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Edicion 2017

 

Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

 

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1828 Sobre la necesidad e importancia de la observancia de las leyes

José María Luis Mora

El autor de la obra inmortal del Espíritu de las Leyes, el célebre Montesquieu, cuando trata de las bases y principios motores y conservadores del sistema republicano, sienta que la virtud es el alma de esta clase de gobierno así como el honor lo es de la monarquía, y el temor del despotismo. Mucho se han fatigado los escritores en examinar lo que entendió este grande hombre por la palabra virtud, mas para nosotros no es dudoso su sentido. De dos modos puede hacerse obrar a los hombres y éstos están reducidos a la persuasión o a la fuerza. En el sistema republicano y en todos aquellos que más o menos participan de su carácter, los medios de acción y de resistencia que trae consigo la libertad considerada en todos sus ramos, disminuyen la fuerza del gobierno, que no puede adquirir aumento sino con la pérdida de la de los ciudadanos.

 Para que las cosas, pues, queden en un perfecto equilibrio y el sistema más bello no decline en el monstruo de la anarquía, es necesario que la falta de vigor en el gobierno para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, se supla por el convencimiento intimo de todos los ciudadanos, en orden a la importancia y necesidad indispensable de la fiel y puntual observancia de sus deberes. Esta es la virtud que anima la República, ésta la ancha base sobre que descansa y éste el principio conservador de su existencia. Difícilmente se consigue el resultado feliz de consolidar esta clase de gobierno; pero una vez obtenido se perpetúa por sí mismo. Los efectos de la fuerza son rápidos, pero pasajeros: los de la persuasión son lentos, pero seguros. Cuando las leyes tienen a su favor el apoyo feliz de consolidar esta clase de gobierno; pero una vez que les presta el convencimiento íntimo de todos y cada uno de los miembros que componen la sociedad, se hacen eternas, invencibles e invulnerables; mas cuando no tienen otro garante que la autoridad armada de picas y bayonetas, se eluden en todas partes, pues los hombres destinados a hacerlas obedecer, cuyo número es cortísimo comparado con la masa de la Nación, no pueden multiplicarse haciéndose presentes en todos los puntos del territorio, ni encadenar familias empeñadas en sustraerse a su dominación.

Nosotros hemos adoptado un sistema de gobierno, cuyo sostén es sólo el espíritu público que no pueden crear y al que no pueden resistir los agentes del poder; si éste no garantiza las leyes, ellas quedarán sin vigor ni fuerza: pero si les presta su apoyo nada habrá capaz de destruirlas ni debilitarlas.

De la naturaleza misma y de los fines y objetos de la sociedad se deduce que las leyes no deben dictarse sino después de un examen prolijo, circunspecto y detenido; pero la moral y la conveniencia pública exigen imperiosamente que una vez dictadas, sean fiel y religiosamente cumplidas, así por los particulares como por los agentes del poder. Porque ¿qué cosas son las leyes? Las reglas a que un pueblo quiere sujetarse y bajo las cuales quiere ser gobernado. ¿Y qué es infringir las leyes? Es en el particular un crimen por el cual se pone en lucha y pugna abierta con toda la sociedad; es un acto por el cual destruye en cuanto está de su parte la confianza y seguridad pública; es, finalmente, un rompimiento escandaloso del contrato a que se ha obligado con la sociedad entera y en cuya virtud ésta le asegura el ejercicio de sus derechos, su vida, su honor, el fruto de su trabajo y de su industria. Las fatales consecuencias de esta conducta, son en su persona la pérdida total o parcial de estos preciosos derechos y en el público la alarma e inseguridad que causa la falta de cumplimiento a la fe pactada y a las promesas aceptadas y recibidas. ¿Y quién podrá dudar que es mal de mucha consideración poner a la sociedad en el duro trance de exterminar a uno de sus miembros o constituir a los demás en un estado de riesgo e inseguridad perpetua? Sólo un hombre destituido de los sentimientos de fraternidad y compasión natural, puede complacerse en los males de sus semejantes, si son culpados; y es necesario tener un corazón de hielo, o una comprensión muy limitada para ver con indiferencia los padecimientos a que quedan expuestas por la impunidad del crimen las familias inocentes.

Generalmente sucede que el criminal o infractor de las leyes no esté tan destituido de relaciones que sus padecimientos no llenen de luto y aficción a una familia desolada, compuesta tal vez de padres ancianos, de mujer e hijos tiernos e inocentes, todos sin más apoyo que el que debe sufrirla pena y todos entregados sin culpa suya al más intenso dolor, a la orfandad y a la indigencia.

