José María Luis Mora, Marzo 3 de 1830

Cunctas notiones et urbes, populus aut priores, aut singulis regunt. Delecta ex his, et constituta reipublicae forma, laudari facilius quam evenire.
Tacit., Ann., lib. IV

El arreglo de los poderes públicos y la combinación de estos mismos en una constitución más o menos detallada, ha sido en todos tiempos el asunto más importante que ha fatigado el ingenio de los hombres. Hace más de dieciocho siglos que Tácito se ocupaba de esta materia y ya en su tiempo se sospechaba que la forma más perfecta de gobierno, sería aquella que reuniese la unidad, la popularidad y la aristocracia; aunque entonces se tenía casi por imposible este feliz resultado. La observación que con paso seguro aunque lento todo lo alcanza; la constancia que todo lo vence y el tiempo a quien nadie resiste, hicieron conocer a los hombres que esta feliz combinación, lejos de ser una quimera que deba relegarse a los países imaginarios, es una cosa muy posible y realizable; y que aquél famoso político de la antigüedad no se había engañado cuando presumió seria el invento más feliz que hubiese podido producir el ingenio de los hombres.

En efecto, el sistema representativo debido a una serie casi infinita de casualidades imprevistas, apareció ya casi en toda su perfección en las islas británicas a fines del siglo diecisiete y desde entonces ha desterrado de mucha y aun acaso de la mayor parte del mundo civilizado, las antiguas clasificaciones y formas de gobierno, fundiéndolas todas, por decirlo así, en una tercera, que libre de los inconvenientes a que estaba sujeta cada una de ellas, reunió todas sus ventajas. Cuando estas ideas se hicieron populares en el continente de Europa por la revolución francesa, las voces de aristocracia, democracia y monarquía perdieron toda su fuerza; nadie se fatigó en sostenerlas ni atacarlas; los gobiernos se clasificaron en absolutos y representativos y sólo se peleó ya por erigir los segundos sobre las ruinas de los primeros. Que el mundo haya adelantado hasta un grado que no parece concebible con esta clase de gobiernos, sólo podrá dudarlo quien se halle muy poco versado en la historia de los tiempos que precedieron a su establecimiento. Esta es ya una verdad que ha pasado a ser axioma entre los filósofos y políticos y no entra en nuestro plan el demostrarla. Baste decir, que si las naciones que han pretendido adoptar este sistema no han reportado desde luego todos los saludables efectos que eran de esperarse, esto no ha dependido del sistema mismo, sino de las alteraciones substanciales que en él se han hecho por el prurito de mejorarla.

Francia fue la primera que dio este paso indiscreto y los resultados fueron lo que deberían temerse: el trastorno de todo el orden social y la más furibunda y sanguinaria anarquía. Los desengaños que esto produjo la hicieron retroceder sucesiva y gradualmente hasta fijarse en las verdaderas bases del sistema y ahora camina a pasos agigantados, avanzándose rápidamente en la carrera hasta hoy indefinida de la grandeza y prosperidad social. España, que jamás ha hecho otra cosa que imitar en todo a Francia, a pesar de los desengaños que la revolución debía producir en ella, adoptó todos sus principios antisociales, copiando casi a la letra la Constitución de la Asamblea Constituyente y empeorándola en todo aquello que las Cortes pusieron de suyo. Sucedió lo que debía suceder y estaba en la naturaleza de las cosas; en las dos distintas épocas que se ha intentado hacer ley fundamental este código imperfectísimo, la anarquía más desenfrenada ha hostigado de tal manera a los pueblos, que se han arrojado como por un impulso maquinal en los brazos del más absoluto despotismo.

