Junio 7 de 1951
Miguel Alemán instituye el Día de la Libertad de Prensa a iniciativa del coronel José García Valseca, dueño de la cadena de diarios más grande del país, durante un banquete que le ofrecen los directores de periódicos y revistas de todas la República, en el que le entregan un pergamino firmado por todos ellos, en reconocimiento a que semanas antes, cuando la escasez de papel amenazaba la existencia de los diarios, dispuso que Ferrocarriles Mexicanos convirtiera los carros de pasajeros en furgones de carga para transportar papel, lo que salvaguardó el ejercicio de la libertad de prensa, según le dijeron los empresarios asistentes.
Rodrigo de Llano, director de Excélsior, en nombre de los periodistas de la capital expresa que “México pone ejemplo de un periodismo sin más restricciones que las impuestas por la ley; de un país exento de presos políticos, de periodistas expatriados o perseguidos, libre de enconos y atropellos flagrantes. ¡Cuán distintas son estas características de gobierno, comparadas con el puño frío e implacable de las dictaduras!”
Años más tarde, en 1976, el presidente Echeverría añadirá a esta celebración, la entrega en este día, del Premio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa escrita y electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros periodísticos.
Más de tres décadas después de su instauración, en 1982, durante la celebración del Día de la Libertad de Prensa, Francisco Martínez de la Vega expresará ante el presidente López Portillo refiriéndose al retiro de la publicidad oficial a la revista Proceso: “Cuando la autoridad sataniza a un profesional o a una publicación, algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible, ya que sobran quienes, en todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad que mantener una relación normal con el periodista y su publicación satanizados. No puedo soslayar que esta situación es preocupación grave para el periodismo mexicano”.
El presidente no evadirá su responsabilidad en la medida tomada y cuestionará públicamente: ¿Una empresa mercantil, organizada como negocio profesional, tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. Te pago para que me pegues. ¡Pues no faltaba más! Frente a las empresas mercantiles que viven de la publicidad y que de ella obtienen anuncios no altruistas, como los partidos políticos, ante cuya responsabilidad rindo respeto, sino que quieren hacer negocio con la publicidad del Estado, hablando sistemáticamente mal del Estado para frustrar los propósitos que el Estado tiene al hacer publicidad, ahí estamos en una relación perversa que debemos vigilar. ¿Debe el Estado, que tantas actividades subsidia, subsidiar también la oposición sistemática fuera de los partidos políticos, gratificando vanidades profesionales que persiguen el lucro?"
Hasta el año 2001 se celebrará cada 7 de junio el Día de la Libertad de Prensa y los premios a los periodistas serán entregados por el presidente de la República en la misma ceremonia. Al asumir la presidencia Vicente Fox, un grupo de periodistas solicitará terminar con esta conmemoración debido a su origen espurio y al carácter sospechoso que reviste ser premiado por el poder público. En el año de 2002, la fecha de esta celebración se cambiará al 3 de mayo, día en que la Organización de Naciones Unidas celebra la libertad de prensa. Asimismo, se creará el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo con “absoluta independencia del Estado”, para entregar dichos premios “bajo premisas de autonomía, imparcialidad y pluralidad”.
A lo largo de la historia de México, las relaciones entre la prensa y el gobierno han sido muy complejas, contradictorias y costosas. Fricciones como la ocurrida en la ceremonia del Día de la Libertad de Prensa de 1982, no son anecdóticas, según José Carreño Carlón (Cien años de subordinación) obedecen a “un modelo histórico, estructural de relaciones de subordinación de los medios al poder público”. Los elementos del modelo son, en primer lugar, un marco jurídico punitivo, obsoleto y omiso en el derecho a la información, a cuya reforma se oponen los políticos y los empresarios de los medios que resultan beneficiados de esta situación; esta legislación prescribe y propicia una gran intervención estatal en los medios y permite al presidente amplio poder discrecional sobre ellos. Otro elemento lo constituyen el proteccionismo económico y el tamaño del sector público que lo hace el primer anunciante del país, lo que ha permitido que se otorguen a las empresas mediáticas y a sus trabajadores todo tipo de beneficios legales y encubiertos de manera discrecional a cambio de un tratamiento informativo privilegiado.