Mas estos resultados no son los únicos temibles. Una infracción conduce a otra; el que ha hollado las leyes, para ponerse a cubierto de la autoridad que lo persigue, se ve en la necesidad de cometer mil excesos y con su pernicioso ejemplo alienta a los demás a imitarlo, dándoles idea de la posibilidad práctica de avanzar a semejantes atentados. En efecto, el ejemplo es infinitamente seductor; naciones ha habido en las que se han propagado por este medio funesto mil crímenes desconocidos antes de ellas, sin que hayan bastado a contenerlos ni la severidad de las penas, ni la actividad de la policía, ni las ejecuciones multiplicadas. Quien haya observado filosóficamente el modo común y regular de proceder de los hombres, no podrá dejar de convenir en la justicia de nuestras observaciones; los individuos de nuestra especie obran más por imitación que por documentos y discursos y sólo de este modo puede explicarse cómo se mantienen en los pueblos costumbres bárbaras y usos ridículos, cuando aunque tengan en su contra la opinión de la mayoría, no hay quien se atreva a arrostrar con ellos y dar ejemplo a los demás.

Si pues en una nación se da el caso de que se infrinjan las leyes y se desprecien las penas que ellas designan para estos crímenes resistiendo con osadía su aplicación, hay mil motivos para temer estar próxima la ruina del edificio social, el mayor de los males que puede sobrevenir al cuerpo político. Esto puede precaverse muchas veces por el pronto, severo y ejemplar castigo del delincuente; la espada vengadora de la justicia puede restablecer la confianza y seguridad por medios que aunque dolorosos y sensibles, dan necesariamente este resultado, cuando uno o algunos miembros de la sociedad son los infractores; mas cuando el poder mismo es el perpetrador de estos atentados, ¿quién será capaz de contener el torrente de males y calamidades que se precipita sobre la nación que ha dado el ser a ese monstruo devorador?

En efecto, no sería creíble, a no metérsenos por los ojos, que haya gobiernos tan insensatos que destruyan con la infracción de las leyes los títulos de su existencia y tan poco previsores que no vean los resultados de esta conducta ilegal, perjudicialísimos a sus intereses y a los de la sociedad toda.

Los títulos de los gobiernos están reducidos a la ley o la fuerza, porque o ellos existen por la voluntad nacional expresa o tácita y entonces son legítimos, o no tienen más ser que el que les presta una pequeña parte de la sociedad opresora del resto y entonces son despóticos. No hablamos aquí de esta misma clase, pues a más de estar ya desterrados de todos los países cultos, su naturaleza es tal que nada puede decirse de ellos con exactitud y precisión, por no tener otra regla que la voluntad de uno o muchos déspotas, ni otra garantía que la fuerza, cosas ambas de su naturaleza variables e incapaces de suministrar datos para formar un cálculo seguro. Nos fijaremos pues en los primeros, es decir, en aquellos que no pueden aparecer tales sino a virtud de algunas leyes, o lo que es lo mismo, de algunos pactos o convenciones que fijan sus facultades y deberes imponiéndoles una obligación rigurosa de no obrar sino con arreglo a aquellas, y sujetarse ciegamente a éstos.

¿Qué es pues la infracción de las leyes en semejantes gobiernos? Es la destrucción de su ser. El el momento mismo que las traspasan, pulverizan sus títulos consignados en la voluntad nacional. Esta no quiso simplemente que gobernasen, sino que lo hiciesen con total sujeción a ciertas reglas que les han sido prescritas y cuya oportunidad y eficacia no está sujeta a su calificación. El pretexto de la salvación de la patria que comúnmente se alega, no los pone a cubierto de las empresas de una facción que prevalida del mismo y auxiliada de la fuerza puede derribarlos y entronizarse sobre sus ruinas, sin que en caso tan apurado puedan alegar en su favor las leyes holladas por ellos mismos, y destituidas con semejantes procedimientos de su vigor y prestigio. Estas no son simples conjeturas, no son discursos aéreos; son hechos comprobados por la experiencia. La historia de todos los pueblos y especialmente la de Francia y las Américas en sus revoluciones nos suministran infinitos ejemplos comprobantes de esta verdad.

