. Iturbide permanece incógnito a bordo. Desembarca Beneski para explorar la opinión. Don Felipe de la Garza. Se manifiesta adicto a Iturbide. Desembarco de éste. Salida de Iturbide para Padilla. Recibimiento que le hacen los habitantes. Decreta el Congreso su muerte. Se la intima Garza. Es pasado por las armas en la plaza pública. Exhortación que hace al pueblo. Pide por su esposa e hijos. Diferentes sensaciones que causa en México la noticia de la muerte de Iturbide. Circunspección del Congreso y de los escritores en estas circunstancias. Situación actual de la familia de Iturbide. Otros conspiradores. El general Andrade. Basiliso Valdés. Su muerte. Movimiento contra los españoles en Oaxaca. Don Guadalupe Victoria, comisionado para sofocarlo, logra restablecer la tranquilidad.

La proposición de don Francisco Lombardo fue aprobada y se expidió en abril de 1824 ese decreto atroz, que, como todos los de su clase, deberían proscribirse del diccionario, de la legislación y del idioma político.

El general Bravo, acercándose a Guadalajara, entró en relaciones y convenios con los jefes disidentes, y después de haber celebrado una solemne capitulación, por la que Bravo debería ocupar la ciudad con sus tropas y Bustamante y Quintanar deberían quedar libres de toda responsabilidad, ambos generales fueron desterrados a las costas y otros jefes subalternos castigados con otras penas menores. Don Eduardo García y el coronel Rosemberg, que no quisieron deponer las armas y se sostuvieron con constancia en la ciudad de Tepic, fueron hechos prisioneros y pasados por las armas inmediatamente.

De esta manera se destruyeron las esperanzas de los iturbidistas en la República y desaparecieron también los pretextos para continuar el proyecto de crear el supremo director.

El triunfo del general Bravo hubiera sido glorioso y puro si no hubiese faltado a la capitulación hecha con Quintanar y Bustamante, quienes pudieron haberse resistido y puesto la República en convulsión, si hubiesen tenido más constancia en llevar adelante sus comenzados proyectos. Mas habiendo cedido, sea por temor, sea por patriotismo o cualquiera otra causa, es evidente que debió respetarse religiosamente el convenio celebrado con ellos, y en cuya virtud cedieron el campo y dejaron las armas.

Menos escandaloso, aunque más cruel, fue el procedimiento con García y Rosemberg. Se alegan para estas ejecuciones las leyes españolas sobre sediciones y conspiraciones, no teniéndose presente la enorme distancia que hay entre una monarquía que, establecida sobre tantos títulos de obediencia y de hecho, obedecida sin contradicción ni opiniones divergentes, hace sentir todo el peso de la autoridad despótica sobre las cabezas de cualesquiera que osase trastornar el orden establecido, y los gobiernos que recientemente se forman de los escombros de una grande revolución, en donde cada uno alega títulos a su soberanía. Yo no sé si un gobierno podía consolidarse con actos de rigor, siguiendo la misma política que los tiranos de las naciones. Mas si el gobierno subsiste por el voto general y la espontánea elección de la mayoría, ¿qué necesidad tiene de emplear los suplicios para consolidarse? No es así como se han manejado los directores de una nación vecina, cuya prosperidad y extensión de goces sociales es el argumento más fuerte que se presenta diariamente contra los actos de tiranía de todos les países.

Cuatro meses estuvo don Agustín de Iturbide en Londres esperando contestaciones de México y preparando el viaje que iba a conducirle al término fatal de su carrera. Mandó grabar e imprimir una suma fuerte de papel moneda, varias proclamas en que invitaba a los mexicanos a la paz y al orden; hizo un pequeño préstamo para fletar un buque que le condujese, y después de haber colocado seis de sus hijos en diferentes escuelas, salió con su mujer, dos hijos de corta edad, el coronel Beneski, su sobrino don Ramón Malo y su capellán. Consideraba en fermentación la República, dominantes a sus partidarios en Jalisco y extendidos por todas partes, y a los mexicanos esperándole como a su redentor. Pero ¡ah, cuán diferente era el estado de las cosas! Su partido había desaparecido, como hemos visto; el Congreso había dado la ley de muerte contra él; los mexicanos estaban entusiasmados por la República y no existían intereses que pudiesen sostener el restablecimiento de una dinastía, cuya duración efímera no había dejado tras sí vestigio alguno. Todo esto lo ignoraba el señor Iturbide, y sin usar de la precaución de pasar primero a un país inmediato para conocer la situación del pueblo a donde se dirigía, y cuya aparición sólo debía causar una revolución, en su modo de pensar, se embarcó en Southampton para las costas de México directamente, en 11 de mayo de 1824, en un buque inglés mercante.

Al dirigirse a bordo dirigió a Mr. Quin una carta en que le decía:

Es probable que se manifestarán diversas opiniones sobre mi viaje, luego que se sepa, y que algUnas serán inexactas. Yo quiero dar a conocer a usted la verdad de una manera auténtica. Por una desgracia sumamente lamentable, las principales provincias están separadas en este momento de México: las de Guatemala, Nueva Galicia, Oaxaca, Yucatán y Querétaro testifican suficientemente este hecho. Semejante estado de cosas expone la independencia del país a los mayores peligros; si por desgracia la perdiese, permanecería en la esclavitud por muchos siglos. Diferentes partidos del país que me consideran necesario al establecimiento de la concordia y a la consolidación del gobierno han solicitado mi regreso. A la verdad no tengo tan ventajosa opinión de mí mismo; pero como se me asegura que en mi poder está contribuir a reunir un gran número de intereses de aquellas provincias y a calmar las pasiones exaltadas, que deben producir la más desastrosa anarquía, parto con esta intención, sin que me excite otra ambición que la de hacer la felicidad de mis compatriotas y llenar las obligaciones que debo al país en que he nacido: obligaciones que han recibido mayor fuerza con la independencia de mi patria. Cuando abdiqué la corona de México lo hice con placer; mis sentimientos son ahora los mismos. Si consigo realizar mi plan del modo que deseo, México ofrecerá muy pronto el aspecto de un gobierno consolidado y de un pueblo reunido en opiniones y trabajando hacia un mismo objeto; todos los habitantes dividirán las cargas, que no recaerían más que sobre un corto número si el gobierno actual prolongase su existencia, y las transacciones comerciales del país tomarían una extensión y estabilidad de que actualmente están privadas. No dudo que la nación inglesa, que sabe pensar, probará fácilmente, después de estos detalles, cuál será la situación política probablemente de aquel país.

Concluye recomendando sus hijos, cuya separación da un nuevo testimonio de los sentimientos que animan su corazón.

Esta carta manifiesta claramente que Iturbide iba a apoderarse del gobierno de México y a dar una Constitución al país; su amigo Quin ha publicado que el ánimo del ex emperador era establecer instituciones análogas a las de Inglaterra, en cuanto el genio de la nación lo permitiese, lo cual equivale a decir todo lo contrario, pues hay menos analogía entre estos dos países que entre México y la China. ¿Qué tiene de común la nobleza antigua, poderosa e ilustrada de Inglaterra, con los títulos hereditarios comprados por comerciantes de ultramar a los reyes de España o adquiridos por actos de servilismo degradado? ¿Qué comparación entre una isla rodeada de puertos, los mejores del mundo, a un continente cuya riqueza territorial, cuando la haya, será como la de la Persia u otros países mediterráneos? En suma, ¿qué punto de contacto o qué relación puede encontrarse entre uno y otro país?

Iturbide quería sin duda lisonjear de aquella manera el orgullo de algunos ingleses, que sólo veían por sus deseos de influencia comercial en el reino de México y esperaban conseguirla por este caudillo. Mas no haciendo a mi propósito entrar en discusiones que pueden ofrecer controversia, sino únicamente presentar los hechos como hechos, las conjeturas como tales y las consecuencias de los acontecimientos como los testigos que deponen la conducta de los personajes, me limito únicamente a referir lo que han dicho o escrito los individuos de quienes hablo. Y para que se vea que lo que he avanzado anteriormente no es cosa de mi invención, copiaré lo que dice Mr. Quin:

Durante la estancia de Iturbide en Inglaterra ha estudiado con cuidado sus instituciones y manifestado por ellas una grande admiración. Ha expresado también el más vivo deseo de mantener relaciones políticas y comerciales de las más estrechas con nuestro gobierno, y no puede dudarse que el éxito de su empresa vendrá a ser una fuente de grandes ventajas, no sólo para la nación mexicana, sino aun para el pueblo inglés.

No debo pasar en silencio lo que dice este mismo individuo acerca de las vivas instancias que se hacían a Iturbide desde México para regresar a aquel país:

No había un solo buque de los que llegaban de las costas de México a Inglaterra que no trajese un gran número de cartas en que se le incitaba de la manera más fuerte a volver a su país. Se le decía que la República federal que se había organizado sólo comprendía un pequeño número de provincias unidas entre sí por un lazo muy débil; que el partido realista o borbonista empleaba todos los resortes de la intriga para alimentar disensiones intestinas, a las cuales había dado origen la reciente contrarrevolución, y que no se encontraba entre los republicanos un solo hombre de bastante energía, talento e influencia personal para organizar un gobierno que, si no fuese durable, tuviese al menos la ventaja de ser popular. Los autores de estas cartas lamentaban las desgracias de un pueblo sin confianza en su jefes y hacían el cuadro más triste de la situación del país. Conjuraban a Iturbide -en nombre de la patria, de sus amigos, de sus parientes y de su anciano padre, a los que había dejado en México, y en virtud del juramento solemne que había hecho de asegurar la independencia de su país- a que regresase a salvarlo otra vez de su ruina. Iturbide -continúa el mismo- había conservado relaciones que no le permitían dudar que Fernando VII tenía intención de hacer una nueva tentativa para reconquistar al menos una parte de las antiguas colonias. Sabía positivamente que esta tentativa sería favorecida por todos los miembros de la Santa Alianza y que la oposición de Inglaterra a tomar parte en un Congreso sobre los asuntos de América era el único obstáculo que les impedía obrar abiertamente. No ignoraba todo cuanto se hacía y podía hacerse por intrigas secretas y medios bien empleados de corrupción, y que si la Francia no podía dar prestados sus buques y tropas a la España, como prematuramente lo había ofrecido, podría muy bien ponerse de acuerdo con las otras potencias continentales para suministrar secretamente a Fernando los medios de equipar nuevas expediciones, mientras que agentes misteriosos soplasen el fuego de la discordia en los Estados americanos.

No he querido omitir nada de cuanto pueda contribuir a presentar como excusable el regreso de Iturbide a su patria, de donde había sido desterrado un año antes y en la que le acababan de proscribir; y yo no sé si acusar más la imprudencia de este caudillo, que sin otra ayuda que la de su mujer, dos niños y un capellán se va a abandonar en manos de gentes desconocidas, que debía considerar harían un mérito de entregarle a sus enemigos, o la indigna decepción de los que le llamaban sin tener ni los medios de sostenerle ni el valor, al menos, para sufrir la suerte que les tocase en empresa tan aventurada. Aun los que menos podían apreciar las circunstancias de aquel país auguraron muy tristemente del resultado de esta tentativa. Mr. De-Pradt escribió entonces -con motivo de la salida de Iturbide de Liorna, y poco antes de verificar su embarque en South. ampton- que era muy factible que este caudillo encontraría en las costas de México la misma suerte que el rey Murat en las de Nápoles en 1815, y este artículo fue traducido por don Lorenzo de Zavala y remitido al periódico El Sol en el mes de julio, antes de la catástrofe de Iturbide, acaecida el 19 de dicho mes. Todos los que veían la disposición de los ánimos, que eran testigos del entusiasmo republicano, que todo lo arrastraba; que no podían dejar de conocer el respeto y la veneración que se había adquirido el Congreso por la consonancia con que obraba con la mayoría pronunciada de la nación; los que veían que los iturbidistas sólo podían medrar a la sombra de los federalistas, a quienes se habían acogido, era necesario que fueran muy necios para creer que Iturbide sería recibido en un país en que no podía ya permanecer sino como jefe.

Si sus falsos amigos, en lugar de incitarle a que regresase, se hubieran dedicado a hacerle una pintura fiel del estado de la nueva República; si en vez de hablarle de anarquía, de desórdenes, de disolución social, le hubiesen descrito el fuego de los jóvenes republicanos, el fanatismo de la libertad, el desarrollo de nuevos intereses, de pasiones, de pretensiones, como otros tantos obstáculos a la monarquía o al gobierno de uno solo bajo cualquier denominación, hubieran evitado una desgracia lamentable y un crimen en los que la causaron.

A mediados de julio llegó Iturbide a Soto la Marina, y Beneski recibió orden de desembarcar el primero e investigar el estado de la opinión y la disposición de los espíritus.

El señor Iturbide no se dió a conocer, y parece que tomó un nombre extranjero; pero no estoy cierto de esta circunstancia. Mas ¿cómo podía permanecer oculto o desconocido por mucho tiempo un personaje que había llenado el país con su nombre y mandádolo por dos años?

La noticia de su llegada a Londres había alarmado a los borbonistas y republicanos, como hemos visto, y el gobierno había dado órdenes severas para que se vigilase en las costas sobre su llegada y se examinasen todas las embarcaciones.

Beneski fue conocido, y lo primero que le preguntaron fue noticias de Iturbide. Prevenido el brigadier don Felipe de la Garza de la llegada de Beneski, le hizo muchas preguntas acerca del emperador, como él le llamaba. Beneski le contestaba siempre procurando inspirarle interés y compasión por aquel jefe, que había hecho tantos servicios a la patria.

Yo desearía verle -dijo Garza-, y ciertamente encontraría en mí un apoyo, porque es el único que puede arreglar las cosas entre nosotros.

Estas u otras frases equivalentes indujeron a Beneski a confiar a Garza la venida de Iturbide en su mismo buque y su existencia a bordo. Yo no respondo de la verdad de estos hechos, que me han sido referidos por testigos presenciales; pero lo que no tiene duda es que Garza recibió a Iturbide muy bien, y aun le confió el mando de la escolta que le conducía a Padilla, capital del Estado de Tamaulipas y residencia de la legislatura. Lo que al parecer debió haber hecho fue intimar a Iturbide la orden de salir inmediatamente en el mismo buque en que había venido, haciéndole saber la resolución del Congreso general tomada tres meses antes, y de que no podía tener conocimiento habiendo salido de Londres un mes después de haberse expedido aquel decreto bárbaro y anticonstitucional. Hasta ahora un velo obscuro ha cubierto las primeras entrevistas de Garza y de Iturbide. Ambos marcharon a Padilla, quedando la señora su esposa, el capellán y su sobrino en el puerto. La llegada de Iturbide a Padilla causó una impresión viva y una sensación que en otra población más numerosa hubiera ciertamente eVItado su catastrofe desgraciada, y ¡quién sabe hasta dónde hubieran ido a parar los resultados nacidos del entusiasmo por su persona presente! Mas en una villa de tres mil habitantes, en que el Congreso era todo, la resolución de aquella pequeña asamblea no estuvo sujeta a contradicciones.

El día 19 de julio, don Felipe de la Garza se presentó al señor Iturbide y le dijo fríamente que estaba preso y que el Congreso había resuelto que fuese pasado por las armas en virtud de la ley que le declaraba proscripto. Inútiles fueron todas las reflexiones que hizo el desgraciado caudillo; inútiles sus protestas, sus razonamientos, el recuerdo de sus servicios, de aquellos servicios cuyo fruto era la independencia del país y la existencia de aquellas mismas autoridades que le condenaban. Cinco diputados habían pronunciado la sentencia de su muerte, ejerciendo el poder judicial de la manera más inaudita y atroz. El héroe de Iguala fue fusilado en la plaza pública de Padilla, a presencia de un pueblo lleno de estupor. Antes de morir exhortó a los que le escuchaban a obedecer las leyes y procurar la paz, y suplicó que se respetase a su esposa, cuya situación reclamaba la compasión de todo hombre que no hubiese perdido toda la sensibilidad de que la naturaleza dotó a la especie humana.

La noticia de este grande acontecimiento se esparció inmediatamente por toda la extensión de la República. A México llegó el 26 de julio, por la vía de Tampico, la comunicación del desembarco, y dos horas después la de la ejecución del caudillo, por la vía directa de Padilla.

He sido testigo de la exaltación y gozo de los indignos mexicanos que aborrecían en Iturbide al libertador de su patria. Un personaje que hoy ocupa un puesto importante me dijo en los corredores de palacio, con aire de ironía: Así acaban los ambiciosos. Yo le Contesté: Dios quiera no sea el principio de grandes calamidades.

La generalidad de la población recibió la noticia con tristeza, y el Congreso guardó silencio acerca de un acontecimiento que no podía tomarse en consideración sin condenar a los autores de la catástrofe. La prensa misma se expresó con mucha circunspección, y sólo declamaba contra los que tan vilmente habían comprometido a este indiscreto jefe. La familia que había venido con él pasó en el mismo buque a los Estados Unidos del Norte, en donde permanece hoy la señora con sus hijos, dando el ejemplo de grandes virtudes domésticas y de una elevación de alma digna de las Sempronias y Cornelias. El hijo mayor, de edad de veintitrés años en el día, después de haber recibido su primera educación en Inglaterra y pasado a servir a las órdenes del general Bolívar, ha sido nombrado últimamente secretario de la legación mexicana cerca de los Estados Unidos del Norte. El Congreso mexicano asignó a la viuda ocho mil pesos de renta anual, con cuya cantidad vive económicamente en George-Town, cerca de Wáshington, atendida su numerosa familia.

Pocos meses antes de este suceso, varios partidarios de Iturbide, a cuya cabeza estaba el general don Antonio Andrade, formaron un plan de conspiración, que tenía por objeto restablecer su dinastía. Fueron acusados como cómplices en esta conspiración don Manuel Reyes Veramendi, don José Santoyo y dos o tres más.

Del descubrimiento de esta trama resultó que se desterrase fuera de la República al general Andrade, padre de una numerosa familia y antiguo oficial, que había hecho una carrera honrada, aunque no patriótica, bajo las banderas del rey de España, en su patria, peleando contra los insurgentes.

Andrade tenía todas las preocupaciones de la época en que fue educado y una adhesión ciega al gobierno monárquico. Murió en el clima inhospitalario de Guayaquil, adonde fue conducido, y no hubiera podido sobrevivir mucho tiempo en un país republicano. Los demás sufrieron diferentes prisiones. No así un oficial llamado Basiliso Valdés, que en aquellos días fue aprehendido por un robo en que le sorprendieron. Parece que este hombre no estaba habituado a este género de vida y que una necesidad le impulsó a cometer aquella vil acción. Avergonzado de verse perseguido judicialmente por un acto tan bajo, creyó poder encontrar una muerte sin esta mancha declarándose conspirador; y profesando públicamente su adhesión a Iturbide, provocaba a una sedición en el cuartel en que estaba arrestado. Sus mismos compañeros de armas creyeron ser menos indecoroso el que fuese ejecutado por conspirador un oficial que había anteriormente adquirido el aprecio de muchos por buenas acciones. Juzgado por un consejo de guerra, fue sentenciado a pena capital como conspirador y pasado por las armas en la plaza de la Paja, en una madrugada. Por la mañana, su cadáver ensangrentado aterrorizó a los que deseaban resucitar el nombre y poder de Iturbide y su dinastía. Se creyó entonces que la política del gobierno había sido ofrecer este espectáculo de sangre a los conspiradores, sin haber manchado sus manos castigando de esta manera delitos políticos.

¡Pluguiese al cielo que los partidos y las facciones en sus triunfos se contentasen con castigos menos terribles!

La muerte de Iturbide, la destrucción de su partido en Jalisco y en México, la organización de los gobiernos de los Estados, la marcha uniforme del Congreso con las exigencias del momento, habían restablecido la calma en toda la República, que sólo fue interrumpida momentáneamente por un movimiento principiado en el Estado de Oaxaca por el coronel don Antonio León y su hermano, ambos estimados en su país y respetados por su valor y servicios patrióticos.

Resucitaron el proyecto de quitar a los españoles de los empleos, plan que, como hemos visto, proclamó Lobato en la capital y había sido el objeto de una representación leída en el Congreso el 11 de diciembre de 1823, firmada por más de cien oficiales y varios paisanos. El general don Guadalupe Victoria, que babía pasado a México a ejercer sus funciones en el Poder Ejecutivo, fue encargado de pasar a Tehuacán para tranquilizar aquel movimiento, que podía volver a incendiar la República, en donde esta cuestión era la piedra de toque y el resorte más poderoso para exaltar los ánimos. Victoria salió de México el 8 de agosto, y antes de un mes ya había conseguido que los disidentes depusiesen las armas sin haber derramado una sola gota de sangre.

Todos habían sido testigos en aquella provincia de los servicios hechos a la causa de la independencia y de la libertad por este general, o al menos de su decisión constante y nunca interrumpida en favor de la causa nacional. Ninguno podía acusarle de adicto a los españoles, ni menos a su gobierno, y de consiguiente, al verle declararse contra un proyecto de aquella naturaleza, se persuadieron los más exaltados que no era tiempo o no convenía obrar de aquel modo. Los corifeos mismos de esta rebelión depusieron las armas y escucharon la voz de las leyes y del gobierno por el órgano de don Guadalupe Victoria. Este tuvo la gloria de regresar a México no habiendo dejado tras sí resentimientos que vengar ni desgraciados que llorasen la pérdida de sus padres, amigos o deudos.

CAPITULO IV

Obregón, nombrado ministro plenipotenciario cerca de los Estados Unidos. Su carácter y servicios. Base de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos Mexicanos con los Estados Unidos del Norte. Engrandecimiento de esta República. Por qué medios. Predicción del conde de Aranda. Llegada de Michelena a Londres. Inversión que hace de los fondos del préstamo. La fragata Libertad. La fragata Victoria. El bergantín Bravo. La máquina del Torpedo. Reclamación del senador Alpuche contra Michelena. Don José Ignacio Esteva. El general Cortés, comisionado en los Estados Unidos para compra de buques. Compromiso en que lo puso el gobierno. Comportamiento generoso de don Ricardo Mead. La corbeta Tepeyac. Pérdidas del erario en 1824. Ministros que en este año dirigían los negocios. Ley del Congreso para el nombramiento de presidente y vicepresidente de la República. Son nombrados don Guadalupe Victoria y don Nicolás Bravo. Individuos nombrados para el Supremo Tribunal de Justicia. Gustosa tranquilidad que lució en aquella época sobre la República. Defecto grave de la Constitución. Comparación con la de los Estados Unidos del Norte. Riesgo de dejar en manos de la legislatura el nombramiento de Presidente. El Congreso general se ocupa de la Constitución federal. Los Estados, de las suyas particulares. Don Prisciliano Sánchez. Sus principios y educación. Su cuestión con los canónigos. Terán, ministro de la Guerra. Plantificación y ordenación de sus oficinas. Talentos que manifestó en estos trabajos. Don Ignacio Esteva, ministro de Hacienda. Ofrecimientos de Mr. Richard. Quién era este individuo. Nuevo préstamo contratado por los señores Manning y Marshall. Crédito que adquiere en Londres el papel mexicano. Partido antifederal en el Congreso. Esperanzas vanas que sostenía. Conveniencia del sistema federal en aquellos Estados. Sanción solemne que recibe en 31 de enero de 1824. Ventajas que ofrecen el territorio y el clima a los hombres industriosos que quieran establecerse en él. Mejoras que deben esperarse de la educación de las últimas clases. Don Guadalupe Victoria toma posesión de la presidencia. Facultades extraordinarias que le concede el Congreso al tiempo de su disolución. Qué uso hace de ellas. Injusticia cometida con el español Espínola. México declarada capital de lOs Estados mexicanos. Nueva legislatura. Leyes de Hacienda.

A mediados de este año fué nombrado enviado plenipotenciario cerca de los Estados Unidos don Pablo Obregón, de quien he hablado otra vez con motivo de la disputa ocurrida el día de la apertura de las sesiones del primer Congreso mexicano (No debe de olvidarse que el texto que aquí reproducimos inicia con la salida de Agustín de Iturbide de México, nota de Chantal López y Omar Cortés), sobre el asiento de preferencia que ocupó el señor Iturbide. Obregón era un hombre de modales decentes y de mucha honradez. Se manejó con la debida circunspección y fue muy estimado en el país.

Nuestras relaciones diplomáticas con el gabinete de Wáshington están reducidas por ahora a un pequeño círculo. No tenemos que temer esas guerras de conquista, esas sorpresas que son tan comunes en Europa entre naciones gobernadas por soberanos, cuyas disposiciones las cubre el velo del misterio hasta el momento de la ejecución. En las relaciones diplomáticas que comienzan a formarse entre las nuevas Repúblicas es muy difícil prever la marcha que tomarán los intereses respectivos. No será ciertamente el capricho o la ambición de algún conquistador lo que ocasione la guerra ni la ocupación de un país; es necesario buscar el origen de las disensiones en muy diferentes causas y estudiar hacia qué punto se dirige la ambición del pueblo rey, no como en la República romana, en la que la capital lo era todo y los municipios sólo los primeros entre los súbditos, siendo las provincias esclavos.

La conquista de los Estados Unidos puede ser la conquista de la industria y de la civilización, reunida a la fuerza expansiva de una población que busca en las regiones meridionales la riqueza y dulzura del clima. Veamos cómo han aumentado su territorio desde la época de su independencia de tres maneras diferentes. La primera ha sido por las compras parciales que han hecho a los indios, que, obligados a retirarse de las cercanías de una población civilizada y hostil, incapaces de oponer una resistencia tenaz y metódica como es el ataque, creen que lo mejor que pueden hacer es vender el terreno que ocupan y pasar a buscar en los más remotos bosques del Oeste y del Norte lugares en que establecerse.

Ya hemos visto cuántas discusiones ha producido en los congresos, legislaturas y periódicos ese modo de adquirir, que ni eS enteramente violento ni enteramente voluntario. La segunda adquisición importante que han hecho aquellos Estados es la de Luisiana. Napoleón había podido arrancar esta inmensa y rica colonia de las manos de los reyes de España, en las que era improductiva, y la vendió a los Estados Unidos en 1802 por doce millones de pesos.

La tercera adquisición ha sido la de las Floridas en 1819. La venta que había hecho Napoleón a los americanos del Norte de la Luisiana despertó en ellos, dice un escritor, la idea de apoderarse de las Floridas. En la demarcación de límites de la Luisiana, dice otro escritor, en vez de confesar los Estados Unidos francamente que había materia de dudas razonables, pretendieron establecer derechos incontestables. Pero luego apoyaron su derecho sobre reclamaciones que hicieron por los daños que alegaron haber recibido varios negociantes de los Estados, por apresamientos y detenciones de propiedades hechas por parte de los españoles. Muchos años duraron las contestaciones sobre demarcación de límites e indemnizaciones sobre apresamientos, y tuvieron su término cuando los Estados Unidos ocuparon la isla de Amelia, Panzacola y San Marcos, y obligaron en cierta manera al gabinete de Madrid a concluir el tratado de 22 de febrero de 1819, por el que este gobierno cedió las Floridas a los Estados Unidos.

Esta República federal ha nacido pigmea -decía el conde de Aranda a Carlos III en 1783- y ha necesitado el apoyo y la fuerza de dos Estados tan poderosos como la España y la Francia para lograr su independencia; tiempo vendrá en que llegará a ser gigante y aun coloso muy temible en aquellas vastas regiones... Su primer paso será apoderarse de las Floridas para dominar el golfo de México...

Cuando refiera el estado de las negociaciones sobre límites, pendiente entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos del Norte, haré algunas reflexiones que nacen de los mismos sucesos ocurridos y de la impolítica e imprevisión con que se ha manejado aquel negocio.

En junio de este año llegó a Londres en la corbeta de S. M. B. Valerous don Mariano Michelena, nombrado ministro por sí mismo, como hemos visto, cerca del gobierno de la Gran Bretaiia. Encargado de adquirir buques, armamento y vestuarios, compró a precios subidps, sea por falta de conocimientos o por otro motivo, la fragata Libertad, embarcación empleada en el giro de la India Oriental, de más de mediana edad y poco a propósito para hacerla de guerra; la fragata Victoria y el bergantín Bravo, que aunque igualmente antiguos, tenían el mérito de ser buenos para el fin a que se destinaban. Compró Michelena, además, un mil vestuarios, no solamente viejos e inútiles, sino de cuerpos diferentes, según resultó de los informes que posteriormente mandó tomar el ministro de la Guerra don Manuel G. Pedraza, cargando a treinta y cinco pesos cada vestuario. Diez mil carabinas, y otros efectos de que no hago mención por no tenerlos presentes, fueron también objetos del empleo del dinero del primer préstamo. Entre éstos ocupa un lugar preferente la máquina del Torpedo, que llamó el mismo Michelena al bergantín Guerrero, en la que dió por cargo contra la República cincuenta mil pesos. Este buque, armado con dicha máquina, nunca pareció, a pesar de haberse invertido efectivamente la cantidad expresada; y en 1825 fue muy ruidoso el expediente formado por reclamaciones del senador Alpuche contra Michelena, tanto por esta máquina como por la inutilidad de los vestuarios.

Michelena había comunicado al gobierno mexicano que se había convenido con Mr. Fulton, de Londres, para que le proporcionase este poderoso agente a fin de emplearlo en los ataques que se preparaban al castillo de San Juan de Ulúa, en poder de los españoles todavía en aquella época. Lo cierto es que se hizo el desembolso de los cincuenta mil pesos fuertes, o diez mil libras esterlinas, y la máquina de Fulton nunca pareció. Lo más raro es que hasta hoy ni Michelena ha dado cuenta de la inversión de dicha cantidad ni el gobierno de México se ha ocupado en pedir una satisfacción a este agente suyo. Lo cierto es que el primer uso que se hizo de una parte considerable del dinero del préstamo, que costaba a la nación el doble de la suma producida, fue en los objetos y de la manera que he referido. En la época correspondiente veremos cómo fue desapareciendo todo el producto del préstamo en que está en el día empeñada la República Mexicana; debiendo anticipar, porque éste es el tiempo de anunciarlo, que don José Ignacio Esteva fue el que dispuso de los resultados de los dos préstamos hechos por la casa de Goldsmith y la de Barday, Richardson y Compañía de Londres.

Don Eugenio Cortés, general de marina mexicano, había sido comisionado por el gobierno del señor Iturbide para comprar en los Estados Unidos algunos buques para formar una escuadrilla de fuerzas sutiles que pudiesen hostilizar al enemigo e impedir el acceso de las embarcaciones españolas que venían al castillo con viveres, municiones y efectos comerciales, que se introducían por contrabando después. Como el gobierno mexicano no tenía en aquella época fondos disponibles, el señor Cortés tuvo necesidad de tomar a crédito diez lanchas cañoneras y las goletas Iguala y Anáhuac, con varios pertrechos que sirvieron después en la rendición del castillo. Desgraciadamente no llegaron a Cortés los fondos que esperaba para el pago de las sumas a que ascendió el costo de estos artículos, y tuvo necesidad de sujetarse a la prisión que en semejantes casos sufren los deudores. Don Ricardo Mead, americano que había manifestado en España sus simpatías en favor de la causa de la libertad y de los liberales en ambos mundos, se ofreció por fiador de la suma que debía el gobierno mexicano por los buques mandados hacer o comprados por Cortés, y éste salió de la prisión en virtud de la fianza. La cantidad fue religiosamente satisfecha algunos meses después y Mr. Mead descargado de la responsabilidad que generosamente se había tomado por el gobierno mexicano y el honor de su comisionado. Al año siguiente regresó Cortés a los Estados Unidos con nuevo encargo de comprar o mandar construir buques para el servicio de la República, y según se me ha asegurado, Mr. Manning fue encargado igualmente por el ministro Esteva para comprar varios artículos destinados a la marina. Resultando rivalidad entre los dos, dió motivo a quejas de parte de Cortés, que, siendo empleado de la nación, sentía se ocupase otro individuo extranjero con perjuicio del erario, que debía pagar comisión al señor Manning. Pero esto no era extraño, porque siempre se ha buscado el modo de hacer mayores los gastos aumentando los empleados.

Teníamos en los Estados Unidos al señor don Pablo Obregón, encargado de negocios o ministro plenipotenciario, y sin necesidad de multiplicar comisionados, hubiera sido más obvio el arbitrio de valerse de él. En el segundo viaje que hizo este general Cortés a los Estados Unidos, en 1825, compró el bergantín Guerrero, uno de los mejores barcos de guerra que ha tenido la República, y mandó construir la corbeta Tepeyac, que, como veremos en su lugar, nunca llegó a conseguirse que sirviese a México, después de haber gastado en su construcción más de doscientos mil pesos.

Difícil es seguir la marcha tortuosa que se adoptó desde el año de 1824 en todos los ramos de administración y las pérdidas que se hicieron sufrir al erario nacional, cubierto entonces con el producto de los préstamos. Pero basta ir recorriendo superficialmente los hechos que refiero, y que están testificados por documentos existentes en los archivos del gobierno, para convencerse de que los males que hoy afligen a la República Mexicana han tenido en la mayor parte su origen en los abusos escandalosos de la época a que me refiero.

¿Quiénes eran entonces los que dirigían los negocios públicos? ¿En manos de qué personas estaba depositado el ministerio? Alamán era ministro de Relaciones Interiores y Exteriores; Esteva, ministro de Hacienda; Terán algún tiempo y luego Pedraza, de la Guerra, y don Pablo de la Llave, de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Mientras había dinero en Londres para contentar la avaricia de muchos, se marchaba con tranquilidad y el gobierno se decía sabiamente dirigido.

Por el mes de agosto de este año de 1824 dió el Congreso general dos decretos constitucionales que organizaban las elecciones de presidente y vicepresidente de la República y de los magistrados que habían de componer la Suprema Corte de Justicia. Estas leyes, que formaron después parte de la Constitución federal, se anticiparon a la publicación de aquel código, porque no habiéndose aun terminado, y urgiendo la organización de los supremos poderes, se creyó conveniente hacerlo de aquel modo. Por estas leyes, las legislaturas de los Estados debían proceder en 1° de septiembre del mismo año al nombramiento de aquellos magistrados, quedando al Congreso general la facultad de elegir, en caso de que alguno no reuniese la mayoría absoluta, entre los que tuvieran la respectiva. Las legislaturas de los Estados procedieron desde luego a las elecciones, y fue nombrado don Guadalupe Victoria Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; don Nicolás Bravo, que no reunió la mayoría absoluta, pues sólo obtuvo nueve votos, fue electo vicepresidente por el Congreso en concurrencia con don Vicente Guerrero, que reunió cinco.

Para la Corte Suprema de Justicia salieron electos don Miguel Domínguez, don Isidro Yáñez, don Ignacio Godoy, don Juan G. Navarrete, don Joaquín Avilés, don Pedro Vélez, don José Antonio Méndez, don Manuel Peña y Peña y don Juan Guzmán, y para fiscal don Juan Bautista Morales. Todos estos individuos, si se exceptúa el último, nombrado por empeños de Victoria, eran antiguos abogados, respetables por sus costumbres y probidad; muchos de ellos se han distinguido por sus conocimientos e ilustración. Don Juan Guzmán desempeñó el ministerio de Relaciones algunas veces en ausencia o enfermedades del señor Alamán, y siempre con tino y aprobación de todos. En cuanto al nombramiento hecho en los señores don Guadalupe Victoria y don Nicolás Bravo, ninguno podrá negar que aquélla fue la expresión del voto público en la época en que se verificó. Ambos eran patriotas respetables por su servicios a la causa nacional y sacrificios nunca interrumpidos desde que tomaron las armas por sostenerla, es decir, desde el principio de la revolución.

No puede un mexicano recordar esta época sin experimentar cierta afección nacida de las felices circunstancias en que se encontraba la República. Parecía que se había consolidado un gobierno duradero; los partidos habían callado, y las legislaturas procedieron con tranquilidad al acto augusto de nombrar los supremos magistrados de la República.

La mano militar no había profanado por entonces el santuario de las leyes, y sólo se entablaban discusiones pacíficas sobre el mérito de las personas o la conveniencia de su elección. ¿Quién no anunció entonces días de gloria, de prosperidad y de libertad? ¿Quién no auguraba un dichoso y grande porvenir?... ¿Cómo han llovido tantos y tan graves males después? ¡Ah! Aquella feliz situación no era ni podía ser el estado natural de un pueblo salido apenas de una revolución que conmovió los fundamentos de su existencia. Un simulacro de orden que apareció contuvo momentáneamente las pasiones, y la sanción constitucional que el Congreso daba por primera vez impuso respeto a las masas.

Uno de los grandes defectos que tiene la Constitución mexicana es el corto período que media entre unas y otras elecciones de presidente y vicepresidente, y la manera como son hechas. La inmediación mantiene en continuo movimiento los ánimos y da pábulo a las pasiones, no sólo de los candidatos, sino de los partidarios, en cuyo número, por una de las mayores desgracias del país, entran los militares y sus bayonetas. Un presidente, cuyo mando sólo puede durar cuatro años, no ofrece garantías de estabilidad soc!al en un país en que uno de los resortes más poderosos de acción en la dirección de los negocios es la facilidad de vivir por empleos públicos.

Si en los Estados Unidos del Norte -en donde la influencia del poder desaparece en el inmenso océano de las riquezas individuales, de las libertades públicas, de la independencia personal, del imperio de las leyes y, más que todo, del hábito de la igualdad- vemos empeñarse las elecciones de Presidente hasta el punto de producir discusiones amargas, diatribas insolentes, injuriosas declamaciones contra los más respetables y beneméritos ciudadanos, perdiendo en estas épocas aquel pueblo sensato y admirable su gravedad y circunspección, ¿qué puede esperarse entre los mexicanos, en donde la mitad de la población vive en la indigencia y la tercera parte espera recibir del candidato a la presidencia empleos o comisiones para su manutención; en donde los hábitos de la esclavitud hacen, de los victoriosos, opresores, y de los vencidos, rebeldes; en donde el interés de la superioridad no es sólo el punto de honor de la opinión ni mucho menos el deseo del triunfo de los principios, sino el de la ambición y, lo que es peor, de las venganzas? Es necesario que una lucha terrible se entable entre los pretendientes; que la colisión sea tanto más violenta cuanto que los intereses que se versan son más graves y personales, cuanto que se disputa de la paz doméstica, de la libertad individual, de la existencia misma. ¿Cómo ha de dejar de palparse la exactitud de estas reflexiones por iiustres mexicanos, que al fin se reunirán a poner un remedio a los males de su patria?

En los Estados Unidos del Norte, concluída la elección, los ciudadanos no tienen qué temer ni qué esperar del nuevo presidente. No puede éste, ni ciertamente piensa nunca en ello, perjudicar a ningún vecino ni causarle el más pequeño daño en su persona, en su propiedad, ni interrumpirle el libre uso de ninguno de sus derechos individuales. Pero, ¿se podrá decir otro tanto de la República Mexicana? ¡Ah! Muchas veces la dulzura misma del carácter del jefe no preservaba a los vencidos de los efectos de la persecución.

Pero si en vez de poner en manos de las legislaturas -que muchas veces sólo se gobiernan por facciones- esta elección, se hubiese dado a una clase respetable de la sociedad, que son los propietarios de una cantidad asignada en bienes raíces, se habría hecho más popular el nombramiento, más difíciles las intrigas y menos sujetas a contradicción las elecciones. ¿Qué cosa más justa y racional, en efecto, que dejar en las manos de los hombres más interesados en la conservación de la paz y del orden la asignación de los que deben regir los destinos del país en que viven? La forma misma de gobierno popular, proclamada tan pomposamente en la Constitución, parecía ofrecer estos resultados, porque los verdaderos representantes de un pueblo son aquellos que por su industria o por la de sus padres han podido adquirir un medio de vivir y de contribuir con sus bienes a la estabilidad de la sociedad en que viven. Mas poniendo las elecciones en el arbitrio de las legislaturas, es casi imposible conseguir que la elección no sea el resultado de maniobras del poder, que en México, en donde el espíritu público es casi nulo, obra eficazmente sobre un corto número de diputados de los Estados, muchos de ellos militares o eclesiásticos, dependientes por consiguiente de las autoridades respectivas. Un oficial quiere un grado, un clérigo un curato, y siendo ellos los que tienen más influencia en las legislaturas, sacaremos por consecuencia que las elecciones no serán el resultado del equilibrio de los intereses sociales, sino de las clases privilegiadas.

Y ¿qué será en las legislaturas en que hay empleados del gobierno federal, o en donde sus diputados esperan algún destino del nuevo presidente? Los legisladores deben entrar en el examen de todas estas diferentes constituciones y abrazar un sistema de elecciones más franco y popular, si no quieren dejar este elemento más de discordia contra los mexicanos.

El Congreso general se ocupaba en formar la Constitución federal, y las legislaturas de los Estados se dedicaban a hacer las de los mismos Estados. La de Jalisco ofreció cuestiones sumamente acaloradas, porque en el articulo 7° habían hablado de los bienes del clero de una manera poco conforme a la disciplina de la Iglesia romana. Este Estado, que, como he dicho, se distinguió desde el principio así por su celo y exaltación en favor de las nuevas instituciones como porque había en él varios individuos instruidos que dirigían los negocios, nombró -luego que fue desterrado don Luis Quintanar, su gobernador interino- a don Prisciliano Sánchez gobernador constitucional.

Sánchez estaba de diputado en el Congreso general, en donde había descubierto un talento y energía no muy común entre los mexicanos. Nacido de padres sumamente pobres en la villa de Compostela, de la provincia de Guadalajara, había entrado a servir en un convento de religiosos en calidad de donado. El mismo contaba que la obra primera de política que llegó a sus manos fue la de M. Benjamín Constant, que leyó con avidez en su mismo convento. En este intermedio se hizo la independencia, y Sánchez, aprovechándose de cuantas ocasiones se le presentaban para leer, sacudió con el hábito monástico las preocupaciones que le habían conducido al claustro. Una imaginación viva, comprensión fácil, carácter franco, maneras dulces, aunque embarazadas, hacían de este mexicano un sujeto distinguido; pero su celo ardiente por la libertad y su aplicación constante al trabajo le elevaron entre los primeros de sus conciudadanos. Tuvo varias contestaciones bastante vivas con los canónigos de aquella catedral, porque Sánchez quería que sus contemporáneos hubiesen llegado al grado de ilustración que él tenía. Las materias de estas disputas eran acerca de límites de autoridad, en que, como es fácil de concebirse, se discuten las cuestiones sobre doctrinas y lecciones de los Hildebrandos, Alejandros e Inocencios por una parte, y por la otra sobre los principios de los Montesquieu, Rousseau y Vatel; cualquiera percibirá la enorme distancia que separa a los contendientes. El Congreso general, adonde se llevó la cuestión sobre el artículo 7°, determinó que se mantuviese suspenso hasta que una ley general arreglase el patronato, y en ella las relaciones y límites de ambas potestades.

En el ministerio de la Guerra había sustituído al general don Joaquín Herrera don Manuel Mier y Terán, de quien ya se ha hablado en esta historia. Este nuevo ministro arregló en mucha parte las oficinas del ministerio, que no podían haber recibido mucha perfección en la serie dé desórdenes en que estuvieron los negocios, especialmente si se considera que aun las piezas materiales en que debían colocarse las oficinas no se habían destinado a este objeto, permaneciendo todo en cierta especie de provisionalidad. En aquellas nuevas Repúblicas en que no se marcha sobre las huellas de los predecesores es necesario suponer que a cada paso se encuentran obstáculos, tanto más difíciles de vencer cuanto que son de una naturaleza artificial, por decirlo así: obstáculos de fórmulas, obstáculos de rutinas, embarazos materiales que no vence el genio ni el trabajo. En esos viejos gobiernos, en que todo está arreglado, poco hace al caso para la marcha económica de los negocios, cualquiera que sea el ministro o jefe de la oficina. Hay mesas, hay archivos, hay oficiales instruídos, hay arreglo y un servicio metódico y ordenado. En México era necesario crearlo todo, y en esta parte trabajó mucho el señor Terán, además de otros objetos a que destinó su atención. No estoy en el caso de hablar con instrucción sobre varios detalles de sus trabajos ministeriales; mas por la opinión que tengo de sus talentos, actividad e instrucción, es quizá uno de los más aptos para desempeñar las funciones de este encargo en la República Mexicana.

Al señor don Francisco Arrillaga le sucedió don Ignacio Esteva, por el mes de agosto de este año, en el ministerio de Hacienda. Arrillaga había mantenido con muchas dificultades el crédito, y había emprendido el préstamo con la casa de Goldsmith y Compañía, como hemos visto. Poco antes de salir de la secretaría de Hacienda, un tal Mr. Richard, que había pasado a México con varias mercancías hasta la suma de trescientos mil pesos, ofreció al gobierno auxiliarlo en sus necesidades, siempre que se le diese alguna comisión sobre las negociaciones que girase, y el gobierno, a quien la presencia de las necesidades urgentes no permitía examinar condiciones, entabló desde luego relaciones con Richard, que no era más que un comisionista de la casa de Barday, Herring Richardson y Compañía para vender efectos, sin poderes ni facultades de entrar en ninguna especulación de préstamos. Lo cierto es que Richard dió cuanto pudo, obteniendo comisión de entablar un nuevo préstamo; y sea aturdimiento de su parte o habilidad de la casa que lo habilitó, éste fue privado de toda intervención, y el gobierno de México continuó las negociaciones con los señores Manning y Marshall, encargados de la casa Richardson y Compañía de Londres, para hacer un nuevo préstamo.

El ministro Esteva continuó esta negociación, principiada en tiempo de Arrillaga, y mientras nuestras relaciones diplomáticas continuaban su curso, el crédito de la nueva República Méxicana subía en Londres por las relaciones exageradas de riqueza que hacían los nuevos especuladores.

Richard, para dar idea de la abundancia de oro y plata del país, adquirió varias piedras con vetas de estos metales de un peso extraordinario, que, en efecto, dan a conocer cuánto puede explotarse de aquellas regiones.

La vista de esta riqueza nativa, por decirlo así, produjo un entusiasmo general en Londres, cuyos efectos tristes se han experimentado después. Por entonces los vales mexicanos subieron hasta 84; y el préstamo de 3.200,000 libras al 6 por 100, que en México contrató el gobierno con la casa de Barday, Herring Richardson y Compañía, por medio de sus agentes Manning y Marshall, se vendió en Londres el 7 de febrero de 1825 a la casa de Goldsmith y Compañía al precio de 86% por 100. Pero la causa principal de esta subida extraordinaria fue la declaración que en principios del año hizo Mr. Canning al cuerpo diplomático, sobre reconocer la independencia de los nuevos Estados, como veremos a su tiempo.

En el Congreso general había, como he dicho, un partido antifederal, que no pudiendo nunca equilibrar las votaciones, procuraba retardar el término en que se diese la Constitución. Esperaba, sin duda, que manteniendo la nación en provisionalidad podría volver sobre sus pasos y reconstituirse en un gobierno central, último asilo de los monarquistas y de los defensores del poder militar.

Los Estados reclamaban la Constitución, y nada era más justo que darla a la mayor brevedad para entrar en un orden regular y salir del caos en que estaba la nación, aun después del Acta constitutiva. Muy equivocado era el cálculo de los que creían que después de haber estado en posesión de su soberanía y administración retrogradasen los Estados y volviesen a prosternarse de nuevo delante de la capital y de sus directores. La adquisición de aquellos derechos es una cosa real y efectiva, pues acerca en los puntos más distantes de la capital el centro de las transacciones de negocios, cuya conclusión exigía en otro tiempo caminar muchas leguas, hacer muchos gastos y esperar muchos años. Ved aquí otra conquista hecha por los progresos de la ilustración, cuyas consecuencias son muy trascendentales.

El sistema federal, esa forma de gobierno que reconoce en los diferentes Estados que lo componen derechos de independencia para su administración interior y en el gobierno general sólo el resultado de las convenciones hechas entre sí, recibió su sanción solemne el 31 de enero de 1824, y su completa organización el 4 de octubre del mismo año, con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, jurada aquel día por sus diputados. Estos confirmaron un hecho establecido recientemente, es verdad, pero que existía y necesitaba legalizarse y recibir una forma y una sanción. Quizá hubiera sido mejor, mucho mejor, no hablar de ciertos objetos que mantienen en dependencia los Estados y omitir varios artículos reglamentarios enteramente ajenos de un código federal. Pero los diputados, cuyas intenciones eran las más patrióticas, no podían alcanzar lo que da el tiempo y la experiencia. La revolución verificada en este período es uno de aquellos cambios durables legítimos y que merecen ser conservados en la memoria de la humanidad, porque contribuyó mucho a mejorar la suerte de la clase numerosa y abrió una puerta más a los adelantos progresivos.

Al aventurar algunas reflexiones sobre la situación política de la República Mexicana, y acerca de su suerte futura, es difícil resistirse a concebir esperanzas lisonjeras sobre un país que, dotado de diferentes climas, de diversas fisonomías, de producciones tan variadas, ofrece en toda su superficie una acogida favorable, con muy pocas excepciones, a los que quieran encontrar recompensados sus trabajos, estérilmente empleados en otras regiones. La situación geográfica de aquel vasto territorio exigía la creación de una forma de gobierno capaz de proveer a las atenciones y necesidades sociales de sus habitantes, porque no podía ni debía esperarse que después de haber hecho tan costosos sacrificios por la independencia se entregasen servilmente en los brazos de los que quisiesen llamarse sus jefes. Esta aserción está comprobada con los sucesivos trastornos que ha experimentado el país y la constante adhesión a los principios conquistados, especialmente el de la independencia y federación. Otras mejoras vendrán en proporción de que la ilustración vaya haciendo progresos y cuando comience a desaparecer una clase abyecta de la sociedad que hasta hoy participó muy poco de las ventajas que ha adquirido el país con su independencia y nuevos sistemas de gobierno. La explotación. del hombre sobre el hombre, como se explican algunos economistas, es la más difícil reforma que se puede hacer en la raza humana. Por desgracia de los mexicanos, tiene raíces muy profundas todavía este abuso corroedor de la felicidad social; mas aquel pueblo está en la carrera progresiva, y no hay nada que pueda hacerlo retrogradar.

Don Guadalupe Victoria tomó posesión del gobierno y prestó juramento en el seno del Congreso en este mes de octubre de 1824. Bastante he hablado del carácter de este personaje, a quien se puede aplicar lo que decía Tácito de Galba: Ipsi medium ingenium, magis extra vitia, quam cum virtutibus. En efecto, todo lo que han dicho contra él los folletistas ha sido un tejido de embustes y calumnias. Victoria tomó las riendas del gobierno de la República, y el Congreso -que acababa de dar la Constitución a la nación y fijado en ella los límites de los poderes, asegurado los derechos de los ciudadanos y de los Estados, removido con estas medidas todo temor y toda desconfianza pública-, al mes siguiente, en las vísperas de disolverse, dió un decreto por el que revestía al presidente de facultades extraordinarias para imponer cierta clase de castigos a los ciudadanos que tuviese por sospechosos. Jamás hubo menos pretextos para una medida semejante ni la República ofreció el aspecto de mayor calma y tranquilidad. La medida se atribuyó a don Miguel Ramos Arizpe, que tenía entonces mucha influencia en el Congreso, quien, por congraciarse con el presidente, expuso la libertad de sus conciudadanos a los ataques del poder; pero Victoria nunca fue ni perseguidor ni vengativo. El decreto de facultades extraordinarias, dado bajo el pretexto de asegurar el sistema federal, alarmó a los partidarios del centralismo, que entonces eran pocos y estaban reducidos a la defensiva. El ministerio estaba dividido entre Alamán y Terán, que eran tenidos como de este partido, y Esteva y Llave, que en realidad no habían sido ni pertenecían más que a sí mismos. Victoria usó de estas facultades con mucha parsimonia, o por mejor decir, no hizo uso de ellas; porque aunque a un emigrado español, llamado D. J. M. Espínola, se le obligó a salir de la República, con notoria injusticia y sin ninguna causa, ésta fue obra exclusiva de don Ignacio Esteva, su ministro favorito, en odio de la persona. Publicaba en Tampico un periódico titulado El Filántropo, en que sostenía principios liberales. Por aquel tiempo llegó a México la encíclica de León XII contra la independencia de las Américas españolas y en favor de la dominación de Fernando VII, exhortaciones que siempre se deben esperar de aquel origen. La encíclica contenía poco más o menos la doctrina de los Papas contenida en el sermón que, según el testimonio de Otón de Flesinga, predicó Adriano IV en el campo del emperador Federico Barbarroja, cuando este conquistador derramaba a torrentes la sangre italiana.

Derramar la sangre por mantener el poder de los príncipes no es cometer un crimen, es vengar los derechos del imperio. Espínola publicó aquel documento, que la política tímida de Victoria hubiese deseado se mantuviese oculto, y ved aquí el motivo de la expulsión de este emigrado español, cuya pobreza y falta de recursos no bastaron a preservarle de este golpe. Espínola pasó a Nueva Orleáns, en donde sostiene la noble causa de la libertad con sus escritos y la de la independencia de un país en que había recibido este perjuicio. Aun tendré que hablar de dos extranjeros indignamente expelidos en la administración de Victoria, pero no en uso de facultades extraordinarias. Sin embargo, no ofrecía la sociedad las garantías que se habían prometido y jurado; la idea sola de que a un ciudadano se le podía obligar a salir de su casa para ser transportado a quinientas o mil leguas, era bastante para sembrar el descontento y daba derecho a reclamar constantemente por el restablecimiento de los artículos constitucionales que atribuían sólo a los tribunales la facultad de aplicar las leyes criminales y civiles. Se advertía en Victoria mucho empeño en retener esta especie de dictadura, que conservó por cerca de año y medio.

En esta época se hizo también otra ley que ocasionó acaloradas discusiones, y que quizá es una de las que más han contribuído a mantener el sistema de federación; hablo de la que declaró a la ciudad de México Distrito Federal. La capital de los Estados Unidos Mexicanos había venido a ser, por un abandono del gobierno general, una parte del Estado de México, por estar colocada en el centro de dicho Estado. Era una extravagancia pretender que una ciudad construída con las contribuciones y riquezas de todas las provincias en los trescientos años anteriores a la independencia, en la que se habían acumulado capitales considerables y formado los edificios públicos que servían a los tribunales y autoridades de la Nueva España, viniese a ser la capital de un Estado al separarse y hacerse independientes las provincias, perdiendo de este modo aquéllas el derecho que tenían a los edificios públicos, monumentos, templos, establecimientos de todos géneros y al terreno mismo en que estaban elevados y construídos. Además, la riqueza comercial y la posesión de innumerables fincas rústicas y urbanas que se habían establecido en la capital sólo por este título no debían pasar a ser la propiedad exclusiva de un Estado, que por esta circunstancia, además de la de ser el más poblado, resultaba una poderosa República, mayor que seis o siete Estados pequeños. Los que pretendían que México debía pertenecer al Estado del mismo nombre, alegaban que en los Estados Unidos del Norte los poderes generales establecieron su capital en un círculo cedido por el Estado de Maryland, en vez de apoderarse de Baltimore, New York o Filadelfia. Semejante argumento sólo podía oponerse por personas que no conocían enteramente la historia de aquel país. Era necesario olvidar o no saber que estas capitales fueron siempre de los Estados, y que habiendo existido éstos antes del gobierno general, su derecho era incontestable; en vez de que en México el gobierno general existía con anterioridad, y los Estados en particular no tenían derecho a reclamar lo que fue obra y el fruto de las contribuciones de todos. Por eso, en una ley de Hacienda que dió el mismo Congreso general, reservó a la federación todos los edificios públicos y bienes de temporalidades que tuvo por conveniente. Quizá no hubiera sido el mismo el derecho de ocupar la capital de otro Estado, a cuya formación no contribuyeron los demás. A esto se agregaba que las autoridades supremas del Estado de México pretendían en las concurrencias públicas la preferencia a las de la federación, y ved aquí una fuente de discordia que era necesario cortar. Don Lorenzo de Zavala hizo esta proposición, y sostenida por una mayoría marcada, fue adoptada como ley, y desde entonces la ciudad de México es la capital de los Estados mexicanos, como antes había sido de la Nueva España.

