18 de Marzo de 1938

Este día, expide un decreto en el que declara expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles necesarios para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera, propiedad de las empresas extranjeras Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Peen Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of México, Compañía Mexicana el Aguila, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A., y Cacalilao, S.A.

Dispone que la Secretaría de la Economía Nacional proceda a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y que la Secretaría de Hacienda pague la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, en efectivo y a un plazo que no excederá de diez años.

La medida responde a la negativa de las empresas petroleras, dada su supuesta incapacidad económica, a aceptar un laudo que las condena a implantar nuevas condiciones de trabajo. Como se han roto las relaciones de trabajo y se hace inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera, el poder público interviene para impedir que se produzcan graves trastornos a la población y para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los yacimientos petrolíferos.

Desde la mañana de hoy, todas los periódicos habían anunciado que a las 10 de la noche, el presidente enviaría un mensaje a la nación por las estaciones de radio y así fue: “El presidente, de pie frente a una gran mesa donde había dos micrófonos, sostenía en la mano izquierda un documento, esperando la señal convenida de antemano con un técnico en radiodifusión que, frente a él, escuchaba algo a través de unos grandes audífonos. La tensión iba en aumento, [...] el radiotécnico levantó con lentitud el brazo derecho y luego lo dejó caer rápidamente. El presidente comenzó entonces a leer y su voz, siempre clara y firme, sonó ligeramente más grave que de costumbre: ‘La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a observar el mandato de la justicia nacional...' en la breve relación de hechos el presidente dio cuenta del conflicto laboral y jurídico que el país y esas empresas han sostenido. ‘Las compañías petroleras... se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil… y lesionar seriamente los intereses económicos de la nación...' la difamación, la desobediencia, el desafío de esas empresas cobraron su verdadera dimensión en la palabra enérgica del presidente ‘Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor...' [...] cuando el mensaje presidencia concluyó, en los barrios citadinos la gente se echó a la calle e improvisó grandes jolgorios [...] en los campos petroleros de Tampico y Veracruz, los obreros tomaron las instalaciones y organizaron, sobre la marcha, comisiones de administración y vigilancia”.

Culminaban así las fricciones con las empresas extranjeras dedicadas a la explotación de los recursos naturales de México a raíz de la promulgación de de la Constitución de 1917. En el caso de esta industria, los petroleros emprendieron toda clase de acciones para evitar su aplicación y los obreros mexicanos eran discriminados en los pagos en relación con los trabajadores extranjeros, quienes ganaban más en igualdad de circunstancias.

El 1º de junio de 1936 el Presidente Cárdenas promovió y apoyó el Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías extranjeras la firma de un contrato colectivo que les permitiera tener mejores condiciones de trabajo, pues estaban expuestos a la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremosos, insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Cárdenas aconsejó dar un tiempo razonable y que se agotaran las vías legales para resolver la situación. Mientras tanto, en Tulsa, Oklahoma, Calles que vivía exiliado en ese lugar, acusó al gobierno de Cárdenas de comunista, “de que tenía el propósito de entregar a los trabajadores el manejo de las industrias, actividad para la cual, no están capacitados los obreros”. Luis N. Morones había dicho antes que el gobierno mexicano y la Unión Soviética estaban aliados.

El 19 de febrero de 1937, la corte dio a conocer su fallo favorable en relación con las demandas de los trabajadores petroleros; sin embargo, pasaron seis meses y no hubo respuesta alguna a las demandas de los trabajadores por lo que decidieron ir a huelga. Las empresas petroleras se ampararon, trataron de desacreditar el movimiento y lo acusaron de obstaculizar la producción del energético. La huelga terminó el 9 de julio y fue nombrada una comisión para investigar si las compañías petroleras tenían la capacidad económica parta satisfacer las demandas de los trabajadores. Lo que resultó fue la demostración de que las empresas petroleras no declaraban honestamente el monto de sus ganancias y que el capital invertido había sido recuperado desde diez años antes, y pese a eso, los empresarios seguían negándose a satisfacer las demandas laborales.

La Suprema Corte de Justicia falló también en favor de los trabajadores nacionales; pero las empresas extranjeras se negaron a acatar dicho fallo. El 14 de marzo, la Junta de Conciliación y Arbitraje dio un plazo de 24 horas a las compañías petroleras inglesas y norteamericanas para que observaran la resolución que ordenaba el cumplimiento de las demandas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República sobre limitaciones al derecho de dirección y administración de las compañías, prestaciones sociales y económicas, y tabuladores de salarios. Las compañías desconocieron dicho laudo e iniciaron una campaña en contra de la autoridad del gobierno. Es en esta situación cuando se expide el presente decreto expropiatorio.

Al día siguiente el decreto es publicado con base en el artículo 27 de la Constitución: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental [...]; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; [...] los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional. [...] Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán, los que en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Víctor Cortés Herrera es nombrado director de la industria nacionalizada y de inmediato se da cuenta que los empresarios extranjeros han dejado las plantas petroleras sin refacciones, sin materias primas y sin técnicos calificados, con la idea de sabotear a la industria y poder recuperarla después en condiciones aún más favorables para ellos, como no han cejado de intentarlo.

