Septiembre 1 de 1917

Por primera vez, el presidente Venustiano Carranza da cuenta en esta fecha “sobre el estado general que guarda la administración pública del país”, en cumplimiento de la nueva Constitución, cuyos Artículos 65 y 69, disponen respectivamente, que el Congreso se reúna el 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias y que el presidente de la República asista a la apertura de sesiones del Congreso para presentar un informe por escrito.

A partir de entonces, el informe presidencial ha sido el 1º de septiembre, con tres excepciones: la de Obregón el 7 de febrero de 1921 durante la apertura de un periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo; durante la transmisión del poder de Portes Gil a Ortiz Rubio, el 5 de febrero de 1930; y el 1º de noviembre de 1994, cuando el presidente Salinas presentó su último informe de acuerdo a una nueva fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, fecha que al año siguiente fue cambiada de nueva cuenta al 1º de septiembre.

Desde los primeros años de vida independiente, los gobernantes han informado al Congreso sobre el estado de la Nación, conforme a una disposición iniciada por la Constitución española en 1812, cuyos artículos del 121 al 123 preveían que el rey asistiera por sí mismo a la apertura de las Cortes, que entrara a la sala de las Cortes sin guardia y sólo le acompañaran las personas que determinara el ceremonial para el recibimiento y despedida del rey.

Los primeros informes no tuvieron reglamentación definida. Iturbide presentó dos informes: en noviembre de 1822 y en marzo de 1823. Al ser creada la Primera República Federal y promulgada la Constitución de 1824, en sus artículos 67 y 68 dispuso que anualmente se reuniría el Congreso el 1º de enero con la asistencia del presidente de la Federación, “quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales”. Siguiendo este ordenamiento, el 1º de enero de 1825, el presidente Guadalupe Victoria presentó el primer Informe Presidencial de la historia de México en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso General, e inició la tradición de informar verbalmente al Congreso. A partir de entonces, 65 presidentes lo hicieron así, hasta que Felipe Calderón Hinojosa sólo envió al Congreso su segundo informe por escrito.

A lo largo del siglo XIX, los presidentes informaron sobre su gestión tres o cuatro veces al año sin fecha fija o según se consideraba necesario conforme a las circunstancias políticas; por ejemplo, el presidente sustituto Canalizo, presentó cuatro informes en seis meses. Durante la dictadura de Santa Anna, la costumbre de informar perdió vigencia y ésta fue recuperada por la Constitución de 1857 en el artículo 63: “A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales". Así, el presidente Juárez informó al Congreso diecinueve veces, entre marzo de 1868 y mayo de 1872; y en 1867, propuso que el informe fuera por escrito y no verbal, pero la iniciativa no prosperó por las circunstancias del momento.

Desde 1878, Díaz estableció la costumbre de rendir dos informes anuales, presentados durante las aperturas de las sesiones ordinarias del Congreso. Díaz presentó en total sesenta y dos informes.

En la Constitución de 1917, el artículo 65 dispuso que “el Congreso se reunirá el día 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias” y el 69 que “a la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país, y en el segundo, para exponer al Congreso o a la cámara de que se trate, las razones o causas que hicieren necesaria su convocación y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria."

El artículo 69 fue modificado en dos ocasiones: en noviembre de 1923, lo mismo que en 1986, pero se mantuvo la obligación del presidente de la República de asistir y de presentar un informe escrito.