Por desgracia de las antiguas colonias de América, su revolución de Independencia coincidió con el reinado de la Constitución en la metrópoli y como era consiguiente, imitaron los errores de sus padres por más que detestasen su dominio. Diez años han pasado en las que menos, y veinte en las que más, que se hallan en revolución constitucional todas las nuevas Repúblicas de América. Ninguna ha podido establecer un gobierno sólido; hacen hoy una Constitución para que muera mañana y sea reemplazada por otra tercera y ésta desaparece como un fantasma que apenas se ha dejado ver; se han reconocido y ensayado todas las combinaciones conocidas de los poderes públicos; se han imaginado y procurado realizar muchas nuevas, exóticas y extravagantes; todas han dado el mismo resultado, despotismo y anarquía. ¿En qué pues consiste esto? ¿Y cuál es el origen de la inestabilidad e insubsistencia de los gobiernos creados y sistemas recientemente establecidos en las nuevas repúblicas? La respuesta es demasiado fácil: en que no han adoptado del sistema representativo otra cosa que sus formas y su aparato exterior; en que han pretendido combinar y unir estrechamente las leyes y hábitos despóticos y mezquinos del viejo absolutismo con los principios de un sistema que todo debe ser libertad y franqueza; en una palabra, consiste en que abandonando los principios acreditados por la razón y la experiencia, han querido ser inventores, amalgamar cosas que dicen entre si una mutua oposición y son por su naturaleza discordantes.

No es de nuestro propósito el tejer la historia de los desaciertos en que han incurrido los pueblos de la lengua castellana que han pretendido constituirse republicanamente en América; nuestras reflexiones serán contraídas a México, de cuya revolución constitucional tenemos algún conocimiento, por haber tenido en ella una parte muy activa y haber estado en muchos de sus secretos. En honor de la verdad, es preciso confesar que México ha marchado con más regularidad y constancia en la carrera constitucional que una vez emprendió; y desde luego ha tenido la imponderable ventaja de que jamás se ha pensado seriamente en un cambio de sistema de gobierno. Decimos seriamente, para no excluir algunos proyectos de patriotas exaltados, bisoños y poco reflexivos, que con el mayor candor se persuaden ser esto cosa muy fácil y aun lo anuncian por escrito; pero el proyecto es tan irrealizable que no merece la pena de ocuparnos. México, pues, que ha contado con la estabilidad de sus instituciones, ha adoptado muy pocos principios del sistema representativo y aun en ellos no ha sido siempre constante.

Los autores políticos de más crédito y las instituciones públicas de los pueblos regidos por el sistema representativo, abrazan bajo este nombre la limitación del poder público y su distribución en los tres principales ramos, las elecciones periódicas y populares, la libertad de opiniones, la de la imprenta y la de la industria, la inviolabilidad de las propiedades, el derecho de acordar las contribuciones por los representantes de la Nación y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ahora bien, ¿se podrá asegurar que en nuestra República se han adoptado estos principios y garantizado su efectivo cumplimiento por leyes que estén en consonancia con ellos? ¿0 serán acaso entre nosotros sólo nombres vanos destituidos de sentido con que se ha pretendido alucinar al público? En lo general no podemos dejar de reconocer que así ha sido y pasamos a demostrarlo.

Desde luego se advierte entre nuestros conciudadanos un error bien común e igualmente perjudicial sobre la naturaleza y extensión de la soberanía. La idea que hasta aquí se ha tenido del poder supremo, es la del absolutismo, es decir, el derecho de hacer todo lo que se quisiere; y nosotros al variar de gobierno y hacernos independientes, no hemos hecho otra cosa que trasladar este poder formidable de uno a muchos, o lo que es lo mismo, del rey a los Congresos. Desde el año de 1823 se está ejerciendo este despotismo, así en el Gobierno general como en el de los Estados con el nombre de facultades extraordinarias, de un modo más o menos duro, según el carácter de las revoluciones que se han sucedido y el temple de los que las regenteaban. A pesar de haberse reprobado repetidas veces en el Congreso general constituyente el artículo que la comisión proponía para que se pudiese por facultad del Congreso el concederlas extraordinarias al Gobierno; a pesar de haberse tenido presente para desecharlo, que esto sería entronizar el absolutismo y destruir con una mano la Constitución que con la otra se edificaba; este mismo Congreso al cerrar sus sesiones, invistió al Gobierno de aquellas mismas facultades extraordinarias bajo cuyo yugo había estado la Nación por dos años y apenas habían cesado por la reciente publicación de la ley fundamental. Desde entonces el Gobierno las ha reclamado constantemente como una prenda de seguridad y aunque se ha logrado arrancarlos algunas veces de sus manos, ha sido para volver a ellas dentro de muy poco tiempo.

