27 de Septiembre de 1960

El Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, toma posesión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (denominación de “The Mexican Light and Power Co.”) e iza la bandera nacional en el edificio de la Calzada de Melchor Ocampo. Miles de trabajadores del sector eléctrico están presentes y luego se dirigen en manifestación hacia el Zócalo. Los líderes sindicales llegan al despacho del Presidente y lo invitan a izar la bandera del Zócalo. El Presidente López Mateos baja, cruza la plaza llena de toda clase de personas e iza la bandera; poco después regresa a Palacio Nacional, y desde el balcón central pronuncia un breve discurso en que señala: “Al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución... invitamos al pueblo de México a que, en posesión de su energía eléctrica, acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos, los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización”.

También López Mateos expresa un severo juicio contra Jaime Ignacio Merino, superintendente en Poza Rica de Petróleos Mexicanos quien fue expulsado ignominiosamente de la empresa por malos manejos: “hemos de velar todos porque la industria eléctrica se maneje con la mayor honradez… estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quien falte a esa lealtad que debe a la patria y al pueblo” Y continuó su discurso al puntualizar que acciones como la de mexicanizar la industria eléctrica son manifestaciones de soberanía que hacen al país “cada vez más libre, cada día más independiente” y concluye “ ¡Adelante, México es Nuestro!”.

El entusiasmo popular se desborda en vivas, aplausos, lágrimas, porras sobre las cuales poco a poco va imponiéndose la Marcha de Zacatecas que tocan docenas de cilindreros que han concurrido al acto. Desde Palacio, el Presidente comparte el gozo popular que termina al caer la tarde.

En 1960, la población es de 34.9 millones de habitantes; de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, la CFE aporta el 54%, la Mexican Light and Power Co., el 25%, la American and Foreign el 12% y el resto de las compañías el 9%. Solo el 44% de la población cuenta con electricidad. Desde que ha sido creada la CFE, la población ha crecido 91%, acompañada de un vertiginoso desarrollo de la industria, la agricultura y otras actividades urbanas y rurales.

Como los fines de las empresas extranjeras y los de sus países de origen rara vez coinciden con el interés nacional de los países en que operan, y el propósito natural de toda empresa privada es la obtención de utilidades y no la satisfacción de las necesidades sociales, fue natural que la industria eléctrica privada se orientara al mercado “solvente” y no se ajustara a los propósitos de desarrollo económico y social de México. Sólo cubrió las áreas más rentables, esto es, las ciudades en las que había concentración tanto de industria como de población con segmentos sociales más redituables; lógicamente, no realizaron inversiones de muy largo plazo, o con una ganancia dudosa, como fue el caso de las áreas semi-rurales o rurales o de pobreza urbana. Además, para aumentar utilidades sobrecargaban sus instalaciones, demoraban el mantenimiento y la reposición de equipo con grave riesgo de la continuidad del servicio y de la seguridad de sus trabajadores. Por su parte la CFE se desviaba de sus fines para construir plantas generadoras y líneas de transmisión para resolver los problemas en las zonas concesionadas a las empresas privadas que éstas no podían ni querían resolver. Con la nacionalización se pretenden reorientar  e integrar la industria eléctrica.

Detrás de este esfuerzo de nacionalización está la terrible experiencia histórica de una sucesión indignante de concesiones otorgadas a las empresas extranjeras que afectaban la soberanía nacional y deformaban el desarrollo del país.

En 1879, en la fábrica de hilados y tejidos La Americana, en la ciudad de León, Guanajuato, fue introducida por primera vez en México la energía eléctrica, al instalarse una planta termoeléctrica para su servicio; otras fábricas y minas también la adoptaron. El excedente de la energía generada era vendida al gobierno para el alumbrado, así como a otras empresas y a particulares. Muy pronto comenzaron a ser alumbrados los centros urbanos más desarrollados; así, en 1880, fueron instalados los primeros focos en el zócalo de la ciudad de México y poco después, la antigua calle de Plateros -hoy Madero- fue iluminada.

En 1881 la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se encargó del alumbrado público y residencial en la Ciudad de México. Ya en 1890 había más de dos mil focos alumbrando la ciudad de México. El alumbrado público se introdujo en Guadalajara en 1884, en Monterrey en 1888 y en 1889 en Veracruz y Mérida. Al alumbrado público siguió el uso de la electricidad en los transportes. Se estima que en 1900 la capacidad de generación de electricidad instalada en México era de 22.3 mil KW, de los cuales el 44% correspondía a plantas construidas por fábricas textiles en Orizaba, Veracruz, Monterrey, Nuevo León y Atlixco, Puebla.