Susana Pedroza (Los Derechos del Pueblo Mexicano) señala en los comentarios al artículo 69: “…consideramos que es necesario establecer dicha obligación constitucionalmente, en virtud de que se asegura que el presidente de la República… ponga no sólo en conocimiento al Congreso General o Congreso de la Unión, sino a los ciudadanos respecto de la actividad anual del Ejecutivo, sirviendo el Congreso como escenario e intermediario… consideramos al informe presidencial como una comparecencia del gobierno… los diputados y senadores, quienes examinarán, analizarán, comprobarán, inspeccionarán y verificarán su actividad … hace que sea considerado por nosotros como un acto de control parlamentario, entendido éste como un control político…consideramos que en México cuando el presidente de la República asiste y rinde su informe oralmente, aunque no es una obligación constitucional hacerlo de esta forma, el Congreso de la Unión sirve de foro a la actuación de los poderes públicos. Con lo cual, no aparece el carácter secreto de la política que pertenece a las concepciones dictatoriales y absolutistas… la finalidad del informe presidencial será que el pueblo, titular de la soberanía, conozca, a través de éste, las actividades del Ejecutivo y las opiniones de sus representantes populares. De tal forma, el Congreso de la Unión, la clase política y el pueblo representando se acercan, se ponen en contacto, fortaleciendo así la democracia”.

En la década de los años 20's, bajo los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la ceremonia del Informe adoptó un formato que con pocas variantes evolucionaría hasta 2007. Después se usaron los nuevos medios masivos para difundir el Informe. Fue el Presidente Lázaro Cárdenas en 1936 quien leyó por primera vez en radio un informe presidencial. Y fue el Presidente Miguel Alemán, por otro lado, quien hizo de su Cuarto Informe el 1º de septiembre de 1950, no sólo la primera ceremonia televisada de este tipo, sino la primera transmisión oficial de la historia de la televisión mexicana.

Así, los informes presidenciales se fueron convirtiendo en una ocasión para mostrar la solidez y cohesión del sistema político nacional en torno a la figura del Presidente de la República.  Además, se fueron adhiriendo una serie de prácticas paralelas a la ceremonia principal, que se fue transformando así en un ritual complejo y elaborado.

Este ceremonial paralelo del Informe Presidencial fue complementándose con el tiempo, hasta alcanzar un conjunto de actividades oficiales que convirtieron al día del informe en la fiesta por excelencia del presidencialismo mexicano, dándole una proyección popular y social que no abandonaría sino hasta los últimos años del siglo XX.

Los legisladores iniciaron la costumbre de nombrar comisiones especiales y de cortesía para visitar al Presidente en la residencia oficial de Los Pinos, y acompañarle a la ceremonia en la sede del Congreso.

Invariablemente, y hasta mediados de los años 90's, se realizó el recorrido del Presidente por las calles de la ciudad, en un auto convertible en el que el mandatario saludaba a las multitudes que franqueaban las calles en todo el recorrido, mientras papeles de colores inundaban el ambiente.

Tras la lectura de su informe en la sede del Congreso, en el interior de Palacio Nacional, en el Salón Juárez, el mandatario recibía la salutación, primero de su gabinete, de gobernadores y después senadores, diputados, líderes sindicales, campesinos e invitados especiales. El conocido "besamanos".

Posteriormente venía la fotografía con su gabinete de gobierno.

Exhausto y para concluir las ceremonias del día, el Primer mandatario salía al final, al balcón presidencial para saludar a la muchedumbre que se congregaba en el Zócalo de la ciudad.

Sin embargo, desde mediados del siglo XX, comenzó a criticarse la forma en que se rendía este informe presidencial, que constituía un gran culto a la personalidad y convertía esta fecha en “el día del presidente”, y que los legisladores no podían interpelar ni debatir con el presidente.

En su duración, se transitó un largo camino desde el IV Informe del Presidente Abelardo Rodríguez del 1º de noviembre de 1934, que, con la respuesta que recibió del diputado Romeo Ortega, duró 7 horas y 35 minutos, hasta el Primer Informe del Presidente Ernesto Zedillo, del 1º de septiembre de 1995, que, con la respuesta que recibió de la Diputada Rosario Guerra, duró apenas 60 minutos.

