Mayo 12 de 1990

Es aprobada en la Cámara de Diputados la reprivatización de la banca. Por iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari se deroga el párrafo quinto del artículo 28, se modifica y adiciona el inciso a) de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 y reforma la fracción XIII bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para “posibilitar” que la Ley de la materia pueda regular que los servicios de banca y crédito sean prestados, tanto por el Gobierno Federal, como por particulares. En la presentación de la iniciativa, la diputada Carmen Mercado Téllez lee el voto particular del Partido Popular Socialista y el diputado Rogelio Montemayor Seguy agrega párrafos a la parte considerativa del dictamen.

Los partidos a favor son el PRI, el PAN y el PFCRN, y en contra del PRD y el PPS. Un diputado del PRI vota en contra, y uno de la izquierda vota a favor. El dictamen es avalado por 339 votos a favor, 54 legisladores votan en contra y 12 se abstienen, entre ellos, dos del PRI. El 21 de mayo siguiente, el Senado de la República sancionará en lo general y en lo particular la iniciativa de reformas. Concluido el proceso en las legislaturas locales, en junio de 1990 se publicará en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 28 y 123 de la Constitución que reprivatizará la banca.

Años antes, el presidente José López Portillo había sido nacionalizado la banca y había establecido el control generalizado del tipo de cambio, tras la devaluación del peso (26 a 47 pesos por dólar), ante la insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de México para hacer frente a la demanda de dólares y a la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional. La iniciativa fue presentada el 21 de septiembre de 1982. El decreto modificó el artículo 73 en sus fracciones X y XVIII, y adicionó los artículos 28 y 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el servicio público de banca y crédito no fuera objeto de concesión a particulares. Asimismo, contempló modificaciones al régimen laboral de los trabajadores bancarios. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputado en lo general y en lo particular por 301 votos. La Federación tuvo que desembolsar tres billones de pesos (viejos) para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía en ese entonces a 25,000 millones de dólares.

Los motivos de la reprivatización los reiterará años más tarde Carlos Salinas de Gortari (México, Un paso difícil a la modernidad): “ante el cúmulo de demandas sociales, el Estado iba a disponer de sus activos para poder atenderlas. Además, si la banca permanecía en manos del Estado iba a requerir de aportaciones patrimoniales para su crecimiento; esa demanda de capital competía con la necesidad de asignar recursos a la educación y a la salud. No se trataba de debatir si el sector público era mejor administrador que el privado. [Después del saqueo de 1982 era evidente que no]. En realidad la intención era regresar al espíritu del Constituyente de 1917. Tampoco implicaba una restauración porque no íbamos a devolver los bancos a sus antiguos dueños...La vendemos no por razones ideológicas, sino porque necesitamos esos bienes, esos activos, para remediar los males sociales.”

Al respecto señala José Luís Ávila (La Era Neoliberal): “Para evitar la discusión política de fondo sobre la decisión de privatizar la banca, el presidente Carlos Salinas arguyó que el Estado necesitaba más dinero para luchar contra la pobreza; era un argumento verdaderamente extraño: equivalía a que un padre de familia vendiera parte de sus activos (una fracción del predio de la casa, por ejemplo) para elevar su nivel de consumo, pagar deudas o formar un ahorro para enfrentar contingencias... El régimen soslayaba que la pobreza no era resultado de la falta de transferencias del Estado a las familias empobrecidas sino de los efectos adversos de la crisis y la política económica aplicada implacablemente; omitía que la estrategia sostenible para reducir la pobreza era cambiar la política económica para consolidar el crecimiento económico y mejorar el salario real, en lo cual era crucial una banca eficiente, dinámica y comprometida con esas metas. En todo caso, era claro que los recursos adicionales que reclamaba el Estado para reducir la pobreza podían obtenerse de fuentes que no implicaran la enajenación de activos de la nación. Se privatizaba por una cuestión ideológica y un compromiso internacional: la modernización de México debía tener en el mercado y la iniciativa privada su fuerza determinante. Desde el punto de vista político, además, la medida tenía una importancia simbólica de gran relevancia: se desagraviaba a los exbanqueros y se consolidaban las bases de un nuevo acuerdo entre el gobierno y el sector privado.”

Para la desincorporación bancaria se integrará un Comité presidido por Guillermo Ortiz Martínez, subsecretario de Hacienda; Miguel Mancera, director general del Banco de México; Guillermo Prieto Fortún, presidente de la Comisión Nacional Bancaria; Oscar Espinosa Villarreal, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Jacques Rogozinski, coordinador de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP); Carlos Ruiz Sacristán, director general de Crédito Publico de la SHCP; Víctor Miguel Fernández, director general de Banca Múltiple de la misma dependencia; Javier Lozano Alarcón, secretario técnico; y Sergio Ghigliazza García y Rogelio Casas-Alatriste, representantes externos.

Conforme a la política de desincorporación de empresas del sector público para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, en sólo 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, serán vendidos 18 bancos a 13 grupos financieros y cinco integrados por personas físicas del Distrito Federal y cinco de otras entidades federativas del país. Lo curioso de la licitación efectuada será que quienes quedan en segundo lugar en la subasta de un banco, casi siempre ganan cuando se pone el siguiente a la venta.

