19 de Febrero de 1913

En Coahuila, el congreso del Estado promulga un decreto (Ver Documento) por el que desconoce a Huerta y concede al gobernador Venustiano Carranza facultades extraordinarias para armar fuerzas que defiendan el orden constitucional de la República e invita a otros estados y oficiales con mando de fuerzas a secundarlo. Se creará así el Ejército Constitucionalista y en conmemoración a esta fuerza armada revolucionaria, el calendario oficial celebrará en esta fecha el Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,

Carranza fija su postura enfáticamente: la designación de Victoriano Huerta le parece jurídicamente arbitraria e ilegal; políticamente “el más escandaloso derrumbamiento de nuestras instituciones”; históricamente una “regresión a nuestra vergonzosa y atrasada época de los cuartelazos”.

El día anterior, en medio de los sucesos de la “Decena Trágica”, mientras el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José Ma. Pino Suárez estaban presos, Victoriano Huerta envió una circular telegráfica dirigida a los Gobernadores: "Autorizado por el Senado he asumido el Poder Ejecutivo estando presos el Presidente y su Gabinete".

En Saltillo, Coahuila, el Gobernador Carranza, percibió que se trataba de la usurpación del Poder Ejecutivo; Juan Barragán (Historia del Ejército Constitucionalista), refiere: … “citó a su casa… de la ciudad de Saltillo, a varios miembros de la Legislatura para hacerles de su conocimiento el telegrama de Huerta. Asistieron a esta junta los Diputados Gabriel Calzada, Epigmenio Rodríguez, Vicente Dávila y Jesús Hermosillo, el Teniente Coronel Luis G. Garfias, el Capitán Jacinto B. Treviño y los señores Aldo Baroni, Alfredo Breceda y Ernesto Meade Fierro. ‘Enterados los concurrentes del mensaje, el señor Carranza significó a los Diputados que el Senado carecía de autoridad constitucional para nombrar Presidente de la República, suplir al electo popularmente y facultar a nadie para aprehender a los Primeros Magistrados de la Nación, y que, por lo tanto, era una obligación ineludible del Gobierno coahuilense desconocer y reprobar inmediatamente semejantes actos, de tal manera que si resultaba preciso recurrir al extremo expediente de las armas y hacer una guerra más cruenta que la de TRES AÑOS para lograr la restauración del orden legítimo, la gravedad del caso no arredraría a ningún ciudadano amante de su patria. Concluyó el señor Carranza exhortando a los Diputados para que obraran con entera justificación y energía. En seguida envió al Congreso una comunicación en que oficialmente daba a conocer el repetido mensaje y sus deseos de que el Gobierno del Estado asumiera la actitud dictada por la ley y por el decoro’”.

El oficio que planteaba al Congreso el aspecto legal del caso, decía: “el Senado, conforme a la Constitución, no tiene facultades para designar al Primer Magistrado de la Nación, no pudo legalmente autorizar al General Huerta para asumir el Poder Ejecutivo, y en consecuencia el expresado General no tiene la legítima investidura de Presidente de la República… he creído conveniente dirigirme a esa H. Cámara, para que resuelva sobre la actitud que deba asumir el Gobierno del Estado en el presente trance, con respecto al General que por error o deslealtad pretende usurpar la Primera Magistratura de la República…”.

Este día, el congreso dictaminó: “no vacilamos en presentar la resolución que sigue, como nacida del patriotismo que anima a los miembros de esta H. Cámara, a fin de procurar de la manera más conveniente la solución del presente conflicto” y propuso la emisión del decreto que fue promulgado por Carranza asimismo, envió a todos los gobernadores una circular (Ver Documento) que por haber sido intervenida, no fue recibida con oportunidad por muchos.

La situación militar que prevalece en el Estado de Coahuila a la hora en que la Legislatura y el Gobernador Carranza desconocen al usurpador Victoriano Huerta, era precaria –sigue diciendo Barragán- “Con tan pequeños como dispersos contingentes… los efectos de su inferioridad se agravaban porque la perspectiva de una marcha obligada hacia el norte por derrota, persecución, o simplemente, para el desenvolvimiento eficaz de cualquiera operación militar en el Estado, se desvanecía, o en el mejor de los casos, peligraba, con la presencia de los federales en Piedras Negras…” persuade al Jefe de la Zona, General José María Mier, para que dispusiera el retiro de las tropas, “concentrándolas en Monterrey, con lo cual se logró, además de alejar la posibilidad de un encuentro armado que hubiese comprometido la situación de los señores Madero y Pino Suárez, presos aún en la capital y de cuyas vidas esperaba el señor Carranza que llegarían a ser respetadas, el aseguramiento de un puerto fronterizo de incalculable trascendencia para la adquisición de pertrechos de guerra que fuera centro de toda clase de actividades conexas con la Revolución”.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.