Autoriza la erección de la corporación mercantil a “Universidad de mercaderes” de la ciudad de México para “poder elegir y nombrar prior y cónsules […] los cuales puedan conocer, y determinar todos los negocios y causas que se ofrecieren entre los dichos mercaderes, é sus factores, é todos, é qualesquier cosas, tocantes y concernientes á su trato [y] comercio”. La agrupación tendrá como autoridad máxima una Junta de Gobierno de 30 miembros, la que elegirá un juez, dos cónsules y cinco diputados. También controlará el movimiento de los puertos de Veracruz y Acapulco. En enero de 1594 será electo el primer Tribunal mercantil, con lo que quedará constituido el Consulado de Nueva España.

De acuerdo con Guillermina del Valle (Expansión de le economía mercantil y creación del Consulado de México): “En 1561 un grupo de mercaderes de la ciudad de México que vendían a crédito a la minería ‘negros, herramientas, azogue y otras cosas’, solicitó al virrey y a la Audiencia la creación de un ‘Consulado […] como lo hay en la ciudad de Burgos, Barcelona, Valencia y Sevilla’, con el objeto de dirimir de manera expedita los pleitos que se presentaban entre ellos y sus factores. Para apoyar su petición, sostuvieron que la erección del consulado incrementaría los ingresos del real erario, al favorecer la función que desempeñaban como aviadores del sector minero, ‘porque […] traen [mercaderías] para los mineros […] y se las dan fiadas […] a esta causa hoy se saca mucha más plata de que pertenece a los reales quintos’….De acuerdo con los demandantes, las diferencias mercantiles estaban fuera de la facultad de los letrados, porque ‘consistían más en costumbres y cuentas y estilo de mercaderes, que no en derecho’. Reivindicaban el privilegio de aplicar la justicia mercantil por su propia cuenta, en razón del conocimiento que tenían sobre los usos, prácticas y costumbres establecidas en la comunidad mercantil. Además argumentaron que las resoluciones de las justicias se dilataban, ocasionando ‘grandes daños y costas’, y que en muchas ocasiones, los mismos jueces les remitían las querellas comerciales por el conocimiento que tenían acerca de ellas”.

En 1590 otro grupo de mercaderes de Nueva España volvió a solicitar al trono español su autorización para erigir el Consulado, lo que fue concedido hasta ahora. Así, la corporación de los grandes comerciantes será la encargada de proteger los intereses de sus miembros, arbitrar en los conflictos de intereses surgidos entre ellos y asegurar y promover el funcionamiento oligopólico del movimiento de mercancías. Para Guillermina del Valle: “Por medio de la erección de la corporación mercantil de la ciudad de México, el monarca estableció una alianza con sus miembros, a quienes otorgó los privilegios necesarios para que consolidaran su posición como habilitadores de la producción argentífera, traficantes de plata e intermediarios en la Carrera de Indias. Además, algunos de los principales mercaderes de México habían estrechado sus vínculos con la administración virreinal, mediante la compra de cargos públicos y el arrendamiento de los ramos del erario. La necesidad de la plata novohispana hizo coincidir los intereses de la corona y los mercaderes de México, quienes fortalecieron su posición mediante la erección del Consulado”.

El Consulado propiciará la supresión de la industria de la seda, apoyará las ordenanzas que limitan el desarrollo de los obrajes que compiten con las importaciones y en general, combatirán a la industria colonial; asimismo, auspiciará distintas formas de control de precios, estimulará monopolios que agravarán la explotación del campo por la ciudad y aumentará la apropiación del producto excedente de los artesanos y pequeños productores por los grandes comerciantes; en suma, como monopolio de privilegiados se convertirá en un obstáculo muy importante para el desarrollo de la economía de Nueva España.

Conforme a Brian Hamnett (Historia de México): “Durante los dos siglos siguientes, esta corporación, que también constituyó un tribunal para la resolución de disputas comerciales, dominó la vida económica novohispana. La relación entre sus miembros, en su gran mayoría comerciantes peninsulares de las provincias vascas y Santander, la Audiencia y el gobierno virreinal fue íntima. El Consulado, la Audiencia y la jerarquía eclesiástica eran los máximos exponentes del colonialismo español. Permitieron el funcionamiento del sistema colonial durante el largo periodo de debilidad metropolitana entre las décadas de 1640 y 1760, si bien se modificaron considerablemente al entrar en contacto con las realidades mexicanas. Estas instituciones, ubicadas en la ciudad de México junto al gobierno y tribunal virreinales, expresaban el predominio de la capital dentro del territorio político de Nueva España. Cada una a su manera, proporcionaban los vínculos que mantenían unido ese vasto territorio en expansión. Durante el siglo XVII, la Corona presionó de forma continuada al Consulado para conseguir préstamos y donativos para cubrir el coste que suponía mantener la posición europea de España. La habilidad del Consulado para resistirse a esas presiones demostró aún más la debilidad del estado imperial. En ausencia de una burocracia fiscal efectiva, la Corona arrendó al Consulado la recaudación de las alcabalas por un periodo específico durante la última parte del siglo XVII y primera del XVIII. Este proceso de arrendamiento del cobro de los impuestos continuó durante todo el periodo de 1602 a 1753”..

El Consulado de la ciudad de México será el único de toda la Nueva España durante los siguientes dos siglos. En 1795, para restarle fuerza se crearán los consulados de Veracruz y Guadalajara. En 1821, Agustín de Iturbide autorizará la creación de un cuarto consulado en la ciudad de Puebla. Sin embargo, todos los consulados será suprimidos durante los primeros años del México independiente, bajo el empuje de las ideas liberales que promoverán el libre comercio.

Doralicia Carmona. Memoria Política de México.