En las más de las Constituciones de los Estados se ha puesto por facultad de los Congresos el concederlas extraordinarias al Gobierno, y a ejemplo de los poderes supremos se han concedido de facto con muchísima frecuencia. Lo que ha resultado de esto bien claro y patente ha sido a la Nación toda; basta volver los ojos a los últimos meses que precedieron al pronunciamiento del Ejército de Reserva, para convencerse de los inmensos desórdenes que se cometieron por el Gobierno general y los de los Estados; se puede asegurar que no hubo propiedad ni persona segura y que los derechos más sagrados sufrieron frecuentemente los golpes más terribles de este absolutismo espantoso.

Que en todo nuestro período constitucional no haya existido entre nosotros la división de poderes, es igualmente una verdad demostrada. Si en las Constituciones se halla escrita, los Congresos se creen con facultades superiores a las mismas Constituciones; unas veces dictan leyes de proscripción, e imponen penas muy graves por sí y ante sí, en usurpación de las funciones judiciales; y otras por decretos contrarios al tenor y letra de la misma Constitución, autorizan las comisiones militares. De lo primero son ejemplo los decretos de extrañamiento y proscripción de los generales Iturbide, Bravo y Santa Ana, y los de extrañamiento de españoles; por ellos se han impuesto y llevado a efecto penas durísimas sin forma ni aparato de proceso y sin audiencia de los interesados en contravención de la ley fundamental, y avocándose el Cuerpo Legislativo las funciones judiciales; lo segundo está acreditado por ese bárbaro decreto de 27 de septiembre de 1823 contra ladrones y conspiradores, que para eterna ignominia de la República existe aún entre nosotros. Esta fue la poderosa arma que creada por un partido se convirtió contra él mismo, cuando se apoderó de ella su enemigo; de ella se valió el ministerio Pedraza para proscribir en el año de 27 a una multitud de inocentes, envolviéndolos en la causa seguida a los revolucionarios; y ella finalmente amenaza todavía a las libertades públicas mientras no quede derogada.

Si del absolutismo, que como hemos probado no ha podido salir todavía de nuestros hábitos e ideas, ni mucho menos del Gobierno, pasamos a las elecciones populares, ramo tan importante en el sistema representativo; hallaremos que, en lo general, ni éstas han sido conformes a las leyes que las sisteman, ni las leyes de la materia son las que convienen a la libertad pública. Nuestras elecciones desde sus primeros pasos han estado viciadas con notorias nulidades que han ido en progreso hasta hacerse muy notables, y llamar la atención del público, de un modo que ya ha sido necesario reclamarlas. Por sentado que jamás se ha verificado en ellas el número de los votos ni el nombre y circunstancias de las personas que los emitían, y de aquí ha resultado que votasen muchos excluidos por la ley y que lo hiciesen no una sino muchas veces; así han aparecido mayorías que en la realidad no existían y han entrado a funcionar a virtud de estas maniobras muchos que con nada menos contaban que con la voluntad de los pueblos. Al principio se hacían estas cosas con algún disimulo; más poco a poco se fue perdiendo el respeto al público y a las leyes, hasta venir a parar en fraudes no disimulados y manifiestas usurpaciones.

Que estos excesos hayan dependido de las leyes mismas, es una cosa muy clara; ellas han prodigado el derecho de ciudadanía con una profusión escandalosa, haciéndolo descender contra lo que han enseñado la razón y la experiencia, hasta las clases más ínfimas de la sociedad; así a fuerza de consultar a lo que se llama libertad, se ha venido a colocar el derecho más precioso y delicado en personas que por su pobreza, ignorancia y falta de independencia, ni conocen ni saben apreciar su importancia, convirtiéndose con suma facilidad en instrumentos ciegos de los que pretenden seducirlos y tienen intereses en abusar de su candor.