También se recorrió un camino largo desde la lectura del Quinto Informe del Presidente José López Portillo en 1981, inaugurando así la nueva sede de San Lázaro, donde el elemento central era el Salón de Sesiones, marco grandioso para la entonces importante ceremonia. O en el Sexto Informe, el de 1982, cuando las interrupciones para aplaudir al Jefe del Ejecutivo sumaron casi 40, sólo en la lectura del mensaje final. De ahí se transitó a los actos de protesta adentro y afuera de San Lázaro.

Se caminó mucho también, desde que tras presentar su cuarto informe de gobierno en 1974, el Presidente Luís Echeverría saludó de mano, una por una, en Palacio Nacional, a 3 mil personas, hasta la cancelación que de esta ceremonia hizo el Presidente Ernesto Zedillo en 1995.

Aunque la creencia común es que las interpelaciones en los informes presidenciales iniciaron en 1988, antes de esa fecha hubo varias manifestaciones equivalentes.

En 1923, al responder el tercer informe presidencial de Álvaro Obregón, el diputado Jorge Prieto Laurens, increpó directamente al titular del Ejecutivo, reclamándole la imprudencia que a su juicio cometía, al querer obligar al país y a la clase política a aceptar al secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, como su sustituto.

Al mismo Calles le tocaría enfrentar una situación similar. El 1º de septiembre de 1928, al rendir su cuarto y último informe de gobierno el Presidente Calles se refirió al asesinato de Álvaro Obregón, afirmando que se sentía abrumado por la muerte del Presidente electo de México, cuando Aurelio Manríquez, diputado obregonista por San Luís Potosí, se puso de pie calificándole de farsante, mentiroso y gritando vivas a Obregón.

En tiempos más recientes, el ritual de los informes presidenciales se alteró el 1º de septiembre de 1979.  Al dar lectura a su tercer informe de gobierno, el Presidente José López Portillo fue interrumpido por el diputado coahuilense Edmundo Gurza Villarreal del PAN, quien solicitó a la Presidencia de la Cámara una interpelación al orador. Aunque le fue negada la palabra, reclamó airadamente al Presidente que "...En Coahuila no hay democracia. Queremos hechos y no palabras".

El 1º de septiembre de 1988, al inicio de la lectura del sexto informe de Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, el cual tuvo lugar tras el supuesto fraude en la elección presidencial del 6 de julio de ese mismo año, el diputado del PPS Jesús Luján, intentó interpelarlo. Además, 16 interpelaciones se hicieron ese día, iniciadas por el senador Porfirio Muñoz Ledo, que culminaron con la salida en masa del recinto parlamentario de San Lázaro de los legisladores de los distintos partidos que integraban el Frente Democrático Nacional. Por su parte, el entonces diputado Vicente Fox, se colocó boletas electorales a modo de grandes orejas y se colgó otras de la camisa, al inconformarse con el resultado de las elecciones presidenciales.

A partir de entonces fue una práctica reiterada interpelar e increpar al Presidente de la República. Interpelar para que los legisladores expresaran reclamos que no podían hacerle de manera directa y de ninguna otra forma al Presidente, dentro de las sesiones del Congreso.

Ante los nuevos tiempos políticos, el formato del Informe sufrió sus primeras modificaciones importantes.

En 1994, el Presidente Carlos Salinas de Gortari fue el primero en vivir las reformas al Artículo 8º de la Ley Orgánica del Congreso para permitir que, el mismo día del Informe, cada partido presentara su punto de vista, antes de la lectura y en ausencia del titular del Ejecutivo, aunque esto no evitó que en todos los informes subsecuentes hubiera protestas encabezadas por el Partido de la Revolución Democrática.

Tras el levantamiento armado de enero de 1994, el asesinato de Luís Donaldo Colosio y el estallido de la crisis económica de diciembre de ese año, el Presidente Ernesto Zedillo decidió modificar ciertas prácticas del Poder Ejecutivo en su relación con el Poder Legislativo. Apenas iniciada la segunda semana de su gobierno, el 6 de diciembre de 1994 acudió, tras ser invitado por el PRD, a la Cámara de Diputados. Esa presencia marcó un hito en la historia oficial moderna del país al celebrarse una primera reunión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en pleno, fuera de los informes de Gobierno. Lo mismo hizo en la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 1994, e incluso fue a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 10 de diciembre de 1994.

