1º de Septiembre de 1982

López Portillo nacionaliza la banca y establece el control de cambios
 
1º de Septiembre de 1982

El presidente José López Portillo, tras analizar la grave situación económica por la que atraviesa el país, defender el gasto público como instrumento de desarrollo, e identificar como los grandes males que afectan a México el desorden económico internacional que castiga a los países en desarrollo (baja del petróleo, alza de las tasas de interés) y una banca mexicanizada sin solidaridad nacional y altamente especulativa (dolarización y fuga de capitales), exhorta a los mexicanos a salvar las empresas públicas y privadas, durante su VI Informe de gobierno, en el Palacio Legislativo de San Lázaro:

“Tenemos que organizarnos para salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle los recursos financieros para seguir adelante; tenemos que detener la injusticia del proceso perverso fuga de capitales-devaluación-inflación que daña a todos, especialmente al trabajador; al empleo y a las empresas que lo generan. Estas son nuestras prioridades críticas”.

Ante la sorpresa de los presentes, el presidente anuncia los remedios que ha escogido:

“Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos Decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que los requieren y justifican. Es ahora o nunca.¡ Ya nos saquearon, México no se ha acabado! ¡No nos volverán a saquear!”

Cuando el público logra salir de su asombro, se conmociona y aplaude con entusiasmo y hasta júbilo, salvo los banqueros presentes que se muestran alterados y comienzan a abandonar el recinto. El presidente electo Miguel de la Madrid aplaude sin entusiasmo; según escribe en sus memorias (Cambio de Rumbo, testimonio de una presidencia) había sido consultado de la medida  desde julio pasado, pero se le había comunicado la decisión de nacionalizar hasta las 8:30 de la noche del día anterior por medio del hijo de López Portillo, a quien le había manifestado su desacuerdo y advertido que la popularidad de su padre sería efímera y después sufriría el desprestigio por sus efectos negativos. Sin embargo, más tarde la aprobará públicamente argumentando: "el Estado no puede permitir el avance de situaciones críticas que amenazan con daños graves al interés nacional, y particularmente a las mayorías de nuestro pueblo", pero en los hechos, al tomar posesión reinstalará a Carlos Mancera Aguayo como director del Banco de México, en sustitución de Carlos Tello Macías.

López Portillo continúa diciendo: “Los decretos respectivos se publican hoy en el Diario Oficial. Como complemento, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa de ley que convierte al Banco de México en organismo público descentralizado del Gobierno Federal. Con la nacionalización de la banca, se termina la concesión a los particulares, para incorporar el servicio directamente a la Nación. Obviamente, la nacionalización irá acompañada de la justa compensación económica a los actuales accionistas, conforme a derecho”.

Después, fija los límites de la nacionalización que decreta: “La banca extranjera, sus representantes, las organizaciones auxiliares de crédito y el Banco Obrero, no son sujetos de expropiación o afectación alguna. Los derechos de los trabajadores del sistema bancario serán respetados. El viejo anhelo de crear un sindicato bancario podrá fructificar, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La banca seguirá funcionando normalmente. Su administración sólo ha revertido a las manos de quien la concesionó: el Estado mexicano”.

Y resume las razones que lo obligan a proceder a la nacionalización bancaria: “Primero lo que a todos conviene. Después lo demás. En este caso el Gobierno no sólo está eliminando un intermediario, sino a un instrumento que ha probado más que suficientemente su falta de solidaridad con los intereses del país y del aparato productivo…La banca privada mexicana ha pospuesto el interés nacional y ha fomentado, propiciado y aun mecanizado la especulación y la fuga de capitales….En suma, nacionalizamos la banca porque no es admisible que el instrumento domine o condicione el propósito…El Estado ya no estará acorralado por los grupos de presión”.

A la fecha, existen 32 grupos de banca múltiple; Bancomer y Banamex controlan la mitad del mercado; los grupos financieros más importantes tienen oficinas en el extranjero, lo que ha facilitado la especulación, la fuga de capitales y la dolarización de la economía. Además, la banca ya rige la economía nacional, porque gran número de empresas le han confiado sus acciones y puede intervenir y decidir en su manejo.

La reacción de los afectados no se hace esperar: Carlos Abedrop Dávila, presidente de la Asociación de Banqueros declara a la prensa irónicamente: “Lo único que se nacionaliza... es el elevado endeudamiento en dólares de la banca privada, sector que no es un traidor sino patriota y solidario con los más altos intereses del país y de eso existen abundantes pruebas.”

La nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios fueron medidas tomadas únicamente por López Portillo y algunos de sus más allegados. De ahí la sorpresa que provocan. Por eso, de inmediato, Manuel J. Clouthier, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pedirá un plebiscito nacional pues considerará que esas medidas “no las puede tomar un solo hombre”; también protestará airadamente por la condena pública que hizo López Portillo a la banca. Por su lado el Partido Acción Nacional señalará que el principal responsable de la crisis es el gobierno y que lo único que hizo con la nacionalización fue encontrar un chivo expiatorio.

