30 de mayo de 1984

Alrededor de las seis y media de la tarde, un sicario le dispara cinco tiros por la espalda a Manuel Buendía, en la esquina de Hamburgo e Insurgentes, cuando se encamina de su oficina al Paseo de la Reforma. El asesino huye por Insurgentes hacia la llamada Zona Rosa, altamente vigilada por la policía, y sube a una motocicleta sin ser molestado. Inmediatamente después, José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad DFS de la secretaría de Gobernación, llega al lugar de los hechos con varios comandantes, asume la investigación del caso y ordena sacar de la oficina de Buendía, todo lo que pudiera servir en la indagación.

El presidente Miguel de la Madrid acudirá a la funeraria en que se vela Buendía, condenará el asesinato y haciendo a un lado al ministerio público, dará instrucciones para que la DFS, al mando de Zorrilla, presente en el velatorio, se encargue de la investigación "que permita esclarecer los hechos y se logre la localización del o los responsables a la mayor brevedad posible”.

"La noche del 30 de mayo de 1984 José Antonio Zorrilla parecía haber cometido el crimen perfecto. Presidía el funeral de su víctima, Manuel Buendía, y se le había confiado la investigación del asesinato, perpetrado apenas horas antes por agentes a sus órdenes". (Granados Chapa Miguel Ángel. Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México).

El 31 de julio de 1985, el comandante de la Policía Judicial del DF, Luís Aranda Zorrivas, señalará como el autor material del crimen a José Luís Ochoa Alonso, El Chocorrol. Pero ya no se dirá nada públicamente respecto de esa investigación. Tanto Victoria Adato Green de Ibarra, procuradora general del Distrito Federal que inició las investigaciones y luego fue ascendida a ministra de la Suprema Corte de Justicia, como el siguiente procurador Renato Sales Gasque, declararán que el asesinato no tiene tintes políticos sino policíacos. Después se descartará al Chocorrol como posible culpable, se mencionará el nombre de Gerhard Mertins y se realizarán varias aprehensiones, a veces como un intento de fabricar culpables. Finalmente, en agosto siguiente, Sales Gasque mencionará por primera vez el nombre de José Antonio Zorrilla Pérez. Sin embargo, insistirá en que no es un crimen político.

Al contrario, en la prensa norteamericana se manejarán las hipótesis de que el propio presidente De la Madrid estaba involucrado porque Buendía pretendía dar a conocer los depósitos de 160 millones de dólares que había realizado en el extranjero, o bien que su primo hermano estaba relacionado con el narcotráfico. También se implicará al secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, así como a su hijo, porque Buendía iba a publicar sus nexos con el narcotráfico.

Al término de su gobierno, De la Madrid señalará que no se había esclarecido el homicidio, como tampoco se encontraba al culpable del crimen del primer ministro de Suecia, Olof Palme.

Finalmente, en junio de 1989, la Procuraduría del Distrito Federal, aprehenderá a José Antonio Zorrilla Pérez, como autor intelectual del asesinato y culpable de participar en actividades del narcotráfico, "permitiendo la entrada de drogas al país, dando protección a traficantes, expidiéndoles credenciales como elementos activos de la Federal de Seguridad y recibiendo sumas millonarias por el comercio ilícito de estupefacientes". Una investigación próxima a ser publicada por Buendía sobre las relaciones de Zorrilla con el narcotráfico resultará el móvil del crimen. Zorrilla será condenado a prisión, junto con Juan Rafael Moro Ávila, sobrino nieto de un presidente de la República, agente de la DFS y rockero, acusado de haber jalado el gatillo (quien manejó la motocicleta fue el "chocorrol", uno de sus "madrinas"), así como con los comandantes de la DFS, Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya, subordinados de Zorrilla cuando era responsable de esa dependencia. Todos participantes en el asesinato de Buendía, mediante un operativo que ellos mismos llamaron Operación Noticia.

Zorrilla fue secretario general de Gobierno y presidente del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo de 1979 a 1981 y al momento de su consignación era candidato a diputado federal por el distrito electoral con cabecera en Pachuca.

En 1999, el hermano del asesinado, Ángel Buendía, publicará un libro titulado “Mi Testimonio”, en donde explica que Manuel había logrado conocer las vinculaciones de algunas autoridades y narcotraficantes mexicanos sobre la operación ilegal del gobierno estadounidense destinada a entregar armas a la contra nicaragüense. El crimen tuvo cómo móvil apoderarse de este material y evitar su publicación. Por eso, en Estados Unidos, el caso Manuel Buendía sigue siendo un secreto de Estado y caso de seguridad nacional.

Según Raymundo Riva Palacio, periodista de El Universal (Estrictamente Personal, mayo 30 de 2007), el asesinato fue un crimen de Estado porque Buendía tenía la intención de publicar en su columna Red Privada los vínculos del Ejército y de altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico. El secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión donde se decidió el asesinato, que después fue fraguado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Pérez y varios comandantes de la DFS. Riva Palacio cuenta también, que Samuel del Villar encontró que ante la crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco mediante la protección de los campos de cultivo. Concluye Riva Palacio: “Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades siempre fue muy difícil de rebatir.”

El 18 de febrero de 2009, el juez octavo de distrito de amparo en materia penal y los magistrados del segundo tribunal colegiado en la misma materia, tras sólo 19 años de cárcel, concederán libertad anticipada a Zorrilla, sentenciado a 35 años de prisión por el homicidio de Manuel Buendía, el columnista político más importante en la segunda mitad del siglo pasado. Pero la presión de la opinión pública hará que se revise la medida y Zorrilla vuelva a prisión. A partir del 10 de septiembre de 2013, cumplirá el resto de su condena en su domicilio por sus condiciones inestables de salud.

Doralicia Carmona. MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.