Además, no se ha tomado precaución alguna para que los colegios electorales no se sobrepongan a las leyes, ni sigan ejerciendo la autoridad omnipotente de que se han apoderado; lejos de eso se han sancionado todos sus procedimientos y este ha sido un nuevo motivo para que los continúen. De esta manera las juntas electorales han venido a convertirse en reuniones de facciosos, que han dado por el pie al sistema representativo, llevando violentamente al santuario de las leyes hombres sin misión, y cuyo menor defecto era el ser verdaderamente intrusos. Así ha pasado entre nosotros, desde el año de 1826, especialmente en casi todas las elecciones de ayuntamiento, Cuerpos Legislativos de los Estados, Gobernadores de los mismos, Cámaras de la Unión, Juntas Preparatorias y, hasta en la última elección de Presidente, se han violado, se han hollado y despreciado todas las leyes. Cada autoridad cuando le ha tocado obrar lo han hecho sin sujeción a regla alguna y aun contraviniendo a las que limitaban su acción; en una palabra, ha sido despótica en su esfera.

Otro principio capital del sistema representativo es la libertad absoluta de pensar y escribir. ¿Se puede asegurar que esta libertad bien garantizada basta por sí misma para hacer libre el sistema más despótico? y que sin ella todas las demás son y serán siempre ilusorias; y entre nosotros ¿ha tenido alguna garantía el pensamiento y la imprenta que es un modo de manifestarlo? Nada menos; siempre se ha hallado oprimido por las leyes, las preocupaciones y los partidos: no queremos ya hablar de la intolerancia religiosa que se ha procurado asegurar por las precauciones más calculadas y nos fijaremos por ahora en la política.

Entre nosotros ha habido doctrinas a las cuales no ha sido lícito tocar; por mucho tiempo se ha repetido, y aun se ha estado en el concepto de que era un crimen atacar lo que se llaman bases del sistema, manifestando los convenientes verdaderos o supuestos a que están sujetas; es verdad que jamás ha sido esto terminantemente prohibido por ley alguna, pero se ha hecho un delito de los ataques indirectos y bajo este nombre han sido comprendidas las simples e inocentes impugnaciones; díganlo si no esos fallos del jurado que tantas veces han declarado subversivo y sedicioso un escrito, sólo porque no era conforme a las ideas de los que eran llamados a fallar.

Las facciones y partidos han atacado también diversas veces y con el mayor furor la libertad del pensamiento; ellas han formado su símbolo político y han trazado un círculo alrededor de sus artículos, declarando guerra a muerte al que ha tenido la osadía de traspasarlo. Como entre nosotros han alternado los triunfos de los partidos sucediéndose sin intermisión, el vencedor ha impuesto casi siempre al vencido la obligación de respetar sus principios; muchas veces se ha hallado medio de hacer ilusorios estos preceptos, pero siempre se han corrido grandes riesgos y esto, si no ha destruido del todo la libertad del pensamiento, ha entorpecido su marcha.

Los resultados de semejantes violencias han sido los más funestos; jamás se ha podido formar la opinión pública, ni las leyes han sido efecto de esta opinión. Cuando la discusión no es enteramente libre, nadie se interesa en ella, ni existe un espíritu público verdadero; la propensión de presentar un proyecto útil, se apaga del todo cuando se teme fundadamente que se coloque en el número de los crímenes una proposición inocente y tal vez verdaderamente laudable y, ¿qué opinión puede ser aquella que se pretende formar, sin tener a la vista el pro y contra de la materia que se discute? Pero nuestros partidos lo que han intentado siempre, es sacar como por sorpresa las leyes que les acomoda, sin cuidarse para nada de la opinión del público, y llamar después sedicioso a cualquiera que se atreve a hacer reparos sobre ellas.

En todas las naciones en que es conocido el sistema representativo, el Cuerpo Legislativo y el Gobierno siguen muy de lejos a la opinión; es decir, no sancionan sino lo que se ha discutido primero por la imprenta y de palabra y adoptan la medida o el concepto que se ha fijado en el público; de aquí proviene que sus leyes sean entendidas por todos y tengan una base solidísima, pues cuentan tantos apoyos cuantos son los que se hallan convencidos de la necesidad de dictarlas. Si un proyecto es desechado en un año, se repite en el siguiente; y si es de una utilidad real, va continuamente ganando votos hasta llegar a ser ley.

