Abril 16 de 1951

Les ordena acatar el fallo de las autoridades locales que declara inexistente su huelga y que permite a la empresa Mexican Zinc & Company, subsidiaria de la American Smelthing  and Refining Company ASARCO, realizar libremente ajustes de su personal.

Meses antes, el 16 de octubre de 1950, el grupo de mineros disidente del sindicalismo oficial, liderados por Antonio García Medrado, estallaron su huelga tras negarse las empresas mineras a entablar negociaciones dado que su sindicato carecía de reconocimiento de la Secretaría del Trabajo. La ASARCO despidió a huelguistas, contrató esquiroles, retuvo salarios, congeló los fondos sindicales y clausuró la cooperativa y la clínica de los mineros. El ejército se apoderó de las calles y prohibió reuniones públicas.  

Después de tres meses de huelga que pudieron resistir con ayuda de solidaridad internacional y nacional, el 20 de enero de 1951, los miembros de la sección 14 del Sindicato Minero iniciaron la caminata de más de 1,400 km desde Nueva Rosita a la capital, que fue nombrada por los diarios como la “caravana del hambre”. Los mineros de Palau no los acompañaron porque lograron un acuerdo con su empresa.

A lo largo de su penoso recorrido, los mineros fueron auxiliados con agua, víveres y medicamentos por los gobiernos de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Asimismo, recibieron el apoyo moral y material de diversas organizaciones civiles y de la población en general. En lo político, contaron con el apoyo del recientemente fundado Partido Popular que encabezaba Vicente Lombardo Toledano, de larga trayectoria en el movimiento sindicalista obrero.

El 10 de marzo siguiente hicieron su arribo a la capital los mineros de Nueva Rosita y de Cloete. Una multitud los recibió en su trayecto desde los Indios Verdes hasta el Monumento de la Revolución, en donde montaron una guardia de honor, antes de continuar hasta la plaza de la Constitución para demandar al presidente Miguel Alemán audiencia y solución a sus problemas.

El gobierno federal los alojó en el Deportivo 18 de Marzo y designó una comisión encabezada por el secretario de Gobernación, en ese entonces Adolfo Ruiz Cortines. No hubo acuerdo favorable a los mineros y por el contrario, finalmente, se les impidió la salida del mencionado Deportivo, para evitar que continuaran sus actos de protesta en diversos puntos de la ciudad, como lo habían venido haciendo. En estas condiciones los mineros solicitaron amparo a la Suprema Corte de Justicia.

El siguiente 10 de abril, los mineros intentaron realizar un mitin frente al edificio de la Suprema Corte y fueron brutalmente dispersados por la policía en las calles de 20 de Noviembre, Venustiano Carranza y Pino Suárez. El resultado de la represión fue de más de cien lesionados, heridos a culatazos.

Tras el fallo de la Suprema Corte, los mineros regresarán a Nueva Rosita. La mayoría serán despedidos, otros se recontratarán sin reconocimiento de la empresa de la antigüedad que han logrado. Otros más emigrarán a los Estados Unidos como nuevos braceros.

El gobierno federal, en su afán de industrializar el país mediante empresas extranjeras, y no queriendo “espantarlas” dentro del ambiente de la “guerra fría” anticomunista que privaba en esa época, en lugar de respetar la Ley Federal del Trabajo y apoyar sus demandas laborales, sólo ofrecerá a los mineros despedidos tierras y créditos para que se conviertan en agricultores o un empleo como obreros en las obras del Tepalcatepec, que dirigía en ese entonces el expresidente Lázaro Cárdenas.  

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.