Esta situación degenera en corrupción, dependencia y subordinación de los medios, al grado de que muchas empresas mediáticas y periodistas no sobreviven de sus tirajes y coberturas, del mercado de lectores, audiencias, anunciantes y salarios, sino de las prebendas gubernamentales y hasta de la extorsión. El resultado final es, por un lado, “una prensa que toma su inspiración de los funcionarios del gobierno y de los intereses de los grandes negocios. Publica lo que el poder desea que sea publicado. Suprime lo que el poder desea que sea suprimido”. Y por otro, el alejamiento de la mayoría de la población de los espacios noticiosos, ya que de alguna manera percibe esta manipulación informativa.
El modelo de persecución y supresión de la prensa opositora y de subvención y subordinación de la prensa adicta al poder, se implantó a partir del porfiriato con El Imparcial que compró las primeras rotativas y los primeros linotipos que llegaron a México con el financiamiento de la dictadura y operó con base en generosas subvenciones oficiales. Con ese mismo patrón surgieron otros diarios durante la dictadura.
Al triunfo de Madero, esa prensa “mordió la mano que le quitó el bozal” y propició el clima de linchamiento que condujo a su asesinato. Pero el modelo no desapareció con la toma del poder por el grupo revolucionario: El Universal nació para servir al carrancismo; Calles recurrió a la censura y a la deportación de periodistas durante la rebelión cristera; Excélsior y La Prensa cayeron bajo el régimen corporativista de Cárdenas, quien también fundó la empresa PIPSA para monopolizar la importación de papel; Organización Editorial mexicana surgió al amparo de Ávila Camacho y después fue retomada por Echeverría, que también impuso director a Excélsior. El modelo se aplicó a Novedades, y asimismo, a los medios electrónicos mediante el manejo discrecional del otorgamiento y cancelación de las concesiones de radio y televisión, en cuya primera concesión televisiva del canal 4, participó el mismo presidente Miguel Alemán como beneficiario. Así, en mayor o menor medida, con mayor o menor represión al periodismo independiente, el mismo modelo prevaleció hasta el periodo de Zedillo.
El poder público pudo utilizar “las situaciones financieras, fiscales y laborales de los medios ‘protegidos' a fin de decidir, discrecionalmente, en qué momento renovar las relaciones de protección o complicidad a través de la renovación de los apoyos y de los acuerdos de impunidad, o en qué momento imponer cambios drásticos con el expediente o la simple amenaza de hacer efectivas las deudas acumuladas o perseguir los delitos hasta el momento simulados”. De ese modo, los principales rasgos de relación de los medios con el poder público fueron durante la mayor parte del siglo XX: un grupo de periódicos prósperos adictos al régimen, que compartían y se disputaban las subvenciones oficiales; un grupo de periódicos en trance de desaparición por estar al margen de las subvenciones; un grupo de periodistas asesinados, agredidos, encarcelados o desterrados; y algunos periódicos clandestinos que llegaban a alcanzar peso en algunas regiones y grupos sociales a pesar de tener todas las condiciones en su contra.
Conforme a Carreño, esto explica respecto al periodismo nacional, “la falta de desarrollo de sus patrones de rigor profesional, de objetividad y de valores éticos, así como su ausencia de reglas a favor de los particulares afectados y su proclividad a privilegiar los requerimientos de control social y los ajustes de cuentas de las élites políticas y empresariales sobre las necesidades informativas de la gente común”.
Sin embargo, desde los años setentas del siglo pasado, señala Carreño que el modelo está sometido a un lento proceso de extinción por los crecientes reclamos sociales y la insistencia de algunos periodistas independientes que fundaron publicaciones como Política, ¿Por Qué?, Proceso, Uno más Uno, La Jornada y Reforma al margen del modelo establecido, así como por el aflojamiento selectivo de los controles gubernamentales tradicionales, como la liberalización de la importación del papel, y por las reformas a la legislación electoral, a que se ha visto obligado el gobierno para atender las demandas de mayor democracia. Desgraciadamente, el modelo parece no haber desaparecido con la alternancia del partido en el poder, de modo que para Javier Corral: “Casi al igual que sus antecesores, Fox se ha colocado en la fácil actitud de usar a los medios, más que transformar esa nefasta y dañina relación de rentables privilegios”.
Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.
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