En 1995, al cumplirse el primer año de su gobierno, el presidente Ernesto Zedillo anunció que su informe sería un mensaje cuyo tiempo no rebasaría la hora. La modificación de la ceremonia y de sus aspectos paralelos fue de fondo. Se canceló la salutación después del Informe. Se canceló de igual modo, el recorrido en auto descubierto y se eliminó el día feriado obligatorio haciendo que todas las dependencias públicas trabajaran como cualquier día hábil.

En 1996, en la presentación del segundo informe de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, poco después de que el Presidente fuera recibido por el pleno y comenzara la lectura de su mensaje, el diputado perredista Marcos Rascón se ubicó frente a la tribuna y, mirando hacia el auditorio, se colocó una máscara de cerdo. El primer mandatario siguió su discurso mientras el incidente se prolongó con la pelea entre varios diputados y la senadora Irma Serrano, en uno de los espectáculos de memoria menos grata que se hayan visto en una ceremonia de este tipo.

Un año después, el tercer informe de gobierno del presidente Zedillo se dio en un nuevo contexto: por primera vez desde 1923, un legislador distinto al del partido del Presidente fue el responsable de responder al mismo, como consecuencia de la integración plural de la LVII Legislatura, la primera sin mayoría de un solo partido político desde 1929. Correspondió a Porfirio Muñoz Ledo, del PRD, presidir la Cámara de Diputados y en consecuencia, responder al discurso del presidente.

En la ceremonia del cuarto informe del presidente Vicente Fox, el miércoles 1º de septiembre de 2004, el recinto legislativo de San Lázaro, por primera vez en la historia, debió ser rodeado por fuerzas policíacas y protegido por barricadas para evitar que las protestas ciudadanas impidieran la realización de la ceremonia. La actitud de reclamo por parte de los legisladores federales era por la falta de diálogo político con la sociedad; las supuestas agresiones de la presidencia de la República al Congreso de la Unión; y la falta absoluta de iniciativas tendientes al diálogo político entre ambos poderes por parte del Ejecutivo de la Unión.
 
Al año siguiente, ante la vacuidad del informe presidencial y la reiteración de frases comunes, la oposición abucheó nuevamente al presidente: "¡Mientes, mientes...! ¡Estás para puras vergüenzas! ¡Dile a Marta! ¡Cuáles puentes, si tú los has derribado todos!" A lo que los panistas respondieron: "No se equivoquen, no le griten, simplemente pidan una moción de orden para solicitar al Presidente que se ajuste al orden del día y rinda un Informe".

En 2006, Fox ya no pudo leer su último informe, sólo lo entregó por escrito, pues el PRD y el PT habían tomado la tribuna del Congreso de la Unión en demanda del retiro del Ejército y de la Policía Federal Preventiva del recinto parlamentario y de las calles aledañas al Palacio Legislativo.

Al año siguiente, en una ceremonia de ocho minutos, sin honores a su investidura y en ausencia de los legisladores del PRD, que de este modo resaltaron su “ilegitimidad”, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, acusado de fraude electoral por la oposición, sólo entregó por escrito su primer Informe de gobierno a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y apenas si pudo emitir un breve mensaje mediante un micrófono inalámbrico para llamar “al diálogo público y directo” con los legisladores.

El 15 de agosto de 2008, después de ser aprobada por las cámaras de diputados y de senadores, así como de la mayoría de las legislaturas locales, se publicó la reforma al artículo 69 constitucional, en la que se suprimió la obligación del Presidente de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso y se agregó el siguiente segundo párrafo: “Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.”

Fue así, finalmente, que el 1º de septiembre de 2008, se dio por terminado lo que quedaba de la ceremonia que antes fue el “día del Presidente”.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.