Con la Alianza para la Producción, el gobierno de López Portillo había aceptado la libre empresa y el libre cambio, sin intervención directa del Estado en los procesos productivos; asimismo, había iniciado el ingreso al Gatt, aunque después lo rechazó. Ahora rectifica y reemprende el camino del nacionalismo con un vigor ya no visto en los últimos años, por lo que logra poner en marcha a las más importantes fuerzas políticas y sociales del país en apoyo de la recuperación de la vena popular y progresista del Estado. El gobierno abrirá un Fondo Nacional de Solidaridad para recibir aportaciones populares para el pago de la indemnización a los banqueros.

Pero la reacción del capital nacional será en contra. Aparecerán declaraciones de los más importantes dirigentes empresariales en los principales diarios desaprobando la nacionalización por “socializante”; al mismo tiempo, deslizarán amenazas de paros y huelgas patronales, cierres y boicots. El 5 de septiembre siguiente, organizarán en Monterrey una manifestación de repudio a la que asistirán un millar de personas, que el PRI responderá con un mitin de apoyo a la nacionalización con más de 80,000 asistentes, en el que López Portillo puntualizará: “Aquí se vuelven a bifurcar los caminos: de este lado están las mayorías que exigen justicia, que exigen los valores de nuestra nacionalidad; del otro, los que quieran irse con el tesoro de su corazón. Aquí con ustedes, está México.”.

También los empresarios realizarán reuniones bajo el título de “México en la Libertad” en Monterrey y Torreón, en las que señalarán que los decretos atentan contra la libertad y que el país avanza hacia el socialismo y el totalitarismo. López Portillo responderá: “A los que reclaman libertad, les he dicho que la quieren para explotar y victimar al país; a los que piden airadamente dólares, que se traigan los suyos; a los que me acusan de absolutista, y de quitar derechos a la sociedad, les he recordado que, organizada, se convierte en pueblo y es el Estado su representante y el que precisa el interés general conforme a la ley….Por un acto de soberanía, el Estado rescata legítimamente, del interés privado, un instrumento económico fundamental para orientar el manejo del ahorro nacional en función del interés general, contradicho por el privado.”

Los banqueros afectados presentarán demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, los empresarios desencadenarán una campaña permanente para desacreditar la medida y desprestigiar la personalidad del presidente. Pero no habrá una reacción unida, sólida y virulenta del sector empresarial como la de 1976 contra Luís Echeverría, quizás porque están aun en juego las indemnizaciones y las empresas que pertenecían a los bancos nacionalizados.

Además, según José Luís Ávila (La era Neoliberal): “La comunidad financiera internacional no vio en la medida el tránsito al socialismo sino el control oficial de un sistema financiero en bancarrota. La nacionalización, además, aseguraba a los acreedores el pago de las obligaciones en dólares de la propia banca, y dado el tenor de las negociaciones con el Comité Asesor de Bancos y el FMI, aseguraban que México reconocería sus deudas e impediría con ello la quiebra de los bancos privados y la crisis del sistema financiero internacional.”

Lo más importante desde el punto de vista político, será que a partir de entonces, los más importantes empresarios del país comenzarán a ver en el Partido Acción Nacional, ya no en el PRI, las mayores conveniencias a sus intereses. Inclusive en Puebla, un grupo de empresarios convocará a organizar una asociación política que les permita ser tomados en cuenta en las decisiones gubernamentales. Iniciará así el “neopanismo”. “El argumento contra el hombre (López Portillo) se convertirá en argumento contra el sistema (PRI)”

El 15 de noviembre de 1983, el presidente Miguel de la Madrid convocará a la Cámara de Diputados a aprobar la mayor indemnización jamás pagada por el gobierno mexicano en toda su existencia, a favor de los banqueros afectados.

Señala Carlos Marichal (Una Historia Contemporánea de México): “Los analistas no han podido determinar cuál fue el verdadero impacto de la nacionalización bancaria de 1982. Es claro que en parte la operación fue inevitable, pues había que rescatar a muchos bancos mexicanos que imprudentemente habían asumido un exceso de deuda externa a corto plazo entre 1978 y 1982; la estatización fue así el precio a pagar por sus errores en sus políticas financieras en un entorno internacional cada vez más volátil. Pero también es cierto que el verdadero talón de Aquiles de las finanzas mexicanas, no residía tanto en la banca privada como en la banca paraestatal que había acumulado deuda externa mucho mayor desde mediados de los años setenta”.

Lo cierto es que como escribe Lorenzo Meyer (De la Estabilidad al Cambio): “Con la crisis económica de 1982 se acabó el periodo de la postrevolución mexicana, caracterizado en lo político por la enorme fuerza de la presidencia, por el dominio indiscutible del PRI en todos los niveles de elección popular, por una economía basada en el mercado interno, cerrada a la competencia con el mercado internacional, y por el nacionalismo como guía de la política exterior.”

Concluye José Romero (Crecimiento y Comercio): “Después de haber tenido la gran oportunidad de la historia contemporánea, el sexenio de López Portillo terminó de manera trágica. El país estaba financieramente quebrado y a disposición de los organismos financieros internacionales.”

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.