La libertad de los negros, la emancipación de los católicos y la destrucción del sistema prohibitivo en Inglaterra, han sido todos triunfos de la opinión en este siglo y desechados no una sino muchas veces cuando estaban en clase de proyectos. Pero nosotros, que tenemos tino para errarlo todo, hemos procedido constantemente de un modo inverso; si se desecha por primera vez un proyecto en las Cámaras, todos los dan por perdido para siempre y nadie vuelve a acordarse de él; lejos de presentarlo al público para que se discuta libremente, lo escondemos de sus miradas, no se procura convencer de su oportunidad, conveniencia o justicia, sino a los que han de votarlo, y si esto no se consigue, se procura intimidarlos o comprometerlos para que lo hagan. De esta manera aunque las leyes sean justas, cosa que no siempre sucede, jamás son efecto de la opinión; los legisladores nunca la conocen y están siempre llenos de temores para adoptar ciertas medidas, por el riesgo de contrariarla. Trátense las materias con la debida libertad y anticipación en los escritos y discusiones públicas y entonces ni se perpetuarán los errores a pretexto de que se les teme, ni se harán leyes inoportunas y que choquen peligrosamente con las preocupaciones populares.

No nos han perjudicado menos ni son menos contrarias a los principios de una constitución verdaderamente libre, las ideas mezquinas que hemos recibido de nuestros padres sobre economía pública; hablamos del sistema prohibitivo, o lo que es lo mismo, de las trabas puestas a la industria de los particulares, bajo el pretexto de fomentar la prosperidad nacional. Sin la libertad de la industria, la creación de capitales es muy lenta y tardía; las facultades activas del hombre carecen de estímulo y esto lejos de fomentar atrasa considerablemente a una Nación. Además, toda prohibición de comprar, vender o producir es un ataque formal al derecho de propiedad, es un privilegio exclusivo a favor de los productores, que siempre son los menos y contra los consumidores, que son los más. Estos ataques no son menos injustos y destructores por ser más paliados, ni nación alguna ha progresado, sino a proporción que se han disminuido las trabas que encadenaban la producción en sus tres ramos de agricultura, manufacturas y comercio. Nosotros, sin embargo, nos hemos empeñado en que hemos de adelantar a fuerza de prohibiciones y en este punto hemos retrogradado muchísimo; no hay año en que no se promueva sobre las ya existentes una nueva prohibición y de esta manera, sin conseguir llevarla a efecto, porque la razón y la experiencia han acreditado ser imposible, se destruyen algunos medios de subsistir, se desmoraliza la Nación por el tráfico fraudulento y clandestino y se aumentan las bancarrotas de los ciudadanos honrados, que por haber satisfecho fielmente derechos subidísimos, los artículos de su comercio no se hallan en estado de competir con los de su misma clase introducidos por alto.

Si de los ataques indirectos a la propiedad pasamos a los directos, no podremos menos de asombrarnos al ver que en la última mitad del año próximamente anterior, después de un período tan dilatado de Constitución, se volviese a los préstamos forzosos, se amenazase con penas muy graves a los ciudadanos que se negaban a franquear las cantidades pedidas y se procediese como en tiempo de los últimos virreyes. México y la República entera han visto los inmensos atentados que sobre este punto ha habido, cometidos impunemente por el Ministerio y más que todo por los gobernadores de los Estados investidos de facultades extraordinarias; las personas en éstos han sido atropelladas de mil maneras, sus bienes secuestrados y hasta los aperos de labranza han sido ocupados y vendidos en hasta pública, sin respetar las autoridades constitucionales, lo que siempre fue respetado por el gobierno absoluto de los virreyes.