En el mes de noviembre se cerraron las sesiones del Congreso general, y el 19 de enero de 1825 el poder legislativo, dividido en dos cámaras, abrió las suyas con las formalidades que prescribe el reglamento. Fueron muy pacíficas estas sesiones. El Congreso constituyente había dado una ley orgánica de Hacienda, en la que arreglaba el sistema de contribuciones, dejando a los Estados aquéllas que parecía pertenecerles por ser puramente locales, y atribuyendo a la tesorería general los productos de las aduanas marítimas, los de la renta del tabaco y correos, las salinas, tres millones de contingentes repartidos entre los Estados y otros cortos productos de ramos generales. Se crearon comisarías generales en lugar de intendencias, dando a estos nuevos empleados algunas atribuciones más que a los intendentes en la intervención de las revistas y examen de las cuentas de los regimientos. Se crearon dos contadurías mayores, una de la tesorería general -cuyas obligaciones son examinar las rentas y los presupuestos de los secretarios de Hacienda y dar cuenta con sus resultados a la comisión inspectora de la Cámara de diputados, que es considerada como una especie de jurado de acusación, que presenta a la Cámara su fallo acerca de las diferencias suscitadas entre el ministro y el contador general- y otra de crédito público, cuyos objetos serán, cuando llegue el tiempo, examinar las cuentas de las oficinas de cuenta y razón de este ramo. La raro es que este último establecimiento, cuyos costos no bajan de treinta a cuarenta mil pesos anuales, se puso en planta inmediatamente, aunque no tiene objeto por ahora, sólo para mantener empleados, que es la enfermedad epidémica de todos los pueblos descendientes de españoles. En este año de 1825 comenzaron a tomar un vuelo rápido el comercio y las minas, y a aumentarse la circulación, de manera que daba esperanzas de ver resucitar dentro de poco tiempo la antigua opulencia, con las ventajas de la libertad.

CAPITULO V

Nota pasada por Mr. Canning al cuerpo diplomático sobre el reconocimiento de las Repúblicas americanas. Efecto extraordinario que produce esta noticia en Inglaterra. Enorme subida de las acciones de minas. Salida para México de los señores Ward y Morier. Artículo del tratado que la Inglaterra se niega a suscribir. En qué circunstancias, y los efectos que causa. Pasos dados por España para obtener el auxilio de las potencias extranjeras contra la independencia de la América. Conducta de Calming en estas circunstancias. Razones presentadas por los liberales españoles para no haberse prestado al reconocimiento de la independencia. Refutación.

En principios de este año (1825 Precisión de Chantal López y Omar Cortés), Mr. Canning, ministro de Relaciones Extranjeras del gobierno británico, pasó una nota al cuerpo diplomático en la que anunciaba la determinación tomada por el gobierno de S. M. de entrar en tratados con las Repúblicas de México, Colombia y Buenos Aires. Esta declaración produjo un efecto maravilloso sobre el pueblo inglés, que esperaba sacar ventajas considerables de sus especulaciones sobre México. Comenzaron desde el momento a formar compañías de minas, a las que corrían a suscribirse con entusiasmo. Era en efecto muy natural este movimiento como consecuencia de la situación de ambos países. Inglaterra en un estado de plétora, por decirlo así, con capitales acumulados sin poder darles un curso productivo, con brazos sobrantes, con máquinas, con ingenieros, mineralogistas, con sus almacenes llenos de efectos sin demanda y sus manufacturas casi paralizadas; México, abundante en minerales ricos de oro y plata, sin poderse explotar por falta de capitalistas, escasez de máquinas y desconfianza de resultados, con una población de siete millones, privada de un golpe del comercio de la península, necesitada de los artículos manufactuados en Europa; todo esto ofrecía las más halagüeñas esperanzas.

Las acciones de minas subieron enormemente por la concurrencia de compradores, de manera que llegaron a venderse a tres veces su valor nominal. En estas circunstancias fue cuando el crédito mexicano llegó a la altura a que le hemos visto anteriormente, y en que no podía sostenerse por no haber sido un progreso natural sobre bases sólidas, debiendo seguir la misma suerte que las otras especulaciones.

Mr. Ward partió de Londres para México a principios de enero con instrucciones de su gobierno para concluir el tratado de amistad y comercio en compañía de Mr. Morier, como en efecto lo hicieron a mediados de este año, aunque por entonces sin un resultado favorable, por no haber querido el gabinete inglés suscribir el artículo en que se establecía que el pabellón cubriese la mercancía, que es la máxima favorita de los Estados Unidos del Norte.

Voy ahora a poner a los lectores en estado de conocer las circunstancias en que el gabinete de S. James tomó esta resolución, preservando quizá con ella a las Américas de males que entonces se le preparaban por parte de la Santa Alianza, invitada por el rey de España. Lo que sigue es sacado de los Apuntes sobre los principales sucesos que han influído en el estado actual de la América del Sur.

Por octubre de 1823, el príncipe Polignac, en nombre del gobierno francés, y a consecuencia tal vez de alguna insinuación de la regencia de Madrid, o del señor don Fernando VII, o con ocasión que le dieron sus comunicaciones con el gabinete británico, manifestó a éste que se hallaba pronto a entrar en una franca explicación de los votos de S. M. Cristianísima relativos a la América española. Canning, diciendo que el gabinete inglés no tenía sentimientos disfrazados ni reservas mentales en el negocio, contestó remitiéndose a su nota de 31 de marzo. Y suponiendo que en 1810 la España había solicitado la mediación inglesa entre ella y sus colonias, en contradicción a lo que aseguró en 24 de febrero de 1824 Liverpool, sobre que la España había estado siempre bajo todas formas de gobierno desechando la mediación que la Inglaterra le estuvo constantemente proponiendo desde dicho año de 1810, añadió Canning que el envío de cónsules a la América Meridional se comunicó al gobierno español en diciembre de 1822...; que esto era en virtud de la libertad de comercio que el gobierno español concedió a la Inglaterra cuando le pidió su mediación en 1810...; que en esta concesión iba subentendida la tácita derogación de las antiguas leyes de Indias; que con arreglo a esto, el gobierno inglés había pedido, y el gobierno español otorgado, el pago de las reclamaciones del tratado dc 12 de marzo; y en fin, que la Inglaterra declaraba que cualquiera tentativa que se hiciese para disputarle la referida libertad de comercio o para renovar viejas prohibiciones sería seguida de un reconocimiento pronto e ilimitado de la independencia de los estados españoles de la América, como el mejor medio de cortar desde luego la tentativa.

En diciembre de 1824, el conde de Ofalia, como ministro de Estado del gobierno español -atribuyendo a la rebelión de la península en los tres anteriores años el malogramiento de los constantes esfuerzos para mantener la tranquilidad en Costa Firme, reconquistar las provincias del Río de la Plata y conservar el Perú y la Nueva España..., y esperando que los aliados de S. M. C. le ayudarían... a sostener los principios del orden y de la legitimidad, cuya subversión, si comenzase en América, se comunicaría prontamente a Europa-, comunicaba la resolución del señor don Fernando VII, de invitar a los gabinetes de sus caros e íntimos aliados a una conferencia en París, con el fin de que sus plenipotenciarios, unidos a los de S. M. C., pudiesen auxiliar a la España en el arreglo de los negocios de las provincias insurreccionadas de América..., adoptando de buena fe las medidas más a propósito para conciliar los derechos y los justos intereses de la corona de España y de su soberanía con los que las circunstancias hubieren podido crear en favor de otras naciones.

Aunque la Inglaterra no parece que era del número de las potencias invitadas, sin embargo, la copia de la invitación a los gabinetes de París, Austria y Rusia, que fue entregada en Madrid a Acourt, dió motivo a la contestación de Mr. Canning de 30 de enero de 1825. En esta contestación de Mr. Canning -por la que Inglaterra, sin negarse a los buenos oficios sobre la única base que le parecía ya posible, se excusaba a una conferencia que preveía no había de ser más fructuosa que lo que fue la del Congreso de Aquisgrán en 1818 sobre la propia materia, y que en nada había de alterar sus resoluciones tan explícitamente mostradas- se incluía una cláusula notable: La corte de Madrid debe tener entendido que, en cuanto al reconocimiento de la independencia de los nuevos estados de América, la voluntad de S. M. B. no estará indefinidamente sujeta a la de S. M. C., y que, por el contrario, antes de pocos meses, consideraciones de una naturaleza más amplia, consideraciones que abracen los intereses esenciales de los súbditos de S. M. B. y las relaciones del antiguo con el Nuevo Mundo podrían triunfar del sincero deseo que hoy anima al gobierno de abandonar la prioridad a la España.

No me arrojaré -continúa el autor de los Apuntes- a deslindar esta alusión de Canning; pero lo que nadie ha dejado de ver es que a los muy pocos meses de ella, Canning recibió la noticia de la batalla de Ayacucho, a la que no tardó en seguir el reconocimiento que el gobierno inglés hizo de los nuevos Estados americanos.

Es evidente que a no haber sido las enérgicas declaraciones de los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos del Norte, de no permitir que la España fuese ayudada en sus empresas de reconquista por ninguna otra potencia, la Francia de entonces hubiera hecho, con poca diferencia, lo que hizo en la península, o al menos lo hubiera emprendido. En aquella época la propaganda de la Santa Alianza estaba en todo su fervor; los resultados de sus trabajos en Nápoles, el Piamonte y España parecían animarle a continuar la cruzada en las Américas rebeldes a su soberano legítimo, según el idioma adoptado por ellos, y sin la Inglaterra y los Estados Unidos, los mares de América se hubieran visto cubiertos de embarcaciones que conducían nuevos conquistadores a aquel continente. El lenguaje de mister Canning, aunque algo pomposo y enfático, contenía, sin embargo, el efecto positivo de prohibir la intervención de cualquiera otra potencia en los asuntos de ultramar.

Yo consideré -decía este ministro a los Comunes en 12 de diciembre de 1826-, yo consideré la España bajo otro nombre que el de España: yo consideré aquella potencia como España e Indias. Yo miré a las Indias y traje allí a la existencia un nuevo mundo, y de esta manera enderecé la balanza del poder.

El lenguaje es algo poético y exagerado; pero no puede dudarse que si Canning no dió existencia a los nuevos estados, que independientemente de este reconocimiento la tenían, México, entre todos el primero, consolidó su independencia, dejando sólo a la España la empresa imposible de subyugarlos. Claro es que esta conducta no es efecto de generosidad, ni del convencimiento de la justicia, ni la consecuencia del reconocimiento de un derecho. La nación inglesa tiene intereses muy importantes en entrar en relaciones comerciales y de amistad con nuevos Estados que proporcionan a sus efectos un mercado que debe producir muchos millones. Había invitado a la España a usar de la prioridad, y aun se convenía en que sacase de un reconocimiento oportuno todas las ventajas que ciertamente habría conseguido en los cuatro años posteriores a la independencia. Pero el gobierno de las Cortes, lo mismo que el del rey, han manifestado la misma repugnancia, la misma obstinación y el deseo mismo de una reconquista inasequible. Creo que en una obra como ésta no será fuera de propósito oír las razones en que se fundaban los liberales españoles para no hacer el reconocimiento, alegadas por uno de ellos, que fué diputado y ministro en aquella época y hoy emigrado por la causa constitucional.

La cuestión verdadera se reduce a investigar si el alzamiento de las colonias españolas del continente americano procedió de estar ellas de suyo dispuestas ya para la emancipación que el tiempo indefectiblemente debía de traer, o si ha habido hechos, y cuáles son éstos, que han precipitado la emancipación antes de lo que debía esperarse. Que las colonias españolas del continente americano no estaban aún de suyo dispuestas para la emancipación parece demostrarlo su situación actual, en la que, sucediéndose sin cesar unas a otras las revoluciones, ni han logrado consolidar gobiernos estables ni dejado por consiguiente de hallarse siendo presa de la anarquía. Por lo menos, de lo que semejante situación parece no dejar duda es de que las expresadas colonias no estaban dispuestas para constituirse en Repúblicas. Y si lo contrario se hubiese verificado, ellas ofrecerían a nuestros ojos un fenómeno bien extraordinario en política, el solo que en su género se habría observado hasta ahora en el mundo, cual sería el de los pueblos que sin previa oportuna preparación pasasen súbitamente a regirse por instituciones democráticas.

Los hábitos monárquicos contraídos por las colonias españolas durante más de tres siglos; la práctica ignorancia del mecanismo sutil de otra forma de gobierno; el estado de sus luces y costumbres, tan distante de la simplicidad primitiva como de los conocimientos refinados que llevan a los hombres al mando de la igualdad; el recuerdo mismo de los emperadores o Incas que se conservaba tan grabado entre los indios, parece que da margen a creer que quizá la independencia de las colonias españolas del continente americano se habría realizado mejor si en ellas se hubiese preferido el establecimiento de monarquías. Mas ¿cuál era el momento de intentar dicho establecimiento? He aquí el punto en que podrían tal vez no estar de acuerdo el verdadero cosmopolita, el especulador extranjero, el patriota americano y el patriota español. Natural es que este último deseara que la independencia del continente americano del Sur se retardase lo más que fuese posible, al paso que aquellos otros desearían acelerarla. Pero el momento había de llegar precisamente, y nunca podía estar ya muy lejos en que aun todo ilustrado patriota español hubiera de convencerse de la necesidad de la separación de la metrópoli y sus colonias del continente americano, o bien de la imposibilidad de evitarla; y entonces la mutua conveniencia habría dictado los términos recíprocos de conservar relaciones útiles entre las partes que fueran de un mismo imperio, y que pasando a dividirse en Estados diferentes, no por eso olvidarían los vínculos fraternales que las habían unido primero. Si el momento de la separación era realmente ya llegado de suyo cuando la separación se ha ejecutado, ningún cargo debe hacerse a los que en él manejaron los negocios públicos de España, porque en vano es resistir lo que es necesario o imposible de evitar. Si no era llegado de suyo y la separación se ha precipitado en daño de la España, a quien convenía retardarla, y en daño de las mismas colonias españolas del continente americano, a quienes convenía que su emancipación de la metrópoli fuese organizando en ellas gobiernos monárquicos, análogos a sus luces y costumbres, la culpa de los males ocasionados en lo sucedido deberá exclusivamente recaer sobre los que a la tendencia natural de dichas colonias a su emancipación añadieron un prematuro impulso para su movimiento insurreccional con dirección democrática, y sobre los que fueron aumentando violencia a este impulso o no supieron contenerle.

Un escritor americano no puede dejar de hacer algunas observaciones sobre las reflexiones del escritor peninsular, así para sostener la justicia de la causa americana, que es la de los principios de la soberanía nacional, como para acusar ante la posteridad la política mezquina, estrecha e injustificable de los que dirigieron los negocios públicos en España durante el último período constitucional.

Para probar el autor peninsular que las colonias antes españolas del continente americano no estaban de suyo aun dispuestas a emanciparse, alega las continuas revoluciones en que han estado aquellos países, no habiendo logrado consolidar gobiernos estables. Ved aquí el mismo argumento que hacen los ministros de la Santa Alianza a los constitucionales españoles, y si no me engaño, con mayor fundamento.

Vosotros -les dicen- no podéis sostener una forma de gobierno conforme a las luces de la Europa civilizada, porque no estáis al nivel de sus conocimientos ni de sus costumbres. La libertad entre vosotros conduce a la anarquía, y no habéis podido manteneros en paz ni conservar la tranquilidad en la península durante el período constitucional. Por el contrario, ¡qué hermosa perspectiva la de la España en la actualidad! Todo está en la mayor calma y los habitantes, en vez de ocuparse en formar clubes y predicar la anarquía en la Fontana o Lorencini, se dedican a útiles trabajos, prestando una obediencia racional al paternal gobierno de Fernando VII.

Lo mismo, poco más o menos, dicen a los franceses los patronos de la Restauración, y a fe que, lejos de convencer este lenguaje, irrita a los que aman más el periculosam libertatem quam quietum servitium. Cosa extraña es que elogiando el autor de que hablamos el talento, patriotismo y saber del conde de Aranda, por haber aconsejado a Carlos III, hace cuarenta y ocho años, que se desprendiese de todas sus posesiones del continente americano, conservando solamente las islas de Cuba y Puerto Rico, y que formase tres reinos, uno en México, otro en el Perú y el tercero en Costa Firme, poniendo tres príncipes de su familia para reinar en ellos, crea ahora que las revoluciones de aquellos países parecen demostrar que no están aún de suyo dispuestas para la independencia.

¿Qué excusa podrán alegar los directores constitucionales de la España por no haber seguido el consejo del conde de Aranda? Y ¡cuántas generaciones y sucesos indicaron posteriormente que era el único camino que debería seguirse! Pero muy distantes estaban de adoptar esta marcha política franca y liberal, cuando el escritor de que hablo, emigrado español, hace todos los esfuerzos posibles y empeña toda su lógica para probar que las Cortes españolas no han tenido la más pequeña influencia en la emancipación de las Américas antes españolas, y que, por el contrario, lord Liverpool había dicho: Que fueron más obstinadas que los gobiernos absolutos de España en negarse al reconocimiento de la independencia de las colonias.

Yo había sido testigo de un hecho que probaba esto, cuando fuí nombrado en las Cortes miembro de la comisión que debía dar su dictamen sobre la exposición que hicimos los diputados americanos en mayo de 1821. El señor Paul, diputado por Caracas, individuo de la misma comisión, y yo, convinimos en que era inútil tomar parte en la discusión en que los señores Yandiola y conde de Toreno, miembros igualmente de la misma, habían manifestado decididamente que las Cortes no tomarían aquel negocio en consideración. El decreto de las Cortes de febrero de 1822 acredita lo mismo. ¡Cuan diferente hubiera sido la suerte de los constitucionales si hubiesen reconocido el hecho existente de la independencia y entrado en relaciones amistosas con aquellos estados! ¡Quizá no comerían hoy los emigrados españoles los peces del Sena y del Támesis! Y si hubiesen sido vencidos en la lucha, habrían encontrado un asilo en la nueva patria que hubieran llamado a la existencia.

CAPITULO VI

Lemaur, comandante del castillo de San luan de Ulúa, bombardea a Veracruz. Situación de esta ciudad. Emigración de sus habitantes. Prolongación de las hostilidades. El comandante de la plaza, Barragán, pone todo su conato en cortar todas las comunicaciones con el castillo. Recibe el Congreso la noticia de la aproximación de las fuerzas españolas. Temores que infunde. Sólo quinientos hombres desembarcan en el castillo. Particular situación de esta fortaleza. Por qué no era de la utilidad que los españoles presumían. El brigadier Copinger sucede al general Lemaur en el mando de ella. Espera auxilios de La Habana. Los americanos se preparan a combatir la escuadrilla que se espera. Llegada a Veracruz del ministro de Hacienda Esteva. Quién era este sujeto. Sus principios, su carrera y circunstancias que le llevaron al poder. Sus pocos conocimientos. Perjuicios que causó al crédito interior y exterior del pais. Los auxilios de que fue portador Esteva comunican nueva vida a los preparativos contra la escuadrilla española. Situación terrible de los españoles que guarnecían el castillo. El general Copinger, intimado, promete entregar la plaza si no es socorrido. Entusiasmo. Llegada de la escuadrilla española. Regresa a La Habana en vista de las fuerzas superiores dispuestas a atacarla. Don Pedro Sáinz de Baranda, comandante de la escuadra americana. Su actividad y servicios. Capitulaciones del castillo. Rehenes mutuamente entregados. Generosa asistencia que se dió a los heridos. Llegada a México de Mr. Poinsett, como ministro plenipotenciario de su gobierno. Carácter y virtudes de este diplomático. Sus viajes y servicios a la causa de la libertad en América. Enemigos que se concilia en México. Por qué. Victoria separa políticamente a Terán del ministerio de la Guerra. Nombra a Pedraza interinamente. Causa que se había formado a este patriota. Composición del ministerio de hombres de todos los partidos. Perjuicios que causa. Salida de Alamán del ministerio. Ramos Arizpe desea entrar en el ministerio de Justicia. Medio de que se vale. La Llave para introducirle. Alamán se retira. Oposición de caracteres entre Alamán y Arizpe. Don José Espinosa de los Monteros. Don Sebastián Camacho.

A fines de 1823, el nuevo comandante del castillo de San Juan de Ulúa, Lemaur, abandonando la senda pacífica y de humanidad que había seguido el mariscal de campo don José Dávila, a quien había sucedido en el gobierno de la Ciudadela, comenzó a lanzar bombas sobre la plaza de Veracruz. El comercio se trasladó a Alvarado, villa distante de aquella plaza doce leguas, sobre el río del mismo nombre y con un fondeadero muy malo, como todos los de aquella costa. Cinco o seis mil hombres inermes, mujeres, niños y ancianos obligados a desamparar una ciudad bombardeada desde una fortaleza que la domina, buscaban asilo por todas partes y no podían encontrarlo. Veracruz está colocada sobre la plaza y rodeada de arenales estériles y ardientes por el espacio de dos leguas, en donde se encuentran lugares pequeños y chozas miserables. ¿Qué podían hacer aquellos desgraciados habitantes en tan tristes circunstancias? Arrojados de sus casas por una repentina lluvia de balas, anduvieron errantes por algunos días, experimentando toda especie de penalidades y de privaciones. Muchos fueron a Jalapa, distante treinta leguas; otros a Córdoba u Orizaba, villas igualmente distantes, y los más a la de Alvarado, en donde se estableció provisionalmente el comercio.

Veracruz es una ciudad construida a costa de muchos millones de pesos, cuyos edificios, aunque pequeños, están fabricados con gusto y elegancia. El castillo, que está en una isla distante menos de una milla de la ciudad y que la domina completamente, es una de las mejores fortificaciones que ha hecho el gobierno español para tener sujetos a aquellos habitantes, más bien que con el objeto de defender el puerto de algún ataque exterior. Esta fortaleza se proveía de víveres y municiones de La Habana, cuyos buques de mayor porte no podían ser atacados por nuestras débiles y nacientes fuerzas marítimas. Por el espacio de dos años en que duraron las hostilidades, interrumpidas algunas veces por capricho o cansancio, todos los ataques estaban reducidos a un cañoneo continuado de la ciudad al castillo y del castillo a la ciudad. Claro es que esta última debía sufrir mucho en sus edificios, mientras que el castillo no recibía ningún daño, o era muy poco.

Los generales Barragán, Santa Anna y Victoria hacían ostentación de un valor estéril delante de los riesgos que corrían bajo el cañón enemigo. Las tropas mexicanas manifestaron en esta ocasión la misma serenidad, la misma intrepidez. Mas ni las tropas mexicanas se preparaban al asalto ni las castellanas intentaban un desembarco. Se hacía daño a los edificios, morían algunos de resultas de las heridas, todo sin más fruto que el de hacer más penosa y triste la existencia.

Veracruz estaba desierta de sus antiguos habitantes, y sólo la ocupaban las tropas, alguna gente pobre y muy pocos comerciantes que no habían querido abandonar sus casas. El comandante general don Miguel Barragán, después de la ida de Victoria a desempeñar la presidencia, procuraba de todos modos impedir las comunicaciones de la guarnición del castillo con los de las costas, que alguna vez, por el interés de vender a buen precio sus víveres, conducían ganado vacuno y lanar, frutas y otros artículos que pagaban a peso de oro en la fortaleza, en que solamente había los víveres salados y añejos que llevaban de La Habana. Esta clase de alimentos no podía dejar de causar graves enfermedades en un país tan caliente y malsano. Barragán conocía que éste era el género de guerra que debía hacerse a los enemigos, y su empeño mayor fue el levantar guardacostas y poner vigías y destacamentos ambulantes, encargados de impedir cualquier género de comunicaciones con el castillo.

El 14 de agosto de 1824, el secretario de la Guerra dió cuenta al Congreso, en sesión secreta, de que por oficio recibido de Veracruz se participaba al gobierno que una expedición española se aproximaba a las costas de la República y que esta noticia había sido comunicada por un bergantín inglés que llegó a la isla de Sacrificios.

Muy frecuentes eran las alarmas en que estaba la nación durante este período, así por las noticias que llegaban de Europa, poco después de la intervención armada de la Francia para destruir las instituciones liberales en la península española, como por la proporción que ofrecía el castillo de Ulúa para hacer depósitos, aunque momentáneos, de tropas enemigas. La escuadra de que he hablado condujo al castillo quinientos hombres para reemplazar la guarnición, muy disminuída con la mortandad que experimentaba y enferma en la mayor parte; de manera que esta posesión servía al gobierno español para aumentar sus gastos y sacrificar hombres reducidos a vivir en un espacio de una milla cuadrada, rodeados de agua y de enemigos; porque después que se rompieron las hostilidades y se pasó el comercio a la villa de Alvarado, ya no percibían ningunas contribuciones los españoles que lo ocupaban, y no podían salir en sus lanchas sin exponerse a ser hechos prisioneros por nuestros guardacostas. Los que quisieron persuadir al gobierno español que San Juan de Ulúa sería en América lo que Orán o Ceuta en Africa, o Gibraltar para los ingleses en España, desconocían enteramente las posiciones y circunstancias diferentes de estas fortalezas.

Ulúa está sobre rocas estériles, aislado, sin ningún auxilio próximo, rodeado de escollos y expuesto a los vientos nortes, que cuando soplan impiden el acceso a las embarcaciones, a no ser que sean muy prácticos los pilotos. Añádase a estos inconvenientes el temperamento tan desagradable y malsano de las costas entre los trópicos, y se deducirá si es practicable la ocupación por largo tiempo de un punto semejante, teniendo por enemigos a los habitantes del continente.

En el mes de agosto de 1825, en consecuencia de las precauciones tomadas por los jefes que mandaban la plaza, el castillo no recibía víveres ni ninguna clase de auxilios, y la guarnición estaba reducida a menos de cuatrocientos hombres, la mayor parte enfermos. Mandaba esta fortaleza el brigadier don José Copinger, que había sucedido al general Lemaur, quien continuó el mismo sistema de hostilidades contra la ciudad, y quizá con más vigor. Mas los víveres comenzaban a escasear y estaban además corrompidos en mucha parte. Copinger esperaba auxilios de La Habana, que en esta época habían tardado más de lo ordinario; pero en la isla de Sacrificios y otros puntos de la costa se preparaban todos los buques para empeñar una acción con la escuadrilla española, en el caso de que se presentase conduciendo auxilios, como se anunciaba. El ministro de Hacienda don J. I. Esteva bajó entonces a Veracruz y Alvarado para contribuir a la empresa de hacer capitular a la guarnición española y entregar el castillo.

Esteva no era militar ni hombre de conocimientos, pero tenía mucha actividad, relaciones con las personas de más influencia en aquellos puntos y quería igualar su reputación a los destinos a que lo había elevado su íntimo amigo el presidente. Fue oficial de patriotas en tiempo de la guerra de independencia; pero oficial de patriotas realistas, que es lo mismo que decir de las tropas que hacían o debían hacer la guerra a los patriotas nacionales. Jamás la hizo, sin embargo, porque no era hombre de armas tomar y quería vivir pacíficamente cuidando su pequeña librería y haciendo cortas utilidades vendiendo novenas y vidas de santos. Era astuto, y no dejaba de tener tacto de hombres y de negocios; la circunstancia de haber pasado el general Victoria muchas veces a Veracruz presentó a Esteva ocasión de introducirse con este jefe, y algunos pequeños servicios que le prestó aumentaron sus relaciones. Elevado Victoria al Poder Ejecutivo, aun antes de ser presidente, influyó para que Esteva fuese sustituído en lugar de Arrillaga en el ministerio de Hacienda, y los que conocían a este nuevo financiero se admiraban de verle llamado a un destino que exige conocimientos económicos y una vasta capacidad para abrazar los diferentes ramos que forman un orden cualquiera de administración.

Esteva no era para esto, como lo manifestó posteriormente, habiendo sido el que causó en mucha parte la ruina de nuestro crédito en el exterior y la miseria en el interior. No es tiempo de hablar de esto.

La llegada de Esteva a Veracruz con órdenes amplias del presidente y con caudales para obrar contra el enemigo dió mayor movimiento a los preparativos que se hacían para atacar la escuadrilla española. Los nortes favorecieron por su parte, y se puede decir sin hipérbole que los españoles peleaban contra los dioses y contra los hombres, teniendo contra sí el hambre, las enfermedades, el fuego y balas de los enemigos; un mar embravecido cubierto de arrecifes, una atmósfera abrasadora y, sobre todo, la ignorancia de si serían o no auxiliados, al ver que se retardaban los socorros acostumbrados de La Habana. El general Copinger, a quien en estas circunstancias se intimó capitulación, dió un término de cierto número de días, dentro del cual, si no recibía los socorros de tropas y víveres que esperaba, entregaría la fortaleza evacuándola con toda su guarnición con los honores debidos. Convenidos en esto y celebrado un armisticio entre las dos plazas únicamente, todos los esfuerzos de los mexicanos debían dirigirse a atacar la escuadrilla española en el caso de aparecer, lo que se verificó dos o tres días antes de cumplirse el término asignado en el tratado. Entonces se vió que los mexicanos obraban con el mismo valor en el mar que en tierra. Don Pedro Sáinz de Baranda, comandante de la escuadrilla de la República, dirigió con actividad sus buques sobre los del enemigo, saliéndole al encuentro. Todos los buques mercantes, las lanchas cañoneras y los que había comprado el señor Michelena en Londres sirvieron en esta vez. La escuadrilla española no quiso empeñar un combate en vista de la superioridad del número de la mexicana, y su comandante juzgó sin duda más prudente regresar a La Habana, aumentar sus fuerzas y volver al ataque. No sabía la situación en que se hallaba la guarnición del castillo de Ulúa, aunque debía suponerla, después de muchos meses de falta de auxilios, desprovista de todo y en las últimas extremidades. Varias embarcaciones mercantes de los Estados Unidos introducían víveres a todo riesgo en la fortaleza; pero en estas circunstancias, algunas que se aventuraron a entrar fueron apresadas por los buques mexicanos, de manera que la guarnición del castillo no tenía ningunas esperanzas de mejorar su situación. Una pequeña goleta que lo consiguió no impidió que el general español cumpliese su oferta. La retirada de la escuadrilla enemiga y el plazo cumplido determinaron al brigadier Copinger a entregar por capitulación la ciudadela de San Juan de Ulúa, lo que se verificó el 15 de septiembre con el coronel don Antonio Juille, que la firmó por parte del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

La guarnición debía ser conducida a La Habana en buques nacionales, con sus armas, y los soldados enfermos asistidos en los hospitales de Veracruz. Todo se cumplió religiosamente.

Los oficiales mexicanos don Ciriaco Vázquez y don Mariano Barbabosa fueron enviados a La Habana en rehenes para el cumplimiento de las mutuas estipulaciones, y otros dos oficiales españoles permanecieron en Veracruz. El general Copinger y sus tropas fueron tratados con todos los miramientos y consideraciones debidas al valor y buena fe con que habían cumplido sus promesas; y era un espectáculo interesante ver a los mexicanos dando acogida a los que habían destruído en parte una de las más bellas y ricas ciudades de la República.

Don Pedro Sáinz de Baranda, comandante de la escuadrilla mexicana, obró en estas circunstancias con la mayor actividad, y sus trabajos contribuyeron en gran parte a poner en movimiento la escuadra.

De esta manera entró en poder de los mexicanos esta fortaleza, cuya posesión era no sólo inútil, sino perjudicial a los españoles, causando únicamente muchos males a los mexicanos y españoles mismos establecidos en Veracruz, dueños de las casas más bellas de aquella ciudad. Muchos fueron los perjuicios que experimentaron siendo víctimas del furor de sus mismos paisanos, que bombardeaban la plaza habitada por antiguos comerciantes españoles, la mayor parte adictos al orden de cosas anterior que les proporcionaba el comercio de monopolio y les daba la superioridad de que estaban en posesión. Estas consideraciones obraron sobre don José Dávila para que hubiese guardado el sistema de moderación, que hizo permanecer en una especie de armisticio las dos plazas enemigas por más de dos años, sin interrumpir el comercio, que era un poderoso auxilio para el castillo mismo, que, como hemos visto, sacaba provecho de los derechos que imponía a los efectos que en él se depositaban y a los buques que buscaban abrigo de los vientos del Norte cerca de sus murallas.

A principios de este año llegó a México M. J. R. Poinsett, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos del Norte cerca del gobierno de la República. Aunque aquellos estados habían hecho un reconocimiento voluntario, explícito y franco de la independencia de México, no habían entablado todavía relaciones de amistad y comercio, muy diferentes de la Gran Bretaña, que comenzó por tratados de esta naturaleza, considerando implícito el reconocimiento de nacionalidad por este mismo hecho y por el recíproco nombramiento de ministros diplomáticos por las dos partes contratantes. En ambos gobiernos había las mismas disposiciones, porque existía el mismo interés; pero el de los Estados Unidos estaba enteramente desprendido de esos compromisos diplomáticos en que las potencias de Europa se hallan implicadas, y en los que la Gran Bretaña es la menos comprometida. Sin embargo, su posición cerca del antiguo continente, y en el centro de las agitaciones de la Europa, la obligan a entrar en relaciones, alianzas y tratados que la ligan al sistema continental.

Mr. Poinsett, ministro americano, es uno de los primeros ciudadanos de su país por sus conocimientos, experiencia, destinos que ha ocupado y desempeñado siempre con aplauso de sus conciudadanos. Había viajado mucho en la América del Sur y servido como pudo a la causa de la independencia de Chile, en donde tuvo relaciones muy íntimas con los Carreras, patriotas ilustres, aunque desgraciados, en aquella hermosa provincia. También había viajado en Europa y parte de la Asia Menor, habiendo contraído muchas conexiones honrosas en Rusia, especialmente en San Petersburgo. Poinsett es un diplomático cuyas cualidades principales son un golpe de ojo seguro y certero para conocer a los hombres, medir su talentos y pesar su valor; una franqueza reservada, por decirlo así, de manera que en sus conversaciones cualquiera cree ver una especie de abandono, por el modo natural y verdadero con que trata los asuntos, reservando únicamente lo que le parece; pero nunca mintiendo ni haciendo reservas mentales. Su amor a la libertad nace del convencimiento que tiene de no ser una cuestión abstracta ni una utopía puramente metafísica, habiendo visto sus ventajas prácticas en el dichoso pueblo de que es ciudadano, y de consiguiente obra siempre en el sentido más liberal. Poinsett ha conservado conmigo una amistad no interrumpida; pero si el ligero cuadro que he trazado de su carácter parece apasionado, apelo a sus mismos enemigos para que pronuncien. Después le veremos perseguido por el mismo partido que hizo la guerra a Iturbide y llamado por su gobierno a petición del mismo general Guerrero, en odio del cual fue quizá por lo que tuvo más que sufrir.

Don Guadalupe Victoria, a poco de estar en la presidencia, se propuso separar del ministerio de la Guerra a don Manuel de Mier y Terán, con quien, en consecuencia de antiguos resentimientos, no conservaba la mejor armonía, o quizá porque no hay muchas simpatías entre estos patriotas. Bajo el pretexto de una comisión que requería conocimientos científicos y de genio, le envió al Estado de Veracruz, encargando interinamente el ministerio a don Manuel Gómez Pedraza. Este último había estado de gobernador del Estado de Puebla y de comandante militar, y se le separó de este último destino en consecuencia de un consejo de guerra a que se le sujetó por haber obrado con lentitud en la persecución de unos salteadores y no haber dado escolta a unos extranjeros atacados por aquéllos. El espíritu de partido se mezclaba en todas estas cosas, y Pedraza no era bien visto por los centralistas y borbonistas, por haber sido constante amigo de Iturbide, lo cual es una virtud.

Don Pedro Lanuza, fiscal de la causa, pidió la absolución del acusado y don Manuel Gómez Pedraza fue absuelto y restituído a todos sus honores. El presidente Victoria llevó a la presidencia la máxima de componer su ministerio de individuos pertenecientes a los partidos que dividían la República, creyendo así equilibrar su influencia y neutralizar sus efectos. El resultado de esta política debía ser una absoluta paralización de todos los negocios, porque cada ministro creía ver en las medidas del otro un ataque a su partido, y de consiguiente no había la coherencia que da la fuerza de acción y la energía tan esencial en el poder ejecutivo.

En El Correo de la Federación de 19 de enero de 1827 publiqué un artículo editorial que presentó al ministerio como era entonces. Pedraza entró, pues, al ministerio de la Guerra, y Terán conoció que no se le quería en aquel destino. Don Lucas Alamán continuaba en el ministerio de Relaciones, pero no estaba contento ni con Victoria, ni con Pedraza, ni con Esteva. De Llave había formado la idea exacta de su incapacidad y no hacía de él ningún caso. Aunque el presidente deseaba deshacerse de Alamán -quizá por la superioridad que éste tenía sobre todos ellos, y a pretexto de que la opinión pública le acusaba de monarquista-, no se resolvía a decírselo francamente, y como, por otra parte, no podía ocuparle en una comisión como a Terán, por no ser militar, le mantenía a su lado a pesar suyo. Al fin se presentó un camino para hacer salir a este caballero de una plaza que él mismo no retenía quizá sino por condescender con el partido que representaba y que había hecho una pérdida con la salida de Terán.

Don Miguel Ramos Arizpe, canónigo de la catedral de Puebla de los Angeles, de quien ya he hecho una pequeña descripción, deseaba entrar en el ministerio de Justicia y Negocios Eclesíasticos que ocupaba don Pablo de la Llave, quien no sólo cedía voluntariamente la plaza, sino que tenía empeño en que Arizpe fuese puesto en su lugar. Pero Victoria sentía repugnancia por este nombramiento, porque temía el caráter impetuoso y dominante de este eclesiástico. Sin embargo, Llave acertó a conseguir que Arizpe fuese colocado de oficial mayor de aquella secretaría, así como otro había conseguido que don José Espinosa de los Monteros lo fuese en la misma plaza en la Secretaría de Relaciones. Ambos vinieron después al ministerio. El objeto era acercar a Arizpe al presidente y ponerlos en contacto cuando fuese al despacho en lugar del ministro, que a propósito se fingía enfermo o hacía algunas ausencias para conseguir este objeto. Entonces fue cuando Alamán se resolvió a separarse. Existía, desde el tiempo que estuvieron en España, una secreta rivalidad, una antipatía fuerte entre estos dos individuos, como existe siempre entre personas que aspiran a unos mismos destinos, a conseguir el sufragio de la opinión o el favor de los que dirigen los destinos de las naciones. Nada había de común entre estos dos individuos. Arizpe es violento; Alamán, astuto; Arizpe es franco; Alamán, reservado; Arizpe arrostra los peligros, Alamán los evita; Arizpe es generoso; Alamán, avaro; Arizpe, como todos los hombres de imaginación fuerte, no obra con método ni orden; Alamán es minuciosamente arreglado y metódico: de consiguiente, Arizpe tiene amigos, Alamán no los tiene; por último, en Alamán todo es artificio; en Arizpe, todo natural. Ved aquí dos caracteres enteramente opuestos, y es imposible que queriendo ambos dirigir los mismos negocios se mantengan unidos. Alamán abandonó el campo y poco después fue nombrado don Miguel Ramos Arizpe ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, por renuncia que hizo don Pablo de la Llave. El ministerio de Relaciones fue desempeñado interinamente por el señor don José Espinosa de los Monteros, abogado muy distinguido y respetable por su probidad, ilustración y amabilidad, aunque nimiamente tímido y escrupuloso para obrar, lo que hacía muy lento el despacho de los negocios.

Poco tiempo después fue llamado don Sebastián Camacho a desempeñar el ministerio de Relaciones. Camacho había sido diputado en el primer Congreso y pertenecido al partido de Fagoaga. La cortedad de su genio y sus pocos conocimientos no le habían permitido hacer un papel que llamase la atención, y su estado valetudinario le obligaba a estar ausente mucho tiempo de las sesiones. De consiguiente no fue entonces conocido, o al menos no lo fue de manera que fijase la atención de los observadores. Pero Camacho tiene lo bastante para ser notable de provincia. En el Estado de Veracruz había hecho conocimiento con el presidente Victoria y fundado un periódico titulado El Oriente de Jalapa. Victoria procuraba siempre rodearse de hombres medianos, o que no le contradijesen, porque es hombre que desea ser tenido por el primer estadista del país. Ninguno pensaba en México que Camacho pudiese ser llamado al ministerio, porque a la verdad nadie lo creía capaz de desempeñarlo con acierto. Pero Victoria tenía la virtud de hacer hombres grandes de la nada y convertir las piedras en hijos de Adán.

Debemos confesar, sin embargo, que nada es más difícil que la elección de altos funcionarios en aquellos países; porque además de la escasez de hombres de Estado, de la dificultad de reunir las cualidades necesarias para ser digno de un encargo tan importante, la funesta división de partidos hace casi imposible una buena elección. El presidente fluctúa entre unos y otros, y si echa mano de los de una parte, los de la otra hacen una guerra terrible. Lo peor de todo es que las divisiones existentes entre las facciones no son cuestiones de doctrinas, ni de principios, ni de formas de gobierno: allá las personas son los principios y las cosas.

Camacho reemplazó a don Lucas Alamán después de dos meses de interinidad.

CAPITULO VII

Don José María Alpuche e Infante. Concibe el proyecto de las logias yorkinas. Mejía, Esteva y Arizpe apoyan este proyecto. Parte que tuvo en él Mr. Poinsett. Vuelo que toma esta nueva sociedad. Su influencia en los negocios políticos. Pierden la suya las logias escocesas. Deserción de los miembros de esta sociedad. Objeto y fines que se propusieron los yorkinos en la creación de la suya. Don Francisco Calderón, gobernador de la Puebla de los Angeles. Su carácter y servicios. Reflexiones sobre la constante influencia de la fuerza armada en los negocios interiores de la República. Conducta del ejército angloamericano en circunstancias idénticas. Estado continuo de oscilación que deberá prolongarse mientras exista la influencia de la fuerza armada. Boga en que están las logias yorkinas. Principales sujetos que las componían. Logias escocesas. Quiénes estaban al frente de ellas. Pugna terrible entre ambas sociedades. Multiplicación de los periódicos en todos los Estados mexicanos. Llegada de M. Sant-Angelo a México. Sus ideas. Obra que publica. Digresión sobre el congreso anfictiónico. Atropellamiento ejecutado contra Sant-Angelo. Muerte de su hijo. Don Sebastián Camacho, nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Firma del tratado de amistad y comercio. Suspensión de pagos de la casa de Barclay. De la de Goldsmith. Triste desperdicio de ambos empréstitos. Responsabilidad de los que los han manejado. Influencia en la suerte de aquel país.

En el mes de septiembre de este año de 1825, don José María Alpuche e Infante, cura de una parroquia del Estado de Tabasco y senador por el mismo Estado, formó el proyecto de crear una sociedad de francmasones bajo el rito de los antiguos masones de York, uno de los conocidos en esta secta. El ministro Esteva, que necesitaba un apoyo artificial para mantenerse en el ministerio, abrazó con ardor la concepción de Alpuche, y muchos individuos que vieron en el establecimiento de una sociedad semejante un punto de reunión para discutir intereses nacionales, y quizá privados, entraron en el proyecto. Copiaré lo que sobre este particular he dicho en un folleto que publiqué en los Estados Unidos del Norte.

El año de 1825, don José María Alpuche, hombre notable en los sucesos de México, por su fibra indomable y exaltado celo por el sistema federal, en unión del coronel don José Antonio Mejía, del ministro Esteva, del oficial mayor que era entonces del ministerio de Justicia don Miguel Ramos Arizpe, y otras personas, formaron el proyecto de crear logias yorkinas en contraposición de las escocesas, que trabajaban con ciertas personas para gobernar el país. El presidente Victoria entró en este proyecto, y su íntimo amigo Esteva, secretario de Hacienda, fue el jefe principal de las primeras sociedades. Cada uno tenía sus miras en dicho establecimiento: el que esto escribe fue invitado y entró sin ningún designio. Se formaron desde luego cinco logias, y después de establecidas se suplicó al señor Poinsett, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en México, ocurriese por conducto de sus amigos por las grandes cartas reguladoras. Este paso, y la instalación de la gran logia, fue toda la intervención que tuvo este americano, calumniado por los aristócratas y varios agentes europeos en México, que han tenido más parte que él en los asuntos del país. La formación de las logias yorkinas fue, es verdad, un suceso muy importante. El partido popular se encontró organizado y se sobrepuso en poco tiempo al partido escocés, que se componía en su mayor parte de personas poco adictas al orden de cosas establecidas. El número de logias llegó a ciento treinta; se crearon en todos los Estados y se abrió la puerta al pueblo, que entraba con fanatismo. Al principio se reducían las tenidas a ceremonias del rito y a tratar sobre obras de beneficencia y funciones, pero después se convirtieron en juntas en que se discutían los asuntos públicos. Las elecciones, los proyectos de ley, las resoluciones del gabinete, la colocación de los empleados, de todo se trataba en la gran logia, en donde concurrían diputados, ministros, senadores, generales, eclesiásticós, gobernadores, comerciantes y toda clase de personas que tenían alguna influencia. ¿Qué podía resistir a una resolución tomada en una sociedad semejante? Victoria mismo comenzó a temer, y aunque conservaba una grande influencia por medio de Torney, Esteva y otros servidores suyos, conocía que ésta era puramente precaria.

Cito este documento, que ha sido reimpreso en México, como una parte de la crónica verdadera de la época de que hablo.

Hemos visto establecida desde el principio de la independencia una sociedad secreta que se titulaba del Antiguo rito escocés, en la que se habían filiado los generales Barragán, Bravo, Negrete, Echávarri, Terán y otros muchos, que formaron ese partido que tomó la denominación del rito a que pertenecía su secta masónica. Aunque con la caída de Iturbide -debida en mucha parte a los trabajos de estos clubes y el establecimiento de la forma federal creada contra sus esfuerzos- se habían separado muchos miembros de la asociación, continuaban, sin embargo, teniendo una influencia marcada sobre el gobierno y el Congreso; consecuencia natural de la marcha ordenada que seguían como el resultado de sus discusiones. Muchos de los que proyectaron la creación de la nueva asociación masónica habían concurrido a las logias escocesas y hecho parte principal de sus oficiales.

Los generales Filisola, Cortázar, Parrés; los coroneles Aburto, Basadre, Mejía, Tornel, Chavero, varios diputados, el ministro Esteva, todos éstos fueron venerables, celadores y miembros de la sociedad escocesa y conocían sus secretos, su marcha y sus intenciones; y todos éstos entraron a componer la asociación yorkina. La deserción fue tan general y simultánea, que algunas logias celebraron sesiones para trasladarse con sus archivos y paramentos al sol que nacía, abandonando la secta o partido escocés, como entonces comenzó a llamarse.

¿A qué podremos atribuir esta repentina versatilidad? Los desertores alegaban que no podían continuar perteneciendo a una sociedad que tenía por objeto restablecer la monarquía. El general don Manuel Gómez Pedraza abandonó posteriormente la misma asociación, sin entrar en la nueva, alegando que los escoceses querían una dinastía extranjera. Alpuche, Esteva y Victoria, que fueron los primeros empeñados en dar existencia a este proyecto, previeron, y con exactitud, que si se organizaba una sociedad en contraposición a la otra, llevando consigo el nombre de federal, era evidente que dentro de poco tiempo arruinaría los proyectos e inutilizaría los trabajos de los escoceses. Victoria quería tener un apoyo en esta sociedad, y creía formarlo asimismo para el sistema de federación, que siempre creía en riesgo por las maniobras de los centralistas, a pesar de sus facultades extraordinarias. Pero no preveía que una sociedad popular no tiene límites en sus pretensiones. Veía que don Nicolás Bravo, que había sido su rival para la presidencia, y al mismo tiempo vicepresidente de la República, era el jefe de la sociedad escocesa, y que los miembros de ésta procuraban en todas ocasiones elevarlo sobre sus contemporáneos. Bravo había hecho una expedición a Jalisco, en la que, obrando como un agente del gobierno general, hubiera cumplido con disipar todos los temores de una contrarrevolución separando a los partidarios de Iturbide; mas la severidad con que se manejó, atribuída a inspiraciones del general Negrete y, más que todo, del partido que le hacía su instrumento, había disminuido mucho la popularidad que le adquirieron sus antiguos servicios y padecimientos.

Pero en una nación en que las instituciones y las leyes acababan de nacer; en que todos los que gobernaban parecían pedir por favor los actos de obediencia debidos a las autoridades; en donde las facciones, echando mano de cualquier pretexto, crean y destruyen alternativamente los gobiernos; en un país en el que se habían visto suceder en cuatro años cinco formas administrativas, desde el virreinato hasta la República federal, el presidente creía necesario un nuevo estribo que sostuviese la autoridad y la de las leyes. Este fue el principio y el origen del establecimiento de las logias del rito de York, cuyo engrandecimiento repentino asustó poco después a sus mismos autores y cuyas desavenencias y divisiones dieron luego un triunfo sangriento a los antiguos escoceses.

Por este tiempo fue nombrado gobernador del Estado de la Puebla de los Angeles don Francisco Calderón, en lugar de don Manuel Gómez Pedraza. Este es un antiguo oficial que sirvió bajo el mando de los españoles en la guerra de la revolución y de los honrados militares que sólo han hecho mal cuando el rigor de la disciplina les ha obligado a causarlo. Durante su gobierno, aunque corto, ha hecho todas las mejoras que ha podido en aquel Estado, y se le debe el beneficio de haber construído el camino del Pinal, guarida en otro tiempo de salteadores y hoy un paraje fácil y agradable sobre el camino de Veracruz a México. Este general debe ocupar lugar en una historia destinada a dar a conocer los personajes de este período. Constantemente adherido a la obediencia pasiva, debe ser colocado a la cabeza de los que han seguido esta marcha poco peligrosa y nunca comprometida, pero que inspira a los gobiernos, respecto de los que la siguen, una confianza útil en los jefes subalternos sobre que se apoyan y la garantía más segura de su estabilidad. A esta categoría pertenecen Calderón, don Manuel y don José Rincón, don Zenón Fernández y otros pocos. Por cuenta de estos jefes no hubiera caído el gobierno español; subsistiría el Plan de Iguala, el imperio de Iturbide y cualquier gobierno que se establezca y al que presten obediencia. El tránsito del sistema colonial al estado de independencia, es, a mi modo de ver, el único caso en que pudo disculparse a las tropas y jefes nacionales volver al frente contra el gobierno que los paga y dirige. Es tan grande, tan sublime y universal el sentimiento de nacionalidad, que puede compararse al que en la esclavitud doméstica tiene constantemente el infelíz mortal de quien dispone un propietario. Es, pues, no sólo disculpable, sino laudable y aprobado por el sufragio general, ese abandono de los ejércitos de las banderas que oprimen su país para sostener y pelear bajo el pabellón de sus conciudadanos. Esto han hecho en todas las circunstancias los hombres más patriotas y distinguidos, cubriendo de gloria su nombre. ¿Quién no admira en el día esos heroicos polacos, que pugnan con todo ardimiento por sacudir el yugo de la Rusia para hacer su independencia y restituir a la tierra de sus padres su antigua nacionalidad? Los nombres de los Skrzynecki, Gielgud, Chlapowski serán el más bello ornamento en la historia de los hombres ilustres. Pero hecha ya la independencia, y entregado el manejo de los negocios a los legítimos representantes de la nación, cualquier género de intervención de la fuerza armada, cualquiera parte que tome en la resolución de los negocios es un atentado contra la soberanía nacional; es un delito contra la Constitución, contra la disciplina, contra la moral; es, en una palabra, el establecimiento de la tiranía militar, más dura que todos los despotismos conocidos. Esta es la oportunidad de hacer una observación sumamente importante, que dará a conocer a los mexicanos la marcha que debieron tomar sus negocios públicos y las causas de su extravío.

Los que se pusieron a dirigir la revolución de los Estados Unidos del Norte y mandaron el ejército con tanta gloria como valor, en el momento en que se terminó la lucha sangrienta con los ingleses y se evacuó el territorio de la Unión se retiraron a sus casas sin esperar ni mucho menos exigir de la nación grados militares, pensiones ni empleos. Aquel pueblo grande y virtuoso asignó, es verdad, una cantidad para recompensas y algunas tierras distribuíbles entre los heroicos ciudadanos que se habían inutilizado y derramado su sangre en defensa de la libertad. ¡Qué cosa más justa y racional! Mas nunca los generales y jefes aspiraron a mandos ni ascensos militares ni condecoraciones de ningún género. Es verdad -como dice Carlos Botta- que opusieron alguna repugnancia a que se disolviese el ejército antes de que recibiesen sus pagas atrasadas, a pretexto de que el Congreso no cumpliría con ellos. Pero las exhortaciones oportunas, enérgicas y llenas de patriotismo del inmortal Wáshington desarmaron su resistencia, y se retiraron a sus casas a esperar que el gobierno cumpliese con la promesa de darles media paga por vida a los oficiales y generales y las pensiones que pertenecían por la ley a los inválidos. Entre los mexicanos, los oficiales del ejército se apoderaron de la revolución y de sus frutos; muy pocos son los que se han contentado con percibir los sueldos cuantiosos que disfrutan; los gobiernos de los Estados, las comandancias generales, los primeros destinos de la República apenas bastan para satisfacer su ambición. ¿Por qué, si desean aspirar a los destinos civiles, no renuncian la carrera de las armas, tan propia a inspirar desconfianza en los países libres? Ved aquí el mayor escollo para las instituciones de los mexicanos y para el natural desenvolvimiento de un sistema republicano popular. En vez de disolver el ejército aquellos legisladores, como debieron hacerlo después de la toma del castillo de Ulúa, han consagrado los fueros militares y creado en los Estados comandancias militares, institución capaz por sí sola de aniquilar el sistema federal. Estos comandantes militares, sucesores de los antiguos capitanes generales, tenientes del rey, gobernadores militares del gobierno colonial, residen en las capitales de los Estados, con tropa armada a su disposición y autorizados para castigar ciertos delitos privilegiados, como los de conspiración, cuadrillas de ladrones y otros. ¡Monstruosa mezcla de instituciones militares y republicanas! De aquí nacen perpetuas contestaciones entre las autoridades y un choque continuo, cuyos resultados son al menos agriar los espíritus y disponerlos para la guerra civil. ¿Qué se propusieron los legisladores mexicanos al crear esas autoridades militares en los Estados, debiendo haberlos reducido a las plazas fronterizas o a las fortalezas marítimas? El proyecto fue presentado al Congreso por una comisión compuesta de militares, naturalmente interesados en conservar su antigua influencia, y los diputados fundadores de la federación no echaron por esta vez la vista sobre los Estados Unidos del Norte, su modelo, en donde la clase militar está reducida únicamente a obedecer las órdenes del Congreso y del Presidente en las fronteras, sin tomar nunca parte en las transacciones políticas de los ciudadanos americanos. ¿Qué parecería en un Estado de la Unión un comandante militar corriendo de un punto a otro del Estado a pretexto de auxiliar a esta o la otra autoridad y con el objeto verdadero de influir en las elecciones de diputados o presidente por el terror o por otros medios igualmente reprobados?

Que los mexicanos mediten sobre esto y pongan el remedio antes que llegue a tomar raíces entre ellos una República militar, que es ciertamente el peor de los gobiernos, pues no es más que el perpetuo imperio de la fuerza sustituído a la voluntad de los ciudadanos.

El establecimiento de las sociedades yorkinas fue un llamamiento al pueblo para organizarse contra las clases privilegiadas. Las dos asociaciones parecían dos ejércitos lanzados el uno contra el otro en toda la extensión de la República. Gran mal por cierto; pero ¿quiénes habían dado el ejemplo?