Napoleón, Iturbide y Sanmartín, fueron los primeros que socavaron con la trasgresión de las leyes los cimientos de su grandeza; se atuvieron a la fuerza para elevarse y otros a su vez se valieron de la misma aunque con mejores títulos para derrocarlos. Se engañan pues los hombres cuando aseguran con arrogancia que las Constituciones son hojas de papel y no tienen otro valor que el que el gobierno quiera darles. Esta expresión que en boca del héroe de Marengo, de Iena y Austerlitz, del hombre que salvó a Francia mil veces y llevó sus armas victoriosas hasta el centro de Rusia, era de algún modo tolerable, ha sido repetida y acaso no muy lejos de nosotros por algunos pigmeos sin mérito, servicios ni prestigio, que han aparecido como por encanto en la escena pública y nada tienen de común con este hombre extraordinario, sino imitarlo; no en sus heroicas acciones, no en sus vastas empresas llevadas a cabo en beneficio de las artes, legislación y comercio que suponen una grande alma, sino en sus faltas y crímenes más bajos, para lo cual basta un corazón perverso. Si pues los grandes servicios de aquel famoso soldado no lo pudieron poner a cubierto de la tempestad que se levantó contra él por haber hollado los leyes de su patria; si los generales Iturbide y Sanmartín a quienes no puede negárseles mérito personal, prendas para gobernar y sobre todo el prestigio de haberse puesto a la cabeza de ejércitos que decidieron la independencia de México y el Perú, luego que salieron de la senda constitucional, cayeron con una rapidez asombrosa del alto puesto que ocupaban, ¿qué suerte espera a los viles animalejos, a los insectos despreciables que quieran imitarlos? La más triste y miserable; haber causado el mal y perecer sin dejar memoria ni vestigio de acciones transmisibles a la posteridad.

Pero la historia es perdida para hombres que no ven sino lo material de los sucesos, sin pararse a examinar su origen y resultados, ni penetrar en el fondo de las cosas. Las mismas causas deben necesariamente producir los mismos efectos; sin embargo los gobiernos se suelen engañar hasta persuadirse que han de ser excepción de la regla general, cuando por lo general no son sino un nuevo ejemplo que la comprueba. En efecto; aunque los pueblos no rompan a los primeros extravíos de sus jefes, al fin llegan a cansarse y sacudir el yugo que los oprime; así es que la repetición de excesos que inspira confianza a sus perpetradores, apura el sufrimiento de las naciones: No fue pues ningún agente público de la tranquilidad aparente que observe a los primeros pasos de sus extravíos; entonces se empieza a formar la tempestad, que aunque tarde vendrá a descargar sobre su cabeza y su estrago será tanto más considerable, cuanto lo sean los materiales que han entrado a constituirla.

Hasta aquí hemos hecho ver los inconvenientes de la transgresión de las leyes; pero aún no hemos explicado en que consiste ésta, punto que a nuestro juicio necesita ilustrarse, pues no es tan llano como parece a primera vista.

Un gobierno puede traspasar las leyes haciendo lo contrario de lo que ellas prescriben; obrando fuera de las facultades que ellas le conceden y haciendo o disimulando que sus agentes procedan del mismo modo. El primer modo está a la vista de todos y no necesita de explicación; pero no así los demás. No cumplir lo que las leyes mandan, por ejemplo negar el auxilio a un tribunal que lo pide, cuando se le concede a otro de la misma clase aunque de grado inferior, es por su esencia y naturaleza una infracción sujeta a la misma responsabilidad y origen de todos los males que acabamos de exponer, porque el compromiso y juramento que se presta de su observancia abraza no sólo la obligación de no contrariarlas, sino también la de cumplirlas; las omisiones son frecuentemente tan perjudiciales y aun más que las mismas transgresiones, pues cuando éstas no pueden ocultarse a nadie, aquellas se escapan sin cesar aun a la más perspicaz vigilancia. Así es que todos se alarman con los ataques verdaderos o supuestos que se dan contra la libertad civil y la seguridad individual, y nadie hace alto en que la cuenta de inversión de los fondos públicos y los presupuestos se presenten en la época, modo y forma legal. Sin embargo, estos objetos son de primer interés y las naciones que los han visto con descuido y abandono tarde o temprano han tenido que arrepentirse y llorar los funestos resultados de su negligencia.

Otro exceso hoy bastante común en los gobiernos y es persuadirse o afectar que pueden todo aquello que la ley no les prohíbe, cuando es cierto que no están autorizados sino para lo que ella los faculta. A esta persuasión ha dado origen el error capital de que la Constitución y las leyes vienen a poner límites a un poder que ya existía revestido de facultades omnímodas y no a crearlo y a formarlo. Semejante error podrá ser disculpable en las naciones de Europa que reconocen el principio de la legitimidad y en la suposición de la autoridad de los reyes independiente de los pueblos; pero no en América cuyos gobiernos son de época reciente y de origen conocido. En el país de Colón, los jefes de las repúblicas no tienen otros títulos que la voluntad nacional consignada en las Constituciones sancionadas por los representantes de los pueblos; nada pues pueden obrar legalmente fuera de las facultades que les han sido expresamente concebidas. De lo contrario resultaría que sin tocar en lo más mínimo las leyes, estarían facultados para destruir las garantías sociales, atentar contra la seguridad personal, dilapidar el tesoro público y ejercer el poder arbitrario en toda la extensión ilimitada de la palabra, sin que pudiese hacérseles una reconvención legal. Las leyes no impiden directamente estos males; ellas se reducen a prohibir ciertos actos y procedimientos que conducen naturalmente a cometerlos; más como la enumeración que pueda hacerse de los medios que conducen a su infracción jamás puede ser cabal, por las relaciones infinitamente variadas que existen entre las acciones humanas y los diferentes aspectos que presentan, nunca podrá conseguirse poner coto al poder de los gobiernos si quedan facultados para hacer todo lo que no se les prohíbe expresamente, y no se procura limitarlos al ejercicio de aquellas funciones que les han sido prescritas y forman la fuerza de su actividad política.

