25 Julio 1827

La libertad política consiste en la seguridad, o por lo menos en la opinión de la propia seguridad... Cuando no está segura la inocencia de los ciudadanos, tampoco lo está la libertad. Montesquieu, Espíritu de las leyes, 1. 12, c. 4.

En una sociedad bien constituida y en la que se intenta destruir todos los abusos que han perpetuado la existencia de un régimen arbitrario, es necesario acostumbrar a los miembros que la componen a no pagarse de voces insignificantes y sí a ocuparse de la realidad de las cosas. El abuso de las voces indefinidas, especialmente en materias políticas, ha sido desde la extinción del feudalismo el origen de todos los males de los pueblos, que no salieron del dominio de los señores sino para hacerse esclavos de los gobiernos. La palabra libertad que tanto ha servido para la destrucción de su sentido mismo, ha sido el pretexto ordinario de todas las revoluciones políticas del globo; los pueblos se han conmovido con sólo oírla pronunciar y han extendido las manos para abrazar este genio tutelar de las sociedades, que sus conductores han hecho desaparecer como un fantasma en el momento mismo que dejó de ser necesario para la consecución y feliz éxito de sus miras ambiciosas. En vano los filósofos amantes de la humanidad han levantado la voz contra semejante conducta; los pueblos han sido y serán frecuentemente engañados si se pagan de formas de gobierno y descuidan de asegurar el punto más importante de todo gobierno libre, la libertad civil del ciudadano, o lo que es lo mismo, la facultad de hacer sin temor de ser reconvenido ni castigado todo lo que la ley no prohibe expresamente.

El precioso derecho de hacer lo que a otro no perjudica, por desgracia no puede hacerse efectivo en el estado de naturaleza en que reducido el hombre a sus fuerzas individuales, sería necesariamente déspota o esclavo, según que éstas fuesen bastantes para oprimir a los demás, o insuficientes para resistir sus agresiones. Los hombres se han visto pues precisados a crear las sociedades y a organizar una fuerza pública que siendo superior a la de cada particular, pudiese reprimirlo y contener los atentados del crimen prepotente contra la inocencia desvalida. Pero muy en breve los gobiernos y la fuerza que se puso a su disposición, desconociendo su origen y desentendiéndose del objeto y fines con que habían sido instituidos, cometieron por sí mismos aquellos crímenes que debían evitar o reprimir en los particulares. Entonces fue necesario poner límites a su poder, pedir y buscar seguridades de que éstos no se traspasarían jamás y de que la autoridad se ejerciera solamente en ciertos y determinados casos y bajo de reglas o condiciones fijas, que cuando se han observado bien y religiosamente, han formado en los hombres aquella confianza de que pueden obrar como gusten dentro de los términos legales sin temor de ser ofendidos ni molestados, y que conocemos bajo el nombre de seguridad individual. Por desgracia esta conducta franca y honrada en los agentes del poder ha sido muy rara, y su falta ha dado lugar a mil disturbios por la lucha que depende de los diversos intereses que animan a los unos y a los otros, y son el móvil de sus diversos y opuestos modos de obrar.

Está en la naturaleza de los que dominan, cualquiera que sea su número y el nombre que se les dé, procurar que el ejercicio del poder les sea lo más útil posible; y está igualmente en la naturaleza de los que se ven sometidos, hacer que la dominación llegue a ser una carga pesada para los que la ejercen y lo más ligera que ser pueda para los que la sufren. Cualquiera que sea el nombre de los que gobiernan, la cuestión es para ellos siempre la misma; que se les llame presidentes, directores, emperadores o reyes; que sean cinco o que sean tres, que haya dos o que exista solamente uno; que sean electivos o hereditarios, usurpadores o legítimos, su interés siempre es el mismo; disponer del modo más absoluto de las personas, no hallar ningún obstáculo al ejercicio de su autoridad y sacudir la sujeción a toda responsabilidad o censura. Por el contrario, los que están sometidos al poder, cualquiera que sea su forma y denominación, se hallan interesados en ponerse a cubierto de toda arbitrariedad y que ninguno pueda disponer sin regla ni medida de sus personas; son igualmente interesados en llegar a ser libres y permanecer tales en todo lo que no ofenda el derecho y la seguridad ajena. De estas dos propensiones opuestas resulta un conflicto que debe tener por último término el establecimiento del despotismo, sea cual fuere la forma de gobierno, o la destrucción de todo poder arbitrario. No habrá reposo entre los pueblos sino cuando alguno de estos resultados haya llegado a ser de tal modo preciso e inalterable, que se haya extinguido en el corazón de los hombres toda esperanza de alteración o mudanza.