Yo no hago aquí el papel de acusador, refieró imparcialmente los sucesos. Hemos visto que el general don Nicolás Bravo era el gran maestre de la asociación escocesa; los yorkinos eligieron a don Ignacio Esteva, representante de Victoria y su ministro. Pertenecían además a esta sociedad Ramos Arizpe, Zavala, los generales Guerrero, Filisola, don L. Cortázar, Parrés, Zenón Fernández, Codallos, Bustamante (don Anastasio), Bonilla, los coroneles don Juan Andrade, don Mariano Arista, don Ignacio Inclán, Borja, Chavero y una porción de oficiales de menor graduación. Había también muchos eclesiásticos seculares y regulares, y, como he dicho anteriormente? gobernadores, diputados y senadores; ciudadanos, en fin, de todos oficios y condiciones. Se dieron a las logias los nombres más propios para seducir, como Independencia, Federalista, India Azteca; había frecuentes banquetes, reuniones numerosas en que se confundían y mezclaban indistintamente todas las clases de ciudadanos. Un entusiasmo general se había apoderado de muchos hombres, que veían en aquel establecimiento su felicidad; los pretendientes de empleos, un fácil acceso a los que los distribuían; los liberales, una columna fuerte de la libertad y de las instituciones; los grandes empleados, un sostén, un apoyo en la fuerza de opinión; los ricos y grandes propietarios, un asilo en las turbulencias políticas, y muchos el espíritu de novedad y la moda.

Los generales Múzquiz, Terán, Barragán, Verdejo, Anaya; los coroneles Landero, Facio, Portilla, Correa, Brisuela, Barbabosa, Castro y otros, permanecieron siempre en su partido y opusieron la constancia a los combates del partido popular. En este año nació esa funesta clasificación de yorkinos y escoceses, bajo cuyos nombres han combatido en la República durante cinco años las ambiciones disfrazadas de sus directores. En los papeles que publicaban los segundos para acusar a los primeros como la causa de estos desórdenes, declaran, con tanta impudencia como ignorancia, que estando gobernadas las cosas públicas por los escoceses, la nación marchaba tranquilamente a su prosperidad; pero en el momento en que los yorkinos intentaron tomar parte en la dirección del gobierno, el desorden y la anarquía se introdujeron en todas partes. Así se explicaba la legislatura de Jalapa en un manifiesto publicado para justificar algunas medidas violentas que tomó, como veremos a su tiempo.

Este lenguaje era literalmente copiado de las proclamas de los virreyes españoles, que decían con más razón que la Nueva España estaba en una calma y tranquilidad imperturbable. En tanto que los españoles gobernaban el país y que los nacidos en él no tomaban parte en los negocios, y sólo obedecían, nada perturbó el orden y sosiego público; mas luego que éstos comenzaron a reclamar el derecho natural que tenian para gobernarse y dirigirse, principió la lucha y desapareció la paz.

Ved aquí un modo raro de argüir para retener el poder y el monopolio de los destinos públicos, y un argumento nuevo para culpar a los que reclaman lo que les pertenece. Esto mismo dice también Fernando VII de España a los liberales, acusándolos de perturbadores y anarquistas, sólo porque éstos no quieren que él y sus favoritos sean los únicos árbitros de los destinos de la nación española.

La cosa más insignificante, los negocios personales, se hacían materia de discusiones públicas, objeto de combate entre los partidos. Sería una parcialidad culpable el decir que uno de ellos tenía siempre la razón. Ambos obraban con imprudencia, sin miramientos, por puro deseo de sobreponerse al otro. Cuando el ministro Esteva regresó de Veracruz, después de la rendición del castillo de UIúa, las logias yorkinas de la capital dispusieron recibido como un general que acababa de ganar una gran victoria sobre el enemigo.

Los escoceses, por su parte, atribuyeron a Barragán todo el triunfo, y ved aquí un motivo de disputas, de injurias, de calumnias y de discordia. Barragán había estado constantemente trabajando en la costa y haciendo esfuerzos para impedir la entrada de víveres al castillo. Esteva bajó cuando ya la falta de víveres y otras causas obligaban al comandante a rendirse. Un fuerte norte coincidió oportunamente con la llegada del auxilio de La Habana; y la vista de nuestros buques -que sin otros preparativos que el arrojo y el valor de los mexicanos se echaron a la mar- hizo desaparecer la fuerza enemiga. ¿Quién era el vencedor de Ulúa? Todos contribuyeron, los elementos inclusive.

Los periódicos se habían aumentado en la República, y se conocía que el pueblo tomaba gusto e interés en la lectura de ellos. En Yucatán había El Yucateco y otro; en Veracruz, El Mercurio, que comenzó a redactar en Alvarado don Ramón Ceruti, emigrado español y uno de los más adictos al partido popular. En Jalapa, don Sebastián Camacho había creado El Oriente, que continuó saliendo después de su entrada al ministerio de Relaciones. En México se publicaba El Aguila, El Sol, y poco después El Correo de la Federación, que fue hasta abril de 1829 el órgano de las logias yorkinas, como lo fue El Sol siempre de las escocesas.

En Guadalajara, en Puebla, en San Luis, Oaxaca, Valladolid había periódicos, y después se han ido creando en Durango, Sonora y demás Estados, aun en los más remotos y pequeños. A fines del año de 1825 llegó a México A. O. de Sant-Angelo, emigrado napolitano, uno de los ardientes entusiastas liberales entre los italianos. Proscrito de su país por su escritos republicanos, creyó encontrar una nueva patria en una República naciente, que parecía ofrecer asilo a todos los que por su amor a la libertad hubieran sido perseguidos por la tiranía. Sant-Angelo creyó hacer un servicio importante al país que le había recibido descubriéndole los peligros que a su modo de entender amenazaban su libertad e independencia. Había visto en Europa dirigirse toda la marcha de los negocios bajo la política de la Santa Alianza; había visto desaparecer en su patria las instituciones libres, en consecuencia de una conferencia de los aliados en Laybach; que las bayonetas austríacas no habían dejado a los liberales piamonteses y napolitanos el tiempo siquiera de pensar en defenderse. En España, adonde había pasado, fue testigo después de la entrada de las tropas francesas para obrar en el mismo sentido, y este hombre de imaginación viva, de una fibra irritable, huyendo con sus temores al Nuevo Mundo, creía ver correr tras sí las cinco potencias para ir a destruir las semillas de la libertad en todas partes.

Es imposible -decía- que la Santa Alianza deje germinar estas repúblicas nacientes. Enviará sus ejércitos e inundará las Américas de esos vándalos del Norte, que han extinguido en el antiguo continente todo sentimiento de libertad.

Lleno de estas ideas, concibió el proyecto de publicar un libro titulado: Las cuatro discusiones del congreso de Panamá. Los lectores saben que el general Bolívar había concebido el proyecto de formar un congreso anfictiónico en el centro de las Repúblicas americanas, por adoptar -según él se expresaba- una marcha uniforme en la política que deberían seguir, en oposición a la que en Europa habían adoptado las grandes potencias que componían la Santa Alianza. Este proyecto del general Bolívar experimentó grandes contradicciones. Los gobiernos de Buenos Aires se negaron a enviar sus diputados o agentes; los Estados Unidos del Norte lo hicieron con ciertas reservas y condiciones, y por último no tuvo ninguna consecuencia. El gobierno de México envió a don Mariano Michelena, que había regresado de Londres, y a don José Domínguez, ministro que fue del señor Iturbide. En el mes de agosto de 1826 volvieron a México, en consecuencia de haber resuelto la mayoría de los concurrentes que se trasladarían a celebrar sus sesiones a la villa de Tacubaya, distante tres millas de la capital, en lugar de Panamá, para remover todo motivo de sospecha acerca de la influencia de que, según algunos, quería apoderarse el Libertador de Colombia, y a causa también del temperamento, que es sumamente malsano en aquel punto. Basta por ahora lo dicho para continuar la relación del suceso de Sant-Angelo, que fue muy ruidoso en el tiempo de que voy hablando.

En sus Discusiones sobre el congreso de Panamá tocó este escritor varias cuestiones interesantes y entró en el examen de la política de los gabinetes de Europa, a los que, como debe suponerse en un hombre resentido por las persecuciones, no trató con muchos miramientos. Hacía muy oportunas reflexiones, así como las había hecho antes Mr. Bignon en su famosa obra de Gabinetes y pueblos, y llamaba la atención de los americanos sobre la marcha política de las potencias continentales, cUya tendencia era perseguir por todas partes los sistemas de libertad y establecer las bases y consecuencias de la legitimidad, del derecho divino y del jesuitismo.

Las premisas eran verdaderas; pero el Océano y la Gran Bretaña no permitían que las consecuencias fuesen exactas, y, de consiguiente, los temores que se esforzaba a inspirar M. Sant-Angelo no eran comunicables a todos. Su obra no hubiera tenido ninguna consecuencia sobre la política del país, ni le habría sido a él mismo perjudicial, si no hubiese hablado contra los abusos que cometió la administración y publicado una parte de las causas que hicieron que don Mariano Michelena regresase a México, después del mal recibimiento que le hizo en Londres el ministro Canning. Sant-Angelo y su traductor Zavala cargaron fuertemente al gobierno acerca de la política misteriosa que seguía y de la falta de noticias en que estaba acerca de los sucesos importantes de Europa. Entonces el ministro Ramos Arizpe influyó para que con Sant-Angelo se hiciese lo mismo que el ministro Alamán había hecho con M. Prisette. El 1° de julio, el gobernador del distrito federal, don Francisco Molinos del Campo, recibió una orden firmada por el secretario del Interior, don Sebastián Camacho, para que con una escolta de caballería hiciese conducir a O. de Sant-Angelo hasta el puerto de Veracruz, en donde se le debería hacer embarcar para fuera de la República. Las facultades extraordinarias se habían quitado ya al presidente, y no hay una ley ni artículo constitucional que conceda al Poder Ejecutivo la facultad de desterrar a los extranjeros por sólo su capricho, o cuando lo crea oportuno, que es lo mismo. Pero no faltaron escritores que, sobre la máxima absurda y destructora de toda libertad, de que el gobierno podía hacer todo lo que no le prohibía la Constitución, atribuyeron al presidente la facultad ilimitada de desterrar a los extranjeros. De este número fueron don José María Tornel, don Andrés Quintana y los editores de El Sol; aunque con este motivo yo había puesto en aquel mismo periódico en aquellos días un artículo en que combatía el derecho imaginario del gobierno, y en que decía que éste siempre dormía y sólo despertaba para hacer mal. Don Juan de Dios Cañedo, don J. M. Alpuche, don A. J. Valdés, don Pablo Villavicencio, don R. Ceruti y otros escribieron fuertemente contra este acto arbitrario. El gobierno llevó adelante su providencia, y el desgraciado Sant-Angelo, con un hijo de dieciocho años de edad, fueron expulsados de la República con violencia y sin ningunos recursos. Al pasar por la costa, en una estación tan calurosa como malsana, que fue el mes de agosto, el joven Sant-Angelo fue atacado de la fiebre amarilla, y este desgraciado padre tuvo que ser testigo de la muerte de su hijo en el buque que los conducía a New York. ¡Triste recompensa de su celo por la libertad! Después se ha establecido en esta ciudad, en donde no tendrá que temer un nuevo atropellamiento.

Habiéndose hecho por parte del gobierno mexicano las pequeñas reformas que exigía el gabinete británico en los tratados de amistad y comercio, comenzados sobre bases de perfecta reciprocidad y de considerarse mutuamente como las naciones más favorecidas, revalidando el tratado de Versalles de 1783, en cuanto a la posesión de Walix en el Estado de Yucatán, el señor don Sebastián Camacho fue nombrado ministro plenipotenciario, por parte de los Estados Unidos Mexicanos, para pasar a Londres a concluir este negocio. Por el mes de julio o agosto partió de México, quedando encargado por ínterin del ministerio de Relaciones el señor don Juan José Espinosa de los Monteros, de quien he hablado. El presidente Victoria no quiso nombrar un propietario en el ministerio, dejando en interinidad una plaza tan importante, sólo por cumplir con las afecciones de amistad que profesaba a Camacho, causando un atraso perjudicial a los negocios, que nunca se despachan con la misma rapidez cuando los encargados de ellos no son propietarios.

El señor Camacho llegó a Londres en octubre de 1826, y en el mes de noviembre siguiente firmó el tratado de amistad y comercio, que fue luego ratificado por las dos partes.

En el mes de agosto de este año, la casa de Barday, Herring, Richardson y Compañía, de Londres, que contrató el préstamo el año anterior con el gobierno mexicano, suspendió sus pagos, protestando letras por valor de más de 80,000 libras, giradas por el ministro de Hacienda de México, don Ignacio Esteva. Ya en el mes de febrero del mismo año había acaecido lo mismo con la casa de Goldsmith y Compañía por una suma de cerca de 20,000 libras, y el gobierno de México había tomado providencias, embargando los efectos que el agente de esta casa, M. Tute, tenía en aquella República.

La quiebra de la casa de Goldsmith debió haber hecho al ministro Esteva cauto acerca de los fondos que la nación mexicana tenía en Londres para proveer a su seguridad. Pero hubo abandono en las precauciones que debían tomarse, así como mala economía en la administración, como lo hemos visto, y el crédito de aquellos estados recibó este golpe terrible sobre los que se le habían dado. Uno de ellos fue la cantidad de 63,000 libras, que don Vicente Rocafuerte, encargado de negocios en Londres después del regreso de don Mariano Michelena a México, sacó de la casa de Barclay y Compañía a cuenta de la República Mexicana, para suplir a la de Colombia, sin orden ninguna del gobierno de México y sin ningún interés, cuando esta República pagaba el seis por ciento y había tomado el capital al 86.

De esta manera, entre quiebras, buques viejos, vestuarios inservibles, préstamos hechos sin interés ni esperanza de pago, órdenes del ministerio para gastos inútiles y pagos de deudas atrasadas, desapareció la suma de 22.860,000 pesos, que sería todo lo que la nación debió recoger para contraer una deuda de 32.000,000 de pesos, que gravitan sobre ella y que se aumentan cada día por no pagarse los dividendos.

Los que, comparando las diferentes fases que han tenido los negocios en la República Mexicana, elogian aquella administración, cometen un error muy grave; porque sería lo mismo que decir bien de un heredero que, teniendo un año de abundancia, sembrado por sus padres en el año anterior, se entregase a todos los placeres que podía proporcionarle el producto de sus semillas y no hiciese ningún trabajo para el siguiente año. Aun es más culpable la administración que recogió el fruto de los préstamos, y que no solamente no los manejó con economía, sino de la manera que se ha visto hizo desaparecer aquella suma, que bien manejada pudo dar tiempo a consolidar un sistema de rentas en la República Mexicana.

He señalado muchas causas de las discordias que han agitado y que quizá agitarán aquel bello país; pero ninguna es más digna de la atención de los gobiernos que aquellas que tienen su origen en abusos de esta naturaleza. Los legisladores deben llamár a su presencia a cuantos han tenido parte en la administración de los negocios públicos y, por un examen riguroso de su conducta, denunciarlos a la nación tales como han sido. Es muy triste suerte la de los pueblos que ven desaparecer el fruto de los trabajos de dos o tres generaciones, sin saber la inversión que se ha dado a sus contribuciones. Por desgracia, el espíritu de partido entra en mucha parte en los juicios que se pronuncian en tiempo de facciones. Mas los representantes del pueblo, ¿no se desprenderán alguna vez de esas afecciones mezquinas, de esas pasiones miserables que desvirtúan sus discusiones y alejan la verdad y la justicia del augusto santuario de las leyes? Debemos esperarlo, y quizá no está muy remoto este tiempo.

CAPITULO VIII

Logias yorkinas y escosesas frecuentadas sólo por ambiciones privadas. Llegada a México de M. Alejandro Martin. El gobierno de México le niega el exequátur. Por qué. Es nombrado formalmente por su gobierno y admitido. Don Tomás Murfi, nombrado cónsul general en París. Don Eduardo Gorostiza, nombrado encargado de negocios cerca del rey de los Paises Bajos. El navío Asia y el bergantín Constante, españoles. Sublévanse las tripulaciones y entregan los buques al gobierno mexicano. Grandes sumas gastadas en el navío Asia. Su inutilidad. Obstáculos insuperables que impiden a la República de México crear una marina. Estado de los negocios eclesiásticos en la época de que se va hablando. Don José Fonte, arzobispo de México. Don José Joaquín Pérez, de la Puebla de los Angeles. Don Angel Alonso y Pantiga. San Martín, obispo de Chiapas. Disminución del clero en la extensión de la República. Conducta honorífica que ha observado durante la revolución. El cristianismo útil reducido a su primitiva simplicidad. Terribles efectos de la superstición. Terrible división de partidas en Durango. Anarquía en aquel Estado. El Congreso de la Unión decide la cuestión. La interpretación del decreto ofrece nuevos desórdenes. Nueva providencia del Congreso apoyada de la fuerza. Elecciones del Estado de México. Dificultades que experimentan. Medios de que se valían los partidos para hacérselas favorables. Toluca, punto de reunión. Intrigas del partido escocés para separar al elector don Lorenzo de Zavala. Es nombrado secretario. Modo de producirse que tuvo con los electores. Buen éfecto que causa. Elecciones populares. No producen el resultado que se esperaba. Disgusto en Yucatán. Rivalidad entre Mérida y Campeche. Conclusión favorable de estos acontecimientos. Breve descripción de este Estado. Establecimiento inglés. La isla de Cozumel. Perjuicios ocasionados al comercio de Yucatán con la rendición del castillo de San Juan de Ulúa. Presumible prosperidad de este Estado. La provincia de Peteritzá. Cuestión de límites. Californias. Cuestión delicada. Progresos de la invasión rusa por aquellas costas. Tratado presumido con la España. Opiniones diversas. Discusiones sobre límites con Mr. Poinsett. Lentitudes. Establecimiento proyectado por el general Lallemand. Resultados de este proyecto. Irrupciones de los yaquis y de los mayos en el Estado de Occidente. Guerra peligrosa que hacen. Inutilidad de los medios adoptados por la República para terminarla. El Correo de la Federación, periódico del partido yorkino. Personalidades. Mal gusto e ignorancia de los escritores. Congreso de Panamá. Reunión de algunas diputados en México. Inutilidad y poca conveniencia de este congreso. Partidas de ladrones. Ley excepcional propuesta contra ellos. Aprobada por el Congreso. Extensiva a los facciosos. Facultad peligrosa del Presidente de la República Mexicana. Cómo está entendida en los Estados Unidos del Norte. Relaciones con la Silla Apostólica. Nuncio del Papa en Chile. Proyectos que llevaba. Como salió de aquella República. Cómo de la de México. El doctor Vázquez, nombrado comisionado en Roma. Resultados de su misión. Provecho obtenido por la República de la conducta tortuosa del Papa.

El espíritu de partido se había organizado en dos grandes masas, como hemos visto, y la inmensa mayoría de la nación no tomaba parte en estas agitaciones, en que los hombres que predicaban más patriotismo eran los que menos servicios hacían a sus conciudadanos. La mayor parte de los directores de estas sociedades, y los más acalorados partidarios, eran lo que debe llamarse en el idioma de los economistas: hombres improductivos.

Empleados o aspirantes a destinos públicos poblaban las logias yorkinas y escocesas; los generales que ambicionaban mandos de algunas plazas o ascensos a grado superior, o quizá la presidencia de la República; senadores y diputados que procuraban ser ministros o reelectos en su destinos; ministros que esperaban conservarse en sus puestos por este arbitrio: he aquí los elementos de las asociaciones de que trato.

Para encubrir estas miras se hacían mutuas recriminaciones y se acusaban ante el público los unos a los otros. Las instituciones francmasónicas tienen muy diferentes objetos y resultados en los países en que no salen de sus límites constitutivos. Los negocios políticos no son materia de 'discusiones en las logias; el diligite invicem de San Juan Evangelista hace la principal regla de su conducta, y es un escándalo para ellos ese abuso que en otros países se ha hecho de la institución por los seudofrancmasones.

En este año de 1826 llegó a México M. Alejandro Martin, cónsul general francés, nombrado únicamente por el almirante de la Martinica. Esta circunstancia hizo que se le negase el exequátur, lo que era muy justo por parte del gobierno; pero no el que se le hiciese salir de la República, como lo intentó el señor Camacho.

Una carta que con este motivo escribí al presidente, manifestándole lo impolítico, arbitrario e injusto de esta medida, le hizo variar de resolución, aunque contra la opinión de su ministro. El gobierno alegaba que no habiendo reconocido la Francia la independencia ni celebrado tratados; no estando, por otra parte, M. Martin revestido con títulos del ministerio francés, sus credenciales no eran suficientes para reconocerlo como tal.

La administración de Carlos X, que no quería dar ningún paso que pudiese ser interpretado como dirigido a reconocer la nacionalidad de México ni de los otros estados independientes de las Américas del Sur, obligada por las reclamaciones de su comercio en aquellos países a nombrar agentes comerciales o cónsules, ocurría primero al arbitrio de que estos nombramientos fuesen hechos por otras autoridades subalternas, para que no pudiese la Santa Alianza o el monarca español reclamar de que entraba en relaciones con sus súbditos rebeldes. La repulsa del gobierno mexicano era muy racional, y poco después M. Martin recibió sus despachos en forma y el exequátur de aquella República.

Como en México no hay persona alguna notable a la que no se atribuya pertenecer a uno de los partidos que dividen el país, se dijo generalmente que M. Martin era del partido escocés. Las personas que más frecuentaba, y ser el agente de un gobierno borbónico, hicieron quizá formar este juicio a los que dieron origen a estas voces. La conducta de los agentes diplomáticos y cónsules en aquella República, tomando naturalmente el color de los gobiernos que representan, ha dado regularmente motivo a imputaciones más o menos fundadas.

Habiendo el gobierno francés nombrado cónsules en México, el de aquella República hizo cónsul general en París a don Tomás Murfi, español que había vivido mucho tiempo y contraído matrimonio en la Nueva España, que fue diputado en las Cortes de la península en 1821 y había manifestado constantemente adhesión a su patria adoptiva. La política obscura y misteriosa del gabinete de las Tullerías en aquella época con respecto a las Américas del Sur no permitió que las relaciones diplomáticas entre la Francia y los nuevos Estados tomasen más extensión, a pesar de los esfuerzos de los agentes americanos, de las representaciones del comercio francés y del poderoso ejemplo de la Inglaterra, de los Paísés Bajos y de otras naciones continentales que habían hecho ya tratados con la República Mexicana.

En 1825, el señor don Manuel Eduardo Gorostiza había sido encargado por orden del gobierno de México, comunicada por don Mariano Michelena, de entablar relaciones de amistad y comercio con el gobierno de los Países Bajos, y posteriormente recibió el nombramiento en forma de encargado de negocios cerca de S. M. el rey de Holanda.

Nuestras relaciones diplomáticas se extendían rápidamente en la Europa, y sólo las potencias que componían la Santa Alianza no querían reconocer la legitimidad de aquellos gobiernos americanos nacidos de la revolución. Sin embargo, ya se había adelantado el que la España estuviese reducida a sus solos esfuerzos, lo que equivale a decir que la independencia de los Estados de las Américas del Sur estaba asegurada para siempre, considerando la nulidad del gobierno español y la absoluta imposibilidad en que se encuentra de emprender una reconquista.

En el mes de junio del año anterior se presentaron sobre las costas del Pacífico en Monterrey el navío Asia y el bergantín Constante, españoles, cuyas tripulaciones y tropas se sublevaron, y habiendo abandonado a los comandantes en las aguas de las islas Felipinas, resolvieron venir a entregarse al gobierno mexicano, como lo verificaron. La adquisición no era de mucha importancia, aunque el suceso debía llamar la atención por su singularidad. Los buques pasaron a Acapulco, y el gobierno cometió la torpeza de habilitar y hacer carenar el navío para dirigido al golfo mexicano, remontando el Cabo de Hornos, gastando en esta inútil expedición más de trescientos mil pesos, fuera de doscientos mil que causó de costos en Valparaíso el mismo navío, y que pagó después el gobierno a los que hicieron los suplementos en aquel puerto.

Para dar una idea ligera de los despilfarros de aquella administración, basta recordar que sólo en este ramo, el de marina, se han consumido, sin ninguna utilidad, quinientos mil pesos en el navío Asia, doscientos cincuenta mil en la corbeta Tepeyac y cincuenta mil en la máquina del Torpedo. Estos dos últimos buques nunca llegaron a las costas de México, porque no habiendo podido satisfacer el gobierno mexicano cincuenta mil pesos más que se debían por la Tepeyac, este buque fue vendido en 1830 al gobierno ruso, en una cantidad equivalente a la suma que se decía deber el de México, después de haber estado tres años en el Delaware. Ya he dicho antes que del bergantín Guerrero, o de la máquina del Torpedo, bajo cuyas dos denominaciones se dió el cargo de cincuenta mil pesos, nunca se supo su paradero, aunque el señor Michelena dijo a los cargos que se le hicieron que estaba en el Támesis y que al señor Rocafuerte le había dejado el encargo de enviarlo a Veracruz. El navío Asia, después de los gastos referidos, fuera de los de tripulación, gratificaciones y sueldos de retiros a los que lo entregaron, fue abandonado en el puerto de Veracruz, en donde actualmente se halla absolutamente inservible. ¡Cuánto mejor hubiera sido aprovecharse desde el principio de su valor, vendiéndolo, como lo propusieron varios individuos al gobierno! Quizá una vanidad ridícula y perjudicial de tener un navío de línea en la armada mexicana tuvo parte en estas absurdas providencias.

Hay varias causas para que la nación mexicana no pueda, al menos por ahora, emprender con éxito levantar una fuerza marítima. La falta absoluta de puertos, bahías y buenos fondeaderos en el seno mexicano, que es en donde la atención de su comercio y de sus relaciones políticas se dirige, es un grande obstáculo para mantener escuadras. Pero si esta falta de la naturaleza pudiese suplirse con el arte, a fuerza de gastos y trabajos importantes, la escasez de su comercio, los pocos capitales que existen y el estado político del país obligan a abandonar ideas imposibles de realizar. Las naciones a quienes el género de sus producciones las obligaba a ir a buscar diferentes puntos para sus cambios se hallan en la precisión de tener escuadras y hacerse potencias marítimas para poder proteger su comercio.

Los Estados Unidos del Norte y la Inglaterra cubren los mares en ambos hemisferios con sus embarcaciones, y sus principales intereses, o al menos una parte muy considerable, están confiados a la marina.

En la República Mexicana las principales producciones son el oro, la plata, la cochinilla, el añil y un corto número de otros artículos que las otras naciones envían a buscar a sus puertos, que bajo cierto aspecto se asimilan por lo mismo a las naciones orientales del Asia. Algunos Estados de la misma República, cuyas producciones no tienen el aprecio que los artículos referidos, como son Yucatán y Tabasco, en que además hay fondeaderos o ríos navegables, como en el último, han hecho algunos más progresos en la navegación, y son en los que se construyen mejores embarcaciones. Todos los esfuerzos, pues, de los gobiernos mexicanos para levantar una escuadra y dar respetabilidad a la marina serán absolutamente infructuosos y sólo causarán gastos inútiles a la nación. El comercio deberá dar los primeros pasos, y mientras no haya buques mercantes será un delirio crear fuerzas marítimas que no tendrán objeto. He visto una lista de empleados de marina que causaban un gasto considerable a la tesorería nacional, y la mayor parte de éstos ocupaban las oficinas de la capital, habiendo algunos que nunca habían visto el mar. El almirantazgo de don Manuel Godoy en tiempos de Carlos IV sería más costoso, pero no tan absurdo y ridículo como estos destinos, en una República en donde nada debe hacerse sino lo absolutamente necesario.

Haré una reseña rápida del estado en que estaban los negocios eclesiásticos en la época de que voy hablando.

El arzobispo de México, don Pedro Fonte, español de nacimiento, había observado hasta el tiempo del señor Iturbide aquella política astuta y acomodaticia, por decirlo así, que es tan conveniente a las personas que desean conservar sus empleos y dignidades. Prestó juramento a la independencia en 1822 en el seno del Congreso y no dió motivo ninguno de queja a las autoridades. Pero había formado el proyecto de salir del país desde que tuvo noticia de que el gabinete de Madrid no aprobaba las transacciones entre Iturbide y O'Donojú. A este efecto pretextó una visita en su diócesis, dirigiéndose al rumbo de Tampico, desde donde pidió pasaporte para marcharse a un país neutral con el objeto de reparar su salud. Concedido el pasaporte, se embarcó para los Estados Unidos y desde allí para la península, en donde ha permanecido disfrutando de la confianza de su soberano don Fernando VII. De consiguiente, la silla metropolitana de México está abandonada por su prelado, que ha preferido vivir en el seno de los enemigos de sus ovejas y del tirano de su grey.

El gobierno de México ha callado a la vista de estos actos de traición, y últimamente recibió una repulsa del Papa por haber querido declarar vacante aquella silla arzobispal. Los obispos de Jalisco, Occidente, N. León, Durango, Oaxaca, Chiapas y Yucatán han ido muriendo sucesivamente. El señor Abad y Queipo, obispo electo de Valladolid, había abandonado su silla a pretexto de pasar a consagrarse a la península. El de la Puebla de los Angeles sobrevivió a todos hasta el año de 1823. Este era uno de los sesenta y nueve que firmaron la representación a Fernando VII en 1814 para que aboliese la Constitución, aunque era presidente de las Cortes y de consiguiente estaba más obligado a sostenerla. Él mismo refería que no habiendo entrado al principio en la coalición de los que de esta manera vendieron la libertad de su patria, fue llamado por el conde de Mataflorida, el que le habló en estos términos: Usted sabe que varios diputados han representado a S. M. pidiendo la destrucción de la Constitución y la reposición de las cosas al estado en que estaban antes de la guerra; la firma de usted sería muy importante, por el lugar que usted ocupa y por su influencia. Elija usted entre la mitra de la Puebla de los Angeles, su patria, o un encierro por muchos años en un convento.

Don Antonio Joaquín Pérez confesaba que no se halló capaz de resistir a un lenguaje tan enérgico como seductor, y ofreció su firma. Esto mismo hizo don Angel Alonso y Pantiga, diputado por Yucatán, a quien se le dió en premio una canonjía, y el obispo San Martín, de las Chiapas. ¡Qué triste sería la suerte de la humanidad si dependiese de hombres semejantes! ¡Cuántos eclesiásticos prefirieron entonces las cárceles y las persecuciones, conservando intacto su honor e inmaculada su reputación!

Los gobiernos de las diócesis fueron quedando en poder de los cabildos eclesiásticos, que también han perdido muchos de sus miembros. El de Yucatán sólo tenía un canónigo, el de Chiapas dos, muy pocos el de N. León y muy disminuídos los de Puebla, México y Guadalajara.

Es muy singular, y por tanto más honorífico al clero mexicano, que en lo general haya abrazado los intereses de los pueblos como suyos propios. Muy pocas son las ocasiones en que el gobierno ha tenido necesidad de tomar algunas providencias para que se corrigiese a algún eclesiástico por haber provocado al desorden o desobediencia. Los cabildos de México y Jalisco han dado repetidos ejemplos de un patriotismo ilustrado y religioso, especialmente cuando la encíclica de León XII en favor de Fernando VII. Entonces escribieron pastorales dignas de los días más brillantes de la Iglesia, y llenas de unción, de doctrina y de libertad. Hombres semejantes merecen los elogios de la posteridad y un tributo de reconocimiento del filósofo, cualesquiera que sean sus opiniones acerca de la existencia de esos establecimientos de los tiempos de barbarie.

Entre estos eclesiásticos hay algunos de saber y probidad cuya conducta evangélica hace honor a la religión y al Estado. Es quizá una de las mayores desgracias del pais el que haya mayor número de los que no conocen ni el espíritu de la religión que profesan, ni tienen las costumbres puras, ni pueden enseñar una moral sublime, ni inspirar sentimientos nobles y generosos a sus conciudadanos.

Un pueblo sin religión es inconcebible; un pueblo dirigido bajo las inspiraciones de un culto que ha hecho tantos beneficios a la humanidad como el cristianismo, purgado de las supersticiones que lo desfiguran y reducido a su antigua simplicidad, debe ser un elemento social muy importante, un resorte útil a los directores de los negocios públicos y una palanca que mueva las pasiones hacia una dirección benéfica.

Pero ¿qué diremos de esas doctrinas de egoísmo e intolerancia que se han sustituído a la dulzura y mansedumbre evangélica? Un zapatero mata a un extranjero en la plaza de México con el instrumento cortante que tiene en la mano porque éste no se arrodilla al sonido de una campanilla que apenas se percibe; un soldado amenaza con la bayoneta al que por distracción no se prosterna al pasar una imagen; un lépero insulta al que al toque de ciertas rogaciones no se quita el sombrero: ¿es ésta la religión de Jesucristo? Y estas horribles consecuencias, ¿ pueden ser objeto de respeto de un gobierno ilustrado, de un pueblo republicano? No lo creo así.

Desde el año anterior comenzó a formarse en el Estado de Durango una división entre los partidos allí existentes, tan fuerte y obstinada, que los contendientes no se sujetaban, después de hechas las elecciones, al juicio de la mayoría, único arbitrio que termina las diferencias y hace subsistir los gobiernos populares. Protestas de nulidad, declaraciones de insubsistencia e ilegalidad hechas por la legislatura; actos arbitrarios del gobernador del Estado, todo hacía un caos y causaba tal confusión, que al fin produjeron un desenlace peligroso.

Concluída la Constitución de aquel Estado, y disuelto el Congreso constituyente, debiendo suceder tranquilamente la legislatura nombrada para continuar su marcha constitucional, hubo tantas dificultades, se opusieron tantos obstáculos -a causa de la confusión con que estaba concebido un reglamento de debates, en que se atribuían al Senado ciertas facultades para conocer en las elecciones-, que el último resultado fue no poderse formar la Cámara legislativa y quedar aquel Estado sin representación local. En este estado de anarquía, como el único recurso, se ocurrió al Congreso de la Unión para que diese un decreto que arreglase aquellas diferencias. El paso era peligroso, y en rigor de principios la asamblea federal no tenía la facultad para entremeterse en las cuestiones interiores de un Estado. Mas la causa fue considerada como un arbitraje implorado por los dos contendientes, y además, el bien de la federación exigía que no se dejase la suerte de la tranquilidad de todos a los extravíos de uno solo que estaba en la más completa anarquía. El Congreso general dió un decreto que arreglaba las elecciones por aquella sola vez, dejando al cuidado de la legislatura ya establecida arreglar definitivamente todo lo concerniente a esta cuestión capital, esa base elemental de los gobiernos representativos, la ley de elecciones, en la que el legislador debe procurar que haya la mayor claridad posible.

El decreto del Congreso general aumentó las dificultades. Cuando en los directores de los partidos no hay buena fe y se proponen mandar a todo trance, es muy difícil restablecer la paz y la buena armonía entre los ciudadanos. Cada partido quería que la ley hubiese sido dada en su favor, y la interpretaba a su modo. El Estado permaneció en este estado de anarquía cerca de dos años, y su gobernador, el señor Baca Ortiz, no acertaba a reorganizar aquella sociedad desordenada. Quizá no hubiera sido difícil si este magistrado, desprendiéndose él mismo de todo espíritu de partido, y dando a sus actos y providencias más energía y majestad, hubiese separado las influencias perjudiciales y dejado obrar al pueblo con toda libertad. En esta querella entraban intereses de familias ricas, intereses de españoles, intereses del clero, y las masas eran las que menos parte tomaban en cuestiones que tocaban muy de cerca al orden y la quietud pública, y en las que ambas partes alegaban la voluntad general. Diez o doce personas eran a lo más las que figuraban en estas escenas escandalosas; y un Estado de cerca de trescientos mil habitantes, capaz por su extensión, riqueza territorial y por sus minas, de una población de cinco millones, se vió expuesto a entrar en una guerra civil por las cuestiones sobre mando entre algunas familias. La tranquilidad y el orden constitucional se restablecieron en el año siguiente por otro decreto del Congreso general, acompañado de algunas tropas que debían hacerlo ejecutar en caso de resistencia. Melancólico es referir estos sucesos que parecen retratar las funestas escenas de las Repúblicas italianas en la Edad Media y las querellas de los Papas con los emperadores y con el pueblo. Sin embargo, hay en favor de nuestros nuevos Estados enormes ventajas. El ejemplo de las naciones civilizadas, las lecciones de las obras políticas y morales, el texto de las instituciones adoptadas, la imprenta, y el contacto con los pueblos cultos con que se hace el comercio, todo enseña y promueve rápidamente los progresos de la naciente ilustración de aquellos países.

A fines de este año hubo un suceso notable en el Estado de México, que contribuyó mucho a las grandes revoluciones ocurridas posteriormente. Después de tres años en que la legislatura de aquel Estado se ocupaba de su Constitución local, al fin se resolvieron sus diputados a terminarla, no pudiendo decentemente dilatar.la por más tiempo cuando todos los demás Estados de la federación habían publicado las suyas y renovado sus legislaturas, algunos hasta dos veces. Los directores de esta asamblea pertenecían al partido escocés, y querían, como es natural, retener con el mando la influencia que da en los negocios de la Unión. Pero era necesario sujetarse a la terrible y difícil prueba de las elecciones populares. Cuando se hacían éstas en la capital de México, conservaban mucha influencia los grandes propietarios españoles, o sus adictos, porque estando dependientes de ellos muchos vecinos de sus fincas, éstos ponían a su disposición sus sufragios. Además, hombres sin conocimiento de negocios y algunos ignorantes hasta de lo que iban a hacer, obraban generalmente a ciegas, y eran conducidos a donde querían los abogados u hombres de letras de la capital. La ley que declaró Distrito Federal la ciudad de México obligó a la legislatura a señalar un punto en que deberían juntarse los electores para la elección de los diputados que habían de componer la legislatura constitucional. La ley que arreglaba las elecciones era copiada, con muy pocas modificaciones, de la de las Cortes de España, dejando siempre un campo vasto a toda clase de ciudadanos para votar y ser elegidos. Semejante base es muy perjudicial en un pueblo en que la clase de ciudadanos proletarios no tiene siquiera la capacidad necesaria para discernir entre las personas que deben nombrarse, ni mucho menos conoce los grandes objetos a que son destinados los ciudadanos que elige. De aquí resulta que no teniendo ningún interés social, por decirlo así, en que salga éste o el otro, se ocupa en buscar otro género de intereses más palpable, más físico, más inmediato.

En Mérida de Yucatán distribuían tazas de chocolate y daban almuerzos a los indios; en México repartían pulque, y en otros puntos aguardiente. Los más osados entraban en los grupos y daban las listas de los candidatos de su partido, y regularmente éstos ganaban las elecciones. Creo que no es éste el modo más conveniente de encontrar una buena representación nacional. Debe computarse, en mi opinión, no sólo la población numérica, sino la masa de propiedades y de ideas que existen en la sociedad, y sacar un resultado como puesto de estas bases: Población, propiedad, ideas o cuerpo moral, porque los representantes de estas tres cosas deben suponerse los más interesados en la prosperidad de la nación. El bill de reforma presentado últimamente en Inglaterra, abraza, si no me equivoco, estas tres bases; porque disminuye los privilegios de los boroughmongers y los abusos de las elecciones populares, y extiende la base de las elecciones en proporción de la extensión que ha tomado la propiedad con el transcurso de los tiempos.

La ley del Estado de México señalaba para el lugar de las elecciones la ciudad de Toluca, punto central y una de las más bellas poblaciones de la República. Allí concurrieron noventa y siete electores del Estado de México, cuya población es de un millón de habitantes. Entré estos electores estaba don Lorenzo de Zavala, que había sido diputado en España, en los dos Congresos constituyentes de la nación mexicana, y era entonces senador de una de las cámaras de la Unión.

Muchas eran las intrigas, las mentiras, los enredos, los chismes entre los agentes de dos partidos que se disputaban las elecciones, y eran el escocés y el yorkino. El primero tenía en su apoyo al Congreso, al gobernador Múzquiz y a todas las autoridades; el segundo sólo contaba con la opinión. Se hicieron muchas tentativas para excluir a Zavala del colegio electoral, y no se consiguió; fue nombrado secretario, y después de la primera junta preparatoria, invitó a los electores a celebrar una reunión para conferenciar acerca de las personas que sería conveniente elegir representantes del Estado, así en el Congreso general como en la legislatura. Convino una mayoría, y verificada esta reunión, abrió la sesión de este modo:

Señores, los electores de los partidos serán siempre el juguete de los intrigantes de la capital, si no se resuelven a pensar por sí mismos y a determinar sus nombramientos por su propia conciencia y observaciones. ¿Quién de ustedes no conoce los que han sido buenos patriotas, ciudadanos ilustrados y los más aptos para obrar en beneficio público? ¿Por qué han de ser ustedes el instrumento de las maniobras de los explotadores de la sencillez de sus conciudadanos? Hay un medio fácil y sencillo para hacer una elección verdaderamente popular. Reúnanse los electores de cada partido; propongan candidatos, y los que en otra asamblea preliminar a las elecciones reúnan la mayoría de sufragios, comprometámonos a hacerlos diputados.

Esta manifestación franca y democrática convenció a casi todos los electores de que había buena fe, como lo vieron hasta el fin, en que salieron electos diputados naturales de los pueblos del Estado -con muy pocas excepciones-, con lo cual quedaron satisfechos, pues ellos mismos hicieron las elecciones, en vez de que anteriormente recibían las listas de los que habían de ser nombrados.

Estas elecciones de Toluca fueron consideradas como una victoria ganada por el partido popular, y debo confesar que no correspondieron a las esperanzas y deseos de los pueblos. Se creyó que echando mano de personas que habían sido nacidas, educadas y nutridas entre las clases que el gobierno español había vilipendiado, procurarían ocuparse en hacer leyes que extendiesen los beneficios sociales hasta esa masa privada de bienes, de instrucción, de goces, y que harían reformas saludables en las leyes coloniales, que son, después de la formación de los nuevos gobiernos, las que rigen en los tribunales a falta de otras mejores. Nada hicieron. Mas aun no es tiempo de entrar en esta materia, que pertenece al año 1827, el cual se inicia con el suceso memorable de la conspiración del padre Arenas, llamada así por haber sido el principal actor en ella un religioso franciscano de este nombre.

En el Estado de Yucatán hubo un simulacro de revolución, provenido de celos entre las dos ciudades principales de aquella península, Mérida y Campeche, y sin ningún pretexto, al menos importante. Esta última ciudad fue sitiada por más de dos mil hombres que, bajo las órdenes de don José Segundo Carbajal, salieron desde Mérida a hacer aquel sitio. El asunto fue de tan poca consecuencia, que no se cuenta haya habido ningún muerto, y solamente uno o dos heridos. Los jefes se conciliaron y se terminó pacíficamente la disputa.

Yucatán es uno de los Estados que ha experimentado menos conmociones interiores y en donde felizmente no ha corrido la sangre de sus conciudadanos, porque no ha habido en él guerra civil y por haberse hecho la independencia como hemos visto anteriormente. Su situación le favorece mucho para no tomar parte en esas agitaciones continuas, en que las grandes pasiones, el interés, la vanidad la ambición o la avaricia hacen en México el teatro de perpetuas revoluciones. El carácter de sus habitantes es dulce, generoso, irritable y ardiente, pero fácil de ceder a la razón. Su población es de cerca de setecientos mil habitantes, dos quintos de indios, uno de mestizos y los otros dos de blancos. Por fortuna, la raza negra apenas se ha conocido en aquel Estado, en donde no pasaba de doscientos el número de esclavos, cuya mayor parte estaba en Campeche. En la parte oriental tienen los ingleses un establecimiento de corte de palo de tinte que comenzaron a formar desde 1775, y en el que quedaron tranquilos por el tratado en París en 1783. En 1799, cuando la guerra entre España e Inglaterra, se formó una expedición bajo el mando de don Arturo O'Nell, irlandés de nacimiento y capitán general de aquella provincia. Un puñado de tropas inglesas metidas y atrincheradas en las márgenes del río Tinto y en las lagunas de Bacalar, auxiliadas por unos cuantos buques enviados de Jamaica, hicieron resistencia, y O'Nell, sin haber dado siquiera un ataque, dejó a los ingleses en sus pantanos y retiró todas las tropas. La constancia y el trabajo de estos colonos han conquistado sobre la naturaleza un terreno enfermizo, cenagoso, un clima de fuego, habitado por reptiles o insectos venenosos, en una costa de malos fondeaderos para buques mayores, entre el golfo de Honduras y la bahía de la Ascensión. Enfrente de esta costa, hacia Nueva España, hay una isla desierta de veinticinco a treinta leguas de circunferencia, llamada Cozumel, a cinco o seis leguas de la tierra firme, abundante en caza, pesca y maderas preciosas. Esta isla pertenece al Estado de Yucatán; pero es de temer que si se abandona por mucho tiempo, la ocupen algunos de los muchos aventureros que salen de Europa a buscar en donde vivir mejor.

Yucatán recibió un perjuicio muy grande después de haberse roto las hostilidades con el castillo de Ulúa, por haber interrumpido su comercio activo y sumamente ventajoso que hacía con La Habana, en donde consumían sus pobres pero abundantes producciones. Los cueros de ganado vacuno y sus carnes, el sebo, la manteca, los cueros de venado, los sacos de henequén o pepita, el jabón y otros efectos naturales hoy industriales se consumían en la isla de Cuba, y se hacía un comercio de más de 800,000 pesos de exportación. Tiene además el palo de Campeche, que se conduce directamente a Europa, y el ramo de tabacos, que se equivocan con los de La Habana, y que quizá llegarán a igualarlos con el tiempo. Si esta península -que en toda su parte central no tiene un solo arroyo, lo que hace el terreno sumamente árido- estuviese regada de aguas como Tabasco, sería uno de los más ricos e importantes Estados de la confederación mexicana. Sin embargo, cuando la masa inmóvil de sus habitantes, esa raza degradada por trescientos años de esclavitud, comience a participar de las ventajas de la sociedad y del movimiento que comunican las pasiones y las nuevas necesidades que nacen de la civilización, Yucatán será uno de los pueblos más significantes en el seno mexicano, y sus embarcaciones serán conocidas en los puertos de Europa. La ciudad de Campeche es una de las más bellas de América.

Antes de concluir este artículo sobre Yucatán, debo hablar de un punto pendiente entre la República del Centro de América y los Estados Unidos Mexicanos. Existe entre el Estado de Yucatán, el de Honduras y el de Guatemala, la provincia de Petenitzá, que se halla en las mismas circunstancias en que estaba el Estado de Chiapas antes de su agregación voluntaria a la Unión Mexicana. El Petén (que así es como se llama comúnmente) está poblado originariamente por indios yucatecos, como lo manifiesta el idioma y costumbres de sus habitantes y la etimología misma de su nombre, que es de lengua maya. Pertenecía al obispado de Yucatán, y en lo militar y político era gobernado por el Presidente y autoridades de Guatemala. La población de esta pequeña provincia, que está la mayor parte sobre las orillas de un hermoso lago y en las islas que forma, no pasará de quince mil almas, y su estado de aislamiento a grandes distancias de las poblaciones importantes la hacen pobre y poco civilizada. Quizá en el día no ofrecería muchas dificultades una transición o tratado definitivo que arreglase los límites de las dos Repúblicas por aquel punto, así como por el lado de la célebre ciudad del Palenque, cuyas ruinas han dado materia a conjeturas muy aventuradas, pero no absolutamente desnudas de verosimilitud. En 1827, el señor Victoria comisionó al señor don Domingo Fajardo, vicario que fue muchos años de aquella provincia y diputado por el Estado de Yucatán en el Congreso general, para que pasase a dicha provincia y le informase del estado de sus negocios, de la disposición de sus habitantes y de otras cosas relativas a las colonias inglesas de las costas de Honduras, con las que están limítrofes. El señor Fajardo cumplió con su comisión, y es probable que el gobierno mexicano se ocupará de esta materia con oportunidad.

Hay otras cuestiones sobre límites más espinosas y difíciles de transigir, y que necesitan toda la actividad del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y muchos conocimientos en las personas encargadas de concluir los tratados. Una es la de los límites de las Californias con la Rusia, y la otra la de Texas y la de Nuevo México con los Estados Unidos del Norte.

Ha habido -dice el autor anónimo de una obra titulada L' Europe et ses colonies, publicada en París en 1820-, repetidas veces cuestiones en Londres acerca de la existencia de un tratado por el cual la Rusia debió obtener de la España las dos Californias. El tiempo ha fijado las incertidumbres del público. En el día ya se sabe que hay concluído un tratado en Viena entre los plenipotenciarios rusos y el señor Pizarro, ministro de S. M. C. Las invasiones de los rusos sobre la costa nordeste de las Californias son muy rápidas. Ya han ocupado el Norfolck Sound, y quinientas leguas de costas al sur de la villa de Colombia han recibido sus leyes. Así es como se han aproximado a las Californias. Bodega, que está sólo a treinta leguas, es el puerto más avanzado desde donde los rusos se disponen a entrar en posesión de este vasto territorio, en cambio del cual no sabemos qué ha obtenido la España. Parece que ya se han establecido en la Boeyada. Pero como las Californias son más convenientes y útiles a los Estados Unidos, los políticos prevén que serán objeto de rivalidades. En cuanto a la Inglaterra, que había tenido pretensiones sobre este país, de que tomó posesión sir F. Drake en 1578, parece que al menos por el momento ha abandonado el campo.

De esta manera se expresa aquel autor, cuya obra, aunque está llena de inexactitudes acerca de las plazas y lugares que describe, y aun de muchos hechos que refiere, es sin embargo uno de los libros que más han circulado en Europa, y es cierto que había adquirido algunas noticias secretas. No deben los gobiernos de la República Mexicana perder un momento para aclarar esta materia importante. El autor de los Apuntes para la historia de la independencia de los nuevos Estados de la América del Sur, de quien he hablado anteriormente, conjetura que los buques podridos que dió la Rusia a la España para la expedición que se frustró en 1819 pudieron haber entrado en parte para el pago de las Californias. Hay, sin embargo, muy fuertes razones para dudar de la existencia de este convenio, y la primera es que ni la Rusia. ni los Estados Unidos, ni la Inglaterra han hecho mención de él después de doce años que se supone haberse concluído.

Quizá en el gabinete de Wáshington podrá haber documentos que satisficiesen al de México acerca del particular, y no es creíble que se escape a la política de la administración el usar de todos los recursos para adquirir estas noticias. Nuestras relaciones diplomáticas aun no existen con la Rusia. El autócrata de San Petersburgo se presta menos dócil a entrar en relaciones con las nuevas Repúblicas americanas que con los restos miserables de los antiguos griegos, que se baten y hacen esfuerzos por resucitar lo que ha pasado para siempre. El interés y las simpatías han vencido la repugnancia a los principios revolucionarios, que en Grecia como en América han sublevado las almas generosas a sacudir un yugo de hierro. ¡Quiera el cielo que el triunfo de la Polonia sobre sus opresores dé al déspota del Norte una lección terrible para que aprenda a respetar los derechos de los pueblos!

En 1826, el gobierno de México entró en discusiones con Mr. Poinsett acerca del tratado de límites hecho con don Luis de Onis, representante del gobierno español cerca del gabinete de los Estados Unidos del Norte. Parecía evidente que todos los tratados concluÍdos con el gobierno español antes de la independencia y el establecimiento del gobierno nacional en México no podían ser materias de controversia. Pero en mi modo de ver, hubo alguna torpeza en la forma de iniciar esta cuestión, así como por parte de Mr. Poinsett había suma astucia y sutileza. Se había señalado cierto tiempo, como se hace siempre en tales casos, para ratificar los tratados, pasado el cual era necesario habilitar otro período. El secretario encargado de Relaciones, señor don Juan José Espinosa de los Monteros, ponía mucha lentitud en todas sus cosas, como he advertido anteriormente, único defecto que quizá tenía, nacido de suma escrupulosidad y de cierta pereza muy común en los climas del Mediodía. Por último, concluyó las copias, instrucciones y poderes, y lo entregó todo cerrado y sellado al mismo Mr. Poinsett para que lo remitiese a los Estados Unidos. Después de tantas dilaciones, el resultado fue que el ministro mexicano cerca de aquella República no recibía los poderes ad hoc, y no habiendo el tiempo suificiente para ocurrir por estos documentos antes que se terminase el plazo dado para hacer el cambio de estilo, no se hizo nada, se cerraron los sesiones del Senado de los Estados Unidos, y el tratado de límites quedó pendiente.

En el año de 1818, varios emigrados franceses, conducidos por el general Lallemand, ocuparon sobre el río Trinidad en la provincia de Texas un punto que llamaron Campo de asilo. El objeto de estos emigrados fue fundar en aquel fértil territorio una colonia que sirviese de patria a los desgraciados liberales, que, perseguidos en Europa, huían con sus desdichas y sus opiniones a otros países cuyas instituciones fuesen conformes a sus ideas. M. Lallemand se proponía además ayudar a los mexicanos en la empresa que tenía entre manos de sacudir el yugo español, y esperaba pedir en recompensa la tranquila posesión del terreno que había ocupado con sus compañeros de infortunio. La empresa era digna de un hombre libre y emprendedor, pero encontró un grande obstáculo en los ingleses y americanos del Norte. El presidente mismo, Mr. Monroe, envió comisionados al general Lallemand para manifestarle confidencialmente que el gobierno de la Unión no podía permitir aquel establecimiento, y el general se vió obligado a abandonar la empresa. El autor de La Europa y sus colonias, que he citado, dice que entonces, haciendo alusión a este suceso, varios diputados americanos formaron un congreso en Nacodoches, en el que resolvierón adjudicarse dicha provincia, en aquella época dependiente del gobierno español. Yo no tengo conocimiento de este congreso, y el general Lallemand mismo, a quien he preguntado acerca de este hecho, me ha contestado que tampoco sabía de él. Lo que hay de cierto es que los americanos del Oeste pasan con mucha frecuencia los ríos Sabino y Colorado y forman establecimientos en aquella tierra deliciosa.

La circunstancia de haberse prestado Mr. Poinsett a pedir a las grandes logias de los Estados Unidos las cartas de regularización de las nuevas logias yorkinas fue el principio del odio que concibieron contra este ministro los del partido contrario. Le atribuyeron la dirección de todos los negocios y maniobras del partido popular, y los periódicos del otro bando le acusaban de haber faltado a la primera obligación de un ministro extranjero, que es la de no mezclarse en las cuestiones interiores en el país en que ejerce su misión, y en donde no está, de consiguiente, sujeto a las leyes comunes. La acusación, en el fondo, era injusta, y como la acompañaban de injurias groseras y la revestían de cuentos y calumnias, era además absurda y ridícula. Como estos sucesos se desenvolvieron en los años de 1827 y siguientes, me reservo para su tiempo referir los hechos y todas las circunstancias notables que los acompañaron, poniendo a los lectores en estado de conocer a los hombres que figuraron y las cosas.

Las tribus bárbaras que colindan con el Estado de Occidente, conocidas bajo los nombres de yaquis y mayos, han hecho en los años de 1825 y 1826 una guerra desoladora a los habitantes de los presidios y misiones de aquellas comarcas. El gobierno español hacía de tiempo en tiempo tratados con estas naciones nómadas, reducidos a que no pasarían de ciertos límites señalados, a que se les permitiría concurrir a los mercados coloniales, a que recibirían ciertas gratificaciones en tabaco u otros efectos; y sobre éstas y otras condiciones se mantenían en paz hasta el tiempo que, bajo cualquier pretexto o sin él, rompían de nuevo las hostilidades, matando a cuantos hombres encontraban, saqueando y quemando las poblaciones y haciendo una guerra de bárbaros. En estos últimos años pretextaron la dureza con que les trataba el coronel Urrea, antiguo militar que había hecho el servicio por muchos años en aquellos presidios y que conocía muy bien el género de guerra que se les debía hacer. El gobierno de la Unión dió al general Figueroa el mando de las tropas en aquel Estado y la orden de terminar por medios suaves, si se podía, una transacción con aquellos habitantes. Figueroa es un antiguo patriota, de sentimientos humanos y de suficiente capacidad para el desempeño de sus deberes.