El medio más frecuente de que hacen uso los gobiernos para hollar las leyes, es valerse de los agentes subalternos cuando tienen un interés muy conocido en dar este paso siempre peligroso y quieren ponerse a cubierto de la censura pública que comprometa su seguridad. Napoleón, que ha ejercido más que ningún otro la tiranía, pero siempre tras de un fantasma de representación nacional y bajo de apariencias y formas liberales, se puede decir que es el creador de este sistema solapado. El ha hecho este funesto presente a las naciones que acaban de sacudir el yugo que habían llevado por siglos, y por desgracia no le han faltado imitadores entre los jefes que se han puesto a la cabeza de los nuevos gobiernos. La conducta de Sanmartín, la de Iturbide y últimamente la de Bolívar, jefe de una nación conquistadora, es demasiado conforme a la de aquel emperador. Bolívar, para sobreponerse a la voluntad nacional solemnemente consignada en una Constitución, y Sanmartín e Iturbide para sofocarla impidiendo se instalase la asamblea constituyente, o diese el lleno a sus funciones, han esparcido sus agentes, colocándolos a todos en puestos importantes; en seguida los han alentado para que infrinjan las leyes, o pidan a mano armada su revocación, pretextando peligros y conspiraciones, haciendo valer la necesidad supuesta de dar energía al gobierno y atropellar con todas las formas tutelares de la libertad civil y seguridad individual; se ha procurado que estos agentes hagan aparecer en oposición los intereses de la libertad con los de la independencia nacional, para que partiendo de suposición tan falsa como imposible, se sacrifiquen éstos en obsequio de la conservación de aquéllos. En vano los verdaderos amantes de la Patria han levantado el grito contra semejantes supercherías, se les ha hecho callar persiguiéndolos por la violencia o por apodos denigrativo de su conducta; se han contrapuesto a sus sólidos discursos, temores abultados y sofisterías estudiadas y se ha dado el nombre de opinión pública a los alborotos populares y a los actos de la fuerza. De este modo se ha perdido o retardado el fruto de las revoluciones y de tanta sangre vertida por alcanzar el goce de derechos que se pierden en el momento preciso que debían empezarse a disfrutar. Lo decimos seguros de no equivocarnos: los pueblos no han peleado precisamente por la independencia sino por la libertad; no por variar de señor, sino por sacudir la servidumbre y muy poco habrían adelantado con deshacerse de un extraño, si habían de caer bajo el poder de un señor doméstico. Este no deja de serlo porque carezca de título y denominación de rey; los nombres en nada alteran ni varían la sustancia de las cosas. Desde el momento en que el Gobierno o sus agentes traspasan impunemente las leyes, sea cual fuere la denominación y forma de éstos o aquél, la confianza pública desaparece, la libertad es perdida y la revolución queda armada. Romperá más tarde o más temprano, sus resultados serán más o menos funestos, pero ella es inevitable.

Así es como se perpetúan sin intermisión las reacciones civiles de un pueblo, haciendo de él un campo de guerra y de destrucción, que a la larga será presa del primer usurpador ambicioso. Donde no hay fuerza moral, donde no hay unión, patriotismo ni libertad, no hay tampoco defensa contra la usurpación.

Discute justitiam motivi, clamamos pues a los Gobiernos: Modelad vuestro poder a las leyes, si queréis conservarlo; y a los pueblos: Refrenad al Gobierno y sabed que cuantos esfuerzos hagáis por vuestra libertad, los hacéis por la felicidad de la nación y el crédito de vuestros jefes. El mayor bien de los pueblos es ser obedientes a la ley; el mayor bien de los Gobiernos es la dichosa necesidad de ser justos.— L.

 

 

 

 

El Observador de la República Mexicana. 1a. época. Tomado de J. L. Mora. Obras sueltas. Ed. Porrúa, S. A. 2a. ed. México, D. F., 1963, 775 p.