La mayoría de los grupos financieros compradores serán los dueños de la banca paralela que se desarrolló tras la nacionalización mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión. Entre los compradores estarán, entre otros: Roberto Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helú, Carlos Gómez y Gómez, Eugenio Garza Lagüera, Ricardo Guajardo Touché, Mario Laborín Gómez, Adrián Sada González, Guillermo Ballesteros Ibarra, Gastón Luken Aguilar, José Antonio del Valle Ruiz, Eduardo Berrondo Ávalos, José Juan Chelala, Agustín Villarreal Elizondo, Hugo S. Villa Manzo,  Luís Felipe Cervantes, Raymundo Gomes Flores, Juan Arturo Covarrubias, Marcelo y Ricardo Margain Berlanga, Roberto Alcántara Rojas, Carlos Mendoza Guadarrama, Rubén Goldenberg, Carlos Cabal Peniche, Agustín F Legorreta, Francisco López Riestra, Fernando Ramos González,  Raymundo Leal Marques, Roberto González Barrera, Juan Antonio González Moreno y Federico Graf Campos.

De acuerdo con el texto La política económica en México, 1950-1994, de los 61,600 millones de pesos obtenidos por la venta de 409 empresas paraestatales durante el sexenio salinista, 37,800 millones de pesos provendrán de la venta de bancos.

En este mismo año de 1990, el presidente Salinas también creará el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, un fondo de contingencia para prevenir la falta de liquidez del sistema bancario. Ante posibles crisis económicas que propiciarían la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el FOBAPROA servirá para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras.

En su IV Informe de gobierno de 1992, el presidente Salinas enfatizará que “se procedió con transparencia, a través de subastas públicas y con estricto apego a los principios rectores propuestos a la nación. El precio por la venta de los 18 bancos representó un promedio de tres veces su valor en libros y 15 veces la relación precio-utilidad, lo que refleja la solvencia de las instituciones desincorporadas. La venta se realizó en trece meses, privatizando en promedio un banco cada tres semanas. …Así se establecieron las bases para conformar un sistema financiero más competitivo y útil para la nación. Además, se democratizó su capital: mientras en 1982 los bancos tenían sólo ocho mil accionistas, actualmente cuentan con más de 130 mil, sin incluir los fondos de inversión; el control de la banca quedó en manos de mexicanos; se garantizó el manejo responsable y eficiente de los recursos, con administradores experimentados y con un adecuado nivel de capitalización, y, lo más importante, se aseguró el interés del Estado, pues se ha fortalecido decididamente su capacidad regulatoria y obtenido un precio justo por los activos desincorporados”.

Sin embargo, la transparencia de la venta será cuestionada y los bisoños administradores de los bancos no los manejarán responsable y eficientemente, relajarán los requisitos del crédito e incurrirán en operaciones fraudulentas, por lo que la cartera vencida los pondrá al borde de la quiebra. El FOBAPROA acudirá al rescate bancario en beneficio de las grandes empresas y empobrecerá a la nación con la mayor deuda de su historia que pesará sobre las siguientes tres generaciones. A pesar del saneamiento de los bancos, su control no quedará en manos de mexicanos. En lugar del sistema financiero más competitivo y útil a la nación, los bancos extranjeros aprovecharán los beneficios del rescate, elevarán los precios de sus deficientes servicios y poco harán por financiar el desarrollo del país. Tampoco se asegurará el interés del Estado y mucho menos se fortalecerá su capacidad regulatoria.

En los años siguientes, los grupos financieros trasnacionales se apoderarán a bajo precio de casi todos los bancos mexicanos “saneados” por el gobierno: Citigroup de Banamex y Confía; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Multibanco Probursa, Banca Cremi, Banco Unión, Banco de Oriente, Banca Promex y Bancomer; HSBC de Banco Internacional (Bital), que había adquirido al Banco del Atlántico; Scotia Bank de Inverlat, antes Multibanco Comermex; y Banco Santander Central Hispano del Banco Mexicano -antes Somex- y Banca Serfin. Sólo permanecerá como banca nacional el Grupo Financiero Banorte, que absorberá Bancen, Banpaís y Bancrecer, que antes controlaba Banoro.

En 1999, ante el clamor popular contra el rescate bancario y las acusaciones de fraude aun en las operaciones de rescate, el presidente Zedillo convertirá el FOBAPROA en IPAB, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, pero el cambio se reducirá esencialmente al nombre.

Tras años de demandas de transparencia y de castigo de quienes hubieran cometido ilícitos al amparo del rescate bancario, durante la 68 convención anual de la asociación de banqueros, celebrada en 2005, su presidente saliente, Manuel Medina Mora, representante de Citigroup en México, sentenciará que "la banca resolvió todos los pendientes del pasado, (porque) el Fobaproa es un capítulo cerrado"... La estabilidad económica y financiera del país y la seguridad de los inversionistas extranjeros en la banca servirán de pretexto para mantener la impunidad. Por su parte, los bancos extranjeros obtendrán de los bolsillos de los mexicanos cuantiosas utilidades que nunca obtuvieron, obtienen, ni obtendrán en sus países de origen.

En agosto de 2006, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que la ''extranjerización de la banca en México no ha beneficiado a los consumidores y sí en cambio, ha generado prácticas monopólicas e incluso propiciado colusión implícita entre los dueños de las instituciones para fijar aranceles y comisiones por los servicios que prestan". Y concluyó: ''No hay evidencia de que la extranjerización de la banca haya beneficiado la productividad y la eficiencia en el sistema bancario mexicano''.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.