Después de muchos esfuerzos inútiles y tentativas infructuosas para procurar atraer aquellos indios a la paz, se vió en la necesidad de ocurrir a las armas y hacerles una guerra terrible. Aquellos bárbaros la hacen como los escitas, huyendo después del primer ataque y metiéndose en los bosques y montañas inaccesibles y practicables sólo para ellos, y muy pocos soldados de los presidios conocen su género de hostilizar. Sobrios, endurecidos en todas las fatigas, acostumbrados a resistir el rigor de las estaciones, medio vestidos de pieles de animales, extremadamente ágiles, sin casas ni poblaciones en donde poder ser atacados, desconociendo el temor de los peligros y de la muerte, ved aquí enemigos más temibles que los beduínos que en el día hacen tantos estragos en las tropas expedicionarias de los franceses en las costas de Argel. Los yaquis y mayos no son antropófagos; pero ¿qué importa que no devoren a los prisioneros después de matarlos si nada escapa a su furor sanguinario? El carácter feroz de aquellas tribus celosas de su independencia no ha podido suavizarse a pesar de tantos años de contacto con las poblaciones que los rodean y de los esfuerzos de los misioneros. Enemigos en otro tiempo del gobierno español, no han variado después de hecha la independencia del país, porque aborrecen los sacrificios que exige el estado social. Su indocilidad e inconstancia han dado ocasión a frecuentes ataques, en los que nunca dejan de causar perjuicios considerables en las misiones. Por último, será necesario hacerlos retroceder a distancias muy considerables, persiguiéndolos continuamente, si se quiere asegurar la tranquilidad de las pequeñas poblaciones.

En 19 de noviembre de 1826 comenzó a publicarse otro periódico diario, titulado El Correo de la Federación. Este estaba escrito en el sentido del partido yorkino, y de consiguiente contaminado de las afecciones de secta, contrapuesto a El Sol, que representaba al otro. En estos diarios se depositaban los odios, los rencores y las pasiones de los partidos, y lo que es peor, de las personas. Bastaba ser del otro bando para que cada uno se creyese autorizado a escribir en contra cuanto le sugería su resentimiento, sin hacer atención a lo que se debe a la verdad, a la decencia pública y a la conciencia. A falta de datos, se fingían hechos, se fraguaban calumnias, y los hombres eran presentados en los periódicos con los coloridos que dictaban las pasiones de los escritores. Esto ha sucedido en todas partes, y es inútil describir acontecimientos generales que son comunes a todos los pueblos en revolución. Pero hay circunstancias particulares que nacen de la educación, carácter, costumbres y estado de ilustración de un pueblo. El mexicano había estado oprimido siempre; no recibió otro género de educación que el de las naciones esclavizadas y supersticiosas. ¿Qué podía producir de luminoso, de útil, de benéfico, cuando el espíritu de facción hubiera por sí solo bastado para hacer desaparecer los resultados de las más juiciosas y científicas reflexiones? Hombres que no habían recibido ninguna clase de instrucción, que no conocían su propio idioma y que habían tomado las primeras lecciones del derecho constitucional en los periódicos, abrazaban la carrera de escritores públicos y llenaban las columnas de los diarios de ese frasismo insulso, insípido y fastidioso, compuesto de expresiones que, si en su principio produjeron el entusiasmo por su novedad y las grandes y satíricas cosas que encerraban, repetidas después por las gentes ignorantes han perdido su fuerza, su dignidad y aun su significación. Así es que los periódicos redactados por semejantes gentes corrompen el gusto del pueblo, hacen odiosa -o al menos desagradable- la libertad de imprenta, extravían el espíritu público y alimentan los odios de los partidos. Es muy difícil que un hombre de gusto y que desea ilustrar su espíritu con alguna materia útil pueda leer hasta el fin un período entero de esos impresos extravagantes. Por desgracia de la nación, no tienen ni aun el mérito de conservar la pureza de la lengua castellana, cuya belleza original la hace tan acreedora a los cuidados de los hombres ilustrados de los países en que se habla.

He hablado por incidencia de la llegada de los plenipotenciarios al congreso de Panamá, de regreso de su misión, con el resultado de haber acordado la asamblea reunida en aquel istmo que se continuasen las sesiones en Tacubaya. Hemos visto que los gobiernos de Buenos Aires se negaron a tomar parte en esta asamblea, y ahora vamos a ver cómo acabó de desvanecerse este proyecto, que al principio abrazaron con entusiasmo algunos hombres ilusos.

Los Estados Unidos del Norte, invitados a enviar sus plenipotenciarios, convinieron en verificarlo, sin por eso comprometerse a tomar otra parte que la de testigos pasivos, por decirlo así, mientras que el Congreso y Presidente de los mismos Estados no conocieran los objetos y tendencias de esta asamblea. En Panamá no concurrieron, y el enviado inglés fue invitado a tomar parte en las deliberaciones, aunque no sé de cierto qué hubo con respecto a este gabinete.

A México llegaron, por parte de los Estados Unidos, MM. Sergeant y Poinsett; por Guatemala, los señores Larrazábal y Mayorga; por Colombia, los señores Gual y Santa María; por México, los señores Domínguez y Michelena. Estos enviados permanecieron en México sin poderse reunir, así porque no había quien lo hiciese como porque en realidad la asamblea no tenía ningún objeto práctico. Ninguno Creía que la América estuviese amenazada por la Europa, y de consiguiente una alianza ofensiva y defensiva hubiera sido, además de ridícula, quizá una provocación de celos comerciales. Una alianza, además, existía anteriormente entre Colombia y México; alianza que había costado bien caro a esta última. La España estaba, como está y estará siempre, en la imposibilidad de formar una expedición que no sea capaz de resistir por sí sola cualquiera de las nuevas Repúblicas. No había, pues, un gran interés, ni un peligro, ni un motivo poderoso que pudiese hacer reunirse esta asamblea. ¿Qué tenía de común con los anfictiones, a quienes motivos de religión o intereses muy prácticos y próximos obligaban a formar sus congresos? ¿Qué con la Santa Alianza, formada desde Pillniz contra los principios de la Revolución Francesa, que amenazaba a todos los reyes, continuada contra la conquista de Napoleón y sistematizada últimamente para oponerse a los progresos de las ideas liberales puestas en acción en el Mediodía de Europa?

Algunos creyeron que las miras del general Bolívar, autor del proyecto, fueron al principio que se le nombrase el jefe de una asociación de las nuevas Repúblicas contra las tentativas de la España, y aun de la Santa Alianza, sumamente amenazantes después del congreso de Verona. ¡Sólo Dios sabe la verdad! Los plenipotenciarios, cansados de esperar en México, se retiraron a sus Estados, y el proyecto de la grande asociación murió en su cuna.

En el año de 1823 a 24, diversas partidas de ladrones que infestaban los caminos de Veracruz, Puebla y México, obligaron al gobierno a proponer al Congreso un proyecto de ley por el que se sujetase a juicios militares a los salteadores en cuadrillas, a fin de abreviar los trámites; porque se había observado con dolor que muchos de estos criminales, aprehendidos y presos en las cárceles, quedaban impunes, pues al cabo de dos o tres años que sus causas estaban pendientes, encontraban siempre ocasión para fugarse; y no era extraño ver en las cárceles de México individuos que habían sido cogidos dos o tres veces en un mismo delito sin haber sido sentenciados por el primero. La expedición de los juicios militares evitaba estos inconvenientes, y tenía además las ventajas de presentar los castigos próximos a la culpa y el ejemplo de la pena aplicada inmediatamente.

Se imputaba a la legislación criminal lo que era consecuencia de las costumbres y de hábitos contraídos desde muy atrás, y se buscaba un remedio a los males que afligían al país. Algunos creyeron conveniente resucitar el tribunal de la Acordada, tribunal terrible de circunstancias, creado en tiempo del virrey Gálvez, y que tenía por objeto castigar con prontitud a los ladrones, que se habían multiplicado mucho en aquella época, pero que fue abolido después por los actos de arbitrariedad ejercidos por sus jueces y reclamados por aquel virrey.

Muy difícil es la situación de los legisladores en una nación cuyas costumbres apenas pueden sostener las instituciones que se han adoptado. Se ven muchas veces obligados a dar leyes de excepción, contradiciendo con ellas los principios fundamentales consignados en la Constitución. El Congreso mexicano dió el decreto que le pidió el Ejecutivo, y además fueron considerados en la misma clase los facciosos aprehendidos con las armas en la mano por partidas militares. Hijos legítimos de los españoles, los mexicanos no quisieron desprenderse de la herencia de sus padres. En abril de 1821, las Cortes habían dado una ley con motivo de las partidas de feotas que comenzaron a levantarse por las Castillas y la Cataluña, ley que sujetaba a la jurisdicción militar a los facciosos. En México no concurrían las mismas circunstancias, porque ni había un rey que trabajaba en secreto contra el Congreso, ni una Santa Alianza que amenazaba con una invasión, ni interés en la masa del pueblo contrario al del gobierno existente.

Pero las clases privilegiadas son siempre agresoras de los derechos de la comunidad. Los militares veían en esta ley una extensión indefinida de sus facultades judiciales y, además de una confirmación de sus fueros, el aumento de autoridad sobre los demás ciudadanos. Este decreto fue reproducido en septiembre de 1826, y la soberanía de los Estados recibió con él un golpe formidable.

¿Cómo puede concebirse, en efecto, que un tribunal militar ejerza en un Estado funciones judiciales sobre ciudadanos de aquel Estado en cierta clase de delitos, sin ver en esto una manifiesta usurpación de sus derechos de administración interior independiente? Estas son las consecuencias de aquella ley monstruosa, y los representantes de los Estados, testigos de esta infracción, y algunas veces cómplices en ella, dejan que el tiempo sancione semejante contraprincipio.

Cuando en enero de 1827 el padre Arenas fue sujeto a la jurisdicción militar, yo reclamé por El Correo de la Federación que aquella causa debía ser juzgada, como delito contra la nación, por la Corte Suprema de Justicia. Los editores de El Sol combatieron esta doctrina, no con razones, sino acusando a los de El Correo de que querían sostener al padre Arenas. Después veremos quiénes hicieron cuanto pudieron para persuadir que no existía una conspiración confesada por los mismos cómplices.

Hay entre los artículos de la Constitución de los Estados de la Unión Mexicana uno que por mucho tiempo causará desavenencias entre el gobierno general y los de los Estados, y que pudiera amenazar la ruina misma de la forma federal si por desgracia se colocase en la presidencia un hombre ambicioso y emprendedor. Este magistrado tiene facultad de disponer de todas las milicias nacionales de los Estados cuando lo estime conveniente, sujetándolas a la Ordenanza del ejército, y recibiendo sus sueldos en este caso de cuenta de la federación. En los Estados Unidos del Norte, el presidente es por la Constitución comandante en jefe de las milicias de los Estados cuando éstas han sido puestas por el Congreso general en servicio activo de los mismos Estados Unidos; pero el presidente no tiene por sí la facultad arbitraria de usar de las milicias, como sucede en el gobierno mexicano. La tendencia militar que hay en esta República, herencia triste y peligrosa de la administración colonial, arrastra tras sí las instituciones y los principios, menos poderosos todavía que la fuerza del hábito y de la educación.

Uno de los objetos de que se ocupó el Congreso mexicano después de haberse entablado la marcha constitucional fue el de las relaciones que debían entablarse con la Silla Apostólica. La política que ha observado la curia romana con respecto a los nuevos Estados de la América católica romana ha sido absolutamente conforme a las miras de la Santa Alianza. La influencia poderosa del gabinete austríaco y las ricas limosnas de la España, además de la repugnancia natural de los Papas a las Repúblicas democráticas, eran motivos muy poderosos para que la Sede Apostólica no se manifestase más dócil que los otros soberanos del continente europeo en entablar relaciones con los nuevos gobiernos. Algunos pasos dió por su parte para tentar si era posible un retroceso de aquellos pueblos hacia sus antiguas cadenas. Un obispo in partibus, llamado Mossi, fue enviado en calidad de Nuncio, y con poderes misteriosos, a la República de Chile. Este prelado comenzó a manifestar sus proyectos y las instrucciones que llevaba de la corte romana para obrar en favor del gobierno de Fernando VII. Pero las autoridades de Chile hicieron salir a aquel emisario sagrado, el que, habiéndose dirigido por la costa del Sur a la República Mexicana, fue conducido secretamente con una escolta a uno de los puertos del golfo mexicano, en donde se le embarcó, manifestándole que sería muy peligroso el que regresase a cualquier punto de la América en donde su presencia pudiese creerse sospechosa.

Ya hemos visto la tentativa de la encíclica de León XII, dirigida a México; siendo lo más extraño que al mismo tiempo estuviese Su Santidad en correspondencia con el Presidente de la República de Colombia, que Bolívar recibiese cartas del Papa y que se confirmasen los obispos que había propuesto para aquellas diócesis.

El Congreso mexicano se ocupaba de las obscuras e intrincadas cuestiones de los concordatos. Se discutían en aquellas asambleas políticas esas materias que han ocupado por más de diez siglos los espíritus de la mitad del género humano, y mientras se terminaban las instrucciones que deberían darse al enviado que había de ir a Roma, se creyó conveniente no perder tiempo para dar a Su Santidad testimonios constantes de la viva solicitud de los mexicanos para conservar sin interrupción los vínculos de unidad que los unieron siempre con la cabeza de la Iglesia católica. Fue nombrado el doctor Vázquez -eclesiástico ilustrado y de buenas costumbres del obispado de Puebla de los Angeles- para desempeñar esta comisión. Después veremos que a fuerza de constancia por su parte, y en consecuencia de los triunfos de los mexicanos sobre las tropas del rey de España, obtuvo que la curia romana accediese en parte a sus pretensiones. ¿Cómo ha podido la Silla Apostólica ver con indiferencia que en los nuevos Estados de la América vayan desapareciendo los obispos y que por conexiones temporales haya desoído por mucho tiempo los ruegos de aquellos pueblos que le pedían continuar sus relaciones para proveer las sillas episcopales vacantes? Un beneficio importante ha resultado, sin embargo, a aquellos pueblos. El escandaloso tráfico de las bulas ha desaparecido, y los americanos católicos se han acostumbrado a vivir sin este artículo de comercio espiritual, tan extraño al Evangelio como perjudicial a las costumbres. ¡Pueda la ilustración conseguir otros triunfos como éste sobre la superstición y el engaño!

CAPITULO IX

Celo de las autoridades de los Estados en favor de la instrucción primaria. Establecimiento de una escuela normal lancasteriana. Su fin. Progresos, aunque lentos, de la civilización. Conspiración descubierta en la isla de Cuba. Emigración de varias personas a México. Proyectos de los emigrados. Instalación de una junta. Objeto que se proponían. Nombramiento de diputados que representen los diferentes distritos de la isla de Cuba. Petición hecha al Congreso mexicano. Cómo es admitida. Discusión en el Senado. Bases propuestas para llevar a cabo el proyecto. Recursos con que la República contaba para emprenderla. Dificultades que se ofrecen. Abandono del proyecto. Disolución de la junta de los emigrados. Reflexiones.

Desde que los Estados comenzaron a organizarse se ha advertido en las autoridades locales un celo laudable por los progresos de la enseñanza primaria, convencidas quizá de que ésta es la base de la libertad y de la civilización, su compañera. En todos los pueblos en que no había escuelas de primeras letras se establecieron; pero, por desgracia, no se encontraban maestros capaces de hacer progresar a la juventud, como debe esperarse de sus felices disposiciones. Las antiguas rutinas, los hábitos de esclavitud, la falta de limpieza, el mal método, la escasez de libros elementales y de buenos modelos: todo esto ha hecho que la marcha sea lenta y poco conforme a las instituciones adoptadas.

En 1822, varios ciudadanos, entre ellos dos José María Fagoaga, don Manuel Cordorniú, don José Morán, y posteriormente don Francisco Molinos y otros, crearon y estimularon una escuela normal lancasteriana que llamaban del Sol, cuyo nombre parecía ligarla a alguna de las sociedades secretas, bajo cuya protección se decía levantada. Se denominó Sociedad Lancasteriana la de los miembros que la compusieron, cuyos trabajos comenzaron con un ardor que ofrecía grandes resultados.

Mucho beneficio hizo este establecimiento, de donde han salido posteriormente varios maestros para los Estados de la federación y propagado el método de la enseñanza mutua, tan útil para los primeros rudimentos de la escuela. El espíritu de partido, que todo lo contamina cuando no se contienen los partidarios en los límites de una decente discusión, dió por último en tierra con esta institución benéfica, cuyo restablecimiento, o la creación de otra semejante, podía ser uno de los objetos en que deben ocuparse los verdaderos patriotas.

Por lo general se advierte algún progreso en los adelantos de la civilización, de lo que es un indicio seguro el número de periódicos que salían a luz después de cinco años de independencia.

Tres diarios de pliego salían en México, cuando cuatro años antes apenas podían sostenerse dos que daban dos o tres números a la semana. Había además papeles públicos en Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Jalapa, Valladolid, Puebla, Guadalajara y Durango. Posteriormente veremos aumentarse estos conductos por donde los ciudadanos expresan sus resentimientos y sus opiniones, descubren su alma al intentar pintar la de los otros, dan idea del estado de la civilización, de las costumbres y de la situación política del país y conducen a fuerza de sacudimientos y del choque de intereses a resultados útiles a las siguientes generaciones, que aprenden en los extravíos y aberraciones de sus padres a evitar los escollos en que éstos se estrellaron.

De resultas de haberse descubierto en la isla de Cuba, en el año de 1825, una conspiración que se tramaba para hacerla independiente, varios hijos de aquel país emigraron a México. No habiendo podido conseguir su objeto en su patria, formaron una asociación que llamaron Junta promotora de la libertad cubana. Los principales agentes de esta sociedad eran don Antonio Abad Iznaga, don José Teurbe Tolón, don Roque de Lara, don Pedro Lemus y otros emigrados, a los que se agregaron otros hijos de la isla que estaban empleados en México desde mucho tiempo antes, como don José Antonio Unzueta y don Antonio J. Valdés. En 4 de julio de este año se instalaron en junta y formaron un acta en que decían:

Reunidos en las casas del extinguido convento de Belén y sala de sesiones de la Sociedad Lancasteriana todos los hijos y vecinos de la isla de Cuba que nos hallamos en México, tomando en consideración la suerte fatal a que se hallan reducidos nuestros hermanos, los habitantes de aquel rico suelo, por la bárbara dominación que los tiene oprimidos con mengua del nombre de americanos, cuando todos los habitantes de la referida isla arden en los deseos de libertad, que no pueden alcanzar por la tropa que los subyuga, al menos que alguno de los nuevos Estados de la América les extienda una mano protectora, en cuyo caso no habría uno solo que no corriese a hacer causa común para proclamar su emancipación... Conociéndose que la opinión general de aquellos habitantes estaba manifestada repetidas veces, no sólo para hacer su independencia, sino hacerla con ayuda de los mexicanos, con quienes se hallan identificados por todas las simpatías que pueden ligar un pueblo con otro;

considerando que no es posible que por sí mismos den el menor paso a la preparación siquiera de los medios que los salven de la abyección en que se hallan y les faciliten arribar al suspirado rango de libres, por cuanto su actual despótico gobierno vela ansioso sobre todos ellos para castigar hasta el sueño del sacudimiento;

meditando, además, que semejante orfandad exige imperiosamente la unión de los cubanos que por fortuna nos hallamos en esta tierra clásica de la libertad, y cuyo gobierno y habitantes se alegrarían de concurrir a romper las cadenas que ligan a sus hermanos, elevándolos a la dignidad a que ellos han subido, acordaron unánimemente suplir en México lo que en la isla de Cuba no podían lograr, nombrando una junta que, con el nombre de promotora de la libertad cubana, trabaje, active y logre la realización de aquellas esperanzas cerca del séptimo gobierno de la federación, en quien todos descansamos con entera confianza que conseguirá que el águila de los aztecas remonte su vuelo majestuoso sobre la antigua Cubanacán; en cuya virtud, y a fin de llenar aquel intento del modo más solemne, y que los miembros de que esta junta haya de componerse tengan un carácter tan popular como ser pueda, y su representación lleve todo el prestigio y solidez necesaria, se acordó que dicha junta constase de tantos vocales cuantos son los partidos en que se hallan divididas las dos provincias de La Habana y Cuba, figurando cada uno un diputado y dando uno más a las capitales de esas mismas provincias, de suerte que siendo las indicadas secciones políticas hasta en número de diecinueve, han de ser veintiuno los diputados electos. Por consecuencia, y penetrados los cubanos presentes de que los pasos y medidas que han acordado y van expresados en esta acta eran acordes con los sentimientos de sus ya citados hermanos, y que ellos han de ratificar después lo que nosotros vamos a practicar ahora, nosotros todos, en nuestros nombres y en el de nuestros hermanos los hijos y habitantes de Cuba, descansando en la rectitud y pureza de nuestros sentimientos, y confiados en el auxilio de la Providencia, vamos a dar principio a plantear nuestras ya manifestadas intenciones, y habiendo elegido presidente a don José Antonio Unzueta y secretario a don José Fernández de Velaza, procedieron a las elecciones, etc.

Siguen luego de esta manera:

J. A. Unzueta y Juan Domínguez, por la ciudad de La Habana;
general Manuel Gual y Antonio Mozo de la Torre, por la ciudad de Cuba;
José Teurbe Tolón, por Matanzas;
Antonio José Valdés, por Puerto Príncipe;
Roque Jacinto de Lara, por Sant-Spiritus;
Antonio Abad Iznaga, por Trinidad;
Tomás González, por Villa Clara;
Nicolás Téllez, por Holguín;
José Darío Rouset, por San Antonio;
Juan Pérez Costilla, por Santiago;
Antonio Ferrera, por Bejucal;
Antonio María Valdés, por Juanajay;
Pedro Lemus, por Bayamo;
Juan Amador, por Guanabacoa;
Manuel Fernández Madruga, por Guines;
José María Pérez, por Jaruco;
Juan de Zequeira, por Baracoa;
José Agustín Peralta, por Filipinas;
Pedro de Rojas, por San Juan de los Remedios.

De esta manera se organizaron y dieron principio a sus sesiones estos patriotas prófugos del suelo en que naciéron. Muchos generales mexicanos, muchos diputados y senadores fueron invitados y tomaron parte activa en el proyecto. El presidente don Guadalupe Victoria lo apoyaba, y quería que las cámaras le autorizasen para enviar una expedición a La Habana, a fin de procurar a los hijos de la isla el apoyo que deseaban para ponerse en movimiento. En el Estado de Yucatán, el general don Antonio López de Santa Anna había emprendido hacer una expedición por su cuenta, riesgo y responsabilidad, hasta el punto de llegar a embarcar quinientos hombres, que -según se dijo entonces- debían ocupar el Morro y la Cabaña, en donde serían recibidos sin resistencia.

Quizá era ésta una estratagema para apoderarse de aquellas tropas, o tal vez Santa Anna no quiso ni correr estos riesgos ni incurrir en la grave responsabilidad a que lo exponía un paso para el que no estaba autorizado. La cosa no pasó de aquí. En México, los asociados hicieron una exposición al Congreso pidiendo tropas y dinero para la empresa. El presidente informó favorablemente sobre el asunto. Parecía muy ventajosa la independencia de aquella isla del gobierno español, para quitar a aquel enemigo natural de la República Mexicana ese punto que le sirve de cuartel general en la boca misma del seno mexicano, y desde donde amenazará por mucho tiempo, si no la independencia, la tranquilidad de aquellos estados. Esta era la razón primera y fundamental para estimular la empresa. Muy cómodo era, además, a la República descargarse de unas tropas que gravitan sobre ella, consumen su erario y amenazan las instituciones.

Las bases presentadas en el Senado, en donde la cuestión fue ventilada por primera vez, estaban concebidas en los términos siguientes:

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se obliga a proteger la independencia en la isla de Cuba sobre las siguientes bases:

1°- La nación cubana es independiente de la española y de cualquier otra.

2°- Adoptará un gobierno republicano.

3°- La isla de Cuba satisfará la deuda que contrajere con los Estados Unidos Mexicanos, causada por los auxilios prestados en la causa de su independencia.

4°- El gobierno independiente de la isla asignará a los militares expedicionarios de la República Mexicana premios correspondientes a sus servicios dentro del primer año después de instalado el Congreso, haciéndose efectivos en los plazos en que ambos gobiernos se convinieren.

5°- La isla de Cuba no concederá mayores ventajas en sus tratados comerciales a otra nación que las concedidas a las Repúblicas protectoras.

6°- El ejército destinado a la expedición se denominará: Protector de la libertad cubana.

7°- Su primer deber será proteger las personas y propiedades de los habitantes, sea la que fuere su clase, condición u origen.

8°- Las tropas que formarán este ejército serán libres para quedar en el servicio de la nación cubana o regresar a su patria.

9°- Para la asignación de premios se considerarán tres épocas:

I. Los que se reunieren dentro del primer mes al ejército protector.

II. Los que lo verificasen los quince días posteriores a este primer mes.

III. Los que lo hiciesen en los quince días siguientes.

10°- Los empleados civiles y eclesiásticos serán conservados en sus destinos, a no ser que hagan esfuerzos para mantener el yugo colonial.

11°- El general en jefe será investido de todas las facultades necesarias para dictar las órdenes, providencias y decretos que exijan las circunstancias hasta lograr la independencia.

12°- Luego que se pueda reunir un congreso de representantes de la isla, le entregará el mando y dirección de los negocios.

13°- Los gobiernos de México y de Cubanacán arreglarán el modo y tiempo de evacuar el territorio de la isla las tropas auxiliares.

México, 8 de octubre de 1825.

Estas son las proposiciones que se sujetaron a la deliberación del Senado, y fueron materia de largas y acaloradas discusiones. La nación mexicana tenía entonces algunos restos de los préstamos hechos en Londres, y aun no se sabía que la casa de Barelay, Herring, Richardson y Compañía había suspendido sus pagos en el mes de agosto anterior. Había en esta casa medio millón de libras esterlinas; en el puerto de Veracruz, los buques que habían sido comprados en los Estados Unidos y en Londres; mucho entusiasmo en las tropas, especialmente en las de Yucatán; disposición en los habitantes de la isla de Cuba, y aun se aseguraba que uno de los regimientos (el de Tarragona) se prestaría gustoso a un cambio.

La empresa era sumamente aventurada y tenía contra sí una guarnición bien disciplinada y numerosa, un jefe activo y estimado capitán general de la isla, la escuadrilla de La Habana, superior en número de buques a la nuestra, y sobre todo, el temor de que una parte numerosa de la población, cuya suerte la condena a no ser contada entre las transacciones y vicisitudes sociales, saliendo de su estado, se apoderase de la revolución; ved aquí los inconvenientes que hicieron frustrarse los proyectos ya muy adelantados de aquella empresa arriesgada. La nación mexicana necesitaba dedicarse a curar las heridas que habían hecho tantos años de revolución al cuerpo social, y temió lanzarse en la carrera de conquistas y empeñarse en nuevos compromisos antes de establecer su crédito, formar su Hacienda, mejorar sus caminos y consolidar sus instituciones. La pérdida de sus buques y tropas hubiera quizá animado a una expedición sobre las costas de la República, la que, con el desaliento causado por una derrota, hubiera tal vez podido volver a ocupar el castillo o alguna plaza de aquellas costas.

El proyecto no tuvo ningunos resultados y la junta se disolvió a los tres meses.

Había también un obstáculo de otra naturaleza, quizá el más poderoso, aunque nunca llegó a manifestarse de una manera bastante clara. El gabinete de Wáshington no estaba conforme con que las nuevas Repúblicas del continente americano obrasen directamente sobre Cuba ni se apoderasen de su revolución. Hubo acerca de esta materia comisiones bastante significativas. Esta isla, cuya importancia comercial y política conocen aquellos sagaces republicanos y los ingleses, debe ser el objeto de grandes contiendas si, saliendo del estado de colonia, no se constituyese por sí misma en nación independiente.

Su riqueza territorial, su posición geográfica, sus admirables puertos, sus producciones y la facilidad de transportarlas, todo hace de esta tierra dichosa el objeto de un interés universal. Es muy dudoso que si la influencia de la Gran Bretaña no estuviese apoyada por una fuerza marítima tan respetable, y su resolución en mantener aquella isla independiente de cualquiera nación del nuevo continente no fuese tan explícita y terminante, es muy dudoso, repito, que no hubiese corrido ya la misma suerte que las Floridas o la Luisiana.

Suerte feliz, si se considera, como debe ser, la que toca a los habitantes que entran en los goces de la más amplia libertad social y reciben del nuevo gobierno el derecho de gobernarse por sí mismos. ¿Qué son, en efecto, la Luisiana y las Floridas, después de haber salido del yugo colonial, sino países libres y felices que hacen progresos rápidos hacia la prosperidad y en donde la abundancia se ha sustituído a la pobreza de sus antiguos habitantes? Semejantes conquistas deben ser el objeto de los votos del filósofo y de los amigos de la humanidad.

Hemos recorrido el espacio de dieciocho años y visto suceder rápidamente los acontecimientos más importantes que pueden trastornar una sociedad, cambiando la fisonomía moral y el aspecto político de un pueblo, tomando sucesivamente los nombres de Nueva España, imperio del Anáhuac y Estados Unidos Mexicanos. Desde el gobierno virreinal hasta la República democrática, desde la forma semi monárquica hasta el sistema sublime de una federación popular, en la que son llamados al ejercicio de derechos políticos todas las clases de ciudadanos con igualdad, el espacio es inmenso e inconcebible el tránsito. Existen, sin embargo, en esa vasta región gobiernos organizados por constituciones dadas, y las fórmulas, las frases, las palabras, los nombres, los títulos, en suma, todas las apariencias constitucionales de la República de los Estados Unidos del Norte; aunque falta mucho para que las cosas, la esencia del sistema, la realidad corresponda a los principios que se profesan.

Cuando el cura Hidalgo proclamó en septiembre de 1810 una revolución, el pueblo mexicano ignoraba enteramente el objeto y tendencias de este movimiento tumultuario. Viva la América y la Virgen de Guadalupe fue el grito dado en el pueblo de Dolores, y diez mil indios mal armados y medio desnudos, agrupados alrededor de sus corifeos, obraban por un sentimiento desconocido y corrían a destruir a sus opresores. Compárese este ciego movimiento a los primeros esfuerzos de los habitantes de Boston, cuando la guerra de independencia; el ataque de Guanajuato con la batalla de Lexington, primeros en ambos países en que la sangre americana selló para siempre la separación de las metrópolis y sus colonias; obsérvese el curso de ambas revoluciones: a Wáshington, Franklin, Montgomery, por una parte; a Hidalgo, Morelos y Matamoros, por la otra; a los primeros proclamando la independencia y la libertad; a los segundos, la religión y los derechos de Fernando VII; entrando aquéllos en alianzas con las primeras potencias de Europa; abandonados éstos a sí mismos; reuniéndose todos los ciudadanos americanos al pabellón nacional para combatir a los ingleses; divididos los mexicanos entre los realistas y los insurgentes, y subdivididos estos mismos en innumerables facciones.

Recuérdese lo que eran los norteamericanos antes de su independencia, su estado de civilización, la forma de sus instituciones, la extensión de su comercio, la homogeneidad de castas, igualdad de clases, de fortunas y aun de capacidad moral; y lo que eran los mexicanos, esclavizados, supersticiosos, divididos en diferentes castas, desiguales en consideraciones sociales, mucho más desiguales en propiedades, riquezas y empleos.

Por último, véase a los primeros apelando al juicio de todas las naciones civilizadas y proclamando delante del género humano los principios más amplios de independencia nacional y libertad civil y religiosa, en esa acta memorable de 4 de julio de 1776, monumento el más glorioso erigido al culto de la filosofía y de la felicidad de los hombres; y por la otra parte ese Plan de Iguala, si bien el más oportuno en las circunstancias y a propósito para el fin; una transacción con las preocupaciones, educación, hábitos y estado de superstición del país; un tratado, podíamos decir, entre la civilización y la ignorancia; un convenio entre la libertad y el despotismo, entre la igualdad y el privilegio.

Sobre estas bases se consumó la independencia mexicana, y desde su perfecta consagración no ha dejado aquel pueblo de continuar su movimiento. Puesto en marcha, digámoslo así, desde 1808, ha ido dirigiendo sus pasos a un término cuya distancia era grande y estaba sembrada de obstáculos, al parecer insuperables. Todo el sistema colonial estaba fundado, como he dicho al principio, sobre el terror y la ignorancia, ligado con la creencia religiosa, de la que era máxima fundamental la obediencia pasiva a las autoridades y una especie de culto al monarca; era, por consiguiente, muy difícil construir de sus escombros un edificio sin excitar un violento choque con los nuevos elementos que entraban en esta composición.

Los escritores europeos acusan a las nuevas Repúblicas de América de falta de consistencia en la organización de sus gobiernos, entregados a merced de las facciones que se suceden como las olas del océano. Pero ¿qué nación (si se exceptúan únicamente a los Estados Unidos del Norte) no ha estado sujeta, al emprender grandes reformas, a esas vicisitudes y convulsiones?

La Francia, con toda su ilustración -monarquía absoluta en 1788, monarquía constitucional en 1793, República en 1793, anarquía en 1794 y 95, República consular hasta 1804, imperio militar hasta 1814, restauración interrumpida en 1815, restablecida hasta 1830-, ¡cuántas escenas no ha visto representar sobre su teatro político! Veniam demus, petamusque vicissim.

En el transcurso de esos dieciocho años México ha visto arrestar al virrey Iturrigaray, principio de los grandes movimientos; ha visto al cura Hidalgo levantar el estandarte de la revolución, y nueve años de sangrientos combates, de escenas de horror, de una guerra fratricida, sin otro fruto por entonces que abrir y dejar pendiente la gran cuestión de la independencia, y cambiar el curso de la vida civil de los mexicanos; crear un partido nacional y reunir a un centro común las opiniones y los intereses sobre un punto esencial. Ha visto aparecer a Iturbide representando un papel brillante, abrazando una noble causa; consiguiendo su triunfo, quererlo convertir en su provecho, haciéndose emperador. Ha visto caer a este caudillo, salir expatriado, y últimamente, ejecutado en un lugar retirado y poco conocido. Ha visto romper e invalidar los planes que llamaban una dinastía extranjera y elevar sobre sus ruinas la República federal. Ha visto, por último, al pueblo mexicano en continuas agitaciones, teniendo un período muy corto de tranquilidad y reposo, concibiendo grandes esperanzas y viendo un porvenir fecundo en prosperidad y abundancia. La nación mexicana tiene ya un nombre, una existencia, una historia.

CAPITULO X

Anuncio de grandes trastornos. Imparcialidad del autor de esta obra como hombre público. Tentativa de conspiración del padre Arenas. Conducta política del general Mora. Molinos y Tornel, testigos. Prisión de Arenas. Alarma de los patriotas. Los escoceses niegan la conspiración. Los yorkinos la ponderan. Nuevas prisiones. Arresto de los generales Echávarri y Negrete. Injusticia del gobierno. Falsas alarmas de los yorkinos. Los coroneles Andrade, Romero, Facio y Arago, fiscales de los reos. Confesión de éstos de la existencia de la conspiración. Pedraza obra con actividad por descubrir cómplices. Nuevo partido pedracista. Apertura de las sesiones del Congreso general en 1827. Diputados en su mayor parte yorkinos. Elecciones de Toluca y Yucatán. Esfuerzos de los escoceses para anular las primeras. Conversación de don Cayetano Portugal con el autor. Nombramiento de éste para el gobierno del Estado de México. Servicios del autor. Invoca el juicio imparcial de los lectores. Situación del Estado de México hasta 1826. Don Melchor Múzquiz. Su economía y honradez. Liquidación de cuentas en la quiebra de la casa de Herring, Richardson y Compañía, de Londres. Falsas relaciones de Esteva como ministro de Hacienda. Cargos de los editores de El Sol a este ministro. Sus abusos. Intrigas. Patrocinio de los yorkinos. Don Sebastián Camacho en Paris. Compromisos del gabinete de las Tullerías para con el comercio. Mistificación hecha a Camacho en el tratado que firmó. Reflexiones sobre los tratados. Dignidad de las cámaras de México en esta materia. Proyectos de Esteva para dejar el ministerio. Los motivos de esta deserción. Su nombramiento para la comisaría de Veracruz. Don Tomás Salgado. Su carrera y carácter. Es nombrado ministro de Hacienda. Situación en que halló este ramo. Tentativas de los escoceses. Representación sediciosa de la esposa del señor Negrete. Juicio sobre esta exposición. Mutuas recriminaciones entre los partidos. Los españoles, unidos siempre a los escoceses. Imprudencia de éstos en negar la conspiración. Folleto intitulado Los malvados se descubren, etc. Su insolencia y descaro. Errores y faltas de unos y otros. Sus malas consecuencias.

Hemos visto al pueblo mexicano levantarse del estado de nulidad política a que estaba reducido hasta el de formar una nación independiente y colocarse a la par de la República de los Estados Unidos del Norte en el orden social, así como lo está en su posición geográfica.

Hemos comenzado a ver algunos anuncios de las conmociones interiores que amenazan este país, cuya organización interior se creyó establecida sólidamente con la Constitución federal de 1824 y la instalación de las autoridades y corporaciones que prescribe.

Vamos ahora a entrar en un período de trastornos y facciones en que los dos partidos de que he hablado principiaron a disputarse los honores, los empleos y el manejo de los negocios; un período en el que, abandonando los trámites constitucionales, las dos partes beligerantes se lanzaron a la arena para disputarse la presa, no ya por medio de intrigas, de manejos de palacio, de discusiones y debates razonados, sino en el campo de batalla, buscando en las bayonetas el apoyo que no se encontraba en la justicia de la causa.

Los lectores imparciales, tanto extranjeros como nacionales, advertirán que, no obstante de que el autor perteneció a uno de los partidos que despedazaban la nación mexicana, nada ha omitido de cuanto pueda dar a conocer los errores, los extravíos, los atentados y los excesos de los unos y de los otros.

El día 19 del mes de enero de 1827, un religioso español del orden de San Diego, llamado Fray Joaquín Arenas, se dirigió al general don Ignacio Mora, comandante militar del Distrito Federal y del Estado de México, a quien después de los primeros salúdos, entrando en materias políticas, dijo: El triste estado en que se halla la religión cristiana en un pueblo fiel y católico, como ha sido el mexicano bajo la dulce dominación española, y la entera ruina que amenaza a la creencia de nuestros padres con las creaciones de estos gobiernos, la libertad de imprenta, la entrada de libros heréticos y el abandono de la autoridad legítima de nuestro soberano el señor don Fernando VII, deben estimular a un militar de honor y antiguo servidor del rey, como V. S. lo es, a entrar en un plan que se ha formado para restablecer el gobierno español. He venido a ver si podemos contar con V. S., encargado por los individuos que manejan esta grave empresa. El comandante Mora le contestó que un asunto tan grave no podía resolverse en el momento, y, por consiguiente, suplicaba esperase veinticuatro horas para pensarlo. Arenas se retiró, amenazándole con que en el caso de delatarlo sería víctima, pues la conjuración estaba ya formada, y al punto de estallar; quedó en volver al día siguiente. (El general Mora, sin perder tiempo, pasó a comunicar el suceso, con todas sus circunstancias, al presidente don Guadalupe Victoria, y el gobierno resolvió que Mora concurriese a la hora señalada y convenida con el fraile Arenas, y que además se colocasen tres testigos de manera que pudiesen oír sin ser vistos cuanto este eclesiástico pudiese decir, para ser aprehendido in fraganti y poder acreditar su crimen. Uno de los testigos era don José María Tornel, secretario privado del presidente y diputado de la Cámara de representantes por el Estado de Veracruz, y otro don Francisco Molinos del Campo, gobernador del Distrito Federal.

Dispuestas las cosas en la forma dicha, Arenas no faltó a la cita, y entró desde luego con más calor que el día anterior en materia. ¿ Qué tal, mi general -exclamó-, ha pensado usted ya bien lo que debe hacer? Mora le dijo que necesitaba tener conocimiento de la extensión del proyecto, de los que tomaban parte en él, de los caudales y tropas con que se contaba; en fin, le añadió: Explique usted todo cuanto pueda contribuir a ilustrarme, porque ya ve usted que un hombre de mi clase y de mi edad no puede comprometerse sin saber cómo y de qué manera.

Entonces Arenas le expuso largamente que el plan era hecho en Madrid; que el rey Fernando había nombrado un comisionado regio, que se hallaba en territorio mexicano con amplios poderes para obrar; que había muchos generales, canónigos, comerciantes y otros personajes comprometidos y juramentados; y después que usted se ligue por juramento -añadió- conocerá la extensión del proyecto y la seguridad del éxito. Todo esto lo decía con tal aire de confianza, que parecía inverosímil que fuese una invención cuyo desenlace le sería funesto.

No pudo el general Mora sacarle los nombres de ninguno de los cómplices, y él mismo decía ignorar el del comisionado regio, que era un gran personaje que viajaba de incógnito en el país. Mora hizo en estas circunstancias la señal convenida y, apareciendo los testigos, fue aprehendido el padre Arenas, que reprodujo lo mismo que había dicho y amenazó a sus aprehensores con una próxima venganza.

Este hombre era de malas costumbres, y no se concibe cómo pudieran hacer confianza en él personas que, en el caso de tener una vasta conspiración entre manos, debían suponerse muy prudentes y diestras para valerse de hábiles instrumentos y cómplices sagaces. Pero ¿qué podía esperarse de un hombre que a la primera vista se descubría con un jefe a quien debía suponer fiel al gobierno nacional, e incapaz, como lo son todos los generales mexicanos, de hacer traición a la independencia nacional? Esto parecía muy extraño a todos y dió origen a discusiones en los periódicos, discusiones que influyeron quizá más de lo que pensaban los directores de los partidos para encender el fuego de la revolución.

Puesto en prisión el padre Arenas y divulgado el suceso con los comentarios con que siempre se adornan y revisten estos acontecimientos, los mexicanos comenzaron a temer, en efecto, la existencia de una vasta conspiración que amenazase su libertad e independencia.

Las gentes que hacen consistir todo su mérito y capacidad en dar importancia a temores infundados esparcían voces siniestras, fingían haber visto armas ocultas, haber leído papeles significativos, haber presenciado reuniones y asambleas nocturnas.

Todo se atribuía a los españoles, y los del partido yorkino exageraban los progresos de la conspiración para hacer recaer la odiosidad sobre los del partido escocés, a quienes creían o fingían creer cómplices de aquel atentado.

Los escoceses, por su parte, en vez de presentar los hechos como eran en sí, en vez de hablar racionalmente acerca de aquella extravagante tentativa, negaban la existencia del hecho mismo; atribuían el suceso a un artificio de los yorkinos; aparentaban creer que era un drama representado para darse importancia, y llegaron a decir que el ministro de los Estados Unidos Mr. Poinsett había aconsejado al padre Arenas diese aquel paso. ¡Tan ciegos son los partidos en su furor!

Entre tanto se procedía a nuevas prisiones, y los españoles eran mirados en todas partes como agentes de la supuesta gran conspiración. Un tal don Manuel Segura, otro llamado David, un religioso dominico llamado Martínez y otros españoles fueron arrestados en virtud de interrogatorios que se hicieron.

El día 22 de marzo, el ministro de la Guerra, don Manuel Gómez Pedraza, despachó orden para que fuesen aprehendidos los generales don Pedro Celestino Negrete y don José Echávarri, y fueron conducidos el primero al castillo de Acapulco y el segundo al de Perote, bajo una fuerte escolta. Ya otro general español llamado Arana había sido arrestado anteriormente.

La prisión de estos personajes alarmó extraordinariamente al pueblo, y los papeles públicos, especialmente El Correo de la Federación y algunos sueltos que salían de la sentina yorkina, inflamaban más los ánimos, inventando calumnias y suponiendo crímenes a los generales prisioneros y a otros españoles que, cualesquiera que fuesen sus opiniones, evidentemente no tomaban ya parte en los negocios públicos ni pensaban en tramar conspiraciones.

La determinación tomada con respecto a los generales Negrete y Echávarri era notoriamente injusta y arbitraria, pues si se quería averiguar su complicidad no era seguramente el medio más oportuno el retirarlos a cien leguas del lugar en donde debían estar los testigos, privándolos al mismo tiempo del auxilio de sus familias y de sus medios de defensa. Este acto se creyó exclusivamente obra de don Manuel Gómez Pedraza, que no pertenecía a los yorkinos, pero que deseaba formarse un partido persiguiendo en estos generales, a pretexto de conspiradores, los enemigos del señor Iturbide y lisonjeando las venganzas populares en estos jefes, que no eran amados por la multitud.

Se encargó la formación de las causas a oficiales del ejército; los coroneles Andrade, Romero, Arago, Facio, los tres primeros de las logias yorkinas, el último escocés, eran los fiscales de estos acusados.

Arenas, Martínez y Segura confesaban que había un plan de conspiración, que ellos mismos tenían parte en él, pero que no podían descubrir sus cómplices. El gobierno se agitaba, hacía los mayores esfuerzos por descubrir delincuentes, y Pedraza, alma de todo este movimiento, hacía creer o procuraba persuadir que había encontrado el hilo de Ariadna que debía conducir al descubrimiento de aquella terrible conspiración.

Existían, pues, tres elementos que obraban en sentidos diferentes y que es necesario hacer observar desde ahora. El partido escocés, que he dado ya a conocer; el partido yorkino, de que he hablado con extensión, y el que llamaré de Pedraza, porque separado de las logias escocesas, a que había pertenecido, y convertido repentinamente en perseguidor de sus antiguos compañeros, no por eso se unió a los segundos, que, sin embargo, le parecieron más dóciles instrumentos.

Estos son hechos que presento sin el menor disfraz, porque no siendo mi ánimo inculpar a ninguno, deseo que los lectores juzguen a cada uno por sus acciones, así como yo me sujeto al mismo severo e imparcial tribunal de mis conciudadanos por las mías, como representante también en estas escenas que voy a referir.

El Congreso general había abierto sus sesiones en 19 de enero, con los nuevos diputados venidos de los Estados para formar la segunda legislatura constitucional. Más de la mitad de sus miembros lo eran también de la sociedad de yorkinos y muy pocos solamente de las logias escocesas. Las protestas que se habían hecho acerca de la nulidad supuesta de las elecciones verificadas en Yucatán, Toluca y otros Estados fueron declaradas insubsistentes, y el decreto dado por la legislatura constitucional del último para anular el nombramiento hecho en los individuos que debían sustituirlos fue igualmente declarado nulo e insubsistente por anticonstitucional.

En los Estados se formaban las legislaturas de yorkinos en la mayor parte, y por una desgracia, inevitable cuando gobiernan las facciones, muchos individuos no tenían otro título para ser colocados que el estar filiados en las logias del partido dominante.

Este era un mal grave, al que no contribuí poco, arrastrado por el torrente revolucionario. Don Cayetano Portugal, diputado por Jalisco, eclesiástico digno del aprecio de sus conciudadanos por su honradez e ilustración, me reconvenía amistosamente por haber organizado la canalla. El mal verdadero y efectivo era el no haberla instruido en lugar de haberla organizado.

En marzo fuí nombrado gobernador del Estado de México, después de haber sido senador y diputado los años anteriores. Este nombramiento fue consecuencia del triunfo del partido yorkino en las elecciones de Toluca, de que he hablado, y como una recompensa a los servicios que presté como elector y director de dichas elecciones.

Yo había sido electo diputado en Yucatán en 1814 para las Cortes de España, y fuí preso cuando el rey volvió y destruyó las instituciones. En 1820 fuí electo diputado para las mismas Cortes y desempeñé este encargo como se ha visto. En 1822 partí con el mismo encargo al Congreso constituyente mexicano; en el segundo Congreso constituyente desempeñé la misma comisión, y era presidente de aquella asamblea cuando se publicó la Constitución federal. En los dos años siguientes pasé al Senado, y de éste, en 1827, al gobierno del Estado de México.

A otros pertenece juzgar sobre mi carácter y servicios. He referido algunos de mis hechos sencillamente: ahora se me verá en el curso de este nuevo período obrar en una esfera más grande y descubrir mis ideas. Deseo únicamente ser juzgado con la imparcialidad y decencia con que lo hago cuando hablo de mis conciudadanos, y sobre hechos, y no sobre calumnias. ¿Qué cosa más justa puede pedir el que ha tenido la desgracia de hacer papel en las escenas sangrientas que han despedazado su país? Si el espíritu de partido se mezcla en este juicio, merecerá el desprecio de la posteridad.

Durante los tres años en que las autoridades del Estado de México habían gobernado, esto es, desde la creación del sistema federal, concentraron sus miras únicamente a la ciudad de México y no hicieron ninguna mejora en el exterior. Los caminos estaban abandonados, las escuelas recibían pocas mejoras y ningún establecimiento literario se proyectó.

Residiendo los poderes de dicho Estado en la capital, no tuvieron necesidad de hacer ningunos gastos, o al menos fueron muy pocos los desembolsos que exigía el preparar los lugares en que debían ejercer sus funciones. Y como, por otra parte, tuvieron el ingreso de los caudales del Distrito Federal antes de la ley que atribuyó estas rentas a la federación, acumularon una suma de cerca de doscientos mil pesos cuando tuvieron necesidad de abandonar sus funciones.

Don Melchor Múzquiz, gobernador entonces de dicho Estado, hombre económico y honrado, hacía como Federico I, padre del Gran Federico, un mérito muy grande en acumular numerario sin distribuirlo en cosas útiles.

Tal era la situación de las cosas del Estado de México, de que me ocuparé a su tiempo rápidamente. A principio de este año, la casa Barclay, Herring, Richardson y Compañía presentó bajo su firma al señor Camacho las cuentas del préstamo que contrató con el gobierno de México, y confesó deber al expresado gobierno la suma de 446,000 libras esterlinas, equivalente a la cuarta parte del producto del préstamo contratado con la misma casa. En este año económico, el ministro de Hacienda Esteva había presentado en su memoria un ingreso excedente a la salida de más de medio millón de pesos, satisfechas todas las necesidades y obligaciones de la nación. Los editores de El Sol hacían cargos terribles e incontestables a la administración acerca del uso que se hacía de los caudales del préstamo, de los pagos mandados hacer contra leyes expresas; acerca de las letras giradas sobre Londres y sobre Veracruz a premio menor que el corriente, y, últimamente, acerca de las bancarrotas de los prestamistas, que comprometían los fondos de la República y le preparaban su descrédito. Pero Esteva contestaba de una manera evasiva, y atribuía a espíritu de partido lo que en realidad podía tener este principio, lo que se descubría por el modo con que se hacían los cargos, mezclándolos con apóstrofes indecorosos, con diatribas amargas, en vez de limitarse a los hechos y al análisis de las cuestiones financieras.

Los yorkinos creían ver en los ataques dados a Esteva una guerra declarada a ellos mismos, y el astuto ministro procuraba confundir siempre su causa con la del partido que lo sostenía. Después veremos a este mismo jefe de los yorkinos abandonar su partido, buscar y encontrar apoyo en las filas de los escoceses.

Don Sebastián Camacho, después de haber concluído el tratado con Inglaterra, hizo un viaje a París y emprendió entrar en nombre de la República en tratados con el gabinete de las Tullerías. El ministro francés comenzaba ya en aquella época a comprometerse con la opinión pública acerca del asunto importante del reconocimiento de las nuevas Repúblicas americanas, exigido por las necesidades de su comercio y retardado por las conexiones de familia y las opiniones privadas de la dinastía reinante. Fue necesario buscar algún arbitrio para contentar al comercio, deslumbrar al ministro mexicano y dejar ilesos los principios de la legitimidad. Creyóse poder hacer una especie de tratado de comercio reducido únicamente al simple permiso de la entrada de los buques de la República Mexicana en los puertos de Francia, al nombramiento de cónsules por ambas partes y a exigir por la de aquella república las ventajas de la nación más favorecida.

Semejante convenio sólo tenía por resultado las ventajas de los comerciantes franceses, sin comprometerse en nada las opiniones del gobierno, sin reconocer en los mexicanos la nacionalidad, el derecho de nombrar ministros y agentes diplomáticos ni la legitimidad de sus gobiernos establecidos y de sus instituciones. En este paso manifestó Camacho mucha falta de conocimientos diplomáticos, y lo peor de todo, una debilidad poco conveniente al ministro de una República que, habiendo hecho por sí sola su independencia, no necesita andar mendigando ni tratados ni reconocimientos a medias; pues si se examina profundamente la materia, siendo nulo el comercio activo que hace la nación mexicana, la utilidad de los tratados es para los que por las garantías y ventajas que ofrecen hacen en su territorio un tráfico, benéfico a ambas partes a la verdad, pero más positivamente lucrativo a los extranjeros. Muy justo y conforme al derecho de gentes es el arreglo de estas relaciones y la sanción de estos convenios. Mas ¿cuántos mexicanos disfrutan en las naciones extranjeras de las ventajas recíprocas que en ellos se estipulan? ¿Qué número de buques de aquella República concurren a los puertos de Francia o Inglaterra? Es siempre el contrato del pobre con el rico, del fuerte con el débil. Otros tratados dejó pendientes con los Países Bajos y el Hannover el señor Camacho, y regresó a México a mediados de este año. El tratado con el gabinete francés no tuvo ningún efecto. Las cámaras no lo tomaron en consideración, y el gobierno mexicano manifestó, guardando silencio sobre este tratado, la dignidad y decoro que le correspondían.

El temor de ver sobre sí el resultado de las quiebras hechas por las casas prestamistas de Londres y las terribles responsabilidades que debían seguir a la escasez de fondos para satisfacer las atenciones públicas, después de las pomposas manifestaciones de abundancia, prosperidad y aumento en los ingresos de que había hablado en las tres memorias que había presentado a las cámaras legislativas, obligaron a Esteva a buscar un retiro en que, evitando los primeros choques, pudiese al mismo tiempo disfrutar de una renta vitalicia y de un empleo que fuese para él lo más conveniente. Este era la comisaría del Estado de Veracruz, plaza a que debía ser destinado alguno de los muchos meritorios y honrados servidores de las antiguas intendencias, y que por la ley debía darse a un cesante. Renunció, pues, don Ignacio Esteva el ministerio, y nombrado en su lugar don Tomás Salgado, fue nombrado el primero para la plaza de comisario de que he hablado.

El señor Salgado, antiguo abogado de México, era entonces juez de Hacienda; esto es, uno de los magistrados que debían aplicar las leyes de este ramo en las diferencias que se suscitasen entre los particulares y la tesorería nacional. En su destino, y cuantos tuviesen relación a su profesión de abogado, el señor Salgado era y es muy acreedor a la estimación y aprecio de sus conciudadanos y de cuantos le conocen. Pero en materia de alta administración, en inteligencia de cambios y valores, de relaciones mercantiles, de arreglo de contribuciones, de crédito público, de circulación, él mismo manifestó modestamente al presidente que carecía de las nociones suficientes para desempeñar un destino tan espinoso. Por otra parte, no ignoraba el caos en que Esteva dejaba el ministerio, sin ningún arreglo, sin un sistema de administración, sin orden en los trabajos, sin método en el despacho, abandonándolo todo en manos de don José María Pavón, oficial mayor de la secretaría, que si bien era honrado y laborioso, no podía desenredar el cúmulo de negocios con que el ministro recargaba su despacho ni dar vado a los compromisos en que se había implicado.

Salgado entró en el ministerio en 14 de febrero de 1827, cuando ya no había dinero disponible de los préstamos; cuando llegaban letras protestadas de las casas de Barclay, Herring, Richardson y Compañía de Londres, y de las de Goldsmith, de cantidades recibidas y gastadas en tiempo de Esteva y giradas contra las referidas casas; cuando los ingresos de las aduanas marítimas comenzaban a disminuirse, porque los efectos introducidos en abundancia el año anterior eran más que suficientes para los consumos del país; cuando el crédito se alteraba notablemente en consecuencia de estos sucesos, y más que todo, por el abandono con que, como habían observado los negociadores de los bonos mexicanos, se manejaban los caudales de la nación; por último, Salgado entraba cuando Esteva salía para huir los efectos de la bancarrota que había preparado.