La decisión tomada por el presidente Cárdenas es apoyada por el pueblo, largas colas hace la gente de todas las clases sociales, los buenos mexicanos, en el Palacio de Bellas Artes para contribuir con lo que tenga: dinero, joyas, aves de corral, cerdos, etc., para el pago de la deuda petrolera. Creen que no importa el sacrificio, que lo importante es que el petróleo sea nuestro.

Los recursos del subsuelo y con ellos el petróleo, pasaron del patrimonio del rey al dominio de la Nación con la independencia de México. Pero no fue sino hasta 1869 cuando se inició su explotación en las chapopoteras de Furbero cercanas a Papantla, Veracruz. Los presidentes Manuel González primero, y  Porfirio Díaz después, establecieron el derecho de los propietarios de la superficie a explotar los recursos del subsuelo mediante la Ley Minera de 1884, el Código Minero de 1892 y las leyes petroleras de 1901 y 1909. Conforme a esta legislación, sólo se requirieron concesiones para la explotación en terrenos de propiedad estatal. Así se abrió la puerta a las empresas extranjeras petroleras, que coludidas con empresarios mexicanos llegaron a controlar más de un millón de hectáreas con potencial petrolero, prácticamente sin pagar impuestos.

El auge petrolero de 1910 a 1920 hizo de México el primer exportador y segundo productor de crudo. En este periodo, en 1912 el presidente Madero decretó una tasa impositiva de veinte céntimos por cada tonelada producida. Al triunfo de Venustiano Carranza, la Constitución de 1917 reestableció la propiedad exclusiva de la Nación sobre la riqueza del subsuelo, lo que provocó la resistencia inmediata de las empresas petroleras, apoyadas por sus países de origen, que llegaron a enviar flotas de guerra para amenazar los puertos mexicanos exportadores del crudo.

El presidente Plutarco Elías Calles promulgó en 1925 la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que restringía las concesiones a perpetuidad a sólo 50 años, lo cual fue considerado una aplicación retroactiva de la ley por las empresas afectadas; la Suprema Corte de Justicia les concedió la razón. Sin embargo, Calles expidió una ley petrolera que obligaba a las empresas a cambiar sus antiguas concesiones por las concesiones confirmatorias. Pero las empresas petroleras se negaron a aceptar la intervención del Estado en la industria petrolera y aprovecharon la situación política para seguir disfrutando en los hechos de grandes privilegios hasta este 18 de marzo en que fueron expropiadas.

Mañana, 19 de marzo, se establecerá el Consejo de Administración del Petróleo y el 7 de julio siguiente, se creará Petróleos Mexicanos para concentrar las propiedades y actividades de la industria petrolera. El 19 de noviembre de 1940 se reformará la Constitución para prohibir las concesiones. Finalmente, se vencerá la resistencia y el bloqueo de las potencias afectadas y durante la Segunda Guerra Mundial proveerá PEMEX de petróleo a los aliados.

No obstante, muy pronto se manifestarán nuevas tendencias privatizadoras. Durante el gobierno de Miguel Alemán se otorgarán 17 contratos de perforación o “contratos riesgos” a empresas norteamericanas, siendo director de PEMEX Antonio J. Bermúdez y en contra de la opinión del diputado Natalio Vázquez Pallares, presidente de la Comisión de Petróleo de la Cámara de Diputados. Será el presidente López Mateos quien reforme la Constitución para dejar clara la prohibición de realizar concesiones o contratos a empresas y corresponderá a Jesús Reyes Heroles, director de PEMEX, negociar el finiquito anticipado de los contratos existentes para recuperar el dominio de la nación sobre el petróleo.

Durante casi medio siglo, PEMEX “Al Servicio de la Patria”, será un factor fundamental para el desarrollo nacional y su producción se destinará a satisfacer la demanda interna. Pero en la década de los setenta, ante la escasez del crudo, el alto precio mundial del petróleo y el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en Campeche, el gobierno de López Portillo intentará usar la exportación del petróleo como fuente de financiamiento para la industrialización y la modernización del país mediante la acción estatal. Logrará convertir a México en el cuarto exportador mundial, pero a base de un alto y caro endeudamiento externo. La caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento de las tasas de interés de la deuda, frustrarán este intento lopezportillista y sumirán al país en una grave crisis financiera.

Para paliar la crisis, se firmarán nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que implican el retiro gradual del Estado Mexicano de la economía, para dar paso al mercado. Se abandonará así la idea, originada en la Revolución Mexicana, de que existían industrias estratégicas cuya propiedad debería ser de la nación entera.