No hay duda, los pueblos serán libres bajo cualquiera forma de gobierno, si los que los mandan, aunque se llamen reyes y sean perpetuos, se hallan en verdadera impotencia de disponer a su antojo y sin sujeción a regla alguna de la persona del ciudadano; y nada servirán las formas republicanas, que el jefe de la nación se llame presidente o dure por cierto tiempo, si la suerte del ciudadano pende de su voluntad omnipotente.

El sabio Montesquieu, que analizó los poderes políticos y haciendo patentes sus principios motores y conservadores, sentó la primera piedra del edificio consagrado a la libertad civil, no vacila en asegurar que si bien la forma de gobierno influye algo en su existencia, ella no es su verdadero y esencial constitutivo. A juicio de este grande hombre, la libertad del ciudadano consiste única y exclusivamente en la seguridad individual y en la quietud, reposo y tranquilidad que la convicción de su existencia produce en cada uno de los asociados. En efecto, estas pocas palabras abrazan todo lo que puede desear y pedir de la sociedad un hombre pacífico y exento de ambición; y cuando se obra de buena fe y con ánimo de acertar, es demasiado fácil y sencillo acordar semejantes seguridades.

¿De qué dependen pues las quejas continuas y amargas que se oyen con tanta frecuencia contra los agentes del poder? ¿Por qué se aplican con tanta frecuencia las voces de apatía, indolencia, arbitrariedad, despotismo y tiranía a los actos que emanan de los depositarios de la autoridad? ¿Cómo es que son acusados por los mismos que tienen un interés vivísimo en la represión de los crímenes que se cometen o pueden cometerse contra la seguridad individual y pública? Para resolver con acierto estas cuestiones, es necesario advertir que todos los depositarios de la autoridad en cualquiera de los poderes políticos, tiene la obligación más estrecha de evitar las agresiones injustas de los particulares y de abstenerse ellos mismos de cometerlas. Siempre que el ciudadano padezca o sufra alguna violencia exterior sin haber infringido ley alguna, o, lo que es lo mismo, siendo inocente, el Gobierno debe ser responsable y está en el caso de dar una satisfacción pública, pues no siendo otra cosa que un mandatario de la nación, establecido precisamente con el solo y único objeto de asegurar el ejercicio de los derechos públicos y privados, faltar por agresión u omisión a tan sagrados como importantes deberes, es hacerle reo de lesa-nación. Así pues, cuando los salteadores y asesinos hallan un apoyo en la autoridad, o a lo menos un disimulo culpable; cuando los libelistas despedazan impunemente la reputación del honrado ciudadano y faltan al decoro debido a la moral pública, alimentando y dando pábulo a la detracción maligna por la publicación de defectos privados, verdaderos o supuestos, sin que la autoridad use de medio alguno represivo; finalmente, cuando se permite o tolera que sean ultrajados impunemente hombres que no tienen otro delito que su nacimiento o las opiniones que profesan, es evidente que no existe la seguridad individual y que un gobierno apático o coludido, con semejantes agresores, es a buen librar una carga inútil para la nación que lo creó y gravosa para el pueblo que lo mantiene, sin que de nada pueda servirle. En efecto, desde el momento en que uno o algunos miembros de la sociedad tienen motivos justos y fundados para temer que no pueden contar con la protección del Gobierno y éste se escuda para no impartirla, con su falta de vigor o con el pretexto ridículo de que la opinión pública es contraria a los perseguidos y no es prudencia arrostrarla, desde este punto, repetimos, acabó la seguridad individual y quedaron socavadas las bases de la autoridad.

Esta inercia indolente, o esta conducta parcial, no es perniciosa solamente a los infelices que la sufren; lo es a los mismos perseguidores y sobre todo al Gobierno. Los que hoy atacan impunemente los derechos ajenos, atropellando con la reputación y personas de sus contrarios, fundados en que la autoridad, por su complicidad o el temor que le han inspirado, no puede o no quiere reprimir sus excesos, mañana que les sea la fortuna adversa y su desgracia los constituya en blanco de la persecución, tampoco deberán esperar nada que los favorezca con seguridad y fijeza de parte de los agentes del poder. Por los mismos principios que ha sido frío espectador de los atentados cometidos por una fracción, lo será a la vez de todos los de las otras y a su sombra le irá formando el imperio de la fuerza y de la anarquía, que más tarde o más temprano dará en tierra con el edificio social, envolviendo en sus ruinas a los depositarios de la autoridad. La Francia, en su revolución, nos ministra comprobantes decisivos de esta verdad; desde la instalación de los Estados Generales, se desató el espíritu perseguidor, que no acabó ni aun con la Restauración. En aquella nación la destrucción de un partido antes vencedor, arrastraba consigo constantemente al Gobierno. Los constitucionalistas proscribieron a los realistas, los republicanos a los constitucionales, los Girondinos lo fueron por las comisiones de salud pública y seguridad general, los que componían estos cuerpos fueron sucesivamente al cadalso por las órdenes de Dantón y Robespierre; estos famosos antropófagos cayeron al golpe de los termidorianos y en todas estas convulsiones la Francia se inundó en sangre, la anarquía lo taló todo, y el Gobierno, que no supo o no quiso hacer efectivas las garantías tutelares de la seguridad personal, fue siempre víctima del torrente de las facciones.