En medio de este caos de administración, el partido escocés se preparaba a conmover la República en sus fundamentos por medio de sacudimientos violentos; los yorkinos la alarmaban con las exageraciones con que pintaban la conspiración de Arenas, y el ministerio Pedraza (que así le llamaremos porque éste lo dirigía todo) aumentaba las alarmas por su parte.

La esposa de don Pedro Celestino Negrete hizo una exposición con motivo de la prisión de este general, que era más bien una provocación a la revolución que un alegato juicioso y racional para reclamar sus derechos ultrajados. Los partidos buscan siempre un pretexto plausible para desahogar su furor y hacer progresar sus ideas. Nada era más justo que el que la señora Olavarrieta de Negrete hiciese valer los fueros de ciudadano mexicano hollados en la persona de su esposo. Muy natural era que hablase con calor al gobierno que había cometido el atentado; que usase de la imprenta y se dirigiese a la nación para demostrar la injusticia de los que así abusaban de la fuerza pública contra la inocencia. Pero prestó su firma a una facción que debilitaba la justicia de su causa por el modo con que se expresaba, y daba pretextos plausibles al partido contrario para publicar que se deseaba la revolución, y ocasión al gobierno vilipendiado para reprimir la audacia con que se le insultaba. No se contenía el partido escocés en sus calumnias contra los yorkinos ni éstos contra los de aquél.

Existía un hecho innegable, un gran crimen, una conspiración descubierta. Habían sido presos varios eclesiásticos y paisanos españoles en Puebla, en Oaxaca y otros puntos, y se habían descubierto pruebas evidentes de complicidad. Ved aquí un pretexto para que los Yorkinos acusasen a todos los españoles y divulgasen que los escoceses trataban de restablecer la monarquía.

Los españoles se unían naturalmente, y como por instinto, a este partido que los sostenía con imprudencia; pues no se limitaba a una defensa racional, sino que, negándolo todo, daban ocasión a creer que tenían interés en ocultar un hecho público y notorio, un hecho en que intervenía como fiscal del principal reo (el padre Arenas) don Antonio Facio.

En marzo de este año salió a luz un folleto titulado Los malvados se descubren cuando menos se imaginan, en el que con indecible impudencia se aseguraba ser tramas de los yorkinos la conspiración descubierta; decían que éstos habían falsificado sellos del rey de España para fingir conspiraciones y atribuirlas a los escoceses, y con la mayor insolencia atacaban al gobierno y provocaban la revolución.

Si el sistema de la calumnia y de intrigas estaba organizado en este partido, en el otro había tal confusión y desorden que no era posible entenderse. Todos querían destinos públicos, todos se creían con derecho a intervenir en la administración, todos se erigían en jueces y censores de las autoridades. Si los escoceses negaban la existencia de la conspiración y la atribuían a manejos de los yorkinos, éstos acusaban a los primeros, sin excepción, de borbonistas, de traidores, de anti-independientes. ¿Quién podía creer de buena fe que los generales Bravo, Barragán y Múzquiz, aunque filiados en las logias escocesas, trabajasen por la monarquía y contra la independencia? Si los escoceses preparaban reacciones para resistir las órdenes del gobierno y organizar un sistema militar, los yorkinos, moviendo las pasiones y excitando el odio y las venganzas populares, socavaban el edificio social, proclamando la expulsión del suelo de la República de pacíficos habitantes, a pretexto de ser españoles, causando -al mismo tiempo que la ruina de innumerables familias mexicanas- una pérdida enorme de capitales y de brazos útiles a la nación. Los escoceses se dirigían a la tiranía militar; los yorkinos, al depotismo de las masas. Veamos ahora cómo se fueron desenvolviendo estos partidos y cómo manifestaron sus tendencias.

CAPITULO XI

Esteva parte para su destino. Barragán, gobernador y comandante general de Veracruz. Don Ramón Ceruti, escritor de El Mercurio. Logias yorkinas establecidas. Ataques dados a la Constitución por la legislatura y Barragán. Amenazas a Ceruti. Salida forzada de Esteva. Proyectos de sedición de los escoceses. Manifiesto de la legislatura. Conducta patriótica y firme de don José Rincón. Divisiones entre este jefe y Barragán. Don Vicente Guerrero enviado a Jalapa. Tranquiliza los movimientos. Disensiones en Durango. Don José Baca Ortiz. Su conducta. Legislatura del Estado de México. Decreto promovido por ella para expulsión de los españoles. Denuncias fingidas de conspiraciones. Reflexiones sobre esto. Oposición del autor a las medidas de proscripción. Comparación con otras proscripciones. Cargos hechos al autor por la gran logia yorkina. Sus contestaciones. Individuos que sostenían la expulsión. Los que la reprobaban. Decreto para separar a los españoles de sus destinos. Reflexiones. Movimiento del coronel González en Ajusco. Comprometida situación de don Lorenzo de Zavala. Complicidad del vicegobernador. Reyes Veramendi. Movimientos en Toluca, Acapulco y Apam. Diferencia de opiniones entre los diputados del Estado. Reflexiones. Indiferencia de Victoria y de Pedraza sobre estos movimientos. Los tranquilizan Guerrero y Zavala. Discusión de la ley de expulsión en las cámaras de la Unión. Razones en pro y contra de la medida. Discurso de Zavala a la legislatura del Estado. Diputados implicados en los movimientos. Reflexiones. Sentencia de los conspiradores contra la independencia. Inocencia y libertad de los generales Negrete y Echávarri. Dudas acerca de la criminalidad de Arana. El licenciado Bocanegra, asesor de esta causa. Nuevos excesos de los escoceses. Creación de los novenarios. Sus directores. El Observador, periódico de los escoceses. Sus autores. Su mérito y defectos. Resolución de los escoceses de atacar al gobierno. Los españoles los favorecen. Su organización. Plan de Tulancingo o de Montaño. Salida de los conjurados de México. Armijo y Barragán los ayudan. Terán, Morán y Hernández. Dudas acerca de su conducta. Actividad de don Manuel Gómez Pedraza. Reflexiones. Bravo, presidente de la logia de novenarios. Gastos hechos por los españoles. General Guerrero. Nombrado para atacar a los conjurados. Sus fuerzas y recursos. Los de los enemigos. Su posición. El ataque. La derrota. Suerte de Barragán y Armijo. Reflexiones. Destierro de los conjurados. Razones para haber tomado esta medida. Consideraciones acerca de la diferencia con que los dos partidos tratan a los vencidos. Anécdota del tiempo. Don Francisco Molinos. Don José María Tornel. Destierro de Mr. Lissautte y de don Ginés Quintana.

Nombrado don José Ignacio Esteva comisario del Estado de Veracruz, partió para su destino en abril o mayo de este año. Era gobernador del mismo Estado don Miguel Barragán, de quien ya se ha hablado lo bastante para poder formar idea de sus opiniones, capacidad y carácter. Estaba encargado igualmente del mando de las armas y reunía, de consiguiente, la comandancia militar al gobierno político.

En el Estado de Veracruz, el partido escocés tenía una influencia decisiva por el gobernador; la mayor parte de los miembros de la legislatura y casi todos los comerciantes españoles obraban en este sentido y pertenecían a sus logias. Un periódico titulado El Mercurio, dirigido por don Ramón Ceruti y escrito en el sentido contrario, y dos logias yorkinas fundadas por don Ignacio Basadre, era todo el apoyo de este partido en aquel Estado; muy diferente de los de Jalisco, San Luis, Querétaro y México, gobernados enteramente bajo la influencia de éstos. Los ataques a la Constitución y las vías de hecho dieron principio en el Estado de Veracruz. La legislatura se reunió en sesiones extraordinarias, sólo para dar un decreto de expulsión contra don Ignacio Esteva, empleado por el gobierno federal y natural del mismo Estado. Barragán publicó este anticonstitucional y escandaloso decreto y lo comunicó a Esteva, manifestándole su resolución de hacerlo cumplir y de emplear la fuerza en caso necesario. ¡Cosa extraña! Barragán iba en este caso a servirse de la fuerza militar que el gobierno federal le tenía confiada, para hacer desobedecer una orden de aquel mismo gobierno. Barragán era también instrumento de un partido que lo impulsaba a obrar de aquella manera, y en tiempo de facciones no hay deber ni obligación que no atropellen los que tienen la desgracia de comprometerse en los partidos. Don Ramón Ceruti, amenazado por unos cuantos oficiales de ser asesinado si no dejaba el periódico, se vió obligado a pasar a México, abandonando el campo y mudando el título del diario en el de Noticioso, que aún subsistió por algún tiempo.

El atropellamiento cometido en la persona de Esteva contra las leyes federales y contra el derecho constitucional, que prohibe a los cuerpos legislativos ejercer funciones judiciales e imponer penas a los ciudadanos, causó un escándalo grave en toda la República, y no contribuyó poco a consumar el descrédito del partido que había obrado de aquel modo. Pero dado el primer paso era difícil detenerse, porque una vez saltada la barrera de la ley, parece que la propia seguridad obliga a buscar apoyo en una fuerza extraña. Los generales Santa Anna, Barragán y Verdejo formaron el proyecto de dar un grito contra el gobierno, como dicen en el país, y variar las instituciones. Contaban para esta empresa con el 7° batallón de infantería, mandado por don Félix Merino, que acababa de regresar de Yucatán para continuar a Nacodoches, en donde decían entonces los escoceses habían reunido tropas los norteamericanos para apoderarse de la provincia de Texas, con el 3° y 4° batallón y con algunas tropas nacionales del Estado.

Decíase que debían romper al mismo tiempo en Jalapa, en la Joya y en Veracruz, pasando inmediatamente Santa Anna a ocupar el castillo de Perote.

El pretexto era destruir las sociedades secretas, a cuyo efecto la legislatura del mismo Estado había dado una ley prohibiéndolas bajo penas graves, y pedir la salida de Mr. Poinsett del territorio de la República. Jamás el espíritu humano está más en contradicción consigo mismo que cuando él hombre quiere oponer una facción a otra y dominar sin un título legal. Los mismos miembros de la legislatura, el gobernador, los jefes con quienes debía hacerse la revolución contra el gobierno legítimo, eran individuos y directores de la sociedad secreta escocesa, y fueron los primeros fundadores de este resorte revolucionario en el país cuando no existía la otra.

La legislatura preparó el movimiento con un largo manifiesto que publicó en junio de este año, documento capaz por sí solo de cubrir de oprobio y de ignominia a sus autores, y el más miserable que haya salido a luz después del principio de las revoluciones del país. El presidente Victoria vió en aquellos preparativos una amenaza a los poderes generales, y quizá no hubiera tomado ninguna resolución para conjurar la tempestad a no haber ocurrido un incidente bastante serio en la plaza de Veracruz.

Era comandante de la fortaleza de Ulúa don José Rincón, militar honrado y que no conoce más ley que la subordinación a los jefes y el respeto más invíolable a la disciplina militar. Un oficial llamado Soto puso en manos de Rincón documentos que daban un testimonio inequívoco de la existencia de un plan de conspiración contra el gobierno general, cuyo objeto no se sabía cuál sería; pero jamás se sospechaba que fuese en favor de una forma monárquica. Era más bien un ciego impulso de sustitutir a lo existente otras personas, otras cosas. Era esa inquietud que todos experimentan en una sociedad nuevamente reconstituída; esa ansiedad, ese deseo de mudar de situación. Era también un secreto instinto de la clase militar a tomar el mando y dirección de los negocios. El coronel Rincón se dirigió entonces al presidente Victoria, manifestándole que la unidad nacional, el rigor de la disciplina y el honor militar le obligaban a no obedecer las órdenes del comandante general del Estado don Miguel Barragán, y que desde aquel momento había dado orden al batallón número 9, que estaba de guarnición en la plaza y el castillo, de que no se obedeciese ninguna orden que él mismo no comunicase. Al comandante general Barragán le negó abiertamente la obediencia.

Este era ya un principio de guerra civil, y presentaba el aspecto de combates próximos entre las autoridades militares del Estado. Entonces el presidente comisionó al general don Vicente Guerrero para que pasase a cortar aquellas diferencias.

Guerrero tenía un nombre nacional adquirido por antiguos y constantes servicios; a un carácter pacífico y dulce, reunía la popularidad que estas mismas cualidades le habían adquirido. Pasó, en efecto, a la villa de Jalapa, teatro de los principales sucesos y el lugar en que residían los poderes del Estado de Veracruz. A su presencia desaparecieron todas las inquietudes. Barragán, Santa Anna y otros jefes del partido contrario al gobierno, lejos de manifestar ninguna oposición a las resoluciones supremas, protestaron que obedecerían a cuanto ordenase el presidente y que don Ignacio Esteva sería recibido a desempeñar sus funciones de comisario general. Algunos oficiales que habían manifestado malas disposiciones fueron trasladados de unos puntos a otros. Los batallones 7°, 3° Y 4° salieron bajo las órdenes de don Manuel Rincón, hermano de don José; unos cuantos fueron procesados sin ninguna consecuencia, y de este modo se terminó por entonces aquella revolución preparatoria, disimulando los unos su humillación, gloriándose los otros de una victoria insignificante y permaneciendo las cosas en el mismo estado y los ánimos más dispuestos a entrar en nuevas empresas.

En el Estado de Durango continuaba la anarquía pacífica. No acertaban a avenirse ni se podía conseguir que se intalase el Congreso constitucional. Afortunadamente no había combates ni batallas, pero las transacciones civiles estaban paralizadas, los tribunales de justicia en inacción y las autoridades todas como suspensas.

El gobernador, don José Baca Ortiz, procuraba mantener el orden en medio de este laberinto, y es justo decir que a sus cuidados y solicitudes se debió en mucha parte la tranquilidad de que se disfrutaba, aunque más que todo a la no intervención de las autoridades militares, que se mantenían puramente pasivas. Obsérvese que cuando se abandona al pueblo solo el cuidado de gobernarse y a los ciudadanos desarmados el de terminar sus transacciones, debates políticos y discusiones, nada hay que temer. Pero que cuando intervienen las bayonetas y las facciones armadas bajo una disciplina, la sangre de los ciudadanos corre y la esclavitud es el término.

Por el mes de agosto de este año, la legislatura del Estado de México promovió la primera la cuestión de expulsión de españoles del territorio del Estado. Hemos visto anteriormente que el partido yorkino preparaba este golpe y procuraba generalizar en los Estados la opinión de la necesidad de esta providencia para la seguridad de la libertad e independencia nacional. Hemos visto también cuánto ayudó a este proyecto la conspiración descubierta del padre Arenas, ramificada en Puebla, Oaxaca y Jamiltepec, y el vuelo que se le procuró dar con la prisión de los generales Echávarri, Negrete y Arana.

Gobernador del Estado de México, recibía yo diariamente denuncias de que los españoles de Cuernavaca, Cuautla de Amilpas y Llanos de Apam reunían armas y se preparaban a la reacción general que debía haber para destruir las autoridades nacionales y levantar sobre sus ruinas el dominio odioso de los peninsulares y de Fernando VII. Esto mismo hacían y decían al presidente don Guadalupe Victoria, y doy testimonio de estos hechos como testigo ocular y uno de los principales actores en los acontecimientos que refiero.

Todas eran ficciones de partido, en las que no me remuerde la conciencia haber tomado parte sino para oponerme a las demasías, y puedo decir con certeza haberlas algunas veces desvanecido y rechazado. Pero ¿quién podía desimpresionar al vulgo fácil en creer lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo dudoso? ¿Cómo podía desvanecerse la opinión de que los españoles residentes en el país trabajaban por restablecer su dominación, cuando se les había visto constantemente hacer todos los sacrificios posibles en las épocas anteriores en favor de la misma causa? Ninguno podía creer que en efecto estuviesen satisfechos con el cambio de orden de cosas y de sistema. Mas muy grande es la distancia entre el descontento y la conspiración, entre los deseos y la ejecución. ¿Era justo castigarlos por sus intenciones e imponer penas por malos pensamientos?

Aunque uno de los principales directores entre los yorkinos, me opuse a los proyectos de expulsión, y circulé a las legislaturas de los Estados Unidos Mexicanos una manifestación contra esta medida, por la que en mi opinión se faltaba a las promesas hechas en el Plan de Iguala, a los pactos del Tratado de Córdoba y a las garantías ofrecidas en la Constitución a todos los ciudadanos mexicanos. Se cometía un acto de injusticia contra una clase de habitantes imponiendo penas graves sin causa. Se proscribía una porción de familias inocentes. Se castigaba en cada español padre de familia cinco o seis mexicanos. Se destruían muchas fortunas, se extraían otras del territorio y se empobrecía el país en muchos millones de pesos, en población y brazos útiles e industriosos. Pero ¿qué puede la débil voz de la razón contra el torrente de las facciones? La derogación del edicto de Nantes por fanatismo religioso; la expulsión de los moriscos y judíos de España por espíritu de intolerancia y odio heredado contra los conquistadores del país; las persecuciones contra los puritanos y después contra los católicos en Inglaterra: todos esos excesos cometidos contra ciertas clases de personas por motivos políticos o de religión, si no justifican, disminuyen al menos a la vista de las naciones una falta en que incurrieron los pueblos más civilizados.

¿Quién creería que mi circular fuera el principio de mis grandes desgracias y persecuciones? La gran logia me llamó a su seno para hacerme cargos severos acerca de que sostenía a los españoles, mientras que éstos me hacían personalmente una guerra perpetua y no omitían medios de perjudicarme. Yo contesté a los que así me reconvenían que no podía entrar en ligas ni partidos en que se intentaba una injusticia; que no hay libertad en donde no se respetan los principios, y que en mi opinión era un crimen que no quedaría impune el proscribir tantas familias y derramar la desolación en las casas de tantos mexicanos.

Sostenían la expulsión en la Cámara de diputados don José María Tornel, don Juan Tamés, don Ramón Pacheco, don José Manuel Herrera, don Anastasio Cerecero, don Isidro Rafael Gondra y otros de que ahora no tengo memoria. En el Senado, don José Sixto Verduzco, don Juan Nepomuceno Acosta, don J. N. Rosains, don Demetrio del Castillo. Contra la expulsión se pronunciaron con energía y calor en la Cámara de representantes don Andrés y don Matías Quintana, don Manuel C. Rejón, don Cayetano Portugal, don Fernando del Valle, don José Ignacio Espinosa, don Juan de Dios Cañedo; en la de senadores, don Francisco Molinos del Campo, don Ignacio Paz, don Francisco Tarrazo y otros.

Era un esfuerzo de filosofía y civismo hacer frente a la multitud y contrarrestar una opinión pública facticia expresada con amenazas y furor.

En enero de 1824 había ocurrido una asonada en México pidiendo la separación de los españoles de sus destinos, como recordarán los lectores; en 3 de agosto de 1827, el Congreso de la Unión dió una ley, cumpliendo con los deseos que constantemente habían manifestado los pueblos, de que se tomase esta medida que llamaban salvadora. Los españoles fueron separados de todo servicio activo, quedando con los sueldos que correspondían a sus destinos, entrando a desempeñarlos aquellos que les eran inmediatos en la escala, sin por eso obtener mayor sueldo. Esta medida parecía deber contentar a los que la reclamaban y quitaba todo pretexto de influencia y abuso que pudiesen hacer los peninsulares en sus destinos. Pero los partidos son insaciables en sus pretensiones, y cuando alcanzan una concesión aspiran a conseguir otra. La noche del 11 de diciembre, el teniente coronel don Manuel González, uno de los más crueles partidarios entre los antiguos insurgentes, se puso a la cabeza de dos mil hombres en el pueblo de Ajusco, a seis leguas de México, y formó un plan de expulsión de españoles, protestando no dejar las armas de la mano hasta que no saliesen de la República. Esta resolución la comunicó por una nota que pasó a don Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado, residente en la ciudad de Tlalpam (San Agustín de las Cuevas), dos leguas de distancia del pueblo de Ajusco en que estaba González con su fuerza.

Tlalpam es una población de menos de tres mil almas, la mayor parte de indígenas, que salieron a unirse a los revoltosos. Estos estaban irritados contra Zavala porque sabían la oposición vigorosa que hacía a que se tomase aquella medida; de veintiún diputados de que se componía la legislatura del Estado, once habían provocado la ley de expulsión: el vicegobernador del mismo, don Manuel Reyes Veramendi, era uno de los más fuertes y acalorados propugnadores de la expulsión, y el gobernador tenía motivos muy fundados para creer que la asonada de Ajusco era obra de Reyes y de algunos diputados del Estado. Esta era la triste situación en que se hallaba don Lorenzo de Zavala, amenazado por hombres que habían dado en otros tiempos testimonios de ferocidad, comprometido por una mayoría de la legislatura y sin ningún recurso por lo pronto. Al mismo tiempo el teniente coronel Espinosa levantó en los llanos de Apam quinientos hombres de caballería para responder al mismo intento, y se preparaba en todo el Estado de México un movimiento en este sentido. Don Pascual Muñiz y don Ramón Parrés hicieron otro tanto con dos mil hombres en el valle de Toluca, y los del Sur en Acapulco, bajo las órdenes del general Mon. tes de Oca y coronel Alvarez. El 1° de octubre dió la legislatura del Estado de México el decreto de 'expulsión de todos los españoles del territorio de aquel Estado, haciendo excepción de los física y moralmente imposibilitados a salir, y auxiliando con cierta suma a los que no tuvieran los medios de verificarlo. El más vehemente promovedor de este bárbaro decreto era don Epigmenio de la Piedra, cura de Yautepec, partidario en otro tiempo del gobierno español. Pero estaban en contra de la medida otros eclesiásticos moderados, y eran los señores Lope de Vergara, Caraalmuro y Castorena. La mayoría dió la ley y el gobernador no pudo hacer observaciones, porque teniendo al Consejo de Estado, presidido por el vicegobernador, en contra, y bastando la mayoría de la legislatura para que una ley se publique y obligue su sanción, su oposición hubiera sido inútil y quizá habría aumentado la irritación que ya se manifestaba lo bastante.

En el Estado de México residían los españoles más ricos de la República, y las fincas valiosas que les pertenecían comenzaron a decaer. Aun tenían el recurso de pasar a habitar al Distrito Federal, que es la ciudad de México, sin poder entrar en el territorio del Estado, que rodea aquella pequeña área. Entre los españoles que había en el Estado se hallaban los que en el año anterior habían entregado el navío Asia y el bergantín Constante a la República Mexicana. ¿Qué injusticia más notoria que hacer salir a estos hombres, que no solamente habían venido a buscar hospitalidad, sino que hicieron traición a su gobierno para hacer un gran servicio al que ahora los arrojaba de su seno?

Nada hay más ciego y temible que los partidos en acción. Son ingratos, son injustos, son crueles, son sanguinarios, y los excesos de las masas son más terribles que los de los tiranos, porque siendo el resultado de las pasiones de muchos individuos y de diversos intereses, la explosión es más violenta. Felizmente son de poca duración, en vez de que los efectos del despotismo organizado no tienen ni término ni límite.

Los tumultos de Ajusco, Apam, Toluca y Acapulco eran un funesto ejemplo para toda la República; el gobernador Zavala ocurrió al presidente Victoria y le hizo presente su situación apurada y lo peligroso que era dejar crecer aquellos desórdenes. El ministro Pedraza no tomaba ninguna providencia para oponer una fuerza organizada a esas masas informes de hombres armados en tumulto y desorden, que no se podía prever hasta dónde llegarían sus pretensiones. El general Guerrero pasó a Tlampam a procurar, en unión de Zavala, disolver esos cuerpos de gentes que corrían de un punto a otro arrojando a los españoles de sus casas, y que, aunque por entonces no cometían desórdenes sobre las propiedades de los ciudadanos, echaban mano de las rentas del Estado en las administraciones. Se dijo a los jefes o cabezas que el Congreso general tomaría aquella materia en consideración y su resolución sería llevada a efecto; pero que las peticiones con la fuerza armada tenían todo el carácter de la violencia y llevaban consigo la nota de nulidad.

Consiguieron estos dos individuos que se disolviesen aquellas masas en Ajusco y Toluca y que todos se retiraran a sus casas esperando la decisión del Congreso general. Mas permanecieron armados Acapulco y Apam. En las cámaras de la Unión se discutió la cuestión con mucho calor por ambos partidos. Los escoceses y los imparciales sostenían -fundados en principios de justicia, de conveniencia y de razón- que el Congreso general no tenía facultad para dar una ley en que se imponía una pena tan grave como el destierro a una considerable porción de ciudadanos mexicanos, como eran los españoles avecindados en el país después de muchos años, con hijos, esposas, familias numerosas y bienes adquiridos legalmente. Los españoles habían venido a establecerse cuando aquel país era parte de la monarquía española; habían adquirido, o mejor dicho, conservado sus derechos civiles y políticos, y con el Plan de Iguala se había estipulado que permanecerían como los demás mexicanos. Entraron en la nueva sociedad formada en 1821; como los hijos del país, contribuyeron a la independencia, unos activamente con sus caudales, otros con sus servicios como militares; continuaron en los destinos de la mayor confianza, y no se había advertido que faltasen a sus deberes; pues si unos cuantos traidores a sus juramentos habían proclamado la ruina de las instituciones o cooperado para el restablecimiento del sistema colonial, en lo general no se notaba el mismo espíritu.

Los yorkinos, hablando a las pasiones y a la imaginación, exponían: Que los españoles no habían cesado de conspirar contra la independencia nacional desde que pasado el primer momento de sorpresa habían vuelto a sus antiguas esperanzas. Recordaban los sucesos de Juchi y Toluca, cuando las tropas expedicionarias intentaron en abril de 1822 restablecer la dependencia; pintaban con los más fuertes coloridos las escenas sangrientas de la pasada revolución; invocaban los manes de las víctimas ilustres sacrificadas por las manos de los españoles que disfrutaban tranquilos, en el seno de la nación que habían despedazado, de las riquezas que habían usurpado en las guerras civiles. Yo no voy a la ciudad -decía uno de los exaltados- por no ver al asesino de mis padres. Las familias arruinadas, las viudas y huérfanos que pedían venganza, y la justicia nacional hollada, a la que se debía una reparación correspondiente a la grandeza de los males. Muchos oradores remontaban hasta Hernando Cortés, y se constituían defensores de los manes de Guatimotzín y Moctezuma. Pero el proyecto horrendo de la última conspiración, ese atentado en que era imposible, según decían, que no fuese el resultado de combinaciones profundas y de una complicidad general, era suficiente causa para que el Congreso, acordándose de que la salud del pueblo es la suprema ley, decretase la general expulsión de los españoles.

La exaltación era extraordinaria, y el presidente Victoria nada hacía para contenerla. El general Guerrero influía cuanto podía para que se diese la ley de expulsión; Pedraza hacía otro tanto, aunque con menos franqueza; y en medio de tantos clamores, Zavala era el único que entre los del partido yorkino se atrevía a oponer su voz contra aquel grito de ostracismo general. He referido lo que contestó a los cargos que se le hicieron en las logias; oigamos ahora lo que decía a la legislatura del Estado cuando abrió sus sesiones extraordinarias, en el discurso de apertura:

Sucesos sumamente desagradables y de funesta trascendencia han obligado al gobierno y diputación permanente a reuniros antes de la época que se había pensado. Al acudir a buscar remedios a los males que afligen al Estado os encontráis con una fuerza armada dentro del mismo, que, lejos de proponerse sostener las leyes, intenta darlas a las legislaturas de la Unión y obligaros a ser el conducto de sus peticiones; y como los cuerpos legislativos sin libertad son considerados en el derecho común como no existentes, parece que el acto solemne de dar principio a vuestras augustas funciones debería al mismo tiempo ser el de cerrarlas. Sin embargo, la presunción de que el exaltado entusiasmo de los armados cederá a la presencia de sus legisladores, y la de que las medidas que éstos tomarán con el tino y prudencia de que han dado pruebas bastarán para calmarlos, da esperanzas al ejecutivo, de que no será infructuosa esta convocación anticipada. Con el dolor más profundo os anuncio que muchas personas cuya principal obligación es la de mantener el orden y el respeto religioso a las leyes, si no han tomado parte directamente en estos movimientos, mucho menos han empleado su influencia, autoridad ni recursos para comprimirlos. No está quizá remoto el tiempo en que el ejecutivo descorrerá el velo que cubre misterios de iniquidad; y vosotros, legisladores, aplicaréis la mano fuerte a curar los males que afligen a la patria. Por ahora se necesitan leyes represivas que restituyan la paz y la confianza, que nacen de la persuasión en que deben estar los ciudadanos de su seguridad; bienes todos que son el fin de las asociaciones políticas, cualquiera que sea su denominación. Los pretextos de los movimientos tumultuarios han perdido su magia después que los congresos de los Estados y el de la Unión han tomado ya conocimiento de sus causas y consecuencias. Los ciudadanos tienen siempre expedito su derecho de petición; pero las reuniones con las armas en la mano y en actitud hostil, imponiendo condiciones a los poderes y autoridades, son el oprobio del nombre mexicano, el mayor insulto a su civilización y la amenaza más terrible a las libertades y a las instituciones republicanas.

Así hablaba don Lorenzo de Zavala a la legislatura del Estado de México en diciembre de 1827, cuando por varios puntos del mismo Estado y de la República se pronunciaban con fuerza armada por la expulsión de los españoles: Los diputados Del Río, Portilla y Piedra, y el vicegobernador Reyes Veramendi, habían cooperado a los movimientos tumultuarios, y éstos eran los misterios de iniquidad a que hacía alusión en su discurso.

El Congreso general, movido por los agitadores, dió el primer decreto de expulsión de los españoles del territorio de la República en 20 de diciembre de este mismo año. Las hijas, las esposas, las familias de los expulsados corrían de uno a otro punto implorando la clemencia de los legisladores. Hicieron exposiciones enérgicas, pidieron al presidente Victoria apoyo en sus infortunios; pero no encontraban quien escuchase sus reclamos, y apenas puede creerse cómo el corazón de los mexicanos, tan noble, tan generoso, tan compasivo, resistía al espectáculo que presentaban estas familias desoladas que reclamaban un derecho como se pide una gracia, que exponían sus desgracias y no inspiraban compasión, que manifestaban sus hijos pequeños, la miseria y abandono en que iban a quedar, o la obligación de seguir la suerte de un padre desventurado en países desconocidos, y no hacían revocar una resolución tan bárbara. ¡Tanto el espíritu de facciones desvirtúa el verdadero carácter del hombre y sustituye a la razón los efectos de las pasiones!

Mientras este fermento agitaba los espíritus, armaba las pasiones y ponía en movimiento los intereses, las causas contra los acusados de conspiración continuaban su curso. Fueron sentenciados a pena capital los religiosos Martínez Méndez y Arenas, don Manuel Segura y otro paisano llamado David, cuyas sentencias se ejecutaron en la capital de México. En Oaxaca se verificó lo mismo con otros, y posteriormente, esto es, en 1829, en Puebla; habiendo sido agraciados algunos de la pena capital por el Presidente de la República don Vicente Guerrero, en virtud de facultades que entonces tenía. Los generales Negrete y Echávarri eran trasladados de unos a otros puntos, manteniéndolos en continua alarma sin poderles probar ninguna cosa. Afortunadamente para ellos y para la causa de la justicia no aparecía ningún indicio que pudiese ofrecer un pretexto a esos miserables que hacen su carrera sobre las persecuciones de los hombres notables. Su inocencia era tan palpable, y sus defensores hacían valer sus razones con tanta evidencia, que no era posible resistir por más tiempo a las pruebas que presentaban. El tribunal los declaró inocentes y era necesario ponerlos en libertad. Mas se había dado ya la ley de expulsión de españoles, y el gobierno, aprovechándose de esta coyuntura, los hizo salir de la República después de haber sufrido un año de prisiones e incomodidades. No sucedió lo mismo con el general Arana. Fue sentenciado a pena capital, aunque según el juicio de abogados imparciales e ilustrados la causa no prestaba mérito para esta pena. Al licenciado don José María Bocanegra, asesor de la causa, toca el justificarse ante la posteridad de este hecho grave; pues no sólo se trata de la vida de un hombre, sino de apreciar si un tribunal de la nación mexicana, compuesto de militares y dirigido por un abogado que ha obtenido los primeros empleos, cometió o no un asesinato jurídico.

A mediados de este año de 1827, para contraponer los escoceses un partido nuevo al yorkino que los había abrumado, formaron una sociedad llamada de los novenarios. Parece que para facilitar prosélitos, cada uno de los miembros de su gran consistorio debía catequizar nueve individuos, que debían tener otros nueve, y así multiplicarse indefinidamente, poniéndose todos a disposición de los grandes directores, entre los cuales estaban Bravo, Tagle, y no sé si don Francisco Molinos del Campo, aunque evidentemente era de este partido. Crearon un periódico semanal titulado El Observador, dirigido por el doctor don José María Mora, don Francisco Molinos del Campo, don Manuel Crescencio Rejón y don Francisco Sánchez de Tagle. Este es uno de los periódicos de partido que han merecido alguna reputación, por el estilo con que estaba escrito y las materias de que se ocupaba. Aunque no estaba exento de personalidades, atacó con vigor y fuerza de raciocinio los abusos del partido popular y expuso con más claridad los derechos hollados por los excesos de las facciones.

La razón tiene un imperio tal sobre el hombre, que aunque en ciertas circunstancias su voz sea menospreciada, el remordimiento al fin triunfa entre el tumulto de las pasiones, y ningún servicio es más útil a la causa de la humanidad que el de los hombres ilustrados y filósofos, que en medio de las persecuciones que aborta la anarquía o el despotismo hacen valer los derechos de la especie humana. Pero los esfuerzos de estos escritores son ineficaces cuando el espíritu de partido se mezcla en su conducta, y entonces algunas frases de sus discursos dan motivo a pensar que no el bien general, sino alguna mira particular dirige la pluma del escritor.

Ved aquí el escollo que debe evitar todo el que se proponga servir a la causa de la justicia y de la razón, ultrajada por los excesos de las facciones. El Observador era el eco de un partido y procuraba cubrir su objeto verdadero, que era el triunfo de éste sobre el otro, embelleciendo algunas veces con materias de literatura, prestando otras el tono de la sátira contra el vicio, revistiéndose quizá del saco austero de la moral, reclamando siempre los derechos sociales del ciudadano, pero trabajando sin cesar al fin por las ventajas de un partido y procurando destruir el otro. Además, cuando los escritores no tienen el fondo suficiente de saber e instrucción, al fin se degenera en la declamación, o en esa fraseología tan insignificante como insufrible, triste fruto y efecto inevitable de la educación de periódicos que es por desgracia la de muchos escritores en los nuevos Estados. Esto sucedió con El Observador.

Los escoceses, que veían inútiles sus esfuerzos para sobreponerse a sus adversarios por las vías legales y tranquilas de las elecciones populares, formaron, por último, la desesperada resolución de tomar las armas y la de destruir las instituciones y arrojar las autoridades para colocarse al frente de los negocios y dirigir la República.

Su nueva sociedad se había extendido en los Estados de Veracruz, Puebla y Guanajuato. No eran muchos sus prosélitos, pero había entre ellos varias personas ricas. Los españoles fueron también de este partido, y ellos los que suministraron sumas considerables para hacer la revolución. Adviértase que esta rebelión a mano armada nada tenía de común con esas asonadas tumultuosas en que, reunidos algunos centenares de hombres mal armados y sin ninguna disciplina, todo se hacía por impulsos del momento. Aquí se verá que había general en jefe, estado mayor, tesorería, en fin, todo cuanto constituye una fuerza organizada. El movimiento comenzó de esta manera:

Mientras el teniente coronel don Pedro Espinosa, de quien he hablado poco antes, vagaba con doscientos hombres por los llanos de Apam hasta Pachuca, se publicó en diciembre, bajo el nombre de un administrador de la hacienda de don Ignacio Adalid, llamado don Manuel Montaño, un plan que comprendía cuatro artículos:

1° Expulsión de españoles.

2° Salida de Mr. Poinsett, ministro de los Estados Unidos, de la República.

3° Extinción de sociedades secretas.

4° Remoción de don Manuel Gómez Pedraza del ministerio de la Guerra.

Este plan corrió impreso en México suscrito por Montaño, y todos sabían que Montaño era una persona insignificante, un testaferro, y que otros eran los que lo sostendrían. No tardó mucho en descubrirse quiénes eran los verdaderos autores y sostenedores del Plan de Montaño, pues el día siguiente comenzaron a salir de México con dirección al pueblo de Tulancingo los generales Bravo y Verdejo, los coroneles Correa, Gutiérrez, Tres Palacios, Castro, Alvaro Muñoz y otros muchos oficiales del partido escocés o novenario. Don Antonio Facio se ocultó por muchos días, y ni el gobierno ni los de su partido sabían en dónde se había refugiado. En el Estado de San Luis Potosí el general don Gabriel Armijo, y en el de Veracruz el general Barragán, correspondieron al mismo grito de alarma adoptando el Plan. Se decía que los generales Morán, Santa Anna, Terán y Hernández estaban igualmente comprometidos. La verdad histórica no puede descansar sobre voces vagas y aserciones, sin más prueba que la presunción que nace de las opiniones que profesan los individuos. Terán, Hernández y Morán no hicieron ningún movimiento; este último recibió en su casa a los conspiradores. El primero no es hombre que osa aventurar mucho en tales casos, aunque no deja de comprometer a los demás. Santa Anna había venido a pretexto de una feria a Zacatlán de las Manzanas, en las cercanías de Apam; esto es, del teatro de los sucesos. Lo veremos luego obrar contra los rebeldes. Lo que sí es incontestable fue que muchas cantidades en oro se suministraron por los españoles y que no omitieron ningún paso para que se lograse el golpe.

Don Manuel Gómez Pedraza desplegó en aquellas circunstancias una actividad que suplía muy bien la indolencia del presidente Victoria. Don Nicolás Bravo, vicepresidente de la República, general de división, antiguo patriota, colocado al frente de una facción armada para pedir la remoción de un secretario del despacho y que se diese pasaporte al ministro de una nación amiga, vecina y poderosa, prestaba motivos para hacer reflexiones muy melancólicas acerca del porvenir de la República. ¿Qué estado de cosas es éste en que la segunda persona de la nación se arma contra el gobierno legítimo para exigir de él a la fuerza lo que se le antoja pedir?

Lo más raro era que el Plan en que se exigía la extinción de las sociedades secretas había sido formado en la de los novenarios, que se reunían en casa de don Nicolás Bravo, calle de la Perpetua. Además del atentado que se cometía en pedir con las armas en la mano una providencia cualquiera, el delito se hace mayor si se considera que siendo atribución constitucional del Presidente de la República nombrar los secretarios del despacho se atacaba una de las principales facultades de este magistrado con semejante demanda. De manera que en este acto de rebelión se atropellaban todas las leyes, formando un motín militar contra las autoridades establecidas; se comprometía la paz exterior de la República atentando contra la persona del ministro de una nación vecina y respetable; se atacaba un derecho constitucional del presidente, a quien toca separar libremente los secretarios del gobierno, y se cometía un acto de mala fe pidiendo la extinción de sociedades secretas cuando todos estos proyectos emanaban de una sociedad secreta. Todo llevaba el carácter de la perfidia, de la felonía y de la traición. El artículo 1°, que pedía la expulsión de españoles, sólo era para cubrir los proyectos de subversión que existían. No se necesita más prueba que la de que los españoles hacían todos los gastos de esta conspiración y que los corifeos de ella eran sus más celosos partidarios.

El general don Vicente Guerrero fue nombrado por el gobierno para salir a atacar a los rebeldes, que hicieron su cuartel general en Tulancingo. Este es un pueblo distante veinticinco leguas de la capital federal, en el Estado de México, de diez a doce mil habitantes, situado al pie de una colina que podía protegerlo de un primer ataque con gruesa artillería, pero que no es punto fortificable. Los rebeldes no habían tenido tiempo para prepararse a la defensa, pues que entre la salida y la derrota no mediaron ni quince días. Guerrero partió casi al mismo tiempo que Bravo, y llevaba al menos tres mil hombres cuando Bravo no tenía ni quinientos. Parecía natural que Bravo evitase todo encuentro con el enemigo mientras que los conspiradores de los otros puntos comenzaban a distraer la atención del gobierno, en vez de que exponiéndose a una derrota se ahogaba en su cuna la revolución. Aunque Guerrero contaba con mayor número de tropas, con todos los recursos del gobierno y con la gritería del partido democrático, la facción de Bravo no dejaba de ser temible. Ninguno dudaba que algunos generales de opinión estaban en el secreto de la conspiración y que tomarían parte conforme fuese presentando la causa probabilidades de buen éxito. Pero don Nicolás Bravo no tenía ni el genio ni la capacidad conveniente para dirigir una empresa tan difícil como arriesgada. Creyó que encerrándose en Tulancingo daría tiempo a los comprometidos en la capital y los Estados a pronunciarse en el mismo sentido, y que el gobierno, amenazado por varios puntos, haría retirar las tropas que se destinasen a sitiarlo, para proveer a la seguridad de la capital. Su cálculo fue errado, y los resultados funestos para Bravo y su facción. Tulancingo fue atacado el 6 de enero de 1828, y después de una muy débil resistencia, en que el número de muertos no pasó de cinco o seis y el de heridos de otros tantos, fueron hechos prisioneros todos los jefes de la rebelión. El general don Antonio López de Santa Anna, que había ido al campo del general Guerrero, sirvió activamente en esta acción contra los facciosos, aunque evidentemente éstos contaban con su cooperación. Los generales Barragán y Armijo corrieron la misma suerte que Bravo y Verdejo. Barragán había salido huyendo de Jalapa, y en vez de dirigirse a Veracruz, al castillo de Ulúa o a otro punto fortificable, se refugió en una hacienda con unos cuantos nacionales, en donde fue hecho prisionero sin resistencia. Se le condujo a México a ser juzgado por los tribunales que establecen las leyes.

Al ver obrar así a estos generales se formará el lector una idea muy triste de sus talentos. Tal fue el término de la famosa Conspiración llamada de Tulancingo o de Montaño, formada tan fuera de tiempo como mal dirigida por una de las facciones que han despedazado la República Mexicana. El mayor error de los hombres de revolución consiste en no conocer la oportunidad de los proyectos que emprenden. El pueblo, o al menos una grande mayoría, estaba infatuada con las promesas populares de los yorkinos, que habían echado mano del pretexto que parecía más nacional, y era el de acabar de sacudir el yugo de los gachupines, como ellos se explicaban. Trescientos mil criollos querían entrar a ocupar el lugar que tuvieron por trescientos años setenta mil españoles, y la facción yorkina, que tenía esta tendencia en toda su extensión, halagando las esperanzas y los deseos de la muchedumbre, era un torrente que no podía resistir la facción escocesa, compuesta de los pocos españoles que habían quedado y de los criollos que participaban de sus riquezas y deseaban un gobierno menos popular. En la acción, o más bien inacción -pero derrota-, de Tulancingo, las bolsas de los prisioneros estaban llenas de onzas de oro que los españoles habían repartido con profusión. Este es un hecho incontestable. Pero ¿podía haber mayor absurdo que constituirse agentes armados de los españoles residentes en el país, haciendo una revolución en su favor, cuando en todos los estados masas armadas pedían su expulsión y las legislaturas la decretaban?

Después veremos caer a los yorkinos por su propio peso, por sus extravíos, por sus desórdenes, y cuando ya no podían entenderse entre sí. La masa de la población que no toma parte en esas intrigas y movimientos de los partidos; esa masa invisible que no habla, que no grita, que no alborota, pero que produce valores, que trabaja útilmente, que observa en silencio la marcha de los directores, se cansa de sufrir el yugo, los engaños, la perfidia de una facción, y poniéndose al lado de la otra, la hace triunfar de su contraria. Condenada a ser el juguete de ambas, al menos se venga alternativamente de la una por la otra y castiga de esta manera sus ambiciones.

Los prisioneros fueron conducidos a México para ser juzgados por los tribunales. Los generales Bravo y Barragán debían ser previamente juzgados ante una de las cámaras de la Unión, como jurado de acusación del vicepresidente de la República y de los gobernadores de los Estados. La discusión ante la Cámara de diputados, en donde se entabló la acusación, sólo sirvió para manifestar hasta dónde conduce el extravío de la razón en tiempo de facciones. Los diputados Tagle, Espinosa, Rejón y otros sostenían que no había lugar a formar causa a estos jefes de facción cogidos en una acción con las armas en la mano. No es extraño. Catilina se presentó en el Senado a ejercer las augustas funciones y a disputar con el cónsul que lo acusaba, al mismo tiempo que tenía a los facciosos, sus cómplices, a cinco leguas del Capitolio. Los diputados que habían conspirado con Bravo, ¿podían dejar de sostenerlo en la Cámara de que eran miembros? Yo no sé si Catilina hubiera tenido la audacia de hacer su defensa después de la derrota de Pistoya. Su muerte en la acción evitó quizá este nuevo escándalo a aquella República.

La mayoría de dos tercios declaró haber lugar al juicio, y las causas de estos dos generales pasaron a la Corte Suprema de Justicia, mientras los otros cómplices eran juzgados por los tribunales que designa la ley. Era grande el fermento que había en la República después de la derrota de los facciosos y su prisión. Los vencedores, especialmente los que por falta de ilustración no calculaban sobre los resultados funestos que producen las medidas de terror, pretendían que todos los principales jefes fuesen castigados con la pena capital. En realidad ésta es la que las leyes imponen a los que toman las armas contra su gobierno, y mucho más a los militares, contra los que en estos casos las Ordenanzas del ejército son sumamente rigurosas. ¿Pero se había de conducir al patíbulo a hombres que habían adquirido tantos títulos al aprecio de sus conciudadanos y a la gratitud nacional con sus anteriores servicios? ¿Había de derramarse la sangre de tres generales de división, entre los cuales estaba el vicepresidente de la República? Estas consideraciones eran de mucho peso, y el presidente Victoria y el general Guerrero, ambos antiguos compañeros y amigos de Bravo, ambos dotados de sentimientos dulces y humanos, juzgaron más oportuno buscar fuera de las leyes, y con la sanción de la Asamblea Nacional, un arbitrio para evitar la triste catástrofe de tantas víctimas, sin dejar por eso impune un atentado contra la legítima autoridad del Presidente de la República y un ataque tan escandaloso a la Constitución federal.

El gobierno propuso al Congreso general el destierro temporal, fuera del territorio de la República, de todos los facciosos cogidos con las armas en la mano o cuyo delito estuviese comprobado suficientemente. Esta medida fue adoptada; se prescribió el máximum de seis años; se dejó al juicio del presidente el lugar y el tiempo que se asignase a cada uno y la pensión que se le señalaba para mantenerse. Bravo y Barragán salieron, por el puerto de Acapulco para Guayaquil, aunque su destino era a Chile; Armijo quedó en la República, a pretexto de enfermedad, y algunos oficiales heridos en la acción permanecieron tranquilos sin que se les molestase.

Jamás hubo un triunfo más completo ni menos costoso. Pero ¡ah! Siempre es triste y de amargas consecuencias la victoria conseguida sobre conciudadanos. Las familias desamparadas, los odios reconcentrados, la alegría insultante de los vencedores, el despecho de los vencidos, los epítetos, la mofa, el escarnio a que quedan expuestos entre la canalla del partido triunfante, ulceran el corazón de los oprimidos y excitan la compasión, las simpatías y después la afección de las gentes imparciales, que no estando contaminadas de la epidemia de las facciones ni habiendo de consiguiente renunciado a esa inclinación tan natural al hombre de auxiliar al oprimido, corren al socorro de sus conciudadanos desgraciados y parece que toman parte en sus ideas. Indudable es que no se sacrificó una sola víctima, y que Bravo -que había hecho fusilar a don Eduardo García y al coronel Rosemberg en Tepic por haber sido cogidos, como él en esta vez, con las armas en la mano en acción contra el gobierno- no experimentó la misma suerte, aunque las leyes deben ser iguales para todos los ciudadanos en un país en que hay constituciones que arreglan y fijan los derechos sociales. Hago esta observación para llamar la atención de los lectores acerca del carácter de las personas que hacen papel en los anales mexicanos, porque los hechos dicen más que los discursos, que los testigos y que los testimonios siempre equívocos de los partidos. Posteriormente veremos cómo este mismo general, olvidando la clemencia usada con él, no endulza por eso sus costumbres ni humaniza su carácter.

No será quizá desagradable a los lectores ni ajeno del carácter de este Ensayo referir una curiosa anécdota de esta época. En el mes de diciembre de 1827, cuando salían los oficiales partidarios de la facción para formar su cuartel general en Tulancingo, el senador don Francisco Molinos del Campo partió igualmente de México, mientras Bravo y sus compañeros obraban por el Norte. El hecho no podía pasar de una presunción, fundada en la amistad íntima entre Molinos y Bravo, en las opiniones manifestadas por el primero y más que todo en la coincidencia de su salida de la capital al mismo tiempo que los facciosos. Salieron de México, para perseguir a Molinos, Zavala y el comisario general don Ignacio Martínez, comisionado por el presidente. Alcanzaron a Molinos cerca de Cuajimalpa, en compañía de un licenciado Quintero, igualmente partidario de los revoltosos. El primer encuentro fue desagradable entre personas de opiniones tan opuestas y en circunstancias tan críticas.

- Vea usted, señor Molinos -dijo Zavala-, el efecto de las revoluciones: un senador, antiguo compañero mío como usted lo es y ha sido, no puede entrar en el Estado que gobierno sin que yo me vea en la necesidad de lanzarlo de él inmediatamente.

- Cierto, mi amigo, ¡éstos son los efectos de las revoluciones! Y ¿cómo remediarlos?

- Ya no es tiempo. Quizá dentro de poco veremos derramar sangre mexicana por mexicanos.

- Este es mi dolor.

- Yo también lo siento indeciblemente.

- Pero ¿usted me lleva preso? -dijo Molinos.

- No, señor -replicó Zavala-: únicamente prohibo a usted en estos días entrar en el Estado de México.

- ¿Por qué?

- Porque existe en algunas partes de este Estado una revolución promovida por un partido al que se dice que usted pertenece.

- Yo no pertenezco a ningún partido.

- Usted ha escrito en el sentido del partido de que hablo, y esto es bastante.

- Yo he escrito con mis ideas y mi opinión.

- También yo tengo las mías, y ésta es una de ellas. Usted ha salido al mismo tiempo que muchos oficiales que van a levantar armas contra el gobierno constitucional, y la hora y la ocasión, todo hace creer que usted lleva un intento semejante.

Molinos fue conducido a México y el asunto no tuvo ninguna consecuencia.

Don Francisco Molinos, nacido en la provincia de Caracas y avecindado en México desde su tierna edad, ha servido al país con sus luces y conducta patriótica. Si pudiese desprenderse del espíritu de pedantería que algunas veces lleva hasta el ridículo, y de un sí es no es de vanidad y presunción, Molinos tendría más concepto entre los mexicanos. Padeció por la causa de la independencia, fue después diputado a las Cortes de España, como hemos visto; luego, gobernador del Distrito Federal y senador en las cámaras de la Unión. A Molinos sucedió en el gobierno del Distrito Federal don José María Tornel. Este ha hecho un papel muy subalterno en las revoluciones del país y, sin embargo, ha obtenido cargos elevados, más bien por servicios personales que públicos. Sirvió al presidente Victoria de secretario privado, y de aquí ha venido el principio de su carrera. Digo el principio de su carrera porque aunque era coronel graduado sin haber servido en el ejército nadie hablaba de él antes de su ingreso en la secretaría de Victoria ni se había hecho notable por ningún género de servicios. No se sabe nunca cuáles son sus opiniones, porque jamás toma un color permanente. Dolus an virtus quis in hoster requirat? Esta es la norma de su conducta y el principio de sus acciones, y como él califica al enemigo, jamás puede decirse cuándo juzga oportuno usar del dolo. Un carácter frívolo hace la parte más notable de este individuo. Acaba de darse un espectáculo en los Estados Unidos del Norte, adonde Guerrero, entre otras faltas, cometió la de enviarlo de ministro plenipotenciario. Parece, cuando habla, estar inspirado por algún espíritu extraño a sus propios sentimientos. La pintura más exacta que puede hacerse del carácter de este mexicano es la de que él mismo ha mandado imprimir certificaciones de los diferentes gobiernos en que sirvió y que se hicieron la guerra a muerte. El público perdona errores de opinión, extravíos del espíritu, pero nunca las infidelidades a la conciencia por seguir tras de la fortuna. El público conoce la diferencia que hay entre un hombre que renuncia a un error y el que sacrifica a sus intereses sus principios o afecciones, o que no teniendo ni unos ni otras finge tenerlas con los que triunfan. Estas reflexiones ocurren naturalmente cuando se pinta el carácter de un hombre tal como Tornel.

Antes de terminar este capítulo referiré brevemente dos hechos: uno es la expulsión que hizo sufrir don José María Tornel, siendo gobernador del distrito, a Mr. Lissautte, francés de nacimiento, naturalizado en los Estados Unidos Mexicanos, o al menos declarado ciudadano del Estado de Jalisco, en donde era director del Instituto y profesor de matemáticas nombrado por el gobierno del mismo Estado. Se había publicado un periódico titulado El Tribuno en la ciudad de Guadalajara, en el que se combatían con alguna exaltación las pretensiones del clero, y no se economizaba al ministerio, especialmente al secretario de Justicia Ramos Arizpe. Aunque no aparecía como redactor Mr. Lissautte, el gobierno general sospechaba que de su pluma salían los artículos más fuertes y más razonados. Esto bastó para que se librase una orden por la que Lissautte debía salir de la República. Refugióse en la ciudad de México bajo la protección del coronel Almonte, quien lo recomendó al gobernador del Estado de México, don Lorenzo de Zavala, pasando en consecuencia a Tlalpam, en donde éste se hallaba. Mientras se mantuvo en la casa de este magistrado estuvo con toda seguridad, y muchas veces concurría con Tornel y otros de sus perseguidores a la misma sociedad y en la mesa misma. Pero un día que tuvo necesidad de pasar al distrito a evacuar algunas diligencias, el jefe político Tornel echó mano de él y le hizo salir custodiado hasta el puerto de Veracruz, en donde se le embarcó para Nueva Orleáns. Después regresó este ilustrado extranjero en tiempo de Guerrero, y casado en el país, lo sirve con sus doctrinas y buenas costumbres, ocupando su destino en Guadalajara. Poco antes había procurado don Miguel Ramos Arizpe la expulsión de don Ginés Quintana, diputado que fue en las Cortes de España, emigrado después de la destrucción de las libertades en la península y siempre celoso defensor de la causa popular. Zavala lo había hecho juez de letras de la ciudad de Toluca, en donde, a pesar de su calidad de español, era respetado por sus luces, incorruptibilidad y buenas costumbres, y estimado por su sincero amor a la independencia y libertades nacionales. El origen de su desgracia fueron algunos artículos que publicó relativos a los abusos de la curia romana, en los que predicaba las doctrinas de los Villanuevas, Gersones y Van Spens. Esto fue bastante para aplicarle la ley de expulsión de españoles. Murió de vómito en Veracruz en 1828.

CAPITULO XII

El señor Salgado sale del ministerio de Hacienda. Entra el señor García. Permanece un mes. Los motivos de esta conducta. Esteva, propuesto para ocupar de nuevo esta plaza. Nuevas desgracias con su ingreso. Clasificación de créditos pasivos de la nación. Reconocimiento de la deuda. Esfuerzos inútiles para organizar este ramo. Entrada de Esteva al ministerio por segunda vez. Omisiones de don Francisco García. Cargos por su silencio. Medidas ruinosas adoptadas por Esteva para hacer los pagos necesarios. Pérdidas considerables del erario. Utilidades de los agiotistas. Suspensión de pagos de dividendos. Principio del crédito de don Manuel G. Pedraza. Origen de su partido. Reflexiones. Candidatos para la presidencia. Nuevas pinceladas sobre Guerrero. Pedraza. Su carrera r carácter. Divisiones entre los yorkinos. Sus causas. Los partidos ocupan las corporaciones. Los principales en ambos partidos. Gondra. Cerecero. Almonte. Don Juan de D. Cañedo. Espinosa de los Monteros. Diversos géneros de masonería. Pedracistas. Abusos de imprenta. Oferta hecha a Zavala para la vicepresidencia. Reflexiones. Medios adoptados para las elecciones. Influencia militar en ellas. Tropas en Tlalpam. Contestaciones entre el gobernador Zavala y los agentes del gobierno general. Predicción del gobernador del Estado de México sobre los funestos resultados de estas medidas. Intrigas de algunos diputados del Estado. Conducta hostil de siete de ellos contra el gobernador. Nota oficial del presidente de la legislatura. Reflexiones.