Pero el origen más fecundo de nuestros males en todo el período que ha transcurrido de la Independencia acá, ha consistido en la administración de la hacienda pública, especialmente en el Gobierno general. Este punto importantísimo merece ocuparnos más detenidamente y por ahora sólo haremos mérito de algunos vicios muy notables que sobre esto advertimos. El primero y principal objeto de sistema representativo, es acordar las contribuciones por medio de los representantes de la Nación, y tomar cuenta de la inversión de los caudales públicos. Todo pueblo conservará su libertad mientras tenga en su poder los cordones de su bolsa. Esta expresión del célebre autor de las Cartas de un Colono de Pennsylvania, se ha hecho un axioma de legislación constitucional en todos los pueblos libres. Nosotros, sin embargo, hemos visto este punto cardinal con el mayor abandono. Por las leyes vigentes y por la naturaleza misma del sistema se debe presentar el presupuesto anual que abrace todos los gastos nacionales y rendir la cuenta de inversión de caudales públicos en el año anterior. ¿Y se ha practicado así? Nada menos, ni era posible que se hiciese en el desorden sumo en que han estado las cosas; un solo año que fue el de 27, se acordó el presupuesto y se presentó un fárrago que se llamaba cuenta, contrario a lo establecido por las leyes en la substancia y en el modo. Ni cómo se ha de presentar una cuenta, cuando no existe tesorería general sino en el nombre, pues la que se llama tal, ni se carga, ni se data todos los productos de las rentas públicas.

De esto ha resultado que ni las Cámaras ni el publico han podido jamás enterarse del estado de la hacienda, que ésta se ha vuelto presa del que de ella ha querido apoderarse, que jamás se ha podido saber a punto fijo los medios de cubrir los empeños pecuniarios y que el agiotaje haya hecho tantos progresos en perjuicio de los intereses del erario.

Por otra parte, las Cámaras están acordando gastos todo el año, sin tomar una vez y en grande, en consideración el negociado de hacienda, y caminando siempre a ciegas en unas cosas, que siendo ya por sí mismas muy difíciles, se hacen más en un estado de desorden y confusión de muchos años atrás. De semejante estado se aprovechan, y con mucha ventaja, todos los que especulan sobre las rentas públicas; los que se malversan en ellas para efectuar y ocultar sus dilapidaciones y fraudes, conduciendo al erario más rico a la más grande miseria, desacreditando en sumo grado y reduciendo al estado más abatido la reputación de un República, tan bien sentada hace tres años.

Uno de los pocos y eficaces medios que podrían haber evitado este desorden, es la responsabilidad llevada a debido efecto. ¿Más ha existido entre nosotros aquella tenacidad y valentía tan necesaria en el caso? ¿Se ha procedido en este punto con la imparcialidad que es debida para no hacer sospechosa la acusación? Es necesario confesar que ha sido todo lo contrario; que la responsabilidad ha sido entre nosotros las más veces negocio de partido y de consiguiente ineficaz. El común de los hombres procura evitar el convertirse en instrumento de facciones, y así es que están prevenidos contra todo lo que aparece marcado con el sello odioso de la parcialidad. Aunque los Ministros hayan sido las más veces muy culpables, como no se les ha acusado porque lo son, sino por las ofensas hechas a la facción o al partido, la responsabilidad se ha hecho ilusoria y ha continuado la impunidad. Mas cualquiera que hay sido el motivo, es cierto que no la ha habido entre nosotros y que el general Pedraza ha infringido impunemente las leyes protectoras de la seguridad individual, y don José Ignacio Esteva y don Lorenzo Zavala han abusado de los caudales públicos convirtiéndolos en provecho propio.

Estas son, a nuestro juicio, las principales causas de los males de la República, enteramente extrañas al sistema federativo. Hemos procurado fijarlas con la mayor precisión y exactitud, para que acertando con el origen del mal, no se aplique por remedio lo que tal vez podrá agravarlo. Tener el aparato y formas exteriores de un Gobierno libre y constitucional sin la realidad de sus principios y garantías, es lo que nos ha perdido. Todavía no hemos hecho ensayo ninguno, ni de la federación, ni del sistema representativo, porque no hemos tenido lo uno ni lo otro; ¿cómo pues podremos asegurar que no nos conviene? ¡Mexicanos! El juicio y la cordura es lo que más importa en momentos de efervescencia; vosotros lo habéis mostrado muy grande en los últimos sucesos; mostradlo igualmente en las reformas saludables que deben preparar en los siglos venideros la felicidad de la Patria.

“El Observador de la República Mexicana”, 3 de marzo de 1830. Obras Sueltas, Segunda edición. México: Editorial Porrúa, 1963.