Las centrales hidráulicas crecieron más que las térmicas, por lo que fue necesario otorgar concesiones para aprovechar el líquido a los generadores de electricidad.  Durante el régimen de Porfirio Díaz, las concesiones a las  empresas eléctricas privadas fueron otorgadas por 50 años en algunos casos, en otros por 97 años y a veces a perpetuidad.

Entre 1887 y 1911 había ya 199 empresas de luz ubicadas principalmente en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luís Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Así, la industria eléctrica evolucionó localmente, pues cada ciudad tenía su propia empresa o compañía eléctrica. Al poco tiempo, estas empresas se consolidaron como monopolios regionales, la mayoría extranjeros.

En este contexto, el 10 de septiembre de 1902, en Toronto, Canadá, se creó la empresa Mexican Light and Power Company Ltd. con capital anglocanadiense e inició sus operaciones en las principales zonas mineras del centro del país. La inversión, de 12 millones de dólares fue una de las más grandes de la época. Para 1905, ya controlaba a las empresas: Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Compañía Explotadora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso, que operaban en su zona de influencia. En 1906, obtuvo nuevas concesiones del gobierno federal y de las autoridades de los estados de Puebla, Hidalgo, México y Michoacán. Derivada de la misma empresa, Mexican Light and Power Company Ltd. surgió la Mexican Trainways (tranvías), las cuales compartieron oficinas, talleres, operarios y administradores hasta 1933. Ambas empresas acabaron con las compañías pequeñas locales y al poco tiempo constituyeron el más grande monopolio generador de energía eléctrica de México, el cual obtuvo concesiones para el aprovechamiento de aguas propiedad de la nación, instaló plantas hidroeléctricas, redes de transmisión y distribución, y oficinas de comercialización.

Esta forma de electrificación comenzó a ser un obstáculo para la industrialización del país; además, los sistemas eléctricos no estaban integrados, lo que limitaba la expansión de la cobertura de suministro. En materia laboral, desde sus primeros años, la Mexican Light and Power Company Ltd., sus filiales y la empresa después formada “American & Foreign Power” pretendieron que los trabajadores electricistas no se organizaran para defender sus derechos mediante la represión selectiva, amenazas generalizadas, la obligación de aportar herramientas para el desempeño del trabajo para ser contratados, insalubridad, cuerpos policíacos internos, administraciones y trato despóticos, injusticias con enfermos y accidentados, retención de sueldo a trabajadores, despidos injustificados, etc. Sin embargo el 14 de diciembre de 1914 se fundó el Sindicato Mexicano de Electricistas SME en la Mexican Light and Power Company Ltd. junto con telefonistas y tranviarios. El abuso y el despotismo ejercido sobre los trabajadores y los consumidores, extendido a los gobiernos municipales, estatales y aún al gobierno federal, generaron un abierto conflicto entre las empresas eléctricas privadas y el Estado. Pero la vorágine de la revolución concedió una tregua a las empresas para continuar su dominio sobre la industria eléctrica.

Después de la revolución, la idea de que existen industrias estratégicas cuya propiedad debe ser de la nación entera quedó plasmada en la Constitución de 1917. La resistencia del monopolio a sacrificar sus beneficios privados por el mayor bienestar social y el creciente reclamo nacional de otorgar a la industria eléctrica un carácter prioritario, obligaron a las autoridades mexicanas a tratar de regular y controlar esta industria.

En 1923, el presidente Álvaro Obregón creó la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza Eléctrica, que puso en práctica algunas acciones para restringir tanto el monopolio como las ganancias excesivas.

El 30 de abril de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles mediante reforma constitucional se otorgó al Congreso la facultad para legislar en materia eléctrica por ser de utilidad pública y se expidió el Código Nacional Eléctrico que permitió al gobierno controlar las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, el manejo y la conservación de las instalaciones eléctricas. Asimismo, la reforma al Artículo 73 de la Constitución, otorgó al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de electricidad, declaró a la industria eléctrica de utilidad pública, así como la exclusiva jurisdicción del Poder Federal en la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía eléctrica por medios industriales, en los requisitos técnicos para la construcción, manejo y conservación de las instalaciones, así como para la generación, transformación, transmisión, distribución y utilización de dicha energía; además, reguló las tarifas y obligó a las empresas generadoras a firmar contratos de suministro con los consumidores.