El señor Salgado, ministro de Hacienda, después de haber tomado, como hemos visto, con repugnancia aquella carga pesada y comprometida, manifestó con repetición al presidente que no podía continuar desempeñándola. La oportunidad que se le presentó de haber sido nombrado para una plaza de la Corte Suprema de Justicia, vacante por no haber tenido don Francisco Tarrazo, nombrado para ella, la edad que exige la ley, lo sacó de aquel destino, en el que no hizo nada positivamente de malo ni de bueno durante su permanencia de siete meses. Fue nombrado en su lugar don Francisco García, de quien ya he hablado. García aceptó con repugnancia y sólo permaneció un mes, en cuyo tiempo se dedicó a examinar el caos de la administración, y se retiró atónito a la vista de la imposibilidad de ponerle un remedio sin arrostrar grandes trabajos y grandes compromisos, teniendo quizá después el disgusto de retirarse sin conseguir el fruto de sus tareas. Entonces Esteva cantó un nuevo triunfo, fundado en que él solo podía dirigir aquel ministerio y que sólo él tenía el talento de encontrar recursos para cubrir las necesidades. Vamos ahora a verlo hacerse cargo de la dirección de la Hacienda y traer consigo una nueva calamidad, igualmente destructora de las rentas públicas que los préstamos que manejó y habían desaparecido.

Desde el mes de junio de 1824 se hizo una clasificación general de la deuda interior de la República, reconociéndose como legítima y sagrada tanto la que contrajeron los virreyes con arreglo a las leyes existentes como las obligaciones de los gobiernos insurgentes o de los generales declarados beneméritos de la patria. Este decreto acreditaba la buena fe de los representantes de la República Mexicana y daba un principio de existencia a su crédito. El autor de este Ensayo histórico, igualmente autor de aquel proyecto de decreto, propuso posteriormente otras medidas para la organización de las oficinas, creación de fondos de amortización e intereses y para la conversión en vales o papel circulante de toda la deuda interior, lo que hubiera dado mucha actividad al comercio y circulación interior. Obstáculos de diferentes géneros se opusieron a los progresos de un ramo desconocido en el país. De consiguiente, quedaron como un capital muerto y sin movimiento cerca de cincuenta millones de pesos fuertes, a que entonces se calculó ascendería toda la deuda interior. El valor de ésta en la plaza era puramente nominal, pues no tenía ninguna salida; pero cuando se trataba la cuestión del pago de intereses y organización de las oficinas de crédito público y creación de fondos para amortizarla, se éxperimentaba, como era natural, un pequeño movimiento que ponía en manos de los capitalistas ricos al 3, al 4 o 5 por ciento los créditos reconocidos o reconocibles que tenían las clases pobres en su poder. Don Bernardo González Angulo, diputado por Puebla, mexicano ilustrado y patriota, perfeccionó en 1826 el proyecto de clasificación y amortización de créditos, pago de intereses, creación de fondos, y entonces tuvo más probabilidad de buen éxito, aumentando de consiguiente la circulación de los documentos que acreditaban la deuda. La medida volvió a paralizarse y la deuda interior quedó en el mismo estado de descrédito, que fue aumentándose en proporción de que se olvidaba tratar de su consolidación y pago y de que las inquietudes del país aumentaban los obstáculos a las transacciones bursátiles y comerciales.

En el último tercio del año de 1827, por renuncia de don Francisco García, que desempeñó un mes el ministerio de Hacienda, fue llamado de nuevo don José Ignacio Esteva a ocupar este destino. Salgado había comenzado a experimentar la falta de recursos para cubrir los gastos ordinarios de la administración. García había vislumbrado las profundas llagas de que estaba plagado este ramo vital de la existencia del Estado; no se creyó suficiente para curarlo, y veía venir un cúmulo de males por la carencia absoluta de organización y de todo orden en las rentas. Había sido llamado al ministerio porque en la comisión de Hacienda, de que era miembro en el Senado, analizó con alguna escrupulosidad las memorias que presentaba Esteva y descubrió muchos de los errores de su administración. Creyeron todos que un hombre que se había dedicado a estudiar la marcha de los negocios con la constancia y acierto que manifestaba García en sus largos y luminosos dictámenes presentados al Senado pondría en claro las faltas y errores del ministro Esteva teniendo en sus manos los archivos y todos los documentos con la dirección de la secretaría. El presidente Victoria, dócil entonces a la opinión que se manifestaba por este nombramiento, ocurrió a los bancos de la oposición y llamó a García al gabinete. No puede entenderse cómo este individuo, entrando en el ministerio y permaneciendo un solo mes en él, no haya dado una explicación satisfactoria de conducta tan extraña. Algunos supusieron que habiéndolo llamado Victoria de mala gana, encontrándose en cada momento en contradicción con el presidente, no teniendo la calma o la filosofía necesaria para sufrir desaires, tuvo por más conveniente retirarse.

Siempre será un cargo para el señor García el no haber manifestado a la nación cuál era el estado de la Hacienda pública al separarse del ministerio, y los motivos que le obligaban a abandonar la empresa de reformar los abusos, y establecer un orden cualquiera, un sistema de administración que no existía. La retirada de don Francisco García hizo decir a los amigos de Esteva que a él solo estaba reservado manejar aquel ministerio, y los empleados y militares, que sólo recordaban que durante la administración de éste habían sido pagados religiosamente, sin entrar en el examen de si esto provenía de los préstamos extranjeros ni averiguar las causas que influían en la actual decadencia, suspiraban por el nuevo nombramiento de Esteva. La estupidez de algunos llegaba hasta compararlo con Nécker restablecido, bien que los editores de El Sol no dejaban de hacer sobre esto una rechifla justa y merecida. No podía Esteva cubrir las necesidades sin nuevos préstamos, y recurrió a la medida ruinosa que tengo anunciada. Propuso a las cámaras que se le autorizase para tomar sobre los derechos que se adeudasen en las aduanas marítimas dos terceras partes en numerario y Una en créditos reconocidos, con tal de que se anticipasen las sumas necesarias en dinero efectivo. Para que los lectores comprendan con más claridad este monstruoso proyecto, voy a poner a su vista dos ejemplos de los préstamos verificados en consecuencia de esta autorización, que consiguió Esteva en 21 de noviembre de 1827 por un mes, en 24 de diciembre del mismo año por seis y posteriormente cuantas veces lo propuso, modificándose siempre la ley como él quería.

En 18 de junio de 1828, don Manuel Lizardi hizo con el gobierno, en virtud de la autorización mencionada, el contrato siguiente:

235,247 ps. 3 rs. 3 gr. créditos antiguos a 85 por ciento . . . 199,960

125,002 ps. 1 rl. ll gr. créditos de tabaco a la par . . . 125,002

75,042 ps. 4rs 2 gr. en numerario . . . 75,042

Pesos . . . . . . 400,005

Tenemos en esta operación que el prestamista daba en metálico solamente la cantidad de 75,042 ps. 4 rs. 2 granos, para recibir sobre las aduanas de Veracruz, San Blas, Tamaulipas y las comisarías de Durango y Zacatecas la suma de 400,005 pesos en octavas partes; es decir, en cinco o seis meses a lo más. Veamos ahora el desembolso que hacía el prestamista. Los créditos antiguos o anteriores a la independencia, de que entregaba a 85 por ciento 335,247 ps. 3 rs. 3 gr., que con la reducción eran 133,960 ps. 1 rI. 11 gr., los compraba a 5 por ciento a lo más, y le costaban de consiguiente 11,762 35/100. Los créditos de tabaco, aunque no dice de qué época, suponiéndolos modernos, valían en la plaza un 50 por ciento, y compraba la suma de 125,002 ps. 1 rl. 11 gr., que entregó, por 62,501 2/7 (no hago cuenta de los granos por no hacer más complicada la operación). De manera que reunidas estas dos sumas a la que exhibió en numerario, resulta que hizo el desembolso de 149,206 pesos fuertes, para recibir la cantidad efectiva de 400,005 dentro de seis meses; y resulta también que la tesorería fue socorrida en esta vez por 75,042 pesos, para ser privada en el curso del año económico de 400,000 pesos de ingresos efectivos. Veamos otro ejemplo.

Don Angel González, en 23 de julio de 1828 hizo con el secretario de Hacienda don Ignacio Esteva la operación siguiente:

75,096 ps. 2 rs. 9 gr. créditos antiguos a 80 por ciento . . . 60,077

30,014 ps. 7 is. 11 gr. créditos al tabaco a la par . . . 30,014

35,000 ps. en numerario . . . 35,000

Pesos . . . . . . 125,092

Esta cantidad debía pagarse en las aduanas de Veracruz y Tamaulipas. Veamos cuánto costó a la Hacienda pública la adquisición de 35,000 pesos y cuánto desembolso hizo el prestamista para adquirir la suma de 125,092 pesos.

Los créditos antiguos, a razón de 5 por ciento en la cantidad de 75,096 pesos reducidos a 60,077, costaron al prestamista 3,704 pesos 80 céntimos. Los créditos del tabaco a 50 por ciento causaron el desembolso de 15,007 pesos 4 rs., y habiendo dado en numerario 35,000 pesos, le costó toda la negociación 53,711 pesos 4 rs., para percibir dentro de un año 125,092 pesos. Reflexiónese ahora cuánto perdería la nación hasta la suma de 3.737,065 pesos en que la empeñó don Ignacio Esteva sobre las aduanas marítimas, el único recurso, o al menos el principal con que cuenta la Unión para sus gastos ordinarios.

Los pagos de los dividendos de los préstamos de Londres se suspendieron desde entonces, lo que equivalía a un principio de bancarrota; pero el descrédito se aumentaba en proporción de las quiebras que experimentaba el erario con estos ruinosos contratos. Esteva pagaba de este modo los sueldos de los empleados y las dietas de los diputados, que era su principal cuidado. Se proponía, después de acabar de arruinar a la nación, ocupar un destino sin responsabilidad, retirado de los compromisos de los negocios y de los partidos.

Dejémoslo por ahora para entrar en la relación de sucesos más ruidosos, a que no contribuía poco este desorden en la administración.

La conspiración del padre Arenas terminó con el castigo de los culpados y de los que no lo eran, y procuró al ministro de la Guerra Pedraza una popularidad que amenazaba ya rivalizar la del general don Vicente Guerrero, ídolo de la plebe y corifeo entonces de los yorkinos. Aumentó mucho el crédito de Pedraza la actividad con que se manejó en el suceso de Tulancingo; y aunque Guerrero había sido el jefe de la expedición contra los facciosos, ningún general creía que este caudillo tuviese capacidad para dirigir grandes masas ni la suficiente instrucción para estar a la cabeza de la nación. La ambición que había preparado y dado impulso a la facción de Tulancingo debía tener otros representantes después de la desaparición de aquellos actores. Siempre el poder tiene candidatos, y siempre éstos, moviendo las pasiones de las clases y de los individuos, poniendo en choque los intereses y enfrente unos de otros a sus más osados partidarios, causan las conmociones de que hemos visto tan repetidos ejemplos en todos tiempos, y más que nunca en nuestros días.

Arrojados de la República por entonces Bravo y Barragán, que intentaron despojar del poder al legítimo presidente Victoria, se presentaron a la palestra Guerrero y Pedraza, no ya para hacer la guerra a un gobernante cuyo período constitucional expiraba, sino para disputarse entre sí la presidencia, a cuyo puesto debía ser llamado el sucesor de don Guadalupe Victoria en el mismo año de 1828 para entrar en 19 de abril de 1829.

Debía hacerse la elección de presidente y vicepresidente de la República en 19 de septiembre de 1828 por las legislaturas de los Estados, conforme a la Constitución federal, sobre cuya disposición he hecho anteriormente varias reflexiones con alguna extensión. Fueron anunciados, desde luego, como candidatos los generales don Vicente Guerrero y don Manuel Gómez Pedraza. Bastante se ha hablado del primero para darlo a conocer; añadiré, sin embargo, algunas pinceladas acerca de este personaje, cuyo fin trágico le ha hecho desaparecer para siempre del teatro político en que ha figurado más de lo que le convenía. Guerrero amaba la clase a que pertenecía, que era la de los indígenas, y al entrar en los primeros rangos de la sociedad no hizo lo que muchos de su clase, que hacen ostentación de desprendimiento y de menosprecio de la estirpe que les dió el ser. Esta inclinación, tan noble como natural, lo conducía regularmente al extremo de huir la sociedad de las gentes civilizadas, en la que no podía encontrar los atractivos en que los demás hombres educados en dulces y agradables frivolidades pasan el tiempo, ni en las sociedades en donde se tratasen cuestiones abstractas o materias políticas. Su amor propio se sentía humillado delante de las personas que podían advertir los defectos de su educación, los errores de su lenguaje y algunos modales rústicos. No obstante, dotado de una exquisita susceptibilidad, en los asuntos graves obraba con un impulso extraordinario y pasaba sobre sus defectos como sobre ascuas para manifestar sus opiniones y sus sentimientos. Mas como éste era para él un estado violento, volvía a su natural aislamiento luego que podía.

¡Ah, mi amigo! -me decía algunas veces en el campo, cuando andábamos solos-. ¡Cuánto mejor es esta soledad, este silencio, esta inocencia, que aquel tumulto de la capital y de los negocios!

Cuantas veces podía iba a almorzar o comer bajo de un árbol en la hacienda de los Portales, a dos leguas de México. ¿Cómo un hombre semejante ambicionó la presidencia, rodeada de tantos peligros?...

Don Manuel Gómez Pedraza, su competidor para la presidencia, fue un oficial de milicia del tiempo del gobierno colonial, que no conocía más que las Ordenanzas del ejército y la severidad de la disciplina. La regularidad de sus costumbres, sus modales mecánicos, Una fisonomía anómala, por decirlo así, su economía de palabras y las apariencias de estoicismo, le han hecho un personaje notable en una nación en que son raros semejantes caracteres. Es activo y laborioso; si tuviese genio e instrucción deberían esperarse algunos trabajos útiles de su aplicación. En cuanto a la moralidad de su carácter y la calificación de sus opiniones políticas, los lectores podrán pronunciar el fallo que resulta de los hechos que se refieren en esta historia. Los hechos darán testimonio de la verdad.

Del seno mismo de los yorkinos salió el germen de la división y de la nueva guerra civil. Los generales, con las excepciones que veremos; los coroneles, los eclesiásticos más notables, los grandes propietarios, todos los restos del partido vencido en Tulancingo; por último, las personas que con pretensiones de cultura y civilización abominaban la presidencia de un hombre que ni era blanco ni podía alternar en los círculos de la bella sociedad con el desembarazo y naturalidad que dan la educación y el hábito; las señoras de cierta clase, que no podían tolerar ni ver sin despecho y envidia ocupar un lugar distinguido entre ellas a una familia de color más obscuro: todo en fin, todo el resto de las antiguas preocupaciones y repugnancias por una clase de gente oprimida y despreciada, junto a que el candidato no podía suplir las faltas que se le notaban con la elevación del genio, la energía de carácter, ni alguna de esas cualidades brillantes que cubren los defectos, formó contra la elección de Guerrero un partido formidable entre la nueva aristocracia mexicana.

Los españoles vinieron también al auxilio del partido de Pedraza, y en esta vez igualmente emplearon todo su influjo y relaciones para que saliese electo con preferencia a su rival.

Las cámaras legislativas, así como las demás corporaciones, se dividieron entre los dos candidatos. En la de diputados se habían declarado abiertamente por el general Guerrero don Isidro Rafael Gondra, don Juan Nepomuceno Almonte, don Ignacio Basadre, don Anastasio Cerecero, don Manuel Herrera y otros menos notables. El primero de éstos es uno de los hombres que se han distinguido en esta época tempestuosa por sus talentos, modales dulces y agradables y una constante aplicación al trabajo y al estudio. El espíritu de partido sólo pudo haberlo arrastrado a ser uno de los más constantes sostenedores de la ley de expulsión de españoles. Don Anastasio Cerecero es el mismo de quien he hablado anteriormente como complicado en una conspiración ridícula que se intentó contra Iturbide, y que dió ocasión a este jefe para atropellar muchos diputados. Cerecero tiene un talento claro y facilidad para expresar sus conceptos, un valor civil superior al de todos sus conciudadanos y espíritu emprendedor. Pero ni la voz ni la conformación física han venido al auxilio de estas brillantes cualidades, que tampoco él ha procurado perfeccionar. Dotado de una alma sensible y apasionada, como la de Camille Desmoulins, hubiera cometido las mismas faltas en sus circunstancias. Como diputado mexicano, pidió la expulsión de españoles y socorría al mismo tiempo las familias de los emigrados. Don J. N. Almonte, hijo de un personaje ilustre, educado en el campo de batalla entre las filas de los patriotas desde 1810, e ilustrado con lecciones útiles en países extranjeros, profundamente impresionado de los males que vió sufrir a su patria de manos de los españoles, no ha podido borrar de la memoria sus pasadas atrocidades ni el gran crimen de haber sacrificado la heroica víctima a quien debió la vida y su educación cuidada. Aun veía en los españoles los perpetuos promovedores de las desgracias públicas. En Guerrero, el más respetable residuo de los antiguos patriotas. Los gobernadores de los Estados de México, Zavala; de Veracruz, Santa Anna; de San Luis, Romero; de Durango, Baca Ortiz; de Coahuila, Viezca; de Yucatán, López; de Michoacán, Salgado, eran igualmente adictos a Guerrero y deseaban que fuese electo presidente. Pero el ministerio se había declarado por Pedraza. Ocupaba el de Relaciones don Juan de Dios Cañedo y había pasado al de Justicia el señor Espinosa de los Monteros. Cañedo se declaró desde el año de 1826, siendo senador, contra las sociedades secretas, y hacía cuanto podía por conseguir una ley que las proscribiese con penas graves. En el fondo este ministro tenía razón, y muchos iniciados en los clubes pensaban como él, pero temían que se abusase de la credulidad de los unos para hacer triunfar a los otros. Cañedo obraba en esto de buena fe, y era consecuente a sus opiniones manifestadas en las Cortes de España cuando la discusión sobre reuniones populares. Un hombre de su instrucción y talento no necesitaba para brillar en la sociedad de esos adminículos que sirven por lo regular a las gentes sin mérito. Pero muchos habían subido por aquellos escalones y otros querían derribar a sus predecesores. Victoria había sido del Aguila Negra; Bravo y Barragán eran escoceses y novenarios; Pedraza lo había sido también; Michelena, Arizpe y Esteva habían pasado por todos los ritos; Guerrero, Zavala y los gobernadores citados más arriba eran yorkinos, a excepción de Santa Anna. Era la epidemia de la estación.

Formóse un partido de imparciales a que pertenecían Gómez Farías, Cañedo. Ramos Arizpe, el cura del Sagrario Posada y otros. Como este nuevo partido trabajaba por Pedraza, tenía por auxiliares a muchos yorkinos adictos a este ministro y a todos los escoceses, que detestaban el nombre y la persona de Guerrero. Ved aquí ya un partido formidable formado en un momento, aunque compuesto de elementos heterogéneos. Sólo Victoria parecía imparcial en este conflicto de opiniones y como aislado en este océano de pasiones encontradas.

Las imprentas vomitaban calumnias, injurias, apóstrofes indecentes. Ni la vida privada, ni las flaquezas domésticas, ni los miramientos debidos al bello sexo, ni el respeto que exige la benevolencia pública, nada se respetaba en los periódicos y papeles sueltos. Guerrero y Pedraza eran el objeto de los tiros y de la maledicencia entre los partidos beligerantes. Si se atendiese a antiguos servicios, al nombre histórico, a la popularidad, a la pureza de intenciones, ninguno debía vacilar en que Guerrero debía ser nombrado; pero si se consideraban las conveniencias sociales, las disposiciones morales, la energía y capacidad mental, era inconcusamente preferible Pedraza. Invitado don Lorenzo de Zavala para tomar este partido, y estimulado con la oferta de la vicepresidencia, tuvo una larga conferencia con un coronel, hoy general, que había sido comisionado a este efecto. El oficial exponía a Zavala la inconveniencia que resultaría de presentar como jefe de la nación mexicana un presidente que no pudiese arengar al cuerpo diplomático y demás corporaciones en días de ceremonia; que se rodearía de gentes imbéciles y que haría del capitolio mexicano una posada. Se hacía consistir el honor nacional en no tener un jefe tal como Guerrero.

Se acercaba el momento de las elecciones, y los espíritus se agitaban en diversos sentidos. Anónimos, ofertas, amenazas, súplicas, todo se empleaba desde la capital con los diputados de las legislaturas. Hubiera sido un paso de desprendimiento por parte de Pedraza separarse del ministerio de la Guerra, para no dar a entender que se empleaba la influencia que da esta plaza en una República de hábitos militares para reunir mayor número de votos, lo que en realidad sucedió. Pero lejos de hacer esto, empleó otro género de influencia, como vamos a verlo en los sucesos que siguieron.

En las visperas de las elecciones muchos agentes militares se habían esparcido por los Estados, y a la capital del de México, que lo era entonces el pueblo de Tlalpam, el comandante general don Vicente Filisola envió un destacamento de treinta dragones, a las órdenes de don Albino Pérez, partidario de Pedraza. El gobernador Zavala había pedido dos o tres meses antes alguna tropa de línea para perseguir unas partidas de ladrones -que, después de las últimas revoluciones de enero, infestaban las cercanías de Chalco. Pero no pudo conseguir dicha tropa entonces, así como tampoco anteriormente cuando se juntaron a gritar armados contra los españoles en Ajusco, Santiago Tianguistengo, Acapulco y Apam. La víspera de las elecciones de Presidente de la República fue la ocasión en que se creyó oportuno enviar el destacamento. Con este motivo decía Zavala en nota oficial al comandante militar Filisola en 30 de agosto, esto es, dos días antes de las elecciones: Ha llegado en la mañana de hoy una compañía de caballería del núm. 5, sin oficio ni comunicación de V. S. por escrito, y como me ha dicho su comandante, don Albino Pérez, que debe permanecer en esta ciudad, espero que V. S. me diga si trae algunas órdenes reservadas que no pueden comunicárseme, lo que tengo tanto mayor interés en conocer cuanto que hallándose el Estado de México, y especialmente su capital, en la mayor tranquilidad, y más que todo, debiéndose verificar las elecciones de presidente y vicepresidente de la República pasado mañana 19 de septiembre, es de mi obligación el investigar si V. S., o quizá el supremo gobierno general, tienen alguna razón particular para aumentar la fuerza armada en tales circunstancias, singularmente cuando se sabe que el señor ministro de la Guerra, bajo cuyas órdenes están todas las tropas del ejército permanente, es uno de los candidatos. Tengo tanta mayor razón en dar este paso cuanto que habiéndose en circunstancias apuradas negado el gobierno general a enviar tropa cuando se ha pedido, en el día, en que absolutamente no la creo conveniente, se haya manifestado un empeño decidido en aumentarla. Disimule V. S. el que suscite una cuestión cuya resolución la creo de la mayor importancia para la suerte futura de la República.

En la misma fecha dirigió Zavala al presidente don Guadalupe Victoria una carta en que le decía:

Tengo el mayor sentimiento en manifestar a usted que, abusándose del nombre del gobierno, se han situado en esta capital del Estado tropas del ejército permanente, cuando el principal cuidado de un gobierno libre debe ser el que sus elecciones se hagan con la mayor libertad posible. ¿Qué dirá la nación cuando sepa que el Congreso del Estado de México está obsediado por los soldados en el momento de la elección de presidente y vicepresidente de la República, y más cuando el ministro de la Guerra es uno de los candidatos? Yo, señor, he de elevar mi voz hasta el cielo contra este abuso de autoridad, y haré entender a la nación que si así comienzan las elecciones, y se tolera, la libertad no podrá durar. Creo que usted no tiene parte en estas maniobras y que, cuando mucho, es usted sorprendido por los interesados en su buen éxito. Por lo mismo me dirijo a usted confidencialmente, manifestándole con la franqueza que acostumbro mi opinión sobre el particular. Tlalpam no necesita de tropas, pues se mantiene en la mayor tranquilidad; y siendo yo el jefe supremo del Estado, es, en mi opinión, una ofensa a mi delicadeza y autoridad obsediar la capital de mi Estado en momentos en que se requiere la más amplia libertad. Faltaría a ciertos deberes que me he impuesto para con la persona de usted si no diese este paso que ellos exigen en las circunstancias presentes, y no dudo que recibirá usted estos avisos y reflexiones como el resultado de una verdadera adhesión a su persona, a su gobierno y al sistema que felizmente rige la nación.

El presidente Victoria contestó a esta carta diciendo que nada era más justo que reclamar por la libertad de las elecciones y procurar que se retirasen aun los simulacros de violencia; en consecuencia, había dado las órdenes para que se retirasen las tropas.

Oigamos ahora las comunicaciones oficiales. El presidente Victoria había pasado la carta confidencial de Zavala a sus ministros, y, de consiguiente, era natural que éstos, especialmente Pedraza, se irritasen contra aquel funcionario por la libertad con que hablaba. El ministro de Relaciones, Cañedo, le dirigió entonces una nota en que le decía:

Impuesto el presidente de la nota del gobernador del Estado de México dirigida al comandante militar Filisola, que éste trasladó al ministro Pedraza, y este último a Cañedo, relativa a investigar los motivos que dieron lugar a que se reforzase el destacamento de Tlalpam, y enterado asimismo de las observaciones que tuvo a bien hacerle en su carta confidencial del mismo día 30 de agosto, acerca del abuso del nombre del supremo gobierno con que en su concepto (del gobernador Zavala) se dictó aquella providencia, con objeto de privar a la honorable legislatura de la justa libertad que debe tener en el acto augusto de ejercer su facultad electoral para las supremas magistraturas de la República, el presidente disponía se manifestase a Zavala que nunca se podía persuadir V. E. que se interpretase de una manera desfavorable una providencia que sólo tuvo por objeto asegurar la tranquilidad de aquel Estado y la libertad de su honorable legislatura en los momentos de la elección indicada, cuyos sagrados objetos han hecho redoblar su vigilancia al supremo gobierno, que, como V. E. sabe, ha dirigido excitaciones a los de los Estados, que deben contar con los auxilios de la fuerza armada para conservar el orden en el desgraciado evento de que la exaltación de los partidos intentase privar a las honorables legislaturas de su libertad. Deseoso, pues, el excelentísimo señor Presidente de no desatender estos sagrados objetos y de conciliar con ellos las consideraciones que dispensa a V. E. (a Zavala), ha resuelto que el destacamento en cuestión salga inmediatamente de la capital del Estado (Tlalpam) a situarse en la villa de Coyoacán (a dos leguas), con el fin de prestar a V. E. los auxilios que directamente le pidiere a su comandante para conservar la tranquilidad de esa capital, proteger la libertad de la honorable legislatura y franquear a ésta también los que solicitase del propio comandante con el objeto indicado. El presidente espera que en esta providencia verá V. E. un nuevo testimonio de sus desvelos por conservar la tranquilidad en la República y la seguridad con que las legislaturas deben emitir libremente su voto en favor de los ciudadanos que crean dignos de obtener la presidencia y vicepresidencia, y que al mismo tiempo hallará un nuevo testimonio del aprecio que le merecen las observaciones de V. E. Esta comunicación la traslado (decía el mismo Cañedo) de orden del presidente a esa honorable legislatura, para su conocimiento, y que, instruída del objeto con que queda en la expresada villa de Coyoacán la fuerza de que se trata, pueda en su caso pedirle el auxilio que necesite.

Como estos documentos oficiales y semioficiales instruyen más exacta e imparcialmente que lo que podía hacerlo cualquiera relación de los sucesos que precedieron y prepararon la grande revolución de la Acordada, he creído muy oportuno ponerlos a la vista de los lectores conforme los imprimió el mismo gobierno general en El Espíritu Público, periódico oficial, en 5 de septiembre de 1828. En estas contestaciones se advierte el carácter que tomaba ya la cosa pública con motivo de las divisiones, los diversos intereses y partidos, y el modo de trabajar de cada uno de ellos. Don Lorenzo de Zavala escribió, con motivo de la nota que precede, una carta confidencial a Cañedo, en que le decía:

He recibido la comunicación oficial de anoche, en que se sirve usted manifestarme la disposición de que la tropa armada se retire de este punto y pase a situarse a Coyoacán a mi disposición y de la honorable legislatura. Para manifestar a usted y al presidente que no soy. caviloso, ni mucho menos afecto a poner en ridículo las determinaciones del gobierno federal, voy a sobreseer, como dicen los abogados, sobre este negocio, aunque rigurosamente hablando no debía yo hacerlo. ¿Es posible que usted firme un acuerdo en que se manda poner tropa armada a disposición de una legislatura? ¿Ha olvidado usted los principios y se ha transportado al año de 93 en los días del terror? ¿Tiene otras atribuciones el honorable Congreso que legislar y elegir, ni yo puedo desentenderme de que ejerzo el poder ejecutivo? Confiese usted, mi amigo, que en esto hay algún misterio. Yo todo lo observo y me reservo hablar en la oportunidad. El gobierno general ha cerrado los ojos sobre muchas cosas. ¡Dios quiera que no sea esto muy funesto para ustedes y para la patria! ¡Cuidado con las revoluciones! He creído oportuno manifestar en carta particular estas ideas, para que nos pongamos así en contacto y no nos desviemos quizá uno del otro más de lo necesario, lo que podría alterar los sinceros sentimientos de amistad con que soy, etc.

Antes de continuar con la inserción de estos documentos, debo advertir a los lectores que los partidarios del ministro se habían procurado en la legislatura del Estado de México diez votos, contra once que tenía el partido de Guerrero, y que por conducto del presidente de la legislatura, que era uno de los adictos a Pedraza, se había pedido la fuerza armada al gobierno general sin conocimiento de la misma legislatura, cuya mayoría repugnaba este paso, ni del gobernador del Estado. No entro en averiguar las intenciones de unos y otros. Pero estando cometido el cuidado de la tranquilidad del Estado al Poder Ejecutivo, que es el gobernador, evidentemente era un atentado por parte del presidente de la legislatura -el que fuera de la sesión no es más que un hombre privado- ocurrir a una autoridad extraña, cual era la federación, a pedir el auxilio de tropa permanente; y era también un atentado de parte de los ministros del gobierno federal entrar en contestaciones con un particular, en un Estado independiente, sobre cosas de esta naturaleza, que podían comprometer la tranquilidad pública. Veremos en la nota oficial del presidente de la legislatura al Presidente de la República un club de seis diputados reclamando protección de un gobierno extraño, pudiendo ocurrir al gobernador, único responsable ante la nación y ante la misma legislatura de la conservación del orden. Veamos ahora la contestación de don Juan de Dios Cañedo a la carta anterior:

No hay misterio ninguno en la comunicación oficial que dirigí a usted anoche. Cuando el gobierno ha dictado la providencia de retirar la tropa a Coyoacán ha manifestado su desinterés en la próxima elección, y al mismo tiempo ha creído necesario para proteger la libertad de la legislatura en caso urgente poner a su disposición la fuerza armada, con el solo objeto de proceder con entera libertad al acto de la elección. ¿Qué tiene esto de extraño, amigo mío? El Congreso de la Unión, ¿no tiene a su disposición una guardia que recibe sus órdenes directamente de los presidentes respectivos de cada una de las cámaras? Y ¿diremos que esto se opone a la división de poderes porque al Congreso le toca legislar? Esta es la respuesta a las observaciones de usted, en lo cual no aparece, en mi concepto, espíritu ninguno de cavilación, pues que si la animosidad de los partidos pudiere alguna vez poner en cuestión la libertad de los electores, con esta providencia cerrará el gobierno la puerta a cualquiera reclamación. Además, si esa honorable legislatura necesita de la fuerza que la proteja para el solo acto de la elección, es muy regular que se dirija a usted para que cumpla su acuerdo. En este caso sólo el ejecutivo obra. Pero si por desgracia no estuvieren conformes los dos poderes, ¿qué se perdería con que pasase la tropa a Tlalpam, para imponer el orden y evitar los abusos a que pudieran extenderse los contendientes? Esto es previsión, amigo mío, y no temor. Usted en mi lugar habría hecho lo mismo sin afectar las escenas de los franceses en 1793. Un gobierno responsable de la tranquilidad, en observación de cuanto sucede, debe prevenir todos los obstáculos y acudir con la fuerza para sostener las leyes en casos como éstos. Sobre todo, debe ser imparcial, siguiendo la máxima de neutri ádherendum. De esta suerte se evitan las revoluciones y se da un testimonio de que sólo la ley manda, posponiendo siempre a ella los partidos y los amigos. Yo gusto mucho, como usted sabe, de que nos entendamos confidencialmente, poniéndonos en contacto para hácernos explicaciones de nuestros principios; pero siempre sobre la buena fe de desempeñar nuestros respectivos deberes sin perjuicio de los particulares sentimientos, etc.

Creo que no es necesario llamar la atención de los lectores para que noten las singulares cláusulas en que Cañedo dice que pone la tropa a disposición de la legislatura, y para justificar esta medida, la compara con la que se pone por lo regular en la capital a disposición del presidente del Congreso general en el edificio de las dos cámaras; y en la otra que manifiesta que esta tropa está encargada de restablecer el orden entre los poderes del Estado en caso de discordia, lo que sólo el suponerlo es una ofensa a las personas, un ataque al sistema y un insulto a todo el Estado. Ahora, si se recuerda el grado de irritabilidad en que estaban los espíritus, la disposición tan hostil de los ánimos, los propósitos provocativos de los oficiales y soldados que estaban decididos en sostener al general Pedraza, se vendrá en conocimiento de que la permanencia de tales tropas en un lugarejo de cuarenta vecinos blancos, y el resto de indios incapaces de pensar, no podía dejar de alarmar en aquellas circunstancias. La principal era que el gobernador, responsable de todo orden y de toda libertad en su Estado, no quería las tropas, y que seis diputados, declarándose en hostilidad con el gobernador y ocurriendo al presidente, cometían un acto de traición al Estado a que pertenecían, ofendiendo su soberanía e independencia.

Vamos a confirmar esto con la nota oficial que dirigió el presidente del Congreso al presidente don Guadalupe Victoria.

Aunque en circunstancias menos apuradas -dice don Vicente Barquera, presidente de la legislatura en aquel mes- pudiera parecer ajeno de mi actual representación el curso oficial a V. E., manifestándole los temores fundados que ocupan a muchos individuos de este honorable Congreso que actualmente presido, no lo será en los angustiados momentos presentes, en que ni es posible reunir extraordinariamente el Congreso ni se puede dejar correr sin esperanza de remedio una providencia que ha trastornado a todos los que han comprendido las miras que hayan movido a la autoridad que la ha ganado. De acuerdo con otros seis de los miembros de esta asamblea, hemos creído que el mal podrá remediarse tan ejecutiva y prontamente como se necesita dirigiéndome yo a V. E. para manifestarle que el movimiento popular excitado en la noche del 23 del presente dió un motivo bastante para dar crédito a las noticias que por muchos conductos habían tenido de que por medio de esos movimientos, que con el nombre de vítores son unas verdaderas asonadas, se trataba de oprimir la libertad de aquellos diputados que se ha creído no se hallaban en ánimo de votar por el sufragio de la legislatura a que pertenecen a favor del ciudadano general benemérito de la patria Vicente Guerrero; que por este medio reprobado se les pretendía intimidar y reducir su representación popular a una vergonzosísima esclavitud. Vieron los buenos con mucho placer la prudencia y discreción con que se había procedido mandándose a esta ciudad la poca tropa suficiente para que los partidarios exaltados se moderaran, y nos lisonjeábamos de tener la libertad necesaria para emitir nuestro sufragio. Mas ¡cuánta ha sido nuestra sorpresa esta tarde, al ver que de improviso se ha dictado la medida diametralmente contraria: que se nos deja desamparados, entregados a manos de un partido que por desgracia domina en esta población, y expuestos a ser víctimas, cuando no sea del furor de su exaltación en el calor de un desaire, que con fundamentos temen, sí del escarnio, de la burla y la rechifla de un partido que comenzará con vivas y aclamaciones, y quizá terminará con sangre y muerte! Por el comandante encargado de la fuerza que aquí se había situado hemos sido instruídos de la causa que ha producido esa novedad tan inesperada. Ella parece no ser otra que la comunicación dirigida a V. E. por el excelentísimo señor gobernador de este Estado, asegurando que no hay el más remoto motivo para que se crea expuesta la tranquilidad pública y que, como Poder Ejecutivo supremo en él, responde de su conservación. Así podrá ser, y de hecho creemos que tiene aquí cuanto influjo necesita para realizarlo. Pero cuando, por otra parte, estamos convencidos de que se preparan escandalosos vítores para el momento en que termine la elección, y aun se nos asegura que personalmente ha salido hoy el mismo gobernador por los pueblos inmediatos a preparar al efecto los ánimos de los ciudadanos, consideramos que nos hallamos en peligro y que la prudencia aconseja evitar el mal anticipadamente cuando se ha podido prever. A este fin, y que V. E. pueda pensar en la responsabilidad en que está constituído, ¿quién tendrá más razón de temer, si el gobernador por el respeto que imponga un pie respetable de tropa a los excesos de un pueblo en los movimientos de una desordenada alegría, o el presidente del Congreso, que, de acuerdo con los compañeros que ha podido reunir, le hace presente que considera expuesta la tranquilidad sin aquel freno? La imparcialidad de V. E. graduará en el momento lo que considere más racional y discreto, y en uso de las importantes facultades que exclusivamente le atribuye la carta federal para señalar a la tropa el lugar que estime conveniente, se servirá mandar guarnecer esta ciudad mientras pasan los primeros momentos de la exaltación con el mismo pie de tropa de infantería y caballería que ha marchado hoy de aquí, y que esto sea con tanta ejecución, que no llegue la mañana del día siguiente sin que se haya remediado el mal que tememos; pues que de otra suerte, protesto a V. E., por mí y por los seis compañeros anunciados, que consideramos perdida la garantía de la libertad que se nos ha dado para emitir francamente nuestras opiniones y sufragios en el Congreso del Estado de México.

No se necesitan muchas reflexiones para conocer el extravío a que había sido conducido este diputado por el espíritu de partido. La noche del 23 salieron quemando cohetes y gritando Viva don Vicente Guerrero unos veinte o treinta individuos, y habiéndose dirigido a casa del gobernador, éste les mandó retirarse, lo que hicieron al momento. Barquera pasó con este motivo una nota al gobernador, reclamándole la libertad para la votación que debía hacerse ocho días después, y el gobernador le aseguró que nada tenían que temer ni los amigos ni los desafectos de Guerrero o de Pedraza, y que a su cargo estaba cometida la tranquilidad y a su honor y responsabilidad la absoluta libertad de la elección. Pero los partidarios de Pedraza, que no tenían mayoría en el Congreso del Estado, buscaban todos los arbitrios posibles para adquirirla, como se advierte con la simple lectura de estas discusiones. Claro es que una fracción de diputados jamás debía dirigirse a un poder extraño, como era el presidente de la Unión, como para suscitar querella al Poder Ejecutivo del mismo Estado; y también es claro que el gobierno general no debía entrar en contestaciones con estos individuos. Veamos, sin embargo, lo que contestó el ministro Cañedo:

En contestación a la nota que a las ocho de esta noche ha dirigido V. S. al excelentísimo señor Presidente solicitando que se restituya a esa ciudad el mismo pie de tropa de infantería y caballería que hoy salió de ella, para que V. S. y otros miembros de esa honorable legislatura puedan emitir con libertad su voto en la próxima elección de presidente y vicepresidente de la República, se ha servido acordar que se remita a V. S., Como tengo el honor de hacerlo, duplicado del oficio que en la noche de ayer, y por el mismo extraordinario que llevó el pliego del gobierno de ese Estado, se dirigió a la honorable legislatura, participándole que aunque la expresada tropa se retiraba a Coyoacán, por reclamación que había hecho el gobernador, quedaba dispuesta a volver a esa capital si el mismo gobernador lo exigía o esa misma legislatura lo estimaba necesario para apoyar la libertad que debe tener en la referida elección. Asimismo ha acordado el presidente que a la oferta que contiene el citado oficio se añada que si V. S. estimare desde luego necesario, para que se pueda verificar libremente la reunión de los miembros de la honorable legislatura que preside, que pase a esa ciudad la mencionada fuerza, puede V. S. pedirla directamente a su comandante, que se hallará en la hacienda, de San Juan de Dios (a media milla de Tlalpam), pues para el efecto se comunica ahora mismo la orden oportuna; pero que verificada la reunión, deberá quedar a la calificación de la legislatura si la tropa debe o no permanecer en esa ciudad, según que estime que su permanencia sea favorable o contraria a su libertad, quedando allí en el primer extremo, y retirándose en el segundo a la expresada hacienda, con la misma disposición de acudir a cualquier llamamiento del gobernador del Estado, o de esa legislatura, si llega el caso de considerarla necesaria para apoyo de su libertad.

El gobernador Zavala, a quien se dirigió copia oficial de esta nota, contestó diciendo:

Reproduzco no estar conforme con los principios adoptados por ese gobierno, en cuanto a poner fuerza armada a disposición de un cuerpo legislativo, y mucho menos de su presidente. Afortunadamente los amagos que se temen no tendrán efecto; de otra manera, no sé en qué se apoyaría V. E. para responder a los cargos que deberían resultarle por suscribir a semejante disposición.

CAPITULO XIII

La legislatura del Estado reprueba la conducta de su presidente. Elecciones para la presidencia y vicepresidencia. Verifícanse en el mismo día 1° de septiembre en todos los Estados. Individuos entre quienes recayeron los sufragios. Fermentación popular. Persecución contra el general Santa Anna. Suspensión de este jefe y del Ayuntamiento de Jalapa. Proclama atribuída a Guerrero. Su conducta con este motivo. Victoria invita a Guerrero a hacer una proclama contra los sediciosos. Su excusa. Nuevas intrigas. Impreso publicado en México sobre el levantamiento de Santa Anna. Grito sedicioso de este general. Ocupación de Perote. Manifiesto atribuído a Santa Anna. Juicio acerca de este documento. Decreto del Congreso contra este caudillo. Don Lorenzo de Zavala. Sus circunstancias en aquella época. Prevenciones contra él de parte de los pedracistas. Diferentes elementos de este partido. Providencias del gobierno general. Pequeña acción en Tepeyahualco. Error de Santa Anna en no haber corrido a Puebla. Otras reflexiones. Don Manuel Rincón, nombrado para atacar a Santa Anna con 3,000 hombres. Su plan de operaciones. Injustas inculpaciones contra este jefe. Santa Anna desampara el castillo de Perote. Entrégase esta fortaleza. Acusación en el Senado contra Zavala. Fundamentos de ella. Intrigas para que se le declarase encausable. Carácter de Zavala. Su conducta oficial. Contestación del gobierno. Tranquilidad de Zavala. Conferencias de éste con Pedraza. Otra conferencia entre éstos y Guerrero. Inútiles tentativas. Declaración del Senado contra el gobernador Zavala. Juicio sobre su conducta política en esta crisis. Reflexiones acerca de la del Senado. Nota oficial al ministro Cañedo. Fuga de Zavala. El general Santa Anna en Oaxaca. Sus apuros en el convento de Santo Domingo. Oportunidad para hacer cesar aquellas disensiones. Nota de Santa Anna al general Rincón. Acta de los oficiales de Santa Anna. Sus nombres. Resistencia del gobierno general a un acomodamiento.

La legislatura del Estado se reunió tranquilamente al siguiente día 1° de septiembre, y habiendo reprobado a su presidente la conducta que había tenido de entrar en relaciones con el gobierno federal, no estando autorizado para ello por ninguna ley, y mucho menos por la misma legislatura, cuya voz usurpó con ofensa del carácter de la primera autoridad del Estado, procedió a la elección de presidente y vicepresidente de la República, y reunieron la mayoría de sufragios don Vicente Guerrero y don Lorenzo de Zavala. A Barquera se siguió causa después ante el Congreso. Así se dió término en el Estado de México a este ruidoso acontecimiento, que fue el anuncio de los grandes desastres que vinieron posteriormente. En este mismo día se procedió también a la elección de dichos supremos magistrados en los otros Estados, y resultaron los votos de once legislaturas por el señor Manuel Gómez Pedraza, y de nueve por el señor don Vicente Guerrero, habiéndose distribuído los otros sufragios entre los señores don Anastasio Bustamante, don Ignacio Godoy y don Melchor Múzquiz. Durango no votó por no haber estado aún reunida su legislatura, en consecuencia de las disensiones de que he hablado anteriormente.

Votaron, pues, dieciocho Estados y dieron treinta y seis sufragios, como debía ser, y el señor Pedraza reunió la mayoría que exige la Constitución, quedando de consiguiente nombrado legítimamente Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Esto se sabía extraoficialmente, porque los pliegos debían dirigirse cerrados y sellados al presidente del Consejo de gobierno a falta de vicepresidente, para abrirse en la sesión de 2 de enero del año próximo de 1829.

Voy a continuar la relación de esta época tempestuosa con motivo de estos sucesos, sin interrumpirlos, para poner a los lectores en estado de conocerlos mejor.

No es fácil describir el estado de fermentación en que estaban los ánimos. El nombramiento hecho en el general Pedraza era legal y no podía atentarse contra él sin cometer un gran crimen, igual al que habían cometido los de Tulancingo. Pero por desgracia, en tiempo en que los partidos dirigen los negocios, o por mejor decir, cuando los partidos degeneran en facciones, el vencido no reconoce los derechos del vencedor, y éste obra regularmente con tiranía y abusa de su triunfo. La victoria hizo osados a los unos y despechados a los otros. Comenzaron las amenazas y luego se pasó a los hechos.

En el Estado de Veracruz se intentó causa ante la legislatura al general Santa Anna y al Ayuntamiento de Jalapa, y fueron ambos suspendidos de sus funciones poco después de la elección de Pedraza. Santa Anna no amaba a éste y tenía amistad particular con Guerrero. El regimiento núm. 5 de infantería, residente en el mismo punto, había publicado una proclama en la que expresaba de una manera distinta que no reconocería a Pedraza. En México se procuraba fomentar esta misma opinión, y es cierto que Guerrero no contrarió, como debía hacerlo, este espíritu de discordia que se aumentaba diariamente. Los del partido de Pedraza publicaron una proclama firmada Vicente Guerrero, en la que se suponía que este general hablaba al público exhortándolo a la obediencia y a la paz, sometiéndose él mismo, como era justo, a las leyes. Este era un lazo que se tendía a Guerrero, porque se le colocaba en la necesidad o de callar, y entonces se creía suya la proclama, o de desmentirla; pero en este caso hubiera sido preciso que contrariase abiertamente las ideas de desorden que comenzaban a alarmar al gobierno, y esto no entraba en sus miras ni intereses. Tomó un término medio. La proclama no es mía -dijo en un periódico-, pues yo no tengo ningún carácter público para dirigir proclamas al pueblo. Yo amo la paz y las leyes.

Esta era una evasiva que no podía satisfacer al ministerio ni a Victoria, que, como era de su deber, se decidió a sostener la elección de Pedraza desde que se conoció la mayoría. Se invitó a Guerrero a publicar una proclama en la que expresase sus sentimientos de obediencia a la voluntad de la mayoría, que era la voluntad de la ley. Pero Guerrero se negó constantemente a dar este paso. Los que le rodeaban y se llamaban sus amigos, porque querían medrar bajo su mando, le estimulaban a hostilizar la elección de Pedraza, y se usaba de su nombre con frecuencia, y muchas veces con impostura, para mover los ánimos de ciertas personas. El gobernador Zavala recibía diariamente cartas en las que se le exhortaba, en nombre de Guerrero, a mantener en su Estado el espíritu de partido, e igualmente emisarios representantes de una junta formada en México, cuyo objeto era intimidar con la perspectiva de un terrible porvenir, en el caso de que Pedraza llegase a ocupar la presidencia.

La conducta hostil e imprudente que se tenía con Santa Anna en Jalapa, atribuída al influjo y a la enemistad de Pedraza; la que se tenía con el gobernador del distrito, don José María Tornel, suspenso de sus funciones en consecuencia de haber declarado el Senado haber lugar a formación de causa por un motivo insignificante; el aparato militar que se desplegaba por todas partes, y el aspecto sombrío que tomaban todas las cosas, anunciaban una próxima convulsión.

El 7 de septiembre se publicó en México un papel alarmante titulado: Levantamiento del general Santa Anna, o grito de la libertad. Este impreso anunciaba ya lo que dentro de tres días había de acontecer a setenta leguas de distancia; lo cual indica que los que en México dirigían los negocios en favor de Guerrero tenían correspondencia con Santa Anna y lo estimulaban a obrar. Sea lo que fuere, Santa Anna se lanzó de nuevo en la carrera de la revolución, y con ochocientos hombres se dirigió desde Jalapa a la fortaleza de Perote, quince leguas distante de esta villa, y recibido con salvas de artillería, ocupó aquel punto.

Perote, como saben los que conocen el país, es una fortaleza construída por los españoles en el punto mismo en que acaba de subirse el plano que se extiende entre los brazos de las grandes cordilleras de los Andes, que entrando por Guatemala se dividen al Este y al Oeste, y forman ese inmenso y hermoso plano elevado sobre el nivel del mar hasta 2,300 varas en algunas partes. Los españoles, que temían siempre movimientos por parte de los naturales del país, levantaban por precaución en varios puntos del interior esos castillos, desde donde intimidaban a los habitantes y en donde también mantenían los prisioneros y presidiarios. Perote es sin duda una de las obras más costosas y más notables en este género, y su posesión sumamente importante para un revolucionario cualquiera. En esta fortaleza se retiró el general Santa Anna, y desde ella declaró que no reconocía el nombramiento hecho en don Manuel Gómez Pedraza para la presidencia de la República, y que sólo dejaria las armas cuando el general don Vicente Guerrero fuese sustituído a aquél. Oigamos lo que alegaba para justificar tan grande atentado:

Cuando tranquilos, después de los aciagos sucesos de Tulancingo y del triunfo de la patria contra los esfuerzos de los españoles, esperábamos ver marchar la República a su prosperidad bajo el imperio de las leyes; cuando con la renovación de los altos funcionarios de la Unión esperábamos ver darse nuevo impulso a la cosa pública, que había permanecido en un sueño de cuatro años bajo la imbécil administración actual, y cuando renacían por todas partes nuevas esperanzas de útiles reformas conformes a los progresos de nuestra naciente civilización, hemos visto levantarse sobre nosotros la más terrible tempestad que hasta ahora haya amenazado la República. La facción derrotada y confundida con la desaparición del gobierno español, que levantó la cabeza después de la caída del desgraciado Iturbide, que oprimiendo por algún tiempo la nación sucumbió luego a la voz imperiosa de los Estados, cuando a su frente proclamé la federación; esa facción, como puesta en su mayor parte de españoles y dirigida por ellos, quedó como destruída en el período de los tres primeros años constitucionales en que la nación pareció participar del mismo sopor que su jefe don Guadalupe Victoria. Los débiles esfuerzos que hacía por medio de algunos periódicos conocidos como órganos de los españoles apenas dejaban percibir su existencia. ¡Tan débiles eran! Hasta que a principios del año de 1827 apareció la obra de sus trabajos ocultos en la conspiración llamada del padre Arenas, descubierta en una muy pequeña parte por la precipitación e imprudencia de este fraile corrompido.

Mas desde luego se apresuraron a cubrirla los altos cómplices, verdaderos autores de tan vasto como criminal proyecto. Los escritores asalariados para sostener un gobierno tiránico y opresor multiplicaron sus escritos para alucinar al pueblo, procurando persuadirle que la conspiración era una invención de los patriotas para oprimirlos. En los periódicos de la facción se daba por sentado que no era más que una frailada; se ponían en ridículo los esfuerzos del general que la había descubierto, del gobierno que le había dado la importancia que merecía y de los tribunales que descubrían nuevos cómplices en los personajes que ya acusaba la opinión pública. Pero la lentitud de nuestros trámites judiciales, adormeciendo el primer entusiasmo, dió tiempo para que el oro de los españoles hiciese correr un velo sobre los principales autores, y sólo fueron sacrificados a la justa venganza de las leyes un general y cinco o seis agentes muy subalternos. La nación pidió venganza de esta criminal apatía en el modo que acostumbraban los pueblos en tales casos; su instinto, siempre infalible, hizo conocer el origen del mal en la existencia de los españoles en nuestro suelo y dió el terrible grito de expulsión. A esta voz majestuosa y soberana temblaron los enemigos de la patria; sus esfuerzos inútiles se ahogaron en el torrente impetuoso de mil pueblos que en masa pedían el remedio de los males en esta medida salvadora, y el Congreso general hubo de dar una ley que calmase a esta nación magnánima y generosa, cuyas venganzas son momentáneas. Cesó la efervescencia con esta medida y esperábamos ver el remedio de nuestros males en el cumplimiento de la ley confiada al Poder Ejecutivo. Pero los españoles creyeron neutralizar el movimiento y sus efectos oponiendo otra revolución, y acertaron a comprometer para que se pusiese a la cabeza a un hijo benemérito de la patria, al general don Nicolás Bravo. Todos sabemos el éxito de esta tentativa, que a los españoles costó dinero, pero en la que la patria perdió muchos de sus hijos, que anteriormente le habían prestado servicios importantes.

Parecía destruído el partido antinacional después de la jornada de Tulancingo, cuando en las elecciones de presidente y vicepresidente de la Unión se presentó una nueva ocasión a los españoles y a sus viles partidarios. Un ministro astuto e intrigante, que había ocupado en el partido escocés un lugar distinguido; que había vuelto las espaldas a estos mismos cuando lo creyó útil a sus miras ambiciosas y que había servido ardientemente al gobierno español peleando contra los patriotas que sostenían la independencia, debía ser para los realistas un instrumento admirable para preparar una nueva revolución. En efecto, ninguno podía ofrecerles mayores garantías entre los que racionalmente podían ser presentados como candidatos para las altas magistraturas. Don Manuel Gómez Pedraza había prestado entre ellos solemnes juramentos; había sostenido la causa de su soberano; está relacionado con las clases privilegiadas, siempre inclinadas a una forma aristócrata; nunca hizo servicios señalados a la patria, servicios que acreditasen un profundo sentimiento en favor de la independencia y libertad; por último, su carácter hipócrita y adusto lo hace más propio para la tiranía que para agente o magistrado de un gobierno democrático. A este punto se dirigieron, pues, los esfuerzos de los españoles y de sus adictos. Se emplearon los resortes más poderosos a efecto de sacarlo presidente. Ni el oro, ni la seducción, ni las amenazas, ni las ofertas, nada se omitió de cuanto pudiese triunfar del terrible rival que oponía la voz de la nación, el benemérito general don Vicente Guerrero, a un hombre nuevo y desnudo de todo mérito cual es Pedraza. Los patriotas temblaron por el resultado; se temía que muchos diputados corrompidos tuviesen bastante imprudencia para desoír la voz general pronunciada en favor del padre de los pueblos; pero jamás llegó a creerse que una mayoría de los congresos fuese bastante criminal para vender una representación augusta a viles intereses o aparentes lisonjas. Mas había entre nosotros españoles, y su oro, y sus viles satélites, y su influencia maligna penetraron hasta el santuario de las leyes, y los congresos de diez Estados, despreciando los clamores de los pueblos y las reiteradas representaciones de los patriotas, excluyeron al héroe del Sur.

En este intervalo ha levantado su orgullosa cerviz la espantosa hidra de la tiranía; los españoles insultan en la capital a los beneméritos mexicanos; la mayoría del Senado, vendida a esa facción liberticida, persigue a los buenos patriotas con ofensa de la razón y desprecio de las leyes; la Cámara de diputados, intimidada, suscribe a decretos de proscripción, semejantes a los que llenan las páginas sangrientas de la anterior revolución; la capital ofrece un espectáculo melancólico de pavor y espanto, por el terrOr que inspiran esas medidas de tiranía; la desconfianza, el espionaje, las prisiones, el luto, el llanto son en el día la triste suerte de los mexÍcanos.