Estos han sido hasta aquí y serán siempre los resultados deplorables de la criminal indiferencia y abandono con que ven los ataques a la seguridad individual los que están encargados de reprimirlos. Un Gobierno que merezca el nombre de tal debe sacudir el temor y no permitir que se proscriba, debe permanecer firme e impasible en medio de los partidos. Abandonar los principios de justicia por buscar el apoyo en la facción dominante, es perderse, es cometer un crimen sobre atroz, ineficaz e inconducente al fin que se pretende alcanzar. En efecto, cuando el Gobierno no piensa en gobernar, sino en existir por condescendencias criminales, se concilia indefectiblemente el odio de los que padecen y el desprecio de los que persigue; los primeros no pueden dejar de irritarse sobremanera, especialmente al ver que son sacrificados a la existencia de una autoridad que crearon para buscar en ella un apoyo a su seguridad; los segundos, íntimamente convencidos de que las condescendencias que con ellos se tienen no son debidas sino a la fuerza real o aparente de su facción y que mañana se tendrán iguales con otra que al mismo tiempo que los reemplace los oprima, ven con desprecio desdeñoso a un poder tan degradado que pierde el mérito de una justa severidad, sin evitar lo odioso de una condescendencia criminal. ¡Infeliz pueblo confiado a tal Gobierno! Los intereses públicos serán mezquinamente sacrificados a los de los agentes del poder, los ciudadanos pacíficos no tendrán un momento de tranquilidad ni reposo, viéndose obligados a buscar en sí mismos y por precauciones debidas a sus fuerzas individuales, la seguridad que no puede o no quiere acordarles una autoridad que no piensa en ellos, sino para entregarlos indefensos a la voracidad de sus enemigos. En vano invocarán los principios de justicia, los sentimientos de compasión natural para sí y para sus familias, o la justa retribución debida a sus servicios. No les queda otro recurso que apurar el sufrimiento y redoblar sus esfuerzos para colocar a su tiempo el depósito sagrado de las libertades públicas en manos más fieles, y confiar las riendas del gobierno a personas expertas y de probidad conocida.

Otro mal mucho mayor tienen que temer los pueblos de los gobiernos y es, que saliendo éstos de su apatía, entren en tal actividad que cometan por sí mismos los crímenes que debían evitar; más claro, que conviertiéndose de tutelares en agresores, ataquen la seguridad individual y vuelvan contra los ciudadanos las mismas armas que recibieron para su defensa. Este abuso es tanto más temible, cuanto que la naturaleza misma de los poderes políticos da lugar a equivocaciones frecuentes en materia tan delicada. La autoridad del Gobierno, dice el sabio Bentham, no es otra cosa que la excepción de la regla general que deben observar los particulares. No matarás, no privarás a nadie de su libertad: he aquí la obligación de un particular. El juez condenará a muerte al asesino; prenderá al delincuente; el Gobierno hará ejecutar su sentencia: he aquí las facultades de la autoridad. Aunque el primer beneficio de la sociedad es procurarnos la seguridad individual reprimiendo las agresiones de los demás, es evidente que esto no es posible obtenerlo sino cuando la persona de cada súbdito queda sometida a la acción de la autoridad pública en el caso de atentar a la seguridad ajena. En esta sumisión es puntualmente donde se corre el riesgo, pues aquí es donde el Gobierno finge obrar como tutelar cuando realmente se convierte en agresor; y como la línea divisoria entre estas dos especies de actos es tan delicada, como poco perceptible al común de los ciudadanos, no es extraño que se consiga alucinarlos. Nosotros pues nos esforzaremos a poner en claro materia tan importante por sus efectos y resultados.