El 2 de diciembre de 1933, Abelardo L. Rodríguez, presidente constitucional substituto, envió al Congreso de la Unión la iniciativa para autorizar al titular del Ejecutivo Federal la creación de la Comisión Federal de Electricidad  CFE, misma que fue aprobada el 20 de enero de 1934. Su objetivo fundamental fue organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin propósito de lucro y en beneficio del interés general. La medida obedecía a que las tarifas de la electricidad eran exorbitantemente altas y había gran disparidad entre los precios pagados entre los consumidores grandes y pequeños. El estado intentaría proveer a la población y a industriales nacionales de un servicio básico barato, y presionaría a las compañías privadas a reducir los costos y de ser posible reducir el rango de tarifas.

Hacia 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes y solamente tres empresas ofrecían el servicio de energía eléctrica a siete millones de mexicanos, que representaban el 38% de la población. La oferta no satisfacía la demanda, las interrupciones en el servicio eran constantes y las tarifas muy elevadas, situaciones que no permitían el desarrollo económico del país.  Las empresas se dedicaban principalmente a los mercados urbanos más redituables sin contemplar en sus planes de expansión a las poblaciones rurales, donde todavía habitaba el 67% de la población.

Ante estos hechos y con el propósito de construir plantas generadoras para satisfacer sin fines de lucro la demanda existente, el Presidente Lázaro Cárdenas decretó en Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937, la constitución formal de la Comisión Federal de Electricidad CFE, dependencia que se encargaría estudiar la planeación del sistema nacional de electrificación, ejecutar y adquirir obras relacionadas con la generación, transmisión y distribución eléctrica. La CFE cambiaba la perspectiva regionalista de la electrificación, de modo que el campo se viera favorecido al poder bombear el agua de riego, el arrastre y la molienda, pero sobre todo, se trataba de impulsar el alumbrado público de ciudades pequeñas. La medida era parte de la política de cambio estructural del Presidente Cárdenas, en la cual, el sector energético (petróleo y electricidad) junto con el fomento de la banca de desarrollo eran instrumentos utilizados para apoyar el programa de industrialización nacional.

Los primeros proyectos de CFE se realizaron en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora. Como para entonces, las empresas privadas habían dejado de invertir, la nueva empresa pública se vio obligada a generar energía para que aquellas la revendieran. Fue así que mientras en 1938, la CFE tenía una capacidad de 64 kW, creció de tal modo que en 1946 era de 45 mil 594 kW.

Entre 1937 y 1943, el crecimiento promedio anual de la industria eléctrica privada fue de menos del uno por ciento porque disminuyeron sus inversiones, quizás porque ya habían concluido la construcción de las plantas generadoras necesarias para abastecer a las áreas rentables, lo que agudizó el conflicto de intereses entre el Estado mexicano, las empresas eléctricas extranjeras y la opinión pública. El vacío dejado por los particulares fue llenado por la CFE. Fue así como el gobierno mexicano prosiguió con el control de los principales recursos hidráulicos -fuentes de energía eléctrica- y comenzó a construir nuevas plantas, pues las empresas extranjeras ya no hacían inversión alguna.

Otro problema era que los sistemas de generación de energía eléctrica no eran uniformes, lo que impedía la unificación del servicio en todo el país: había empresas cuyo sistema operaba a 50 ciclos, otros a 60, 45, 42, 40, y 25 ciclos.

El 14 de enero de 1949, la Ley que establece Bases para el Funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, ayudó a precisar sus objetivos, entre otros, la función de coordinar la industria eléctrica en México. Posteriormente, en ese mismo año, el Presidente Miguel Alemán, expidió el Decreto que hizo de la Comisión Federal de Electricidad un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Diez años después, en abril de 1960, el Ejecutivo Federal inició negociaciones para comprar las acciones de las empresas que tenían a su cargo el suministro de energía eléctrica, de los bienes e instalaciones de las compañías privadas y que operaban con serias deficiencias por la falta de inversión de capital y por los problemas laborales que enfrentaban y que habían quedado bajo el control de la C.F.E.

El gobierno compró en 52 millones de dólares, el 90% de las acciones de The Mexican Light and Power Co., y se comprometió a saldar los pasivos de esa empresa que ascendían a 78 millones de dólares. El pago por las acciones de la American and Foreign Power Co., fue de 70 millones de dólares (otros datos señalan que fueron 65) y la negociación fue cerrada con el compromiso de las empresas de invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva exportación de divisas.