En estas circunstancias, ¿cómo había yo de permanecer indiferente? ¿Cómo había de ver a sangre fría convertida la República en una vasta Inquisición y mi patria libre hecha la herencia de los que jamás le hicieron otra cosa que males? ¿Y cuándo? ¿En qué circunstancias? Cuando sabemos que se prepara el antiguo opresor a invadir nuestras costas; cuando es notorio que los españoles trabajan dentro por dividirnos para preparar triunfos a su monarca; cuando un jefe imbécil tiene entregadas las riendas del gobierno al nuevo opresor de mis compatriotas. ¡No, mexicanos! Santa Anna morirá antes que ser indiferente a tales desgracias, a tan grandes males en su patria. Uníos a mí como habéis hecho en otras ocasiones, y corramos a sacar la República de la opresión que la aflige, de las desgracias que la amenazan.

Este documento circuló en México pocos días después de haber dado el grito de Perote. En esta proclama se puede ver el lenguaje apasionado de las facciones y el color de las que entonces despedazaban el país.

El pronunciamiento de Santa Anna fué el 11 de septiembre, la noticia llegó a México el 14; el 17 dió el Congreso general un decreto declarando a Santa Anna y sus cómplices fuera de la ley. El general se mantuvo en Perote haciendo pequeños movimientos en sus cercanías, y el gobierno general preparaba con actividad fuerzas suficientes para ahogar aquella insurrección y hacer desaparecer con Santa Anna y sus cómplices las esperanzas de los que aspiraban a colocar a Guerrero en la presidencia. Hasta entonces, esto es, hasta fin de septiembre, nada anunciaba que la voz del general disidente fuese patrocinada por ninguna otra parte, y es evidente que no hubiera tenido buen éxito si el ministro Pedraza se hubiese conducido con más justificación y prudencia en sus primeros pasos. Veremos luego cómo el espíritu de persecución aumentó los descontentos y obligó, por decirlo así, al gobernador del Estado de México, don Lorenzo de Zavala, a pasar a las filas de los enemigos.

Este magistrado se hallaba en la más delicada situación. Condenaba el movimiento de Santa Anna y obraba como jefe del Estado con la misma imparcialidad que si fuese enteramente extraño a los partidos. Su casa, abierta para todos, era lugar en que se juntaban los individuos que profesaban diferentes opiniones. Los guerreristas o partidarios de la presidencia de Guerrero y los pedracistas o partidarios de Pedraza disputaban con calor en la casa del gobernador Zavala, y un día (18 de septiembre) en que, como con frecuencia acontecía, comían juntos con él unos y otros, y en que los primeros hablaban con demasiado calor, manifestando intenciones hostiles y sosteniendo el paso dado por Santa Anna, el gobernador Zavala les dijo: Señores, ustedes podrán discurrir aquí como mejor les parezca; en mi casa se respetan las opiniones, aun las más extravagantes; pero espero que ninpuno se atreverá a usar en las calles de un lenguaje que pueda alarmar ni dará motivo a que yo use medios represivos para contener un desorden. La ley es primero que todas las afecciones.

Este lenguaje enérgico fue aplaudido por los partidarios de Pedraza que estaban presentes; pero, por desgracia, las prevenciones que se tenían contra Zavala eran muy fuertes y superiores a cuanto pudiese éste hacer para manifestar su intención deoidida de sostener la ley. Esta era al menos su voluntad, y aunque cerraba los ojos -por explicarme así- sobre la tempestad que se levantaba, esto era más bien efecto de sus condescendencias que de un deseo positivo de que se atacase la elección legal de Pedraza.

Esta elección había levantado al partido escocés, que, unido a los yorkinos pedracistas, formaron una tercera entidad. Ya desde entonces se habían descompuesto y formado diversas combinaciones las varias fracciones de los partidos que dividieron la República. Los iturbidistas se inclinaron a Pedraza, así porque este oficial había sido amigo de Iturbide como porque componiendo en general este partido gentes cuyas tendencias son a un orden jerárquico veían más la posibilidad de este arreglo con el uno que con el otro de los contendientes.

El gobierno general en el que Pedraza obraba como ministro de la Guerra, y con la influencia que ya debía darle la seguridad de que en abril próximo entraría a la presidencia, tomaba providencias activas y rápidas para atacar a Santa Anna. Este jefe había ocupado en el pueblo de Tepeyahualco quince mil pesos, que se remitían para auxiliar las tropas de Perote, y extendía su línea a algunas leguas de esta fortaleza hacia el rumbo de México. Parece que debió en aquellos momentos de sorpresa dirigirse sobre Puebla y luego a la capital, puntos en donde los partidarios de Guerrero hubieran auxiliado su empresa. Mas se contentó con ocupar la Ciudadela y pueblo de Perote, cometiendo en esto una falta militar muy grave, pues nadie ignora que en estas circunstancias la rapidez en los movimientos, la osadía y la actividad pueden únicamente dar el triunfo. Cuando César pasó el Rubicón no paró hasta el Capitolio. La gran falta de los que se ponen a la cabeza de cualquier partido es la de esperar a ser atacados, perdiendo de esta manera su principal ventaja, que es la de la sorpresa.

El gobierno general organizó una división de 3,000 hombres bajo las órdenes del general don Manuel Rincón, y esta fuerza marchó sobre Perote, en donde acampó a los pocos días de haber ocupado Santa Anna la fortaleza. Este general Rincón se propuso el plan de sitiar al enemigo sin comprometer un ataque por asalto, así por no derramar la sangre mexicana inútilmente como porque consideraba que en los primeros momentos de entusiasmo una resistencia obstinada habría expuesto el golpe, lo que ciertamente hubiera sido funesto a la causa del gobierno que sostenía. Acampó sus tropas en la hacienda del Molino, a dos tiros de cañón de la fortaleza, y en este punto hicieron sus escaramuzas ambos cuerpos, sin ninguna consecuencia. Rincón esperaba traer los conjurados a la razón por medios suaves, siguiendo en esto probablemente las instrucciones privadas de Victoria y las inspiraciones de su propio carácter. Su conducta circunspecta fue acusada de timidez, y aunque logró que Santa Anna abandonase la fortaleza, dejándola en manos de unos cuantos, que luego la entregaron, se continuó acusando la lentitud de aquel, jefe como efecto de pusilanimidad y aun de adhesión al partido de Guerrero. Esto último, a la verdad, era una calumnia.

El día 1° de octubre, el senador don Pablo Franco Coronel presentó en la Cámara de que era miembro una acusación contra el gobernador del Estado de México, reducida a que este funcionario era cómplice en la revolución del general don Antonio López de Santa Anna. Esta acusación estaba apoyada en dos anónimos recibidos de un punto del Estado, en los que se decía que Zavala fomentaba la revolución, y en tres oficios de los comandantes militares de Texcoco, Tula y Toluca, todos subalternos de Pedraza, en los que se suponía que había morosidad de parte del gobernador del Estado en comunicar las providencias al gobierno general. El de Texcoco, que lo era un tal Falcón, decía que el decreto de proscripción contra Santa Anna no había sido publicado hasta el 26 del mismo mes, es decir, ocho días después de su sanción; el de Tula, que era un tal don Jesús Aguado, exponía que no habia comunicado el gobernador la orden que a él transmitió el comandante general, de tener la milicia nacional de aquel pueblo a su disposición; y el de Toluca alegó una cosa semejante. En cuanto a los anónimos nada tenía que contestar, supuesto que en todos los códigos de las naciones civilizadas semejantes documentos son considerados como no existentes. Al cargo del retardo de la publicación de la ley de proscripción contra Santa Anna, contestó Zavala insertando la comunicación que con la fecha del 19, es decir, al momento que recibió el decreto del ministerio correspondiente, hizo a los prefectos -y particularmente al del distrito de México, en el que estaba Texcoco- para que se publicase dicho decreto. Hizo más: remitió por extraordinario al distrito de Huejutla las órdenes del gobierno de la Unión, relativas a reprimir los movimientos tumultuarios, y los decretos contra los rebeldes.

¿Quién creería que un acto semejante de buen deseo de cumplir con la ley hubiese sido interpretado como un paso dado en favor de los disidentes? Se dijo que este extraordinario había sido dirigido con comunicaciones al general Santa Anna. Fue arrestado y se averiguó la verdad, esto es, todo lo contrario. Lo mismo aconteció con otro dirigido a Cuernavaca. Todas eran sospechas, y esta suspicacia, y la desconfianza que se tenía de este gobernador, tanto por su intimidad con Guerrero como por las personas que lo frecuentaban, fueron el principio de grandes calamidades. Zavala tiene, entre otras, una de las mayores faltas que pueden comprometer y perjudicar a un hombre público, y es la de una condescendencia ilimitada y una docilidad que se confunde con la inepcia y no da idea muy ventajosa de su firmeza. Si solamente usase de esta condescendencia con lo suyo, al menos el perjuicio sería para él y para su familia; pero cuando se hace lo mismo con la cosa pública, ya es un principio de grandes errores y aun de delitos. Es, además, de un carácter irritable, y en los primeros momentos de sus transportes obra sin miramiento, y lo que es peor, sin reflexión. Carece de esa constancia, de esa firmeza e inflexibilidad que es la consecuencia de un sistema uniforme de hábitos, de principios y de lecciones metódicas sobre todos los actos minuciosos de la vida. Una especie de abandono perpetuo en la buena fe de los demás hombres fue el escollo en que siempre se estrelló.

Para manifestar la buena fe con que Zavala se manejaba, basta ver una nota que con fecha 22 de septiembre pasó al ministro de Relaciones Cañedo, en la que le decía:

Tengo el honor de manifestar a V. E., aunque con el sentimiento que deben causar tales noticias, que he recibido avisos poco lisonjeros de Toluca sobre el estado de tranquilidad de aquel distrito. Aunque no es oficial la comunicación de esta noticia, tengo razones para creer que no está destituída la verosimilitud. Yo he tomado las medidas que he creído oportunas para averiguar el origen de la noticia, los sujetos que deban ser vigilados y cuanto sea más conducente al mejor servicio de la patria. Creo, sin perjuicio de esto, que sería muy conveniente que se pusiese en Toluca una guarnición de tropa permanente. El prefecto es hombre de confianza. Los demás distritos del Estado se mantienen hasta ahora en tranquilidad, aunque temo que en el de Acapulco podrá haber movimientos. No obstante, es de esperar que la permanencia del batallón número 4 en aquellos puntos contendrá a los descontentos. Sin noticia oficial ni extraoficial, temo igualmente de Chalco, en el distrito de la prefectura de México. Al prefecto, que es de toda confianza, comunico hoy las órdenes oportunas para que cele y oponga siempre la fuerza irresistible de las leyes a los movimientos que se hacen fuera de ellas.

Así se explicaba Zavala y así obraba, como lo acreditaron todas las autoridades del Estado de México.

Esta nota oficial, que debía llamar la atención del gobierno general, tuvo por contestación la siguiente carta, que manifiesta el espíritu de orgullo y de altanería de un hombre que se creía invulnerable.

Se ha enterado el presidente -dice el ministro Pedraza a Cañedo- por la carta de V. E. de este día, transcribiendo la del gobernador del Estado de México, de todo lo relativo a los amagos que se comunican de Toluca, de Chalco y de Acapulco, aunque confiesa no ser oficiales las noticias que ha recibido; me manda decir a V. E., para noticia del gobernador, que cuantas providencias exige la pública tranquilidad están tomadas.

¡Cosa rara! Se perseguía y calumniaba a Zavala porque se suponía que no obraba en el sentido del gobierno general y que protegía los movimientos de los descontentos, y no se hacía ningún aprecio de sus comunicaciones oficiales, en las que manifestaba el mayor celo por la conservación del orden. La razón es porque en tiempo de partidos todos desconfían de la conducta de sus adversarios, y en cada uno de sus pasos, aun los más legales y de buena fe, se sospecha una perfidia. La acusación sobre tan débiles fundamentos no causó alarma a Zavala, que nunca podía persuadirse que en una asamblea respetable, compuesta al menos de veintiocho senadores que entonces asistían, hubiese dos terceras partes de hombres que cerrasen los ojos a la luz de su justicia y los oídos a la voz de la razón; que ahogando los sentimientos de honor, y despreciando los gritos de la opinión, pronunciasen un fallo contra él.

Pedraza había solicitado al mismo tiempo una conferencia con Zavala por medio del coronel don Ignacio Inclán y del comisario general don Ignacio Martínez, ambos partidarios e íntimos confidentes de aquel ministro y asiduos observadores de la conducta del gobernador.

El primero leyó a Zavala una carta de Pedraza en la que solicitaba esta conferencia. Este se prestó muy voluntariamente a la entrevista con el ministro de la Guerra, y lo verificó precisamente en el mismo día en que se intentó su acusación en el Senado. Abrió el señor Pedraza la conversación con una larga apología de su conducta política; dijo que, lejos de haber solicitado la presidencia, había, por el contrario, suplicado a sus amigos que procurasen emplear su influencia en que no fuese electo. Después de muchas protestas de civismo, desprendimiento y buena fe, Zavala le interrumpió diciéndole: No estamos en estos momentos en estado de santificamos ni de ocupar el tiempo en persuadirnos mutuamente de nuestras virtudes; lo urgente es remediar los males graves que hoy afligen a la patria y apagar el fuego revolucionario que se enciende por todas partes; a esto he venido, y para esto ofrezco a usted contribuir con todas mis fuerzas e influjo. Respondo igualmente con el del señor Guerrero, cuya cooperación creo sumamente importante.

El señor Pedraza interrumpió diciendo que estaba dispuesto a renunciar la presidencia.

No se trata de eso -contestó Zavala-; usted ha reunido la mayoría y debe entrar constitucionalmente a desempeñar esta magistratura suprema; yo sostendré esto, y lo mismo todos los patriotas, cuando se convenciesen de que no se trata de oprimir a la nación. Pero es necesario que usted dé garantías por su parte, y éstas serán: que el gobierno consiga una ley de amnistía acerca de las ocurrencias del general Santa Anna, que usted renuncie el ministerio de la Guerra y que se adopten medidas de paz y de reconciliación.

El señor Pedraza se opuso a esta demanda, alegando que era honor del gobierno sostenerse con firmeza, y que las amnistías enervaban el vigor de las leyes. En cuanto a la renuncia del ministerio, repuso que el presidente Victoria no le admitiría la renuncia, que ya había hecho varias veces, y que no encontraba él mismo quién pudiese desempeñar aquella plaza. Zavala, de cuyo Manifiesto publicado en México saco todo esto, dice que a esta última razón representó fuertemente, diciendo que era hacerle un agravio a la nación suponerla tan escasa de hombres que no pudiese encontrarse uno capaz de sustituirlo. En cuanto a la resistencia de Victoria, no podía éste emplear la coacción para detenerlo contra su voluntad en un puesto en que ni a Pedraza ni a la nación convenía su permanencia.

Le aseguré -continúa el Manifiesto- que el señor Guerrero no quería la presidencia, y mucho menos con sacrificios por parte de la nación; que estaría pronto (Guerrero) a entrar con él (Pedraza) en una conferencia, a que yo (Zavala) ,concurriría; y habiendo esta oferta linsojeádolo, me dijo que estaba pronto a retirarse del ministerio y solicitar ante las cámaras una amnistía. Pues bien, señor -le dije-, de lo contrario usted subirá a la presidencia sobre cadáveres y sangre; será usted mirado con horror, y la nación, o será su esclava o usted su víctima.

Esta entrevista fue a presencia de don Ignacio Martínez, comisario general de México, y de don Francisco Robles, rico minero e individuo de la dirección de este ramo. Zavala pasó inmediatamente a ver a Guerrero, a quien le comunicó los resultados de la entrevista, y este general, que cuando obraba por sí mismo quería el bien, aceptó gustoso la conferencia que se le proponía, la que quedó convenida para la noche siguiente, 2 de octubre de 1828.

En esta segunda conferencia no hubo ni la franqueza ni el abandono que Zavala esperaba entre estos dos rivales. Los saludos primeros fueron lánguidos y embarazados. Zavala dió principio a la conversación refiriendo el objeto de la entrevista. Pedraza habló en seguida, y comenzó disculpándose acerca de un papel sumamente injurioso que su suegro, el licenciado Azcárate, había publicado contra Guerrero en la cuestión sobre la presidencia. Manifestó el respeto y consideracionee con que siempre había distinguido a Guerrero, cuyos servicios reconocía toda la nación. Entró de nuevo, como la noche anterior, en explicaciones acerca de la presidencia, para la que había sido nombrado (ésta era la herida que vertía sangre para ambos candidatos), y repitió, aunque fríamente, que si el bien de la patria lo exigiese renunciaría aquel cargo. Guerrero se esforzó, aunque inútilmente, en ocultar sus sentimientos. Yo nada tengo que hacer, sino obedecer las leyes. En cuanto a Santa Anna -añadió-, nadie ignora que sólo puede ser movido por miras de ambición y que ningún buen patriota debe coadyuvar a sus movimientos y progresos. Pedraza conoció que no había en este lenguaje mucha sinceridad, y ambos jefes se separaron quizá más enemigos que antes. Zavala regresó a su Estado sumamente contristado de ver frustrarse sus esperanzas de conciliación y desvanecidos los buenos efectos de sus patrióticas tentativas.

Entre tanto la acusación intentada contra él en el Senado se llevaba adelante con ardor. Claro es que Pedraza, bajo cuya influencia se hacían entonces todas las cosas en el poder ejecutivo y en las dos cámaras, pudo evitar el golpe que se preparaba contra Zavala. Pero se quería a toda costa separarlo del Estado de México y ponerlo en la imposibilidad de influir en los negocios públicos, aun cuando para esto se sacrificase la justicia. La Cámara de senadores, sin observar las formalidades legales, declaró el domingo 5 de octubre haber lugar a formación de causa contra él, y en la madrugada del día siguiente el gobierno general envió Un destacamento de tropas de caballería e infantería para conducirlo desde Tlalpam a México, a guisa de un facineroso. Veremos cómo refiere él mismo los acontecimientos en el Manifiesto que publicó en la República Mexicana poco después de estos sucesos.

Este documento no ha sido desmentido por nadie en ningún tiempo, y los hechos que refiere tienen toda la autoridad digna de fe. El calor con que está escrito es una falta, pero estaba muy reciente la herida.

Es muy difícil juzgar con justicia a los hombres en tiempo de convulsiones políticas, especialmente cuando las circunstancias que les rodean los impelen a obrar y casi no les dejan libertad para la deliberación.

La conducta posterior de Zavala no puede justificarse en este acontecimiento, porque como ciudadano debía sujetarse a las leyes que regían su país. ¿Adónde irían a parar los gobiernos y las naciones si los individuos calificasen la justicia o injusticia de los actos que ejercen sobre ellos los tribunales y resistiesen por la fuerza o provocasen el desorden cuando pudiesen tener suficiente influencia para hacerlo? Muy reprensible fue igualmente la precipitación con que se procedió en la acusación, y es visible el ardor con que se quería sacar reo de cualquier manera al gobernador Zavala, cuya contestación al secretario de Relaciones, Cañedo, hubiera sido entonces la única defensa que le era permitida.

A las cinco de la mañana de hoy ha puesto en mis manos el comandante de escuadrón C. Silvestre Camacho el oficio de V. E. de anoche a las diez, en el que, con inserción del que los excelentísimos señores secretarios de la Cámara de senadores dirigieron al señor ministro de Justicia, se sirve V. E. prevenirme entregue el gobierno del Estado con arreglo a las leyes, a fin de quedar expedito para el cumplimiento del acuerdo que declaró haber lugar a la formación de causa, por los procedimientos de que se me acusó ante dicha Cámara. El aparato escandaloso con que se me ha comunicado esta orden, rodeando ignominiosamente la casa de mi habitación numerosa fuerza de infantería y caballería, es un nuevo y solemne testimonio de las infracciones que en el proceso se han cometido de las leyes más claras y evidentes que arreglan los procedimientos de esta clase, al mismo tiempo que pone más de manifiesto a los ojos del público la influencia que el ministerio, desacordado y ensordecido, ha querido ejercer en este negocio, sacándolo de sus quicios para darle una importancia que por sí no tiene; porque girando por sus trámites naturales, aparecería con toda la frivolidad y pequeñez de su esencia. Mas como al fin éste ha sido un pretexto para el atropellamiento de mi persona y el comprometimiento de la tranquilidad y decoro del Estado que tengo el honor de mandar, protesto, al obedecer tan ilegal, violenta y desconcertada providencia, reclamar contra el ministerio la parte que ha tenido en tanto cúmulo de atentados, sin perjuicio de usar del mismo derecho contra los instrumentos de que se ha servido, prostituyendo las apariencias mal salvadas de la justicia a miras interesadas y tortuosas, sumamente perjudiciales a la patria.

Después de haber dirigido esta nota, Zavala, escapando por una puerta falsa, fugóse hacia las montañas de Ajusco, en compañía de Mr. Latropiniere y tres más.

Mientras esto pasaba en México y sus cercanías, el general Santa Anna se hallaba en Oaxaca, adonde se había retirado, sitiado en el convento de Santo Domingo por las tropas del gobierno al mando del general don Manuel Rincón. En estas circunstancias se hablaba con mucha generalidad de la expedición intentada por el gobierno español sobre las costas de la República. Santa Anna tuvo un arbitrio decoroso para salir del compromiso en que se hallaba, y el gobierno general debió aprovecharse de esta circunstancia para terminar aquella lucha sangrienta sin deshonor y haciendo entrar a los rebeldes en el orden. En 20 de noviembre decía Santa Anna a Rincón:

Tengo la satisfacción de acompañar a V. E. el acta celebrada hoy por la oficialidad de la tropa que está a mis órdenes, con motivo de las fundadas razones que tenemos para creer en una próxima invasión de españoles. No es la actitud en que se encuentran nuestras fuerzas la que nos estimula a dar este paso, como sin fundamento se dijo en una proclama de V. E. sobre las proposiciones hechas en San Juan del Estado; es únicamente una expresión de nuestros más puros sentimientos, dictada por el más acendrado patriotismo, y si se quiere, dirigida por nuestra adoptada resolución. Los españoles son objeto de odio para nosotros, y nada deseamos tanto como el que ellos, y no nuestros compatriotas, sean el de nuestro valor. Crítica es la situación que hoy guarda el ejército federal para poder acudir a la defensa de la independencia. Dividido en opiniones, destrozado en mil pequeñas fracciones y situado a grandes distancias, es físicamente imposible ocuparlo en la defensa del país. Los españoles han de presentarnos fuerzas muy superiores al desembarcar sobre nuestro territorio, y es muy sensible que por un hombre, y por los mismos que nos quieren robar nuestro precioso don, expongamos los sacrificios de tantos años y de tanta sangre derramada. ¿Qué más desgracias queremos, señor general? ¿Cuál es por fin el término de una lucha fratricida que arrastra consigo la ruina de innumerables familias? Si el autor de estos horrores los hubiera presenciado, habría abjurado (renunciado) un puesto mal adquirido, salpicado con la sangre de centenares de víctimas que han servido a su vez a la causa de la libertad. Mas sea con esos esclavos prostituídos del déspota Fernando de Borbón. Allí, señor general, allí conocerá la República nuestra decisión por su feiicidad; allí verá nuestro entusiasmo y allí conocerá que todo nuestro deseo no es otro que asegurar su cara independencia. En las proposiciones que por conducto de V. E. dirígí al supremo gobierno iba bien expresada nuestra deferencia a sus disposiciones, y el deseo de venganza lo desoyó todo. Nosotros estamos resueltos a morir, tenemos decisión para todo; pero queremos que nuestras armas se empleen contra los enemigos de la patria y no contra nuestros hermanos.

El acta que en esta ocasión celebraron los oficiales que acompañaban al general Santa Anna manifiesta las disposiciones en que se hallaban, y por lo tanto no deberá ser extraña su inserción en esta obra, destinada a analizar las acciones de los que han figurado en la escena. Importante es también que salgan sus nombres al público, para que los lectores puedan comparar su conducta en las épocas anteriores y posteriores y juzgar así de la moralidad de los individuos y de los principios o diversos intereses que han arreglado sus pasos. No es menos importante el conocimiento de este documento para medir la política de los que componían el gobierno, y eran entonces Pedraza, Cañedo y Victoria, aunque este último había casi abandonado la dirección a los dos primeros. Santa Anna estaba entonces reducido a la mayor extremidad, sitiado en el convento de Santo Domingo, pero defendiéndose con vigor y constancia, y haciendo cada día nuevos estragos en la ciudad, teatro de acciones sangrientas. Sabían él y sus oficiales que una ley los condenaba a ser pasados por las armas sin ningún proceso ni otra formalidad, y de consiguiente se defendían como desesperados, buscando al menos una muerte menos ignominiosa y vengada con anticipación.

¿El gobierno general obraba bien cerrando a estos individuos todas las puertas para una conciliación y haciéndoles perder toda esperanza de conservar sus vidas?

Menenio Agripa prefirió la dulzura, y por un apólogo hizo entrar a sus conciudadanos al orden; y Agesilao, suponiendo equivocados a sus soldados rebeldes en la inteligencia de sus órdenes, prefirió él parecer engañado que castigar a los culpables. No son éstos, por desgracia, los ejemplos que se han propuesto seguir los jefes mexicanos en la represión de sus revoluciones.

Aun veremos cosas peores. Oigamos por ahora a los jefes y oficiales de la pequeña división rebelde del general Santa Anna:

En el convento de Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca, a las nueve y media de la mañana del día 20 de noviembre de 1828, reunidos por disposición del excelentísimo señor general en jefe del ejército libertador todos los señores jefes y oficiales que lo componen: S. E. manifestó varias cartas y oficios interceptados en la noche anterior, que dirigía el señor general Rincón a varios puntos, los cuales documentos testifican las noticias ya adquiridas de una próxima invasión del enemigo común a nuestras costas. También hizo S. E. compareciese el correo que había conducido el extraordinario de la plaza de Veracruz a ésta, el que informó que en aquel punto y en el de Campeche se estaban haciendo los mayores preparativos de fortificación, que la escuadra enemiga se había avistado por la sonda de Campeche y que las costas de Yucatán eran el objeto adonde se dirigían. Que todo esto era muy valido no sólo en Veracruz, sino en Orizaba y los puntos de su tránsito. Estas noticias no pudieron menos que causar una sensación inexplicable en los mexicanos que como ponían la indicada junta. Mil opuestos sentimientos combatían a cada uno, pues si bien es verdad que apetecen todos derramar la última gota de su sangre contra los malvados españoles, a quien han jurado y repiten odio eterno, no lo es menos que la situación a que esos mismos monstruos nos han reducido compromete la independencia nacional. El ejército dividido, exhausto el erario, las tropas a largas distancias, y en fin, matándonos hermanos con hermanos, son preludios tristes y funestos para la causa de la patria. En la junta se tuvieron a la vista mil y mil reflexiones tan juiciosas como llenas de los mejores deseos; cada cual quería ofrecerse en sacrificio en las aras de la patria; cada cual proponía medios para el término de las desgracias que ésta experimenta en la actualidad y de las mucho mayores que tendrían lugar si los feroces hijos de Pelayo profanaran nuestro suelo con su inmunda planta. La situación que actualmente guarda el ejército libertador, y la circunstancia de haberse dicho que el día 5 del presente convinimos en tratados en el pueblo de San Juan del Estado, impelidos del temor, retardó mucho más de lo que debiera a los que están decididos a morir creyendo que así hacen el último servicio que deben a la tierra de los aztecas, donde, por fortuna, vieron la primera luz. Empero como la patria, y no más que la patria, y la santa independencia y la federación son el norte de nuestras operaciones, nos avenimos en arrostrar por todo, y todo desoírlo por atender exclusivamente al objeto primordial. Leídas algunas proposiciones y discutidas todas en medio del más patriótico entusiasmo, se acordaron los siguientes artículos, que elevamos al conocimiento del supremo gobierno de la República, a fin de que tenga a bien tomarlos en su consideración con la brevedad que exige el estado actual de cosas:

1° El excelentísimo señor general don Antonio López de Santa Anna se somete a las órdenes del supremo gobierno, con toda la fuerza que hoy tiene a sus órdenes, para componer la división de vanguardia que marche a batir las huestes españolas a Yucatán, o donde convenga, como a enemigos de la independencia nacional.

2° Pedimos que ningún jefe, oficial ni tropa de los que componemos el ejército libertador seamos separados bajo ningún pretexto si no fuese en los momentos de obrar contra el enemigo, y siempre a las órdenes del señor Santa Anna.

3° El objeto de nuestro pronunciamiento, siendo santo, justo, y hoy más que nunca necesario, se decidirá en el próximo Congreso general, a cuyo fallo nos sometemos respetuosos, bien entendido en que, si la soberanía lo juzga criminal, nos sujetamos gustosos a las penas que nos imponga.

4° Para arreglar los puntos que indica esta acta y convenir mejor en las providencias que puedan adoptarse para poner término a los males presentes y marchar sobre el enemigo, habrá una entrevista en el intermedio que hay del portal de la plaza al convento de Santo Domingo, calle recta, a presencia de ambas fuerzas. Las personas que a ella concurran por ambas partes serán los generales, dos jefes y un oficial por clase.

5° Teniendo fundados motivos para creer que al excelentísimo señor Presidente de la República se le ocultan negocios de la más alta importancia, y que sólo el señor ministro de la Guerra los despacha, un oficial de este ejército será el conductor de esta acta, para que pueda instruir al gobierno de incidentes también de importancia, de que resultará sin duda la conclusión de los sucesos infaustos que devoran hoy a la cara patria.

Antonio López de Santa Anna;
Mayor general, Francisco Arce;
Comandante del fuerte Guerrero, Pedro Pantoja;
Comandante de artillería, Ignacio Ortiz;
Comandante de las compañías del 1° permanente, José María Bonilla;
Comandante del 5° José Antonio Heredia;
Comandante de las compañías de Tres Villas, Domingo Huerta;
Comandante del batallón de Jamiltepec, Julián González;
Comandante del batallón de Tehuantepec, Francisco Ocampo;
Comandante del activo de Oaxaca, Joaquín Canalejo;
Comandante de los cívicos, Manuel Vázquez;
Comandante del 2° regimiento, Mariano Arista;
Comandante del escuadrón de Orizaba, Francisco Tafur;
Comandante de la caballería de Tehuantepec, Marcelo Herrera;
Comandante de la escolta, Ildefonso Delgado.

Es copia.

José Antonio Mejía.

Este paso no tuvo ningún resultado, porque el gobierno general quería que Santa Anna se entregase a discreción, lo cual equivalía a decir que se pusiese en manos de sus enemigos para que le cortasen la cabeza.

CAPITULO XIV

PRIMERA PARTE

El gobernador Zavala con una partida armada. Su proclama en Ocuila. Movimientos de Montes de Oca y Alvarez en Acapulco. Proclaman el plan de Santa Anna. Otras partidas en Chalco y Apam. Gobierno militar. Sus esfuerzos para levantarse. Victoria no es obra de un partido. Los candidatos de 1828 lo son. Defecto de la Constitución. Reflexiones. Estas no debilitan la elección de Pedraza. Entrada de Zavala a México. Grito de la Acordada. Aturdimiento del gobierno. Confusión entre los conjurados. Aparición de Lobato. Comisionados por el gobierno para tranquilizar la sedición. Ridículo de esta medida. Manifiesto de don Lorenzo de Zavala. Motivos que tuvo para publicarlo. Decreto de 17 de septiembre contra Santa Anna. Acusación contra Zavala en el Senado. Disposición del espíritu público. Motivos que tuvo Zavala para fugarse. Atropellamiento de su casa y de su persona. Motivo de su ida a la Acordada. Conclusión del Manifiesto. Reflexiones sobre él. Se reprueba su conducta. Sus condescendencias con los revolucionarios. Compromisos. Los del general Pedraza. Otras reflexiones sobre el Manifiesto preinserto. Embarazos del general Pedraza y su posición en el ministerio. Lenidad de Victoria. Solicitud para facultades extraordinarias. Denegación de las cámaras. Concesión tardía de ellas. Fuga de Pedraza. Abandono que hace Guerrero de los suyos. Reflexiones sobre esto. Toma de Chapultepec. Rendición de la capital. Ida de Victoria a la Ciudadela. Conferencia con Zavala. Motivos de la revolución. Saqueo. Resistencia de Puebla y Querétaro. Coronel don Juan José Codallos. Toma parte por la causa de la Acordada. Recorre varios Estados del interior. Estos adoptan los efectos de la revolución. Excesos cometidos en Cuernavaca. Los contiene Zavala. Venida a México de las tropas del Sur. Coronel Alvarez. Su carácter. Pronunciamiento de la guarnición de Puebla. Tranquilidad. Apertura de las sesiones del Congreso general. Renuncia de Pedraza. Elección de presidente y vicepresidente. Guerrero y Bustamante. Reflexiones. Llegada de Guerrero a México. Lobato. Su carácter. Su muerte. Discurso de Zavala al Congreso de México. Conclusión del capítulo.

Entre tanto Zavala andaba con una partida de gente armada en el Estado de México, sin cometer actos de hostilidad ningunos y solamente huyendo de las partidas de tropas que se destinaron a perseguirlo. En el pueblo de Ocuila, distante dieciocho leguas de la capital, publicó una proclama en la que decía:

Elevado por los sufragios de vuestros representantes al supremo gobierno ejecutivo del soberano, libre y poderoso Estado de México, después de dieciocho años de servicios y sacrificios a la patria, me había consagrado de todos modos a procurar vuestra felicidad, promoviendo cuanto estaba en mi arbitrio la prosperidad de los ramos que forman la riqueza de las naciones y proporcionan más goces a los ciudadanos, removiendo los obstáculos que oponían a cada paso las preocupaciones, las costumbres adquiridas con una educación bárbara y supersticiosa, y excitando a los legisladores para que sustituyesen a las leyes coloniales que nos rigen, en la parte más esencial de la vida social, otras que fueran más análogas a las instituciones libres que hemos jurado y que deben gobernarnos.

No creía deber temer ningún ataque de parte de los enemigos, que de mil maneras persiguen a los que hicieran algún servicio a la patria, o aquellos de quienes puede esperar algo por sus luces y espíritu. Cumpliendo con mis deberes como gobernador, hacía frente con energía a los ataques repetidos que de parte del gobierno de la Unión se daban a la soberanía del Estado. No omití dar toda la publicidad conveniente a algunas de estas contestaciones, así para que el público pronunciase entre los contendientes como porque juzgaba útil presentar ejemplos de semejantes cuestiones para que se dilucidasen.

Nunca pude presumir que el ministerio ocultase un resentimiento innoble y poco generoso por semejantes contestaciones. Por su parte había entrado en la lid con las mismas armas, y con eso creía disipados todos los motivos de algún oculto rencor. Me equivoqué.

La reñida cuestión de la presidencia, en la que todos los ciudadanos de la República han manifestado a su modo sus antipatías o simpatías, ofrecía una ocasión oportuna al ministerio para tomar venganza de sus supuestos agravios.

El grito del general Santa Anna, contra el que en el ejercicio de las funciones públicas trabajé constantemente, y en cuyo favor no se me podía probar haber obrado como persona privada, presentó un flanco por donde se me dispuso el ataque. Todos sabían que hahía hecho pública profesión de mis opiniones en favor del benemérito general Guerrero; que tenía íntimas conexiones y relaciones de amistad con los que pertenecían a este partido y, de consiguiente, que no correspondía a la franqueza de mi carácter ni a la hidalguía con que debe obrar un republicano cerrar mis comunicaciones con los que antes las había tenido, y que en la ocasión presente se explicaban con más o menos libertad sobre el pronunciamiento del señor Santa Anna.

El gobierno general, abusando inicuamente de esta circunstancia en que me hallaba colocado, preparó un plan de acusación contra mí en la Cámara de senadores, en donde, como es público, las dos terceras partes han declarado de una manera terrible las hostilidades a cuantos pertenecían al partido de la oposición. Se hacinaron documentos insignificantes, se buscaron miserables que fingiesen cartas y anónimos contra mí, y hasta el derecho innegable que tiene todo gobierno de arrestar a los que ataquen sus garantías sirvió de título de acusación contra mí. Una tempestad se levantó sobre mi cabeza, y el Senado, sin darme tiempo de contestar, sin querer oírme como lo previene expresamente el reglamento, angustiando arbitraria e ilegalmente los términos, declaró haber lugar a la formación de causa, dando con este paso un nuevo testimonio de lo que puede el espíritu de partido en tiempos de efervescencia.

Pero el Senado al fin tenía facultades para hacer esta declaración aunque salvase varias formalidades...

Mas ¿qué facultades tiene el poder ejecutivo para mandar cercar mi casa a deshoras de la noche con tropa armada y ordenar se me condujese a México ignominiosamente? ¿Desde cuándo el presidente o los ministros se hallan revestidos del poder de atropellar a los ciudadanos de los Estados, y mucho menos a sus supremos magistrados? Entregado yo al poder judicial, y tocando a la Suprema Corte de Justicia el juzgarme, ¿qué intervención tenía el poder ejecutivo general? ¿No manifestaba esto tener deseo de vengarse de mi persona, y al mismo tiempo no era un ultraje a la soberanía del Estado de México?

Estas consideraciones me hicieron preferir tomar el partido de ocultarme, a la ignominia de dejarme conducir como un facineroso, o quizá a un sangriento combate que ya se preparaba a mi presencia, pudiendo poner en combustión el Estado. Los que conocen la influencia que he adquirido sobre la clase indígena, los que saben cuánto podrían hacer hablando una sola palabra sobre distribución de tierras, me harán justicia sobre el resto de mi conducta política.

El augusto Congreso del Estado ha justificado mi conducta; ha visto, lleno de amargura, atropellada la majestad de las leyes y a su poder ejecutivo. Ha reservado para un tiempo más tranquilo elevar su voz a la nación para acusar ante ella semejantes atentados, y yo entre tanto, queriendo evitar los resentimientos de una facción armada, me mantengo en vuestro seno, esperando que cuando las cámaras se renueven se haga justicia a los que, cuando han triunfado en nombre de la nación defendiendo sus derechos, han sido siempre generosos con sus pérfidos enemigos.

En el distrito de Acapulco, el general de brigada Montes de Oca y el coronel don Juan Alvarez habían formado un cuerpo de gente armada compuesto de las milicias provinciales de las costas, y ocupando la plaza y castillo de Acapulco, proclamaron el mismo plan de Santa Anna y el cumplimiento de la ley de expulsión de españoles. En los partidos de Chalco y Apam había movimientos en el mismo sentido, y no hay duda en que existía un descontento general que anunciaba un próximo desenlace. La tiranía que comenzaba a levantarse sobre el sistema militar no estaba todavía bien organizada, y encontraba fuerte resistencia en una parte del ejército que no era adicta a Pedraza y en el carácter humano y tímido de Victoria, que oponía siempre su veto a las medidas de terror que meditaba el ministerio y que exigían sus circunstancias. Victoria no había sido elevado a la presidencia por un partido, y de consiguiente nada temía de los que combatían a su presencia.

No estaban en este caso los candidatos de 1828. Si había una mayoría pequeña de votos de las legislaturas en favor del señor Pedraza, había otra minoría notable por el señor Guerrero, y el partido de éste pretendía que la mayoría del voto público estaba igualmente por el segundo. Este es un defecto de la Constitución que debe enmendarse para evitar este equilibrio peligroso. Porque si se deja en manos de las legislaturas la elección de presidente, es necesario procurar que nunca pueda decirse que las legislaturas han votado contra la opinión nacional, lo que es sumamente peligroso. Si, por ejemplo, los pequeños Estados de Tamaulipas, Tabasco, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y Chiapas forman una mayoría contra los de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, etc., es claro que la mayoría numérica de la nación será sacrificada a la mayoría numérica de los Estados, y que dará al menos pretextos para argüir y sostener pretensiones ilegales. Quizá sería conveniente exigir dos terceras partes, tanto en las elecciones de los Estados como en las de la Cámara de representantes, para la elección de esta alta y peligrosa magistratura.

Estas reflexiones no tienen por objeto infirmar en nada la elección de Pedraza, que fue legítima, y de consiguiente atentatoria a la Constitución la revolución que lo despojó. Pero como el objeto del autor de este Ensayo es hacerlo útil, presentando los inconvenientes y los remedios, no ha querido omitir estas observaciones, que podrán quizá evitar algunos males en lo sucesivo.

Después de haber corrido Zavala desde el 6 de octubre por varios puntos del Estado, evitando encontrar la tropa que lo perseguía por todas partes, y ascendía al menos a mil quinientos hombres, entró oculto en México la noche del miércoles 29 del mismo mes, favorecido por don Mariano Cerecero, hermano del diputado, don Agustín Gallegos y otros individuos del partido popular.

En esta ciudad pennaneció hasta el 30 de noviembre, en que el coronel del batallón de Tres Villas don Santiago García y don José María de la Cadena, coronel de un cuerpo de cívicos de la capital, y el cuerpo de artillería de los mismos, se dirigieron al edificio de la Acordada, depósito de un número considerable de cañones y de mucho parque, capaz, además, de resistir los primeros ataques. Desde allí se declararon contra la presidencia de Pedraza. Oigamos lo que sobre esto dice el mismo don Manuel Gómez Pedraza, en su Manifiesto publicado en Nueva Orleáns en 17 de mayo de este año de 1831:

En aquel instante era preciso obrar con la velocidad del rayo. Tal vez si hubieran marchado 200 hombres al punto de la reunión de los sediciosos, la revolución habría tomado otro sesgo; pero no se hizo así; la sorpresa ocupó los ánimos; de todas partes se pedían informes y no se tomaba ninguna providencia. El palacio se llenó de toda clase de gentes; el gobierno, débil y sin prestigio, no era ya ni un simulacro de poder. Así fue que después de dos horas no se había dictado la más leve disposición. Los sediciosos entre tanto iban derechos a su fin, con tanta mayor facilidad cuanto que no se les oponía el menor obstáculo. A las diez de la noche previne al coronel Inclán que mandase ocupar la Acordada por un capitán de su confianza y 40 hombres de su batallón. Se hizo así; pero el coronel García, jefe de día, bajo tal investidura, sorprendió sin dificultad aquel destacamento y se apoderó de un edificio fuerte, depósito de cañones y de un parque inmenso.

Véase cómo el señor Pedraza confiesa su aturdimiento en las circunstancias en que debía manifestar mayor serenidad y la reflexión necesaria para extinguir en su origen un movimiento que no tenía ninguna combinación, ni un plan, ni jefes, ni recursos. En efecto, la Acordada estaba en un completo desacuerdo, en una confusión indecible. Don José María Cadena se oponía a que en el plan que se adoptase se pusiese la exclusión de Pedraza del ministerio y de la presidencia; el coronel García insistía en este artículo, y los dos jefes estaban ya divididos antes de principiar las hostilidades.

El brigadier don José María Lobato se presentó a los disidentes y se ofreció a tomar el mando como jefe de mayor graduación. Pero García se resistió, porque todos desconfiaban -decía él- de que Lobato los abandonase, como lo había hecho en enero de 1824. De esta manera los tres estaban divididos y no había ningún orden en las cosas. Don Lorenzo de Zavala fue llamado por ellos de la casa de don Juan Lascano, en donde se hallaba oculto, y llegó a la Acordada en estas circunstancias a las doce del día 19 de diciembre, y cuando don José María Cadena se había retirado de los disidentes y presentádose al gobierno. Éste aun no había tomado ninguna providencia capaz de salvarlo. En la madrugada de aquel día envió comisionados a don Ramón Rayón y a don José María Tornel para que persuadiesen a los rebeldes que dejasen las armas. Pero ¿qué garantías se ofrecían a unos hombres que habiendo provocado a la sedición y ocupado un punto con armas se les invitaba a que se entregasen a ser castigados? Muchos estaban presos y otros perseguidos. Era desconocer enteramente el influjo de las pasiones el querer disolver una banda de conspiradores con figuras de retórica, como lo pretendió el gobierno y ejecutó Tornel. Cuando con un apólogo se apagaba alguna sedición en las naciones antiguas, los ciudadanos no tenían que temer el ser fusilados al día siguiente. La propuesta fue desechada por los disidentes, y ambas partes se prepararon al ataque con el mismo ardor.

Insertaré a continuación el Manifiesto de don Lorenzo de Zavala y haré después reflexiones acerca de un documento escrito sobre los cañones, por decirlo así, y publicado entonces.

Al presentarme de nuevo en la escena política, después de la persecución atroz que suscitó contra mí un partido que nunca perdona agravios supuestos o verdaderos, creo deber a mi reputación ultrajada por los enemigos en la exaltación de las pasiones, a mis conciudadanos y a los extranjeros, presentar un cuadro de los principales sucesos ocurridos antes del 6 de octubre último, en que el Ejecutivo de la federación envió una escolta de sesenta hombres para conducirme a México, como se podía hacer con un facineroso, vilipendiando en mi persona el supremo Poder Ejecutivo del Estado de México, interrumpiendo las augustas funciones que ejercía en el más solemne y respetable acto, cual es el de las elecciones que presidía, y la relación circunstanciada de los que siguieron a aquel día, en que el atropellamiento de un gobierno inicuo me obligó a tomar el partido de fugarme, como de los motivos que me han determinado a obrar del modo que lo he hecho, tomando un partido a que me impelió la fuerza de las circunstancias y el poderoso estímulo de sacudir el doble yugo impuesto a la patria y a mí personalmente. Este rasgo de mi vida pública tiene una conexión muy íntima con la historia de los últimos sucesos de la República, en la terrible revolución que acaba de experimentar, y cuyas consecuencias no se pueden apreciar todavía. Esta circunstancia, y el convencimiento que tengo de que el hombre público no debe valerse de supercherías ni de intrigas para establecer su reputación sobre bases sólidas, me han determinado a publicar este Manifiesto en los momentos mismos en que los personajes que han intervenido pueden dar testimonio de los hechos, sean del partido que fueren. Los escritores públicos se han entretenido muchas veces en dar a luz artículos que tuvieron por objeto manchar mi reputación, publicando negras calumnias contra mí.

Todos los que han sido testigos de los sucesos ocurridos, y que no obran de mala fe, me harán justicia y pronunciarán su fallo sobre lo que más apreciable debe ser al que, después de una carrera de dieciocho años de servicios y padecimientos, no tiene otro caudal que el aprecio de sus conciudadanos y la buena reputación, que vale más que todo el oro del universo.

Después de que por las noticias venidas de los Estados se supo que el señor don Manuel Gómez Pedraza no solamente había tenido mayor número de votos que ninguno de los candidatos, sino que reunió la mayoría absoluta para la presidencia de la República, los partidos, que debieron haber callado hasta la resolución de este gran negocio por la Cámara a que correspondía, se precipitaron el uno sobre el otro, dando el vencedor pruebas evidentes de su poca generosidad y prudencia.

El grito del señor general Santa Anna en Perote, protegido por tropas dispuestas a todo, dirigidas por un jefe que ha dado tantas pruebas de valor, y provocado por las persecuciones suscitadas por una legislatura que tan frecuentemente ha manifestado su inexperiencia y falta de cálculo político, dió ocasión al partido dominante a precipitarse y precipitar la República en una horrible revolución. En vez de tomar el partido que aconsejaba la prudencia y dictaba el buen sentido, que era el de la persuasión y de los medios suaves, se armaron las cámaras de todo el poder de que ciertamente carecen, constitucionalmente hablando, y lanzaron contra el joven general el terrible y ominoso decreto de 17 de septiembre del año próximo pasado, declarándolo fuera de la ley.

Esta atroz resolución dada por el Congreso de la Unión, con la precipitación con que se fulminó, sacudió en sus fundamentos la sociedad, como sucederá siempre que cualquiera de los poderes públicos, excediéndose de sus facultades y dejándose arrastrar por el ímpetu de las pasiones, tomen resoluciones de alguna importancia. Tal lo era ésta, en que se intentaba arruinar las esperanzas de un partido que en tantas ocasiones ha triunfado contra los esfuerzos de una moribunda aristocracia.

El aparato y prestigio de una disposición legal pareció autorizar a los corifeos del partido vencedor para toda clase de persecuciones contra los que pudiesen considerarse adictos al pronunciamiento del general Santa Anna. Todos sabían que yo era uno de los que más públicamente había trabajado porque la elección de presidente recayese en el general don Vicente Guerrero.

Eran públicas las contestaciones que habían ocurrido entre el ministerio y mi gobierno sobre las tropas que se enviaron a obsediarnos durante las elecciones de 1° de septiembre; había yo dicho al señor Cañedo que era necesario tener cuidado con las revoluciones; había manifestado la energía que caracteriza todos los actos de mi gobierno, en circunstancias en que el ministerio todo y el presidente mismo habían declarado una guerra a mi persona. Todo esto preparaba ya una persecución, en que el gobierno general no omitió ningún paso de los que pudieran consumar mi ruina. Las contestaciones más insignificantes, las cosas más indiferentes, todo se interpretaba siniestramente, y el comandante general Filisola, y el ministro Pedraza, y los senadores Franco Coronel, Farías, Vargas y otros que se habían propuesto sacar a Pedraza presidente, formaron igualmente el plan de anonadar a los que se figuraban que podían con algún suceso oponer obstáculos a su proyecto favorito y elevar sobre las ruinas de muchos patriotas el imperio de su partido. Sin embargo, yo no tenía ninguna parte en el pronunciamiento del general Santa Anna; y aunque hubiera deseado que la elección recayese en el señor Guerrero, jamás creí que debiese usarse del medio de las armas para hacer salir triunfante un partido.

Al señor Santa Anna corresponde manifestar los motivos que le determinaron a obrar como lo hizo. Lo que puede asegurarse es que este valiente patriota se ha colocado una vez al frente de la opinión pública y que ha tenido la gloria de verla desenvolverse bajo sus auspicios. El éxito de esta última revolución, tan general como simultáneamente adoptada por los Estados, y el haberla emprendido en las circunstancias en que lo verificó, confirman en el joven general la previsión y el valor de que dió ya pruebas en sus anteriores pronunciamientos.

Pero los sostenedores de la presidencia del señor Pedraza habían adoptado un sistema de opresión calculada, con el que esperaban reducir, según ellos se expresaban, a los anarquistas al orden. Yo veía venir la tempestad sobre las cabezas de los nuevos tiranos, pero preveía también que costaría muchas lágrimas y sacrificios a la nación. El espíritu público se explicaba de una manera tan sensible y clara, que era necesario cerrar los oídos para no conocerlo. Una voz, un grito universal se oía por todas partes contra la conducta del Senado y ministerio; se declamaba contra la tolerancia del presidente, pero se tronaba contra el sistema de opresión adoptado por sus ministros. En efecto, las fórmulas, las intrigas, las vilezas, los misterios, y hasta el aparato sombrío y lúgubre del gobierno español, todo se había adoptado bajo el nombre de República federal. Se habló por la imprenta con la energía de hombres libres; se les dijo claramente que no podía subsistir semejante anomalía, que repugnaba el sentido común. El señor Pedraza creía tener el hilo de Ariadna para salir de aquel laberinto, y unas veces contestaba con fiereza y otras con desprecio a las insinuaciones oficiales o extraoficiales que se le hacían.

Nada de esto me arredraba, y aprovechándome de las comunicaciones frecuentes e íntimas que tenía el señor Pedraza con los señores don Ignacio Martínez, coronel Inclán y don Francisco Robles, se me ofreció entrar en una conferencia con él, por una entrevista que, según me dijeron los tres señores referidos, deseaba tener conmigo. Así se verificó, y aunque los individuos que tuvieron conocimiento de este paso se oponían a él suponiéndolo un lazo que se me tendía para aprehenderme en la capital, nunca llegué a creer que la felonía y la malicia pudiese llevarse hasta aquel punto. Y ¿qué hubiera aventurado con que, abusando el gobierno general de un paso de confianza y buena fe de mi parte, me hubiese sorprendido en la capital? La revolución se hubiera precipitado y la nación hubiera condenado en septiembre a los que en diciembre acabó de calificar.

El día 1° de octubre, en que el senador don Pablo Franco Coronel me acusó en el Senado -sirviendo de instrumento a Pedraza y a toda la facción-, fue precisamente el en que yo entré en conferencia con el ministro de la Guerra. Los señores Robles y Martínez estuvieron presentes, y son los testigos menos sospechosos que puedo presentar de este paso, dado en obsequio de la tranquilidad y del orden. Si desde entonces el señor Pedraza hubiera deseado el bien público y procurado la tranquilidad y la conciliación, las cosas hubieran tomado otro curso. La revolución se corta, el señor Guerrero coopera gustoso al feliz término de la revolución y el valiente Santa Anna deja esa espada que jamás se ha desenvainado sin suceso. Pero las miras eran otras. Se quería establecer un sistema de terror y fundar un gobierno sobre ruinas, sangre y cadáveres.

Las persecuciones se aumentaron y se procuró acelerar el curso de mi causa en el Senado, atropellando todos los trámites y omitiendo los recursos que franquean las leyes a los acusados. Se me señalaron términos fatales, se expedían extraordinarios cada dos horas por el ministro interesado en mi desgracia, se citaba a sesiones extraordinarias para horas incómodas y se declaraba permanente la sesión para condenarme. Tan injusta, tan descarada persecución, era el asunto de todas las conversaciones, y sólo el presidente y su ministerio, con una facción de senadores, desconocían la irritación en que se hallaba el pueblo libre.

El día 5 de octubre último, el Senado tuvo sesión hasta las cinco de la tarde, a pesar de ser domingo, con el único objeto de condenarme. En este día presidí las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y tuve la satisfacción de influir en el colegio electoral al nombramiento de los actuales representantes por el Estado de México, cuyo patriotismo e ilustración emula al de los dignos diputados de los otros Estados de la federación.

A las siete de la noche de este día recibí un extraordinario de México, por el que se me participaba la declaración del jurado de haber lugar a la formación de causa. Estaba rodeado de muchos patriotas electores y diputados, que desde este momento juraron vengar semejante injuria. Me invitaron a resistir con la fuerza y me hicieron las más solemnes protestas de acompañarme en mi suerte. También recibí en estos momentos de amargura testimonios de sincera amistad del ilustre Guerrero, que consideraba que la persecución que yo sufría sería el preludio de la suya y de las grandes desgracias que amenazaban a la patria.

Al manifestar a los que daban tantas pruebas del interés que tomaban en mi causa lo que me obligaban con sus servicios, les decía que convendría que fuese a México a desvanecer las imposturas, las calumnias y las negras imputaciones que se me hacían, representando con la energía de que he dado pruebas manifiestas a la nación las intrigas y las pérfidas maquinaciones de los que, sin los talentos ni el prestigio necesario, intentaban persuadirla de que tenían derecho para dirigirla. Estaba, en efecto, persuadido de que mi aparición en México, aun cuando fuese entre cadenas, intimidaría a los miserables que, circundados del poder y del aparato de las leyes que hollaban, preparaban un sistema de opresión bajo las fórmulas constitucionales. Tal era mi resolución en la noche del 5 de octubre.

A las cuatro de la mañana del 6 se rodeó mi casa de tropas, y el comandante de la partida, don Silvestre Camacho, me entregó el pliego que contenía el oficio del secretario Cañedo, que va inserto en la nota correspondiente, al que contesté con los oficios siguientes:

El gobierno general, al comunicarme la declaración del Senado, debía limitarse a ponerme a disposición de la Corte de Justicia. Pero el señor Victoria y su ministerio quisieron cebar sus venganzas en mi persona, y sin esperar ninguna resolución del tribunal, dispusieron que se me atropellase y condujese a la capital en medio del día y entre ochenta soldados, como un facineroso, para presentarme en espectáculo en la plaza de México. Nuevo testimonio del espíritu que animaba a hombres que desconociendo sus altos deberes estaban en el caso de dar al mundo pruebas de la más estricta imparcialidad. Pero Victoria conservaba resentimientos antiguos, porque jamás le hablé con otro idioma que el de la verdad, y el ministro Cañedo creyó que destruyéndome se quitaba de en medio un rival.