Desde el momento en que el poder está facultado para disponer de la suerte de los súbditos sin sujeción a regla alguna, todos ellos son sus esclavos. El estado de súbdito es el de gobernado, el de esclavo de poseído y es inmensa la distancia que separa tan opuestas condiciones. ¿Qué es pues ser poseído? Es estar entera y absolutamente a disposición de otro y dependiente de su voluntad. ¿Y qué es ser gobernado? Es ser protegido contra todo género de agresiones, reprimido uno mismo cuando las comete y obligado a concurrir a los medios de evitarlas. Cualquier otro sacrificio que se exija de parte del ciudadano y cualquier otro influjo que pretenda tener el Gobierno sobre su persona, es un acto de opresión y tiranía. Un súbdito, pues, no tiene motivo para quejarse cuando su arresto lo ha provocado un hecho cometido por él, declarado criminal por una ley anterior que le asigna pena determinada y cuando a la detención sigue inmediatamente el juicio. Estas medidas de ninguna manera pueden llamarse atentatorias a la seguridad individual; ellas, por el contrario, contribuyen a mantener este precioso derecho y son indispensablemente necesarias para afianzarlo. Procedimiento semejante no causa alarma ni desconfianza sino a los malhechores y esto, lejos de ser un mal digno de precaverse, es para la sociedad un bien que siempre debe intentar el legislador.

No son de esta clase los actos de la autoridad de que se quejan los súbditos y que con tanta justicia llaman opresores y tiránicos. Son los que derraman el luto y consternación en la familia del pacífico ciudadano, cuya inocencia se afecta desconocer; son las persecuciones judiciales sin juicios regulares, cuando el poder público arresta y aprisiona a quien le acomoda, prolonga indefinidamente las detenciones, destierra y, en fin, dispone de las personas según su arbitrio, obra como señor sobre esclavos que posee y no como un jefe sobre súbditos que gobierna; son finalmente aquellos por los cuales la autoridad misma atenta a la seguridad que ha prometido y estaba obligada a mantener, y por los cuales comete los desórdenes que debía reprimir.

La autoridad pública en una nación que por primera vez ha cambiado de instituciones, pasando del absolutismo a la libertad, es constantemente retrógrada, no tiene otra idea de gobierno que la que pudo recibir del régimen anterior, ni se persuade ser fácil reprimir los crímenes y precaver la ruina del Estado por otros medios que los que se aprendieron en la escuela del despotismo; como los principios de éste están en oposición abierta con las nuevas instituciones, los reclamos no sólo son frecuentes y repetidos, sino justos, fundados e incontestables. No hallando pues los agentes del poder camino por donde evadirse de ellos, apelan a la conservación de la República, a este dios tutelar de los tiranos y de los opresores, para lo cual procuran persuadir el riesgo que corre el gobierno, si no se atropella con la seguridad individual.

Es cierto que la primera necesidad de un pueblo es la existencia de su Gobierno; pero no lo es igualmente que ésta sea incompatible con el sostén de tan sagrado derecho, como el de la seguridad individual.

No son los intereses de la autoridad, sino los de los funcionarios los que se trata de poner en salvo; porque ¿qué es lo que entienden por interés del Gobierno? Las cosas que no son susceptibles de sentimiento no pueden tener interés en nada. Es pues claro que cuando se usa esta expresión no se quiere dar a entender otra cosa que la impotencia en que se hallan los agentes del poder para desfogar pasiones viles y rateras, oprimiendo a los que les hacen sombra o ponen de manifiesto sus maldades. Ciertamente sería tan raro como difícil el persuadir a los que ni ocupan puestos públicos, ni pueden sacar utilidad de ellos, que precisamente en su provecho ha sido establecido el régimen arbitrario, para disponer de sus personas sin sujeción a regla alguna. La verdad es que agrada mucho a los que mandan, digan lo que quisieren ciertas gentes, el constituirse en señores del pueblo que ha sido confiado a su dirección y el poder disponer de los miembros que lo componen, sin obligación de dar cuenta a nadie, ni temor de responder a ninguno. Todo el mal de que se quejan está pues reducido a que algunos no mandan todo lo que quisieran; pero este mal que lo es para ellos, es un gran beneficio para el resto de los ciudadanos que componen la sociedad.

Confesemos pues francamente que las prisiones ilegales y arbitrarias sumen al hombre en la esclavitud, y al mismo tiempo preparan una serie interminable de desventuras a un pueblo que por estos actos se constituye en un estado de revolución permanente.

