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Edicion 2017

Edición Web Limitada

Autora: Doralicia Carmona Dávila.

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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Son asesinados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero

28 de Junio de 1995

El día anterior a que ocurriera el hecho, el gobernador del estado de Guerrero -Rubén Figueroa Alcocer- pidió a la presidenta municipal de Atoyac de Álvarez que interviniera para impedir que campesinos de su municipio, miembros de la Organización Campesina del Sur (OCSS, organización creada en 1994 por los campesinos para defender sus derechos), asistieran a una gran manifestación, programada para el día siguiente; le dijo que él ya había tomado providencias para que el grupo mayoritario no llegara a la concentración.

La manifestación a la que asistirían tenía como objetivo pedir la liberación de Gilberto Romero Vásquez, activista campesino que había “desaparecido” en Atoyac el 24 de mayo anterior y solicitar la entrega de insumos agrícolas prometida por las autoridades.

El gobernador instruyó al subsecretario de Protección y Vialidad que fuera a Coyuca de Benítez a convencer a los manifestantes que volvieran a sus lugares de origen y que, si no lo lograba, los dejara pasar luego de haberse asegurado que fueran desarmados.

Este día 28 de junio, la policía detiene en el Vado de Aguas Blancas un camión con más de 60 campesinos, algunos de ellos miembros de la OCSS; son obligados a bajar, les decomisan machetes y palos y les obligan a tirarse al suelo. Una camioneta de redilas que lleva unas cuarenta personas -la mayoría iba al mercado,- llega minutos mas tarde; la policía ordena al chofer que se detenga y a la gente que baje de inmediato; antes de hacer alto total, saltan del vehículo dos campesinos, que van sobre el techo. Entonces la policía con armas de alto calibre, empieza a disparar contra los ocupantes de la camioneta. Diez y siete campesinos resultan muertos (los sobrevivientes asegurarán que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza) y 21 heridos. Los sobrevivientes de la camioneta y los campesinos detenidos del camión son obligados a retirarse. Después de la matanza los policías colocan armas de fuego en las manos de los muertos y aseguran haber actuado en legítima defensa.

Este mismo día, en Chilpancingo, el gobernador Figueroa Alcocer hace una declaración sobre la actitud beligerante de la dirigencia de la OCSS; acusa a sus dirigentes de engañar a campesinos para fines personales y que uno de ellos, “Benigno Guzmán Martínez, tiene cuentas pendientes con la justicia, y que existen nueve órdenes de aprehensión en su contra”; dice además, que el chofer del camión “iba en calidad de secuestrado por la OCSS”. El propio chofer desmentirá la versión.

Los hechos son grabados en video por un testigo que lo entrega a funcionarios estatales que lo editan y luego envían a los medios de comunicación. Pero el 25 de febrero de 1996, el video no editado será difundido… su contenido contradecirá las versiones oficiales y probará el dolo y la premeditación con que actuaron las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia de Guerrero iniciará la investigación correspondiente y dirá que los campesinos estaban armados. Pero los campesinos no tenían armas de fuego.

En el transcurso de los meses siguientes al hecho sangriento, se hará patente la falta de voluntad política para investigar los sucesos y castigar a los responsables de la matanza. Demoras en la investigación, anomalías y declaraciones gubernamentales contradictorias, se sucederán sin esclarecer lo ocurrido. Los afectados insistirán en que el Gobierno niega la participación de altos funcionarios en los trágicos sucesos y varios testigos afirmarán haberlos visto en el lugar y en el caso del Gobernador, haber dado la orden el día anterior de la matanza. Conforme a Cuauhtémoc Cárdenas (Sobre mis pasos): "Fueron asaltados por policías del Estado, según versiones confiables, por órdenes directas del gobernador Rubén Figueroa Alcocer”.

El secretario de Derechos Humanos y Pueblos Indios del Partido de la Revolución Democrática presentará una queja ante la CNDH y ésta como resultado de su investigación, el 14 de agosto de 1995 emitirá una recomendación, en la que sugiere al gobernador del Estado que nombre un fiscal especial y ejerza acción penal en contra de los responsables; también recomendará la destitución de sus cargos del Secretario General de Gobierno y del Procurador General de Justicia del Estado así como de 17 funcionarios más y de uno, la consignación; además de que se siga atendiendo a los heridos.

En octubre de 1995, una delegación de Amnistía Internacional se reunirá con integrantes de la OCSS, viudas y familiares de los muertos en la matanza, que denunciarán que han sido objeto de amenazas, acoso, intentos de secuestro; y otros de ellos, también detenidos y torturados.

En apariencia, el gobernador Figueroa aceptará las recomendaciones de la CNDH. El fiscal especial Alejandro Varela Vidales, nombrado el 9 de noviembre de 1995, consignará a 43 personas como probables responsables de delitos cometidos en Aguas Blancas; en el informe que presentará el Fiscal Especial el 27 de febrero de 1996 ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Guerrero dirá “esta Fiscalía Especial llegó a la conclusión de que los señores licenciado Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia del Estado, Gustavo Olea Godoy, ex-Director de la Policía Judicial del Estado, no tienen responsabilidad penal de su parte. Asimismo, estamos de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que los señores Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno, y Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador Constitucional del Estado, no tuvieron intervención ni responsabilidad penal en los lamentables sucesos del 28 de junio de 1995… esta Fiscalía Especial acordó y aprobó el no ejercicio de la acción penal en contra de esas personas”. La CNDH desmentirá este informe al día siguiente.

Pero la sociedad y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales seguirán pidiendo indignados justicia y castigo para los responsables. Ante la presión social, el 4 de marzo de 1996, el secretario de Gobernación, pedirá a la Suprema Corte que investigue y determine los “hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”. Al día siguiente, dos ministros serán comisionados para la indagación. A efecto de facilitar la investigación –según dirá él mismo-, el gobernador del Estado pedirá al congreso local licencia definitiva el 11 de marzo de 1996, la que le será concedida.

El 12 de abril, la Corte emitirá una consideración y cinco puntos de acuerdo que enviará al presidente de la República, al Congreso de la Unión, al procurador general de la República, al gobernador en funciones, y al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. La PGR se declarará incompetente por considerar que los delitos son del fuero común; el congreso local considerará improcedente el juicio político al gobernador con licencia y a los otros exfuncionarios; y la PGJ de Guerrero señalará que el gobernador no participó en el delito y lo exonerará.

El siguiente 23 de abril, el Tribunal emitirá su resolución: “Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos… y en los posteriores relacionados con los primeros… de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex-Primer Subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex-Director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex-Subsecretario de Protección y Tránsito; Adrian Vega Cornejo, ex-Fiscal Especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex-Director General de Gobernación; todos ellos del Estado de Guerrero”.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.