Al ruido del asedio que sufría la casa del primer magistrado del grande Estado de México toda la ciudad de Tlalpam se alarmó y concurrieron los empleados, los cívicos, los electores, los diputados y casi toda la población. Se me suplicó permitiese levantar una fuerza y combatir a la tropa que tenía rodeada mi habitación. Yo me opuse a todo acto de violencia. Todos manifestaban la mayor indignación, y el llanto del dolor y del despecho anunciaba que no sería visto con indiferencia aquel atentado. ¡A vosotros apelo, ciudadanos diputados, que, testigos de la ignominia que sufría el gobernador, elevasteis una voz terrible y espantosa desde la tribuna en aquel funesto día! ¡A vosotros, electores, que fuisteis despavoridos a anunciar a vuestros comitentes los escándalos de que habíais sido testigos! Todos vosotros habéis visto el silencio, el luto, la confusión y el abatimiento mismo, precursores de la venganza. El Congreso se reunió y diez patriotas diputados hicieron temblar el salón de las sesiones con la voz imponente de la libertad, que reclamaba ultrajados los santos derechos de la patria. Entre tanto algunos amigos me persuadían la necesidad de la evasión, para evitar un golpe que estaba preparado por un partido perseguidor, cuyas miras eran quitar de en medio a cuantos podían oponerse con suceso a sus proyectos liberticidas. Amigos más moderados me aconsejaban me entregase a las manos del tribunal, seguros del triunfo de la inocencia. Combatido entre opiniones contrarias, me resolví, por último, a evitar de pronto el atropellamiento que me amenazaba y deliberar con más calma: en las montañas sobre el partido que convenía tomar. Así lo verifiqué, asociado de mi fiel amigo Mr. Latropiniere, que se resolvió a correr todos los peligros que en tan críticos momentos me amenazaban.

En el pueblo de Ocuila trabajé el pequeño Manifiesto que va inserto y corrió impreso en los días de mi persecución; y cuando intentaba mantenerme tranquilo en aquel punto, recibí la noticia de que el comandante general Filisola había circulado órdenes para mi aprehensión. Evité comprometer un lance que aumentase los males de la patria y me trasladé a otro punto que me pusiera al abrigo de las persecuciones de los tiranos.

El comandante general Filisola empleó cuantas medidas estuvieron a su alcance para aprehenderme. El Estaoo de México estaba entregado a su dirección y sus órdenes eran ejecutadas como lo podían ser las de un soberano absoluto. Los habitantes del Estado libre de México estaban llenos de terror y del despecho que produce la injusticia en los libres. No podían concebir cómo se había transformado la República en un gobierno militar, que no ofrecía más garantías que la voluntad de Pedraza. Yo era recibido con aprecio y cierto respeto religioso que va más allá de la hospitalidad, y siempre tenía avisos anticipados de todos los pasos de las tropas destinadas a perseguirme. El pueblo veía en mí y en el general Santa Anna los únicos apoyos de su libertad, mientras el inmortal Guerrero se determinaba a ponerse al frente de un movimiento que se debería hacer simultáneo y general, luego que este ínclito patriota se presentase como jefe. Yo conservaba con él estrechas relaciones, y por su orden me resolví a entrar a México para obrar en combinación con los patriotas de la capital.

Nada manifiesta más la general disposición en que se hallaban los ánimos de sacudir la tiranía que la acogida que se me dió en México. Cuando debían temer que la hospitalidad concedida a un proscripto podía exponerlos a las persecuciones de los déspotas, se presentaban de todas partes ciudadanos que me honraban con sus ofertas generosas. Las casas en que fuí acogido se llenaban diariamente de personajes de todas clases, y permanecía en medio de la capital, perseguido por el gobierno, sin que éste pudiese saber mi paradero. Tan cierto es que el poder de la opinión es superior a los esfuerzos de los déspotas.

Aunque veía la general disposición de los ánimos para un sacudimiento que trastornase los planes de los tiranos, me inclinaba más bien a los medios legales para evitar las consecuencias de la revolución. Publiqué varios impresos que tenían por objeto inclinar a los gobernantes a las medidas de suavidad, por medio de amnistías y transacciones decorosas. Pinté los peligros que amenazaban al gobierno si insistía en el sistema de rigor que con ignorancia de su posición y olvido de todos los principios había adoptado, imitando la conducta de Fernando VII después de su restitución al mando absoluto. El presidente y su ministerio y las cámaras se hicieron sordos a la voz enérgica de la razón, al grito de la opinión y aun a las amenazas de los patriotas. Todos veían la tempestad que se formaba sobre las cabezas de los que sólo escuchaban sus resentimientos, y se dejaban arrastrar por una ambición mal combinada, y cuyas tendencias eran contrarias a los más caros intereses de los mexicanos. Por último, se resolvió usar del derecho sagrado, aunque peligroso, de la insurrección, al que apelan los pueblos como el último recurso de los males públicos.

No fue, pues, el deseo de colocar al general don Vicente Guerrero en la presidencia la causa principal del movimiento nacional. Se persuadieron los patriotas que este genio tutelar de las libertades sería el que podría presentar mejores garantías, satisfacer los deseos justos de los pueblos y dar un impulso enérgico a las reformas útiles que en vano se han esperado en el período dilatado de la actual administración. Se temió que un gobierno despótico sustituyese al débil y vacilante que hemos tenido; pero no se hubiera atacado por vías de hecho la elección del señor Pedraza si él y sus partidarios no hubieran tomado el camino del terror, resorte sumamente peligroso para los que lo usan en los gobiernos republicanos.

Muy delicada era la posición del señor Pedraza después de haber obtenido una mayoría absoluta de sufragios de las legislaturas contra el voto de los pueblos, manifestado de una manera inequívoca. La ley estaba en su favor, pero la opinión le era enteramente contraria. Su conducta en tales circunstancias debió ser el captarse el afecto público y popularizarse cuanto fuese posible. Hizo todo lo contrario, y cayó.

Mas yo debo hablar de mí mismo, supuesto que mi objeto es manifestarme a la nación tal cual he sido en este período interesante. Penetrados de la necesidad de usar del medio de insurrección para destronar el despotismo, como se había hecho en el año de 1822, resolvimos verificar el movimiento en la capital para cortar los males en su raíz. El general Guerrero se oponía de todas maneras a que se le nombrase presidente, y sólo quería que se restableciesen las libertades públicas y se pidiesen amnistía y transacciones. Pero las revoluciones no pueden ser detenidas hasta donde se quiere. Son torrentes que todo lo arrastran y se llevan muchas veces de encuentro a sus autores. La revolución se principió y no sabemos aún hasta dónde se detendrá.

El día 30 de noviembre por la noche se reunieron en la Acordada los cívicos, los del batallón de Tres Villas, a cuya cabeza se hallaba el coronel don Santiago García, y los artilleros de la guarnición que ocupaban aquel punto. Don José Manuel Cadena estaba a la cabeza de los cívicos y el señor García era considerado como el jefe de aquella revolución. Yo me hallaba oculto en casa del señor don Juan Lascano, y a las doce de la noche recibí una comisión de los pronunciados, que me invitaban a ponerme a la cabeza de aquel movimiento. El general Guerrero me había prevenido que no hiciese nada hasta que me avisase, para obrar en combinación. De consiguiente, contesté que esperaba las órdenes de este general, que se considéraba como el jefe de todos los pronunciados.

A las doce del día 1° de diciembre se me remitió un parte del señor diputado Cerecero, por el que comunicaba desde Santa Fe que el general Guerrero se hallaba en aquel punto, adonde lo había escoltado desde México, en compañía del general don José María Velázquez; añadía que vendrían ambos a reunirse a los pronunciados en el mismo día. Este oficio y las instancias de los jefes de la Acordada, en donde ya se hallaba el general don José María Lobato, me determinaron a incorporarme con ellos en el momento.

Así lo verifiqué, y fuí recibido con aclamaciones y vivas de más de dos mil valientes que ocupaban aquel punto. Tuve el disgusto de encontrar en poca armonía a los apreciables jefes Lobato y García, y después de una hora de conferencia, acordamos que el señor Lobato pasase a la Ciudadela y que permaneciese García en la Acordada.

Se había intimado rendición al gobierno sobre la base de expulsión general de españoles, en el término de veinticuatro horas. Aun no se había cumplido cuando llegué a la Acordada, de donde se había separado el señor Cadena, alegando -por un oficio que pasó al señor García- que no estaba conforme en muchos puntos con las ideas de los oficiales y tropa pronunciados. Yo no sé si mi presencia influyó en alguna manera para reunir los ánimos y organizar la tropa, que estaba en el desorden natural en estas circunstancias. Lo que puedo asegurar es que todos obedecían mi voz y que el mismo coronel García escuchaba con docilidad mis prevenciones.

Dispusimos que supuesto que el gobierno general, lejos de querer entrar en contestaciones con nosotros, se preparaba a atacarnos por varios puntos, estábamos en el caso de usar de todos los medios de defensa que estuviesen en nuestro poder. El general Lobato estaba encargado de la Ciudadela; el coronel García debería marchar mandando las guerrillas hacia el centro de la ciudad, y yo quedaba encargado de la Acordada, del Hospicio de pobres y los puntos inmediatos. Rompiéronse los fuegos por parte del gobierno al mediodía del 2 de diciembre, y éste aseguraba a las cámaras que los facciosos serían deshechos antes de muchas horas.

Entre tanto se reunían a nosotros los ciudadanos de la capital que habían dado mayores pruebas de patriotismo. El teniente coronel del 8° regimiento de caballería, don Silvestre Camacho, se nos incorporó con una partida respetable, y de los pueblos inmediatos del Estado de México corrían a unírsenos los cívicos que el gobierno general había llamado a su defensa. El pueblo se presentaba en masa y era necesario dispersarlos para economizar la sangre, que se derramaría a torrentes con aquella multitud desordenada.

Al día siguiente se presentaron los señores generales Velázquez y Guerrero. La presencia de este ilustre caudillo dió nuevo vigor a los pronunciados, y aquel día dió varias disposiciones, cuyos resultados fueron útiles a la empresa. Por la noche volvió a retirarse, y en este día tuvimos la desgracia de que fuese herido mortalmente el valiente coronel García, después de haber dado muestras de un valor heroico.

Yo quedé entonces encargado absolutamente del punto de la Acordada, y el señor Lobato, que ha manifestado en esta ocasión de cuanto es capaz un general mexicano lleno de los puros sentimientos de patriotismo, hacía prodigios de la parte del sur de la ciudad, avanzando en medio de un fuego horroroso.

El valor y el patriotismo triunfaron al cuarto día (4 de diciembre) de las tropas que con no menos valor defendían al gobierno del señor Pedraza. La fuga de este corifeo del partido aristocrático, la noche del 3, hizo desmayar a sus defensores y se rindieron en todos los puntos que ocupaban, quedando solo el presidente, al que habían abandonado sus ministros.

A las dos de la tarde de este día memorable, el señor Victoria se dirigió a la Ciudadela para arreglar una transacción que hiciese menos funesta la revolución a la República. Ya era tarde para remediar todos los males, pero no para evitar que continuase la anarquía. El señor Lobato dejó en mis manos arreglar por parte de los pronunciados los artículos sobre que había de verificarse la pacificación. Yo quedé, pues, con el presidente, el que hizo en esta ocasión lo que siempre, es decir, nada, ninguna cosa.

A la noticia que llegó a la Acordada de que el pueblo y parte de la tropa se habían entregado al saqueo, tomé cuantas providencias estuvieron a mi alcance para evitar o al menos disminuir esta nueva calamidad pública. Envié artillería y la tropa más disciplinada para contener los desórdenes. Pero más de cinco mil hombres de los barrios y de la tropa misma era un torrente imposible de contener. Yo me consterné a la vista de las terribles escenas que produce la guerra civil, y deseaba sinceramente mejor haber sido víctima de la tiranía, si sus efectos se hubieran limitado únicamente a mi persona, que ser testigo y parte en semejantes catástrofes.

Por la noche concurrimos a casa del presidente varias personas interesadas en que el gobierno continuase su marcha constitucional. El señor Victoria no hizo más en esta conferencia que en la de la mañana, y nos separamos en la misma incertidumbre y con las mismas ansiedades que con las que habíamos entrado en palacio. En todas estas conferencias y en las siguientes sólo se proponía al señor Victoria que variase la marcha de los negocios y que pusiese a su lado ministros que inspirasen confianza a la nación; por su patriotismo y por sus ideas. Siempre se le habló con la mayor moderación, y se usaba para con él del lenguaje decente y decoroso que reclama su representación, aunque con franqueza y libertad republicana.

Al tercer día acerté a conseguir que fuese nombrado el señor Guerrero para el ministerio de la Guerra, y hecho esto, me despedí de la capital para entrar de nuevo en el gobierno de que me había suspendido una facción destruída por las armas triunfantes de los libertadores. Y ¿quién creería que el secretario Cañedo tuviese valor para suscitar cuestiones sobre la legitimidad de mi reposición? Pues no hay duda en ello, y por una de las anomalías del gobierno del señor Victoria, todos los secretarios del despacho me han reconocido, a excepción de Cañedo. Muy fácil es adivinar que este representante de la anterior administración y del régimen arbitrario ha querido con este paso no reconocer la revolución ni sus efectos, lo que trae las consecuencias siguientes: primera, el señor Guerrero debe ser sujeto a causa, por haber estado en la Acordada como jefe; segunda, el señor Santa Anna debe ser pasado por las armas, porque lo puso fuera de la ley el decreto de 17 de septiembre de 1828; tercera, el señor Lobato debe sufrir las penas de la misma ley; cuarta, todos los que estaban presos por cómplices de conspiración deben volver a sus calabozos, por estar ilegalmente libres; quinta, es necesario determinar que sean puestos en prisión todos los que se han pronunciado en México y en los demás puntos de la República.

Corolarios de esta proposición absurda: nulidad del nombramiento del general Guerrero para la presidencia; responsabilidad del Ejecutivo o del ministro que nombró a este general secretario de la Guerra, al señor Lobato comandante de México y después de Valladolid; responsabilidad por haber reconocido al general Santa Anna como jefe de un ejército que, según el señor Cañedo, es de rebeldes; legalidad de la elección en el señor Pedraza para la presidencia, pues sólo ha sido privado de ella por el triunfo de la revolución. En una palabra, el señor Cañedo lo que intenta es provocar una reacción, dando por nulos todos los actos de la gloriosa jornada de la Acordada, y hacer caer sobre los autores los terribles cargos que siempre pesan sobre los rebeldes.

Mexicanos: aun se preparan nuevos ataques a la libertad; se trabaja lentamente para hacer la contrarrevolución. Los actos de la Acordada han sido solemnemente reconocidos por todas las autoridades, y en secreto un partido afecta desconocerlos como legítimos, para mantener siempre un derecho que podremos llamar de Postliminio en opinión de los que creen que todo lo hecho es nulo. Tales son las ideas de los que hasta ahora se niegan a pasar como legales las consecuencias de una revolución que se ha nacionalizado de una manera tan general, como el sistema de República que adoptó la nación después de haber atacado el imperio. Los adictos al emperador intentaron de varios modos restablecer el sistema imperial y fueron castigados severamente por el gobierno que se llamaba Poder Ejecutivo, y el presidente o disimula y tolera que bajo sus auspicios y su nombre se reorganice una facción que no puede traer sino la continuación de las desgracias públicas o él mismo coadyuva a levantar de sus ruinas un partido que ha sido reducido a la nulidad.

Este sistema de equilibrio que constantemente ha seguido el señor Victoria ha causado todas las desavenencias y disensiones que hoy lamentamos. Sin pararse en la justicia o injusticia de las pretensiones de los partidos; en la conveniencia o desconveniencia de su triunfo; sin tender a que o el gobierno no debe pertenecer a ninguno, o si pertenece, jamás debe vacilar entre ambos, el presidente ha sido alternativamente el instrumento de los dos partidos que han dividido la República. Él mismo provocó la revolución de Tulancingo, entrando con sus autores principales en conversaciones que la autorizaban; él estimuló el establecimiento de las logias yorkinas, cuya disolución ha procurado de tantos modos; él persuadía al señor Guerrero que ninguno convenía más que ocupase la silla presidencial, y él hablaba al señor Pedraza el mismo lenguaje. Escribía cartas recomendando al primero y mantenía al segundo en el ministerio para que obrase su influencia, como se verificó. Él mismo me aconsejó viniera a tomar posesión de mi gobierno, y él mismo, de acuerdo con el señor Cañedo, provocan una consulta a la Cámara de diputados sobre la legitimidad de mi reposición. Ya me presenté a la Cámara como acusador de este secretario, que puede considerarse como el representante de la contrarrevolución, y de consiguiente como un fiscal de los que la hemos consumado tan gloriosamente.

Ha llegado el tiempo de descorrer el velo a las iniquidades que se ocultan bajo las apariencias de la observancia de las leyes por hombres que tienen en su corazón otras intenciones y que jamás fueron republicanos.

Antes de concluir sobre la relación de los sucesos en que tuve una parte activa en la revolución de diciembre, debo hacer mención de dos hechos sobre que se me ha acusado en los papeles públicos: primero, la muerte del coronel don Manuel González; segundo, la herida del magistrado don Juan Guzmán en su misma casa.

En cuanto al primer suceso, más de dos mil testigos existen que pueden dar testimonio de que, al conducir prisionero a este desgraciado, todos los oficiales que se hallaban en la Acordada pidieron a gritos su muerte. Para acaBar aquel tumulto di la orden para que se dispusiese cristianamente, y cuando esperaba que ganando tiempo podría libertar a González de la muerte, oí el tiro fatal que lo privó de la vida. ¡Justo castigo de tantos crímenes cometidos! En cuanto al más ruidoso que desgraciado acontecimiento de la casa de don Juan Guzmán, sólo podrá acusárseme de no haber permitido o haber impedido con muchos esfuerzos el que fuese asesinado por una porción de gente que entró en su casa, quizá únicamente con este objeto.

Yo tuve en mi mano el poder de tomar venganza sangrienta de mis enemigos y los de la patria. Pero convencido de que los gobiernos republicanos no se consolidan con el terror, no creí deber dar el terrible ejemplo de Sila, que derramó tanta sangre inútilmente. Si los enemigos particulares míos, sobreponiéndose alguna vez a la marcha actual de las cosas, se vengasen de una manera sangrienta, quiero más bien morir como los Sidney, los Riego y los Bailli que dejar manchada mi memoria con sangre. Mi divisa es hacer todo el bien que se pueda y los menores males posibles. Los amigos y enemigos que han tenido que tratar conmigo jamás han salido condenando mi corazón. Por sistema y por inclinación estoy en el caso de no perseguir ni provocar persecuciones. Pero si los aristócratas solicitan vengarse; si no se contentan con igual opción a los destinos e influencia en los negocios públicos que los demás ciudadanos, más capaces que ellos para dirigirlos; si se suscitan reacciones y oponen paso a paso obstáculos a las reformas análogas al nuevo orden de cosas; si avezados al sistema de opresión no quieren acomodarse a las transformaciones políticas del país; si encerrados en la estrecha esfera de ciertas mezquinas ideas no pueden tomar el vuelo rápido que la generación presente ha emprendido; si, por último, no marchan de buena fe bajo el orden político que la nación ha hecho su artículo fundamental de creencia y de felicidad, que no se quejen de que el pueblo los deteste y de que todas sus esperanzas se estrellen contra la fuerza irresistible de la opinión. Teman, sí, que, tomando un aspecto sangriento las escenas políticas, vengan a ser la víctima de su necedad y obstinación.

Mexicanos: me he atrevido a hablaros como un ciudadano que ha sido obligado a ser uno de los principales actores en las grandes agitaciones que han sacudido la República. Tengo la satisfacción de que nada ha padecido el sistema ni las instituciones. Hemos quedado más libres, ninguno es desgraciado por nosotros y las leyes han recobrado todo su imperio. Me he presentado ante la nación como he sido, sin ningunos atavíos. El estilo es de consiguiente desaliñado y demasiado llano. Yo no he querido hacer un discurso académico para obtener el premio de la elocuencia: el único a que aspiro es el de que al pronunciar vuestro juicio sobre mi conducta política y sus resultados, digáis entre vosotros: Este hombre no es un malvado.

SEGUNDA PARTE

Es sumamente difícil ser imparcial en tiempo de partidos, y mucho más cuando éstos han llegado al punto de exaltación en que se pelea por la conservación de la vida de los directores y agentes principales. La necesidad de la propia conservación es la primera entre todas las necesidades y el primer derecho que el hombre tiene de la naturaleza. Los moralistas han tratado la cuestión sobre hasta dónde el que pelea por su propia defensa podrá llevar la agresión sin ofender la conciencia, y es muy probable que en un siglo en que las revoluciones son tan frecuentes, y cuyo origen se procura ennoblecer bajo el pretexto de sostener la libertad y la igualdad, se han de consagrar algunos capítulos en las obras de los políticos, con el objeto de discutir y alcanzar con precisión hasta qué punto los pueblos deben sufrir la opresión para tener el derecho de insurreccionarse contra su gobierno cuando una facción está obligada a obedecer a su contraria sin oponer ninguna resistencia, cuando un partido puede llamarse legítimamente nacional, y si esta augusta denominación, usurpada con tanta frecuencia, da derecho a hacer correr la sangre de los ciudadanos, ora por tribunales revolucionarios, ora por comisiones militares, o bien sin ningún aparato legal. Estas reflexiones deben preceder al juicio que yo mismo tengo que hacer sobre mi Manifiesto.

El historiador imparcial no puede aprobar la conducta de don Lorenzo de Zavala en haber evitado por la fuga el juicio a que quedó sujeto por el fallo del Senado, cualquiera que haya sido el pretexto que cubriese esta acción. En realidad, Zavala no era culpable del delito que se le imputaba; pero sus conexiones íntimas con los revolucionarios de México, su amistad con el general Guerrero, las cuestiones que había tenido con el ministro Pedraza, y sus opiniones manifestadas anteriormente, lo debían hacer sumamente sospechoso al partido vencedor. De su casa había salido don José Antonio Mejía para ir a unirse al general Santa Anna en Perote. Mejía había distribuído en su casa igualmente algunas proclamas incendiarias; don Manuel Reyes Veramendi le participó su proyecto de salir a ponerse a la cabeza de los facciosos en Monte Alto; don Loreto Cataño no le ocultó sus intenciones de moverse en Chalco contra el gobierno de Pedraza; don Manuel Ordiera le comunicó su proyecto de levantar la gente de Cuautla; todo esto lo sabía Zavala, y siendo el gobernador del Estado de México, en donde habían de hacerse estos movimientos, es evidente que era cómplice en ello no ahogándolos en su cuna. Este era su principal deber. Pero Zavala era hechura del partido que obraba de este modo, como Pedraza lo era del otro. No podía desprenderse de esos tristes y funestos compromisos en que implican los partidos, y su repugnancia a obrar abiertamente contra las leyes fue la principal causa del odio de muchos de sus partidarios. Cuando Pedraza lo invitó a la conferencia de que he hablado, por medio de cartas dirigidas a don Ignacio Inclán y a don Ignacio Martínez, ambos íntimos partidarios de este general, creyó Zavala encontrar el arbitrio de evadirse de sus compromisos y hacer variar las circunstancias de las cosas conciliando a los dos contendientes Guerrero y Pedraza; pero esto era imposible, porque ambos aspiraban a un mismo puesto.

Creo conveniente, para que se conozca el espíritu que animaba al gobernador del Estado de México don Lorenzo de Zavala en aquella angustiada posición, recordar a los lectores el contenido de la nota oficial en que le participaba de las noticias que tenía acerca de varios movimientos que temía en Toluca, Chalco y Acapulco, y la contestación de Pedraza.

Rodeado de los cómplices en aquellos movimientos, era imposible que dejase de percibir sus intenciones, y más cuando creían aquéllos que nada aventurarían en el caso de que este magistrado llegase a conocer sus proyectos. Esta es la desolada posición de los jefes de partido, que no han conseguido sobreponerse a las pasiones que dirigen esas masas ciegas y desordenadas. Pedraza tenía una grande ventaja, de que se aprovechaba, sin una verdadera utilidad de la República, como pudo haberlo hecho. Esta era el patrocinio de la ley, la protección de las cámaras, el sufragio de las legislaturas que le habían votado y el apoyo de las tropas. Pero se dió a su elección ya hecha el aspecto del triunfo de un partido, en vez de presentarlo como la voluntad de la nación, y sus partidarios hacían gala y ostentación de su victoria sobre la otra parte de la nación que quedó vencida.

En los países en que el pueblo gobierna por sí o por sus representantes es necesario que, cuando ha pronunciado la mayoría, todos se uniformen para sostener sus resoluciones. Otro mal más grave llevaba consigo esta elección, y era el que los españoles tomaron y manifestaron mucho empeño en su éxito. Es un pecado que no perdona el pueblo mexicano el de ver una causa, una persona, un partido cualquiera protegido por los españoles. Pedraza no podía desconocer este inconveniente; mas ¿había de chocar con los que se le declaraban amigos? ¿Podría renunciar decentemente a sus servicios?

El Manifiesto que he insertado es uno de esos documentos que tienen por objeto cubrir las faltas y excesos de los partidos, aunque en el fondo contiene una narración exacta de los sucesos acaecidos en los últimos meses de 1828. No se puede en rigor hacer cargos al general Pedraza por no haber sofocado, antes de nacer, la revolución de la Acordada, porque no obraba exclusivamente por sí solo. Aunque tenía mucha influencia en la dirección de los negocios, el presidente no consentía en algunos actos que quizá hubieran dado muy diferente dirección a los negocios y presentado un desenlace más favorable al partido de su presidencia. Esta contrariedad entre los pareceres y las providencias hacía aparecer un orden de cosas que participaba de los diversos caracteres de las personas de donde provenían. Las providencias vigorosas y militares adoptadas por el ministro Pedraza, aumentadas en proporción de lo que exigiesen las circunstancias, hasta un punto indeterminado, hubieran quizá alcanzado el objeto de tranquilizar el país por algún tiempo, aunque a expensas de las libertades públicas, y después de muchas calamidades. Pero Victoria temía conceder mucho al rigor y comprometer su reputación de amante de la igualdad, y obligaba a su ministerio a tomar sólo las medias medidas que servían para irritar, y nunca ni para calmar ni para aterrorizar a los facciosos. De manera que todos estaban en una posición violenta en el gabinete, a pesar de la aparente armonía que parecía reinar en él. Esteva, hombre pusilánime que no entendía nada de lo que pasaba, que abandonó el partido de los que lo sostuvieron y había engañado al general Guerrero con falsas promesas, temía un desenlace contrario, que podía serle funesto. Cañedo, conociendo que era necesario continuar en la marcha en que estaba empeñado el ministerio, cooperaba con Pedraza a las medidas fuertes y enérgicas, que hasta entonces tenían todas las apariencias de legalidad. Espinosa de los Monteros, abogado pacífico y muy distante de los odios y rivalidades que causan los partidos, sostenía con el presidente Victoria las medidas de conciliación y dulzura. Era imposible resistir de este modo a un partido agresor que atacaba sin cesar por todos los medios que presentan instituciones creadas para un pueblo en que se suponen costumbres, hábitos y virtudes republicanas. Pedraza decía con frecuencia que los que atacaban al gobierno tenían la ventaja de obrar en una esfera muy amplia que no conocía término, en vez de que la del gobierno estaba reducida al estrecho círculo que le demarcan las leyes. Esta reflexión no le ocurrió cuando sólo con estas leyes ahogó en su cuna los movimientos de Bravo, Barragán, Armijo y otros, que se hacían contra la opinión popular. Las circunstancias eran muy diferentes, y él estaba entonces colocado, aunque en posición más ventajosa, en las mismas que rodeaban a aquellos generales; es decir, las simpatías populares le eran contrarias, pero tenía en su favor la autoridad de la ley y el derecho indisputable que acompaña a ésta. Hizo Pedraza repetidas instancias para que al presidente se concedieran facultades extraordinarias, pocos días antes de la catástrofe de la Acordada; mas las cámaras se resistieron constantemente, y sólo las acordaron cuando se habían ya roto las hostilidades entre los facciosos y el gobierno: esto es, cuando ya eran inútiles.

El día 3 de diciembre por la noche el general Pedraza abandonó el campo y salió oculto de México, dejando pendiente la lucha y entregada la ciudad a un combate sangriento. ¡Cosa rara! En la misma noche había partido el general Guerrero, abandonando igualmente a los que sostenían su partido, y se había ido a ocultar a las montañas de Chalco para esperar el resultado de la acción. Pedraza, ¿cometió un acto de cobardía huyendo en las circunstancias en que lo hizo o fue una medida de prudencia para evitar los primeros efectos de la cólera del partido enemigo en los momentos de su triunfo? Guerrero, al hacer lo mismo entre los suyos, ¿fue cobarde o prudente?

Parece que habiendo desaparecido los dos rivales al mismo tiempo, y quizá en la misma hora, era todavía dudoso por ambas partes el éxito del combate, y, de consiguiente, su permanencia en el campo podía influir para el éxito de la contienda, toda vez que una fuga extemporánea de los jefes abate los ánimos y engendra el desaliento entre los partidarios.

La desaparición del general Guerrero comenzaba a producir este efecto; pero la noticia de la toma del fuerte de Chapultepec, en donde había una inmensa provisión de municiones y de pólvora, que ya no tenían los de la Acordada, y más que todo, la nueva comunidad como el relámpago de la desaparición de Pedraza, produjo tal aliento y entusiasmo en los rebeldes, y una consternación tan grande en las tropas del gobierno, que el general Filisola desamparó la capital, huyendo con treinta o cuarenta hombres, y ya no pudieron sostenerse los puntos del convento o iglesia de San Agustín, cuartel de Gendarmes, Colegio de Minería y otros de menos importancia en que estaban las tropas del gobierno.

El presidente Victoria mandó entonces suspender las hostilidades e izar bandera parlamentaria para que cesasen los estragos en la capital. El ataque no podía suspenderse en los diferentes puntos, y en medio del combate se dirigió a la Ciudadela, en donde entró en conferencias con don Lorenzo de Zavala, representante entonces de esta funesta revolución.

¿Qué podía en aquellas circunstancias decir Zavala de racional para excusar los excesos que a la sazón se cometían? ¿Cómo un hombre de luces podía aparecer decorosamente delante del legítimo Presidente de la República, que venía a capitular con los rebeldes? Zavala tenía necesidad de recurrir al lenguaje de las inculpaciones contra el jefe en quien no podía desconocer los derechos que la Constitución federal concede al supremo magistrado de la nación. El pretexto era sacudir el yugo de la opresión en que se suponía estar la República bajo la dirección ministerial de Pedraza; el verdadadero motivo era colocar a Guerrero en la próxima presidencia, sacar a Santa Anna y sus tropas de la angustiada situación en que se hallaban en Oaxaca y echar fuera de las cárceles una porción de ciudadanos encerrados por adictos a Guerrero. Estas eran las causas ostensibles; pero el instinto secreto, el que impelía a las masas y popularizaba el partido, el móvil principal y agente perpetuo de estas continuas asonadas, era y es un deseo, por parte del pueblo, de establecer la igualdad absoluta, a pesar del estado de la sociedad, y la libertad democrática, a pesar de las diferencias de civilización; por la de los militares ambiciosos, el de hacer sustituir el poder brutal de la fuerza armada al de la razón y utilidades sociales; por la del clero, el de mano tener sus privilegios y prerrogativas, y por la de los hombres dedicados a la política, el de fundar sobre los principios, a su manera, la nueva sociedad desordenada.

Estos son los elementos de discordia en el país; pero los corifeos de los partidos son siempre responsables ante la opinión y la posteridad de sus actos. Don Lorenzo de Zavala no podía desconocer esto, y la mayor dificultad de su posición era la de que la revolución con su triunfo había llegado a un punto desde donde o era preciso retroceder, si se quería dejar existente el sistema que regía la nación, o entrar en la arriesgada carrera de constituirse en dictador bajo las diferentes modificaciones que hubieran presentado las circunstancias. Copiaremos aquí, para no dejar a los lectores suspensos acerca del éxito de la conferencia entre Victoria y Zavala, lo que este último publicó en México en enero de 1829.

Es muy notable la conversación que entablamos el señor Victoria y yo. Lo primero que hizo fue preguntar si estaba en libertad para obrar; se le dijo que sí, y que nadie lo obligaría a ningún acto. Parecía que al hacer esta pregunta entraría desde luego en alguna discusión interesante. Nada menos que eso. Yo le dije con energía que él era la causa de los males que sufría la República y sobrevendrían después; le dije que supuesto que su ministerio había precipitado las desgracias y conducido la nación a este abismo, estaba en el caso de variarlo inmediatamente. Le intimé, por decirlo así, un plazo muy corto, porque de lo contrario -le añadí- los males continúan, y yo deseo que se corten. Me dió por contestación que por la noche hablaríamos y arreglaríamos estos asuntos.

Pues bien, señor -le dije-, que sea así. Pero advierta usted que la capital está en anarquía y la nación lo estará pronto. Es absolutamente necesario nombrar jefes nuevos y las demás autoridades de que hoy carecemos. Esto urge mucho.
S. E. pidió una escolta y se regresó. Nosotros quedamos admirando la serenidad, o mejor diré, indiferencia de este jefe a vista de tales acontecimientos. Todo era confusión y desorden; pero el señor Victoria no daba muestras de afectarle los grandes sucesos de que era testigo.

Por la noche concurrieron a la habitación del presidente don José Manuel Berrera, don Lorenzo de Zavala, don Juan Nepomuceno Acosta y don Anastasio Cerecero, y se entabló una conversación entre estos individuos y don Guadalupe Victoria, reducida a hacerse cargos o inculpaciones recíprocas. El palacio estaba sin más guardias que las que Zavala había mandado poner; la ciudad, en una espantosa soledad. El saqueo que principió a las diez de la mañana había cesado por la noche; un silencio sepulcral reinaba en la vasta capital de México; en todo el palacio no se veía otra persona que Victoria, a quien habían abandonado sus mismos domésticos. Muchos almacenes estaban abiertos, los efectos mercantiles en las calles, en las plazas; las puertas, fracturadas. No se oía una sola voz, y sólo el sonido de las horas, que anunciaba la carrera del tiempo, interrumpía aquel profundo sueño en que parecían estar todos los mortales. ¡Qué noche! ¡Qué terrible noche!

La conferencia con el presidente Victoria no produjo ningún resultado, y sólo se acordó que mandase citar diputados y senadores para continuar sus sesiones, como si nada hubiese ocurrido en la República. Esto se verificó, y aunque la Cámara de diputados se reunió, no pudo conseguirse el quorum para la de senadores, que esperaban ver renacer el partido vencido en la resistencia de Puebla. Ya, por último, hubo número para el acto de cerrar las sesiones.

Entre tanto, el general Múzquiz, que mandaba en Puebla como comandante militar, negó al gobierno de Victoria la obediencia, alegando que no lo consideraba en libertad después del triunfo de los facciosos. Don Vicente Filisola se había retirado a aquella ciudad, en donde, reunido con Múzquiz, el coronel Andrade, el teniente coronel Gil Pérez y otros, hicieron con la guarnición y las tropas que conducían la conducta de platas a Veracruz una protesta reducida a suspender la obediencia al presidente don Guadalupe Victoria mientras no tuviesen seguridad de que su gobierno y las cámaras estaban en plena libertad. No podía ser más racional el pretexto alegado por estos jefes. Sin embargo, todos creyeron ver el principio de nuevas calamidades y de una guerra civil prolongada.

El partido vencido alentó nuevas esperanzas y comenzaban a correr a la ciudad de la Puebla de los Angeles todos los que creían que aquella revolución estaría apoyada por otros puntos. En Oaxaca, don Francisco Calderón, que mandaba las tropas contra Santa Anna, estrechaba el sitio cada día más, y de acuerdo con los de Puebla desobedecía las órdenes de México. Algunos síntomas de desunión se manifestaron en Guanajuato, Jalisco y Querétaro. En esta ciudad, el general Quintanar se negó del mismo modo que Múzquiz, y estaba en oposición con el pueblo, que proclamaba la revolución de la Acordada. Ya se preveía una coalición de los generales Cortázar, Armijo, Parrés, Quintanar, Terán, Múzquiz, Calderón, Filisola, Anaya y de muchos coroneles y jefes subalternos, que eran de su mismo partido y sostenían la misma causa. No se podía saber la disposición en que se hallaban los ánimos en los Estados remotos, como Chihuahua, Durango, Occidente, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Pero generalmente hablando, éstos siguen siempre el partido del más fuerte, si se exceptúa el último, en donde una guarnición numerosa ejerce también su dictadura militar. El espíritu de libertad y el sentimiento de su poder nace en los pueblos en donde la ilustración ha hecho progresos entre todas las clases de la sociedad, o en donde hábitos de independencia y tradiciones heredadas han arraigado estas ideas, que se transmiten como una propiedad y un derecho. En los Estados mexicanos, en donde no existen ciertamente estos hábitos, estas tradiciones, esa conciencia de su poder, ni de los derechos nuevamente adquiridos, y en donde además son muy pequeños los progresos que ha hecho la civilización entre el pueblo, muy poca resistencia se puede oponer por ahora a una fuerza interior que, organizada en apoyo de un hombre o de un partido, no entre chocando con las fórmulas y voces recibidas, aunque atropelle en la realidad con las cosas mismas. Más tarde daré extensión a estas ideas, para gobierno de los mexicanos que con recta intención trabajan por la prosperidad de su patria y desean el establecimiento de la verdadera libertad.

El coronel don Juan José Codallos, que abrazó constantemente el partido popular, después de haber sublevado al pueblo y milicia cívica de Querétaro contra el general Quintanar, que no quería obedecer al gobierno de México, se dirigió con cerca de un mil nacionales del Bajío al rumbo de Celaya, Guanajuato, villa de León y Gundalajara, en cuyos puntos hizo, ayudado del pueblo, que algunos jefes militares que manifestaban repugnancia a la revolución efectuada en México reconociesen sus efectos. Todos los Estados del Norte y Occidente habían abrazado la causa de la Acordada, esa causa democrática que hacía temblar a los propietarios, que creían que los directores profesaban en realidad el dogma de la absoluta igualdad. Apoyaba este concepto, después del saqueo del Parián, verificado en la capital, la conducta atroz y vandálica de una partida de cuatrocientos asesinos que capitaneaba en los valles de Cuautla y Cuernavaca el capitán Larios, que despojaba a los españoles que encontraba y asesinó a sangre fría a cuatro o cinco de éstos, después de haber entrado en sus haciendas y robado cuanto tenían en nombre de los patriotas y del general Guerrero. El gobernador Zavala corrió a contener a aquellos bandidos, y con el auxilio del coronel don Juan Domínguez, que mandaba el batallón número 4 de infantería, deshizo aquella turba de malhechores, que habían sembrado el espanto y cubierto de luto aquellas fértiles comarcas, y proclamó altamente los sagrados derechos de propiedad y libertad. Las tropas del coronel Alvarez, que venían desde las costas de Acapulco y ascendían a cerca de un mil quinientos hombres, llegaron a la sazón a Cuernavaca, y el orden y disciplina que observaban fueron el más fuerte apoyo para conservar la tranquilidad pública y garantizar las propiedades. Pocos hombres han reunido en tanto grado el valor y la perseverancia a una constante oposición al gobierno en la parte del Estado de México en que tiene influencia.

He hablado anteriormente de los indómitos habitantes de las costas del Pacífico en las cercanías de Acapulco y Zacatula, y creo que no debo pasar en silencio el carácter de Alvarez y sus disposiciones mentales. Alvarez es un hombre astuto, reflexivo y capaz de dirigir masas de hombres organizadas. Cuando una vez ha emprendido sostener la causa que abraza puede contarse con su constancia y firmeza. Su aspecto es serio, su marcha pausada, su discurso frío y desaliñado. Pero se descubre siempre bajo aquel exterior lánguido un alma de hierro y una penetración poco común. Su escuela en la milicia ha sido el campo de batalla, en donde ha hecho la guerra siempre contra los españoles, y sus lecciones fueron la experiencia de veinte años de combates. Lo veremos aparecer en la escena siempre con denuedo y siguiendo su sistema de ataque. Por esta vez continuó su marcha hacia Cuautla y las cercanías de Puebla, para contribuir al ataque que se preparaba hacer contra esta ciudad, en donde, como he dicho, se habían reunido los descontentos con el nuevo orden de cosas establecido en México.

El 24 de diciembre por la noche, el teniente coronel Gil Pérez, a cuyo cargo estaba el caudal de la conducta en el cerro de Loreto a dos millas de Puebla, hizo un acta con sus tropas, reducida a adoptar el plan de los vencedores de la Acordada, y este paso fue anunciado con algunos cañonazos que se dispararon. El general Múzquiz había echado mano de algunas cantidades de la conducta para contentar sus tropas, y Gil Pérez hizo otro tanto, aunque con la diferencia de que Múzquiz dió una cuenta exacta y no se permitió ningún abuso. El movimiento de Gil Pérez fue seguido por las milicias nacionales y después por toda la guarnición, lo que obligó a los jefes a celebrar un acta por la que se sujetaban todos a las órdenes del supremo gobierno de México, al que consideraban ya, así como a las cámaras de la Unión, en completa libertad para deliberar. El general Calderón no tardó en hacer lo mismo con sus tropas de Oaxaca, y unidos con Santa Anna y su pequeña fuerza, se entregaron a las efusiones del gozo más puro, abrazándose cordialmente los que poco antes se habían hecho una guerra sangrienta. De esta manera se terminó por aquel año la completa pacificación de la República, habiéndose sujetado todas las tropas al gobierno del señor Victoria, restablecido.

El gabinete no había sido variado, sino el ministro de la Guerra, y permanecieron Cañedo, Esteva y Espinosa de los Monteros desempeñando sus anteriores plazas. El general Guerrero fue nombrado por algunos días en lugar de Pedraza, y poco después fue sustituído por don Francisco Moctezuma, que desempeñó cerca de un año este destíno, como veremos más adelante. Don Vicente Guerrero fue nombrado comandante general de los Estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, y con esta investidura partió para Tehuacán y Puebla, habiendo residido en esta última ciudad por un mes.

En 1° de enero de 1829 se abrieron las sesiones del Congreso general con los nuevos representantes que vinieron de los Estados. Todo parecía restablecido en su orden y ya no había temores de una revolución próxima. Se abrieron los pliegos que contenían las votaciones de las legislaturas de los Estados para los destinos de presidente y vicepresidente de la República. Don Manuel Gómez Pedraza tenía once votos, como hemos visto anteriormente, y don Vicente Guerrero nueve. Recibióse igualmente una exposición del primero, en la que hacía renuncia del derecho que le daba la mayoría de los sufragios de las legislaturas para la presidencia. La Cámara de diputados, lejos de tomar esta espontánea renuncia en consideración, como debía haberlo hecho, declaró, sin facultades para ello, nula la elección del señor Pedraza; y el día 9, procediendo al nombramiento de presidente y vicepresidente, eligió para el primero de estos destinos al señor don Vicente Guerrero y para el segundo al señor don Anastasio Bustamante, que se hallaba en aquella época en las provincias internas de Oriente o Estados, como ahora se llaman. De manera que la elección se verificó un mes y cinco días después de haber terminado el movimiento popular de la Acordada y cuando casi habían desaparecido sus efectos.

¿Cómo es que el general Bustamante fuese preferido en esta elección a los competidores en la segunda plaza? Don Ignacio Godoy y don Melchor Múzquiz entraron con Bustamante en escrutinio, y si se comparan talentos, virtudes patrióticas e ilustración, ninguno debía dudar en dar la preferencia a Godoy; si se recuerdan anteriores servicios, Múzquiz los había hecho muy distinguidos cuando Bustamante peleaba en las filas de los realistas. Este último, además, había servido de apoyo a las pretensiones del señor Iturbide, y fue uno de los que lo llamaron por segunda vez a la República cuando en Jalisco sostenía con Quintanar a los partidarios del imperio.

El espíritu de partido se sobrepuso en esta vez, como sucede frecuentemente, a todas las consideraciones expuestas; e iniciado como había sido en las logias yorkinas y pasado por todos los grados de la masonería, había recibido Bustamante el bautismo misterioso que, en opinión de partidarios fanáticos, lavaba todas las anteriores manchas, infundía virtudes republicanas y transformaba el carácter servil en liberal, elevaba el espíritu mezquino y engrandecía la esfera de los conocimientos. El general Guerrero lo había recomendado a varias legislaturas para candidato, y él mismo inclinó a la Cámara de diputados, por medio de sus agentes, para que hiciese este nombramiento. Los que sabían calcular y conocían las cualidades de Bustamante, atribuían esta preferencia que le daba Guerrero sobre sus dos competidores a esa misma servilidad que había hecho de Bustamante un instrumento pasivo de los virreyes y de Iturbide, creyendo encontrar un amigo, un sostén, un compañero que serviría útilmente en caso de que una expedición española viniese sobre las costas. Bustamante tiene valor, tenía el afecto de algunas provincias en donde había servido, y desde el año de 1821, en que se alistó entre los independientes, había hecho muy importantes servicios a la causa nacional en su carrera. En abril de 1822 destruyó en pocos días las últimas esperanzas de los españoles en Juchi.

Los que conocen lo que hacen los pueblos cuando un partido está en su triunfo o una persona ha conseguido la victoria sobre sus rivales supondrán cuáles fueron los aplausos, las funciones, los convites, las aclamaciones que acompañaron la llegada de Guerrero a México en 29 de este mes en que fue nombrado presidente. Los aduladores le rodeaban, y sólo le hablaban de su patriotismo, de sus grandes servicios, de sus talentos, de sus heridas, de su valor. Este hombre, que no veía ninguna contradicción entre esa multitud ni creía que tuviese más enemigos que vencer, cerró los oídos a los consejos y avisos enérgicos de sus pocos amigos y se entregó con confianza en manos de una fortuna versátil y vengativa con los que la miran con indiferencia.

A principios de este año falleció en la ciudad de Guadalajara don José María Lobato. Después de haber contribuído mucho a la última revolución, como se ha visto, fue destinado por el supremo gobierno para la comandancia general del Estado de Jalisco.

Lobato era de cuna humilde y se elevó en la guerra de la revolución, en la que sirvió a la causa nacional por muchos años. Aunque en el último período de la primera revolución se indultó, fue uno de los primeros que salieron a unirse al general Iturbide, quien lo empleó varias veces en comisiones de segundo orden, las que siempre desempeñaba, si no con inteligencia, al menos con valor. Lo hemos visto figurar en la reacción de Casa-Mata, en la sedición de enero de 1824, y últimamente en la rebelión de la Acordada. Era ignorante y de poca capacidad; pero cuando obraba bajo la dirección de un jefe, podía servir muy útilmente. Era de los pocos generales que sostuvieron constantemente la causa popular, y se puede echar un velo sobre algunos defectos por esta cualidad, que lo hizo amar de los que veían en él un apoyo de sus derechos.

En marzo de 1829, el gobernador Zavala pronunció en la apertura de las sesiones el discurso siguiente:

Después de los importantes sucesos que han conmovido hasta sus fundamentos la sociedad y de los sacudimientos que han experimentado las instituciones sin destruirse, tengo el honor de concurrir en este santuario de las leyes a llenar uno de los más augustos actos de mi ministerio. La revolución espantosa provocada por repetidos actos de tiranía y de crueles persecuciones que hacían temer la próxima ruina de la actual forma de gobierno ha dado principio en el Estado de México, desenvuéltose en la gran capital de la federación y terminádose en toda la extensión de la República como esos terribles y majestuosos sacudimientos que hace la naturaleza y causan terror a los mortales, quedando después en silencio. En este augusto recinto se anunció por los patriotas diputados que hicieron tronar este edificio con sus voces llenas del entusiasmo que inspira el amor a la libertad un día de venganza y de grandes revoluciones, al ver atropellar el día 6 de octubre la majestad del Estado y hollado el carácter del representante de su poder ejecutivo. La federación recibió el más terrible golpe de mano de los poderes generales, y los que conocen el sistema y quieren de buena fe su permanencia, viéndolo amenazado de su próxima ruina, se preparaban a oponer la fuerza a la fuerza, al paso que los que atentaban de este modo, ya no dudaban levantar un nuevo orden de cosas más conforme a sus ideas, quizá por más análogo a su carácter dominante, o también porque es un camino a la monarquía.

Las fórmulas constitucionales, los simulacros de libertad y las denominaciones que dan las leyes fundamentales a las corporaciones, cubrían un sistema de opresión que sentían todos los mexicanos, especialmente los del grande Estado que tenéis la gloria de representar, como el más inmediato al origen de todos los males. Los Estados remotos no recibían otras impresiones que las que se disponían desde el palacio virreinal, y como aún no comenzaban a experimentar los efectos de la tiranía, eran sorprendidos sobre falsas relaciones y hechos desfigurados. ¡Lección terrible para lo sucesivo, y que jamás deben perder de vista los directores de la República! Tal era la situación de la cosa pública cuando salí huyendo de la persecución que suscitaron los enemigos de la libertad.

El período corrido desde aquella memorable época se ha llenado con una serie de pronunciamientos contra la tiranía naciente. El pueblo soberano manifestó su voluntad de la manera terrible que acostumbra. A su voz desapareció hasta la sombra de sus opresores. Su sacudimiento hizo retemblar todos los ángulos de la República, y los mismos que han tomado parte en esta escena han temido por sus consecuencias.

La elección hecha por los representantes de la Unión en el ciudadano señalado por el clamor universal para la próxima presidencia de la República ha restablecido la paz y dado esperanzas fundadas de una tranquilidad duradera. Todos los buenos ciudadanos cooperarán a este grande objeto. Los malvados tiemblan delante de la majestuosa voz que reclama los santos derechos de un pueblo oprimido por muchas centurias. El imperio de las leyes sucederá a la terrible tempestad. Vosotros, representantes del pueblo, podéis dar al Estado que os ha elegido los grandes beneficios que reclaman vuestros mandatarios: reformas útiles, y más que todo las garantías sociales, fuente de toda prosperidad y abundancia.

En la Memoria que tendré el honor de presentar dentro de pocos días trataré por menor de los varios ramos que forman los principales artículos de la administración pública. En medio de las atenciones que han rodeado al gobierno, y especialmente a la persona del gobernador, he procurado presentaros un cuadro interesante y útil de los objetos que deben llamar vuestra atención. La filosofía se ha hecho escuchar entre nosotros, aun en el tumulto de las pasiones, y su augusta voz reclama los santos derechos de los hombres, ultrajados unas veces por la fuerza de un despotismo militar, otras por el furor de un pueblo que todo lo atropella en nombre de la libertad. El ejecutivo del Estado de México, penetrado de los riesgos que amenazan nuestra tranquilidad, se desvela en mantenerla. Un gran pretexto para turbar el orden deberá desaparecer dentro de poco tiempo. La sabiduría y tino de los directores de la República consistirá en ahogar en su origen los que nazcan de nuevo. En ningún pueblo civilizado se proclamó paladinamente la guerra del pobre contra el rico; pero la tendencia natural a disfrutar sin las penalidades que son necesarias para adquirir, es un perpetuo estímulo en tiempo de revolución para moverse. Fijad con energía el punto hasta donde puedan llegar los que se creen con derecho a turbar el orden establecido bajo pretextos diferentes. Si los representantes de los poderes públicos son el órgano legítimo de la voluntad del pueblo; si éste tiene medios legales para hacerse escuchar; si sus clamores son oídos con atención y sus males remediados con prontitud, cesan los movimientos de toda revolución. Una verdad consoladora es la de que los mexicanos tienen el carácter dulce, las costumbres suaves, una exquisita sensibilidad, y sobre todo un instinto maravilloso. Con dificultad se les engaña, y más difícilmente se les mantiene en el error. ¡Qué elementos para educar al pueblo en las virtudes republicanas y para conducirlo a la prosperidad!

Como representante del poder ejecutivo, y como ciudadano que ha logrado alguna autoridad por sus servicios a la patria, tengo la complacencia de asegurar que el sistema federal continúa su marcha majestuosa y que es el que más se acomoda a nuestras actuales circunstancias. Su consolidación dependerá únicamente de las leyes que los representantes sancionaren. Destruid, ciudadanos diputados, todo lo que la antigua legislación tiene de incompatible con el nuevo orden de cosas; sustituid a las leyes coloniales otras que tengan relación con el sistema político que hemos adoptado; refundid la sociedad sobre los moldes de una sociedad vecina, cuyo orden de cosas ha sido nuestro modelo; a la tímida política, a las mezquinas arterías, a la misteriosa conducta del gobierno anterior, sustitúyansele la noble franqueza, la buena fe y la energía en las resoluciones. Vosotros entráis al santuario de las leyes con los deseos, con la capacidad y con el poder de hacer grandes cosas. Las circunstancias las exigen, y el pueblo necesita de cuanto pueda darle vida y movimiento. La falta de acción de parte del gobierno podrá conducirnos a la anarquía, y el paso de ésta al despotismo es muy corto. Representantes del Estado de México, meditad en la delicada situación de la cosa pública, y meditad profundamente.

He concluído ya la penosa relación de estos tristes acontecimientos, desastrosos por los desórdenes populares que los acompañaron, nacidos de la irritación en que se hallaba el pueblo con las recientes persecuciones que habían sufrido muchos de sus corifeos. Este triunfo era popular, y el pueblo vencedor o vencido no siempre se sirve de armas puras; se hace justicia con toda la pasión que le domina y causa los efectos terribles que vemos siempre en las luchas intestinas. Varios otros puntos de la República habían experimentado en tiempos anteriores iguales catástrofes a la que sufrió la capital por esta vez; pero ni había el interés de hacerlos aparecer tan ruidosos para que recayese la odiosidad sobre el partido popular ni el teatro fue tan público y tan vasto.

Considerada la revolución de la Acordada en el curso ordinario de las cosas y de la sociedad, fue un acto de rebelión, aunque nunca tan criminal como el de Tulancingo, en el que no había siquiera el pretexto de pelear por su propia defensa y conservación, y tenía además a su frente los primeros que debían dar el ejemplo de observancia a las leyes, subordinación al supremo jefe de la nación y conservación de la disciplina militar. En aquélla, el vicepresidente Bravo, los generales Barragán, Armijo y Verdejo estaban en los más altos destinos, desempeñándolos tranquilamente y sin temor de ser atropellados bajo la pacífica y suave administración que gobernaba; en ésta, Santa Anna suspenso antes de moverse; Zavala, perseguido y suspenso también sin haberse movido; el edificio que fué de la Inquisición, lleno de presos por causas políticas, hacían, si no excusable, al menos no tan ostensiblemente criminal el ataque dado a la suprema autoridad y a las augustas leyes que la protegían. El triunfo de la Acordada produjo el saqueo, los gritos y la confusión del partido popular, que se contenta y satisface fácilmente. El de Tulancingo hubiera traído la tiranía, los destierros, las ejecuciones militares y el terror. Aun no tenía la federación más que tres años de formada; todavía los Estados no habían gustado las ventajas que trae consigo el gobierno interior ni el número de pequeñas ambiciones había tomado el vuelo que posteriormente. Quizá entonces hubiera conseguido el partido jerárquico lo que posteriormente ha intentado infructuosamente, aunque bajo apariencias hipócritas, como hacen todas las facciones. El gobierno central, sea monárquico, sea aristocrático, sea militar, ha sido la tendencia constante de este partido, combinado en diferentes modificaciones y aparecido en varias épocas. Es el mismo que sostuvo a los virreyes; que se sirvió de Bravo y Guerrero, Santa Anna y Victoria para acabar con Iturbide; que echó mano de Bravo y Barragán para derribar a Victoria; que, frustrado entonces, se acogió a Pedraza, de quien esperaba más que de otro, aunque no se sabe con qué fundamentos, y al que luego veremos pasearse victorioso con las cabezas sangrientas de muchos ilustres patriotas, conculcando los derechos de los mexicanos, después de haber sacrificado una víctima ilustre.