La historia de todos los tiempos, así antiguos como modernos, demuestra hasta la evidencia que los atentados del poder arbitrario terminan por necesidad en turbaciones públicas. Inútil será buscar en estas oscilaciones políticas el restablecimiento de la seguridad individual; ellas la habrán tenido por objeto, mas no se conseguirá mientras duren. Unas veces la ambición, otras el odio y la venganza y siempre las más violentas pasiones, se enseñorean y apoderan de semejantes movimientos y en este violento torbellino son envueltos y sofocados y caen sucesivamente vencedores y vencidos. Entonces se abandonan los principios y se erige un trono al imperio de las circunstancias. Estas se hacen el pretexto común para destruir las leyes regulares que podrían hacerlas cesar y de este modo se renuevan periódicamente la injusticia y el desorden, que serán constantemente reclamados, como una prenda de seguridad pública. Ved aquí, dice un célebre escritor, cómo las generaciones contemporáneas a estas catástrofes no recogen jamás sino frutos amargos y cómo es raro que las generaciones siguientes los hereden más felices. Buscar la seguridad en el centro de las convulsiones, es el más grosero de los errores; pero un pueblo activo y sensible es invenciblemente impelido a él, cuando la opresión ha apurado su paciencia. Todo sistema político que permite arrestar y desterrar sin proceso, lleva en sí mismo el germen de las turbaciones, que tarde o temprano estallarán con estrépito.

Se engañan pues y engañan a los demás los Gobiernos cuando intentan persuadir que el medio de contenerlas es atropellar con las fórmulas tutelares de la seguridad individual. La indignación pública, que es el precursor de todas ellas, se excita de un modo tan positivo, que a nadie puede ocultarse. En un pueblo medianamente culto, desde que se sospecha que un inocente padece, se toma el interés más vivo por esta víctima de la arbitrariedad y las iniquidades particulares del poder son pública y enérgicamente censuradas. Cuando esto pasa, el descontento y alarma se difunden rápidamente por todos los miembros de la sociedad, que desde este momento se pone en guerra abierta con el Gobierno; guerra justísima, pero al mismo tiempo la más peligrosa y perjudicial que puede emprenderse, pues por ella quedan del todo destruidos los vínculos sociales y los hombres en el estado bárbaro de la naturaleza.

Nosotros jamás aconsejaríamos a los pueblos que tomasen un partido semejante, pero ellos se mueven a adoptarlo como por instinto y sin deliberación, cuando los atentados del poder se han multiplicado hasta tal punto, que han destruido toda esperanza de remedio en el corazón de los hombres. Entonces el odio y la venganza, impelidos fuertemente por el furor que causa la opresión, alientan a los más cobardes y colocan el puñal aun en las manos más débiles. La ira irresistible de un pueblo amotinado causa los más horrendos estragos; ella se explica en el santuario de las leyes, arrojando de él tan violenta como ignominiosamente, así a los que han usurpado la facultad más augusta y a los pérfidos mandatarios que, haciendo traición a sus deberes, en nada menos han pensado que en sostener las libertades públicas vilmente sacrificadas a los intereses de un despreciable y criminal favorito; como a los hombres honrados, sus fieles representantes, que han sabido sacrificarlo todo y hasta su existencia y reputación política, a la utilidad pública, a la utilidad nacional. El solio del rey y el sillón del presidente que no quisieron o pudieron sostener la libertad civil del ciudadano, o que atacaron su seguridad individual, se ven desplomarse salpicados por todas partes de la sangre vertida por el odio y venganza nacional. Los asesinos que se erigieron en tribunales contra la expresa voluntad de la ley constitutiva, convirtiéndose en instrumentos de la tiranía y opresores de la inocencia desvalida, exhalan el último suspiro en manos del furor y sus cadáveres horrorosos cubiertos de sangre y heridas son paseados por las calles y colocados en las plazas públicas, sin que, para evitar catástrofe tan funesta como horrorosa, hayan sido poderosas las promesas y seguridades que sus señores dieron a estos viles y despreciables esclavos. Mas si sólo padecieran los criminales que han provocado tantos excesos, pero los inocentes y aun los beneméritos ciudadanos son en lances tan apurados víctimas desgraciadas del poder de la anarquía.

Escarmentad pues, oh vosotros los que presidís a los destinos de los pueblos. Hay un momento en que, apurado el sufrimiento de éstos los hace romper como un torrente, que despedaza, destruye y arrastra tras sí todo lo que antes contenía su fuerza y refrenaba su espíritu. Si vosotros abrís algún portillo en las barreras legales, por él se precipitará esa masa inmensa, que no seréis bastantes a resistirla. La revolución francesa es un ejemplo práctico y reciente que no debéis perder de vista; ella os enseña que jamás la autoridad pública ha atentado impunemente a los derechos del hombre libre y que el primer paso que se da contra la seguridad individual, es el precursor indefectible de la ruina de la nación y del gobierno.

El Observador de la República mexicana. 25 de julio de 1827. Reproducido en Obras sueltas. Segunda edición. México: Editorial Porrúa, 1963. 504-511.