"El propio licenciado Ortiz Mena, en una charla informal, no en entrevista de prensa, conversó con este reportero y con mi amigo y colega Mario Huacuja Betancourt, entonces del diario Novedades, y nos explicó cómo había sido esta operación extraordinaria. Sabedores de que en los cinco continentes estaban las acciones de la principal empresa, la Mexicana de Luz y Fuerza, y una vez adquiridas las otras compañías más pequeñas para ir sumando, se puso manos a la obra, con la cautela indispensable para que los tenedores de las acciones no supieran, por el momento, que era el propio gobierno el que las adquiría, con el propósito de que no elevaran el precio de dichos papeles. A través de un banco de Estados Unidos, único que sí sabía quién era el cliente, y previa investigación de la ubicación de las acciones, se buscaron otros quince bancos más en el mundo y se hizo una oferta pública de compra para adquirir acciones comunes y preferentes, a un precio superior al del mercado, pero que debería ser menor al del valor en libros. Se sabe que había tozudos que cerraron el puño con las acciones al darse cuenta de que el comprador era el gobierno mexicano. En esos días se llevaban a cabo en Cuba expropiaciones de empresas, principalmente estadunidenses, sin pago alguno inmediato o a futuro, y en México, una vez, en la Cámara de Diputados, la voz de don Emilio Sánchez Piedras, líder de la misma, se elevó para solidarizarse con las medidas cubanas, provocando una enorme inquietud entre los poseedores de las acciones de la industria eléctrica, ya que advertían un peligro para sus valores, y abrieron el puño soltando las acciones. De esta manera se consiguió la mayoría absoluta para mexicanizar la industria y a un precio tan bajo que constituyó un gran negocio para el pueblo mexicano, pues mediante una inversión en la compra de 650 millones de pesos se adquirieron activos por 3 mil 375 millones". (Silva Rojas César. Adolfo López Mateos. Así era él).

Así, la nación adquirió 19 plantas generadoras que daban servicio al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 plantas hidráulicas y 3 térmicas, varios cientos de líneas de transmisión y distribución; dos subestaciones transformadoras; 38 subestaciones receptoras; de bancos de transformadores; 11,000 transformadores de distribución y 6,800 Km., de líneas de baja tensión. 15 plantas hidroeléctricas; 3 plantas termoeléctricas; el edificio de la esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional de la Ciudad de México y todos los demás inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como equipos y materiales de oficina. También fueron comprados los activos de las siete empresas administradas por la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas.

El primero de septiembre de 1960, el presidente López Mateos anunció la reforma al artículo 27 constitucional, a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

El proceso de nacionalización que comienza hoy concluirá el próximo 29 de diciembre de 1960 con la siguiente adición al artículo 27 Constitucional: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. Con esta medida se rescatarán de extranjeros las acciones que habían quedado en sus manos.

En 1963 la Mexican Light and Power Company Ltd., se convertirá en Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En diciembre de 1974, Luís Echeverría Álvarez promoverá una reforma al artículo 27 de la Constitución, en donde se otorgará exclusivamente a la nación, el aprovechamiento de los materiales radioactivos y combustibles nucleares necesarios en la producción de energía atómica, que es indispensable en el proceso de instalación y operación de plantas nucleares generadoras de energía eléctrica.

En 1974 será decretada la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro al igual que sus subsidiarias, con lo que se pretenderá la integración de esta industria.

El 21 de diciembre de 1989, será reformada la Ley del Servicio Público de Energía: “ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo Cuarto Transitorio… ARTÍCULO CUARTO.- Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A., y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el ejecutivo Federal, dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que ha venido proporcionando dichas Compañías. El Decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines".

En 1992, el presidente Salinas de Gortari, sin reformar la Constitución, iniciará la apertura de la industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la ley y reglamento del servicio público de Energía eléctrica incorporando las figuras de productor independiente, autoabastecedor, cogenerador, importador-exportador. Desde su creación, los “productores independientes” tendrán un crecimiento exponencial  en su capacidad instalada y en su producción de energía.

El 9 de febrero de 1994, será expedido el decreto por el se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio conformado por el que tenían las compañías de luz en liquidación.

Este proceso de reprivatización silenciosa irá haciendo nulo el esfuerzo de los gobiernos anteriores, de Madero a López Portillo, con excepción de Huerta y Alemán, por alcanzar una soberanía energética y por redistribuir en la sociedad los recursos generados por la industria eléctrica. En el año 2000, cada vez más, estos recursos regresan no a la sociedad como lo quiso el presidente López Mateos, sino a las manos de particulares mexicanos y extranjeros.

Con la disolución de la compañía de Luz y Fuerza el 11 de octubre de 2011 por el presidente Felipe Calderón y la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto de 2014, la industria eléctrica quedará como un servicio prestado por empresas privadas extranjeras y nacionales.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.