Durante el gobierno de Salinas de Gortari, en 1989 será encarcelado el dirigente del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia y en 1992, se reformarán la Constitución, las leyes y los reglamentos para comenzar la sustitución del control directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica por los mercados con la participación de empresas nacionales y extranjeras. PEMEX se dividirá en cuatro subsidiarias y un corporativo para maximizar el valor financiero del crudo.

Tres años más tarde, el presidente Zedillo empeñará a PEMEX a cambio de un crédito de $20,000 millones de dólares para salir de  la crisis conocida como “el error de diciembre” que provocará a nivel mundial “el efecto tequila”.

Hasta el año 2000, el propósito encubierto de abrir el sector energético a la inversión extranjera convertirá a PEMEX en una empresa altamente rentable con utilidades antes de impuestos de 55%-60% de sus ingresos, pero sujeta a una carga impositiva desorbitada que le hará incurrir en pérdidas y le impedirá invertir lo suficiente en mantenimiento, reposición de yacimientos, exploración y desarrollo de nuevos campos. Las pérdidas y el negro futuro así provocados serán utilizados como argumento de la necesidad de la privatización.

Con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, la industria petrolera se abrirá a las empresas transnacionales para allegarse inversiones y tecnología de punta necesarias para aumentar la extracción del crudo, por lo que PEMEX irá perdiendo la importancia que tuvo desde su creación. Para los críticos de esta reforma, las inversiones y la tecnología podrían haberse conseguido fortaleciendo a PEMEX, pero de lo que se trata es de sujetar la industria petrolera, antes nacional, a las necesidades energéticas de los Estados Unidos.

Para Lorenzo Meyer (La cuestión petrolera: del siglo XIX al siglo XXI): "En 2013 y pese a que las encuestas mostraban la oposición mayoritaria de la opinión pública a la privatización petrolera, Peña Nieto logró que el Congreso modificara de raíz el artículo 27 en materia de petróleo. Sin disolver a Pemex ni privatizar de raíz los depósitos petroleros, en la práctica la nueva legislación abrió las puertas para que el capital privado, nacional y extranjero, regrese e incluso recupere la preponderancia en todos los ámbitos de la industria de los hidrocarburos.

Finalmente, en materia petrolera, el proceso legislativo de 2013-2014 no devolvió a México a su origen en 1909, sino a un punto intermedio que aún está por determinarse con exactitud. De lo que ya no hay duda es que, si bien el nacionalismo petrolero derrotó al liberalismo porfirista durante la Revolución, 97 más tarde el neoliberalismo cobró venganza en beneficio del capital privado mexicano y externo y a costa del interés colectivo. Sin embargo, el último capítulo sobre el petróleo mexicano aún está por escribirse."

Sin embargo, cinco años más tarde, la incógnita planteada por Meyer se ha ido despejando. Con motivo del aniversario de la expropiación petrolera, Jesusa Cervantes (La desnacionalización petrolera) escribirá en la revista Proceso:

"Hoy, 80 años después, las grandes firmas extranjeras no sólo regresaron a México BP, Chevron y Shell, entre ellas-, sino que tienen a Pemex como su empleada… Todo gracias a la lenta privatización que inició Carlos Salinas de Gortari y culminó Enrique Peña Nieto con la reforma energética.

De ser una de las principales del ranking mundial como productora de petróleo, Pemex hoy está en octavo lugar. De tener refinerías con 80 y hasta 90% de producción, hoy las tiene funcionando apenas a 40 o 60% de su capacidad. De exportar 50% del crudo, ahora lo hace en 80%, lo que ha obligado a la importación de gasolinas para el abasto local. De contar con las mejores plantas petroquímicas, hoy necesita comprar etano al extranjero para poder mantenerlas con una mediana producción. Los 17 mil kilómetros de ductos por los que se transporta gas y gasolina pasaron de ser un tema de seguridad nacional a un simple objeto de renta al mejor postor, con las llamadas "temporadas abiertas" o "venta de plaza". Y lo más grave, de detentar la exclusividad de México para explorar, explotar y producir crudo, ahora empresas de 17 países tienen en sus manos contratos para dichas actividades en 116 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional, en mar, tierra firme yaguas someras.

Si en 1938 Cárdenas expulsó a las grandes empresas petroleras que explotaban los bienes nacionales, Enrique Peña Nieto no sólo permitió la entrada de compañías de 17 países, sino que además les entregó la información geofísica y geológica que durante décadas investigaron y desarrollaron los ingenieros de Pemex. En su más reciente reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex consignó pérdidas por 352 mil 259 millones de pesos, sólo en el último trimestre de 2017. A todo lo anterior hay que sumar que el gobierno federal ha puesto en venta todo lo que ha podido: desde tornillos, rieles, vehículos, válvulas, casas, terrenos, buques-tanque y plantas petroquímicas hasta grandes plataformas marinas. Todo se ha rematado al mejor postor e incluso se ha vendido tres veces por debajo de su valor real. En suma, en el aniversario 80 de la expropiación petrolera no queda ni el suspiro de lo que Cárdenas pudo haber soñado".

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.